Sentencia N.º 869
- Sentencia
- N.º 869
- Fecha
- 05/05/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-2346
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 29 de noviembre de 2005, el abogado Luis Manuel Piñango G., inscrito en Inpreabogado bajo el N° 9.748, con el carácter de apoderado judicial de CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAS MAPARA, constituido mediante documento inscrito ante
El 1 de diciembre de 2005 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a
Realizado el estudio individual del presente expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Señaló el apoderado judicial del accionante que, el 4 de abril de 2005, el Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la solicitud de oferta real planteada por la ciudadana Ana María Suárez, al Condominio del Edificio Residencias Mapara ...por las mensualidades de condominio que ella dice adeudar desde el mes de marzo de 2002 hasta el mes de enero de 2005, señalando como total de la oferta la cantidad de cuatro millones quinientos trece mil trescientos diecinueve bolívares con noventa y cinco céntimos (Bs. 4.513.319,95).
Expresó que el 5 de abril de 2005,
Que, cumplidos los trámites correspondientes el tribunal de la causa ordenó la citación de
Adujo que en el acto contradictorio su representado -parte oferida- señaló que la cantidad ofrecida no correspondía a lo que realmente adeudaba la oferente, tal como se especificó claramente en la demanda que por vía ejecutiva su representada incoó en su contra, y en la cual expresamente se demandó el pago de ciento treinta millones quinientos treinta y siete mil quinientos cincuenta y seis con veinte seis céntimos (Bs. 130.537.556,26).
Partiendo de ello indicó que al plantearse la falta de validez de la oferta por disconformidad entre la suma ofrecida y la suma debida, su representado alegó que había que tomar en cuenta las reglas de la competencia por la cuantía y, como consecuencia de ello el Juzgado Quinto de Municipio de
Seguidamente, refirió que a pesar de la situación fáctica señalada, el Juzgado Quinto de Municipio de
Que, el 9 de noviembre de 2005, el referido Juzgado Superior declaró sin lugar el recurso de regulación de competencia y confirmó al Juzgado Quinto de Municipio como competente para seguir conociendo del procedimiento de oferta real planteado ...haciendo caso omiso de que en el contradictorio de la oferta se manifestó la disconformidad entre lo ofrecido Bs. 4.513.319,95 y la cantidad debida montante Bs. 130.537.556,26..., vulnerando con tal proceder la garantía del juez natural, del debido proceso y de la defensa de su representado, al obviar el criterio sostenido por
En virtud de lo expuesto, solicitó se declarara con lugar la acción de amparo constitucional y se restituyera la situación jurídica infringida dejándose sin efecto la sentencia dictada el 9 de noviembre de 2005, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Solicitó, de conformidad con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, el otorgamiento de una medida cautelar innominada, consistente en la suspensión del procedimiento del juicio de la oferta real..., hasta tanto se decida la presente acción de amparo constitucional.
II
DE LA SENTENCIA ACCIONADA
La sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
La motivación de la referida sentencia fue la siguiente:
... la oferta real de pago y depósito consiste en solicitud realizada por el oferente para liberarse de la obligación pendiente con el objeto de no incurrir en mora. Dicha solicitud es de Jurisdicción voluntaria que persigue que el órgano jurisdiccional que conozca de ella, declare en definitiva si la oferta es validad(sic), previa constatación de los requisitos de Ley. Así pues, la competencia del órgano por la cuantía esta determinada al monto oferido; independientemente de las defensas que desplegue la parte oferida, ya que estas persiguen que el tribunal declare no valida(sic) la solicitud de oferta real y depósito. En este sentido el artículo 30 del Código de Procedimiento Civil, que: ´El valor de la causa, a los fines de la competencia se determina en base a la demanda...´. Y así se decide.
Por lo expuesto esta alzada declara que en el caso de autos el tribunal competente para conocer de la causa es el Juzgado Quinto de Municipio de
III
COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, a tal efecto, observa:
De conformidad con lo establecido por esta Sala Constitucional en decisión N° 1 del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán) le corresponde conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de
Visto que la acción de amparo constitucional sometida a la consideración de
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde ahora a esta Sala, pronunciarse respecto a la admisibilidad de la presente causa, a cuyo efecto observa:
El presente caso, se trata de una acción de amparo constitucional interpuesta ante esta Sala Constitucional, por el abogado Luis Manuel Piñango G., en su carácter de apoderado judicial de Condominio Edificio Residencias Mapara contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Una vez analizado el contenido de la acción propuesta a la luz de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 6 de
No obstante lo anterior, esta Sala ha sostenido en reiteradas oportunidades, que en la etapa de admisión del amparo, puede el Juez Constitucional declarar, en aras de los principios de celeridad y economía procesal, la improcedencia de lo pretendido ante la ausencia de violaciones constitucionales, para evitar la apertura de un procedimiento que de todas maneras va a resultar inoficioso, tal como esta Sala lo declarará en el dispositivo de este fallo.
De acuerdo con lo señalado, aprecia
(...) La acción de amparo contra actos jurisdiccionales, ha sido concebida en nuestra legislación, como un mecanismo procesal de impugnación de actuaciones u omisiones judiciales que enerven directamente derechos o garantías constitucionales, revestido de particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo que previene el texto normativo que las regula, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los operadores de justicia. En este sentido, el artículo 4 de
Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.
Del análisis del artículo transcrito, y buscando salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica, la jurisprudencia patria ha señalado que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias: (i) que el órgano jurisdiccional presuntamente agraviante haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial o material); y aunado a ello, (ii) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional.
En cuanto a la expresión actuando fuera de su competencia, reitera esta Sala que, dicha expresión no está referida sólo a la incompetencia por la materia, cuantía o territorio, sino que también corresponde a los conceptos de abuso de poder o extralimitación de funciones, y que consecuencialmente esa actuación vulnere derechos o garantías constitucionales. Es decir, que conforme a lo anterior, puede ocurrir que el Juzgador actuando dentro de su competencia, entendida ésta en el sentido procesal estricto, pueda hacer uso indebido de las facultades que le están atribuidas, para fines totalmente distintos al que se le confirió, o actuar haciendo uso indebido de ese poder, independientemente del fin logrado, dictando una resolución o sentencia que lesione un derecho constitucional.
Siendo ello así, a juicio de
Considera esta Sala, -disintiendo de
El artículo 819 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
La oferta real se hará por intermedio de cualquier Juez territorial del lugar convenido para el pago y cuando no haya convención especial respecto del lugar del pago, en el domicilio o residencia del acreedor o en el lugar escogido para la ejecución del contrato...(subrayado des esta Sala).
La oferta real como institución, surgió por el hecho de que el deudor, tal como señalaba el Dr. Arminio Borjas en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil de 1916:
...cuando no pudiere extinguir su obligación mediante el pago correspondiente, por oponerse el acreedor a recibirlo, puede obtener su liberación por medio del ofrecimiento real de pago y del depósito subsiguiente de la suma o cosas debidas, siempre que la deuda consista en una cantidad de dinero o de especies, o en un objeto determinado.
Seria injusto que, por capricho del acreedor, por su mala voluntad, su deseo de lucro indebido u otra causa análoga, se viera el deudor en la imposibilidad de solucionar su deuda, sufriendo o quedando expuesto a sufrir perjuicios más o menos graves. El legislador ha proveído a la necesidad de evitarle semejantes contingencias, mediante la institución de la oferta real y el depósito....
Es decir, la referida institución nació en favor del deudor, y con la finalidad de facilitarle la posibilidad de liberarse frente al acreedor, con lo cual se contribuye a la obtención de uno de los fines del Estado, como lo constituye la paz social, la cual puede afirmarse, posee una relación directamente proporcional con la existencia de conflictos intersubjetivos. En ese sentido, el Estado debe garantizar una justicia expedita sin formalismos y sin reposiciones inútiles, tal como lo dispone el artículo 26 de
Ahora bien, para la solución del presente caso, es necesario adminicular la referida garantía con los principios de celeridad y economía procesal e inmediación, los cuales han permitido a esta Sala Constitucional exponer su criterio con relación al citado artículo 819 del Código de Procedimiento Civil, en efecto, en sentencia N° 2625 del 12 de diciembre de 2001 (caso: Carlos Enrique Morillo Avendaño), señaló que:
... la referida disposición contiene una norma que deroga las reglas ordinarias relativas a la competencia por el territorio y la cuantía, declarando que el Tribunal competente para conocer la causa es cualquier juez territorial. En consecuencia, escogido el juzgado de Municipio por parte del oferente, éste era el competente, sin que pudiera éste declinar la competencia en otro juez... (subrayado de este fallo).
En consecuencia, pretender que el juez de municipio elegido por el deudor para hacer su oferta con fines liberatorios, remita a otro juez distinto por la inconformidad manifestada por el oferido acreedor, crearía una carga adicional sobre aquél, quien habiendo comparecido de buena fe -la cual debe presumirse- a ofrecer una cantidad de dinero, deba entonces soportar, el que se reviertan sobre él, las consecuencias de una extensión del proceso, además de otros perjuicios que puedan afectar su patrimonio, por ejemplo el incremento de los intereses moratorios o la imposibilidad de recuperar un bien dado en garantía, entre otros.
Así las cosas, esta Sala concluye que, en el caso de autos no puede deducirse de las actas del expediente que la situación jurídica del accionante fue infringida por la sentencia impugnada dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Visto lo anterior
V
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Luis V. Velázquez Alvaray
Francisco A. Carrasquero López
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
EXP 05-2346
CZdeM/tg.-
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