Sentencia N.º 831
- Sentencia
- N.º 831
- Fecha
- 05/08/2010
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 10-0525
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
|
Consta en autos que, el 31 de mayo de 2010, FOTO ABRAHAM S.R.L., con inscripción ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el 6 de marzo de 1980, bajo el n.° 44, folios vto. del 128 al 134, Tomo I, a través de su directora Gloria Amparo Serna Velarde, titular de la cédula de identidad n.° 9.954.009, y OHANNES SARKIS BERTIZLIAN, titular de la cédula de identidad n.° 13.655.969, mediante la representación del abogado Manuel Erasmo Gómez Rojas, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 36.671, intentaron, ante esta Sala, amparo constitucional contra la sentencia que emitió, como tribunal de alzada, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Protección del Niño, Niña y Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el 27 de octubre de 2009, en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento que interpuso Ibrahin Sarkis Bertizlian Coutogian contra Ohannes Sarkis Bertizlian; para cuya fundamentación denunciaron la violación a su derecho al debido proceso que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 9 de junio de 2010 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. Alegaron:
1.1 Que (el) presente Recurso Extraordinario de Amparo Constitucional se interpone en contra de la sentencia dictada y proferida (sic) por la sentencia (sic) publicada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha veintisiete (27) del mes de octubre del año Dos Mil Nueve (2009), a cargo del Juez Provisorio Abg. José Tomas Barrios Medina, con ocasión del recurso de apelación que fuera interpuesto en contra de la sentencia publicada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, de día veinticuatro (24) del mes de septiembre de Dos Mil Ocho (2008), por la acción de la pretensión de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO interpuesta por el ciudadano IBRAHIN SARÑIS (sic) BERTZILIAN COUTOGIAN ( ) en contra de (su) representado el ciudadano OHANNES SARKIS BERTZILIAN ( ).
1.2 Que (de) las actuaciones del legajo de copias fotostáticas certificadas que se acompañan con el presente escrito de las actuaciones signadas en el expediente distinguido con el N.° 008868, de la nomenclatura interna de las actuaciones que fueron llevadas por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, como Agraviante, del pronunciamiento del acto lesivo de la sentencia dictada el día veintisiete (27) del mes de Octubre del año Dos Mil Nueve (2009), el juzgado superior de alzada incurrió en la violación del debido proceso o proceso justo, y de cuyo legajo de las copias fotostáticas debidamente certificadas que se acompañan corre inserta en dicha certificación la copia fotostática certificada del fallo cuestionada (sic), como requisito indispensable de admisión del AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA SENTENCIA, es por lo que con el presente escrito se presenta dicha copia fotostática certificada ( ), y cuya sentencia cuestionada lesiona y viola el ARTÍCULO 49 del Texto Fundamental de la República Bolivariana de Venezuela.
1.3 Que el Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Protección del Niño, Niña y Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas actuó fuera de su competencia por cuanto (se) evidencia del instrumento público fehaciente distinguido con la letra C en donde se evidencia que el ciudadano IBRAHIM (sic) SARKIS BERTZILIAN, quien funge en la pretensión como parte demandante actora reconvenida, por medio de la cual da en venta, pura y simple, perfecta e irrevocable a (su) representado el ciudadano OHANNES SARKIS BERTZILIAN, DOSCIENTAS (200) cuotas de participación de la Sociedad Mercantil FOTO ABRAHAM S.R.L., y a su vez (su) representado le vendió a (su) representada FOTO ABRAHAM S.R.L., representada en la persona de la ciudadana GLORIA AMPARO SERNA VELARDE, las mismas cuotas de participación de la FOTO ABRAHAM S.R.L, y el Juzgador de Alzada, en su sentencia aquí recurrida en vía de Amparo Constitucional, llega a afirmar que en nada afecta tal situación a la relación arrendaticia, por cuanto la venta no recae sobre el inmueble arrendado en el citado contrato, sino que la misma fue efectuada sobre las cuotas de partición de la referida sociedad que funciona en dicho Local, lo cual no es controvertido.
