Sentencia N.º 840
Sentencia N.º 840
- Sentencia
- N.º 840
- Fecha
- 16/12/2003
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 03-782
- Ponente
- Juan Rafael Perdomo
- Procedimiento
- Recurso de control de la legalidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Caracas, 16 de diciembre de 2003. Años: 193º y 144º.-
En el procedimiento de estabilidad que siguen los ciudadanos BLANCA ESTELA ESPINOZA RIVERO, CARMEN PALACIO SOASOA, KEIDA BEATRIZ BARAOKA, CECILIA MARTÍNEZ DE SUÁREZ, LISBEIDA PRIETO, ÁNGELA MARÍA VALLADARES, DILCIA MERCEDES ALEJOS, DIANCA ROMERO, ESTELITA RAMONA GUEVARA MEDINA, YOVANA JOSEFINA MEDINA, MODESTA MARTÍNEZ BRITO, GISELA PERAZA, MYRLA COROMOTO LANDAETA, ADRIANA VARGAS YÉPEZ, ROSA FELICIA COLMENÁREZ, IRIS GUDIÑO CUICAS, JACQUELINE ESPINOZA, ARELIS HERNÁNDEZ MENDOZA, MARITZA VÁSQUEZ, CARMEN RAFAELA PÉREZ, CARMEN JOSEFINA MILLÁN MARÍN, ADELAIDA LEO VÁSQUEZ, BELKIS MARINA CASTILLO, REINA MEDINA, NANCY COROMOTO PEREIRA, YANAYNDARIS ARIAZA, MARÍA ESPERANZA COLMENÁREZ DE COLMENÁREZ, DILCIA DURÁN, OBDULIA JOSEFINA MOSQUERA, LUZ YODALIA CASTILLO, DASMEYE RAMÍREZ, ALICIA DEL CARMEN GONZÁLEZ, JOSÉ GREGORIO PERALTA, OSCAR BUITRIAGO ROMÁN ALVARADO, DARWUIN JOSÉ CHIRINOS VALERA, GLADYS MONTILLA ESCALONA, RIXI ESTRELLA CARUCI, MIRIAN GONZÁLEZ, OSWALDO RIVERO MONTERO, ARELIO ARRIECHI PEÑA, ANTONIO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, LEONEL EDUARDO ÁLVAREZ, CARLOS CAURO RODRÍGUEZ, MARYBEL DÍAZ GONZÁLEZ, JUANA VEGAS BALLADARES, MARIO COROMOTO SUÁREZ, MARBELÍA PARADAS BARRETO, ZULEIMA DEL CARMEN MEDINA, YOLEIDA ANTONIA VALECILLOS, CRISTÓBAL AGUILAR MARTÍNEZ, LEIDA MÁRQUEZ, XIOMARA PEÑA, DAGNE TOVAR, GLADYS LUCÍA PÉREZ, AURA COLMENÁREZ DE ALVARADO, MARÍA HERNÁNDEZ, FANNY CASTILLO, EBERTS GUTIÉRREZ, GUSTAVO MENA, EGDIS MUJICA, MARÍA GARCÍA, YOLIMAR MARTÍNEZ, MARÍA BETANCOURT, LEONIDAS MONTERO, LIBIA GIMÉNEZ, MARÍA LUISA SUÁREZ, IRIS RODRÍGUEZ, SALVADOR SALAZAR, VIRGINIA MONTERO, CARLOS RÍOS, ELIA ORELLANA, NIVIA OCHOA, MARIBEL GONZÁLEZ, JOSÉ MÉNDEZ, ELISA PÉREZ, JOSÉ GUANIPA, ANA LOVERA, JOSÉ YOVERA, YUDITH ORTEGA, CILENYS CÁRDENAS, MARÍA ÁREAS, JOSÉ RAMÍREZ, MARÍA RÍOS, ARACELIS FIGUEROA, CECILIO GUTIÉRREZ, NILCIA ESCALONA, ZORAIDA GONZÁLEZ, BERTA CUENCA, PETRA GUEVARA, LIDA MONTERO, CARMEN TOVAR, GLADYS GARCÉS, MARÍA GONZÁLEZ, ALICIA ÁREAS, MARÍA RODRÍGUEZ, PABLO NÚÑEZ, ISAURO RAMÍREZ, SOMMER MORENO, ALEXANDER GUÉDEZ, PEDRO DOMÍNGUEZ, OSCAR GIMÉNEZ, RAFAEL MORENO, DILCIA PÉREZ, ALEXIS PEÑA, ROSA VARGAS, YAJAIRA QUIÑÓNEZ, EDGAR COLMENÁREZ, RUDY SÁNCHEZ, MARÍA DELGADO, PETRA GARRIDO, CARMEN TREJO, LILIANA HERRERA, HILDEMAR LARA, JOSEFINA INFANTE, FIDELINA MARTÍNEZ, MARÍA RODRÍGUEZ, MARÍA PÉREZ, GUSNARA MUNDINE, LUCY CORONEL, INDIRA ESPINOZA, SANDRA CORDIDO, FRANCYS PÉREZ, OMAR LEÓN, DILIA GOITÍA, ANA BRACHO, BELKIS COSTERO, NACERES AVENDAÑO, EVELIA CHACÓN, ALIDA PERALTA, MAGALI OCHOA, MARÍA BASTIDAS, YURUBI MORENO, ISBELIA LÓPEZ, GLADIS GARCÉS, ELLERY OVIEDO ANTONIO FERNÁNDEZ, ISORIS POLANCO, ÁNGELA PINTO, MAGDA MURASKI, MIREXA MONTERO, RUDY SÁNCHEZ, OXALIDA ARZA, SILVIA BARRIOS, MARÍA HERNÁNDEZ, ZULMA TORRES, EPIFANÍA SALCEDO, ESMÉLIDA PERALTA, IRMA MENDOZA, AURA IGLESIAS, YALIS CASTILLO, TAHILIS ACOSTA, EVANGELINA YÁNEZ, DEXIS GUTIÉRREZ, DOMICILIA VILLEGAS, MIRNA TREJO, OCTAVIA GUTIÉRREZ, SERAPIA MARTÍNEZ, MARITZA GARCÉS, MILDRE OROPEZA, KENIA COVIS, CARMEN MONTILLA, EMPERATRIZ ALVARADO, MARÍA GIMÉNEZ, ARGENIA LÓPEZ, ILSIA ALVARADO, ANDREÍNA BRAVO, IRIS BRICEÑO, EDWIN CASTILLO, GLADYS GIMÉNEZ, ANA CASTILLO, ANA GUTIÉRREZ, JACQUELINE HERNÁNDEZ, MARÍA CASTILLO, TERESA GALÍNDEZ, SONIA MUJICA, MARÍA OROZCO, SOLIMAR AGUILAR, ATANACIA GONZÁLEZ, LILIAN BARBOZA, ESTHER GUÉDEZ, AULALIA