Sentencia N.º 857
- Sentencia
- N.º 857
- Fecha
- 17/07/2015
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 15-0514
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
El 7 de mayo de 2015, las abogadas Noelia Di Vincenzo Ramírez y Elvira Anita Coppola Donisi, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 64.146 y 44.284 respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de las ciudadanas PAOLA DI CAMPO CONVENTI y ALEXANDRA ISABEL DI CAMPO REYES, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad núms. 11.368.307 y 13.858.215 respectivamente, solicitaron la revisión constitucional de la sentencia definitiva dictada, el 10 de julio de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró inadmisible la demanda que, por cumplimiento de contrato de arrendamiento de inmueble de uso comercial, interpusieron las hoy solicitantes contra la ciudadana MARÍA EXTÍLITA MEDINA GARCÍA.
El 12 de mayo de 2015, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Dr. FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Realizado el correspondiente análisis jurídico respecto de las actas que integran el presente expediente, pasa esta Sala a decidir la solicitud de revisión, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
Las solicitantes fundamentaron la solicitud de revisión que proponen, en los siguientes términos:
Que ( ) la Juzgadora declaró con lugar la apelación interpuesta por la demandada, por cuanto consideró que la ciudadana PAOLA DI CAMPO CONVENTI quien actuó en su propio nombre y en nombre de su hermana la ciudadana ALEXANDRA ISABEL DI CAMPO REYES, carecía de legitimidad para actuar en juicio por cuanto la misma no es abogada, contrariando a las previsiones de la Ley de Abogados y su Reglamento, al Código de Procedimiento Civil en su artículo 168 y atenta contra el principio constitucional del debido proceso, oportuno y rígido derecho a la defensa y contrariando el artículo 49 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela (sic), ordinal 1° relativo a la defensa y a la asistencia jurídica como derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación del proceso.
Que ( ) Según el criterio de la referida Juzgadora, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional de Derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses.
Que ( ) nuestra poderdante acudió a la instancia judicial en su propio nombre y representando a su hermana, mediante un poder especial que ésta última le otorga (debidamente autenticado) y la misma se encontraba asistida de abogado para el momento de la introducción de la demanda, y para las actuaciones siguientes, dicha ciudadana otorgó poder apud acta a las abogadas asistentes ( ).
Que ( ) Si bien es cierto que la ciudadana PAOLA DI CAMPO CONVENTI no es abogada para actuar en juicio, no es menos cierto que la misma no se encontraba actuando y mucho menos litigando como abogada representando a su hermana, sino que acude a la instancia judicial para cumplir con el mandato (poder) de su hermana que la representara, junto a sus propios derechos, los cuales tampoco pueden ser menoscabado (sic), acudiendo siempre bajo la asistencia de abogados, para la defensa de sus propios derechos y los de su hermana.
Que ( ) en efecto, siendo nuestra poderdante, la ciudadana PAOLA DI CAMPO CONVENTI, ya identificada, propietaria del 50% de los derechos sobre el inmueble objeto de la demanda de cumplimiento ( ) no existe falta de cualidad, ya que sería ilógico pensar que ésta proceda a demandar la desocupación de la mitad del inmueble ( ) sólo porque haya acudido en representación de ésta sin ser abogado, ( ) no existe falta de cualidad o la ilegitimidad de las demandantes para intentar el presente juicio.
Finalmente, solicitó a esta Sala que ( ) admita y declare con lugar el recurso de revisión interpuesto. Que acuerde revocar el fallo de 10 de julio de 2014, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda ( ).
