Sentencia N.º 862
- Sentencia
- N.º 862
- Fecha
- 08/05/2002
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 00-1498
- Ponente
- José M. Delgado Ocando
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO
Mediante oficio nº 102 del 26 de abril de 2000, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el expediente nº 4034-00 de la nomenclatura interna llevada por ese Juzgado Superior, contentivo de la decisión dictada el 17 de abril de 2000, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el ciudadano CLAUDIO RAULLI DI GREGORIO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad nº 7.683.620, contra la decisión dictada el 21 de febrero de 2000 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil (Accidental) de la misma Circunscripción Judicial, actuando como Tribunal de Retasa, en el juicio de estimación e intimación de honorarios judiciales, interpuesto contra el accionante por el abogado Rómulo Villavicencio Navas, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad nº 2.510.835, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 6.225 derivados de la condenatoria en costas que recayera sobre el presunto agraviado, en el juicio especial intimatorio, propuesto por la sociedad mercantil Arrocera Santa Ana Compañía Anónima (ARROSANCA) domiciliada en Caracas e inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 10 de julio de 1968, bajo el nº 31, tomo 47-A y posteriormente refundido su documento constitutivo estatutario según documento inscrito en la misma Oficina de Registro Mercantil citada, el 4 de octubre de 1989, bajo el nº 10, tomo 3-A Pro (hoy Cargill de Venezuela Compañía Anónima), en su contra. Ello, en virtud de la apelación interpuesta por el apoderado judicial del accionante, en atención a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Recibido el expediente, se dio cuenta en Sala el 4 de mayo de 2000, designándose ponente al Magistrado doctor JOSÉ M. DELGADO OCANDO, quien con tal carácter suscribe este fallo.
I
ANTECEDENTES DEL CASO
El abogado Rómulo Antonio Villavicencio Navas, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil Arrocera Santa Ana Compañía Anónima (ARROSANCA) (hoy Cargill de Venezuela Compañía Anónima), interpuso demanda contra el accionante, por el cobro de dos letras de cambio, cuyo monto ascendía a la suma de seiscientos tres mil setecientos diecinueve bolívares con veinticinco céntimos, la cual fue tramitada mediante el Procedimiento por Intimación, (de los Procedimiento Especiales Contenciosos juicios ejecutivos) contemplado en el vigente Código de Procedimiento Civil en el Libro IV Título II, Capítulo II, artículos 640 al 659, ambos inclusive,.
El accionante resultó totalmente vencido en ese juicio, y en consecuencia al resultar condenado en costas, el apoderado judicial de la parte actora gananciosa, procedió a estimar e intimar honorarios profesionales en su contra a tenor de lo establecido en el artículo 22 de la vigente Ley de Abogados.
El accionante manifiesta que, ... el 6 de mayo de 1994, el antiguo Tribunal Primero, se pronuncia en mi contra, condenándome al pago dicho, a los intereses vencidos y que se venzan, así como las costas y costos del proceso....
Apelada la decisión anterior, el 5 de abril de 1995 el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, confirmó la referida decisión.
El 2 de octubre de 1997, el hoy accionante interpuso recurso de casación ante la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, decisión mediante la cual fui condenado en costas y costos en la Instancia y en Casación.
Señala el accionante, que al remitir el expediente al juzgado de la causa, el 3 de febrero de 1997, consignó el monto del capital e intereses, es decir, Seiscientos Tres Mil Ciento Seis Bolívares, el cual señaló es el monto de las dos letras de cambio intimadas al cobro.
Igualmente señaló que consignó la cantidad de Doscientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Seis Bolívares sin céntimos por concepto de intereses causados hasta la fecha de su consignación, los cuales señala el accionante fueron sobreestimados en la suma de Ochocientos Setenta y Cinco mil Doscientos Treinta con Veinticinco Céntimos y que dicha cantidad corresponde a la sociedad mercantil intimante por ser la ... propietaria de dichos activos (sic)...
Señaló igualmente, que consignó la suma de Ciento Cincuenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Cinco Bolívares por concepto de costas u honorarios (sic).
Que por este último concepto, ...consignó demás..., puesto que conforme a lo establecido en el artículo 648 del Código de Procedimiento Civil no deberían exceder estas costas del 25 %.
El 28 de febrero de 2000, el hoy accionante interpone acción de amparo constitucional, la cual, por el sistema de distribución de causas correspondió el conocimiento de la acción de amparo interpuesta, al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
El 17 de abril de 2000, el referido Juzgado Superior, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta.
El 25 de abril de 2000 el abogado del hoy accionante apeló de la referida decisión.
El abogado Rómulo Antonio Villavicencio Navas, actuando como parte demandante en el juicio intimatorio, contra el hoy accionante, solicitó el 17 de mayo de 2001, ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se declarara la perención de la presente acción de tutela constitucional, ya que a su entender pasó más de un año sin que se le diese el impulso procesal pertinente.
El accionante solicita que sea declarada con lugar la acción de amparo interpuesta, y se deje sin efecto la sentencia del 21 de febrero de 2000, dictada por el Juzgado Accidental de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. Así mismo solicita que se ordene suspender los efectos de la sentencia en referencia.
El 25 de septiembre de 2001, esta Sala dictó auto donde se declaró competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional y ordenó dada la pretensión del accionante, solicitar al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, y Mercantil (Accidental) de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, que informara si la sentencia del Tribunal Retasador había sido ejecutada, así como el estado en que se encuentra el juicio de estimación e intimación de honorarios judiciales, interpuesto contra el accionante, por el abogado Rómulo Villavicencio Navas en el expediente 2555/98 de la nomenclatura interna llevada por ese Tribunal de Primera Instancia.
El 27 de noviembre de 2001, fue recibida la información del juzgado requerido mediante oficio nº 984.
II
MOTIVACIÓN
En el presente caso, el accionante interpuso recurso de amparo constitucional contra la sentencia de retasa dictada el 21 de febrero de 2000 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, y Mercantil (Accidental) de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
Se constata que el juzgado a quo determinó que la referida acción de amparo constitucional resultaba inadmisible, pues estimó que frente a la sentencia de retasa, el accionante podía solicitar al tribunal de la causa que, en virtud de lo establecido en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, se limitara el monto de los honorarios determinados por el tribunal de retasa, al porcentaje establecido en el referido artículo 286 eiusdem; por ello estimó que el accionante contaba con un medio idóneo para que no se consumaran las violaciones a sus derechos y garantías constitucionales. A tal objeto el a quo apoyó su análisis, en un argumento de autoridad, específicamente una sentencia dictada por la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia.
Tal pronunciamiento no se encuentra ajustado a derecho.
En efecto, de una simple lectura del artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, se observa que en él no se describe o preceptúa ningún procedimiento para hacer valer el mandato contenido en la norma, sólo se determina el límite legal que como honorarios pueden cobrarse a la parte vencida, condenada en costas, el cual en ningún caso puede exceder del treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado.
El Tribunal Retasador, en su sentencia de retasa, infringió el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación y como quiera que contra las decisiones de retasa no cabe recurso alguno, pues son inapelables a tenor de lo establecido en el artículo 28 de la vigente Ley de Abogados, el accionante evidentemente se encontraba impedido de exigir que se reformara la sentencia y se aplicara la disposición legal infringida, por lo que no contaba con medio alguno para hacer valer sus pretensiones.
Además, los jueces retasadores no podían hacerlo, vista la prohibición expresa de la ley establecida en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, que no permite la reforma de la sentencia luego de que ésta ha sido dictada.
Por ello, el artículo 286 del vigente Código de Procedimiento Civil no era ni es un medio idóneo, para salvaguardar los derechos y garantías constitucionales del presunto agraviado, y así se declara.
Igualmente, se observa que la presente acción de amparo no se encuentra incursa en ninguna causal de inadmisibilidad, y así también se declara.
Analizado lo anterior, se desprende, que los jueces retasadores incluyeron y determinaron el monto de partidas que en forma alguna pueden ser consideradas como honorarios profesionales, sino como gastos del proceso, pues tal determinación del monto de los gastos y de las litis expensas, sólo podía hacerse, tal y como lo hizo el secretario del tribunal, mediante la tasación de los mismos.
El juzgado Retasador no tenía competencia para determinar el monto de los gastos judiciales, y lo que es más grave aún tampoco podía determinar que estos gastos le fueran pagados al intimante ya que ellos pertenecen a la parte gananciosa y no al abogado.
Resulta claro que los gastos forman parte de las costas, pero éstos no le pertenecen al abogado intimante, lo cual constituiría una suerte de confiscación de bienes del solicitante del amparo constitucional, lo cual violenta los artículos 115 y 116 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Advierte esta Sala que, aunque desde la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la justicia es gratuita, por ello no queda eliminado el principio consagrado en el artículo 172 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la parte debe suministrar las litis expensas a sus apoderados y, por supuesto, la parte que resulte victoriosa tiene el derecho a recuperar los gastos, pero nunca mediante el procedimiento de estimación e intimación de honorarios, pues en éste no deben ser discutidos los gastos en que haya incurrido la parte gananciosa.
Como ya se dejó expuesto, el Juzgado Retasador, incluyó partidas que no pueden se reputadas como honorarios judiciales y, además, no se atuvo a lo dispuesto en el artículo 286 del vigente Código de Procedimiento Civil, por lo tanto, lo procedente es declarar la nulidad de la sentencia de retasa dictada el 21 de febrero de 2000, y ordenar que se dicte nueva sentencia, sin incurrir en los vicios señalados, previa la constitución de un nuevo Tribunal Retasador, con la advertencia expresa de esta Sala, de que el monto de los honorarios no podrá exceder en ningún caso el 30% del valor de lo litigado, de conformidad con lo establecido en el artículo 286 del vigente Código de Procedimiento Civil.
En cuanto al alegato esgrimido por el accionante relativo a que el abogado intimante, al realizar la estimación e intimación de sus honorarios profesionales, debía sujetarla al monto máximo del 25% que establece el artículo 648 del Código de Procedimiento Civil, la Sala considera que el mismo es contrario a derecho, pues al producirse oposición al pago en el procedimiento especial de intimación previsto en el Código de Procedimiento Civil, el proceso se transforma en juicio ordinario, luego de precluido el lapso para dar contestación a la demanda y, por ello, sí podía aplicarse el artículo 286 del vigente Código de Procedimiento Civil, pero sólo en lo que respecta al monto máximo que por costas fuera condenado el vencido, mas no como medio efectivo para impugnar la sentencia de retasa.
El Juzgado Retasador actuó con abuso de poder y fuera de su competencia, y causó injuria constitucional al accionante, al determinar en la parte dispositiva del fallo el monto que, por gastos judiciales debía cancelar, por lo que su conducta se subsume en el supuesto de hecho contemplado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que hace procedente la tutela constitucional invocada, y así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara; 1) CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Claudio Raulli Di Gregorio, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Trabajo, y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el 17 de abril de 2000. 2) REVOCA la sentencia recurrida que declaró inadmisible la demanda de amparo constitucional intentada por el mencionado ciudadano contra la sentencia dictada, el 21 de febrero de 2000 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, y Mercantil (Accidental) de la misma Circunscripción Judicial, actuando como Tribunal de Retasa, en el juicio de estimación e intimación de honorarios judiciales, interpuesto en contra del accionante, por el abogado Rómulo Villavicencio Navas derivados de la condenatoria en costas que recayera sobre el presunto agraviado, en el juicio especial intimatorio, propuesto por la sociedad mercantil Arrocera Santa Ana Compañía Anónima (hoy Cargill de Venezuela Compañía Anónima), en su contra.
3) DECLARA la nulidad de la sentencia de retasa dictada el 21 de febrero de 2000, y ordena que se dicte nueva sentencia de retasa, sin incurrir en los vicios señalados, previa la constitución de un nuevo Tribunal Retasador, con la advertencia expresa de esta Sala, de que el monto de los honorarios no podrá exceder en ningún caso el 30% del valor de lo litigado, de conformidad con lo establecido en el artículo 286 del vigente Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días del mes de MAYO dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA JOSÉ M. DELGADO OCANDO
Ponente
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
JMDO/ns.-
Exp. nº 00-1498
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias