Venley

Sentencia N.º 874

Sentencia N.º 874

Sentencia
N.º 874
Fecha
30/05/2008
Sala
Constitucional
Expediente
08-0169
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 7 de febrero de 2008, se recibió en esta Sala Constitucional el oficio n° 0450 del 1 de febrero de 2008, remitido por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, anexo al cual se envió el original del expediente contentivo del conflicto de competencia surgido entre la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con ocasión de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado JAIME ALBERTO CORONADO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 23.118, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos COLOMBA TURRI FARESE y ARTURO FARESE RESTAINO, la primera de nacionalidad italiana y el segundo de nacionalidad venezolana, titulares de las cédulas de identidad números E - 485.658 y V - 2.950.490, respectivamente, contra la División de Asuntos Internos de la Dirección de Prevención y Control de Pérdidas adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Dicha remisión se realizó a los fines de que esta Sala resuelva sobre el conflicto negativo de competencia para conocer la acción de amparo constitucional interpuesta.

 

El 18 de febrero de 2008, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio del expediente, la Sala decide conforme a lo siguiente:

 

I

ANTECEDENTES

 

1.- El 6 de junio de 2007, el abogado Jaime Alberto Coronado, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Colomba Turri Farese y Arturo Farese Restaino, presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo de una acción de amparo constitucional intentada contra la División de Asuntos Internos de la Dirección de Prevención y Control de Pérdidas adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, correspondiéndole el conocimiento de aquélla a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y quedando signada dicha causa bajo el n° AP42-O-2007-000120 (numeración de dicha corte).

 

2.- El 28 de junio de 2007, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se declaró competente para conocer la acción de amparo constitucional antes mencionada, admitió dicha acción, y ordenó la práctica de las notificaciones correspondientes.

 

3.- Mediante auto del 19 de julio de 2007, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo fijó para el miércoles 1 de agosto de 2007, la celebración de la respectiva audiencia constitucional.

 

4.- El 1 de agosto de 2007, se llevó a cabo ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la celebración de la audiencia constitucional, en la cual las partes expusieron sus alegatos, hicieron uso de sus derechos de réplica y contrarréplica, así como también los jueces integrantes efectuaron preguntas a ambas partes. Al finalizar dicha audiencia, el antes mencionado órgano jurisdiccional acordó diferir la audiencia por un lapso de cuarenta y ocho (48) horas, a los fines de que el apoderado judicial de la parte accionante presentara el documento de fe de vida actualizada de los ciudadanos Colomba Turri Farese y Arturo Farese Restaino, por cuanto dicha Corte consideró a tales documentos como fundamentales para decidir el caso.

 

5.- El 10 de agosto de 2007, el abogado Jaime Coronado, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Colomba Turri Farese y Arturo Farese Restaino, consignó ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo un (1) escrito, mediante el cual consignó el documento original de la fe de vida de los mencionados ciudadanos, expedido por el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Nápoles, Italia, así como también solicitó la fijación de la oportunidad para la finalización de la audiencia constitucional.

 

6.- El 18 de septiembre de 2007, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó decisión n° 2007-001926 en el antes mencionado proceso de amparo, mediante la cual declaró su incompetencia sobrevenida para conocer de la acción de amparo interpuesta, declinó su competencia para el conocimiento de dicha acción, en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital al que por previa distribución le corresponda el conocimiento de aquélla, y advirtió que los actos y trámites procesales efectuados por dicha Corte en el expediente contentivo de la causa, deben tenerse como válidos a los fines de salvaguardar los derechos subjetivos de los justiciables.

 

7.- El 20 de noviembre de 2007, el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, al cual le correspondió el conocimiento de la acción de amparo luego de la mencionada declinatoria de competencia, se declaró incompetente para el conocimiento de dicha solicitud de tutela constitucional, y planteó conflicto negativo de competencia ante la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal.

 

8.- El 22 de enero de 2008, la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión n° 00087, declaró que corresponde a esta Sala Constitucional resolver el presente conflicto negativo de competencia y, en consecuencia, ordenó remitir el expediente a esta Sala.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales otorgó a los ciudadanos Colomba Turri Farese y Arturo Farese Restaino, mediante el sistema de Seguridad Social, el derecho de percibir pensión de jubilación por haber cumplido con los requisitos de edad y años de servicio laborando en la empresa privada “Ingenieros HG C.A.,”.

 

Que dichos ciudadanos cumplieron con todos los requisitos de edad, cantidad de semanas cotizadas al Seguro Social, salarios de cotización promedio y demás exigencias legales para la obtención de la pensión de jubilación, tal como consta en la cuentas individuales de cada uno de ellos, las cuales reposan en la Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y en el registro de pensionados llevado por dicha institución.