1.4 Que pese a que el supuesto agraviante le otorgó pleno valor probatorio al contrato de arrendamiento en el que las partes habían establecido que EL ARRENDADOR ce(día) en arrendamiento a EL ARRENDATARIO un local comercial de su propiedad denominado FOTO ABRAHAM, S.R.L., ( ) con lo cual queda(ba) plenamente demostrado que (su) representado el ciudadano OHANNES SARKIS BERTIZLIAN, al haber sido transferido el fondo de comercio en donde (su) representado a partir de ese momento dejó de ser ARRENDATARIO, y como así mismo lo reconoce el juzgador superior de alzada, al expresar lo siguiente en su sentencia: sino que la misma fue efectuada sobre cuotas de participación de la referida Sociedad que funciona en dicho local, lo cual no es controvertido, incurrió en una falsa valoración y apreciación de las pruebas, lo que ocasionó una violación al debido proceso.
1.5 Que (en) relación a la desestimación que hace el Juzgador Superior de Alzada en relación al instrumento público fehaciente del Documento Constitutivo de la Sociedad Mercantil FOTO ABRAHAM, S.R.L., dicho elemento probatorio fue promovido en primera instancia con la finalidad de demostrar el tracto sucesivo de la dirección de la administración del fondo de comercio denominado FOTO ABRAHAM, S.R.L. Y QUE EL PROPIO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PRIVADO EL JUZGADOR DE Alzada le otorga pleno valor probatorio, en donde se expresa que EL ARRENDADOR, cede en arrendamiento a EL ARRENDATARIO, un local comercial de su propiedad denominado FOTO ABRAHAM, S.R.L. ( ) por lo que resulta totalmente contrario a derecho que el juzgador no le haya otorgado ningún valor probatorio al instrumento público fehaciente en donde el juzgador llegue a cometer un grave error inexcusable (sic) de afirmar literalmente lo siguiente: donde consta que el hoy demandante reconvenido vende Doscientas (200) cuotas de participación a la ciudadana Gloria Amparo Serna Velarde, en primer lugar (su) representado el Ciudadano: OHANNES SARKIS BERTIZLIAN, no tiene ni ostenta la cualidad como lo afirma erradamente el juzgador de alzada al llegar afirmar (sic) literalmente lo siguiente: que el hoy demandante reconvenido, La posición procesal que ocupa (su) representado es de: DEMANDADO RECONVINIENTE, y resulta igualmente ser falso e incierto que el demandante le haya vendido a (su) representada doscientas cuotas de participación de la Sociedad Mercantil FOTO ABRAHAM S.R.L., quien realmente le vendió a la ciudadana GLORIA AMPARO SERNA VELARDE no resulta ser el Ciudadano IBRAHIM (sic) SARKIS BERTILIAN, y quien realmente le vende a la ciudadana GLORIA AMPARO SERNA VELARDE, es su representado el ciudadano OHANNES SARKIS BERTIZLIAN y en consecuencia está plenamente probado y demostrado en actas que la relación arrendaticia que existe es con el ciudadano IBRAHIM (sic) SARKIS BERTIZLIAN, en su condición de propietario del Local Comercial (inmueble), ya que por efecto del tracto de las ventas dejó de ser propietario del fondo de comercio FOTO ABRAHAM, S.R.L. ( ).
1.6 Que, (en) relación a la desestimación que se hace del instrumento distinguido con la Letra A, de fecha 26 del mes de abril del año 2006, en donde manifiesta el juzgador de Alzada que dicha prueba no representa elemento de convicción alguna y la misma fue desestimada con lo cual se evidencia que el juzgador de alzada viene vulnerando y violentando los artículos 509 y 510 ambos del Código de Procedimiento Civil, en razón de que los análisis de todos los elementos probatorios deben ser realizados en forma conjunta y debiendo apreciar los indicios y presunciones, se evidencia del instrumento público y el cual fue igualmente desestimado por el juzgador de alzada distinguido con la letra D que debió ser analizado en forma conjunta para verificar el indicio y la presunción del porque razón la abogada LUISA DIAZ solicitó la citación de la ciudadana GLORIA SERNA, y consta en autos por documentos públicos que figura mencionado el nombre de dicha ciudadana ( ).
1.7 Que el juzgador de alzada tampoco estimó el valor probatorio del acta de matrimonio y la sentencia de divorcio de los ciudadanos Ohannes Sarkis Bertzilian y Gloria Amparo Serna Velarde, por considerar el juzgador de alzada que resultan ser impertinentes, por no guardar ninguna relación con el caso bajo estudio ( ) en ambos casos el juzgador de alzada no llegó a explicar de manera motivada y razonada su criterio respecto de cada una de dichas pruebas, con ello se violentó el debido proceso o proceso justo, garantía de rango constitucional.
1.8 Que (en) ninguna forma fueron valoradas cada una de las pruebas aportadas por ambas partes ( ).
1.9 Que, en ese juicio, el demandante promovió la prueba de posiciones juradas y a la pregunta segunda, cuyo testo (sic) es el siguiente: Diga el absolvente como es cierto que usted en su condición de Director de Foto Abraham, S.R.l., le traspasó y cedió en plena propiedad las Cuotas de Participación al Ciudadano: Bertzilian Ohannes Sakis. Contestó: No. Se evidencia del instrumento público fehaciente distinguido con la letra B que el absolvente le cedió en venta, pura y simple, perfecta e irrevocable las cuotas de participación a su representado, lo que viene a demostrar el perjurio en que incurrió el demandante reconvenido ( ).
1.10 Que el absolvente respondió que era cierto que, en su condición de propietario del inmueble, le extendía a la ciudadana Gloria Amparo Serna Velarde recibos privados por el pago de los cánones de arrendamiento este medio de prueba, solicitada su evacuación por la propia parte demandante actora reconvenida y acordada su evacuación por el propio juzgado superior de alzada, la misma fue plenamente silenciada su falta de apreciación y valoración (sic).
1.11 Que, de la misma manera, tampoco fue analizada la prueba de inspección judicial que fue evacuada por el Juzgado Tercero de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el 6 de noviembre de 2006.
1.12 Que con estas pruebas se dejó constancia de que en el Local Comercial propiedad del demandante actor reconvenido (sic), funciona el Fondo de Comercio que fue vendido en primer término a (su) representado el ciudadano OHANNES SARKIS BERTIZLIAN y quien posteriormente lo traspasa y cede en plena propiedad a la ciudadana GLORIA AMPARO SERNA VELARDE, en su condición de Directora del FONDO DE COMERCIO FOTO ABRAHAM, S.R.L., quien viene ocupando el Local Comercial en su condición de ARRENDATARIA, ninguno de estos elementos probatorios evacuados llegaron a ser analizados ( ) en plena contravención a lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, lo que viene a constituir una violación del DEBIDO PROCESO O PROCESO JUSTO, faltando el juzgador de Alzada al deber de la búsqueda de la verdad como Norte del Proceso conforme a lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
1.13 Que (su) representado si demostró que no es el ARRENDATARIO del Local Comercial, su falta de cualidad pasiva para soportar y sostener el juicio y que la persona que funge como LA ARRENDATARIA del Local Comercial en donde funciona el Fondo de Comercio FOTO ABRAHAM S.R.L. y cuya ARRENDATARIA está representada por su Directora la ciudadana GLORIA AMPARO SERNA VELARDE, de manera que si cumplió con su carga del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil de demostrar su falta de cualidad pasiva para sostener el presente juicio y cuya sentencia proferida por el juzgador de alzada debió ser confirmada por el Tribunal Superior de Alzada (sic).
2. Denunció:
La violación a su derecho al debido proceso que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto:
Esa forma de actuar del Tribunal Superior de Alzada (sic), lo que hizo fue un uso indebido de sus funciones o de sus facultades por estarle prohibido y que dicha actuación (por omisión al silenciar un medio de prueba), como así lo establece la norma constitucional al disponer en su artículo 49 de el (sic) Texto Fundamental de la República Bolivariana de Venezuela, en sus numerales 5 y 8 todos del citado artículo ( )
3 Pidió:
3.1 Como tutela cautelar:
Se sirva acordar decretar MEDIDA DE PROTECCIÓN DE AMPARO CAUTELAR EN ACORDAR, librar y expedir Oficio comunicándole al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, de que debe de abstenerse de expedir mandamiento de ejecución forzosa de la medida de secuestro con el consiguiente desalojo y desocupación del interior del Local Comercial en donde funciona el Fondo de Comercio FOTO ABRAHAM, S.R.L., y cuyas actuaciones fueron signadas en el expediente distinguido con el No. 11.834 de la nomenclatura interna del Juzgado Segundo de Primera Instancia y cuyo tribunal fue el que admitió, instruyó y sustanció la pretensión de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO propuesta en contra de (su) representado OHANNES SARKIS BERTIZLIAN, quien no tiene cualidad pasiva para sostener y soportar el mencionado juicio así lo declaró el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, hasta que esta respetable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie y emita una sentencia definitiva.
3.2 Como tutela de fondo:
la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, dictada en fecha veintisiete (27) del mes de Octubre del año Dos Mil Nueve (2009), a los fines de que se reponga la causa al estado de el (sic) mismo Tribunal Superior emita una nueva decisión, pero esta vez respetando los derechos y garantías constitucionales de su representado agraviado, y cuya declaratoria de nulidad por vía del amparo constitucional le permite a la parte agraviada que sus derechos constitucionales que fueron vulnerados le sean respetados ( ).
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el artículo 25, cardinal 20, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a esta Sala la competencia para el conocimiento de las demandas de amparo constitucional contra las sentencias y demás actuaciones judiciales que dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que emitan los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el asunto de autos, la pretensión de tutela constitucional se intentó contra una actuación judicial que expidió el Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Protección del Niño, Niña y Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el 27 de octubre de 2009, esta Sala se pronuncia competente para la decisión de la demanda en referencia. Así se decide.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE LA DEMANDA
El Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Protección del Niño, Niña y Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas pronunció su fallo, el 27 de octubre de 2009, mediante el cual declaró con lugar la demanda de resolución de contrato de arrendamiento que incoó Ibrahim Sarkis Bertizlian Coutogian contra Ohannes Sarkis Bertizlian, en los siguientes términos:
(...), la cuestión de fondo propuesta por el demandado en relación a la falta de cualidad de su persona para sostener el presente juicio, debido a que entre otras cosas el aludido contrato de arrendamiento establecía que el mismo tenía una duración de dos años y por cuanto el (sic) no era el que se encontraba ocupando el inmueble sino la ciudadana Gloria Amparo Serna Velarde en virtud de ser esta (sic) el director del Fondo de Comercio Foto Abraham S.R.L, al respecto es de señalar:
( ) por cuanto la presente acción está dirigida a la Resolución de un Contrato de Arrendamiento de un inmueble en el cual aparecen como partes: el ciudadano IBRAHIN SARKIS BERTIZLIAN COUTOGIAN como el Arrendador y el ciudadano OHANNES SARKIS BERTIZLIAN como Arrendatario y por cuanto este ultimo (sic) afirma haber suscrito el mencionado documento no quedando duda alguna de la relación arrendaticia existente entre las referidas partes, sin menoscabo de que se pudiese demostrar en el desarrollo del procedimiento la extinción de la obligación o algún otro elemento de convicción determinante para las resultas del presente litigio, aunado al hecho que el alegato de la parte accionada de señalar que no tiene cualidad para sostener el presente juicio, por cuanto el demandante le vendió las Doscientas cuotas de participación de la sociedad Mercantil Foto Abraham y este a su vez le vendió dichas acciones a la ciudadana Gloria Amparo Serna Velarde pasando ésta a ser la directora del Fondo de Comercio Foto Abraham S.R.L y a ocupar el inmueble objeto de la litis. En tal sentido, es de aclarar que en nada afecta tal situación, a la relación arrendaticia por cuanto la venta no recae sobre el inmueble arrendado en el citado contrato, sino que la misma fue efectuada sobre las cuotas de participación de la referida Sociedad que funciona en dicho local, lo cual no es el hecho controvertido, mal podría entonces este Juzgador concluir habiéndose evidenciado la relación arrendaticia de las referidas partes que el accionado no tiene cualidad para sostener el presente juicio, por tales motivos resulta forzoso para este operador de justicia desestimar la defensa de fondo sobre la falta de Cualidad propuesta por el demandado, en consecuencia la misma no ha de prosperar. Y así se decide.
Resuelto como han (sic) sido el punto previo que antecede, pasa este Sentenciador a pronunciarse sobre la procedencia o no de la acción propuesta, así como de la reconvención efectuada por el demandado y al respecto observa:
En cuanto a las pruebas promovidas por la parte demandada este Tribunal pasa a valorar las de la forma siguiente:
De la Copia Certificada del Expediente llevado por el Juzgado Tercero de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas donde se puede evidenciar que el Juzgado que conoció de la acción la declaro (sic) inadmisible por inepta acumulación de pretensiones por pretender la resolución de contrato y el cobro de cánones insolutos. Con dicha prueba pretende demostrar que existe un supuesto fraude procesal, que el inmueble viene siendo ocupado por otra persona distinta a la demandada. Por ser la referida prueba una decisión emanada de un funcionario público competente el cual merece fe a este Tribunal, aunado al hecho que ésta no fue impugnada por la parte contraria, en razón a ello se le otorga valor probatorio, solo en el sentido que de la misma se evidencia que el supuesto fraude procesal alegado por el accionado en su escrito de Reconvención, fue resuelto mediante sentencia de fecha 24 de Enero de 2007 quedando desechado por infundado, en este sentido señala el articulo (sic) 272 del Código de procedimiento Civil lo siguiente: Ningún Juez podrá volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia a menos que haya recurso contra ella o que la Ley expresamente lo permita, de igual forma el articulo (sic) 273 ejusdem establece: La sentencia definitivamente firme es ley de las partes en los limites (sic) de la controversia decidida y es vinculante en todo proceso futuro. De lo expuesto se deduce claramente que no puede decidirse sobre una controversia ya resuelta mediante sentencia definitivamente firme por lo que mal podría este sentenciador emitir un nuevo pronunciamiento sobre el referido punto, quedando tal alegato (Fraude Procesal) desechado del presente juicio. Y así se decide.-
Del documento constitutivo de la Sociedad Mercantil Foto Abraham S.R.L donde se evidencia que el ciudadano Ibrahim sarkis bertizlian (sic) en dicha Sociedad fungía como director gerente y en esta causa tiene el carácter de demandante reconvenido. Promoción que se hace en conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Este Tribunal desestima la referida prueba por cuanto la misma a criterio de este Juzgador no represente (sic) elemento de convicción alguna que acredite la extinción de la relación arrendaticia, tomando en cuenta que nada tiene que ver la Sociedad Mercantil Foto Abraham S.R.L con el inmueble arrendado, distinto que la misma funciona en el citado local lo cual no es materia de controversia en el presente juicio. Y así se decide.-
En cuanto al Acta de Asamblea donde consta que el hoy demandante reconvenido vende Doscientas (200) cuotas de participación a la ciudadana Gloria Amparo Serna Velarde, quien ocupa el cargo de director en la Sociedad Mercantil Foto Abraham S.R.L, de donde se puede a su vez evidenciar que el demandado dejo (sic) de ocupar el inmueble en el año 1992. Este operador de justicia estima que por cuanto tal y como lo ha establecido precedentemente la venta de dichas acciones en nada demuestra la extinción de la obligación por cuanto la misma solo recae sobre la sociedad mercantil Foto Abraham S.R.L mas no sobre el inmueble arrendado en el contrato del cual se pretende su resolución, por tal motivo la misma es desestimada del proceso. Y así se decide.-
En relación a la Prueba de informe, no se le otorga valor probatorio alguno en virtud que no consta en acta que la misma haya sido practicada. Y así se decide.-
En lo atinente al Escrito jurídico emitido por el Escritorio Jurídico de la Dra. Luisa Díaz dirigida a la señora Gloria Serna de fecha 26 de abril de 2006, se evidencia de dicha prueba que la misma no representa elemento de convicción alguna, por cuanto solo se trata de un escrito el cual no especifica los fines para que está siendo citada la ciudadana Gloria serna (sic), solo indica la fecha y que es emitido por la Dra. Luisa Díaz para tratar asuntos de su interés relacionados con su persona, mal podría concluir este operador de justicia que tales asuntos, son referencias de algún hecho atinente con el presente juicio, en consecuencia es desestimada dicha prueba. Y así se decide.-
Respecto de la Certificación del Acta de Matrimonio Civil celebrado entre el demandado OHANNES SARKIS BERTIZLIAN y la ciudadana GLORIA AMPARO SERNA VELARDE por ante el Juzgado sexto de Parroquia del Departamento Libertador de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 28 de Mayo de 1980 y la Sentencia de Divorcio de fecha 19 de Diciembre del año 1997 dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta misma Circunscripción Judicial. Tales pruebas son desechadas por ser estas impertinentes, dado el caso que no guardan relación con el caso bajo estudio por tanto no aportan ningún elemento de convicción para el caso bajo estudio. Y así se decide.-
Analizadas todas las pruebas de la parte demandada pasa este Juzgador a valorar las pruebas aportadas por la parte accionante en la forma que continuación se expresa:
Con relación a la Copia de la Sentencia de fecha 24 de Enero de 2007, emanada del Juzgado Tercero de Los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, para que el planteamiento por reconvención por fraude o colusión procesal tenga carácter de cosa Juzgada. Observa quien aquí decide que la referida prueba no fue impugnada ni desvirtuada en el proceso, siendo la misma emitida por un funcionario público que le merece fe a este Juzgado, aunado al hecho que la misma evidencia que el fraude Procesal aludido por el accionado fue decidido anteriormente en la referida Sentencia quedando así desvirtuado el indicado alegato, y en este sentido se le otorga pleno valor probatoria a la prueba en cuestión. Y así se decide.-
En lo que respecta al Contrato de Arrendamiento escrito, suscrito entre el arrendador ciudadano IBRAHIN SARKIS BERTIZLIAN y el arrendatario ciudadano OHANNES SARKIS BERTIZLIAN, el cual cabe destacar fue acompañado con el libelo de demanda en copia simple marcado con letra B (Folio Nº 7), siendo éste impugnado de conformidad con el articulo (sic) 429 del Código de Procedimiento Civil por la parte demandada en su escrito de contestación (Folios Nros 43 al 45) y posteriormente el referido contrato se consigna en Original en el lapso probatorio, donde se prueba la legalidad, originalidad y veracidad de la parte actora en este juicioso (sic), no siendo la prueba en comento (sic) desconocida en su contenido y firma así como tampoco fue tachada ni mucho menos desvirtuada en el proceso por la parte contra quien se opone, por el contrario, de acuerdo a la nombrada contestación de la demanda fue aceptado por el accionado cuando expresa de manera textual: Lo cierto ciudadano Juez, que el sedicente contrato de arrendamiento que fuera acompañado con el libelo de demanda distinguido con letra B, y dicho contrato si estuvo vigente desde el día (1) del mes de Noviembre del año de 1990, con una vigencia en su duración de dos (2) años, pero dicha relación arrendaticia dejó y culminó entre mi persona y la persona del demandante actor... (Folio Nº 43), motivo por el cual quien aquí decide le otorga pleno valor probatorio al mismo. Y así se decide.-
Una vez valoradas tal y como han sido cada una de las pruebas aportadas por ambas partes pasa este Juzgador a pronunciarse sobre la procedencia o no de la acción propuesta en este sentido observa:
Estima pertinente este Sentenciador invocar el contenido del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil:
Artículo 506: Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba.
Ahora bien se evidencia que la parte demandante logro (sic) demostrar la existencia de la relación arrendaticia existente entre el (sic) y el demandado lo cual se evidencia del contrato de arrendamiento que se pretende resolver, así como desvirtuar cada uno de los alegatos realizados por éste en la reconvención, al contrario del accionado el cual no aportó ningún elemento de convicción para desechar las pretensiones del actor en virtud que solo se limito (sic) a señalar que la relación arrendaticia se había extinguido por cuanto el lapso de duración establecido en el referido contrato es de dos años es decir de 1990 a 1992 y que desde entonces el no ocupaba el señalado inmueble sino la ciudadana Gloria Serna Velarde y que esta tenia (sic) un contrato verbal con el demandante. Al respecto es de acotar que si bien es cierto que tal instrumento fue suscrito por un tiempo determinado de dos años de duración no es menos cierto que el mismo establece en su cláusula Tercera lo siguiente: La duración de este contrato será de dos años, contados a partir del 01-06-1990, prorrogables automáticamente por periodos iguales, siempre que alguna de las partes no notificaren (sic) su voluntad de no prorrogar este contrato en forma escrita, con lo cual y en atención a lo tipificado en el Articulo (sic)1.159: el cual reza Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley. Siendo que no se demostró de forma alguna la voluntad de las partes de no prorrogar el contrato en cuestión y tampoco la existencia del supuesto contrato verbal entre el accionante y la ciudadana Gloria Serna Velarde y mucho menos los pagos realizados por ésta a nombre del ciudadano IBRAHIN SARKIS BERTIZLIAN COUTOGIAN, es por lo que este operador de Justicia estima en apego con los artículos precitados que la presente demanda ha de prosperar, motivo por el cual se declara Con Lugar la apelación en estudio, e igualmente se declara Con Lugar la acción propuesta, Sin Lugar la Reconvención y en consecuencia se Revoca en todas sus partes la decisión recurrida. Y así se decide.-
IV
ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN
Luego del examen de los términos de la pretensión de amparo constitucional que fue interpuesta y después de la verificación del cumplimiento con los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala encuentra que dicha pretensión satisface los mismos. Así se declara.
En cuanto a la admisibilidad de la demanda de protección sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad que preestableció el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consta en autos que la sentencia objeto de la demanda de amparo fue dictada el 27 de octubre de 2009; que el abogado Manuel Erasmo Gómez Rojas, apoderado del ciudadano Ohannes Sarkis Bertizlian, fue notificado de la misma el 10 de noviembre de 2009; y que la demanda de amparo fue interpuesta el 31 de mayo de 2010, es decir, más de seis meses después de cuando dicho ciudadano hubo tenido conocimiento de la sentencia en cuestión.
En las circunstancias que fueron expuestas, y conforme al artículo 6, numeral 4, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe entenderse que fueron consentidos los hechos en los cuales se fundamentó la pretensión de amparo constitucional de autos, en lo que respecta al ciudadano Ohannes Sarkis Bertizlian y, en consecuencia, se declara inadmisible la demandada que incoó. Ahora bien, no aparece de los autos que a Foto Abraham S.R.L. se le hubiera notificado de la existencia del juicio en el cual se dictó el acto que se señala como lesivo, por ello, no puede considerarse que transcurrió lapso de caducidad en su contra, razón por la cual, la Sala concluye que no se halla incursa, prima facie, en causal de inadmisibilidad alguna y admite, en lo que a esa sociedad concierne, la demanda de tutela constitucional de autos. Así se declara.
V
MEDIDA CAUTELAR
Observa la Sala que, en el escrito continente de la pretensión de tutela constitucional, la parte demandante solicitó medida cautelar innominada de abstención de expedición de mandamiento de ejecución forzosa de la medida de secuestro y consiguiente desalojo y desocupación del local comercial en donde funciona el Fondo de Comercio FOTO ABRAHAM S.R.L., que resultaría de la ejecución del acto decisorio objeto del presente amparo constitucional, el cual se dictó en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento contra el ciudadano Ohannes Sarkis Bertzilian, quien no tiene cualidad pasiva para sostener y soportar el mencionado juicio ( ).
Respecto del poder cautelar del Juez en el procedimiento de amparo constitucional, la Sala ha considerado lo siguiente:
Lo importante de la medida que se solicita con el amparo, es la protección constitucional que se pretenda y, al igual que en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la protección constitucional se concreta suspendiendo efectos lesivos o amenazantes, y es éste el tipo básico de medidas que puede pedir el accionante, y cuyo decreto queda a criterio del juez de amparo si lo estima o considera procedente para la protección constitucional sobre la cual gravita la inmediatez del daño. Es más, no permitiendo la estructura del proceso de amparo una específica oposición a la medida que se pide con la solicitud de amparo, el juez debe analizar muy bien los efectos que puede causar la medida que decrete, teniendo en cuenta la actuación de los afectados y el carácter reversible de lo que decrete, en el sentido de que si el accionante no tuviese razón, la medida no perjudica al accionado. Esto sin perjuicio de la responsabilidad al derecho proveniente del error judicial. (s.S.C. n.° 156 de 24 de marzo de 2000).
Estima la Sala que las medidas provisionales de carácter preventivo o cautelar, cualesquiera que sean su naturaleza o efectos, proceden sólo en los casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario evitar daños irreparables. Ante la solicitud de tales medidas, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil exige al juez que compruebe la existencia de dos extremos fundamentales y concurrentes: a) que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora); y, b) que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de derecho que se reclama (fumus boni iuris). Estos requisitos deben cumplirse, no sólo cuando se trata de las medidas típicas de embargo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar, sino de las autorizadas por el Parágrafo Primero del artículo 588 eiusdem, que son conocidas por la doctrina como medidas innominadas, cuando hubiere fundado temor de que una parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.
