Sentencia N.º 851
- Sentencia
- N.º 851
- Fecha
- 12/05/2004
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 03-0313
- Ponente
- Antonio García García
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
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SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
El 31 de enero de 2003, fue recibido en la Secretaría de esta Sala Constitucional, proveniente del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el oficio N° 040-2003 del 27 de enero de 2003, por el cual se remitió el expediente 12.086 (nomenclatura de ese Juzgado), contentivo del amparo constitucional interpuesto por el ciudadano Giuliano Martinelli Doro, actuando con el carácter de representante legal de INVERSIONES MONTELLO y DE FALCO C.A., asistido por los abogados Jaime Alberto Coronado y Luis Ramón Salazar, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 23.118 y 11.951, respectivamente, contra ... las resoluciones judiciales (...) emitidas por los Jueces Segundo y Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el dos (2) de agosto de 2.002 y el 27 de noviembre de 2.002, respectivamente..., que ordenaron, en fase de ejecución de sentencia, la tramitación procesal de las recusaciones intentadas por INVERSIONES LUGER C.A., parte demandada y perdidosa en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento y reivindicación de inmueble incoado en su contra por la accionante en amparo.
Dicha remisión obedece a la apelación efectuada por los abogados de la accionante, INVERSIONES MONTELLO y DE FALCO C.A., contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior el 20 de enero de 2003, que declaró inadmisible la pretensión de amparo constitucional.
En esa misma oportunidad se dio cuenta en esta Sala, y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Efectuado el estudio de las actas procesales que conforman el expediente, esta Sala procede a emitir decisión, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DEL AMPARO
Para fundamentar la acción interpuesta, los asistentes de la quejosa señalaron que, desde hace veintinueve (29) años se ventila un juicio de reivindicación seguido por su representada INVERSIONES MONTELO y DE FALCO C.A. contra INVERSIONES LUGER C.A.
Que dicho proceso, en el transcurso de los veintinueve (29) años, ha sido objeto de dilaciones indebidas, recusaciones, intentos de fraude a la ley, todos cometidos por los representantes de INVERSIONES LUGER C.A.
En tal sentido, indicaron que encontrándose el juicio en fase de ejecución de sentencia y antes de que finalizara el término del cumplimiento voluntario del fallo concedido por el juez ejecutor, un tercero (Inversiones Algodonal S.R.L.) ejerció amparo constitucional contra una presunta omisión de pronunciamiento, la cual atribuyó al juzgado ejecutor de la sentencia -Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas- acción que fue declarada improcedente y de la cual sorprendentemente el apoderado judicial de Inversiones Luger C.A., abogado José Valera actuó como tercero coadyuvante a favor del tercero que se oponía a la ejecución de la sentencia que su representada, Inversiones Luger C.A., debía cumplir (resaltado del escrito libelar).
Alegaron que, luego de declararse sin lugar el referido amparo constitucional, el representante de INVERSIONES LUGER C.A., abogado José Valera, recusó al juez ejecutor Segundo de Primera Instancia, y originó el pase de los autos al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual, a su vez, envió las copias certificadas al tribunal de alzada para que conociera y se pronunciara sobre la recusación propuesta. Transcurrido el lapso de ejecución voluntaria de la sentencia en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sin que los ejecutados dieran cumplimiento a lo ordenado, el apoderado de INVERSIONES LUGER C.A. planteó nueva recusación contra la reasignada para la consecución del fallo - jueza ejecutora del Juzgado Sexto de Primera Instancia - y ésta inexplicablemente el 27 de noviembre de 2002, ordena la remisión del expediente al tribunal distribuidor de turno, desprendiéndose del conocimiento de la causa, ordenando la remisión de copias certificadas al tribunal de alzada para que conozca de la recusación, lo que se traduce en un impedimento a nuestras representadas de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos.
Destacaron que el 27 de noviembre de 2002, oportunidad en la cual el apoderado de INVERSIONES LUGER C.A. recusó a la juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, declaró sin lugar la recusación propuesta contra el juez provisorio del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa Circunscripción Judicial; sin embargo, la accionante consideró que, si bien esta decisión pudiera dar lugar al restablecimiento de la situación jurídica infringida, todavía existe la posibilidad de plantearse una nueva recusación por parte de INVERSIONES LUGER C.A., regenerando el mismo trámite procesal considerado lesivo contra sus derechos constitucionales.
Acotaron que las resoluciones dictadas por ambos jueces agraviantes de apartarse del conocimiento de la causa ... se traduce en una clara denegación de justicia, por cuanto lo admiten y alegaron, la misma debe ser desechada por extemporánea, al haberse producido luego del lapso probatorio y por existir en el expediente varias recusaciones en el transcurso del proceso de primera instancia anterior a la última, incluso en la fase de ejecución. Siendo viable el haber aplicado esa afirmación para haber inadmitido la recusación por ellos mismos, y no para sostener su argumentación en la oportunidad de haberla elevado para su conocimiento por parte del los tribunales superiores.
Refirieron que los jueces agraviantes, además de remitir el expediente a otro tribunal de su misma categoría, decidieron enviarlo en copia certificada a distintos tribunales de alzada, a los fines de que estos últimos emitieran pronunciamientos sobre las recusaciones propuestas a pesar de que éstos no tenían competencia para resolver la incidencia. A tal efecto, expusieron que [d]e haber procedido de esa manera [inadmitir su propia recusación sin mayores trámites] el Juez Segundo de Primera Instancia, ejecutor de la sentencia, la causa no hubiere pasado al conocimiento del Juzgado Sexto, no se hubiera producido la recusación de este último tribunal, y el Juzgado Superior Tercero, tampoco hubiera tenido necesidad de emitir pronunciamiento al respecto. Siendo ambas resoluciones impeditivas para su representada de acceder al órgano de administración de justicia para hacer valer sus derechos a la defensa y al debido proceso.
Con base en los antecedentes expuestos, consideraron dicha conducta como atentatoria de su derecho al debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución, debido a que el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil delimita, en su último aparte, la posibilidad de recusar a jueces y secretarios luego de fenecido el lapso probatorio, únicamente dentro de los tres (3) días siguientes a la aceptación del cargo por parte de éstos, mientras que el artículo 91 eiusdem prohíbe la interposición de más de dos recusaciones en una misma instancia, ni recusar funcionarios que no estén conociendo de la causa o de la incidencia, por lo que, al compararse las disposiciones con el caso de autos, alegaron: [p]ropuesta la recusación contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia, el juez recusado en garantía a la tutela judicial efectiva, ha debido emitir pronunciamiento sobre el fondo de la petición, declarándola inadmisible, ya sea porque: a) Se ha propuesto extemporáneamente, esto es, después de transcurridos los términos de caducidad previstos en la ley; b), o se trate de un funcionario judicial que no está conociendo en ese momento la causa principal o incidental; c), o que la parte hubiese agotado su derecho, por haber interpuesto dos recusaciones en una misma instancia; d) o, que la recusación no se hubiese fundamentado en una causa legal.
En igual orden, fundamentaron dicho argumento con base en una decisión dictada por esta Sala Constitucional el 19 de marzo de 2002 (caso R. Fernández y otros), que estableció la posibilidad de que el mismo juez decida su recusación, siendo la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia de ordenar la remisión del expediente al juzgado de distribución, y las copias certificadas al juzgado de alzada, generadora de un incidente procesal no existente en la ley.
Expresaron la imposibilidad de plantearse la recusación en fase de ejecución por no estar planteada en los artículos 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil; aunado a la imposibilidad de remitirse el conocimiento de dicha incidencia al juzgado superior, pues éste no tiene competencia funcional ni constitucional para pronunciarse.
Con base en la limitante procesal de interponer la recusación en un lapso de tres (3) días, luego de fenecido el lapso probatorio, tal como lo establece el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, expresaron que en el caso de autos, la primera de las recusaciones se planteó con una dilación de tres meses; mientras que la segunda también se propuso con posterioridad al límite procesal establecido en la norma.
Agregaron que [l]a conducta asumida por los jueces agraviantes, es pasiva, inerte, de postración ante un hecho ilegal ejecutado reiteradamente por la representación judicial de la empresa ejecutada, abogado José Varela, quien se ha dado a la tarea de recusar a los jueces para que no libre el mandamiento de ejecución, lo que contraría la obligación de los jueces de dar cumplimiento a las sentencias, tal como lo ha afirmado esta Sala en sentencia del 16 de noviembre de 2001 (caso Jairo Rodríguez Moreno), y en decisión del 17 de diciembre de 2001 (caso Modas Glamour V.F.A.). Con base en esas decisiones, expusieron: [e]n consecuencia, la omisión por parte de los jueces agraviantes en el sentido de no decidir su propia recusación, desprendiéndose del expediente sin cumplir con el mandato que le obliga la Constitución, desnaturaliza los principios constitucionales previstos en los artículos 26 y 257, lo hacen letra muerta y se constituye en agraviante de los derechos constitucionales de nuestras representadas.
Por último exigieron cumplir con la decisión por tratarse de un juicio cuya duración sobrepasa los veintinueve años de existencia. Para ello, invocaron criterio de la Sala del 4 de abril de 2001 (caso: Comunidad Sitio de Suárez y otros), para sustentar la necesidad de que se termine de completar el proceso que se ha venido siguiendo, para así dar cumplimiento a los postulados contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución.
En otro orden de ideas, denunciaron de manera específica la vulneración del derecho a la defensa, estipulado en el artículo 49 de la Constitución, debido a que no ha habido equidad en el proceso. Al respecto, expusieron que, luego de vencido el lapso para el cumplimiento voluntario de la sentencia al cual alude el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, ellos solicitaron la ejecución del fallo dictado en la causa principal, solicitud que no se les escuchó, a cambio de tramitarse la recusación interpuesta por su contraparte, efectuada ochenta (80) días después de que el Juez Sexto de Primera Instancia recibiera las actuaciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia y se abocara al conocimiento de la ejecución, superando de esta manera, el límite procesal para plantear disconformidades contra jueces que procedan a conocer de una causa.
Con base en los argumentos señalados, solicitaron la declaratoria con lugar del presente amparo constitucional, en el sentido que se restablezca la situación jurídica infringida mediante la anulación de la decisión del 27 de noviembre de 2002, dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
II
DE LA SENTENCIA APELADA
El Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró la inadmisibilidad del amparo constitucional, por incurrir en la causal dispuesta en el artículo 6, numeral 6, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. A tal efecto, determinó:
Que la recusación formulada contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, ya ha sido objeto de decisión por parte del Juzgado Superior Tercero, el cual la declaró sin lugar; mientras que, en lo que respecta a la segunda recusación del juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, dicha solicitud fue conocida por ese mismo Juzgado Superior Cuarto, que en decisión de 15 de enero de 2003, determinó la improcedencia de esa nueva recusación.
Que tal como lo expresara el accionante, los Juzgados Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Sexto de Primera Instancia en lo Civil, debieron decidir las recusaciones propuestas en su contra, en atención a lo determinado en la sentencia de esta Sala Constitucional N° 512/2002, toda vez que había operado la caducidad establecida en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.
Que si bien lo afirmado por la parte resultaba procedente, al verificarse las recusaciones interpuestas contra los Juzgados Segundo y Sexto de Primera Instancia ya fueron resueltas por los Juzgados Superiores Tercero y ese mismo Juzgado Superior Cuarto, siendo ambas declaradas sin lugar, y considerando que retrotraer tales decisiones perjudicaría a la quejosa por retrasar la ejecución del fallo dictado en la causa principal, determinó que lo procedente era declarar la inadmisibilidad del amparo interpuesto, por la referida causal establecida en el artículo 6, numeral 6, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Con base en tales consideraciones, se declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por INVERSIONES MONTELO Y DE FALCO, C.A., contra las decisiones dictadas por los Juzgados Segundo y Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 8 de agosto de 2002 y el 27 de noviembre de 2002.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde previamente a esta Sala pronunciarse sobre su competencia y, al respecto, observa que la decisión de amparo constitucional sometida a apelación fue dictada, en primera instancia, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, razón por la cual, en atención al criterio establecido en la sentencia N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), procede a conocer de la misma. Así se declara.
Determinada la competencia de esta Sala, se observa que, en el presente caso, los accionantes no fundamentaron su apelación, por lo que su solicitud se decidirá con las actas que cursan en autos.
Aclarado lo anterior, de las actuaciones contenidas en el expediente se determina, que en el presente amparo se denunció como actos lesivos dos resoluciones cuya naturaleza resulta más bien la de unos autos, los cuales fueron dictados el 2 de agosto de 2002 y 27 de noviembre de 2002 por los Juzgados Segundo y Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que ordenaron la remisión de la causa principal para su ejecución en otro Juzgado, debido a la recusación interpuesta contra esos jueces por INVERSIONES LUGER C.A., parte perdidosa en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento y reivindicación.
A este respecto, INVERSIONES MONTELLO y DE FALCO C.A., fundamentó su solicitud de amparo constitucional, en la falta de cumplimiento de los requisitos para la recusación, preceptuados en los artículos 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que los juzgados agraviantes podían de antemano declarar la inadmisibilidad de la recusación, y no proceder, tal como lo hicieron, a remitir la causa a otro tribunal para su ejecución, ni enviar el conocimiento de la recusación al juez superior.
Por su parte, el a quo determinó que los argumentos sostenidos por la accionante resultaban viables a fin de declarar la procedencia del amparo; pero al verificar en las actas del expediente que las recusaciones ya habían sido decididas, tanto por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que negó la primera recusación formulada contra el Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, como por ese mismo Juzgado Superior Cuarto, el cual antes de conocer del amparo ya se había pronunciado desfavorablemente sobre la segunda recusación incoada contra el Juez del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción, le permitía determinar que lo conducente era declarar la inadmisibilidad de la acción de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 6, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debido a la inefectividad de los actos denunciados.
Señalado lo anterior, esta Sala observa que, efectivamente, la conducta asumida por el representante legal de INVERSIONES LUGER C.A., al recusar a los jueces de los Juzgados Segundo y Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, comprende una señal inequívoca que contraría el derecho al debido proceso de INVERSIONES MONTELO y DE FALCO C.A, debido a que la causa sostenida entre ambas sociedades ya se encuentra en fase de ejecución de sentencia, y el planteamiento consecutivo de ambas recusaciones no denota en este caso el acaecimiento de alguno de los supuestos legales, por el contrario, sólo pretende retrasar el cumplimiento del fallo; aunado a que de las actas contenidas en el expediente se desprenden otras maniobras cometidas por INVERSIONES LUGER C.A., destinadas a retrasar la causa, situación que se evidencia de la dilación de este juicio por más de veintinueve (29) años.
No obstante lo expuesto, el accionante solamente circunscribió su denuncia contra los autos dictados el 2 de agosto y 27 de noviembre de 2002 por los Juzgados Segundo y Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, debido a las recusaciones planteadas contra los jueces de esos Despachos, quienes decidieron, en razón de las incidencias planteadas, remitir el expediente a otros juzgados para la ejecución de la decisión, y enviar copia certificada al juez superior de las actuaciones para decidir la recusación.
Esta Sala observa que las actuaciones denunciadas han perdido sus efectos, por comprobarse en autos que las recusaciones han sido decididas negativamente en contra de INVERSIONES LUGER C.A. por los Juzgados Superiores Tercero y Cuarto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, decayendo, de esta manera, la lesión denunciada por la accionante, lo que implica que en el proceso solamente queda por cumplirse con la sentencia definitiva, en razón de agotarse la posibilidad de que su contraparte plantee nueva recusación por mediar el límite de las dos (2) recusaciones que exige el artículo 91 del Código de Procedimiento Civil. En razón de ello, esta Sala apercibe al abogado de INVERSIONES LUGER C.A. de abstenerse en plantear una nueva denuncia y permita el cumplimiento cabal del fallo dictado en su contra.
Igualmente, es de observarse que al momento de plantearse la última recusación, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas procedió a remitir las actuaciones al Distribuidor para evitar la paralización de la ejecución de la causa, por lo que al producirse una tercera designación, no cabe plantear otra recusación, siendo impretermitible el cumplimiento de la decisión definitiva.
Al verificarse que esa incidencia ya fue decidida de manera anterior al amparo, esta Sala determina que, efectivamente, se configuró sobrevenidamente la causal de inadmisibilidad que establece el artículo 6, numeral 1, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, relativa a la no tramitación ab initio de la pretensión, cuando los hechos o actos objeto de denuncia constitucional hayan cesado, por lo que amerita confirmar el fallo objeto de apelación, pero en los términos expuestos en esta decisión, toda vez que si bien el razonamiento del a quo es el mismo, éste lo subsumió para declarar la inadmisibilidad en la causal dispuesta en el numeral 6 del artículo 6, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, referente a la inadmisibilidad de la acción contra decisiones dictadas por este Tribunal Supremo de Justicia. Por ende, al invocarse en el presente caso, una disposición distinta a la preceptuada en el numeral 1 de la norma en comento, debe confirmarse la decisión, pero reformándola por la causal expuesta anteriormente. Así se decide
Finalmente, no escapa del conocimiento de esta Sala la actitud adoptada por el representante del INVERSIONES LUGER C.A., abogado José Ramón Valera, al haber intentado en fase de ejecución dos (2) recusaciones contra los juzgados ejecutores sin causa aparente prevista por la ley, constituye así de manera evidente el uso del proceso con fines distintos al principio de probidad que lo rige, pues se denota que la actitud asumida ha sido la de retrasar constantemente el juicio principal. Tal situación ha constituido una anormalidad que ha llegado hasta el punto que, con anterioridad la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de 14 de junio de 2001 (exp. 2001-000315), solicitó al Colegio de Abogados del Distrito Capital resolviera sobre la procedencia o no de medidas disciplinarias en contra de este abogado. Visto el antecedente, esta Sala Constitucional, al igual como en su oportunidad lo hiciera la Sala de Casación Civil, también exhorta al Tribunal Disciplinario del Ente gremial de la localidad para que inicie el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio a los fines de comprobar si hubo faltas a la lealtad del proceso contradictorias a lo establecido en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 4 del Código de Ética Profesional del Abogado. Así se exhorta.
IV
DECISIÓN
Por las consideraciones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, CONFIRMA en los términos expuestos en el presente fallo, la sentencia dictada el 20 de febrero de 2003, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que declaró INADMISIBLE, la acción de amparo constitucional interpuesta por INVERSIONES MONTELLO y DE FALCO C.A., contra los autos dictados el 2 de agosto de 2002 y el 27 de noviembre de 2002, por los Juzgados Segundo y Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 12 días del mes de mayo de dos mil cuatro (2004). Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
JOSE M. DELGADO OCANDO ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA
Ponente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario Enc.
TITO DE LA HOZ
Exp.- 03-0313
AGG/bp
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