 

Que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha venido depositando el monto de las pensiones de los accionantes, en las instituciones bancarias Central Entidad de Ahorro y Préstamo y Banco Caroní, siendo que aquéllos retiraban personalmente los montos correspondientes a su pensión, hasta la fecha en la que por razones de salud tuvieron que trasladarse a la República Italiana, autorizando al abogado Jaime Alberto Coronado para que retirara los montos, previa autorización de dicho instituto.

 

Que en el año 2005, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales decidió de forma unilateral no autorizar a los agraviados el retiro del monto de las pensiones antes mencionadas, a pesar de las solicitudes que reiteradamente consignó dicho abogado -ante el mencionado organismo- en fechas 30 de noviembre de 2005, 12 de enero, 28 de abril y 23 de mayo de 2006.

 

Que en el mes de noviembre de 2006, el abogado Jaime Alberto Coronado recibió comunicación mediante oficio n° 1154-06, de fecha 11 de mayo de 2006, que le dirigiera el Licenciado Elías Eduardo Cabeza Ibarra, en su carácter de Jefe de la División de Asuntos Internos, adscrita a la Dirección General de Prevención y Control de Pérdidas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la cual le comunicó que sus representados “…deberán consignar por ante este despacho documentos probatorios (constancia de trabajo, recibo de cobro, liquidación, etc.) que certifiquen que los mismos laboraron en la empresa Bahía C.A”.

Que el mencionado abogado insistió durante los meses de diciembre de 2006, enero, febrero y marzo de 2007, para que la prenombrada Dirección autorizara a sus mandantes el retiro del monto de las pensiones que se encuentra depositado en sus respectivas cuentas, autorización que ha sido negada expresa y tácitamente por el órgano accionado.

 

Que a sus representados se les continúa violando el derecho constitucional a la seguridad social consagrado en el artículo 86 del Texto Constitucional, al negarles el derecho adquirido de percibir la pensión de jubilación que previamente les había otorgado el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

 

Que conforme al artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado otorgó a los hoy quejosos, los cuales cumplieron con los requisitos de edad y años de servicio prestados a una empresa privada, el beneficio de jubilación “… y a tal efecto, en contraprestación les paga pensión de vejez, pero este derecho, de carácter irrenunciable por ser de orden público, ha sido vulnerado por el órgano agraviante al suspender el cobro de dicha pensión, conminándolos a presentar documentos ‘probatorios de su derecho”.

 

Que el derecho de los agraviados ha sido previamente reconocido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el cual desde hace varios años les otorgó el derecho de jubilación y a percibir el pago de una pensión de vejez.

 

Que ese derecho de los accionantes ha sido conculcado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al suspender éste el pago y retiro de la pensión de los hoy quejosos, lesionando así el órgano agraviante el carácter irrenunciable del que gozan los derechos laborales, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.2 del Texto Constitucional.

 

Que las vías de hecho adoptadas por el órgano agraviante, constituyen violaciones directas de los derechos constitucionales de los agraviados, actuando aquél con abuso de poder y extralimitándose en sus funciones, a pesar que los accionantes poseen un derecho adquirido de carácter irrenunciable que forma parte del sistema de seguridad social de los habitantes de la República, el cual es de orden público, alegando también los accionantes que dicho órgano “… les suspende el derecho adquirido y los somete para readquirirlo (sic) a condiciones que no se encuentran previstas en la ley, cercenando sus derechos fundamentales a la Seguridad Social y contrariando el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales”.

 

III

DE LOS TRIBUNALES QUE DECLINARON SU COMPETENCIA

 

El 18 de septiembre de 2007, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declinó la competencia en un Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en los siguientes términos:

 

“… esta Corte considera necesario pronunciarse nuevamente sobre su competencia para conocer de casos como el de autos, dado el reciente criterio competencial establecido en la sentencia N° 1.700 de fecha 7 de agosto de 2007, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recaída en el caso: Carla Mariela Colmenares Ereú contra la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).

(…)
Una vez realizados los anteriores señalamientos se debe precisar que ha sido reiterada la jurisprudencia de los Tribunales que integran la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que señala que la competencia en materia de amparos constitucionales ejercidos en forma autónoma, se determina conforme a los criterios orgánico y material, esto es, en razón del órgano del cual emana el acto y de la naturaleza del derecho presuntamente vulnerado, respectivamente, aspectos éstos que han sido desarrollados en los fallos dictados por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal en los casos Emery Mata Millán y Yoslena Chanchamire Bastardo.

