Venley

Sentencia N.º 831

Sentencia
N.º 831
Fecha
24/04/2002
Sala
Constitucional
Expediente
01-1511
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ.

 

Consta en autos que, el 20 de julio de 2000, la ciudadana HELVECIA SERIO de NARDUCCI, titular de la cédula de identidad nº 302.126, mediante la representación del abogado Guillermo Trujillo Hernández, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 56.554, intentó, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Estabilidad Laboral de la Circunscripción del Estado Aragua, amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 15 de junio de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para cuya fundamentación denunció la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

El 15 de mayo de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central juzgó sobre la pretensión que fue interpuesta y la declaró sin lugar.

El 17 de mayo de 2001 el abogado Guillermo Trujillo, apoderado de la demandante, apeló contra la sentencia del citado Tribunal, por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 9 de julio de 2001 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA CAUSA

El 20 de julio de 2000, la ciudadana HELVECIA SERIO de NARDUCCI, mediante la representación del abogado Guillermo Trujillo Hernández, intentó, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Estabilidad Laboral de la Circunscripción del Estado Aragua, amparo constitucional contra la sentencia que dictó el 15 de junio de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para cuya fundamentación denunció la violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Luego de la distribución de la causa, el conocimiento de ésta correspondió al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, el cual la declaró sin lugar el 15 de mayo de 2001. Contra esa sentencia, la parte actora apeló y las copias certificadas del expediente subieron a esta Alzada.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.        Alegó:

1.1     Que, el 9 de noviembre de 1999, demandó al ciudadano José Mercedes Correa Belisario, por cumplimiento de contrato de arrendamiento que tenía por objeto un galpón industrial de su propiedad.

 

1.2     Que la relación arrendaticia con el precitado ciudadano se originó en “la subrogación que en beneficio de este ciudadano hicieran (su) mandante y la Sociedad de Responsabilidad Limitada ‘HERMANOS DE FELICE S.R.L.’ del contrato de Arrendamiento original suscrito entre ella y la citada sociedad mercantil en fecha 1º de noviembre de 1981, quedando, en consecuencia, el citado señor Correa Belisario, a partir del mes de julio de 1997, como arrendatario subrogado del referido inmueble, en las mismas condiciones previstas en el Contrato de Arrendamiento original...”.

1.3 Que en dicho juicio promovió, como prueba documental, copia certificada del escrito de demanda con pretensión mero declarativa que incoó el ciudadano José Correa Belisario en su contra, de la cual se desprendería que: i) el citado ciudadano se subrogó en la relación arrendaticia como arrendatario, ii) que el nombrado ciudadano era arrendatario por tiempo determinado y iii) el contrato estaba vigente porque esa a tiempo determinado.

1.4 Que, a pesar de la “... palmaria comprobación de los hechos aludidos...”, el tribunal declaró sin lugar la demanda, razón por la cual apeló y el tribunal de alzada declaró sin lugar la apelación y la demanda, pero señaló que no existía la falta de cualidad del demandado, puesto que el mismo sí era arrendatario, pero, por otra parte, indicó que no existía prueba de la subrogación entre Hermanos Felice, S.R.L y el demandado y, por ello, el contrato de arrendamiento no era oponible al demandado.

1.5 Que el Juez Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua actuó fuera de su competencia, por cuanto en el juicio que por cumplimiento de contrato interpuso, quedó probada la relación arrendaticia con el ciudadano José Correa Belisario, en virtud de la subrogación que en su beneficio se hizo, pero “es el caso que dicha prueba, absolutamente fundamental para la resolución del referido juicio, fue totalmente omitida por la Juez agraviante, quien con su conducta negó la posibilidad de que las partes, en este caso (su) mandante, alegara, probara y demostrara sus alegatos, lo cual sin lugar a dudas constituye una extralimitación de su parte de las atribuciones que le han sido conferidas, pues ningún dispositivo constitucional permite a Juez alguno ignorar, omitir o desconocer una prueba fundamental producida dentro del procedimiento legalmente establecido, que nada más y nada menos evidenciaba la existencia de un contrato de arrendamiento escrito entre (su) representada y el ciudadano Correa Belisario, originada en la subrogación de la relación arrendaticia operada entre ellos, que trajo como consecuencia la vigencia en todos sus términos del contrato de arrendamiento original suscrito entre ella y la sociedad de responsabilidad limitada ‘Hermanos De Felice, S.R.L.’”.

2.         Denunció:

2.1     La violación del derecho a la defensa y al debido proceso que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto se ignoraron y desconocieron pruebas, particularmente “... la de confesión judicial hecha por el citado señor Correa Belisario en el libelo de demanda que por acción mero declarativa interpuso contra (su) mandante, la cual fuera promovida en el juicio que por cumplimiento de contrato incoara (su) representada contra él, mediante la cual quedó demostrado fehacientemente que él se subrogó en la relación arrendaticia existente entre (su) mandante y la mencionada sociedad de responsabilidad limitada ‘HERMANOS DE FELICE S.R.L; que era arrendatario por tiempo determinado sobre el referido inmueble y que el indicado contrato de arrendamiento estaba vigente por ser a tiempo determinado”.

Que la violación de los derechos a la defensa y al debido proceso se agravó con la decisión del tribunal que conoció la demanda con pretensión mero declarativa que intentó el ciudadano José Correa Belisario en la que se señaló que: “...el actor (Correa Belisario) es subarrendatario del inmueble ya supra señalado a partir del mes de Julio de 1997, propiedad de la demandada (su representada) y que el mismo se subrrogó (sic) en las mismas condiciones previstas en el contrato de arrendamiento suscrito por la demandada y Hermanos De Felice S.R.L. (sic), en fecha 01 de noviembre de 1981 y en consecuencia no tiene derecho a pago alguno por parte de la arrendadora por las mejoras efectuadas al referido inmueble y así se decide”.

Que existen dos sentencias contradictorias; una la que reconoció al ciudadano José Correa Belisario como subarrendatario y la existencia de la subrogación y, la otra, la que es objeto del amparo que señaló que la subrogación no operó. Que tal situación le impide el ejercicio del derecho de propiedad sobre su inmueble.

3.        Pidió:

“que declare con lugar la presente acción de amparo y proceda a restablecer la situación jurídica infringida a (su) mandante por la decisión de fecha 15 de junio de 2000, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, dictando a su favor MANDAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMPARO MEDIANTE EL CUAL SE DEJE SIN EFECTO LA MENCIONADA DECISIÓN Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO SE REMITA EL EXPEDIENTE A OTRO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE DICTE SENTENCIA VALORANDO LAS PRUEBAS DEBIDAMENTE PROMOVIDAS Y EVACUADAS EN DICHO TRIBUNAL”.

 

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Visto que, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala se declaró competente para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto a las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, el recurso de apelación fue ejercido contra la sentencia que dictó, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, el cual actuó como alzada en materia civil, esta Sala declara su competencia para el conocimiento del recurso en referencia. Así se decide.

IV

DE LA SENTENCIA RECURRIDA EN APELACIÓN

El juez de la sentencia de la que se recurrió decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior en lo Civil, (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, actuando con rango constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR  la Solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por la Ciudadana: HELVECIA SERIO DE NARDUCCI, contra el JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA; todos ampliamente identificados en autos.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza especial del procedimiento”

 

 

A juicio del juez de la sentencia contra la que se recurrió, el amparo de autos está dirigido a la vulneración de la cosa juzgada y busca que se determine si las pruebas fueron o no analizadas, pronunciamiento que no está permitido.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Para la decisión, esta Alzada observa que el fallo que fue impugnado declaró sin lugar el amparo que se incoó con fundamento en que la pretensión de la  demandante era que se desconociera la cosa juzgada de una sentencia definitivamente firme y se revisara el valor probatorio de unas documentales que cursarían en los autos. Sobre el valor de la cosa juzgada, esta Sala ha señalado lo siguiente:

 

“(...) la Sala reitera que, en el derecho venezolano, la inviolabilidad de la cosa juzgada es, en principio, inquebrantable, y es extrema su protección, tal como lo expresa nuestra Constitución en su artículo 49, cardinal 7. Es por ello que, sólo excepcionalmente y por causas específicamente establecidas en la ley o en la propia Constitución, o debido a la existencia de un fraude procesal, se pueden revisar sentencias revestidas con carácter de cosa juzgada. De esta forma, la Sala encuentra que los tribunales deben tener especial atención cuando, en la labor de buscar la verdad y lo ajustado a derecho, consiguen que el hecho denunciado como lesivo resulta ser la ejecución de una sentencia, pues, al frustrar la ejecución de un fallo, se estaría en presencia de otro escenario que pudiera dar lugar a una investigación por desobediencia a la autoridad judicial”. (s.S.C. 11.12.01, exp nº 00-2926).

 

 

De la anterior transcripción, queda clara la inmutabilidad de la cosa juzgada. Ahora bien, existen casos en que, sin llegar al extremo de la configuración de un fraude procesal, se hace necesaria una revisión, desde la óptica de la tutela constitucional, de un fallo pasado por autoridad de cosa juzgada. En efecto, la Sala precisa que el Juez Constitucional, con fundamento en la inmutabilidad de la cosa juzgada, no puede desconocer la transgresión grosera y directa de derechos constitucionales que esté concretada en decisiones definitivamente firmes, pues de esa forma se estaría creando un estado de indefensión y de irregularidades de orden constitucional que no puede ser admitido en un Estado de Derecho, donde el valor superior es el respeto y la garantía de la Constitución.

Visto lo anterior, la Sala encuentra que el caso de autos trató de un juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento de un galpón industrial que se propuso en contra de un ciudadano que, según lo que dijo el demandante, resultó ser el arrendatario en virtud de una subrogación que habría operado entre el arrendatario original –Hermanos De Felice, S.R.L. y el subrogado –José Correa Belisario-, subrogación que implicó que este último tuviera la cualidad de arrendatario, lo cual fue rechazado por él.

En criterio del demandante en amparo, los tribunales de instancia silenciaron de manera absoluta unas pruebas documentales fundamentales, que fueron aportadas al proceso, que demostraban la veracidad de su alegato principal, esto es la existencia de la subrogación que, en definitiva, demostraba la condición de arrendatario del ciudadano José Correa Belisario y, por tanto, el legitimado pasivo en la mencionada demanda por cumplimiento de contrato.

Las pruebas que fueron silenciadas y de las cuales se desprendería que el ciudadano José Correa Belisario es arrendatario de un galpón comercial, ubicado en la parcela nº 8 de la Zona Industrial Piñoral de la ciudad de Maracay, son las siguientes:

Copia certificada del contrato original de arrendamiento, suscrito por la ciudadana Helvecia Serio de Narducci, aquí demandante, con Hermanos De Felice, S.R.L.

Copia certificada de la notificación judicial realizada por el Juzgado Primero de Parroquia de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua en el galpón objeto del contrato de arrendamiento en la que se le comunicó al ciudadano José Correa Belisario, “quien manifestó ser el arrendatario del inmueble”, la voluntad del arrendador de no prorrogar el contrato de arrendamiento.

Copia certificada de la contestación de la demanda de cumplimiento de contrato, en la que se manifestó: “QUINTO: Admito que es cierto que (su) representado lo une una relación arrendaticia con la demandante en virtud de la cual ésta es arrendadora y aquel (sic) es arrendatario de un inmueble ubicado en la ciudad de Maracay en la Zona Industrial Piñonal, Parcela No. 0008. Pero esa relación arrendaticia es con motivo de un contrato verbal a tiempo indeterminado que comenzó a partir del mes de Julio de 1997”.

Copia certificada de la demanda mero declarativa que incoó el ciudadano José Correa Belisario en la que alegó que: “De acuerdo con lo expuesto en el capítulo antecedente, entre el ciudadano ARCANUELO NARDUCCI, identificado, y (su) persona surgió una nueva relación arrendaticia, por causa de la expresa subrogación, en cuanto entr(ó) en el lugar que (...) arrendatario tuvo la ‘Distribuidora Hermanos Di Felice (...) proced(e) a demandar a la ciudadana HELVECIA SERIO DE NARDUCCI (...) para que en su expresado carácter convenga, o en su defecto sea condenada por el Tribunal, a lo siguiente: (...) 2) Que (es) arrendatario por tiempo determinado del nombrado e identificado causante Arcángelo Narducci, sobre el referido y alinderado inmueble...”.

Por su parte, la sentencia de primera instancia declaró la falta de cualidad –como arrendatario- del demandado, situación que modificó la alzada al reconocer la relación arrendaticia entre la parte demandante y demandada, pero señaló que la misma era de naturaleza indeterminada.

 

Es criterio de esta Sala, que en autos existe prueba suficiente para concluir que, en el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento, sí fue probado que el arrendatario, para el momento de la demanda, era el ciudadano José Correa Belisario, en virtud de la subrogación que ocurrió respecto del original arrendatario y, asimismo de las pruebas documentales, se podía deducir que el contrato era a tiempo determinado. La falta de apreciación por parte de los jueces de las pruebas que constan en el expediente produjo el vicio de silencio de pruebas, que contiene el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual está relacionado con el derecho constitucional a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

En ese sentido, la Sala considera que todo ciudadano tiene el derecho a ser juzgado y a que la causa sea resuelta con fundamento en los elementos de hecho y de derecho que cursen en el expediente y no puede el Juez silenciar las pruebas, pues esa falta de juzgamiento incide directamente en el derecho a la defensa y en el derecho a ser juzgado con las garantías del debido proceso.

Ahora bien, la Sala precisa que para que se configure la violación del derecho constitucional a la defensa, no basta con la simple falta de valoración de una prueba, sino que se compruebe que la prueba dejada de apreciar era determinante para la decisión, de tal manera que, de haber sido apreciada, la decisión hubiera sido otra.

En el caso de autos, el demandante denunció la violación del derecho a la defensa por la falta de apreciación de la impugnada de las pruebas que demostraban el carácter de arrendatario del demandado, y la consecuencial, procedencia de la demanda. Dichas pruebas en el presente caso, eran determinantes para la demostración de la cualidad de arrendatario del demandado, razón por la cual su falta de apreciación incidió, de manera directa, en la decisión final, lo cual lesionó el derecho a la defensa del demandante. Por tanto, ante la verificación del silencio de unas pruebas determinantes en el juicio que dio lugar al amparo de autos, la Sala debe declarar con lugar la apelación y revocar el fallo impugnado. Así se declara.

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia que fue objeto de apelación, que dictó el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, el 15 de mayo de 2001, y declara CON LUGAR la demanda de amparo que interpuso la ciudadana HELVECIA SERIO de NARDUCCI, mediante la representación del abogado Guillermo Trujillo Hernández, contra la sentencia que dictó el 15 de junio de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En consecuencia, declara CON LUGAR, el recurso de apelación que se incoó contra la precitada sentencia.

 

 

SE ORDENA:

Remitir el expediente al Tribunal Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la mencionada Circunscripción Judicial para que, luego de la distribución del expediente, se dicte nueva sentencia valorando las pruebas que fueron omitidas.

 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho  de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24 días del mes de abril de dos mil dos.  Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

 

 

     El Vicepresidente,

 

 

 

 

                          JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO 

              Magistrado

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

 Magistrado                

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

 

 

El Secretario,

 

 

JOSE LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

EXP n° 01-1511

PRRH.sn.fs.

 

 

 

 

 

 

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