Sentencia N.º 843
- Sentencia
- N.º 843
- Fecha
- 11/05/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-2061
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Mediante oficio No. 108 del 15 de julio de 2004,
El 28 de julio de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando. Acordada la jubilación de este último, y en virtud del nombramiento que hiciera
Efectuada la lectura individual del expediente, pasa
I
ANTECEDENTES DEL CASO
1.- El 26 de septiembre de 2002, se celebró una audiencia de presentación ante el Tribunal Segundo de Control de
2.- El 11 de febrero de 2003,
3.- En esa misma oportunidad, el Tribunal Primero de Control de
4.- El 13 de febrero de 2003, la referida Sala Especial Accidental de
5.- El 27 de marzo de 2003, la referida Sala Accidental de
6.- El 10 de mayo de 2004,
7.- El 21 de junio de 2004, se celebró ante la referida Sala Accidental de Adolescentes de
8.- El 28 de junio de 2004,
II
ALEGATOS DE
Arguyó que, el 26 de septiembre de 2002, su defendido fue privado de su libertad por el Tribunal Segundo de Control de
Sostuvo, que el Tribunal de Control Segundo de
Indicó, que el conflicto de competencia de no conocer generó un retardo procesal y trajo como consecuencia que el adolescente se encontrase ilegalmente privado de su libertad, violándose así el contenido de los artículos 44 de
Refirió, que el derecho a la libertad personal constituía uno de los derechos más fundamentales en la vida del hombre y que en los asuntos en los cuales se dictaba la privación de libertad, debían cumplirse con las condiciones y lapsos previstos por la ley para su procedencia.
Afirmó que, en el caso de su defendido, había transcurrido más del lapso legalmente establecido para estar privado de su libertad; asimismo, que tuvo conocimiento, mediante internet, que
En virtud del anterior fundamento, solicitó el restablecimiento de la situación jurídica infringida y que se ordene expedir el respectivo mandamiento de HABEAS DATA (sic).
Posteriormente, en el transcurso de la audiencia constitucional celebrada el 21 de junio de 2004, desistió de la acción de amparo constitucional por ella interpuesta, señalando al efecto que Para el momento que la defensa publica (sic) ejercicio (sic) el presente recurso, efectivamente mi defendido Sosa Reyes Miguel Angel (sic) se encontraba privado de su libertad y ejercí (sic) el recurso y resulta que transcurrido el tiempo de la interposición del recurso y a la fecha del día de hoy los derechos que habian (sic) sido violentados fueron debidamente restituido (sic) y el adolescente actualmente se encuentra (sic) en libertad y se materializo (sic) el día 26 de marzo de 2003, por lo cual la acción del recurso no va a continuar ya que los derechos violentados fueron debidamente restituidos es todo. (...) Manifiesto el desistimiento de la acción de amparo por cuanto la juez (sic) ha manifestado que el adolescentes (sic) se encuentra en libertad desde el día 26-03-03, por lo cual este recurso no tiene razon (sic) de ser es todo.
III
DE
La sentencia dictada el 28 de junio de 2004, por
En el presente caso, si bien la accionante manifestó que actualmente ya no existe la lesión que denunciara al interponer la presente acción,
IV
DE
En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, y a tal efecto observa:
Que en sentencia del 20 de enero de 2000 (Caso Emery Mata Millán), este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en
...corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de
Observa esta Sala, que en el presente caso, la sentencia consultada fue dictada por
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Para decidir,
Analizados como han sido los motivos por los cuales
Consta en autos que,
Del escrito contentivo de la presente acción de amparo constitucional, se observa que el derecho presuntamente violado es el derecho a la libertad personal, que a su vez constituye una categoría del derecho a la libertad. Sobre este punto, esta Sala, en sentencia del 14 de febrero de 2001 (Caso: Dora Margarita Pérez Hernández), señaló lo siguiente:
...el derecho a la libertad personal que tiene todo individuo -artículo 44- el cual ha sido consagrado y desarrollado como un derecho humano y fundamental inherente a la persona humana y es reconocido, después del derecho a la vida, como el más preciado por el ser humano. Tratándose pues, de un derecho fundamental de entidad superior, debe esta Sala Constitucional, por ser guardián y garante del derecho positivo existente y en protección de los derechos humanos de los particulares, permanecer alerta ante cualquier situación que pueda menoscabar esta garantía constitucional de tan vital importancia y, con ello, el orden público constitucional.
En este mismo orden de ideas, BORREGO señala:
Ciertamente, uno de los derechos que aparte de la vida goza de un lugar privilegiado en el fuero constitucional, es la libertad personal y que también se vincula con otros derechos como la libertad de tránsito, de pensamiento, expresión y tantos más que adquieren relevancia para el desarrollo humano. Particularmente, este es un derecho subjetivo que interesa al orden público (favorable a los derechos humanos, según expresión de Nikken) y normalmente, es registrado como un valor fundamental para el enaltecimiento de la dignidad del ciudadano que ajusta su desenvolvimiento en sociedad. En especial, todas las declaraciones que se refieren al tema de los derechos humanos recogen a este principalísimo fundamento, reflejo inmediato del Estado de Derecho, democrático y con determinación social. (BORREGO, Carmelo.
Por otra parte, esta Sala observa que el artículo 25 de
Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de su derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.
El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de Dos Mil Bolívares (Bs. 2.000,00) a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,00).
De la norma anteriormente transcrita, se observa que el legislador le otorga al accionante en amparo (presunto agraviado), la posibilidad de desistir de la acción interpuesta, como único mecanismo de autocomposición procesal, siempre que no se trate de la violación de un derecho de orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.
Siendo así, esta Sala estima pertinente analizar cuándo un derecho constitucional puede ser considerado como de eminente orden público, en el sentido del artículo 25 de
... es necesario tomar en cuenta que si se considerare toda violación constitucional alegada por algún accionante como de orden público, esto implicaría la no existencia de normas de procedimiento del juicio de amparo como la relativa al lapso de caducidad (numeral 4 del artículo 6 de
...
Es pues que el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Por ello en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público, a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podría estar infringiendo, igualmente, derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general, o que aceptado el precedente resultaría una incitación al caos social, si es que otros jueces lo siguen.. (Sentencia No. 1207/2001. Caso: Ruggiero Decina).
Esta Sala considera, con base en los elementos que cursan en autos, que en el presente caso el derecho presuntamente violado es la libertad personal del ciudadano Miguel Ángel Reyes Sosa, el cual sí encuadra en los términos de la sentencia antes señalada, toda vez que es un derecho fundamental de eminente orden público, supuesto en el cual no cabría la figura del desistimiento de la acción de amparo constitucional. El fundamento de lo anterior estriba en que en el presente caso se está en presencia de un derecho colectivo, cuya lesión afecta la esfera subjetiva del ciudadano antes identificado, así como también perjudica al bien común (vid. Sentencia No. 1321/2002 de esta Sala), esto último motivado a la importancia medular que tiene este valor para la sociedad, ello a la luz los postulados que se derivan del modelo de Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado en el artículo 2 de
Sobre esta doble visión del derecho a la libertad, según la cual éste se encuentra referido tanto a la esfera particular del ciudadano como a la colectividad, ALEXI enseña:
...el derecho general de libertad introduce una parte de la libertad del estado de naturaleza como así también una parte del aseguramiento del status quo en la situación total de libertad. En contra de esto no se puede aducir la imagen del individuo aislado. A través de la ley de ponderación, el derecho general de libertad es introducido en la situación total de libertad de forma tal que la referencia a la persona y a la vinculación con la comunidad puede, por una parte, ser tomada en cuenta sin mayor problema y, por otra, se mantienen los elementos de libertad necesarios para la independencia de la persona, también en la vida moderna. (ALEXI, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2001, p. 369).
En vista que el derecho denunciado como violado es de eminente orden público, esta Sala considera que en el presente caso no era procedente homologar el desistimiento de la acción de amparo solicitado por la abogada Wilma Cristina Hernández Heredia, en su carácter de Defensora Pública Cuarta adscrita al Sistema Autónomo de Defensa Pública del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo; siendo lo más ajustado a Derecho, con base en lo dispuesto en el artículo 6.1 de
En tal sentido, según la disposición prevista en el artículo 6.1 de
Con fundamento en lo anterior, esta Sala observa que ha operado sobrevenidamente la causal de inadmisibilidad antes mencionada, por cuanto cesó la violación de derechos constitucionales denunciada, con anterioridad a la emisión del fallo sometido a la presente consulta, siendo así, la acción de amparo interpuesta no tiene objeto, y en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 6, numeral 1 de
Por todo lo antes expuesto, el dispositivo del fallo dictado en primera instancia de amparo debe ser confirmado, ya que hay coincidencia en que la petición resultaba inadmisible. Así se establece.
VI
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Queda en estos términos resuelta la consulta ordenada.
Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase el expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. n° 04-2061
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