Sentencia N.º 867
- Sentencia
- N.º 867
- Fecha
- 08/07/2013
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 09-1236
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 09-1236
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 3 de noviembre de 2009, las abogadas Margarita Escudero León, María Verónica Espina Molina y Nelly Herrera Bond, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 45.205, 75.996 y 80.213, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de Corpomedios G.V. Inversiones, C.A., (GLOBOVISIÓN), cuyo documento estatutario se encuentra inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el No. 48, Tomo 59-A-Pro, en fecha 11 de noviembre de 1993, representación que consta en poder otorgado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Sucre del Estado Miranda en fecha 26 de octubre de 2009, anotado bajo el N° 57, Tomo 108, de los libros de autenticaciones de esa Notaría, presentaron ante la Secretaria de la Sala Constitucional, escrito de solicitud de revisión, contra la decisión núm. 01108 dictada, el 29 de julio de 2009 por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la cual declaró procedente la solicitud de aclaratoria presentada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de la sentencia N° 0797 dictada por la referida Sala el 4 de junio de 2009, en la cual determinó que la multa impuesta a su representada a través de la resolución PADS-358 del 5 de diciembre de 2005 por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones debía calcularse con base al valor de la Unidad Tributaria aplicable al momento de efectuarse el pago, esto es, la cantidad de cincuenta y cinco bolívares (Bs. 55,00), por lo que el monto total de la multa sería un millón seiscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 1.650.000,00).
El 10 de noviembre de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
El 10 de agosto de 2010, la abogada Nelly Herrera Bond presentó diligencia solicitando pronunciamiento en la presente causa.
El 26 de octubre de 2010, la abogada Nelly Herrera Bond presentó diligencia a los fines de exponer: Sustituyo, reservándome su ejercicio, poderes identificados supra en la abogada María Eugenia Ramírez Rojas, venezolana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Caracas, titular de la cédula de identidad No. 16.301.009 respectivamente e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 146.919.
El 5 de abril de 2011, la abogada María Eugenia Ramírez Rojas presentó diligencia solicitando pronunciamiento en la presente solicitud de revisión.
El 11 de agosto y el 16 de noviembre de 2011, la abogada Elisa Ramos Almeida, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 133.178, apoderada judicial de Corpomedios GV Inversiones C.A., presentó diligencia solicitando se dicte pronunciamiento en la presente solicitud de revisión.
El 15 de mayo, el 14 de agosto y el 6 de diciembre de 2012, la abogada Elisa Ramos Almeida presentó diligencias solicitando se dicte pronunciamiento en la presente solicitud de revisión.
En reunión de Sala Plena del 8 de mayo de 2013, se eligió la Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia, quedando la Sala Constitucional constituida de la siguiente manera: Gladys M. Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen A. Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover; ratificándose en la ponencia a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
Las apoderadas judiciales de Corpomedios G. V. Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN) esgrimieron como fundamento de la solicitud de revisión, los siguientes argumentos:
1. Que [e]n sentencia dictada por la Sala Político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 4 de junio de 2009 (Sentencia No. 0797), debidamente notificada a las partes en fecha 8 de junio de 2009, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, contra la Providencia Administrativa No. PADS-358 de fecha 5 de diciembre de 2003 (en lo adelante la Providencia), dictada por CONATEL, a través de la cual se impuso a nuestra representada una multa de treinta mil Unidades Tributarias (30.000 U.T.), ordenándose a Globovisión en la sentencia el pago de la multa establecida en la Providencia.
2. Que [e]n fecha 9 de junio de 2009, CONATEL presentó una solicitud de aclaratoria de la Sentencia No. 0797, pidiendo que se especificara que el valor de la Unidad Tributaria para el pago de la multa ratificada debía ser el efectivo para el momento del pago, esto sin ningún tipo de fundamentación legal.
3. Que [p]reviamente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 6 de marzo de 2007, mediante la sentencia No. 00381 (en lo adelante Sentencia No. 00381) ( ), había declarado en el mismo expediente y con ocasión de una solicitud de aclaratoria hecha por Globovisión: (i) procedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada contra la Providencia; y en consecuencia (ii) ordenó a nuestra representada prestar una garantía por el monto equivalente a dicha multa, dentro de un plazo de diez (10) días de despacho contados a partir de la notificación de la sentencia. Ante dicho pronunciamiento, nuestra representada presentó solicitud de aclaratoria, para que la Sala Político Administrativa aclarara si la multa debía calcularse, a los efectos del monto de la fianza, con base en el valor de la Unidad Tributaria de la fecha en que fue impuesta, o al valor de la Unidad Tributaria al momento en que se presentara la fianza. A través de la sentencia No. 00882 de fecha 5 de junio de 2007 (en lo adelante Sentencia No. 00882, ( ), la Sala Político Administrativa respondió la referida solicitud de aclaratoria, estableciendo de manera clara e inequívoca que la multa debía calcularse con base en el valor de la Unidad Tributaria del momento en que fue impuesta.
4. Que [a]hora bien, la Sala Político Administrativa, como se desprende de la Sentencia N° 01108 cuya revisión solicitamos, declaró procedente la solicitud de aclaratoria de la Sentencia No. 0797 presentada por CONATEL, contradiciendo su criterio anterior, sin anunciarlo y además aplicándolo retroactivamente al caso concreto, contradiciendo de esta manera criterio reiterado y vinculante de esa Sala Constitucional. En efecto, con la Sentencia No. 01108 la propia Sala Político Administrativa contradijo su propio criterio, indicando que el monto de treinta mil Unidades Tributarias (30.000 U.T.) correspondiente a la multa impuesta a nuestra representada mediante la Providencia, debía calcularse con base al valor de la Unidad Tributaria aplicable al momento de efectuarse el pago, esto es, la cantidad de cincuenta y cinco bolívares (Bs. 55,00), por lo que el monto total de la multa sería un millón seiscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 1.650.000,00).
5. Que [e]n consecuencia, la Sentencia N° 01108 violenta los derechos al debido proceso y a la confianza legítima de Globovisión. ( ), solicitamos la revisión de la Sentencia No. 01108 en lo que respecta al valor de la Unidad Tributaria a considerarse como base de cálculo para el pago de la multa impuesta a nuestra representada en la Providencia.
6. Que [l]a sentencia No. 01108 vulnera flagrantemente los principios de confianza legítima y expectativa plausible, como manifestaciones del principio de seguridad jurídica, lo que consecuentemente y vistas las particularidades del caso concreto que a continuación se explicarán, constituye una violación de los principios de seguridad jurídica y del derecho al debido proceso. La Sala Político Administrativa al dictar la Sentencia No. 01108 en primer lugar, desconoció su propia jurisprudencia reiterada y establecida en el propio expediente donde se dicta aquélla, en cuanto a que las multas de carácter administrativo cuantificadas en unidades tributarias, se pagan según el valor de la unidad tributaria del momento en que fue impuesta. En segundo lugar, la Sala Político Administrativa cambia el criterio, sin fundamentación alguna que explique el cambio y además lo aplica al caso concreto que se decide, en una clara violación a criterios reiterados de la Sala Constitucional en este sentido.
7. Que [l]as anteriores actuaciones de la Sala Político Administrativa evidencian que en el caso concreto se violentó el derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica, siendo estos obviados por completo por la Sentencia N° 01108 cuya revisión se solicita.
8. Que [e]l principio confianza legítima y expectativa plausible deriva del principio de seguridad jurídica, consagrado a nivel Constitucional como una de las garantías fundamentales a ser resguardadas en el sistema socio-económico del país.
9. Que la determinación del valor de la multa de la forma en que lo ha realizado la Sala Político Administrativa en violación de la confianza legítima y la expectativa plausible de nuestra representada, como consecuencia de los pronunciamientos previos de la referida Sala, incluso en el propio expediente donde se dicta la Sentencia N° 01108, atenta contra una garantía fundamental del orden constitucional como lo es el principio de la seguridad jurídica, lo que a (sic) vez conlleva en una afectación de su derecho al debido proceso.
10. Que [e]n el presente caso la sentencia de la Sala Político Administrativa sorprende a Globovisión en su expectativa legítima al emitir una decisión que cambia radicalmente el criterio sostenido por la Sala hasta la fecha en cuanto la referencia del valor de la unidad tributaria a los fines del pago de la multa de carácter administrativo y no tributario. Adicionalmente, este radical cambio de criterio no viene acompañado de explicación alguna que lo fundamente .
11. Que [e]l principio constitucional en comentarios postula que un particular que ha actuado de buena fe puede tener una expectativa justificada de obtener del órgano jurisdiccional una declaración favorable, sobre la base de una conducta reiterada que resulta favorable a las pretensiones del particular. Se trata de una forma de actuar del tribunal que induce a presumir una conducta de decisión favorable a la protección de determinados intereses del accionante.
12. Que [a]sí, a través de sus actuaciones, omisiones o criterios jurisprudenciales reiterados, los órganos jurisdiccionales pueden hacer presumir al particular que su situación es susceptible de ser convalidada o reconocida, o generar en éste la expectativa legítima en que el pronunciamiento sobre determinado asunto será consecuente con las actuaciones, omisiones o criterios jurisprudenciales previamente sostenidos en casos similares .
13. Que [a]sí pues, la uniformidad jurisprudencial o la estabilidad en la interpretación de las leyes, es la causa generadora de expectativas plausibles en los sujetos que pueden poner en funcionamiento el aparataje jurisdiccional; de la confianza acerca del sentido y aplicación de la norma ante determinados supuestos de hecho. Se trata de la seguridad del ciudadano en las actuaciones reiteradas y convincentes de los Poderes Públicos; en la forma, el alcance y el sentido de aplicación de las normas que regulan sus relaciones. Es importante detenernos en el análisis de la sentencia arriba parcialmente citada, pues sus postulados son muy importantes y necesarios para el análisis del caso que nos ocupa.
14. Que [s]eñala textualmente esa Sala, que la interpretación de normas que hagan los tribunales no pueden ser caprichosas o según los distintos casos y en consecuencia un criterio jurisprudencial cambie de causa en causa. Esto no quiere decir que una interpretación no pueda ser revisada y cambiada, pero para que ello ocurra y se consume la imparcialidad que debe acompañar al tribunal o Corte, es necesario entonces que ese cambio de criterio sea anunciado y motivado o justificado.