MERINO, RÉGULO HERNÁNDEZ, FELICIA COLINA, JULIA GONZÁLEZ, CÁNDIDA MIRELES, JUANA GIMÉNEZ, CARINA PERDOMO, GUILLERMO DÍAZ, DORIS ORDÓÑEZ, SUJAIL CASTILLO, JHONNY VELÁSQUEZ, LEVER PINTO, PEDRO PALMA, FELICIANA AVENDAÑO, GEOVANNY TORRES y DAYSI TORRES, representados por los abogados Luis Eduardo Domínguez y Julio Torres, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA SALUD DEL ESTADO YARACUY, PROSALUD YARACUY, representado por las abogadas Heleanny Beatriz Arrieta Zamora y Annelisse I. Nakabe D., el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 15 de septiembre de 2003, conociendo por apelación de la parte demandada, declaró con lugar la demanda confirmando la sentencia proferida el 21 de enero de 2002, por el Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.
Contra esa decisión, por escrito presentado en fecha 22 de septiembre de 2003, interpuso el Procurador General del Estado Yaracuy el recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Recibido el expediente, se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo y siendo la oportunidad para decidir lo hace esta Sala, previas las siguientes consideraciones:
Dispone el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos casos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.
Esta Sala de Casación Social en decisión de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que aun cuando los requisitos de admisibilidad se cumplan corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público o la jurisprudencia reiterada de la Sala.
Por tanto, se refiere la Sala a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza son de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho, o de aquellas decisiones que contravengan la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, pues, ésta se contrae fundamentalmente entre otras, a preservar la uniformidad de la jurisprudencia laboral.
En el caso concreto señala el recurrente en su solicitud, que la sentencia recurrida violó normas de orden público contraviniendo lo establecido en los artículos 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil y violó la jurisprudencia de la Sala de Casación Social establecida en las sentencias Nº 7 del 5 de febrero de 2002, Nº 251 del 25 de abril de 2002, Nº 306 del 28 de mayo de 2002 y Nº 515 del 8 de octubre de 2002, al no ordenar la reposición de la causa al estado de notificar al Procurador General del Estado Yaracuy, fundado en que tal solicitud ya había sido decidida en una interlocutoria, no obstante que tal petición no fue formulada por la Procuraduría General del Estado Yaracuy, lo cual luego de un examen exhaustivo, considera esta Sala que no se trata de violaciones del orden legal establecido que en definitiva transgredirían el Estado de Derecho.
Por las razones mencionadas, con base en los criterios que fundamentan la presente decisión, se declara inadmisible el presente recurso de control de la legalidad. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la decisión de fecha 15 de septiembre de 2003, dictada por Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Coordinadora Judicial del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a los fines de que lo envíe al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo correspondiente.
El Presidente de la Sala,
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente y Ponente,
JUAN RAFAEL PERDOMO
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ALFONSO VALBUENA C.
La Secretaria,
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R.C.L. N° AA60-S-2003-000782
Nota: Publicada en su fecha a las
La Secretaria
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