En este sentido, se declaraba la competencia de las Cortes de lo Contencioso Administrativo para conocer en primera instancia de los amparos constitucionales autónomos en virtud del órgano del cual emanaba la acción u omisión objeto del amparo, siendo éste el que prevalecía en el supuesto de los agravios provenientes de la Administración, por cuanto quedaba sometido al control jurisdiccional de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en virtud de la competencia residual que recaía en estos Órganos Jurisdiccionales. Ahora bien, a partir de la sentencia N° 1.700 de fecha 7 de agosto de 2007 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, varió el criterio que se venía aplicando en relación a la competencia de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer en primera instancia de los amparos constitucionales interpuestos de forma autónoma. (…)
En virtud de lo anterior, esta Corte observa que, a partir del fallo parcialmente transcrito, se desaplicó el criterio de la competencia residual utilizado en materia de amparo constitucional, por no resultar eficaz frente al principio de acceso a la justicia y salvaguardar de esta forma el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, declarándose competente al Tribunal mas próximo para el justiciable.

Así las cosas, conforme al razonamiento desarrollado por la Sala Constitucional, en los supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia a las Cortes de lo Contencioso Administrativo para el control de los actos administrativos dictados por los órganos y entes de la Administración Pública, ese criterio no será aplicable para las acciones constitucionales de amparo interpuestas de forma autónoma, aplicando en razón del acceso a la justicia la competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central que por su jerarquía no conozca la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Ahora bien, debe indicarse que tanto en la parte motiva como en la dispositiva de la decisión anteriormente transcrita se puede observar que se señala expresamente que el criterio desarrollado en la decisión a la que se ha hecho mención es de carácter vinculante, ordenándose en consecuencia la publicación del fallo, tanto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, como en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.

(…)
Por lo tanto, partiendo de tales premisas, visto que nuevamente mediante vía jurisprudencial, esta vez en virtud de la sentencia N° 1700 del 7 de agosto de 2007, se estableció el régimen de competencias en materia de amparo constitucional, esta Corte considera imperativo aplicarlo al caso de autos, para lo cual debe precisarse lo siguiente:

Se observa que en el presente caso, inicialmente había sido determinada la competencia de este Órgano Jurisdiccional Colegiado para conocer del amparo constitucional interpuesto de forma autónoma contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), en virtud del criterio residual antes expuesto que imperaba para ese momento según el cual recaía en estos órganos jurisdiccionales por ser un ente descentralizado funcionalmente que se encuentra adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, formando parte de la Administración Pública Nacional Descentralizada.

No obstante, en fiel acatamiento del criterio vinculante sentado por la Sala Constitucional en la sentencia N° 1700 del 7 de agosto de 2007, esta Corte debe necesariamente declarar su incompetencia sobrevenida para conocer del caso de autos, por lo que declina la competencia al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que corresponda previa distribución, por ser el Tribunal competente en primera instancia de conformidad con el criterio antes expuesto, para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), ello en aras de salvaguardar el derecho al juez natural, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de las partes. Así se decide.

Vista la incompetencia sobrevenida de este Órgano Jurisdiccional Colegiado para conocer del caso de autos, se advierte que los actos y trámites procesales efectuados en el presente expediente, por esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, deben tenerse como válidos a los fines de salvaguardar los derechos subjetivos de los justiciables. Así se decide”.

 

 

Por su parte, el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante decisión del 20 de noviembre de 2007, al plantear el conflicto negativo de competencia, indicó:

 

“Considerando el caso subjuice (sic), tal como se desprende de las actas procesales fue interpuesta en fecha seis (06) de junio del presente año, siendo solicitada a la parte accionante documentos fundamentales inclusive fijada la correspondiente Audiencia Constitucional, siendo que en fecha siete (07) de Agosto del año en curso, la Sala del Tribunal Supremo de Justicia dicta Sentencia, mediante la cual se establece jurisprudencia en cuanto a la competencia residual de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

No obstante a criterio de quien suscribe, independientemente de lo establecido en la reciente jurisprudencia, no se debe dejar de considerar el Artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, de cuyo texto se desprende el Principio ‘Perpetuatio Jurisdictionis’, que consiste, en una situación de hecho existente en el momento de admitirse la demanda, determinará la competencia para todo el curso del proceso, previo a los ataques de las que pueda ser objeto. Pues solamente así puede darse una respuesta ajustada a las expectativas que las partes han podido tener, de acuerdo con ese criterio. En este sentido, mal podría perjudicarse al justiciable que intentó el recurso adecuado, con fundamento en un criterio jurisprudencial posterior; tal situación configuraría un supuesto de aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial, lo que no es acorde con un Estado de Derecho, según lo aseverado por la Sala Constitucional, que en la sentencia N° 401 del 19 de marzo de 2004 (caso: Servicios La Puerta, S.A.), sostuvo:

(omissis).

Asimismo, es pertinente señalar el criterio de fecha 6 de diciembre de 2005, acogido por la Corte en sentencia N° 253 de fecha 17 de febrero de 2006, caso: Rafael Enrique Bocaney Vidosa vs. Asociación Civil Magnum City Club, a cuyo tenor:

(omissis).

De modo que a juicio de esta sentenciadora el criterio expuesto en fecha 07 de agosto de 2007 no es aplicable al caso de autos, por cuanto el órgano jurisdiccional había admitido y el procedimiento de amparo se encontraba en proceso encontrarse para el momento en que se suscitó la incompetencia sobrevenida. Y así se decide.

Sobre las consideraciones aquí contenidas debe aplicarse análogamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia dada la Incompetencia de este órgano juridisccional se plantea de conformidad con el Artículo 70 del citado Código, Conflicto Negativo de Competencia ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia”.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer el conflicto negativo de competencia suscitado entre la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con ocasión a la acción de amparo constitucional que encabeza las presentes actuaciones.

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 266.7 establece como atribución del Tribunal Supremo de Justicia: “Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal común a ellos en el orden jerárquico”. En sentencias números 1/2000 y 2//2000, ambas del 20 de enero (casos: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), al determinar la competencia para conocer de amparo a la luz de los principios y preceptos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala estableció que le corresponde ejercer la jurisdicción constitucional en sede del Tribunal Supremo de Justicia, y que, en consecuencia, es ella la competente por la materia: “...para conocer, según el caso, de las acciones de amparo constitucional propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales".

 

Igualmente observa esta Sala que, de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 51 y primer aparte –in fine- del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, el conocimiento de un conflicto negativo o positivo de competencia corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia cuando no hubiere un tribunal superior común a los jueces declarados incompetentes, en la Sala afín con la materia y naturaleza del asunto debatido.

 

A tal efecto, observa esta Sala que entre la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo no existe tribunal superior común. Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con las normas citadas, esta Sala Constitucional, por ser afín con la materia y la naturaleza del asunto aquí debatido, resulta competente para dirimir el conflicto de competencia antes referido. Así se declara.

 

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

A los fines de delimitar el objeto del asunto que ha sido sometido a consideración de esta Sala, se observa lo siguiente:

 

El presente caso versa sobre un conflicto negativo de competencia surgido entre la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para el conocimiento de la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos Colomba Turri Farese y Arturo Farese Restaino, representados por el abogado Jaime Alberto Coronado, en la cual alegaron la presunta lesión del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 86 del Texto Constitucional, ocasionada por una vía de hecho desplegada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al suspenderles el pago de sus pensiones de jubilación, y también al prohibirle a su apoderado judicial -abogado Jaime Alberto Coronado-, retirar el dinero que actualmente reposa en las cuentas bancarias en las que se efectúa el pago de dichas pensiones.

 

De igual forma, de las actas que conforman el presente expediente también se evidencia que la acción de amparo constitucional fue interpuesta ante las cortes de lo contencioso administrativo, siendo que el conocimiento de aquélla le correspondió a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual admitió dicha acción y celebró la correspondiente audiencia constitucional. Es el caso, que posteriormente a la celebración de dicha audiencia, y antes de juzgar el mérito de la pretensión, dicho órgano jurisdiccional, el 18 de septiembre de 2007, se declaró incompetente para el conocimiento de la misma y, en consecuencia, declinó su competencia en un Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, ello con fundamento en el nuevo criterio jurisprudencial establecido por esta Sala en sentencia n° 1.700/2007, del 7 de agosto.

 

Una vez efectuada la correspondiente distribución, el conocimiento del proceso de amparo en cuestión le correspondió al Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el cual, el 20 de noviembre de 2007, se declaró a su vez incompetente para conocer dicho proceso de amparo, con base en el principio perpetuatio jurisdictionis inserto en el texto del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, el cual, aplicado al presente caso, conllevaría al mantenimiento de la competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer la demanda de amparo de amparo interpuesta, no obstante el referido criterio asentado en la sentencia n° 1.700/2007, del 7 de agosto.

 

Siendo así, dicho juzgado superior planteó un conflicto negativo de competencia ante la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, la cual a su vez se declaró incompetente para resolver el presente conflicto de competencia, y remitió el expediente contentivo de la causa a esta Sala Constitucional.

 

Precisado lo anterior, esta Sala estima oportuno señalar que la competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas de forma autónoma viene determinada, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por el criterio material y por el criterio orgánico (sentencia n° 1.700/2007, del 7 de agosto).

 

El primero de dichos criterios, previsto en el artículo 7 de la referida Ley, establece la afinidad entre la competencia natural del juez -de primera instancia- y los derechos y garantías presuntamente lesionados. Este criterio constituye el elemento primordial para dilucidar la competencia en materia de amparo, y cuando se acciona en amparo contra la Administración Pública adquiere operatividad con el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual la jurisdicción contencioso administrativa es competente para “(…) anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder, condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por las actividad administrativa”, lo que conduce a afirmar que aquellas situaciones jurídico-subjetivas que resulten lesionadas por actos o hechos dictados o ejecutados en ejercicio de la función administrativa u omisiones o abstenciones de órganos o personas obligados por normas de Derecho Administrativo, se encuentran salvaguardadas en virtud de la potestad que la Constitución otorga a esos órganos jurisdiccionales (sentencia n° 1.700/2007, del 7 de agosto).

 

En el caso de autos, el ámbito material en el cual se produjeron las lesiones denunciadas, es el jurídico-administrativo, pues las actuaciones que constituyen la supuesta violación constitucional, provienen de la División de Asuntos Internos de la Dirección de Prevención y Control de Pérdidas adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, siendo éste un instituto autónomo, con personalidad jurídica propia y con patrimonio distinto e independiente del Estado.

 

El segundo, a saber, el criterio orgánico, se encuentra vinculado a la jerarquía o autoridad del órgano del cual emana el acto u omisión que generan la lesión a los derechos constitucionales. Así, la competencia para conocer de las lesiones constitucionales cometidas por las autoridades contempladas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, está atribuida a la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, según el criterio establecido en sentencias números 1/2000 y 2/2000, ambas del 20 de febrero.

 

Visto lo anterior, y dado que la presente acción de amparo se ejerce contra un acto dictado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el cual no encuadra en el catálogo de autoridades que establece el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala Constitucional resulta incompetente para conocer de la acción interpuesta, por lo que resulta necesario determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de la misma.

 

No obstante que la competencia en materia de amparo se determina con base en los criterios material y orgánico, es este último el que tradicionalmente ha resultado preponderante en los casos de los agravios provenientes de la Administración, con algunas particularidades de competencia funcional (sentencia n° 1.700/2007, del 7 de agosto).

 

Ahora bien, esta Sala ha considerado que la aplicación del criterio orgánico frente a la Administración, u otros entes distintos de ella que ejercen función administrativa, tiene por finalidad equiparar el grado del tribunal con base en la jerarquía del ente u órgano accionado, estableciendo una relación de elevación de la instancia dependiendo de la jerarquía, y su ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública, de lo cual se desprende que el régimen de competencias en amparo contra la Administración ha estado subordinado directamente a la estructura de la organización administrativa, por lo que la situación jurídica del particular accionante no determina el conocimiento de los amparos en esta materia (sentencia n° 1.700/2007, del 7 de agosto).

 

De igual forma, debe afirmarse que, tradicionalmente, la aplicación del criterio orgánico ha estado íntimamente asociada al régimen general de competencias del contencioso administrativo, estableciéndose una análoga equiparación en el conocimiento de los recursos contencioso administrativos y la acción de amparo constitucional.

 

En razón de esta equiparación, la competencia para el conocimiento de las acciones de amparo ejercidas contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el cual constituye un ente descentralizado funcionalmente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, ha sido determinada por la jurisprudencia con base en el criterio de la competencia residual que corresponde a la Corte Primera de la Contencioso Administrativo (y actualmente también a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo), razón por la cual el control por vía de amparo de los actos, omisiones o vías de hecho desplegadas por dicho ente de la Administración, quedaba en cabeza de los mencionados órganos jurisdiccionales.

 

Como un claro referente de este criterio, vale destacar el criterio asentado por esta Sala Constitucional en sentencia n° 1.555/2000, del 8 de diciembre, en la cual se estableció lo siguiente:

 

“… La Sala decide que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo continuará conociendo en primera instancia de los amparos autónomos contra los actos administrativos, omisiones o vías de hecho de los organismos del poder público que ha venido hasta ahora conociendo en esa instancia, dejando a salvo la actuación de los jueces de primera instancia y de municipio en los supuestos consagrados en el literal D) de este fallo.

La segunda instancia de las decisiones sobre los amparos autónomos que conozca la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo corresponderá a esta Sala”.

 

En este contexto, la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, en sentencia n° 02271, del 24 de noviembre de 2004, estableció lo siguiente:

 

“…ante el silencio de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y la inexistencia de una Ley que regule la jurisdicción contencioso-administrativa, es propicia la ocasión para que la Sala, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades (véase sentencias Nos. 1.209 del 2 de septiembre, 1.315 del 8 de septiembre y 1.900 del 27 de octubre todas del año 2004), actuando como ente rector de la aludida jurisdicción, delimite el ámbito de competencias que deben serle atribuidas, en el caso concreto, a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, siguiendo a tales efectos y en líneas generales, los criterios competenciales de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, así como las interpretaciones que sobre la misma fue produciendo la jurisprudencia, todo ello armonizado con las disposiciones de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y los principios contenidos en el texto constitucional vigente.

En este sentido, debe precisarse que en la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, además de las competencias que en segunda instancia le eran atribuidas a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (ahora Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo), para conocer de las apelaciones que se interpusieran contra las decisiones dictadas por los Tribunales Superiores Contenciosos Regionales (artículos 181 y 182), se establecía en el artículo 185 como competencia de dicho órgano jurisdiccional lo siguiente:

(omissis).

Con relación a lo antes expuesto, considera la Sala, en primer lugar, que deben darse parcialmente por reproducidas las disposiciones que en la materia contenía la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, adaptándolas al nuevo texto que rige las funciones de este Alto Tribunal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la jurisprudencia de este Máximo Tribunal.

Así, atendiendo a las recientes sentencias dictadas por esta Sala en las cuales se ha regulado transitoriamente la competencia de jurisdicción contencioso-administrativa, considera la Sala que las Cortes de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer:

(…)

3.- De las acciones o recursos de nulidad que puedan intentarse por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad contra los actos administrativos emanados de autoridades diferentes a las señaladas en los numerales 30 y 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, si su conocimiento no estuviere atribuido a otro Tribunal” (Subrayado del presente fallo).

 

Este criterio fue acogido inicialmente por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en su decisión del 27 de junio de 2007, en la cual se declaró su competencia para conocer de la acción de amparo interpuesta por la representación de los ciudadanos Colomba Turri Farese y Arturo Farese Restaino, y declaró admisible dicha pretensión de tutela constitucional. En efecto, en esta decisión se afirmó que:

 

“… tratándose en este caso de un Instituto Autónomo Nacional, el mismo queda sometido al control jurisdiccional de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en virtud de la competencia residual que recae en estos órganos jurisdiccionales. En tal sentido, tras distribución efectuada, al competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional corresponde a esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Así se decide”.

 

Ahora bien, esta Sala Constitucional, en sentencia n° 1.700/2007, del 7 de agosto de 2007, revisó y modificó el prenombrado criterio atributivo de competencia, estableciendo al respecto:

 

“En los términos en que ha sido empleado el criterio orgánico tiene cierta ilogicidad, toda vez que no se está frente a un control objetivo de los actos de la Administración (aunque esto incida en la esfera subjetiva de los particulares) sino frente a la protección de situaciones jurídicas subjetivas constitucionales. De modo que si la aplicación del criterio orgánico delimita la competencia en un tribunal cuya ubicación aleje al afectado de la posibilidad de accionar en amparo se está en presencia de una conclusión que obstaculiza al justiciable el acceso a la justicia.

Este último señalamiento se hace en consideración al supuesto de la competencia residual de las Cortes de lo Contencioso Administrativo-proveniente de la competencia que en su momento la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia le atribuía a la entonces Corte Primera de lo Contencioso Administrativo-  que asignaba en esta instancia el conocimiento del contencioso administrativo de los órganos de inferior instancia de la Administración Central, sin importar el domicilio del acto o la ubicación geográfica de la dependencia. En este caso, el control del acto basado en la jerarquía del ente u órgano para una asignación residual de competencia podría ser un determinante de atribución de competencia dentro del ámbito de asignación para los tribunales contencioso administrativos; sin embargo, la aplicación del criterio de la competencia residual de las Cortes en materia de amparo constitucional resulta un obstáculo para el ejercicio de la acción de amparo, propia de la tutela de situaciones jurídicas fundamentales constitucionalmente garantizadas.

En suma, considerar la aplicación del criterio de competencia residual puede resultar atentatorio para el caso en que existan dependencias administrativas de inferior jerarquía que se encuentren desconcentradas –vgr. Inspectorías del Trabajo- o que su ubicación sea ajena a la ciudad de Caracas, como ocurre por ejemplo en el caso de algunas Universidades Nacionales, Colegios Universitarios y Colegios Profesionales. Inclusive, aplicar dicho criterio en amparo, como ocurre en áreas especiales como el caso de contencioso funcionarial, y hasta, por la protección en amparo en áreas particulares como  en el caso de los servicios públicos, tal como así lo dispone el artículo 259 de la Constitución, haría prácticamente nugatorio para los afectados ejercer el amparo en procura de proteger sus derechos si obligatoriamente deben accionar ante las Cortes de lo Contencioso al margen del lugar donde ocurrió la afectación del derecho, o el lugar donde en realidad se encuentre el ente o dependencia administrativa.

En conclusión, considera esta Sala que mantener el criterio residual para el amparo partiendo de lo que establecía el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, no resulta idóneo frente al principio de acceso a la justicia, siendo necesario aproximar la competencia en aquellos tribunales contenciosos más próximos para el justiciable, ello, por considerarse que de esta manera en lo referente a la protección constitucional se estaría dando cumplimiento a la parte final del artículo 259 de la Constitución cuando dispone que el deber para el Estado de “disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.

(…)

Por ende, esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por lo que en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente (v.gr. Universidades Nacionales) o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su jerarquía, no conozca esta Sala Constitucional.

En igual sentido, y para armonizar criterio, lo mismo ocurrirá si el amparo autónomo se interpone contra un ente u órgano de estas características que, con su actividad o inactividad, haya generado una lesión que haya acontecido en la ciudad de Caracas: en este caso la competencia recaerá en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital”.

 

Entonces, en virtud de esta decisión, se abandona el criterio de la competencia residual de las cortes de lo contencioso administrativo, para el conocimiento de las acciones de amparo autónomo ejercidas contra entes descentralizados funcionalmente y contra dependencias desconcentradas de la Administración Central, estableciéndose con carácter vinculante en esta nueva decisión, que dicha competencia corresponderá a los juzgados superiores en lo civil y contencioso administrativo ubicados en el territorio donde se encuentre el órgano accionado.

 

En el caso de autos, se observa que la interposición, admisión y sustanciación de la acción de amparo constitucional que dio origen al presente conflicto de competencia, se produjo durante la vigencia del criterio jurisprudencial según el cual la competencia para conocer las acciones de amparo intentadas contra los actos, omisiones y vías de hecho de los entes descentralizados funcionalmente le correspondía a las cortes de lo contencioso administrativo, el cual, tal como se indicó supra, imperó hasta el momento en que esta Sala dictó la sentencia n° 1.700/2007, del 7 de agosto.

 

En tal sentido, la interposición de la demanda de amparo se produjo el 6 de junio de 2007, mientras que la admisión de ésta fue realizada en fecha 26 de junio de 2007, y la celebración de la correspondiente audiencia constitucional se llevó a cabo el 1 de agosto de 2007, razón por la cual, mal puede considerarse competente al Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para conocer dicha acción de amparo; por el contrario, el órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de ésta es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y por tanto, ésta debió seguir conociendo el proceso de amparo constitucional antes mencionado y, en consecuencia, juzgar sobre el mérito de la pretensión en él planteada, todo ello de conformidad con el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, el cual contempla el principio perpetuatio fori.

 

A mayor abundamiento, esta Sala considera que el Código de Procedimiento Civil consagra en su artículo 3, el principio según el cual las reglas sobre la jurisdicción y la competencia que deben tomarse en cuenta para todo el transcurso del proceso, ante los cambios sobrevenidos en ellas, son las reglas o criterios atributivos que existían para el momento de la presentación de la demanda. 

 

En efecto, dicho artículo establece:

 

“Artículo 3.- La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.” 

 

Este principio general, cuyo origen proviene del derecho romano, se denomina perpetuatio jurisdictionis o perpetua jurisdicción, el cual se fundamenta en los principios de seguridad jurídica y economía procesal, y en cuyo ámbito la doctrina tradicional ha incluido a la jurisdicción y a la competencia, siendo que tal principio ha sido desarrollado por la doctrina a partir de la ya clásica nota de Chiovenda, según el cual, la competencia del juez después de iniciada la causa, queda insensible a cualquier cambio sobrevenido de las circunstancias que habían determinado (per citationem perpetuatur iurisdictio).

 

La problemática en torno a la cual gira el presente caso, está referida a la competencia y no a la jurisdicción, razón por la cual vale hacer referencia al principio de la perpetuatio fori o perpetuación del fuero (que constituye una derivación del principio de la perpetuatio jurisdictionis), igualmente contenido en el artículo 3 eiusdem, y el cual se traduce en que la competencia del órgano jurisdiccional, cuando la ley no disponga expresamente lo contrario, se determina por la situación fáctica y normativa existente para el momento de presentación de la demanda, sin que pueda modificarse la  competencia, salvo supuestos excepcionales, siempre y cuando tal modificación no represente un perjuicio procesal para las partes.

 

El contenido del principio de la perpetuatio fori puede articularse de la siguiente forma: a) Esta regla sólo se encuentra referido a las mutaciones en la situación de hecho relatada en la demanda; siendo que los cambios de derecho producidos por una nueva ley que otorgue una calificación jurídica diferente a la relación sustancial controvertida, o que modifique la distribución de la competencia, no están abarcados por dicho principio; b) Si bien la situación de hecho existente al momento de interposición de la demanda es el factor decisivo para la determinación de la jurisdicción y la competencia, ello no implica que las afirmaciones y apreciaciones efectuadas por el demandante en aquélla sean incontestables e infalibles; c) Este principio no es óbice para que la competencia pueda modificarse ulteriormente en el transcurso del proceso (incompetencia sobrevenida), con motivo de las excepciones del demandado o de la reconvención, en los términos del artículo 50 del Código de Procedimiento Civil.

 

Visto lo anterior, llama poderosamente la atención de esta Sala que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en su decisión del 26 de junio de 2007, se declarara ab initio competente para conocer la pretensión de amparo planteada por los accionantes, y que luego, en su decisión del 18 de septiembre de 2007, manifestara su incompetencia sobrevenida para conocer dicha acción, siendo que, en criterio de esta Sala, en el caso de autos no se observa la concurrencia de alguno de los supuestos excepcionales antes descritos que hacen plausible la modificación sobrevenida de la competencia, razón por la cual se considera que en el caso sub lite, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no debió declinar su competencia en un juzgado de lo contencioso administrativo de la región capital, ya que estaba obligada, en razón de lo antes expuesto, a seguir conociendo dicho proceso y dictar en éste la sentencia de mérito correspondiente. Así se declara.

 

De igual forma, debe esta Sala recalcar que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en su decisión del 18 de septiembre de 2007, ha aplicado retroactivamente el criterio vinculante establecido en la sentencia n° 1.700/2007, del 7 de agosto –el cual tiene, necesariamente, efectos hacia el futuro-, ocasionando con tal proceder un perjuicio a los accionantes, ya que ha vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y expectativa plausible de aquéllos. Así también se declara.

 

En consecuencia, analizados los hechos que rodean el presente caso, a la luz de los planteamientos expuestos a lo largo del presente fallo, esta Sala considera que el conocimiento y decisión en primera instancia de la acción de amparo intentada por el abogado JAIME ALBERTO CORONADO, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos COLOMBA TURRI FARESE Y ARTURO FARESE RESTAINO, contra la División de Asuntos Internos de la Dirección de Prevención y Control de Pérdidas adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, le corresponde a las cortes de lo contencioso administrativo. Ahora bien, en vista que por notoriedad judicial es bien conocido que actualmente la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo no se encuentra en funcionamiento, esta Sala considera que el conocimiento de la presente acción de amparo constitucional debe corresponderle a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, y así se decide.

 

Por último, se hace un llamado de atención al Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo para que en lo sucesivo, cuando plantee un conflicto negativo de competencia en materia de amparo constitucional, se abstenga de remitir el expediente de la causa a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, ya que es esta Sala Constitucional quien ostenta la competencia para resolver tales conflictos, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 51 y primer aparte –in fine- del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, debiendo en esos casos remitirse el respectivo expediente a esta Sala Constitucional.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, decide:

 

1.- Se DECLARA COMPETENTE para conocer el conflicto negativo de competencia surgido entre la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y el Juzgado Superior Octavo de la Región Capital, con ocasión de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado JAIME ALBERTO CORONADO, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos COLOMBA TURRI FARESE Y ARTURO FARESE RESTAINO contra la División de Asuntos Internos de la Dirección de Prevención y Control de Pérdidas adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

 

            2.- DECLARA que el TRIBUNAL COMPETENTE que debe conocer la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado JAIME ALBERTO CORONADO, en su carácter de apoderado judicial de los los ciudadanos COLOMBA TURRI FARESE Y ARTURO FARESE RESTAINO contra la División de Asuntos Internos de la Dirección de Prevención y Control de Pérdidas adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, es la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Remítase copia certificada del presente fallo al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de mayo de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                    El Vicepresidente,

 

 

 

      FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ 

                                                         Ponente

 

Los Magistrados,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

FACL/

Exp. n° 08-0169

 

 

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