Venley

Sentencia N.º 855

Sentencia
N.º 855
Fecha
04/05/2007
Sala
Constitucional
Expediente
06-1577
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 12 de abril de 2007, compareció ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el ciudadano JUAN JOSÉ BARRIOS LEÓN, titular de la cédula de identidad N° 5.164.281, Juez Titular Categoría “A”, integrante de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, quien actuando “en defensa de [sus] derechos e intereses”, presentó escrito contentivo de “solicitud de aclaratoria y rectificación” de la sentencia del 30 de marzo del mismo año, dictada por esta Sala, en el expediente N° 06-1577, mediante la cual declaró que (1) ha lugar la solicitud de revisión interpuesta por la abogada Josefa María Camargo Rincón, actuando en su condición de Fiscal Cuadragésima del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, contra la decisión Nº 008-05 del 11 de febrero de 2005, dictada por la Sala Primera Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la causa a favor de Konstadinos Spiropulos, por la comisión del delito de contaminación culposa por fugas o descargas, previsto en el artículo 38 de la Ley Penal del Ambiente, en concordancia con el artículo 9 eiusdem; y, en consecuencia, (2) anuló el antedicho fallo, (3) repuso la causa al estado en que una Sala de la Corte de Apelaciones distinta a la que dictó el fallo que aquí se revisa, dicte nuevo pronunciamiento, considerando lo expuesto en esa decisión, (4) ordenó remitir copia de esa sentencia, junto al expediente contentivo de la presente causa, a la Unidad de Recepción y Distribución de Expedientes del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a los efectos de que sea distribuido en una Sala de la Corte de Apelaciones de ese Circuito Judicial Penal, distinta a la que dictó el fallo revisado, y, finalmente, (5) ordenó remitir copia de la presente decisión a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial y a la Inspectoría General de Tribunales, con el objeto de que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar de los Magistrados de la Sala Primera Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que suscribieron la decisión que se revisó y anuló mediante esa sentencia.

 

En esa misma fecha, se dio cuenta en Sala del mencionado escrito y se acordó agregarlo al expediente respectivo.

 

Expuesto lo anterior, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la solicitud presentada, con base en las consideraciones que se explana a continuación.

 

I

PUNTO ÚNICO

 

            En el escrito contentivo de la solicitud de aclaratoria sub examine, el peticionante señaló lo siguiente:

 

Que “...está en pleno conocimiento de encontrarse en la disyuntiva, de tener en ciernes una posible sanción disciplinaria por la declaratoria del Máximo Tribunal de un supuesto error grave o grotesco, que afecta y crea gravamen irreparable salvo, que el mismo sea subsanado de alguna forma, por lo que, frente a la imposibilidad de recurrir por otra vía contra el recurso de revisión de sentencia, dictado por la Sala Constitucional (...) en mi condición de Juez de inferior jerarquía (...) sin embargo, me asiste el legitimo derecho como ciudadano, de acudir a mis jueces naturales a fin de que se me garanticen los derechos constitucionales  y procesales (...) y como conocedor del apego de los ciudadanos Magistrados que conforman la Sala Constitucional, al derecho y a la justicia, (...) me atrevo a solicitar por este intermedio, se aclare la decisión proferida por esa Sala Constitucional, afirmando la existencia de omisión de pronunciamiento por parte de la Sala Accidental N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia en fecha 11 de febrero de 2005, la cual no tenía competencia, para hacer pronunciamiento alguno más haya de haber dejado a salvo las reclamaciones civiles que pudieren derivarse en virtud del sobreseimiento dictado en la causa signada bajo el N° 1As-596-00, según N° 008-05; con apego en la normativa procesal vigente para la fecha como lo era y es el Código Orgánico Procesal Penal, muy especialmente lo dispuesto en sus artículos 50, 51 y 52 respectivamente referidos a la interposición de la acción civil para la restitución, reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, orden procesal contenido en dichas normas y que fue inadvertido en su exacta dimensión al momento de dictar sentencia en la solicitud de revisión de sentencia publicada en fecha 30 de marzo de 2007; por tanto, sin que se pueda entender esta solicitud como una afrenta a la majestad del Tribunal Supremo de Justicia en sus decisiones (...) les solicitamos de manera extraordinaria la aclaratoria y rectificación del fallo aludido (...) omissis (...) De la simple revisión del fallo dictado por la Sala Accidental N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que se cuestiona como errada, se puede observar que en ningún caso o modo, ese órgano colegiado entró a decidir cuestiones distintas a lo planteado en el recurso de apelación de sentencia y la respectiva contestación del mismo, no incurriendo ni en ultrapetita ni en infrapetita, y observa quien aquí solicita la justa y sana aclaratoria y rectificación de la Sentencia de la Sala Constitucional, que se debe entonces destacar de manera textual lo dispuesto en las precitadas normas procesales (...) Considera el suscrito solicitante de  aclaratoria y rectificación, y así pido sea declarado en la decisión aclaratoria que se produzca, que en todo caso, si ciertamente, se cometió un error material en el auto y oficio de remisión de la causa, que condujo el expediente a un Juzgado de Ejecución, cuando debió ser remitido a ser distribuido a un Juzgado de Juicio, pero que tal error material no reviste carácter de grave o grotesco (...) En tal virtud, al apreciar la Sala Constitucional como una omisión de pronunciamiento que en su criterio se constituye en error grave y/o grotesco, por no haber ordenado la prosecución de una causa civil, que si bien se había interpuesto bajo el amparo del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, debía en todo caso ejercerse desde su inicio nuevamente por mandato expreso del artículo 50 del Código Orgánico Procesal Penal, y no habiendo incurrido en error que pueda considerarse como grave y/o grotesco (...) pido su aclaratoria y rectificación (...) En tal virtud, pretende este solicitante, de esa suprema instancia, poder fundamentar de manera extensiva, esta Especial y Extraordinaria solicitud de aclaratoria y rectificación de sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 5 ordinal 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que textualmente señala: ‘Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: ...omissis... 4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados validamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho, o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o convenios Internacionales suscritos y ratificados validamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la Ley, la competencia esté atribuida a otra Sala’ (negrillas nuestras)’, como única norma legal vigente, y posiblemente aplicable al caso que nos ocupa, a fin de evitar el gravamen que me causa la sentencia dictada por la Sala Constitucional (...) ante la inminente amenaza de violación a las garantías constitucionales del derecho al debido proceso y derecho a la defensa, así como el derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo, consagrados en los artículos 49, 88 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...) PETITORIO (...) Por todos los alegatos de hecho y de derecho antes expuestos, es por lo que en defensa de mis derechos e intereses, solicito como ciudadano y además como Juez Titular (por concurso), integrante en forma accidental de la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones, formalmente del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, proceda a ACLARAR y RECTIFICAR la sentencia dictada por esa misma Sala mediante decisión N° [no señala el número] contenida en el expediente N° 06-1577 (...) en fecha 30 de marzo de 2007, y en consecuencia revoque la orden de remitir mediante oficio a la Inspectoría General de Tribunales y a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del poder Judicial, la referida sentencia para posiblemente sancionar a quien recurre en solicitud de aclaratoria y rectificación...” (Subrayado de la presente sentencia).

 

            En síntesis, el ciudadano Juan José Barrios León, identificado ut supra, actuando, según señala, “en defensa de [sus] derechos e intereses” y en su condición de Juez integrante de la Sala Accidental Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que dictó la decisión Nº 008-05, del 11 de febrero de 2005, la cual fue anulada por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 583 del 30 de marzo de 2007, solicita que esta Sala “proceda a aclarar y rectificar” esta última sentencia, y, en consecuencia, revoque la orden dictada en la misma de remitir copia de esa sentencia a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial y a la Inspectoría General de Tribunales, con el objeto de que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar de los Magistrados de la Sala Primera Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que suscribieron la decisión que se revisó y anuló mediante esa sentencia, en lo que a él respecta, todo ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

            En las circunstancias antes transcritas, el prenombrado ciudadano califica su pretensión como “solicitud de aclaratoria y rectificación”, nomenclatura que, en principio, pudiera asociarse a la solicitud de aclaratoria prevista, tanto en el artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal, como en el 252 del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen lo siguiente:

 

Código Orgánico Procesal Penal:

 

“Artículo 176. Prohibición de reforma. Excepción. Después de dictada una sentencia o auto, la decisión no podrá ser revocada ni reformada por el tribunal que la haya pronunciado, salvo que sea admisible el recurso de revocación.

Dentro de los tres días siguientes de pronunciada una decisión, el Juez podrá corregir cualquier error material o suplir alguna omisión en la que haya incurrido, siempre que ello no importe una modificación esencial.

Las partes podrán solicitar aclaraciones dentro de los tres días posteriores a la notificación” (subrayado de la presente sentencia).

 

Código de Procedimiento Civil:

 

“Artículo 252.- Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente” (subrayado de la presente sentencia).

 

            Sin embargo, aun cuando el prenombrado ciudadano califica su pretensión como “solicitud de aclaratoria y rectificación”, no es menos cierto que la misma (independientemente, en este caso, del tema de la legitimación y de la tempestividad de la solicitud de aclaratoria, prevista en los precitados artículos 176 del Código Orgánico Procesal Penal y 252 del Código de Procedimiento Civil) no encuadra dentro del cometido de la figura jurídica de la aclaratoria y rectificación contenida en los precitados artículos, pues lo que requiere el solicitante es, en definitiva, que la Sala revise y revoque, en base a lo previsto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, una orden que dictó en la sentencia N° 583, del 30 de marzo de 2007, en el sentido de remitir copia de la misma a la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial y a la Inspectoría General de Tribunales, con el objeto de que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar de los Jueces de la Sala Primera Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que suscribieron la decisión que se revisó y anuló mediante ese pronunciamiento judicial, la cual, en todo caso, no contiene algún punto dudoso, una omisión o un error de copia, de referencia o de cálculo numérico.

 

Al contrario, la solicitud sub examine contraviene claramente la prohibición de revocación y reforma, prevista en el encabezamiento del artículo 176 del Código Orgánico Procesal Penal y en el del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, pues, en definitiva, la pretensión contenida en la misma consiste en que esta Sala revoque una decisión que ella misma pronunció.