En lo que respecta a la solicitud de la medida cautelar de suspensión de efectos de la actuación jurisdiccional objeto del presente amparo, que formuló, ante esta Sala, el apoderado judicial de la parte actora bajo el fundamento de la inminencia de la ejecución forzosa de la medida de secuestro con el consiguiente desalojo y desocupación del interior del Local Comercial en donde funciona el Fondo de Comercio FOTO ABRAHAM S.R.L. ( ).
En el asunto bajo examen, la Sala encuentra satisfecho el requisito del peligro en la mora, conforme a la apreciación preliminar y sumaria de las actas que corresponde en esta etapa del proceso, pues para el momento de la expedición definitiva del acto decisorio en esta pretensión de amparo constitucional, los efectos del fallo que se denunció como lesivo podrían haberse consumado, con lo cual carecería de utilidad la decisión del amparo de autos en el caso hipotético de que fuera procedente.
No escapa a la consideración de la Sala que, no obstante la brevedad del proceso de tutela constitucional, no se evita que se produzca el periculum in mora, es decir, el transcurso de tiempo de este trámite durante el cual podría configurarse así la irreparabilidad del daño.
Por otra parte, después del análisis de las actas que conforman el expediente, las cuales dan fe de la verosimilitud de los argumentos y de la delación del accionante, la Sala observa que se desprende de las mismas la presunción de buen derecho, toda vez que, supuestamente, el acto de juzgamiento que se impugnó no tomó en consideración el valor probatorio de todos los medios de prueba que se promovieron y evacuaron en el juicio en el cual se dictó la actuación judicial que se denunció como lesiva a derechos constitucionales.
En consecuencia, la Sala encuentra que existen elementos suficientes para el otorgamiento de la medida que fue peticionada, razón por la cual se decreta la suspensión de los efectos de la sentencia que expidió el Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Protección del Niño, Niña y Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el 27 de octubre de 2009 y, en tal sentido, se acuerda la medida cautelar innominada de suspensión de sus efectos, hasta cuando esta causa sea resuelta. Así se decide.
Vi
DECISIÓN
Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley:
ADMITE la pretensión de amparo que incoó FOTO ABRAHAM S.R.L., a través de su directora Gloria Amparo Serna Velarde, y declara INADMISIBLE la demanda de amparo, en lo que concierne al ciudadano OHANNES SARKIS BERTIZLIAN contra la sentencia que emitió el Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Protección del Niño, Niña y Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el 27 de octubre de 2009, en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento que incoó el ciudadano Ibrahin Sarkis Bertizlian Coutogian contra Ohannes Sarkis Bertizlian.
ORDENA:
1. La notificación de esta decisión al Juzgado Superior Civil, Mercantil y de Protección del Niño, Niña y Adolescente y Bancario, de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas; notificación que deberá acompañarse con copia de este acto judicial y del escrito de la demanda de amparo, con la información de que podrá hacerse presente en la audiencia pública, cuyo día y hora serán fijados por la Secretaría de la Sala, para que exponga lo que estime pertinente acerca de la pretensión de tutela constitucional a que se contraen las presentes actuaciones. Se le advertirá al notificado que su ausencia no será entendida como aceptación de los hechos que se le imputaron.
2. La notificación al Ministerio Público de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
3. Que el Juzgado Superior Civil, Mercantil y de Protección del Niño, Niña y Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas notifique esta decisión a el ciudadano Ibrahin Sarkis Bertizlian Coutogian, parte demandante en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento que dio origen a la actuación jurisdiccional objeto del presente amparo. Después que cumpla con esta actuación, el referido Juzgado inmediatamente informará sus resultas a esta Sala Constitucional.
4. Se fije la audiencia pública correspondiente dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la práctica de la última de las notificaciones que se están ordenando.
DECRETA medida cautelar innominada de suspensión de la ejecución del acto decisorio que expidió el Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Protección del Niño, Niña y Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el 27 de octubre de 2009, hasta que se emita la decisión definitiva cuyo pronunciamiento se ordena en este dispositivo.
Publíquese y regístrese. Ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de agosto de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 10-0525
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias