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Mediante oficio n° 328 del 30 de julio de 2002, la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala la causa signada con el n° 10-Aa-895-02, contentiva de los autos relacionados con la acción de amparo constitucional, interpuesta por los ciudadanos Roberto Taricani Lozada y Javier Boscán Camacho, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 36.232 y 76.939, en su condición de defensores del ciudadano AMILCAR JOSÉ CARVAJAL ARROYO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad nº 9.962.887, contra la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial, el 11 de junio de 2002, que acordó expedir orden de aprehensión contra el mencionado ciudadano, de conformidad con lo establecido en el artículo 250, numerales 1, 2 y 3, y primer aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de resistencia a la autoridad, uso indebido de arma de fuego, intimidación pública y homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, tipificados en los artículos 219, ordinal 2º, 282, 297 único aparte, en relación con el artículo 298 y 408, ordinal 2º, éste último, en concordancia con el artículo 426 del Código Penal.
Dicha acción se fundamentó en la violación de los derechos y garantías previstos en los artículos 44, 49 y 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Tal remisión obedece al recurso de apelación previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica en referencia.
El 7 de agosto de 2002, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Con base en los elementos que cursan en autos y, siendo la oportunidad procesal para ello, se pasa a decidir sobre la apelación en los términos siguientes:
I
1.- El 28 de junio de 2002, la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas recibió proveniente de la Oficina Distribuidora de Expedientes Penales, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, interpuesta por los defensores del ciudadano Amílcar José Carvajal Arroyo, contra la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial, el 11 de junio de 2002, que acordó expedir orden de aprehensión contra el mencionado ciudadano, de conformidad con lo establecido en el artículo 250, numerales 1, 2 y 3, y primer aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de resistencia a la autoridad, uso indebido de arma de fuego, intimidación pública y homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, tipificados en los artículos 219, ordinal 2º, 282, 297 único aparte, en relación con el artículo 298 y 408, ordinal 2º, éste último, en concordancia con el artículo 426 del Código Penal.
Se le dio entrada con el nº 10As-895-02 y fue designado como ponente el Dr. Pedro Osman Maldonado Vivas.
2.- El 1º de julio de 2002, la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas fijó la celebración de la audiencia oral para el 4.7.02, a las 11.00 a.m., y ordenó la notificación de las partes.
3.- El 3 de julio de 2002, la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas subsanó el procedimiento de amparo y mediante auto, admitió la acción de amparo constitucional incoada, declaró su competencia a fin de decidir la citada acción y ratificó la audiencia constitucional para el 4 de julio de 2002, toda vez que constaba en el expediente la práctica de las notificaciones.
4.- El 4 de julio de 2002, la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas negó la solicitud de medida cautelar innominada requerida por los defensores del ciudadano Almílcar José Carvajal Arroyo, relacionada con la suspensión de los efectos de la decisión dictada el 11.6.02, por el Juzgado Quincuagésimo Quinto de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial.
Siendo las 12.15 p.m., previo lapso de espera, se llevó a cabo la audiencia constitucional con la asistencia de los abogados Roberto Taricani Lozada y Javier Boscán Camacho, en su condición de defensores del ciudadano Amílcar José Carvajal Arroyo, el abogado Víctor Ramón Marcano, en representación del Ministerio Público y el Dr. Alejandro Rebolledo, Juez Quincuagésimo Quinto de Primera Instancia de Control del referido Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
5.- El 10 de julio de 2002, la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del referido Circuito publicó sentencia que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada por los defensores del ciudadano Amílcar José Carvajal Arroyo, contra la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial, el 11 de junio de 2002, que acordó expedir orden de aprehensión contra el mencionado ciudadano, de conformidad con lo establecido en el artículo 250, numerales 1, 2 y 3, y primer aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no aparece del análisis de las actas y de la intervención de las partes durante la audiencia constitucional acreditada la violación de derechos constitucionales al mencionado ciudadano.
6.- El 17 de julio de 2002, los abogados Roberto Taricani Lozada y Javier Boscán Camacho, en su condición de defensores del accionante, apelaron de la decisión dictada por la mencionada Corte de Apelaciones, el 10 de julio de 2002.
7.- El 30 de julio de 2002, la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas acordó la remisión de la causa a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
II
DE LA COMPETENCIA
Sobre el particular, basta con reiterar la inveterada jurisprudencia sentada por esta Sala, la cual puede reducirse a la afirmación de que a la misma le corresponde conocer de apelaciones y consultas sobre las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en su condición de instancia superior a las mismas, cuando éstas conozcan de la acción de amparo en primera instancia, y de conformidad con los artículos 335 y 266, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala debe declararse competente, pues la apelación tiene por objeto un fallo dictado, en sede constitucional, por la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así se establece.
III
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Alegaron los defensores del accionante en su escrito contentivo de la acción de amparo constitucional lo siguiente:
Indicaron que el 6.6.02, el Fiscal Undécimo del Ministerio Público presentó ante la Oficina Distribuidora de Expedientes Penales, solicitud de detención preventiva, contra los ciudadanos Aníbal Jesús Espejo Nieves, Carlos Rafael Fernández y Amílcar José Carvajal Arroyo, por la presunta comisión de los delitos de resistencia a la autoridad, uso indebido de arma de fuego, intimidación pública y homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, dicha solicitud fue distribuida al Juzgado Quincuagésimo Quinto de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quien el 11 de junio de 2002, expidió orden de aprehensión contra los mencionados ciudadanos.
Adujeron que a su defendido se le realizaron menos pruebas que a los demás co-procesados, las cuales a su juicio no fueron convincentes, debido a que la prueba pudo ser objeto de montaje y, al efecto, acompañó fotografías para ilustrar las posibilidades. Por otra parte, señalaron que las testimoniales no hacen referencia directa contra su representado.
Denunciaron que la citada decisión del Juzgado de Control lesiona los derechos constitucionales a la libertad y seguridad personales, libre tránsito y al debido proceso de su representado, consagrados en los artículos 44, 49 y 50 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que solicitaron se declare inconstitucional dicha decisión, por violación del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, expresaron que ... se ha violentado el debido proceso por no haberse notificado, ni citado a su defendido y que la defensa no tuvo oportunidad para oponerse a la práctica de las pruebas....
Finalmente, solicitaron la admisión y declaratoria con lugar de la acción de amparo constitucional incoada; asimismo, la nulidad de la decisión dictada por el Juzgado Quincuagésimo Quinto de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 11.6.02, así como la nulidad de todos los actos y efectos consecutivos de la misma. Igualmente, requirieron la libertad plena del ciudadano Amílcar José Carvajal Arroyo.
Por su parte, como medida cautelar innominada solicitaron la suspensión de los efectos de la decisión objeto de amparo.
IV
DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
La sentencia objeto de impugnación declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada por los defensores del ciudadano Amílcar José Carvajal Arroyo, contra la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial, el 11 de junio de 2002, que acordó expedir orden de aprehensión contra el mencionado ciudadano, de conformidad con lo establecido en el artículo 250, numerales 1, 2 y 3, y primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no aparece del análisis de las actas y de la intervención de las partes durante la audiencia constitucional acreditada la violación de derechos constitucionales al mencionado ciudadano.
Dicha decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:
... El objeto fundamental de la solicitud se refiere a la improcedencia del mandato de orden y captura que dictó el Tribunal de Instancia (45º de Control), contra Amílcar José Carvajal Arroyo y consiguientemente el aspecto probatorio como fundamento de esa decisión. Así esta Sala observa que estamos en presencia de un expediente, donde el presunto autor de los hechos se encuentra sin presentarse o ausente y mientras permanezca esta situación, debe constatarse judicialmente su identificación, no podemos hablar de manera determinante que ésta persona es conforme a la Ley el indiciado, pues sólo es un sindicado o sospechoso autor de hechos delictivos en esta fase de la investigación (...).
No existe como afirma la defensa, confusión alguna en la decisión tomada por el Juez de Control, ya que se trata de un Juez competente, hecha con base a una solicitud del Ministerio Público lo cual prevé el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y también porque la dictó con fundamento que le hace el Fiscal del Ministerio Público, basado en el convencimiento que la ley le otorga para apreciar el conjunto de circunstancias que integran el cuerpo del delito y la relación de esas circunstancias con una determinada persona (...), el juez no se confundió porque no ha dictado una detención judicial preventiva como se pretendió hacer creer al principio en el escrito de solicitud de amparo, sino que decretó una orden de aprehensión, que en el fondo como lo dice la ley, es una orden de captura para su siguiente presentación ante el órgano judicial, situación que como bien lo expresó el denunciado agraviante en la audiencia respectiva, era para que la persona estuviese presente y pudiera manifestar lo que a bien considera en relación al hecho que se le imputa, es por eso que esta Sala considera, que con relación a este punto no existe violación constitucional alguna, se ha hecho una investigación y la ha llevado al conocimiento del Juez para que dicte una orden de captura....
V
DE LA APELACIÓN
Los abogados Roberto Taricani Lozada y Javier Boscán Camacho, en su condición de defensores del ciudadano Amílcar José Carvajal Arroyo, impugnaron la decisión dictada por la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 10 de julio de 20, bajo los siguientes alegatos y consideraciones:
Indicaron en primer término, que la acción de amparo constitucional fue interpuesta a favor de Amílcar José Carvajal Arroyo, con fundamento en que la Fiscalía Undécima del Ministerio Público, presentó solicitud de detención preventiva e indicó dos elementos probatorios, que a su juicio fueron discriminados con la decisión proferida por el Juzgado Quincuagésimo Quinto de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 11.6.02, pues alegaron que el citado Juzgado tomó elementos distintos a los señalados por el Ministerio Público.
Manifestaron que la acción de amparo no fue propuesta contra el Ministerio Público, sino contra el Juzgado de Control por los motivos expuestos anteriormente.
En segundo término, expresaron que a su defendido se le violó el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto dicho Juzgado obvió notificar al imputado de la investigación iniciada en su contra, por lo que éste no pudo acceder a los medios de defensa.
En tercer lugar, alegaron que tanto la solicitud fiscal como la decisión dictada por el Juzgado Quincuagésimo Quinto de Primera Instancia de Control del citado Circuito, violan la normativa adjetiva para el dictamen de una medida privativa de libertad, en específico el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando no se cumplen con los presupuestos establecidos por ésta disposición legal.
Por último, solicitaron se revoque la sentencia dictada el 10 de julio de 2002, por la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada, y se anule la decisión proferida el 11 de junio de 2002, por el Juzgado Quincuagésimo Quinto de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial Penal, así como también los actos y efectos consecutivos de dicho fallo, y se ordene la libertad plena de su defendido.
VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
La acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales, por lo que el ejercicio de la acción está reservado para restablecer situaciones que provengan de las violaciones de tales derechos y garantías.
En este orden de ideas, conforme a la garantía fundamental de acceso a la justicia prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos tienen derecho a acceder a los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses y a obtener pronta decisión que tutele judicial y efectivamente los mismos, en la forma más expedita posible y sin formalismos o rigurosidades inútiles que menoscaben la real posibilidad de petición.
Dentro de este marco constitucional y para concretar la tutela judicial efectiva, se consagró el derecho fundamental a la defensa y a la asistencia técnica en todas las actuaciones judiciales y administrativas que los órganos del poder público tramiten en sus relaciones con el ciudadano, estableciéndolo como inviolable en todo estado de la investigación y del proceso, a fin de garantizar a toda persona el conocimiento previo de los cargos por los que se le investiga y las pruebas que obran en su contra, así como disponer del tiempo adecuado para preparar los medios con los cuales se defienda y, principalmente, el derecho a recurrir del fallo adverso en procura de una revisión superior, tal como lo dispone el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el caso sometido a la consideración de esta Sala, en virtud de la apelación interpuesta contra la decisión dictada por la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 10 de julio de 2002, los defensores del ciudadano Amílcar José Carvajal Arroyo, imputan al Juez Quincuagésimo Quinto de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial Penal el haber decretado detención preventiva contra el mencionado ciudadano, el 11.6.02, previa solicitud de la Fiscalía Undécima del Ministerio Público, por encontrarse incurso en la presunta comisión de los delitos de resistencia a la autoridad, uso indebido de arma de fuego, intimidación pública y homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, tipificados en los artículos 219, ordinal 2º, 282, 297 único aparte, en relación con el artículo 298 y 408, ordinal 2º, éste último, en concordancia con el artículo 426 del Código Penal. Alegaron que dicha decisión vulnera los derechos constitucionales consagrados en los artículos 44, 49 y 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Observa la Sala que el asunto que subyace tras la acción incoada es la orden de aprehensión decretada por el citado Juzgado de Control, contra el ciudadano Amílcar José Carvajal Arroyo, previa solicitud fiscal. Ahora bien, la legitimación constitucional de la orden de aprehensión, establecida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, estriba en la existencia de indicios racionales de la comisión de un hecho punible cuyo autor o partícipe es la persona objeto de llamamiento por el órgano jurisdiccional, previo requerimiento del Ministerio Público, como director de la fase de investigación del proceso penal; y como objetivo, el normal desarrollo del proceso en la búsqueda de la verdad.
En este orden de ideas, la Sala debe ratificar el criterio establecido en su sentencia nº 114 del 6 de febrero de 2001, (caso: Robert Giuseppe Nieves Gutiérrez y Héctor Alexander Cortés Orozco), en el cual dejó sentado lo siguiente:
... La Sala considera oportuno reiterar que aquellas medidas en el caso que nos ocupa, la privación provisional de libertad de cualquier ciudadano- acordadas por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal en función de Control de la investigación durante el curso de un proceso penal, en observancia de las normas adjetivas que lo contienen, del respeto a las prescripciones legales y de la previa determinación de cada una de las circunstancias que rodean el hecho o hechos sometidos a su consideración, están revestidas de plena legitimidad, por provenir de órganos jurisdiccionales debidamente facultados para ello. En consecuencia, en modo alguno constituyen infracciones de derechos o garantías constitucionales, puesto que ellas van en procura de un proceso sin dilaciones indebidas y de una pronta decisión judicial (una sentencia derivada de un juicio oral y público)....
Al analizar la orden de aprehensión emanada de un Juez de Control, con fundamento en lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala puede afirmar que es una medida estrictamente necesaria, de aplicación subsidiaria, provisional y proporcional a los fines que constitucionalmente la justifican y limitan. Se trata de una medida tendente a asegurar el proceso, ante la posibilidad del actor de sustraerse de la administración de justicia, esto es, que la aprehensión tiene una génesis cautelar preordenada básicamente a garantizar la presencia y sujeción del presunto imputado al ius puniendi del Estado, por lo que, en ningún caso, dicha aprehensión puede considerarse como arbitraria o ilegal sino desarrollada en el marco de la fase investigativa del proceso conforme a las formas y requisitos legalmente establecidos.
No obstante, lo anterior, la orden de aprehensión es una medida que incide sobre uno de los derechos fundamentales del hombre, cual es su libertad, por lo que ha de ser dictada por el Juez de Control sólo cuando de forma inequívoca se dan los presupuestos consagrados en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y subsumirse al fin perseguido en el proceso penal, extremos cuya apreciación es de la incumbencia independiente del juez a quien corresponde dictarla.
Por las consideraciones precedentes, se impone a la Sala confirmar la decisión dictada por la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 10 de julio de 2002. Así se declara.
VII
DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida contra la decisión del 10 de julio de 2002, dictada por la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; CONFIRMA la sentencia dictada por la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; y, en consecuencia, declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional, interpuesta por los ciudadanos Roberto Taricani Lozada y Javier Boscán Camacho, en su condición de defensores del ciudadano ANÍBAL JOSÉ CARVAJAL ARROYO, contra la decisión dictada por el Juzgado Quincuagésimo Quinto de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial, el 11 de junio de 2002, que ordenó la aprehensión contra el referido ciudadano. Queda en los términos expuestos, resuelta la apelación ejercida.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Sala nº 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de abril dos mil tres. Años: 192º de la Independencia y 144º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA JOSÉ M. DELGADO OCANDO Ponente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
JMDO/ns
Exp. nº 02-1900