 

Probablemente, esa es la razón por la cual el peticionante no señaló la disposición contenida en ese artículo como basamento de su petición, sino que terminó asentándola, en esencia, en lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

En ese orden de ideas, con relación al fundamento de la presente solicitud, esta Sala considera pertinente manifestar lo siguiente:

           

Como se sabe, el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

 

Por su parte, los numerales 4 y 6 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, disponen lo siguiente:

 

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.

 (...)

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala;

(...)

16. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y control difuso de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, dictadas por los demás tribunales de la República...”.

 

Como puede observase, tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes abarca tanto fallos que hayan sido dictados por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la ratio legis, en este caso, es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, conforme al artículo 335 del Texto Fundamental.

 

Por su parte, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Justicia, establece lo siguiente:

 

“...El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto Tribunal de la República, contra sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción o recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo 5 numerales 4 y 16 de esta Ley...”.

 

Así pues, del análisis de las precitadas disposiciones, en concatenación con los contenidas en el resto del ordenamiento jurídico, se desprende que no existe la figura de la “revisión de sentencias de la propia Sala Constitucional” ni, en definitiva, recurso alguno contra las mismas (vid. entre otras, sentencias Nros. 1497, del 12 de julio de 2005 y 483, del 10 de marzo de 2006).

 

 En ese orden de ideas, en sentencia N° 1086, del 19 de mayo de 2006, esta Sala sostuvo lo siguiente:

 

“...Asimismo, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece (...); es decir, que la revisión solicitada respecto a la sentencia de esta Sala, resulta improponible, en virtud que entre la potestad de revisar sentencias, que le ha sido atribuida constitucionalmente a esta Sala, no se encuentra la posibilidad de revisar sus propias sentencias.

 

La eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, según lo establecido por la doctrina de este máximo tribunal en numerosas oportunidades, (Vid. s. SCC-C.S.J. de 21-02-90), se traduce en tres aspectos: a) inimpugnabilidad, según la cual la sentencia con autoridad de cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se hayan agotado todos los recursos que dé la ley, inclusive el de invalidación (non bis in ídem). A ello se refiere el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil; b) Inmutabilidad, según la cual la sentencia no es atacable indirectamente, por no ser posible abrir un nuevo proceso sobre el mismo tema; no puede otra autoridad modificar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada; y, c) Coercibilidad, que consiste en la eventualidad de ejecución forzada en los casos de sentencias de condena; esto es, ‘la fuerza que el derecho atribuye normalmente a los resultados procesales’; se traduce en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho en el proceso.

 

Las decisiones dictadas por esta Sala Constitucional adquieren, desde su publicación, el carácter de cosa juzgada formal, consagrado en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, lo que se traduce en que la relación jurídica generativa de la sentencia en cuestión, no es atacable y al mismo tiempo se perfecciona el carácter de cosa juzgada material dispuesto en el artículo 273 eiusdem, que impone que se tenga en cuenta el contenido de la decisión en todo proceso futuro entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, aunado al carácter vinculante de las mismas.

 

Tratándose, por tanto, de una decisión de esta Sala Constitucional, a quien corresponde ejercer la atribución contenida en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la revisión sobre sus propios fallos significaría una vía de impugnación no consagrada legal ni constitucionalmente, lo cual violaría, por lo demás, el artículo 335 eiusdem, que, en concordancia con el artículo 266.1 del citado Texto Fundamental, prescribe la supremacía de la Sala respecto de la interpretación y aplicación últimas de las normas y principios constitucionales, y la potestad de ejercerla con fundamento en su universalidad, contra las sentencias dictadas por las demás Salas de este Alto Tribunal, pero no contra sus propios fallos, porque, ello sería emitir un nuevo dictamen.

 

Visto lo anterior, esta Sala juzga que la solicitud de revisión formulada por el abogado Luis Rafael Aponte Aponte, en su carácter de apoderado judicial de la empresa Clama Mattress Ticking, N.V., contra la sentencia N° 700 dictada por esta Sala Constitucional el 30 de marzo de 2006, es improponible, y así se declara...”.

 

            Como corolario de lo anterior, visto que en el presente caso, el ciudadano Juan José Barrios León solicitó a esta Sala la revisión de la sentencia que ella misma dictó el 30 de marzo de 2007, bajo el N° 583, esta Sala Constitucional debe declarar que no ha lugar por improponible en derecho la antedicha solicitud. Así se decide.

 

II

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que NO HA LUGAR, por improponible en derecho, la solicitud presentada antes esta Sala, el 12 de abril de 2007, por el ciudadano Juan José Barrios León, identificado ut supra, a través de la cual requiere que esta Sala revoque una orden pronunciada en la sentencia N° 583, dictada por esta Sala, el 30 de marzo del 2007, en el expediente Nº 06-1577.

 

Publíquese, regístrese y agréguese al expediente respectivo.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  04 días del mes de MAYO  dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

 

      FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                                                         Ponente

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

 

FACL/

Exp. N° 06-1577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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