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Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 21 de marzo de 2002, el ciudadano JAIME A. PARRA RIVAS, titular de la cédula de identidad n° 9.762.222, mediante la representación del abogado defensor Aníbal Marcano Casanova, inscrito en el Inpreabogado bajo el n° 22.094, intentó, ante esta Sala Constitucional, amparo constitucional contra el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz, para cuya fundamentación denunció la violación de sus derechos al debido proceso y a la defensa que acogieron el artículo 49, cardinal 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 21 de marzo de 2002 y se designó ponente al Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero.
El 9 de mayo de 2002, el abogado Aníbal Marcano Casanova presentó escrito en el que solicitó audiencia con el ponente del caso.
El 25 de junio de 2002, la Sala Constitucional declaró su incompetencia para el conocimiento de la demanda de amparo y ordenó la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar.
El 30 de julio de 2002, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar juzgó sobre la pretensión de amparo y la declaró improcedente in limine litis, y el 7 de agosto de ese mismo año, la Corte de Apelaciones ordenó la remisión del expediente al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, para la consulta de ley.
Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 9 de agosto de 2002 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
1. Alegó:
1.1 Que a su representado se le seguía juicio penal ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas por la supuesta comisión de los delitos de corrupción propia, cambio ilícito de placas de vehículos y aprovechamiento de vehículos procedentes del hurto o robo.
1.2 Que, el 9 de noviembre de 2001, se le decretó medida preventiva de privación de libertad.
1.3 Que, el 29 de noviembre de 2001, la Fiscalía Primera del Ministerio Público presentó formal acusación y el Tribunal de la causa fijó la oportunidad para la audiencia preliminar para el 17 de diciembre de 2001.
1.4 Que ...el Tribunal en fecha 27 de Diciembre de 2.001, Inexplicablemente procedió a Declinar la Competencia por Razón de la Conexidad, a un Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, para que se acumule la causa y prosiga su curso legal,....
1.5 Que, el 10 de enero de 2002, la causa se distribuyó y le correspondió al Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz.
1.6 Que el Juzgado Quinto de Control ...a pesar de Dos solicitudes de Revisión, de la medida, lejos de pronunciarse al respecto, procedió también a Plantear Conflicto de No Conocer conforme consta de auto de fecha 22 de Febrero del presente año, (...) violentándose y vulnerándosele a (su) representado su Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, con motivo del Retardo procesal que se le está causando....
2. Denunció:
2.1 La violación de los derechos al debido proceso y a la defensa que establece el artículo 49, cardinal 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto existe un retardo procesal y su causa está paralizada, en virtud del conflicto negativo de competencia que plantearon los Juzgados Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Monagas y el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz.
3. Pidió:
...se Ampare en su derecho a la Defensa y al Debido Proceso, a (su) defendido, y le sea expedido el correspondiente Mandamiento de Habeas Corpus, amparando a (su) representado en sus respectivos derechos y garantías Constitucionales antes mencionadas, y le sea Sustituida la medida privativa de libertad, que en la actualidad cumple en el Centro Penitenciario de Oriente, por una medida sustitutiva de libertad menos gravosa....
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Por cuanto, en el caso de autos, la consulta fue elevada respecto de la decisión que dictó, en materia de amparo constitucional, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, esta Sala declara su competencia para el conocimiento de la consulta en referencia. Así se decide.
III
La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:
El derecho a la defensa es expresión del debido proceso y se encuentra plenamente garantizado por la norma constitucional, que tiene como objeto principal su garantía por tratarse de un derecho fundamental de la persona como tal, relacionado con los derechos esenciales de la libertad, la igualdad ante la ley y la seguridad, cuya vulneración a partir del invocado presunto retardo procesal no puede predicarse ya que la propia ley ordena la suspensión del proceso ante los tribunales en conflicto hasta que se defina la competencia, sancionando cualquier actuación posterior con nulidad absoluta de lo actuado; de donde se sigue que el conflicto de competencia que el juez proponga en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales no conculca esa garantía primordial.
De la misma forma, la falta de pronunciamiento respecto a la revisión de la medida preventiva privativa de libertad solicitada en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, no vulneró el debido proceso dado que, la incompetencia declarada por la propia jueza señalada como agraviante, le impedía pronunciarse sobre la revisión o examen de dicha medida; por lo demás, el amparo constitucional persigue efectos restablecedores de situaciones jurídicas infringidas y nunca constitutivos de situaciones jurídicas nuevas, por lo cual, no puede pretenderse lograr mediante el amparo el otorgamiento de alguna de las medidas cautelares sustitutivas de la detención previstos en el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal por cuanto contra el imputado pesa una medida privativa de libertad decretada con el cumplimiento de los requisitos mínimos reclamados por el Artículo 250 eiusdem, lo cual no puede calificarse de ilegítima.
De autos se desprende que el ciudadano Jaime Parra Rivas, a través de su abogado defensor, Aníbal Marcano Casanova, intentó demanda de amparo contra el retardo procesal en el que habría incurrido el Juzgado Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz, cuando suspendió el juicio penal que se le seguía por la supuesta comisión de los delitos de corrupción propia, cambio ilícito de placas de vehículos y aprovechamiento de vehículos procedentes del hurto o robo, en virtud del conflicto negativo de competencia que se planteó entre el referido Juzgado Quinto y el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas.
La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, que conoció en primera instancia constitucional, declaró improcedente in limine litis la demanda de amparo, por cuanto consideró que no se habían vulnerado los derechos a la defensa y al debido proceso, ya que la suspensión del juicio penal es el efecto que establece el artículo 79 del Código Orgánico Procesal Penal una vez que se plantea un conflicto de no conocer. Además, consideró que el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz, no podía pronunciarse sobre la revisión de la medida cautelar privativa de libertad, en virtud de la incompetencia que había declarado.
Para la decisión, esta Sala considera necesaria la formulación de las siguientes consideraciones:
1. En el escrito de amparo, el abogado defensor solicitó que se expidiera un mandamiento habeas corpus contra el Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz, en virtud de que existía un retardo procesal y su defendido estaba privado ilegítimamente de su libertad. No obstante, esta Sala Constitucional precisa que, a pesar de que el representante judicial del demandante en amparo, señaló en su escrito de demanda que solicitaba un mandamiento de habeas corpus, en realidad, se trata, la suya, de una demanda de amparo constitucional contra un retardo judicial en el curso de un proceso penal, razón por la cual debe estudiarse y decidirse la pretensión que se planteó bajo la óptica de que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
2. El hecho lesivo causante del supuesto agravio según el alegato de la parte demandante, era el retardo procesal en el que habría incurrido el Juzgado Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz, en virtud de la suspensión del proceso penal que se le seguía, luego del planteamiento del conflicto negativo de competencia, tal como se señaló supra.
Ahora bien, es evidente para la Sala que el supuesto hecho lesivo cesó por cuanto la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n° 250 del 24 de mayo de 2002, resolvió el conflicto negativo de competencia y declaró la competencia del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Monagas, razón por la cual el juicio penal que se le sigue al ciudadano Jaime Parra Rivas no está ya paralizado. En tal sentido, y por cuanto la cesación de la lesión es una causal de inadmisión que expresamente contiene el cardinal 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual reza: No se admitirá la acción de amparo: 1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla, la Sala declara que, en el caso de autos, ha sobrevenido una causal de inadmisibilidad de la solicitud de amparo.
En consecuencia, esta Sala, en atención a lo que preceptúa el artículo 6, cardinal 1, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declara inadmisible sobrevenidamente la demanda de amparo que intentó Jaime Parra Rivas. Se revoca la sentencia objeto de consulta, que dictó la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar. Así se decide.
VI
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia que fue objeto de consulta que dictó la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar el 30 de julio de 2002 y declara INADMISIBLE la demanda de amparo que intentó el ciudadano JAIME PARRA RIVAS contra el Juzgado Quinto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz.
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 23 días del mes de abril de dos mil tres. Años: 192º de la Independencia y 144º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
Magistrado
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado-Ponente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.