II
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El 10 de julio de 2014, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda dictó la sentencia objeto de revisión, bajo las siguientes consideraciones:
( omissis )
Para resolver se observa:
PUNTO PREVIO
El Juez como director del proceso, tiene como finalidad analizar no sólo lo alegado y probado por las partes durante el iter procesal, ya que su labor no se limita a los hechos y al derecho por ellos invocados, debiendo en todo caso, en virtud del principio iura novit curia, revisar minuciosamente los denominados presupuestos procesales, unos de orden formal y otros de orden material o de fondo, los cuales son requisitos indispensables para que un proceso se considere válidamente constituido, cuya inobservancia acarrearía una transgresión al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual deberá el Estado garantizar una justicia ( ) gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, siendo desacertado iniciar un procedimiento en el cual se cause indefensión a alguna de las partes, y el cual conlleve a la declaratoria de una sentencia meramente inhibitoria, por haberse incurrido en algunos de los supuestos que la jurisprudencia ha establecido para que el juez pueda apartarse del tema debatido en resguardo del orden público.
El artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, establece que en materia civil el juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes, todo lo cual debe concatenarse con el artículo 14 eiusdem, según el cual, el juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal.
Sobre tales disposiciones legales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 779, del 10 de abril del 2002, caso: Materiales MCL, C.A., estableció con carácter vinculante, lo que sigue:
Visto lo antes expuesto, aprecia esta Sala que, mediante la acción interpuesta, la ciudadana LILA ROSA GONZÁLEZ DE PÉREZ (sic) cuestionó la valoración del juez de la alzada, dado que en su solicitud de tutela constitucional expuso los razonamientos que en su criterio- debieron darse en el caso bajo examen, tomando además en consideración que el juzgador se extralimitó en sus funciones al declarar inadmisible la demanda, por inepta acumulación de pretensiones, sin que la misma haya sido alegada por la parte demandada durante el proceso.
Al efecto, esta Sala considera necesario precisar que, de acuerdo con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. No obstante, este principio ya se anticipa en el artículo 11 eiusdem, donde como excepción al principio del impulso procesal, se permite actuar al Juez de oficio cuando la ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal, aunque no lo soliciten las partes.
Ahora bien, la aplicación del principio de la conducción judicial al proceso no se limita a la sola formal condición del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, sino que él encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin que se requiera la prestancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, o cuando evidencie, también de oficio, la inexistencia del derecho de acción en el demandante en los casos en que la acción haya caducado, o respecto a la controversia propuesta se haya producido el efecto de la cosa juzgada o cuando para hacer valer una pretensión determinada se invoquen razones distintas a las que la ley señala para su procedencia o cuando la ley prohíba expresamente la acción propuesta. Todos estos actos están íntimamente ligados a la conducción del proceso, ya que si no se satisfacen los presupuestos procesales no nace la obligación en el juez de prestar la función jurisdiccional para resolver la controversia propuesta ( ).
En base a lo expuesto, resulta necesario precisar además que el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, establece que ( ) el tribunal admitirá la demanda si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, por lo que es potestad del juez conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley, al momento de admitir, tramitar y decidir la controversia sometida a su consideración, actuar ajustado a lo dispuesto en las disposiciones adjetivas aplicables al caso; por lo que el Tribunal de la causa debe como se señalara anteriormente- verificar que se cumplan con los presupuestos procesales, a fin de advertir si la demanda presentada resulta a la luz de lo dispuesto en el aludido artículo admisible o no, que de ser éste último el caso no habría necesidad de abrir el contradictorio.
En atención a las anteriores consideraciones, y en aplicación al principio de la conducción judicial, es preciso señalar que el juez debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales, de no hacerlo puede ser verificado de oficio en cualquier estado y grado de la causa, y por ende podrá declarar la inadmisibilidad de la demanda, por cualquiera de los motivos establecidos en la Ley, ya que el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad constituyen materia de orden público.
Ahora bien, observa esta Juzgadora que en el presente juicio la ciudadana PAOLA DI CAMPO CONVENTI, interpuso una demanda por Cumplimiento de Contrato actuando en nombre propio y en representación de la ciudadana ALEXANDRA ISABEL DI CAMPO REYES, mediante instrumento poder el cual fue debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Registro Público con función notarial de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe, en fecha 18 de septiembre de 2013, inserto bajo el No. 50, tomo 282 de los libros llevados por ese Registro, de cuyo contenido se desprende lo siguiente:
Yo ALEXANDRA ISABEL DI CAMPO REYES, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 13.858.215, por medio del presente instrumento declaro que: Otorgo PODER ESPECIAL, amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere, a la ciudadana PAOLA DI CAMPO CONVENTI, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 11.368.307, para que en mi nombre y representación gestione por ante autoridades civiles, administrativas y fiscales, en procura de la defensa de mis intereses, derechos y acciones, en todos los asuntos que pueda tener pendiente en la actualidad o que pudieran presentárseme en el futuro y muy especialmente los relacionados con la Venta y/o Arrendamiento de los derechos que me pertenecen sobre el inmueble identificado con el nombre de Mini Centro Herminia, ubicado en la Avenida, Lamas, en esta población de Santa Teresa del Tuy, Municipio Independencia del Estado Bolivariano de Miranda. En ejercicio de este PODER, mi prenombrada Apoderada podrá vender los citados derechos, fijar precio el precio de venta, recibir el pago sea en cheque o efectivo y otorgar los correspondientes recibos y finiquitos, pudiendo asimismo firmar el respectivo documento de compra-venta, así como gestionar ante las autoridades competentes los referente a las solvencias municipales, impuestos, cédula catastral, en fin todo lo necesario para realizar la venta definitiva ( ) y en general, queda facultado ampliamente sin limitación alguna en cuanto no sea opuesto a derecho, estando facultado mi apoderada para sustituir este poder o en parte en persona de extrema confianza, pero reservándose siempre su ejercicio. Asimismo, mi nombrada apoderada queda ampliamente facultada para comparecer y gestionar, en mi nombre y representación, por ante todas y cada una de las autoridades tanto de la República Bolivariana de Venezuela como de cualquier otro país extranjero, bien sean éstas judiciales, civiles, administrativas o fiscales, así como también ante los demás entes de carácter público o privado; para representarme en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales, ya como demandante, ya como demandado, con facultad para intentar y contestar, en mi nombre y representación, demandas, citaciones( )̕.
Al respecto, resulta necesario referirse a la capacidad que ostenta la ciudadana PAOLA DI CAMPO CONVENTI, a quien se le confirieron facultades judiciales, para actuar en juicio como apoderada de la ciudadana ALEXANDRA ISABEL DI CAMPO REYES, sin ser Abogada, situación que a criterio de esta Juzgadora resulta prohibitiva conforme a lo expresado en nuestro ordenamiento jurídico. En tal sentido, considera oportuno esta Superioridad traer a colación lo establecido en la sentencia dictada en fecha 21 de agosto de 2003, por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, exp. No. 02-054, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, cuyo contenido parcial es el siguiente:
Ahora bien, la jurisprudencia reiterada de la Sala ha señalado que son ineficaces las actuaciones realizadas en juicio por quien no es abogado aún cuando hubiere actuado asistido de abogado, así en sentencia de fecha 27 de julio de 1994, expediente N° 92-249, esta Sala expresó lo siguiente: En sentencia del 14 de agosto de 1991 (Agropecuaria Hermanos Castellano C.A. contra Leonte Borrego Silva y otro), la Sala nuevamente señaló que si una persona siendo apoderado no es abogado, no puede ejercer en juicio la representación de su mandante, ni aún asistido de abogado, no sólo por prohibición expresa de los artículos 3° y 4° de la Ley de Abogados, norma especial que regula la materia, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución, sino en el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, reafirma que solo los abogados en ejercicio podrán ejercer poderes en juicio ̕.
Del criterio jurisprudencial anteriormente trascrito se desprende que, la persona que no es abogado no puede ejercer en juicio la representación de otra persona ni siquiera que este asistido de abogado, por prohibición expresa de los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, normas especiales que regulan la materia, así como también por lo dispuesto en el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, normativas que prevén que sólo los abogados en ejercicio podrán ejercer poderes en juicio. En consonancia con lo antes expuesto esta Juzgadora estima pertinente señalar lo establecido en los artículos antes mencionados de la Ley de Abogados y del Código de Procedimiento Civil, los cuales son del tenor siguiente:
Artículo 3.- Para comparecer por otro en juicio, evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía, se requiere poseer el título de abogado, salvo las excepciones contempladas en la Ley.
Artículo 4.- Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso.
Artículo 166.- Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados.
Precisado los conceptos jurídicos, desarrollados ut supra, se evidencia que un poder otorgado con las facultades judiciales, para actuar en juicio requiere obligatoriamente el cumplimiento en lo previsto en la Ley de Abogados y su Reglamento. La capacidad de actuar en juicio que es común a todo acto procesal y que constituye, a su vez, un presupuesto de validez del proceso, tal como ha dejado establecido el Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas Jurisprudencias al señalar que aún y cuando los poderdantes otorgaran facultades judiciales a su mandatario, este no podría ejercerlas directamente en juicio por carecer de capacidad de postulación, ya que no basta que haya comparecido en juicio asistido de abogado, toda vez que lo ajustado a derecho sería el otorgamiento de un poder a un profesional del derecho para que ejerza su debida representación en virtud de que las facultades judiciales solo pueden ser ejercidas por quien posee el título de abogado.
En el presente caso observamos que la ciudadana PAOLA DI CAMPO CONVENTI, le fue conferidas (sic) entre las facultades, no solo (sic) la de representar judicialmente sino la de sustituir el poder, así se previó en el instrumento poder: ̔ estando facultado (sic) ampliamente sin limitación alguna en cuanto no sea opuesto a derecho, estando facultado (sic) para sustituir este poder en todo o en parte en persona de extrema confianza, pero reservándose siempre su ejercicio ̕. Facultad esta que viola el debido proceso y el derecho a la defensa, y por supuesto la Ley de Abogado y su Reglamento. En el presente caso no puede recibir poder con facultades para representar en juicios por las razones jurídicas anteriormente señaladas y menos aún para sustituir el poder en abogados u otra persona. Llama poderosamente la atención que dentro de las facultades esta la siguiente: para representarme en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales, ya como demandante, ya como demandado, con facultad para intentar y contestar, en mi nombre y representación, demandas, citaciones y reconvenciones, solicitar medidas preventivas y/o ejecutivas, hacer oposición a cualquier medida que se practicare en mi contra..
solicitar citaciones, notificaciones y hacer denuncias, dándose previamente por citado o notificado; para convenir, desistir y transigir en juicio o fuera de él; para comprometer en árbitro, arbitrador o de derecho, absolver posiciones juradas... facultades estas que solo deben ser ejecutadas por abogados., asombra que el tribunal no se percatara de esta situación contraria a derecho y a la constitución., para abundar más veamos:
y en general, queda facultado (sic) ampliamente sin limitación alguna en cuanto no sea opuesto a derecho, estando facultado (sic) mi apoderada (sic) para sustituir este poder o en parte en persona de extrema confianza, pero reservándose siempre su ejercicio. Asimismo, mi nombrada apoderada queda ampliamente facultada para comparecer y gestionar, en mi nombre y representación, por ante todas y cada una de las autoridades tanto de la República Bolivariana de Venezuela como de cualquier otro país extranjero, bien sean éstas judiciales, civiles, administrativas o fiscales, así como también ante los demás entes de carácter público o privado; para representarme en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales, ya como demandante, ya como demandado, con facultad para intentar y contestar, en mi nombre y representación, demandas, citaciones( ).
No hay duda alguna que el presente poder antes analizado y transcrito, es totalmente contrario a las previsiones de la Ley de Abogados y su Reglamento, al Código de Procedimiento Civil en su artículo 168 y atenta contra el principio constitucional del debido proceso, oportuno y rígido derecho a la defensa, contrariando el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordinal 1ro, relativo a la defensa y a la asistencia jurídica como derecho inviolables en todo estado y grado de la investigación del proceso
En tal sentido, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo que establece la Ley de Abogados. (Sent. S.C, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz de fecha 15 de junio de 2004, Expediente N° 03-2845.).
En el caso de autos, se observa que la ciudadana PAOLA DI CAMPO CONVENTI, incoó una demanda por Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento contra la ciudadana MARIA EXTILITA MEDINA GARCIA (sic), en representación propia y de la ciudadana ALEXANDRA ISABEL DI CAMPO REYES, y siendo que constituye un criterio inveterado de nuestro Máximo Tribunal la imposibilidad de comparecer en juicio en representación de otro u otros sin ser Abogado, ya que, para la ejercitación de un poder dentro de un proceso judicial se requiere ser Abogado en ejercicio, sin que la falta de tal acreditación pueda suplirse mediante la asistencia de un profesional del derecho como ocurrió en el sub iudice, por tal motivo, a criterio de esta Juzgadora la demanda intentada por la ciudadana PAOLA DI CAMPO CONVENTI, quien actuó como apoderada de la ciudadana ALEXANDRA ISABEL DI CAMPO REYES, según consta instrumento poder debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Registro Público con función notarial de los Municipios José Tadeo Monagas y San José de Guaribe, en fecha 18 de septiembre de 2013, inserto bajo el No. 50, tomo 282 de los libros llevados por ese Registro (Ver folios 4 al 5 del presente expediente) debe tenerse como no opuesta y por ende inadmisible en derecho por carecer de facultades judiciales para actuar en juicio. Y ASI (sic) SE DECIDE.
Como consecuencia de la declaratoria anterior esta Juzgadora considera inoficioso pronunciarse con respecto a los medios probatorios traídos a los autos y a las demás defensas esgrimidas por las partes. Y ASI SE DECIDE.
En virtud de lo antes expuesto resulta forzoso para esta Superioridad declarar con lugar el recurso procesal de apelación ejercido por la Abogada Carmen Lizeth Guaricuco González, actuando en su carácter de representante judicial de la ciudadana MARIA EXTILITA MEDINA GARCIA (sic), contra la sentencia dictada en fecha 10 de junio de 2014, por el Juzgado del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Independencia y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Santa Teresa del Tuy, la cual queda revocada tal como se declarara de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Y ASÍ (sic) SE DECIDE.
Finalmente, no puede pasar inadvertido para esta Superioridad hacer un llamado de atención a la Abg. María Arévalo Medina, en su condición de Jueza Provisoria del Juzgado del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Independencia y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Santa Teresa del Tuy, a los fines de que en lo sucesivo evite ocasionar dilaciones indebidas como la que originó en la presente causa, toda vez que atenta contra la tutela judicial efectiva de los justiciables, ocasionándoles retardos y un desgaste procesal innecesario a las partes y por ende a la administración de justicia, que transgrede flagrantemente con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se advierte para que en lo sucesivo evite incurrir en situaciones como la detectada en el presente proceso. Y ASI (sic) QUEDA ESTABLECIDO.
Capítulo V
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la Abogada Carmen Lizeth Guaricuco González, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 75.945, actuando en su carácter de representante judicial de la ciudadana MARIA EXTILITA MEDINA GARCIA (sic), venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 9.349.277, contra la sentencia dictada en fecha 10 de junio de 2014, por el Juzgado del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Independencia y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Santa Teresa del Tuy, la cual queda REVOCADA.
Segundo: INADMISIBLE la demanda que por Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento incoara la ciudadana PAOLA DI CAMPO CONVENTI, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 11.368.307, quien actuó en nombre propio y en representación de la ciudadana ALEXANDRA ISABEL DI CAMPO REYES, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 13.858.215, contra la ciudadana MARIA EXTILITA MEDINA GARCIA (sic) , venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 9.349.277. Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandante.
Cuarto: Remítase el presente expediente a su Tribunal de origen, en su debida oportunidad legal.
Quinto: Regístrese, publíquese, incluso en la página web de este despacho, y déjese copia de la presente decisión. ( ).
III
DE LA COMPETENCIA
El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva .
Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes está contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en sus numeral 10 en los siguientes términos:
Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(...omissis )
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.
( omissis ).
Ahora bien, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de la sentencia dictada, el 10 de julio de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En el presente caso se pretende la revisión de la sentencia dictada, el 10 de julio de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró inadmisible la demanda que por cumplimiento de contrato de arrendamiento de inmueble de uso comercial interpusieron las hoy solicitantes contra la ciudadana MARÍA EXTÍLITA MEDINA GARCÍA.
De los argumentos que hace valer la representación judicial de las solicitantes, se evidencia fundamentalmente que atribuye a la mencionada decisión un error al estimar que ( ) para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional de Derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses.
Planteada en estos términos la solicitud de estudio, para decidir se observa:
En sentencia núm. 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), esta Máxima Juzgadora Constitucional apuntó cuáles son los fallos susceptibles de ser revisados de manera extraordinaria y excepcional, a saber: los fallos definitivamente firmes de amparo constitucional, las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional, y las sentencias definitivamente firmes que hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional.
Sobre el particular, es pertinente destacar que esta Sala ha insistido en que, la revisión constitucional es una potestad extraordinaria que no es amplia ni ilimitada, sino que se encuentra restringida, no sólo por cuanto se refiere de una manera taxativa a un determinado tipo de sentencias definitivamente firmes, sino que, igualmente, con base en la unión, integración y coherencia que debe existir en las normas constitucionales como parte de un todo, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer la garantía de la cosa juzgada en su artículo 49 constitucional, limita la potestad extraordinaria de revisión, que busca evitar la existencia de criterios dispersos sobre las interpretaciones de normas y principios constitucionales que distorsionen el sistema jurídico (creando incertidumbre e inseguridad en el mismo), garantizando la unidad del Texto Constitucional y, en fin, la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, cometido que tiene asignado este Alto Órgano Jurisdiccional como máximo y último intérprete de la Constitución.
En el caso de especie, la parte solicitante denuncia, que la sentencia objeto de revisión incurrió en error al declarar con lugar la apelación de la parte demandada en el juicio primigenio, de modo que ( )consideró que la ciudadana PAOLA DI CAMPO CONVENTI quien actuó en su propio nombre y en nombre de su hermana la ciudadana ALEXANDRA ISABEL DI CAMPO REYES, carecía de legitimidad para actuar en juicio por cuanto la misma no es abogada, contrariando a las previsiones de la Ley de Abogados y su Reglamento, al Código de Procedimiento Civil en su artículo 168 y atenta contra el principio constitucional del debido proceso, oportuno y rígido derecho a la defensa y contrariando el artículo 49 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela (sic), ordinal 1° relativo a la defensa y a la asistencia jurídica como derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación del proceso.
Respecto al asunto sometido a su consideración, la Juzgadora estimó, entre otras consideraciones:
( omissis )
No hay duda alguna que el presente poder antes analizado y transcrito, es totalmente contrario a las previsiones de la Ley de Abogados y su Reglamento, al Código de Procedimiento Civil en su artículo 168 y atenta contra el principio constitucional del debido proceso, oportuno y rígido derecho a la defensa, contrariando el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordinal 1ro, relativo a la defensa y a la asistencia jurídica como derecho inviolables en todo estado y grado de la investigación del proceso
En tal sentido, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo que establece la Ley de Abogados. ( ).
En efecto, del anterior extracto se evidencia que la Juzgadora, como fundamento de la decisión que dictó, analizó tanto el instrumento poder conferido por la ciudadana Alexandra Isabel Di Campo Reyes a su hermana no abogada- Paola Di Campo Conventi, como los alegatos de las partes, para concluir, a su soberano entender, que el poder analizado fue redactado como si se estuviese confiriendo a un profesional del Derecho, otorgándose incluso, la facultad para sustituir el ejercicio del comentado mandato en la persona de otro abogado, derivando de allí la falta de representación declarada, apuntando que ( ) la persona que no es abogado no puede ejercer en juicio la representación de otra persona ni siquiera asistido de abogado, por prohibición expresa de los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, normas especiales que regulan la materia, así como también por lo dispuesto en el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, normativa que prevé que sólo los abogados en ejercicio podrán ejercer poderes en juicio ( ).
Ello así, esta Sala encuentra que en el fallo cuya revisión se solicita, la Juzgadora realizó el análisis propio de la función que ejerce, y en ese sentido, emitió el criterio soberano que estimó para resolver lo planteado en el caso concreto.
En hilación con lo anterior, la Sala advierte que la presente solicitud de revisión evidencia, simplemente, el desacuerdo de la parte solicitante con la decisión cuya revisión se demanda, y no algún criterio de esta última que realmente altere la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni, en fin, alguna interpretación u omisión de aplicación de alguna norma o principio constitucional que atente contra la supremacía y efectividad de la Carta Magna.
En tal sentido, la parte solicitante sólo realiza señalamientos destinados a atacar cuestiones de juzgamiento, como es la valoración del instrumento poder y los alegatos aportados por las partes en la causa primigenia, lo cual de ninguna manera puede usarse como fundamento para una solicitud de revisión, pues, dicha valoración forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar (vid. sentencias núms. 325 del 30 de marzo de 2005, 1.761 del 17 de diciembre de 2012, 36 del 14 de febrero de 2013 y 554 del 21 de mayo de 2013, entre otras). Pudiendo constatar esta Sala, que en el estudio efectuado se analizó suficientemente los elementos que deben concurrir para que sea declarada la falta de representación acordada, evidenciando que en el caso concreto, la ciudadana Paola Di Campo Conventi no es abogada y por tanto no puede ejercer la representación en juicio de su hermana mandante- Alexandra Isabel Di Campo Reyes.
Así las cosas, se reitera que la decisión cuya revisión se solicita estuvo ajustada a derecho y se fundamentó en argumentos jurídicos acertados, que en modo alguno pueden constituir violaciones de los derechos constitucionales de la parte solicitante.
Finalmente, esta Sala considera oportuno insistir en que, la revisión constitucional no constituye y no debe ser entendida ni empleada, como un medio ordinario de impugnación o como una nueva instancia en los procesos cuyas decisiones son sometidas a revisión, sino como lo que es, es decir, como un mecanismo procesal constitucional excepcional, extraordinario y discrecional, que se encuentra limitado a unos supuestos claramente establecidos, en ninguno de los cuales, como se indicó ut supra, encuadra la decisión objetada en esta oportunidad, razón por la cual, ejerciendo con máxima prudencia esta trascendental potestad revisora, esta Sala considera que debe ser declarada no ha lugar la revisión solicitada. Así se decide.
V
Decisión
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por las abogadas Noelia Di Vincenzo Ramírez y Elvira Anita Coppola Donisi, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de las ciudadanas PAOLA DI CAMPO CONVENTI y ALEXANDRA ISABEL DI CAMPO REYES, respecto de la sentencia definitiva dictada, el 10 de julio de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró inadmisible la demanda que por cumplimiento de contrato de arrendamiento de inmueble de uso comercial interpusieron las hoy solicitantes contra la ciudadana MARÍA EXTÍLITA MEDINA GARCÍA.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17 días del mes de julio de dos mil quince. Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. núm. 15-0514.
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