Venley

Sentencia N.º 81

Sentencia
N.º 81
Fecha
10/02/2009
Sala
Constitucional
Expediente
08-1401
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

magistrada ponente: carmen zuleta de merchán

 

Mediante escrito presentado el 29 de octubre de 2008, el abogado Daniel Alberto Montani Viloria, Defensor Público Penal Ordinario N° 5 en Fase de Ejecución de Sentencia, adscrito a la Defensa Pública de San Juan de Los Morros del Estado Guárico, actuando en su condición de defensor del ciudadano MIGUEL ANTONIO PÉREZ GÓMEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número 11.052.405, solicitó a esta Sala Constitucional, la revisión de la sentencia Nº 251 dictada el 29 de abril de 2008, por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, mediante la cual desestimó por manifiestamente infundado el recurso de casación ejercido por la defensa pública del prenombrado ciudadano contra el fallo dictado el 6 de diciembre de 2007, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico “[…] que declaró sin lugar el recurso de apelación intentado contra la sentencia publicada el 15 de mayo del mismo año, por el Juzgado Segundo de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, mediante la cual fue condenado […]” a cumplir la pena de diecisiete (17) años y seis (06) meses de prisión por la comisión del delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal”.

 El 4 de noviembre de 2008, se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones.

 

I

FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

            Preliminarmente el defensor público del ciudadano Miguel Antonio Pérez Gómez, como antecedentes relevantes para la interposición de la presente solicitud de revisión, señaló los siguientes:

            Que “[e]n fecha 18 de octubre de 2005 el Tribunal de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal de Calabozo Estado Guárico, en audiencia oral de presentación acordó decretar el procedimiento ordinario y la Privación Judicial Preventiva de Libertad conforme a los artículos 373 y 250 numerales 1, 2 y 3 en concordancia con el artículo 251 numerales 1, 3 y 5 y parágrafo primero, y artículo 252 numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal por el delito precalificado por el Ministerio Público de Homicidio Intencional Calificado previsto en el 406 ordinal 1 del Código Penal en perjuicio del ciudadano JOSÉ ÁNGEL MALAVÉ MACHUCA”.

            Que “[s]e efectuó el acto de reconocimiento en rueda de individuos según lo previsto en el artículo 230 del Código Adjetivo Penal los días 11 y 15 e (sic) noviembre de 2005, siendo reconocido el imputado por los ciudadanos: HUMBERTO INFANTE, MIGUEL CARRILLO y YAMILETH MELÉNDEZ”.

            Que presentada la acusación respectiva por la presunta comisión del mencionado delito “[…] en el acto de audiencia preliminar el tribunal admitió totalmente la acusación fiscal y la acusación privada, de conformidad con lo establecido en los artículos 326 y 330 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal  con el mantenimiento de la Privación Judicial Preventiva de Libertad al acusado, decretando el auto de apertura a juicio oral y público (Ver anexo marcado con la letra ‘A’) (Subrayado del escrito).

            Que “[l]los días 17, 21 y 22 de mayo de 2007, el Tribunal Unipersonal de Juicio N° 2 del Circuito Judicial Penal de San Juan de los Morros estado Guárico, celebró juicio oral y público en el cual el ciudadano: MIGUEL ANTONIO PÉREZ GÓMEZ, fue condenado a cumplir la pena de diecisiete años y seis meses de prisión por la comisión del delito de Homicidio Calificado previsto y sancionado en el artículo 406 ordinal (sic) 1 del Código Orgánico Procesal Penal” (sic); cuya sentencia fue publicada el 15 de junio de 2007, la cual anexa con la letra “B”.

            Que “[c]ontra dicho fallo ejerció la defensa Recurso de Apelación fundamentado en los artículos 432, 433, 451, 452 numeral 2 y 453 del Código Orgánico Procesal Penal, en fecha 18-07-2007, denunciando como motivo principal, que la sentencia de primera  instancia se fundó en prueba incorporada con violación a los principios del juicio oral (contradicción), al incluir en la misma medios de prueba que no fueron ofrecidos ni admitidos en el acto de audiencia preliminar, alegando que el vicio se materializó al apreciar en la fundamentación los reconocimientos en rueda de individuos en los que participaron los ciudadanos: HUMBERTO INFANTE, MIGUEL ANGL (SIC) CARRILLO NIEVES y  YAMILETH DEL ROSARIO MELÉNDEZ GONZÁLEZ, efectuados en contra del ciudadano: MIGUEL ÁNGEL PÉREZ GÓMEZ, solicitando la declaratoria de nulidad de la sentencia para la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un juez distinto (ver anexo marcado con la letra ‘C’)” (Subrayado del escrito).

            Que “[l]a Sala Única de la Corte de Apelaciones del estado Guárico (sic) declaró sin lugar el recurso de apelación confirmando la sentencia dictada por el Juzgado Unipersonal de Juicio N° 02, según los artículos 363, 364, 457 del Código Orgánico Procesal Penal, con voto salvado de uno de sus miembros (ver anexo marcado con la letra ‘D’)” (Subrayado y negrillas del escrito).

            Que “[l]a defensa ejerció Recurso de Casación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones por falta de aplicación del artículo 49 ordinal (sic) 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al artículo 460 ejusdem (ver anexo marcado con la letra ‘E’) (Subrayado del escrito).

            Que “[…] la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia desestimó por manifiestamente infundado el recurso ejercido por la defensa, considerando la inobservancia de las exigencias establecidas en los artículos 459, 462 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal (ver anexo marcado con la letra ‘F’)” (Subrayado del escrito).

            Luego, como fundamento de la solicitud de revisión refirió que la decisión de la Sala de Casación Penal “[…] dio un trato desigual y discriminatorio a los derechos del ciudadano Miguel Antonio Pérez Gómez, no aplicando el derecho constitucional de tutela judicial efectiva como en otros casos, en los que sin miramientos a las formalidades establecidas en la ley adjetiva penal ha casado de oficio las sentencias recurridas en aplicación a lo dispuesto en los artículos 19, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, de lo cual se colige, que en aquellos casos se garantizó la justicia de diversos ciudadanos, misma (sic) que se vedó a Miguel Antonio Pérez Gómez”.

            Que la Sala Constitucional “[…] ha sostenido en reiterados fallos, que la condición de trato discriminatorio se verifica siempre y cuando se profiera un trato distinto a, cuando menos (sic), dos ciudadanos en idénticas circunstancias fácticas, lo que, se evidencia en el presente caso”.

            A continuación citó extractos de sentencias dictadas por la Sala de Casación Penal, en las cuales a pesar de haber declarado inadmisible el recurso de casación, anuló de oficio la decisión recurrida; tales son las dictadas en los siguientes expedientes: 2008-32 del 7 de octubre de 2008; 2007-132 del 12 de febrero de 2008; 2007-508 del 1 de febrero de 2008; 2007-338 del 31 de enero de 2008; 2005-0393 del 4 de diciembre de 2007 y 2007-235 del 7 de noviembre de 2007.

            De seguida, en un capítulo que denominó De la Violación del Debido Proceso, alegó que “[l]a revisión de la sentencia por parte de la Sala de Casación Penal de ese alto tribunal, debió darse de oficio en virtud que está obligada a evitar que cualquier proceso termine si existe una causal de nulidad toda vez que ello, conforme lo señala el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es tutora del cumplimiento de ésta, tal y como la ha señalado esa Sala Constitucional en forma reiterada […]”; a cuyo efecto citó extracto de la sentencia N° 366/2007 dictada por esta Sala.

            Que en el proceso seguido a su defendido persiste una causal de nulidad absoluta, toda vez que la sentencia condenatoria se fundamentó en elementos probatorios que no fueron ofrecidos ni admitidos por el Juzgado Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico.

            Luego de citar el capítulo de la sentencia de primera instancia, correspondiente a los fundamentos de hecho y de derecho, afirmó que “[s]e observa de lo anterior, la flagrante violación del artículo 49 de la Carta Magna referido al debido proceso, toda vez que dispone su aplicación en todas las actuaciones judiciales y administrativas […]; la cual debe ser entendida en el sentido de que “[…] todo juicio o proceso judicial o administrativo debe estar apegado en forma estricta a las garantías indispensables para que se escuche a las partes, se les permita a ellas el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses siempre de la manera prevista en la ley”.

            Que “[…] ninguna persona podrá ser condenado o condenada sin un juicio previo, oral y público sosteniendo, abrigando y protegiendo todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela; o siendo así en el presente caso; para que los reconocimientos en rueda de individuos valorado (sic) por la sentenciadora, tuviesen carácter de actos de prueba debieron ser necesariamente evacuados en el Juicio Oral y Público por su lectura, como lo determina el articulo (sic) 339 numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal, previo ofrecimiento de quien corresponda y la admisión indicando el Juez de Control en el auto de apertura a juicio su pertinencia, utilidad y necesidad”.

            Que en el presente caso “[…] debe considerarse la violación en conjunto el (sic) principio de oralidad, inmediación y contradicción; reglas fundamentales en la estructura del Sistema Acusatorio Penal Venezolano, como actividad del estado (sic) cuyo objetivo fundamental es la obtención de la justicia con la verdad como base a través del debido proceso”.

            Que el voto salvado contenido en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico debió ser estimado por la Sala de Casación Penal para declarar la nulidad de oficio de la sentencia de primera instancia, según lo disponen los artículos 190, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 467 eiusdem.

            Por último, solicitó la declaratoria con lugar de la presente revisión y la posterior nulidad de la sentencia N° 251 del 29 de abril de 2008, dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia; así como que se le ordene a dicha Sala pronunciarse nuevamente sobre el recurso de casación interpuesto por la defensa con sujeción a la doctrina establecida en la solicitud de revisión.

 

II

DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

 

 

            El 29 de abril de 2008, la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia número 251, mediante la cual desestimó por manifiestamente infundado el recurso de casación ejercido por la defensa pública del ciudadano Miguel Antonio Pérez Gómez contra el fallo dictado el 6 de diciembre de 2007, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico; teniendo como fundamento para ello lo siguiente:

 

“Los hechos investigados por el Ministerio Público y que fueron acreditados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, son los siguientes:

 

‘… en fecha 10-03-05 (…) frente al bufete de abogados Malave (sic) y Asociados en plena vía pública (…) se produjo la muerte del ciudadano abogado José Ángel Malave (sic) Machuca, a consecuencia de una herida producida por arma de fuego a la altura del cuello parte posterior, la cual seccionó la medula cervical provocando la muerte del mismo. En el lugar de los hechos se encontraban numerosas personas, en razón de la hora y la ubicación del sitio correspondiente al casco central de la ciudad, por lo que se procedió a entrevistar a varios testigos presenciales que señalaron la descripción física del autor material del homicidio, así como el lugar por el que huyo, para lo cual se indicó que el homicida se dirigió (…) hacia el barrio La Aguada, de esta localidad. Posteriormente en base a entrevistas a testigos y pesquisas realizadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (…) se logra ubicar a una persona identificada como miguelito, quien días antes había llegado (…) al barrio La Aguada, lugar en el cual residen familiares del mismo, siendo identificado posteriormente como Miguel Antonio Pérez Gómez (…) se solicitó ante el tribunal de control, la practica (sic) de un reconocimiento en rueda de individuos, del cual los testigos presenciales, reconocen como autor del disparo (…) al imputado Miguel Antonio Pérez Gómez…’.     

 

La Sala siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la desestimación o no del recurso propuesto por la Defensa Pública, observa lo siguiente:

 

 

 

RECURSO DE CASACIÓN

Primera Denuncia

 

La recurrente fundamentó su recurso de casación, en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal y alegó en su primera denuncia lo siguiente:

 

‘… Denuncio la violación del artículo 49.1 (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por falta de aplicación. Así se denunció la inclusión en los fundamentos de la sentencia, de actos de investigación que no habían sido evacuados en el juicio oral, como las actas de reconocimiento en rueda de individuos donde participaron los testigos Humberto Infante, Miguel Ángel Carrillo Nieves y Yamileth de Rosario Meléndez González, actos de investigaciones que no fueron ofrecidos por el Ministerio Público, ni por el querellante en sus respectivos actos conclusivos (acusación), motivo por el cual no fueron admitidos al momento de celebrarse la audiencia preliminar por el tribunal de control.

 

La Corte de Apelaciones vulneró flagrantemente el debido proceso al valorar actos de investigación que no fueron incorcopardos (sic) al debate en el juicio oral y público, por lo que solicito, la nulidad del fallo dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Guárico, y se ordene la celebración de un nuevo juicio oral y público…’.

 

La Sala, pasa a decidir:

 

Se observa, que la impugnante señaló, la violación de la ley por falta de aplicación del artículo 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido al debido proceso y el derecho a la defensa. Evidenciándose, que denunció en forma aislada y genérica la violación de principios constitucionales.

 

Todo esto, contrariando el criterio reiterado de la Sala de Casación Penal, que establece que no son admisibles las denuncias sobre violaciones de principios constitucionales, si son alegadas de manera aisladas, por ser garantías contenidas en la constitución, ya que estas comprenden formulaciones generales y abstractas que deben ser invocadas conjuntamente con una disposición legal concreta, que permita vislumbrar la supuesta violación de la ley, por lo tanto, tal planteamiento no es procedente a través del recurso de casación.

 

De igual forma, se desprende de la fundamentación de la presente denuncia, que la defensora alegó que: ‘…La Corte de Apelaciones vulneró flagrantemente el debido proceso al valorar actos de investigación que no fueron incorcopardos (sic) al debate en el juicio oral y público…’. Ahora bien, es criterio reiterado de la Sala Penal, que la Corte de Apelaciones no aprecia, ni juzga pruebas, ya que por su naturaleza procesal, son propias del juicio oral y público, que es la instancia que valora todos los elementos probatorios presentados en el mismo.

 

Al respecto, la Sala de Casación Penal ha señalado lo siguiente:

 

‘… La Sala advierte, que la Corte de Apelaciones no conoce los hechos de manera directa e inmediata sino indirecta y mediata, ni valora pruebas ya debatidas en el juicio de instancia, ya que es un tribunal que conoce de derecho y de los posibles vicios cometidos en el proceso y en la sentencia de juicio…’. (Sentencia Nº 676, del 30 de noviembre de 2007).  

 

Por lo anteriormente señalado, se desestima por manifiestamente infundada, la presente denuncia del recurso de casación, interpuesto por la Defensora Pública del ciudadano Miguel Antonio Pérez Gómez, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

 

 

SEGUNDA DENUNCIA

 

Igualmente, con base en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, la Defensora Pública adujo la trasgresión de la ley por errónea interpretación, del artículo 364 ejusdem, y al efecto señaló lo siguiente:

 

‘… falta de motivación de la sentencia del Tribunal de Juicio, que condenó a mi defendido por el delito de homicidio calificado (…) la Corte de Apelaciones interpretó erróneamente el artículo 364 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal al considerar que por no haberse cambiado la calificación del delito en juicio, bastaba con que se tomara en cuenta la calificación del delito por el cual el tribunal de control había admitido la acusación y ordenado la apertura del juicio oral y público…’.

 

La Sala, pasa a pronunciarse:

 

En la presente denuncia, la recurrente señaló la violación de la ley, por errónea interpretación del artículo 364 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere a la exposición de los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión recurrida.

 

 Ahora bien, de la revisión del fundamento de la denuncia, la Sala observa, que la Defensora Pública pretende objetar la sentencia de juicio, por medio del recurso extraordinario de casación, cuando señaló: ‘…falta de motivación de la sentencia del Tribunal de Juicio, que condenó a mi defendido por el delito de homicidio calificado…’.

 

La Sala Penal advierte, que se ha establecido en reiteradas decisiones, que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación, procurar que se analicen los fallos de primera instancia, impidiéndosele atacar conjuntamente las sentencias dictadas por la alzada y por el Juzgado de Juicio, ya que la procedencia de este recurso extraordinario, es sólo contra fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, lo que demuestra una total confusión en torno al correcto planteamiento de esta denuncia, violando lo establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Aunado a esto, la impugnante hierra (sic) al exponer como motivo de procedencia de su denuncia la errónea interpretación del precitado artículo 364 numeral 4 del Código adjetivo, sin fundamentar adecuadamente, de que (sic) forma erró la Corte de Apelaciones en la interpretación de la norma denunciada y como afectó tal infracción el resultado del fallo.

 

En relación a esto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido lo siguiente:

 ‘… Cuando se denuncia el vicio de errónea interpretación debe el recurrente señalar de que (sic) forma equivocó el juzgador la interpretación de dicha norma, en su alcance general y abstracto y en el caso concreto, como se indicó anteriormente, como ha debido ser interpretarla y, las consecuencias que se derivan de ello…’. (Sentencia Nº 78, del 5 de abril de 2005).

 

Por otra parte, la Sala indica, que los argumentos de la recurrente, referidos a que: ‘…la Corte de Apelaciones interpreto erróneamente el artículo 364 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal al considerar que por no haberse cambiado la calificación del delito en juicio, bastaba con que se tomara en cuenta la calificación del delito por el cual el tribunal de control había admitido la acusación y ordenado la apertura del juicio oral y público…’; no son congruentes, con la norma legal denunciada como infringida, ni con el vicio de inmotivación (sic) alegado, siendo esto necesario para poder determinar la presunta violación de la sentencia recurrida, que produzca el efecto jurídico pretendido, por lo que, vulneró lo establecido en el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Por todo esto, se desestima por manifiestamente infundada la segunda denuncia del presente recurso de casación por inobservar las exigencias establecidas en los artículos 459 y 462 del Código Orgánico Procesal Penal, con base en el artículo 465 eiusdem. Así se decide”.

 

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

 Esta Sala observa que la solicitud de revisión que nos ocupa fue interpuesta contra la sentencia Nº 251/2008, dictada por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia; respecto a la cual se alega la existencia de violaciones de derechos constitucionales, motivo por el cual asume su competencia para conocerla de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y de conformidad con lo preceptuado en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Advierte esta Sala que la procedencia de la presente solicitud, estará supeditada al examen que de las actas procesales se realice para verificar la existencia de un error evidente o craso en la interpretación de la Constitución, o de la sustracción absoluta de los criterios interpretativos de normas constitucionales adoptados por esta Sala Constitucional, así como también, de algún tipo de violación constitucional en la que por estar envuelto el orden público, sea necesaria la intervención del máximo intérprete constitucional, razón por la cual esta Sala Constitucional se declara competente para conocer la solicitud planteada. Así se declara.

 

IV

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Precisado lo anterior procede la Sala a pronunciarse sobre  la solicitud de revisión propuesta y, al respecto observa:

 En atención a la sentencia Nº 93/2001, recaída en el caso Corpoturismo, la potestad de revisión atribuida a esta Sala por el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela comprende tanto los fallos definitivamente firmes que dicten las otras Salas de este Máximo Tribunal, como los demás Tribunales de la República, con la indicación de que el objeto de este recurso es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según el artículo 335 del Texto Fundamental.

La norma constitucional supra señalada no dispone, de manera alguna, la creación de una tercera instancia en los procesos cuyas decisiones son sometidas a revisión. El precepto constitucional referido lo que incorpora es una potestad estrictamente excepcional y facultativa para la Sala Constitucional que, como tal, debe ejercerse con prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de revisión de sentencias definitivamente firmes, incluso las dictadas por las demás Salas que componen este Supremo Tribunal.

Ahora bien, esta Sala Constitucional del análisis realizado al caso sub exámine advierte que la Sala de Casación Penal, luego de establecer los hechos objeto del proceso, los cuales fueron acreditados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, analizó el recurso de casación propuesto –en dos denuncias- por la defensa pública del ciudadano Miguel Antonio Pérez Gómez; y con relación a la primera, una vez que constató que fue denunciada en forma aislada y genérica la vulneración de derechos y garantías constitucionales, concluyó que la misma se efectuó “[…] contrariando el criterio reiterado de la Sala de Casación Penal, que establece que no son admisibles las denuncias sobre violaciones de principios constitucionales, si son alegadas de manera aisladas, por ser garantías contenidas en la constitución, ya que estas comprenden formulaciones generales y abstractas que deben ser invocadas conjuntamente con una disposición legal concreta, que permita vislumbrar la supuesta violación de la ley, por lo tanto, tal planteamiento no es procedente a través del recurso de casación”.

Asimismo, la Máxima Instancia Penal luego de percatarse que fue denunciado que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico habría vulnerado el debido proceso al valorar elementos de convicción que no fueron incorporados al juicio oral y público; concluyó que “[…] es criterio reiterado de la Sala Penal, que la Corte de Apelaciones no aprecia, ni juzga pruebas, ya que por su naturaleza procesal, son propias del juicio oral y público, que es la instancia que valora todos los elementos probatorios presentados en el mismo”.

 Igualmente, con relación a la segunda denuncia, la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, una vez que revisó los términos en los que fue planteada, consideró que:

 

“[…] se ha establecido en reiteradas decisiones, que los recurrentes no pueden por vía del recurso de casación, procurar que se analicen los fallos de primera instancia, impidiéndosele atacar conjuntamente las sentencias dictadas por la alzada y por el Juzgado de Juicio, ya que la procedencia de este recurso extraordinario, es sólo contra fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, lo que demuestra una total confusión en torno al correcto planteamiento de esta denuncia, violando lo establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Aunado a esto, la impugnante hierra al exponer como motivo de procedencia de su denuncia la errónea interpretación del precitado artículo 364 numeral 4 del Código adjetivo, sin fundamentar adecuadamente, de qué forma erró la Corte de Apelaciones en la interpretación de la norma denunciada y como afectó tal infracción el resultado del fallo”.

 

Ello así, la Sala de Casación Penal al dictar la decisión objeto de la presente solicitud de revisión, desestimando por manifiestamente infundado el recurso de casación que le fuera interpuesto, actuó conforme a derecho.

Por otra parte, el solicitante de la revisión argumenta que la Sala de Casación Penal, no obstante haber desestimado por manifiestamente infundado el recurso de casación, debió anular de oficio la sentencia recurrida tal y como lo ha hecho en anteriores oportunidades en casos análogos (y refirió varios precedentes judiciales); circunstancia que a decir del solicitante de la revisión habría incurrido en un trato desigual, vulnerando así el derecho a la igualdad y el debido proceso como consecuencia de la falta de un análisis sobre la posible existencia de causales de nulidad absoluta conforme al artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal o de violaciones a garantías constitucionales.

Al respecto, en los precedentes invocados por el solicitante como fundamento para arribar a tal aserto, la Sala observa que si bien la Máxima Instancia Penal ha anulado de oficio sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, las razones que la ha conducido a declarar la nulidad de oficio han sido por circunstancias fácticas distintas a las acaecidas en el caso de autos; pues si bien en el juicio penal que motivó la presente revisión los reconocimientos en rueda de personas no fueron ofrecidos por el Ministerio Público en su acusación, todas las personas reconocedoras del inculpado fueron llamadas a declarar como testigos y cuyos testimonios –debidamente valorados en su oportunidad legal- reflejaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que fue cometido el delito de homicidio calificado en perjuicio del abogado José Ángel Malavé Machuca, y dieron certeza de la persona que lo perpetró; por lo que no le asiste la razón al solicitante de la revisión en el sentido de que la Sala de Casación Penal incurrió en un trato desigual y se apartó de su propia doctrina en casos análogos.

Aunado a ello, en cuanto a la potestad de la Sala de Casación Penal para, aún de oficio, entrar a conocer un caso y declarar la nulidad absoluta de un fallo o proceso judicial si verifica que se encuentra incurso dentro de alguno de los supuestos del artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal; es preciso reiterar que la nulidad constituye una sanción procesal.

En tal sentido, esta Sala Constitucional en su sentencia N° 1115/2004, recaída en el caso: Gustavo Enrique Bozo Álvarez, considerando lo dispuesto por ella en la decisión N° 880/2001, recaída en el caso: William Alfonso Ascanio, sostuvo el siguiente criterio:

 

 “[…] en el actual proceso penal, la institución de la nulidad ha sido considerada como una verdadera sanción procesal –la cual puede ser declarada de oficio o a instancia de parte–, dirigida a privar de efectos jurídicos a todo acto procesal que se celebra en violación del ordenamiento jurídico-constitucional. La referida sanción conlleva suprimir los efectos legales del acto írrito, retornando el proceso a la etapa anterior en la que nació dicho acto.

 

En tal sentido, Fernando de La Rúa, en su tratado sobre ‘LA CASACIÓN PENAL’, editorial Depalma, Buenos Aires, 1994, nos dice: ‘[...] la nulidad ha sido considerada como la sanción procesal por la cual se declara inválido un acto procesal privándolo de sus efectos por haber sido cumplido sin observar los requisitos esenciales exigidos por la ley [...]’; de allí, que su procedencia parte del hecho de que el acto se aparta de la forma esencial y pone en peligro el fin del proceso, fin que no es otra cosa que el cumplimiento del precepto constitucional según el cual ninguna persona puede ser condenada sin juicio previo, por un hecho anterior al mismo y que ha sido tipificado previamente como delito’.

 

Ahora bien, el sistema de las nulidades se fundamenta en el principio consagrado en el artículo 190 de la ley procesal penal, de acuerdo con el cual, ningún acto que contravenga las leyes, la Constitución o los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República podrá servir de fundamento de una decisión judicial, ni constituirse en su presupuesto, salvo que el defecto se subsane o convalide.

 

Sin embargo, pacíficamente se acepta que no todas las nulidades son susceptibles de saneamiento, como sucede en el caso de las nulidades absolutas; en este sentido, cabe destacar que existen actos saneables y no saneables; los no saneables han de considerarse (...) porque la constitución del acto está gravemente afectada, es decir, si se considera que existe un agravio a la jurisdicción, a la competencia, o a la legitimación, a las formalidades esenciales de los actos o del juicio oral, entre otros; mientras que un acto saneable es porque a pesar de su error de carácter no esencial se puede convalidar, lo que quiere decir que el acto en principio es anulable, como por ejemplo, una notificación errada puede ser perfectamente convalidable si la parte a quien le perjudica no alega la falta, o el interesado deja pasar la oportunidad y con su presencia acepta tácitamente los efectos del acto aparentemente írrito’ (Sentencia n° 1044/2000 del 25 de julio, de la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal, caso: Domingo Antonio Montaña Terán). De forma que, si bien el legislador procesal penal no acoge expresamente la clásica distinción entre nulidades absolutas y relativas, lo hace de modo implícito al diferenciar entre las nulidades no convalidables, de aquellas saneables.

 

A mayor abundamiento, las partes pueden formular la solicitud de nulidad absoluta de un acto, en cualquier estado y grado de la causa, debido a su naturaleza no convalidable; y sólo estas nulidades pueden ser apreciadas ex officio por el juez, debido a la gravedad o trascendencia del defecto que vicia el acto; al respecto, esta Sala sostiene que:

 

‘2.2.1. Dentro del sistema procesal penal vigente en Venezuela, por su naturaleza acusatoria, no se encuentra preceptuada, sino excepcionalmente, la nulidad de oficio, pues, conforme se establece en el precitado artículo 433 (hoy, 441) del Código Orgánico Procesal Penal, al tribunal que resuelva el recurso se le atribuirá el conocimiento del proceso, exclusivamente, en cuanto a los puntos de la decisión que hubieren sido impugnados. Esta es una disposición que obliga a todas las instancias jurisdiccionales que conozcan de los recursos descritos en el Libro Cuarto del Código, incluso el extraordinario de casación, por cuanto la misma está contenida dentro de las disposiciones generales aplicables a dichos recursos;

 

2.2.2. Excepcionalmente, los supuestos de nulidad de oficio están preestablecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, cuyas normas, en esta materia, son, obviamente, de interpretación restrictiva:

 

2.2.2.1. Cuando se trate de alguno de los vicios de nulidad absoluta descritos, de manera taxativa, en el artículo 208 (ahora, modificado, 191) del Código Orgánico Procesal Penal;

 

2.2.2.2. Cuando se trate de un vicio de inconstitucionalidad que obligue al juez a hacer valer la preeminencia de la Constitución, a activar el control difuso que dispuso el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, disposición esta que desarrolla el principio fundamental que contiene el artículo 7, en concordancia con el 334, de la Constitución;

 

2.2.2.3. Cuando la nulidad comporte una modificación o revocación de la decisión, a favor del imputado o acusado, según lo establece el segundo párrafo del artículo 434 (ahora, 442) del Código Orgánico Procesal Penal’ (Sentencia n° 2541/2002 del 15 de octubre, caso: Eduardo Semtei Alvarado)”.

 

 

Del precedente judicial supra transcrito, el cual se reitera mediante este fallo, esta Sala observa que la nulidad en el proceso penal está concebida como una sanción procesal aplicable bajo supuestos de excepción, la cual corresponde aplicar en ejercicio de su potestad jurisdiccional tanto a los jueces y juezas de la República como al juez de casación siempre y cuando adviertan algunos de los supuestos de nulidad absoluta indicados en el fallo parcialmente transcrito.

Ello así; tratándose de la Sala de Casación Penal, la declaratoria de nulidad en modo alguno comporta una obligación para todos los casos sometidos a su consideración (en este caso los recursos de casación); pues si bien dicha Sala tiene la potestad para declararla, aún de oficio, ello aplica sólo cuando en el fallo sometido a su conocimiento mediante el recurso extraordinario de casación advierta una causal de nulidad absoluta, en cuyo caso sí se impondría su declaratoria en beneficio del imputado y para garantizar sus derechos como justiciable; de allí que es concluyente afirmar que la potestad anulatoria en referencia no es ejercible para todos aquellos casos en los cuales el recurso de casación sea desestimado por manifiestamente infundado, pues si la decisión impugnada no adolece prima facie de alguno de los vicios antes reseñados no habría motivo para proceder a la nulidad de oficio.

Así las cosas, el que la Sala de Casación Penal en el fallo objeto de revisión no haya anulado de oficio la sentencia recurrida una vez que desestimó el recurso de casación por manifiestamente infundado, no implica per se una violación del derecho a la igualdad del solicitante, pues se insiste, la facultad que en tal sentido ostenta dicha Máxima Instancia Penal debe ser ejercida únicamente para aquellos casos donde advierta un vicio de tal entidad que conlleve la nulidad absoluta, lo cual no ocurrió en el caso sub lite.

En suma, el solicitante de la revisión lejos de esgrimir alegatos, cuyo examen y revisión estarían relacionados con la uniformidad de la jurisprudencia y doctrina de esta Sala, denunció presuntas violaciones a derechos constitucionales y erróneas interpretaciones y aplicaciones de normas legales por parte de la Sala de Casación Penal; y de los cuales no se desprende además que esté involucrado el orden público, que amerite la intervención de esta Sala Constitucional en tanto máximo intérprete constitucional.

 Quiere la Sala insistir, una vez más, que la revisión constitucional no constituye una instancia más, ni un recurso ordinario ante la configuración de pretendidas violaciones o sufrimientos de injusticias, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional cuyo propósito es mantener la uniformidad de los criterios constitucionales en resguardo de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, en aras de reafirmar la seguridad jurídica.

Como corolario de lo expuesto, la Sala declara no ha lugar la solicitud de revisión interpuesta por el abogado Daniel Alberto Montani Viloria, Defensor Público Penal Ordinario N° 5 en Fase de Ejecución de Sentencia, adscrito a la Defensa Pública de San Juan de Los Morros del Estado Guárico, actuando en su condición de defensor del ciudadano Miguel Antonio Pérez Gómez; respecto a la sentencia Nº 251 dictada el 29 de abril de 2008, por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal. Así se declara.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por el abogado Daniel Alberto Montani Viloria, Defensor Público Penal Ordinario N° 5 en Fase de Ejecución de Sentencia, adscrito a la Defensa Pública de San Juan de Los Morros del Estado Guárico, actuando en su condición de defensor del ciudadano MIGUEL ANTONIO PÉREZ GÓMEZ ya identificado; respecto a la sentencia Nº 251 dictada el 29 de abril de 2008, por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, mediante la cual desestimó por manifiestamente infundado el recurso de casación ejercido por la defensa pública del prenombrado ciudadano contra el fallo dictado el 6 de diciembre de 2007, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico.

Publíquese, regístrese y archívese el presente expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 10 días del mes de febrero de dos mil nueve (2009). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

 Vicepresidente,

 

 

Francisco A. Carrasquero López

Los Magistrados,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                         Ponente

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 Exp.- 08-1401

CZdeM/

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