Venley

Sentencia N.º 843

Sentencia
N.º 843
Fecha
11/05/2005
Sala
Constitucional
Expediente
04-2061
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ 

 

Mediante oficio No. 108 del 15 de julio de 2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Sección Penal del Adolescente, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los originales del expediente No. GMO1-2003-000001, de la nomenclatura de dicha Corte, contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Wilma Cristina Hernández Heredia, Defensora Pública Cuarta adscrita al Sistema Autónomo de la Defensa Pública del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, en defensa del ciudadano MIGUEL ÁNGEL REYES SOSA, titular de la cédula de identidad No. 18.108.206, contra la medida de detención judicial dictada por el Tribunal Segundo de Control de la Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, remisión que se hace a los fines de la consulta establecida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

El 28 de julio de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando. Acordada la jubilación de este último, y en virtud del nombramiento que hiciera la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, asume la presente ponencia el Magistrado doctor Francisco Carrasquero López, y con tal carácter la suscribe.

 

Efectuada la lectura individual del expediente, pasa la Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

1.- El 26 de septiembre de 2002, se celebró una audiencia de presentación ante el Tribunal Segundo de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, en la que se decretó la detención judicial del joven adulto Miguel Ángel Reyes Sosa, para asegurar su comparecencia a la audiencia preliminar, conforme a lo señalado en el artículo 559 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En esa misma oportunidad, el referido juzgado remitió la causa penal a un tribunal de control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Tucacas, el cual, al conocer de la causa, planteó un conflicto de competencia de no conocer.

 

2.- El 11 de febrero de 2003, la Defensora Pública Cuarta, adscrita a la Unidad de Defensa Pública del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, interpuso, a favor del adolescente, dos acciones de amparo constitucional, bajo la modalidad de habeas corpus. La primera, en el Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, y la segunda, ante la Sala Accidental de la Sección de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal.

 

3.- En esa misma oportunidad, el Tribunal Primero de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, ordenó la remisión de la primera solicitud de amparo a la Sala Especial Accidental de la Sección de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal.

 

4.- El 13 de febrero de 2003, la referida Sala Especial Accidental de la Sección de Adolescentes de la Corte de Apelaciones, recibió la primera solicitud de amparo y ordenó agregarla al expediente que contiene la segunda demanda de amparo sometida a su conocimiento. En ese mismo momento, admitió la acción de amparo y, de conformidad con lo señalado en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ordenó la notificación del “Juez en funciones de Control N° 2 de Responsabilidad Penal del Adolescente de este mismo Circuito Judicial Penal, con sede en Puerto Cabello, Estado Carabobo, y el Juez de Control en materia de Responsabilidad Penal de Adolescentes con sede en Tucaras (sic), Estado Falcón”, para que le informaran sobre los motivos de la restricción de libertad del adolescente.

 

5.- El 27 de marzo de 2003, la referida Sala Accidental de la Sección de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta, bajo la modalidad de habeas corpus, y ordenó la libertad inmediata del adolescente, siendo remitido el expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante oficio No. 010, de fecha 23 de abril de 2003, a los fines de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

6.- El 10 de mayo de 2004, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Antonio García García, revocó la decisión dictada en fecha 27 de marzo de 2003, por la Sala Accidental de la Sección de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta y ordenó la libertad inmediata del adolescente; y repuso la causa al estado en que dicha Sala Accidental, constituida con otros jueces, notificara a las partes involucradas y celebrara la audiencia constitucional respectiva.

 

7.- El 21 de junio de 2004, se celebró ante la referida Sala Accidental de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, constituida con otros jueces, la audiencia constitucional en la causa signada bajo el No. GG01-0-2003-000001, contentiva de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Wilma Cristina Hernández Heredia, Defensora Pública Cuarta adscrita al Sistema Autónomo de la Defensa Pública del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, en defensa del ciudadano Miguel Ángel Reyes Sosa, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de fecha 10 de mayo de 2004, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Oídas las exposiciones del accionante, agraviante, y Ministerio Público, la Sala procedió a dar lectura del dispositivo del fallo.

 

8.- El 28 de junio de 2004, la Sala Accidental de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo publicó sentencia, en la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por la abogada Wilma Cristina Hernández Heredia, Defensora Pública Cuarta adscrita al Sistema Autónomo de la Defensa Pública del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, en defensa del ciudadano Miguel Ángel Reyes Sosa, contra la decisión dictada en fecha 26 de septiembre de 2002, por el Tribunal Segundo de Control del Sistema Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello; siendo esta decisión la que se encuentra sometida a consulta.

 

II

ALEGATOS DE LA ACCIONANTE

 

La Defensora Pública Cuarta adscrita a la Unidad de Defensa Pública del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, alegó en su escrito de solicitud de amparo constitucional, que al adolescente le fue violado el derecho a la libertad personal, lo que la motivó a interponer la acción de amparo, bajo la modalidad de habeas corpus, con los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

 

Arguyó que, el 26 de septiembre de 2002, su defendido fue privado de su libertad por el Tribunal Segundo de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, que remitió, igualmente, la causa penal a un tribunal de control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, extensión Tucacas.

 

Sostuvo, que el Tribunal de Control Segundo de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, extensión Tucacas, planteó un conflicto de competencia de no conocer, “debido a que no existían, ni existen fundamento jurídico alguno que justifique la remisión de la causa a un Tribunal fuera de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos (homicidio calificado) por los cuales se encuentra [su] defendido privado de la libertad.”

 

Indicó, que el conflicto de competencia de no conocer generó un retardo procesal y trajo como consecuencia que el adolescente se encontrase ilegalmente privado de su libertad, violándose así el contenido de los artículos 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 581 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

 

Refirió, que el derecho a la libertad personal constituía uno de los derechos “más fundamentales” en la vida del hombre y que en los asuntos en los cuales se dictaba la privación de libertad, debían cumplirse con las condiciones y lapsos previstos por la ley para su procedencia.

 

Afirmó que, en el caso de su defendido, había transcurrido más del lapso “legalmente establecido” para estar privado de su libertad; asimismo, que tuvo conocimiento, mediante “internet”, que la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia resolvió el conflicto de competencia de no conocer suscitado en la causa penal de su defendido, declarando que el juzgado competente para conocerla era el Tribunal Segundo de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello.

 

En virtud del anterior fundamento, solicitó el restablecimiento de la situación jurídica infringida y que se ordene expedir el respectivo mandamiento de “HABEAS DATA” (sic). 

 

            Posteriormente, en el transcurso de la audiencia constitucional celebrada el 21 de junio de 2004, desistió de la acción de amparo constitucional por ella interpuesta, señalando al efecto que “Para el momento que la defensa publica (sic) ejercicio (sic) el presente recurso, efectivamente mi defendido Sosa Reyes Miguel Angel (sic) se encontraba privado de su libertad y ejercí (sic) el recurso y resulta que transcurrido el tiempo de la interposición del recurso y a la fecha del día de hoy los derechos que habian (sic) sido violentados fueron debidamente restituido (sic) y el adolescente actualmente se encuentra (sic) en libertad y se materializo (sic) el día 26 de marzo de 2003, por lo cual la acción del recurso no va a continuar ya que los derechos violentados fueron debidamente restituidos es todo. (...) Manifiesto el desistimiento de la acción de amparo por cuanto la juez (sic) ha manifestado que el adolescentes (sic) se encuentra en libertad desde el día 26-03-03, por lo cual este recurso no tiene razon (sic) de ser es todo”.

 

III

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

La sentencia dictada el 28 de junio de 2004, por la Sala Accidental de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional, estableció lo siguiente:

 

“…En el presente caso, si bien la accionante manifestó que actualmente ya no existe la lesión que denunciara al interponer la presente acción, la Jueza de Control N° 2 de Responsabilidad Penal del Adolescente Extensión Puerto cabello, expresó que al joven adulto MIGUEL ANGEL REYES SOSA, en audiencia preliminar celebrada el día 04-04-2003 se ordeno (sic) el enjuiciamiento del mencionado joven adulto y se le impuso la medida cautelar prevista en el literal “a” del artículo 582 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente como lo es la detención en su propio domicilio.  Situación fáctica que demuestra que en efecto la detención en un centro de reclusión ceso (sic), ya que se le impuso una medida cautelar menos gravosa, por lo que la presunta lesión ha cesado, lo cual conlleva a declarar como en efecto se hace la INADMISIBILIDAD de la presente Acción de Amparo Constitucional conforme al numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.”.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, y a tal efecto observa:

 

Que en sentencia del 20 de enero de 2000 (Caso Emery Mata Millán), este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, determinó los criterios de competencia en materia de amparo constitucional, a la luz de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente, con relación a las apelaciones y a las consultas de ley que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sostuvo expresamente lo siguiente:

 

“...corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia...”.

 

Observa esta Sala, que en el presente caso, la sentencia consultada fue dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando como tribunal de primera instancia en sede constitucional; en consecuencia, siendo ello así, esta Sala -aplicando el criterio sostenido en el fallo parcialmente transcrito supra-, resulta competente para conocer de la presente consulta, y así se declara.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Analizados como han sido los motivos por los cuales la Sala Accidental de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, declaró inadmisible la presente acción de amparo constitucional, pasa esta Sala a decidir y a tal efecto observa:

 

            Consta en autos que, la Defensora Pública Décima Segunda, en el transcurso de la audiencia constitucional celebrada el 21 de junio de 2004, desistió de la acción de amparo constitucional intentada por ella.

 

            La Sala Accidental de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en su decisión del 28 de junio de 2004, a pesar de que la parte actora manifestó expresamente su intención de desistir de la acción de amparo constitucional interpuesta, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional conforme a lo establecido en el artículo 6, numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señalando que la injuria constitucional había cesado, toda vez que el joven adulto Miguel Ángel Reyes Sosa ya no se encontraba privado de libertad en un centro de reclusión, habiéndosele impuesto una medida cautelar menos gravosa.

 

Del escrito contentivo de la presente acción de amparo constitucional, se observa que el derecho presuntamente violado es el derecho a la libertad personal, que a su vez constituye una categoría del derecho a la libertad. Sobre este punto, esta Sala, en sentencia del 14 de febrero de 2001 (Caso: Dora Margarita Pérez Hernández), señaló lo siguiente:

 

“...el derecho a la libertad personal que tiene todo individuo -artículo 44- el cual ha sido consagrado y desarrollado como un derecho humano y fundamental inherente a la persona humana y es reconocido, después del derecho a la vida, como el más preciado por el ser humano. Tratándose pues, de un derecho fundamental de entidad superior, debe esta Sala Constitucional, por ser guardián y garante del derecho positivo existente y en protección de los derechos humanos de los particulares, permanecer alerta ante cualquier situación que pueda menoscabar esta garantía constitucional de tan vital importancia y, con ello, el orden público constitucional”.

 

En este mismo orden de ideas, BORREGO señala:

 

“Ciertamente, uno de los derechos que aparte de la vida goza de un lugar privilegiado en el fuero constitucional, es la libertad personal y que también se vincula con otros derechos como la libertad de tránsito, de pensamiento, expresión y tantos más que adquieren relevancia para el desarrollo humano.  Particularmente, este es un derecho subjetivo que interesa al orden público (favorable a los derechos humanos, según expresión de Nikken) y normalmente, es registrado como un valor fundamental para el enaltecimiento de la dignidad del ciudadano que ajusta su desenvolvimiento en sociedad.  En especial, todas las declaraciones que se refieren al tema de los derechos humanos recogen a este principalísimo fundamento, reflejo inmediato del Estado de Derecho, democrático y con determinación social.” (BORREGO, Carmelo. La Constitución y el Proceso Penal. Editorial Livrosca. Caracas, 2002, p. 90)

 

Por otra parte, esta Sala observa que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone lo siguiente:

 

“Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de su derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.

El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de Dos Mil Bolívares (Bs. 2.000,00) a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,00)”.

 

           De la norma anteriormente transcrita, se observa que el legislador le otorga al accionante en amparo (presunto agraviado), la posibilidad de desistir de la acción interpuesta, como único mecanismo de autocomposición procesal, siempre que no se trate de la violación de un derecho de orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.

 

Siendo así, esta Sala estima pertinente analizar cuándo un derecho constitucional puede ser considerado como de eminente orden público, en el sentido del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a los efectos de determinar si el derecho a la libertad personal puede ser encuadrado en tal categoría. Sobre este particular, la jurisprudencia de esta Sala ha referido lo siguiente:

 

“... es necesario tomar en cuenta que si se considerare toda violación constitucional alegada por algún accionante como de orden público, esto implicaría la no existencia de normas de procedimiento del juicio de amparo como la relativa al lapso de caducidad (numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), la de desistimiento expreso de la acción de amparo (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), así como que en ningún caso se consideraría como terminado el procedimiento en caso de inasistencia del presunto agraviado en una acción de amparo constitucional en los términos establecidos en la jurisprudencia establecida por esta Sala (sentencia del 1º/02/2000, caso: José Amado Mejía Betancourt).

 ...

Es pues que el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Por ello en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público, a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podría estar infringiendo, igualmente, derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general, o que aceptado el precedente resultaría una incitación al caos social, si es que otros jueces lo siguen.”. (Sentencia No. 1207/2001. Caso: Ruggiero Decina).

 

Esta Sala considera, con base en los elementos que cursan en autos, que en el presente caso el derecho presuntamente violado es la libertad personal del ciudadano Miguel Ángel Reyes Sosa, el cual sí encuadra en los términos de la sentencia antes señalada, toda vez que es un derecho fundamental de eminente orden público, supuesto en el cual no cabría la figura del desistimiento de la acción de amparo constitucional. El fundamento de lo anterior estriba en que en el presente caso se está en presencia de un derecho colectivo, cuya lesión afecta la esfera subjetiva del ciudadano antes identificado, así como también perjudica al bien común (vid. Sentencia No. 1321/2002 de esta Sala), esto último motivado a la importancia medular que tiene este valor para la sociedad, ello a la luz los postulados que se derivan del modelo de Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre los cuales se encuentra, entre otros, el valor superior de la libertad.

 

Sobre esta doble visión del derecho a la libertad, según la cual éste se encuentra referido tanto a la esfera particular del ciudadano como a la colectividad, ALEXI enseña:

 

“...el derecho general de libertad introduce una parte de la libertad del estado de naturaleza como así también una parte del aseguramiento del status quo en la situación total de libertad. En contra de esto no se puede aducir la imagen del individuo aislado. A través de la ley de ponderación, el derecho general de libertad es introducido en la situación total de libertad de forma tal que la ‘referencia a la persona y a la vinculación con la comunidad’ puede, por una parte, ser tomada en cuenta sin mayor problema y, por otra, se mantienen los elementos de libertad necesarios para la ‘independencia de la persona’, también en la vida moderna.” (ALEXI, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2001, p. 369).

 

En vista que el derecho denunciado como violado es de eminente orden público, esta Sala considera que en el presente caso no era procedente homologar el desistimiento de la acción de amparo solicitado por la abogada Wilma Cristina Hernández Heredia, en su carácter de Defensora Pública Cuarta adscrita al Sistema Autónomo de Defensa Pública del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo; siendo lo más ajustado a Derecho, con base en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, era la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta, tal como lo realizó la Sala Accidental de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

 

En tal sentido, según la disposición prevista en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no se admitirá la solicitud de amparo cuando “...hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla”.

 

La Sala observa, que en el caso de autos, el amparo propuesto encuadra en el supuesto de inadmisibilidad descrito en la citada disposición, toda vez que de la lectura del expediente se desprende que en fecha 4 de abril de 2003, se celebró ante el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Sección Penal del Adolescente, extensión Puerto Cabello, la audiencia preliminar en el marco del proceso penal que se le sigue al ciudadano Miguel Ángel Reyes Sosa, y en esa oportunidad se ordenó el enjuiciamiento de éste, y se le impuso la medida cautelar de detención domiciliaria, prevista en el artículo 582.a) de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, por lo cual esta Sala advierte que la violación constitucional cesó en ese momento, toda vez que al acusado se le impuso una medida cautelar menos gravosa a la privación de libertad en un establecimiento reclusorio.

 

Con fundamento en lo anterior, esta Sala observa que ha operado sobrevenidamente la causal de inadmisibilidad antes mencionada, por cuanto cesó la violación de derechos constitucionales denunciada, con anterioridad a la emisión del fallo sometido a la presente consulta, siendo así, la acción de amparo interpuesta no tiene objeto, y en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 6, numeral 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo ajustado a derecho es declarar inadmisible la presente acción, como bien así lo decidió la Sala Accidental de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Así se declara.

 

Por todo lo antes expuesto, el dispositivo del fallo dictado en primera instancia de amparo debe ser confirmado, ya que hay coincidencia en que la petición resultaba inadmisible. Así se establece.

VI

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión que dictó la Sala Accidental de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 28 de junio de 2004, en la cual declaró inadmisible la solicitud de amparo constitucional intentada por la abogada Wilma Cristina Hernández Heredia, Defensora Pública Cuarta adscrita al Sistema Autónomo de Defensa Pública del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en beneficio del ciudadano Miguel Ángel Reyes Sosa, contra la decisión del Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, de fecha 26 de septiembre de 2002.

 

Queda en estos términos resuelta la consulta ordenada.

 

Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase el expediente al Tribunal de origen.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días de mayo dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

 

                                                                                        LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                      

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

FACL/

Exp. n° 04-2061

 

 

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