Venley

Sentencia N.º 814

Sentencia
N.º 814
Fecha
15/04/2003
Sala
Constitucional
Expediente
02-1907
Ponente
José M. Delgado Ocando
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

 

Mediante oficio nº 00-836 del 22 de julio de 2002, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, con sede en la ciudad de Barcelona, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente n° 5881 de la nomenclatura de dicho Juzgado, en el que cursa acción de amparo constitucional ejercida por el abogado OMAR EL SOUKI EL SOUKI, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 32.499, actuando en su propio nombre y en nombre y representación de los ciudadanos NADIA SOUKI DE SOUKI, LILIAN EL SOUKI, CHAFIC EL SOUKI, JAISAM EL SOUKI y YAMAL EL SOUKI, venezolanos y titulares de las cédulas de identidad números 8.210.113, 8.268.505, 8.257.330, 8.278.300 y 8.227.458, respectivamente, contra el auto del 22 de enero de 2002, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental y contra el acta de remate ejecutado por ese mismo tribunal en el juicio por ejecución de hipoteca incoado por la sociedad Del Sur Entidad de Ahorro y Préstamo C.A. contra Nidia de Souki y la sucesión de Camila Chafie El Souki, por la presunta lesión de sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a dirigir peticiones a la Administración.   

 

Dicha remisión se hizo de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud de la apelación interpuesta por el accionante, contra el fallo dictado el 15 de febrero de 2002 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, mediante la cual se declaró inadmisible el amparo propuesto.

El 7 de agosto de 2002 se dio cuenta en Sala del presente expediente, y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Pasa la Sala a decidir la apelación interpuesta, previas las consideraciones siguientes:

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

El 25 de enero de 2002, fue recibido en el Juzgado Superior en lo Civil y en lo Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Omar El Souki El Souki, con fundamento en los siguientes alegatos:

 

1.- Que en el juicio de ejecución de hipoteca que sigue la sociedad Del Sur Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. contra la ciudadana Nadia De Souki y la sucesión de la ciudadana Camila Chafie El Soukides, el acto de remate que estaba fijado para el 15 de enero de 2002 se suspendió con ocasión de “una incidencia”, la cual fue declarada improcedente y, de forma intempestiva, se fijó nuevamente el acto de remate para el 23 de enero de 2002, sin notificación alguna por cartel, con lo cual resulta vulnerado el derecho a la defensa y al debido proceso.

 

2.- Que luego de manifestarle al juez que la irregularidad antes descrita constituía una violación al derecho a la defensa y al debido proceso, éste expresó que ”iba a llevar a cabo el Remate a como diere lugar”, por lo tanto, fue recusado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, el juez no remitió los autos a otro tribunal y procedió a abrir el acto de remate, violentándose de esta forma el debido proceso.

 

3.- Que durante el acto de remate, el juez le impidió su participación y exposición, y obvió lo que al efecto establece el artículo 574 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se vulneró nuevamente el derecho a la defensa y el derecho de petición.

4.- Igualmente señaló que el juez, durante el acto de remate, no permitió la intervención de un tercero interesado que ofreció la cantidad de veinticinco millones de bolívares, alegando que el acto ya había comenzado y no había tiempo para dar caución. De igual modo, el juez tampoco permitió que el tercero interesado, mediante diligencia, dejara constancia de este hecho. Con estas actuaciones el juez vulneró el debido proceso.

 

5.- Que aun cuando la ejecutante no hizo postura alguna el juez, de forma arbitraria y grosera, se sustituyó en la voluntad de ésta y ofreció por ella, lo cual ocurrió fuera del lapso de veinte minutos establecidos para ello. Esta postura formulada por el propio juez estaba por debajo del monto caucionado de cincuenta y cinco millones sesenta y seis mil trescientos noventa y seis bolívares con cincuenta y siete céntimos (Bs. 55.066.396, 57).

 

6.- Por las circunstancias y razones precedentes, solicitó que se anulara el auto del 22 de enero de 2002 dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental y el acta de remate ejecutado por ese mismo juzgado. Del mismo modo se solicitó la citación del ciudadano Jesús Martínez Gago, presunto agraviante y la notificación del ciudadano César José Navarrete Río Bueno, titular de la cédula de identidad nº 2.078.855, en su carácter de Presidente de la sociedad Del Sur Entidad de Ahorro y Préstamo, C.A. en la siguiente dirección: calle Bolívar, cruce con Carabobo, edificio Torre Oriente.

II

DE LA COMPETENCIA

 

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la apelación interpuesta, y a tal efecto observa:

 

Conforme lo ha señalado desde su primera decisión del 20 de enero de 2000, (caso: Emery Mata Millán), le corresponde a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia conocer de todas las apelaciones interpuestas contra las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional, dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de las decisiones proferidas por los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso-Administrativo, salvo que conozcan en materia civil), la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan de dichas acciones como Tribunales de Primera Instancia.

 

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala la apelación interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Nor-Oriental el 15 de febrero de 2002, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado El Souki El Souki contra el auto del 22 de enero de 2002, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental y contra el acta de remate ejecutado por ese mismo tribunal en el juicio por ejecución de hipoteca incoado por la sociedad Del Sur Entidad de Ahorro y Préstamo C.A. contra Nidia de Souki y la sucesión de Camila Chafie El Souki. Por tanto, congruente con la decisión antes mencionada, esta Sala Constitucional resulta competente para conocer y resolver la presente apelación. Así se declara.

 

III

DE LA SENTENCIA APELADA

 

El 15 de febrero de 2002, el Juzgado Superior en lo Civil y en lo Contencioso- Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida en la presente causa, con fundamento en las siguientes consideraciones:

 

1.- Que el juez inició una incidencia por expresa solicitud del accionante, a pesar de lo dispuesto en el artículo 566 del Código de Procedimiento Civil, pues a éste no le estaba permitido solicitar la apertura de una incidencia. Tampoco, le estaba permitido al accionante recusar al juez.

 

2.- Que la vía idónea para enervar los efectos del auto dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, mediante el cual se fijó la fecha para llevar a cabo el remate, y contra el acta de remate ejecutado por ese mismo tribunal, no es la acción de amparo sino la acción reinvindicatoria.

 

3.- Que al no estarle permitido al juez en sede constitucional declarar la nulidad de la protocolización mediante la cual se registró el acta judicial contentiva del remate, se está en presencia de una “situación verdaderamente irreparable por vía de la acción propuesta”.

 

4.- Por los motivos precedentes, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, luego de aceptar la competencia que le fuera declinada por la Sala Constitucional, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Omar El Souki El Souki.     

 

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

La Sala considera pertinente, antes de decidir, dejar constancia que el abogado Omar El Souki El Souki no consignó escrito de fundamentación de la apelación interpuesta, mediante diligencia, el 27 de mayo de 2002, contra la decisión del 15 de febrero de 2002 dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso- Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.

 

Por otra parte, la Sala observa que la apelación interpuesta mediante diligencia del 27 de mayo de 2002 se ejerció de forma extemporánea, pues el abogado Omar El Souki El Souki se dio por notificado de la decisión del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental del 15 de febrero de 2002, el 26 de febrero de 2002, por lo tanto, al considerarse preclusivo el lapso para intentar la apelación, el presente asunto se decidirá como consulta, a tenor de lo preceptuado en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Pasa la Sala a decidir la consulta, conforme a las razones que se exponen a continuación:

La decisión objeto de la presente consulta declaró inadmisible la acción de amparo propuesta argumentando que ésta, de conformidad con lo establecido en el artículo 584 del Código de Procedimiento Civil, no constituía la vía idónea para restablecer la situación jurídica infringida sino la acción reinvindicatoria.

 

A este respecto, la Sala observa que en la sentencia consultada se confunden requisitos de inadmisibilidad con requisitos de improcedencia, pues aun cuando en la motivación se alegó la existencia de otras vías idóneas para restablecer la situación infringida, se declaró la improcedencia del amparo. En este sentido, la sentencia objeto de la consulta señaló que “consumado como ha sido el remate al registrarse en la Oficina de Registro Público el acta que lo contiene, precisa este Juzgador, que la única vía de impugnación del mismo es la establecida en el artículo 584 del Código de Procedimiento Civil: “El remate no puede atacarse por vía de nulidad por defecto de forma o de fondo, y la única acción que puede proponerse contra sus efectos jurídicos es la reivindicatoria”; vale decir, medio idóneo para enervar sus defectos jurídicos”.

 

Ahora bien, en el caso específico del artículo 584 del Código de Procedimiento Civil, la Sala ha indicado que no es posible dejar de realizar el examen de posibles infracciones constitucionales por la prohibición prevista en este artículo. La Sala en sentencia nº 2006/01, del 23 de octubre, caso Néstor de Jesús Gómez Contreras indicó lo siguiente:

 

“El Código de Procedimiento Civil en su artículo 584 establece que:

    

“Artículo 584:

El remate no puede atacarse  por vía de nulidad por defectos de forma o de fondo, y la única acción que puede proponerse contra sus efectos jurídicos es la reivindicatoria” .

 

Conforme a dicha norma transcrita dentro del proceso civil donde tiene lugar, el remate es intocable, lo que garantiza la seguridad jurídica del acto a favor de los adjudicatarios; y contra los efectos jurídicos del remate, y ya fuera del proceso donde tuvo lugar, no es viable una acción autónoma de nulidad, siendo la única vía posible para recuperar el bien cuya propiedad ha adquirido el mejor postor del remate, la acción reivindicatoria.

La norma es clara, pero ella no excluye, ni puede interpretarse  en esa forma, que el remate adelantado con infracción de derechos y garantías constitucionales que lesiona a alguien (parte o tercero), pueda mantenerse incólume a pesar de las violaciones constitucionales.

Cuando surge  una situación como la señalada, la acción de amparo es procedente, ya que mal puede surtir efectos e infringir la situación jurídica  de alguien, situaciones violatorias de los derechos constitucionales de ese alguien.

 

De allí que en el caso de autos, no es posible por parte del juez constitucional dejar de analizar la posibilidad de infracciones constitucionales ocurridas en relación con el remate, aduciendo la prohibición del artículo 584 del Código de Procedimiento Civil, que no previene las consecuencias de las transgresiones constitucionales”.

 

Por tanto, al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región-Nor-Oriental no le era dado dejar de constatar la infracción de normas constitucionales por estas razones.

 

En el presente caso, se intentó la acción de amparo contra el auto que declaró que el acto de remate debía efectuarse al día siguiente, lo cual, según su criterio, se decidió “intempestivamente”. La Sala observa, que efectivamente el auto del 22 de enero de 2002 ordenó “la continuación del remate pendiente, el cual debe ser realizado en la sede de este Tribunal el siguiente día de Despacho a la presente fecha”.

 

Igualmente, la Sala constató que la fijación de la fecha para efectuar el remate no se publicitó de acuerdo a lo establecido en los artículos 550, 551 y 552 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen lo siguiente: 

 

Artículo 550: 

“No podrá procederse al remate de los bienes embargados hasta tanto se hayan cumplido las disposiciones de este Capítulo, salvo disposición especial en contrario”.

 

Artículo 551:

“El remate de los bienes muebles se anunciará, en tres distintas ocasiones, de tres en tres días, mediante carteles que se publicarán en un periódico del lugar donde tenga su sede el Tribunal y, además, en uno del lugar donde estén situados los bienes, si tal fuere el caso. Si no hubiere periódico en la localidad la publicación se hará en un periódico de la capital del Estado y en otro de la capital de la República que tenga circulación en el lugar donde se efectuará el remate”.       

 

Artículo 552:

“El remate de los bienes inmuebles se anunciará, en tres distintas ocasiones, de diez en diez días, mediante carteles que se publicarán en la misma forma indicada en el artículo anterior”.

 

Sin embargo, estas infracciones legales podían subsanarse a través de mecanismos distintos a la acción de amparo. En efecto, en la sentencia antes citada, esta Sala indicó lo siguiente:

 

“El que se haya obviado un cartel en la localidad donde estaba ubicado el inmueble y el cual es un llamado dirigido a los terceros para que concurrieran a hacer posturas, a juicio de esta Sala, no lesiona la situación jurídica del ejecutado, quien muy bien, por esa causa, podía solicitar antes del remate la nulidad de las actuaciones y oponerse al mismo, lo que no hizo, y por ello a juicio de esta Sala  el amparo es improcedente y así se declara.”

 

La Sala advierte que la existencia de vías idóneas distintas a la acción de amparo constituye una causal de inadmisibilidad, la cual se encuentra prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Respecto de esta causal, dictaminó esta Sala Constitucional el 23 de noviembre de 2001 (Caso: Mario Téllez García):

 

"...la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve).

 

            De esa manera, congruente con lo fijado en el fallo parcialmente transcrito supra, esta Sala Constitucional juzga que el accionante disponía de un recurso ordinario el cual no fue ejercido, por lo que declara inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano Carlos Javier Otero, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y confirma, sobre la base de una motivación distinta, la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental el 15 de febrero de 2002, mediante la cual se declara inadmisible la acción de amparo intentada por el abogado Omar El Souki El Souki, contra el auto de fecha 22 de enero de 2002, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental y contra el acta de remate ejecutado por ese mismo tribunal. Así se decide.

           

VI

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, sobre la base de una motivación distinta, la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental el 15 de febrero de 2002, que declaró inamisible la acción de amparo constitucional ejercida por el referido abogado contra el auto de fecha 22 de enero de 2002, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental y contra el acta de remate ejecutado por ese mismo tribunal en el juicio por ejecución de hipoteca incoado por la sociedad Del Sur Entidad de Ahorro y Préstamo C.A. contra Nidia de Souki y la sucesión de Camila Chafie El Souki.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de abril dos mil tres. Años: 192º de la Independencia y 144º de la Federación.

El Presidente,

 

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

                                                                                          El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

                                                                      JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                   JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

                                                                                                  Ponente

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

JMDO/ns.

Exp. n° 02-1907.

 

 

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