15. Que [p]or otro lado, señala el Tribunal Supremo de Justicia que es esta máxima instancia, en sus distintas Salas, quien tiene la mayor cuota de responsabilidad en mantener la estabilidad de la interpretación normativa y que es esa estabilidad en la interpretación normativa la que genera una confianza legítima en los ciudadanos que el Tribunal Supremo de Justicia y todos los demás tribunales deben garantizar .
16. Que [e]s por lo tanto necesario considerar qué es un criterio jurisprudencial y cuándo se considera que existe un cambio que por su brusquedad pueda vulnerar principios fundamentales como lo son la seguridad jurídica y la confianza legítima, y consecuentemente constituir una transgresión a la garantía fundamental del derecho al debido proceso .
17. Que [p]odemos concluir por lo tanto que existe un verdadero criterio jurisprudencial cuando en reiteradas ocasiones, sobre algún supuesto de hecho, la labor hermenéutica del juez ha arrojado la misma conclusión sobre la norma jurídica aplicable y la forma de (sic) en la que esta debe ejecutarse, y en caso de existir un cambio del criterio hasta entonces sostenido, los efectos del mismo no podrán aplicarse de manera retroactiva, so pena de vulnerar principios fundamentales del Estado de Derecho, como lo son la seguridad jurídica, la confianza legítima y la expectativa plausible, lo cual justificaría revisión por parte de esa Sala.
18. Que [e]n cuanto al caso en comentarios, referido al valor de la Unidad Tributaria que debe considerarse para el cálculo de una multa administrativa, es necesario entonces analizar cuál ha sido el criterio reiterado de interpretación que sobre este tema ha realizado la Sala Político Administrativa.
19. Que la Sala Político Administrativa ha dictado varias sentencias señalando que: ha afirmado que el valor de la Unidad Tributaria que debe considerarse para el cálculo de multas de carácter administrativo, es el de la ´fecha del acto de imposición´, este criterio se fundamenta en que es en ese momento (de imposición) cuando la Administración establece la comisión de la infracción, y en consecuencia debe pagarse con referencia a la unidad tributaria de ese momento.
20. Que [a]hora bien, aunado a ello la Sentencia No. 01108, aplica el artículo 94 del Código Orgánico Tributario sin explicación alguna, pues el Código Orgánico Tributario no es aplicable en el presente caso. El referido artículo señala:
Artículo 94: Las sanciones aplicables son:
1. Prisión.
2. Multa.
3. Comiso y destrucción de los efectos materiales objeto del ilícito o utilizados para cometerlo.
4. Clausura temporal del establecimiento.
5. Inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones.
6. Suspensión o revocación del registro y autorización de industrias y expendios de especies gravadas y fiscales.
Parágrafo Primero: Cuando las multas establecidas en este Código estén expresadas en unidades tributarias (U.T.), se utilizará el valor de la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento del pago.
Parágrafo Segundo: Las multas establecidas en este Código, expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago.
Parágrafo Tercero: Las sanciones pecuniarias no son convertibles en penas restrictivas de la libertad.
(Subrayado nuestro).
21. Que [c]omo es obviamente deducible, el referido artículo está dirigido a las sanciones establecidas en el Código Orgánico Tributario. Además, hay una disposición legislativa expresa en ese sentido, cuestión que no ocurre con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, base legal para la imposición de la multa contenida en la Providencia. Mal podrían aplicarse las normas del Código Orgánico Tributario a sanciones de tipo administrativo, como lo es la establecida en la Providencia. La norma transcrita es clara cuando establece: las multas establecidas en este Código, por lo que dicha norma no puede extenderse a otros ámbitos del derecho, que no sean extricamente (sic) las multas de carácter tributaria.
22. Que [i]ncurre en un garrafal error interpretativo la Sala Político Administrativa, cuando considera que la norma aplica a las multas impuestas en Unidades Tributarias de manera general. Es obvio de la lectura simple del artículo, que la referida norma está dirigida a las multas establecidas en el Código Orgánico Tributario, y no a todas las multas impuestas en unidades tributarias. Ello es admitido por la propia Sala Político Administrativa cuando en ocasiones previas no utiliza dicha disposición y establece que las multas administrativas, por ejemplo contenidas en la Ley de Aviación Civil, aun impuestas en Unidades Tributarias, han de calcularse de acuerdo al valor de la Unidad Tributaria al momento de cometerse la infracción. El método de cálculo enunciado en el artículo citado, se encuentra limitado, como se desprende del texto mismo de la Ley, a las multas establecidas en el Código Orgánico Tributario, por lo que mal puede aplicarse el artículo 94 en este caso, visto que la multa impuesta a Globovisión se encuentra en el Artículo 205 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
23. Que [l]a Sala Político Administrativa, a través de la sentencia comentada, viola el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica de nuestra representada, pues aplica para la determinación del valor de la Unidad Tributaria, una norma que pertenece a un ámbito del derecho completamente diferente, y que por lo tanto, sorprende a nuestra representada en su expectativa legítima y plausible respecto de la aplicación de los criterios hasta entonces sostenidos por la Sala Político Administrativa.
24. Que [a]sí las cosas, las varias sentencias dictadas por la Sala Político Administrativa a lo largo de ocho años sobre el valor de la Unidad Tributaria que debe considerarse para el cálculo de una multa de carácter administrativo, generó en nuestra representada una expectativa plausible y legítima, ya que claramente el criterio jurisprudencial pacífico, reiterado, unívoco e inequívoco y establecido es el tomar el valor de la Unidad Tributaria para la fecha del acto administrativo de imposición, en lo que a multas administrativas se refiere.
25. Que [a]hora bien, el cambio de criterio jurisprudencial violatorio de los derechos de nuestra representada, se produce en la Sentencia No. 01108 ..
26. Que [e]n conclusión, como se deduce de los diversos pronunciamientos de la Sala Político Administrativa, existe un verdadero criterio jurisprudencial en cuanto al momento en que se ha de considerar el valor de la Unidad Tributaria para el pago de multas administrativas, vistas las reiteradas manifestaciones de la Sala Político Administrativa en un mismo sentido al interpretar las legislaciones que imponen multas administrativas cuyo valor se expresa en Unidades Tributarias, esto es, que se debe considerar el monto de la Unidad Tributaria a la fecha del acto que impuso la sanción de multa, en este caso la fecha de la Providencia. El abrupto cambio de criterio, constituye por las razones expresadas, una violación de derecho al debido proceso y seguridad jurídica de nuestra representada, en su expectativa sobre un pronunciamiento concurrente con el precedente jurisprudencial y así solicitamos que se decida.
27. Que [l]a Sentencia No.- 01108 viola flagrantemente el derecho al debido proceso de nuestra representada en tanto y en cuanto estimó conducente la aplicación de un nuevo criterio al caso concreto, sin manifestar el fundamento de dicho cambio
28. Que [n]o basta que la Sala Político Administrativa indique qué norma aplica, pues dentro de su labor hermenéutica y de aplicación del derecho, debe necesariamente fundamentar las razones objetivas según las cuales asume una postura determinada, sobre todo cuando de un cambio de criterio se trata, de manera tal que no pueda considerarse que la aplicación de la norma, y la asunción del nuevo criterio se fundamentan en razones subjetivas referidas al caso particular, y no a la verdadera interpretación racional que debe hacer del derecho. En la Sentencia No. 01108, la Sala Político Administrativa se limitó únicamente a determinar que el artículo 94 del Código Orgánico Tributario aplicaba al caso, sin explayar las razones por las cuales cambió, lo que hasta la fecha, y en el mismo expediente de la referida sentencia, había sido su criterio constante, menoscabando por lo tanto el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica de nuestra representada, que desconoce incluso las motivaciones del criterio asumido en la Sentencia No. 01108. Así solicitamos que se declare.
29. Que [a]demás de que el cambio de criterio sorprende en su derecho a la confianza legítima a Globovisión, fue irreflexivo y arbitrario, fue aplicado retroactivamente. Al momento de accionarse el aparato jurisdiccional cuando nuestra representada intentó el recurso de nulidad contra la Providencia y hasta el momento en que se produjo el cambio, el criterio jurisprudencial de la Sala Político Administrativa era distinto, e incluso durante el juicio de nulidad intentado por nuestra representada contra la Providencia éste fue corroborado, por lo que la expectativa de Globovisión estaba fundamentada en el criterio pacífico y reiterado hasta entonces sostenido e incluso aplicado al caso concreto, por la misma Sala Político Administrativa por años. Adicionalmente, la Sala Político aplicó el cambio de criterio al caso de nuestra representada. La aplicación del nuevo criterio al caso menoscaba los principios constitucionales de seguridad jurídica, la confianza y expectativa legítima, así como el derecho a la igualdad y el derecho a la defensa de nuestra representada, al aplicársele a su caso el cambio de criterio que se adoptó con la Sentencia No. 01108 cuya revisión se solicita.
30. Que [e]s por ello que resulta inaceptable la aplicación del cambio de criterio emanado de la Sentencia No. 01108 a nuestra representada, ´ya que los cambios de criterios no pueden ser aplicados retroactivamente o al mismo caso donde se efectúa´(Sentencia N° 5074 del 15 de diciembre de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado ponente Luisa Estela Morales Lamuño, caso Aeropostal Alas de Venezuela, C.A, ) pues ´la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial, iría en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en todo Estado de Derecho´, (Sentencia N° 3702 del 19 de diciembre de 2003, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado ponente Pedro Rafael Rondón Haaz, caso Salvador de Jesús González Hernández ). La Sala Constitucional ha sido tajante en ese sentido al poner punto final a los vaivenes jurisprudenciales de cambio de criterio que violentarían entre otros, el derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos. Ante estas violaciones, la Sala Constitucional ha establecido un criterio vinculante, según el cual los cambios de criterios pueden existir, pues ello forma parte de la evolución propia del derecho, siempre y cuando estos cambios de criterio no se apliquen retroactivamente, ni al caso en el que el nuevo criterio se adopta, sino hacia el futuro, pues de lo contrario se estaría violentando flagrantemente los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso e igualda (sic) .
31. Que los criterios jurisprudenciales reiterados y pacíficos, generan en la ciudadanía un estado expectante de obtener pronunciamientos en el mismo sentido en el que los órganos jurisdiccionales han dictado previamente, y en base a ello es que ejercen sus derechos y acciones. Esa Sala ha manifestado: ´[l]a expectativa legítima es relevante para el proceso. Ella nace de los usos procesales a los cuales las partes se adaptan y tomándolos en cuenta, ejercitan sus derechos y amoldan a ellos su proceder, cuando se trata de usos que no [son] contrarios a derecho´.(Sentencia N° 956 del 1 de junio de 2001, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado ponente Jesús E. Cabrera Romero, caso Fran Valero González y otros ).
II
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
Mediante decisión del 29 de julio de 2009, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló lo siguiente:
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la solicitud de aclaratoria de la sentencia N° 0797 de fecha 4 de junio de 2009, formulada por las representantes judiciales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
En tal sentido resulta imprescindible distinguir, en primer lugar, la finalidad de cada uno de los medios de corrección de la sentencia previstos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a las deficiencias que se presentan en cada caso particular, sin que estas correcciones puedan modificar dichos pronunciamientos. (Vid. sentencias N° 0186 de fecha 17 de febrero de 2000; N° 02676 del 14 de noviembre de 2001; N° 0621 de fecha 10 de junio de 2004 y Nº 01554 del 19 de septiembre de 2007; todas dictadas por esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
Así, la finalidad de la ampliación de la sentencia es el pronunciamiento complementario que realice el juez, a petición de parte, sobre algún punto esencial del pleito que hubiese omitido en su pronunciamiento; mientras que la aclaratoria tiene por objeto disipar una duda, dilucidar algún concepto ambiguo o explicar una expresión oscura que pueda prestarse a confusión.
Por su parte, la rectificación de la sentencia constituye un medio por el cual se agregan aspectos materiales omitidos en la decisión, en razón de un error involuntario del tribunal, tales como: los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos.
Como puede observarse, conforme al contenido del artículo bajo comentario, la Sala podría corregir su sentencia en cualquiera de las modalidades admitidas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, pero nunca disminuir o modificar el fondo de lo decidido utilizando los señalados medios de corrección.
En este contexto, examinados los argumentos de los apoderados judiciales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es menester señalar que la solicitud planteada en el caso bajo examen está referida propiamente a una ampliación de la sentencia N° 0797 del 4 de junio de 2009, la cual no estableció como lo indica la representación de la aludida Comisión el valor de la unidad tributaria en relación con la moneda de curso legal, el bolívar, a los efectos de que Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN) pague la multa impuesta en la Providencia Administrativa N° PADS-358 del 5 de diciembre de 2003, dictada por el órgano administrativo antes mencionado.
Ahora bien, respecto a la determinación del valor de la unidad tributaria a los fines del pago de sanciones de multa, resulta pertinente hacer referencia al contenido del Parágrafo Primero del artículo 94 del Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 33.305 de fecha 17 de octubre de 2001, cuyo tenor es el siguiente:
´Artículo 94. Las sanciones aplicables son:
( omissis )
Parágrafo Primero: Cuando las multas establecidas en este Código estén expresadas en unidades tributarias (U.T.), se utilizará el valor de la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento del pago.´(Resaltado de la Sala).
De la norma citada se colige que las multas impuestas en unidades tributarias conforme al Código Orgánico Tributario de 2001, deben calcularse de acuerdo al valor vigente para la fecha en la cual se efectúa el pago de la sanción.
En atención al artículo precedentemente transcrito, estima la Sala que en el caso bajo estudio la multa impuesta a la empresa Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN), en el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° PADS-385 del 5 de diciembre de 2003, por el monto de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), debe calcularse según el valor de la unidad tributaria vigente para la fecha en que se realice el pago de la sanción.
De esta manera, debe indicarse que actualmente el valor de la unidad tributaria es Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55,00), según lo dispuesto en la Providencia Administrativa N° SNAT-2009-0002344 del 26 de febrero de 2009, emanada del Superintendente Nacional Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 39.127 de ese misma fecha.
Por lo anterior, procede la solicitud de los apoderados judiciales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y, en consecuencia, la Sala indica que el monto de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) por la multa impuesta a la sociedad mercantil Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN), mediante la Providencia Administrativa N° PADS-385 del 5 de diciembre de 2003, deberá calcularse con base a la cantidad de Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55,00) por cada unidad tributaria, por lo que el monto de dicha sanción totaliza la cantidad de Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 1.650.000,00), sin perjuicio del recálculo que deba hacer la Administración, conforme al Parágrafo Primero del artículo 94 del Código Orgánico Tributario, para el caso de entrar en vigencia un nuevo valor de la unidad tributaria, sin haberse realizado el pago. Así se declara.
VI
DECISIÓN
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE, en los términos expuestos en la motivación de este fallo, la solicitud planteada por los apoderados judiciales de la COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) el 9 de junio de 2009.
Téngase la presente ampliación como parte integrante de la sentencia N° 0797 del 4 de junio de 2009, dictada por esta Sala.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado´.
III
DE LA COMPETENCIA
Debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que, conforme lo establece el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone en el artículo 25, cardinales 10 y 11, lo siguiente:
Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
( )
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; por falta de aplicación de algún principio o nomas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos señalados en el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales .
Ahora bien, visto que en el caso de autos se solicitó la revisión de la sentencia núm. 01108 dictada, el 29 de julio de 2009, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a la que se imputa la violación del derecho a la igualdad, derecho a la defensa, derecho al debido proceso, a la confianza legítima y a la seguridad jurídica, contenida en los artículos 22, 49 cardinal 1 y 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala se considera competente para conocerla y así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Esta Sala para decidir observa:
El fallo impugnado es la decisión núm. 1108 dictada por la Sala Político Administrativa el 29 de julio de 2009. La misma se dictó con ocasión a una solicitud de aclaratoria formulada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), sobre la decisión núm. 797, del 4 de junio de 2009, que declaró sin lugar el recurso contencioso tributario de nulidad interpuesto por Corpomedios G.V. Inversiones. C.A. (GLOBOVISIÓN) y ratificó el acto sancionatorio de multa proferido por ese Ente regulador.
Esta última decisión, que acordó la referida aclaratoria, se encuentra sometida a revisión por considerarse que contravino el principio de la confianza legítima y de expectativa plausible. Contra la misma se denuncia que modificó el criterio que inveteradamente había sostenido la Sala Político Administrativa hasta ese momento que consideraba que el valor de la unidad tributaria a estimar para el pago de las multas era aquella que existía al momento de dictarse la sanción administrativa, y no aquella cuando se efectuara el pago en caso de desestimarse el recurso contencioso tributario de nulidad contra los actos administrativos.
La sociedad mercantil solicitante de la revisión sostiene que esa Sala Político Administrativa venía sosteniendo un criterio contrario en el cual consideraba que el pago de las sanciones de multa se efectuaba sobre la base estimatoria del valor de la unidad tributaria al momento de dictarse la sanción y no para el momento de cancelarse la multa. Asimismo, indicó que fue al momento de dictarse la decisión impugnada núm. 1108/2009 que dicha Sala cambió el criterio, aplicándolo de manera retroactiva a la causa decidida, contraviniendo de esta manera el mencionado principio el cual fundamenta su solicitud revisión.
Ahora bien, en relación con el principio de confianza legítima y expectativa plausible esta Sala (s.S.C. núm. 401 del 19 de marzo de 2004), ha dictaminado lo siguiente:
En sentencia n° 956/2001 del 1º de junio, caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero, que aquí se reitera, esta Sala señaló:
La expectativa legítima es relevante para el proceso. Ella nace de los usos procesales a los cuales las partes se adaptan y tomándolos en cuenta, ejercitan sus derechos y amoldan a ellos su proceder, cuando se trata de usos que no son contrarios a derecho.
Con la anterior afirmación, la Sala le dio valor al principio de expectativa plausible, el cual sienta sus bases sobre la confianza que tienen los particulares en que los órganos jurisdiccionales actúen de la misma manera como lo ha venido haciendo, frente a circunstancias similares.
Así, es claro que en nuestro ordenamiento jurídico, con excepción de la doctrina de interpretación constitucional establecida por esta Sala, la jurisprudencia no es fuente directa del Derecho. Sin embargo, la motivación de los fallos proferidos por las Salas de Casación que trasciendan los límites particulares del caso sub iúdice, para ser generalizada mediante su aplicación uniforme y constante a casos similares, tiene una importancia relevante para las partes en litigio dada la función de corrección de la actividad jurisdiccional de los tribunales de instancia que ejercen las Salas de Casación de este Alto Tribunal, cuando desacaten o difieran de su doctrina, la cual, de acuerdo con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, deben procurar acoger para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.
Por ello, la doctrina de casación, sin ser fuente formal del Derecho, en virtud de que sienta principios susceptibles de generalización, cuya desaplicación puede acarrear que la decisión proferida en contrario sea casada, se constituye en factor fundamental para resolver la litis y, en los casos en que dicha doctrina establezca algún tipo de regulación del proceso judicial, sus efectos se asimilan a los producidos por verdaderas normas generales.
De tal forma, que en la actividad jurisdiccional el principio de expectativa plausible, en cuanto a la aplicación de los precedentes en la conformación de reglas del proceso, obliga a la interdicción de la aplicación retroactiva de los virajes de la jurisprudencia. En tal sentido, el nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos.
No se trata de que los criterios jurisprudenciales previamente adoptados no sean revisados, ya que tal posibilidad constituye una exigencia ineludible de la propia función jurisdiccional, por cuanto ello forma parte de la libertad hermenéutica propia de la actividad de juzgamiento, sino que esa revisión no sea aplicada de manera indiscriminada, ni con efectos retroactivos, vale decir, que los requerimientos que nazcan del nuevo criterio, sean exigidos para los casos futuros y que se respeten, en consecuencia, las circunstancias fácticas e incluso de derecho, que existan para el momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente.
Conforme a lo expuesto, esta Sala ha reiterado en múltiples fallos (Vid. sentencia nº 3702/2003 del 19 de diciembre, caso: Salvador de Jesús González Hernández, entre otras), que la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial, iría en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en todo Estado de Derecho.
En lo que respecta al criterio que venía manteniendo la Sala Político Administrativa con respecto a valor de la unidad tributaria para el pago de las multas, se observa que su estimación se determinaba en relación con el monto estipulado para el momento en que la Administración tributaria procedía a dictar la sanción (vid. s.SPA 1505/2001; 1202/2002, entre otras). Inclusive, esta Sala observa de los anexos al expediente, la consignación en copia simple de la decisión núm. 882/2007, de fecha 5 de junio (expediente AA40-X-2004-0021), tomada de la página web de este Tribunal, en la cual, en una causa similar y con las mismas partes (recurso contencioso tributario de nulidad contra acto administrativo de imposición de multa dictada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones contra Corpomedios G.V. Inversiones, C.A.), analizó el valor de la unidad tributaria que debía estimarse para el pago de las multas, considerando aquella que estuviese vigente al momento de dictarse el acto administrativo:
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la solicitud de aclaración de la sentencia N° 0381 de fecha de marzo de 2007, formulada por las representantes judiciales de la sociedad mercantil Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN).
En tal sentido, resulta imprescindible, en primer lugar, distinguir la finalidad de cada uno de los medios de corrección de la sentencia previstos en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a las deficiencias que posean las decisiones en cada caso particular, sin que estas correcciones puedan modificar dichas decisiones. (Vid. sentencias N° 0186 de fecha 17 de febrero de 2000, N° 02676 del 14 de noviembre de 2001 y N° 0621 de fecha 10 de junio de 2004, todos dictadas por esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia).
Así, la finalidad de la ampliación de la sentencia es el pronunciamiento complementario que realice el juez, a petición de parte, sobre algún punto esencial del pleito que hubiere omitido en su sentencia, mientras que la aclaratoria tiene por objeto disipar una duda, dilucidar algún concepto ambiguo o explicar una expresión oscura que haya quedado de la sentencia y que pueda prestarse a confusión.
Por otra parte, las rectificaciones de las sentencias constituyen un medio por el cual se agregan aspectos omitidos en la decisión en razón de un error involuntario del tribunal, tales como los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparecieren manifiestos en la sentencia.
Como puede observarse tanto de las definiciones de la doctrina procesal como de las previsiones reguladas en nuestro ordenamiento jurídico sobre los medios de enmienda o corrección de la sentencia, y la posibilidad jurídica de dictar aclaratorias y ampliaciones a los fallos, después de dictados y publicados, la Sala podría ampliar su sentencia, pero nunca disminuirla o modificarla.
En este contexto, examinados como han sido los argumentos de las apoderadas actoras, es menester señalar que la solicitud planteada en el caso bajo examen está referida propiamente a una rectificación de la sentencia N° 0381 del 7 de marzo de 2007, la cual, efectivamente, no estableció el monto conforme al cual debe calcularse la unidad tributaria a los efectos de consignar la garantía exigida por este Alto Tribunal, en virtud de la medida de suspensión de efectos otorgada.
Al respecto, resulta pertinente hacer referencia a la decisión N° 0314 del 22 de febrero de 2007, en la cual la Sala indicó:
Finalmente es necesario precisar cuál es el valor de la unidad tributaria a los efectos del establecimiento del monto de la sanción impuesta, para lo cual cabe destacar que la Sala (vid. sentencias números 01505 del 18 de julio de 2001, 01202 de 3 de octubre de 2002 y 01770 del 12 de julio de 2006, entre otras) señaló que la fecha del acto de imposición de la multa es la que debe tomarse en cuenta a los efectos del valor de la unidad tributaria aplicable para su pago, porque es en ese momento cuando la Administración establece -previo procedimiento- la comisión de la infracción y la consecuente sanción .
De esta manera, de acuerdo con la jurisprudencia parcialmente transcrita, la fecha del acto que impuso la sanción de multa es la que debe ser tomada en consideración a los efectos del valor de la unidad tributaria aplicable para el pago de la multa porque es en ese momento cuando la Administración establece -previo procedimiento- la comisión de la infracción y la consecuente sanción .
En el caso concreto, si bien lo ordenado por la sentencia N° 0381 del 7 de marzo de 2007 no fue el pago de la multa sino la consignación de una garantía expresada en unidades tributarias por el monto equivalente a aquél señalado por el acto administrativo que impuso dicha multa (treinta mil unidades tributarias 30.000 U.T.), a saber, la Providencia Administrativa N° PADS-385 de fecha 5 de diciembre de 2003, debe entonces calcularse el valor de las unidades tributarias conforme al monto vigente para la fecha en que fue dictado el acto que impuso la sanción.
Así, se advierte que para la fecha 5 de diciembre de 2003, la unidad tributaria tenía un valor de Diecinueve Mil Cuatrocientos Bolívares (Bs. 19.400), según lo dispuesto en la Providencia N° SNAT-2003-1565 del 3 de febrero de 2003, emanada del Superintendente Nacional Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 37.625 de ese mismo mes y año.
Por lo anterior, debe declararse procedente la solicitud presentada por las apoderadas judiciales de la empresa Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN), y en consecuencia, se indica que el monto de treinta mil unidades tributarias de la garantía exigida por esta Sala en la sentencia N° 0381 del 7 de marzo de 2007, a los efectos de la medida de suspensión de efectos otorgada, deberá computarse con base en la cantidad de Diecinueve Mil Cuatrocientos Bolívares (19.400) por cada unidad tributaria. Así se declara.
Adicionalmente, esta Sala por notoriedad judicial (vid. s.S.C. núm. 150/2000; caso: José Gustavo Di Mase) observa que en ese otro juicio del cual se toma referencia para advertir el cambio de criterio (s.SPA núm. 778 del 8 de julio de 2008, publicada al día siguiente; expediente AA40-X-2004-0021), se reiteró que el valor estimativo de la unidad tributaria era aquella que estuviese vigente para el momento de impartirse la sanción:
Así las cosas, se observa que la garantía presentada por la parte recurrente fue constituida por el Banco Mercantil, C.A. Banco Universal, institución bancaria reconocida, como fiadora principal y solidaria, conforme a la norma parcialmente transcrita.
Igualmente, consta en autos que la fianza fue consignada dentro del plazo de diez días de despacho, según lo ordenado en la sentencia N° 0381, y que su monto corresponde a treinta mil unidades tributarias, de acuerdo al valor de la unidad tributaria vigente para la fecha en la cual fue dictada la Providencia Administrativa recurrida; razón por la cual esta Sala da por satisfecha la garantía exigida en el mencionado fallo, con el objeto de asegurar la efectividad y resultado de la medida cautelar de suspensión de efectos otorgada. Así se declara.
En consecuencia, se ordena notificar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), a los fines de suspender los efectos de la Providencia Administrativa N° PADS-385 de fecha 5 de diciembre de 2003, a partir de la notificación de la presente decisión, sólo en lo que respecta a la sanción de multa impuesta a la sociedad mercantil Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN), por la cantidad de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), mientras se decide el fondo del asunto controvertido. Así se declara. (resaltado del presente fallo de Sala Constitucional)
Visto el orden de las decisiones proferidas en esa misma causa que han aplicado el criterio imperante establecido por esa Sala Político Administrativa, se observa que, en efecto, hubo un cambio intempestivo de razonamiento que sería válido hacia el futuro; mas no así para esa misma causa que le resulta preexistente y sobre la cual se había delimitado otro valor estimativo de la unidad tributaria con los criterios existente en su momento.
Estas decisiones contrastan con la sentencia que dictó la Sala Político Administrativa objeto de revisión que acordó la aclaratoria formulada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), con respecto a la sentencia definitiva que declaró sin lugar el recurso contencioso tributario, cuando estimó que el valor de la unidad tributaria es aquella que esté vigente al momento de realizarse el pago:
Por lo anterior, procede la solicitud de los apoderados judiciales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y, en consecuencia, la Sala indica que el monto de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) por la multa impuesta a la sociedad mercantil Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN), mediante la Providencia Administrativa N° PADS-385 del 5 de diciembre de 2003, deberá calcularse con base a la cantidad de Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55,00) por cada unidad tributaria, por lo que el monto de dicha sanción totaliza la cantidad de Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 1.650.000,00), sin perjuicio del recálculo que deba hacer la Administración, conforme al Parágrafo Primero del artículo 94 del Código Orgánico Tributario, para el caso de entrar en vigencia un nuevo valor de la unidad tributaria, sin haberse realizado el pago. Así se declara.
Visto el orden señalado, esta Sala advierte que se incurrió en el quebrantamiento del principio de confianza legítima y expectativa plausible al no poderse modificar, con efecto retroactivo, el valor de la unidad tributaria. Por ende, tratándose de materia sancionatoria, tiene mayor prevalencia los principios relacionados con la seguridad jurídica, por lo que no puede retrotraerse criterios aplicados a causas que se encuentran sometidas a una interpretación jurisprudencial anterior.
Siendo así, esta Sala determina que la decisión núm. 01108 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 29 de julio de 2009 es contraria a los criterios vinculantes establecidos por esta Sala Constitucional con respecto al principio de confianza legítima y expectativa plausible (s.S.C. 956/2001; 3703/2003; 401/2004, indicadas anteriormente); razón por la cual, declara ha lugar la presente solicitud de revisión constitucional y, en consecuencia, anula el mencionado fallo. Se ordena a la Secretaría de esta Sala remita a la Sala Político Administrativa copia certificada de la presente decisión, a los fines de dictarse nueva decisión, considerando la jurisprudencia establecida en el presente fallo. Así se decide.
V
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara HA LUGAR la revisión constitucional interpuesta por la representación judicial de CORPOMEDIOS G.V. INVERSIONES, C.A. (GLOBOVISIÓN) de la sentencia núm. 01108 dictada el 29 de julio de 2009 por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, ORDENA a la Secretaría de esta Sala remita a la Sala Político Administrativa copia certificada del presente fallo, a los fines de dictarse nueva decisión, considerando la jurisprudencia establecida en el presente fallo.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días del mes de julio de dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
Vicepresidente,
Francisco A. Carrasquero López
Los Magistrados,
Luisa EstelLa Morales Lamuño
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp.- 09-1236
CZdM/
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias