Sentencia N.º 877
- Sentencia
- N.º 877
- Fecha
- 05/05/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 04-2183
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 09 de agosto de 2004, el ciudadano NICOLA SCIVETTI, titular de la cédula de identidad n° E-82.154.019, con la asistencia de los abogados Luis Gerardo Ascanio Esteves y Cristina Isabel Alberto Peña, con inscripción en el I.P.S.A. bajo los nos 14.317 y 66.391, respectivamente, solicitó, ante esta Sala, la revisión de la sentencia n° 728 que, el 12 de julio de 2004, dictó
El 09 de agosto de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz. En esa misma oportunidad, el peticionario de revisión otorgó poder apud acta a los abogados Luis Gerardo Ascanio Esteves y Cristina Isabel Alberto Peña para su representación en esta causa.
Mediante diligencias del 22 de septiembre, 30 de septiembre, 28 de octubre y 25 de noviembre de 2004, 30 de marzo, 10 de mayo, 20 de junio, 20 de octubre, 2 de noviembre, 10 de noviembre y 1° de diciembre de 2005 y 24 de enero, 17 de febrero, 30 de marzo y 17 de abril de 2006, la representación judicial del solicitante de revisión pidió a
I
DE LA PRETENSIÓN DEL SOLICITANTE
1. El solicitante de revisión alegó:
1.1 Que ...el Recurso de Casación anunciado anticipadamente por la parte demandada, es decir, con anterioridad a los cinco días hábiles consagrados en el artículo 169 de
1.2 Que ...sostiene
1.3 Que
1.4 Que
aun cuando nunca fue denunciado por las partes la violación del derecho de defensa, o una falta de apreciación y valoración de las pruebas promovidas y evacuadas en el proceso,
1.5 Que
la demandada, en ningún momento fundamentó su denuncia en un silencio de pruebas, por el contrario, acepta que el juzgador apreció todas y cada una de las pruebas promovidas, en especial, el contrato de servicios profesionales de fecha 15 de Mayo de 1996; el contrato mal denominado de cuenta en participación de fecha 28 de junio 1996 y la modificación o addendum del contrato de servicios de fecha 23 de Marzo de 1998, pues lo que denunció fue la falta de aplicación de disposiciones legales, en especial de los artículos 359 al 364 del Código de Comercio, denuncia que sólo procede si
1.6 Que
1.7 Que
1.8 Que
en relación al mal denominado contrato de cuenta en participación,
1.9 Que
1.10 Que correspondía a la demandada en el proceso laboral, la destrucción de la presunción de la relación laboral, mediante la probanza de la existencia de una relación jurídica de otra naturaleza (civil o mercantil), sin que fuese suficiente la existencia de un contrato supuestamente civil o mercantil, tal y como lo estableció el Juzgado ad quem del proceso laboral.
1.11 Que
en la sentencia recurrida una desviación de este criterio jurisprudencial de que la existencia de un contrato, sea de compra-venta mercantil, de cuenta en participación u otra modalidad, de manera ocasional, no son suficientes para desvirtuar la existencia de una relación de trabajo, máxime cuando en el presente caso existe un contrato de servicios de fecha 15 de Mayo de 1996 y que fuera objeto de prórroga en fecha 23 de Marzo de 1998, habiendo ocasionalmente suscrito un mal llamado contrato de cuenta en participación a los 43 días siguientes de celebrar el contrato de servicios.
2. Denunció:
...la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en
(...)
Las decisiones, objeto de este especial recurso, ciertamente fueron dictadas por
Así mismo, se incurre en un error inexcusable, violándose el derecho de defensa y el debido proceso, derivándose no sólo de la incongruencia entre los dos fallos recurridos, sino también del hecho de haberse apartado totalmente de lo alegado y probado en autos y de las actas del proceso.
3. Pidió:
Se ...solicite de inmediato el expediente a
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
El cardinal 10 del artículo 336 de
Tal competencia para la revisión de decisiones definitivamente firmes abarca tanto fallos que hayan sido pronunciados por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de
En el presente caso se pretende la revisión del fallo n° 728 que expidió, el 12 de julio de 2004,
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en nombre de
Se condena en las costas del proceso a la parte demandante, por haber resultado totalmente vencida en la presente causa, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de
Para la fundamentación de su decisión,
CASACIÓN DE OFICIO
En el ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 175 de
Con vista de la sentencia recurrida y de los alegatos formulados por ambas partes en la audiencia oral, pública y contradictoria llevada a cabo para los efectos del presente recurso de casación,
Así pues, demandó la parte actora en su libelo de demanda el cobro de prestaciones sociales; y ciertamente la defensa central de la parte demandada estribó en señalar la inexistencia de una relación laboral, alegando por el contrario la existencia de una relación mercantil.
En este orden de ideas, es imperioso señalar lo que respecto a la relación de trabajo, el artículo 65 de
Artículo 65: Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba. (...)..
En este sentido,
Versa la presente controversia, sobre la procedencia o no de beneficios laborales reclamados por el actor y negados por la accionada, con fundamento en la naturaleza civil de la relación que los unió, derivada de la existencia del Contrato de Servicios Profesionales suscrito por ambas partes en fecha 15/05/96, de su Addendum de fecha 23/03/98 y del Contrato de Cuentas en Participación del 28/06/98.
Ahora bien, como quiera que se presume la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio y quien lo recibe, a tenor de lo previsto en el artículo 65 de
Como se observa, el Juzgador de
Al no constituirse en un hecho controvertido la prestación de un servicio, ciertamente en la distribución de la carga probatoria correspondía a la accionada demostrar la existencia de un hecho o conjunto de hechos que desvirtuaran la configuración de la relación de trabajo, y para dar cumplimiento a esta carga fueron promovidas por la empresa demandada una serie de probanzas, a las cuales la recurrida hizo referencia.
Pero, no obstante de las pruebas promovidas por la demandada para desvirtuar la presunción de laboralidad, las mismas resultaron insuficientes para
Dichas pruebas, si bien fueron promovidas y evacuadas conforme a derecho, no llevan a este Juzgador al convencimiento de la existencia de una relación entre las partes, de naturaleza no laboral, en otras palabras no han logrado desvirtuar la presunción laboral de esa relación de servicios, pues de las pruebas examinadas se evidencia que no fueron contrariados los elementos esenciales de la relación de trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, la labor por cuenta ajena, la subordinación y el salario, por lo que el hecho de haber sido admitido por las partes la existencia de un Contrato de Servicios Profesionales, no es per se un hecho capaz de desvirtuar la presunción de la existencia de una relación de carácter laboral. Por el contrario, ha sido firmada por ambas partes que la relación que los unió, se debió a la suscripción del Contrato de Servicios Profesionales suscrito por ambas partes en fecha 15/05/96, de su Addendum de fecha 23/03/98 y del Contrato de Cuentas en participación de fecha 28/06/98, documentos que fueron traídos a los autos por las partes y los cuales son apreciados por este Juzgador, por el hecho mismo de haber sido invocados por ellas, además no haber sido objeto de impugnación; aunado a la declaración del testigo promovido por la parte actora, José Oca, el cual es apreciado por este Juzgador de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por no haber incurrido en contradicción y por ser relevantes sus dichos para la controversia planteada, relativo al hecho de que el actor prestó sus servicios para la empresa inversora 1525, C.A., como profesional de
Como quiera que no fue desvirtuada por la accionada la presunción de la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, y vistos los términos de la contestación, este Juzgador tiene como admitido que existió una relación de trabajo entre las partes, que inició el 15 de mayo de 1996 con la suscripción del Contrato por Servicios Profesionales, en calidad de Asesor-Consultor de la empresa Inversora 1525, C.A., (...). (Negrillas de
Obsérvese como el Juzgador, conteste con la valoración que efectuara de los elementos probatorios señalados anteriormente, dio por admitida la existencia de la relación de trabajo, por lo que en esta fase del análisis emerge la necesidad de adminicular el criterio señalado por la recurrida bajo la doctrina jurisprudencial establecida por esta Sala de Casación Social, para determinar la naturaleza de tal relación.
En este orden de ideas, se puede afirmar que la calificación de una relación jurídica como de naturaleza laboral, depende de la verificación en ella de los elementos característicos de este tipo de relaciones, y sobre tales características, esta Sala de Casación Social soportando su enfoque desde la perspectiva legal, ha asumido por vía jurisprudencial, como elementos definitorios los siguientes:
(...) en el único aparte del citado artículo 65, se debe establecer la consecuencia que deriva de la norma jurídica que consagra tal presunción, a saber, la existencia de una relación de trabajo, la cual por mandato legal expreso, se tiene por plenamente probada, salvo prueba plena en contrario, es decir, que el juez debe tener por probado fuera de otra consideración la existencia de una relación de trabajo, con todas sus características, tales como el desempeño de la labor por cuenta ajena, la subordinación y el salario. Se trata de una presunción iuris tantum, por consiguiente, admite prueba en contrario, y el pretendido patrono puede, en el caso, alegar y demostrar la existencia de un hecho o conjunto de hechos que permitan desvirtuar la existencia de la relación de trabajo, por no cumplirse alguna de las condiciones de existencia, tales como la labor por cuenta ajena, la subordinación o el salario y como consecuencia lógica, impedir su aplicabilidad al caso en concreto. (Sentencia N° 61 de
La precedente transcripción exige entonces, para calificar como de laboral la relación, la presencia en la relación de los siguientes tres elementos: ajenidad, dependencia y salario.
Acorde con la anterior referencia doctrinal, resulta pertinente señalar el inventario de indicios manejados por esta Sala, que permiten determinar de manera general, la naturaleza laboral o no de una relación.
No obstante, antes de aportar esta Sala los hechos o circunstancias que a su entender, permitan consolidar un sistema como el propuesto, considera de real importancia transcribir los que el reseñado autor Arturo S. Bronstein contempla en
Sin ser exhaustiva, una lista de los criterios, o indicios, que pueden determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe fue propuesta en el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que
a) Forma de determinar el trabajo (...)
b) Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo (...)
c) Forma de efectuarse el pago (...)
d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario (...)
e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria (...);
f) Otros: (...) asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo (...) la exclusividad o no para la usuaria (...).. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de
Ahora, abundando en los arriba presentados, esta Sala incorpora los criterios que a continuación se exponen:
a) La naturaleza jurídica del pretendido patrono.
b) De tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc.
c) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación de servicio.
d) La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar;
e) Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena. (Sentencia N° 489, de fecha 13 de agosto de 2002, ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz).
Así pues, con vista de los alegatos de las partes,
En este orden de ideas, constata
También constata
Luego, las partes suscriben un contrato de Cuentas en Participación correspondiente a la fecha 28 de junio de 1996 , y de su Addendum de fecha 23 de marzo de 1998.
De los mencionados contratos, se verifica que el actor, NICOLA SCIVETTI, es un profesional con amplia experiencia en el área de la exploración, explotación, procesamiento y producción de mineral aurífero, así como de dirección en las actividades relativas a la minería.
Con fundamento a la actividad llevada a cabo por la empresa y a los conocimientos del ahora demandante, fue que las partes suscribieron en un primer momento el contrato de servicios profesionales, en el que se convino que NICOLA SCIVETTI, debía prestar sus servicios profesionales a la empresa INVERSORA 1525, C.A., con el fin de implementar y en definitiva materializar EL PROYECTO (denominación ésta que se correspondía a un reporte geológico Geological Report realizado por la parte actora sobre unas concesiones en las que la empresa tenía derechos).
En el contrato de servicios profesionales a los fines de implementar y materializar EL PROYECTO, se llegó al acuerdo de un plazo de veinte (20) meses contados a partir del 15 de mayo de 1996, concediéndose a la accionante un margen de elasticidad del veinte por ciento en defecto o exceso del referido plazo. Por otro lado, también se convino que el éxito del contrato dependería de la ejecución en equipo del mismo.
En el referido contrato de servicios, se menciona la suscripción a futuro de un contrato de Cuentas en Participación, la cual tuvo lugar en fecha 28 de junio de 1996.
De conformidad con tal contrato de Cuentas en Participación, se observa lo siguiente:
La accionante recibía un determinado porcentaje de participación en el desarrollo futuro de las concesiones.
Que la accionada aportaba a las cuentas en participación en calidad de socio inversionista, el negocio que representan LAS CONCESIONES.
Que el demandante se obligaba a atender el negocio representado en LAS CONCESIONES según EL PROYECTO en forma exclusiva y a tiempo completo, y una vez concluido el proyecto continuaría prestando el servicio pero en las condiciones que serían acordadas entre las partes.
Que a los efectos de determinar los diferentes conceptos de costos, gastos y/o inversión, el sistema contable aplicable a las cuentas de participación sería el que resultara de aplicar los Principios Contables de Aceptación General aprobados por el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Federal y el utilizado por el contador de la empresa.
En esta fase de análisis, y conteste con todos los razonamientos expuestos, resultantes de aplicar el denominado test de la dependencia o examen de indicios esta Sala arriba a la conclusión de que en la presente controversia sí fue desvirtuada por la demandada la presunción de la relación laboral establecida en el artículo 65 de
A mayor abundamiento, en la función de esta Sala de aplicar la justicia y la equidad, observa que el actor en este caso dirigía técnica, intelectual y operativamente el denominado PROYECTO; que entre las partes lo que existía era una relación de coordinación y que de conformidad con el contrato de Cuentas en Participación, el accionante percibiría un determinado porcentaje de participaciones en el desarrollo futuro de las concesiones, indicios estos que son suficientes para afirmar la existencia de una relación de naturaleza mercantil.
Resta entonces destacar, el deber de los jueces de instancia de acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, por lo que en consideración de todo lo antes expuesto, se arriba a la conclusión del incumplimiento por parte de la recurrida de tal mandato legal, ya que de haber acogido el Juez de
Ante tales señalamientos, y evidenciado como se encuentra, que la empresa demandada logró desvirtuar la presunción de la relación de trabajo a que se contrae el artículo 65 de la ley sustantiva que rige la materia laboral, resulta entonces imperioso para esta Sala casar el fallo recurrido prescindiendo para ello del reenvió, y así en definitiva declarar sin lugar la demanda incoada. Así se decide....
IV
MOTIVACIÓN PARA LA DECISION
En el caso sub examine se pretende la revisión del fallo que expidió
Ahora bien, dispone el artículo 5.4 de
Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.
( )
4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en
En lo que respecta a las sentencias definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión esta Sala ha sostenido lo siguiente:
...Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:
1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de
Es necesario aclarar que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de
En el caso sub iudice, el peticionario requirió la revisión del acta del 2 de julio de 2004 y de la decisión n° 728 del 12 de julio de 2004 de
En efecto, esta Sala Constitucional observa que
CASACIÓN DE OFICIO
En el ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 175 de
Con vista de la sentencia recurrida y de los alegatos formulados por ambas partes en la audiencia oral, pública y contradictoria llevada a cabo para los efectos del presente recurso de casación,
(...)
Como se observa, el Juzgador de
(...)
Así pues, con vista de los alegatos de las partes,
En este orden de ideas, constata
También constata
Luego, las partes suscriben un contrato de Cuentas en Participación correspondiente a la fecha 28 de junio de 1996, y de su Addendum de fecha 23 de marzo de 1998.
(...)
En el contrato de servicios profesionales a los fines de implementar y materializar EL PROYECTO, se llegó al acuerdo de un plazo de veinte (20) meses contados a partir del 15 de mayo de 1996, concediéndose a la accionante un margen de elasticidad del veinte por ciento en defecto o exceso del referido plazo. Por otro lado, también se convino que el éxito del contrato dependería de la ejecución en equipo del mismo.
En el referido contrato de servicios, se menciona la suscripción a futuro de un contrato de Cuentas en Participación, la cual tuvo lugar en fecha 28 de junio de 1996.
De conformidad con tal contrato de Cuentas en Participación, se observa lo siguiente:
La accionante recibía un determinado porcentaje de participación en el desarrollo futuro de las concesiones.
Que la accionada aportaba a las cuentas en participación en calidad de socio inversionista, el negocio que representan LAS CONCESIONES.
Que el demandante se obligaba a atender el negocio representado en LAS CONCESIONES según EL PROYECTO en forma exclusiva y a tiempo completo, y una vez concluido el proyecto continuaría prestando el servicio pero en las condiciones que serían acordadas entre las partes.
Que a los efectos de determinar los diferentes conceptos de costos, gastos y/o inversión, el sistema contable aplicable a las cuentas de participación sería el que resultara de aplicar los Principios Contables de Aceptación General aprobados por el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Federal y el utilizado por el contador de la empresa.
En esta fase de análisis, y conteste con todos los razonamientos expuestos, resultantes de aplicar el denominado test de la dependencia o examen de indicios esta Sala arriba a la conclusión de que en la presente controversia sí fue desvirtuada por la demandada la presunción de la relación laboral establecida en el artículo 65 de
A mayor abundamiento, en la función de esta Sala de aplicar la justicia y la equidad, observa que el actor en este caso dirigía técnica, intelectual y operativamente el denominado PROYECTO; que entre las partes lo que existía era una relación de coordinación y que de conformidad con el contrato de Cuentas en Participación, el accionante percibiría un determinado porcentaje de participaciones en el desarrollo futuro de las concesiones, indicios estos que son suficientes para afirmar la existencia de una relación de naturaleza mercantil.
Resta entonces destacar, el deber de los jueces de instancia de acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, por lo que en consideración de todo lo antes expuesto, se arriba a la conclusión del incumplimiento por parte de la recurrida de tal mandato legal, ya que de haber acogido el Juez de
Ante tales señalamientos, y evidenciado como se encuentra, que la empresa demandada logró desvirtuar la presunción de la relación de trabajo a que se contrae el artículo 65 de la ley sustantiva que rige la materia laboral, resulta entonces imperioso para esta Sala casar el fallo recurrido prescindiendo para ello del reenvío, y así en definitiva declarar sin lugar la demanda incoada. Así se decide... (Resaltado añadido).
Por su parte, el mencionado artículo 175 de
(...)
Podrá también el Tribunal Supremo de Justicia de oficio hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no se les haya denunciado... (Resaltado añadido).
En cuanto a las infracciones de orden público, esta Sala Constitucional ha señalado reiteradamente que:
El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica, tales como la oportunidad para la contestación de la demanda, la apertura del lapso probatorio, y la preclusión de los actos procesales, entre otras.
La jurisprudencia reiterada y pacífica de la entonces Corte Suprema de Justicia interpretó el alcance y sentido de la excepción de orden público, la cual hace suya esta Sala Constitucional, en los términos que a continuación se indican:
Que el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público.
(...)
A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden público tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento G.F. Nº 119. V. I., 3ª etapa, pág. 902 y ss. Sentencia de fecha 24 de febrero de 1983. Resaltado añadido) (sic. s S.C. n° 2201/02, del 16.09; exp. 01-1968).
Por su parte, sobre el orden público,
En lo referente al concepto de orden público, esta Sala, elaboró su doctrina sobre el concepto de orden público, con apoyo en la opinión de Emilio Betti, así:
Que el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público.
( )
A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden público tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento(G.F. Nº 119. V. I., 3ª etapa, pág. 902 y S. Sentencia de fecha 24 de febrero de 1983) (Resaltado añadido).
Cuando se habla de orden público, nos referimos a aquellas normas que, por ninguna razón deben ser desacatadas, precisamente por el carácter que las determina, así ha establecido la doctrina jurisprudencial de este Alto Tribunal, tal como lo indica, entre otras, la siguiente sentencia de fecha 22 de mayo del 2001, de
Por otro lado, en lo que respecta a la finalidad de la casación oficio, esta Sala señaló:
Hecha la anterior precisión, se debe indicar que ya esta Sala Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la casación de oficio en el más de centenar de fallos que se han dictado para decidir los recursos de revisión intentados por la Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), contra sentencias de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo. En esos recursos se denunciaba la violación del derecho a la defensa, por cuanto dicha Sala había casado de oficio fallos de Tribunales Superiores en materia laboral. Al decidir, sostuvo esta Sala Constitucional que la casación de oficio no viola principios o garantías constitucionales, pues, al contrario, se trataba de una labor que responde a la protección y vigencia del Texto Fundamental.
En una de esas decisiones, del 9 de mayo de 2001, se señaló que:
(
) el derecho de defensa es de imposible infracción cuando se ejerce la casación de oficio pues, por no tratarse de otra instancia, las oportunidades de las que disponen las partes en el trámite de recurso de casación para exponer sus argumentos se encuentran especialmente calificadas. Así, los escritos de formalización, impugnación, réplica y contrarréplica, tienen en los artículos 317 y 318 del Código de Procedimiento Civil propósitos diferenciados y formalidades necesarias para su realización. Circunstancia que no debe sorprender, pues la finalidad de recurso de casación no es (
) resolver el mérito de la controversia, sino revisar la actividad realizada por el juez superior desde el punto de vista de la actividad procesal y los juzgamientos efectuados, actividad de la Sala que (
) no se encuentra limitada por las denuncias y que sustrae a la decisión respectiva del requisito de congruencia, por no estar limitada solamente a los alegatos de las partes, luego no se puede construir la violación del derecho a la defensa, con fundamento en los alegatos que no puede hacer una parte con respecto a las cuestiones examinadas en la casación de oficio.
Al revisar lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se puede advertir que no se encuentra limitada la Sala de Casación Social en las declaraciones que pueda hacer cuando resuelve un recurso por infracción de ley, pues en su pronunciamiento no está obligada a considerar solamente las normas indicadas por las partes ya que puede declarar infringidas las que, en su criterio, considera aplicables al caso. Esta posibilidad, vinculada al principio iura novit curia, expresa el poder atribuido a la casación, cuando ejerce su facultad de revisar las decisiones dictadas por los Tribunales Superiores. Se trata de que la finalidad última de la casación es preservar la integridad de la interpretación del orden legal, no de resolver el mérito del asunto. Así, las declaraciones de la casación tienen por finalidad indicar las razones por las cuales debe aplicarse una norma a un caso concreto, para construir, con cada caso, la interpretación del ordenamiento. Es decir, sus declaraciones no son sólo aplicables al caso concreto, sino que pueden serlo también para cualquier otro caso en que sea necesario aplicar la norma interpretada por la casación. Por tanto, cuando realiza esa función, sus declaraciones exceden el mérito del asunto y, desde luego, no son vinculantes las opiniones que las partes hagan acerca de la aplicación o interpretación de las normas jurídicas.
En efecto, la casación de oficio no viola el derecho a la defensa pues no se trata de un caso de tutela de intereses particulares, sino de respeto del orden público y de las normas constitucionales. No puede olvidarse que la casación es un recurso extraordinario. No es una instancia más dentro de un proceso, en la que se revisa nuevamente toda la controversia, tanto en los hechos como en el derecho, sino que procura, con ocasión de una petición de parte, eliminar los fallos en los que se haya incurrido en ciertas violaciones de especial gravedad. La casación tiene una finalidad anulatoria (la del fallo viciado), pero siempre con miras a la consecución de una interpretación uniforme de la legislación y, con ello, la obtención de una jurisprudencia coherente. De esta manera, el caso concreto sirve para dar pie a una finalidad de interés superior, que excede los estrechos límites de lo planteado.
Pudo el legislador establecer un régimen distinto para la casación de oficio, permitiendo, como lo plantean los demandantes, la intervención de las partes para exponer su criterio acerca de las violaciones de normas de orden público de rango constitucional que hubiere detectado la Sala de Casación. Pudo también elegir la vía adoptada por otros ordenamientos y, por tanto, contemplar un verdadero recurso en el que un órgano estatal pusiese en conocimiento de la Sala de Casación de ciertos fallos que, que es su criterio, deberían ser casados. No sería, por supuesto, una casación de oficio, puesto que se actuaría a instancia, no de parte, pero sí de un legitimado para demandar. Sin embargo, el legislador optó por un procedimiento mixto, en el que se mantiene la demanda de parte, a la par que se faculta a la Sala de Casación para decidir de oficio sobre ciertas violaciones, sin que a las partes se le conceda oportunidad para alegar lo que estimasen conveniente. Ello, en criterio de esta Sala Constitucional, no puede ser considerado como una violación al derecho de la defensa porque en realidad no se trata de un mecanismo instaurado en protección de derechos e intereses particulares, sino para tutelar ciertas normas cuyo respeto el ordenamiento considera esencial.
En virtud de lo expuesto, esta Sala Constitucional considera que la casación de oficio, prevista en la norma impugnada, no viola la disposición que garantiza el derecho a la defensa, contemplada en el artículo 68 de la Constitución de 1961, equivalente al numeral 1 del artículo 49 del texto constitucional vigente. Así se declara. (s SC n° 116/02, del 29.01. Resaltado añadido).
Como se observa, el ejercicio de la casación de oficio requiere de la iniciativa de la parte afectada (anuncio) para su aplicación; sin embargo,
Por otro lado, si bien es cierto que, en los casos en que procede la casación de oficio,
Ahora bien, se observa en la decisión objeto de revisión que
Ahora bien, cuando la calificación de orden público proviene de la propia ley, como sucede en el caso del artículo 12 de
En consecuencia, es especialmente cuando la relevancia del asunto de que se trate no trascienda de la esfera jurídica subjetiva de las partes, ni se refiera a derechos irrenunciables, que debe
Así las cosas,
En tal sentido, resulta oportuno referir que, en reiteradas oportunidades,
Por otro lado, se comprobó, además, que
En conclusión, por cuanto
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
/
Francisco Antonio Carrasquero López
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 04-2183
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