Venley

Sentencia N.º 877

Sentencia
N.º 877
Fecha
05/05/2006
Sala
Constitucional
Expediente
04-2183
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Recurso de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 09 de agosto de 2004, el ciudadano NICOLA SCIVETTI, titular de la cédula de identidad n° E-82.154.019, con la asistencia de los abogados Luis Gerardo Ascanio Esteves y Cristina Isabel Alberto Peña, con inscripción en el I.P.S.A. bajo los nos 14.317 y 66.391, respectivamente, solicitó, ante esta Sala, la revisión de la sentencia n° 728 que, el 12 de julio de 2004, dictó la Sala de Casación Social, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la defensa y al debido proceso que acogió el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como a los principios de irrenunciabilidad de los derechos laborales y la primacía de la realidad.

El 09 de agosto de 2004, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz. En esa misma oportunidad, el peticionario de revisión otorgó poder apud acta a los abogados Luis Gerardo Ascanio Esteves y Cristina Isabel Alberto Peña para su representación en esta causa.

Mediante diligencias del 22 de septiembre, 30 de septiembre, 28 de octubre y 25 de noviembre de 2004, 30 de marzo, 10 de mayo, 20 de junio, 20 de octubre, 2 de noviembre, 10 de noviembre y 1° de diciembre de 2005 y 24 de enero, 17 de febrero, 30 de marzo y 17 de abril de 2006, la representación judicial del solicitante de revisión pidió a la Sala decisión.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DEL SOLICITANTE

1.         El solicitante de revisión alegó:

1.1      Que “...el Recurso de Casación anunciado anticipadamente por la parte demandada, es decir, con anterioridad a los cinco días hábiles consagrados en el artículo 169 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y posteriormente formalizado extemporáneamente, pasados los 20 días consecutivos previsto en el artículo 172 ejusdem, fue declarado con lugar en la oportunidad de la Audiencia oral, pública y contradictoria y posteriormente en la oportunidad de la publicación de la sentencia, la Sala de Casación Social, CASA DE OFICIO la sentencia proferida por el Juzgado Primero Superior, en el ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para anular el fallo recurrido por infracciones de orden público y constitucionales observadas en la decisión recurrida, aunque no se las hubiere denunciado. Cabe indicar que la Sala omite señalar cuáles son las infracciones observadas”.

1.2       Que “...sostiene la Sala Social en el fallo de fecha 12 de julio de 2004, con vista de la sentencia recurrida y de los alegatos formulados por ambas partes en la Audiencia oral, pública y contradictoria, que se observa que fue un punto controversial durante todo el proceso, la naturaleza de la relación jurídica que unió a los integrantes del juicio, por lo que debió determinarse si existía o no una relación de trabajo”.

1.3       Que la Sala de Casación Social sostuvo que correspondía a la demandada desvirtuar la presunción de relación de trabajo, y admitió que la alzada había valorado las pruebas que fueron promovidas y evacuadas, “no obstante no fueron suficientes para convencer a la Alzada acerca de la existencia de una relación entre las partes, de naturaleza no laboral”.

1.4       Que “…aun cuando nunca fue denunciado por las partes la violación del derecho de defensa, o una falta de apreciación y valoración de las pruebas promovidas y evacuadas en el proceso, la Sala Social decide de oficio descender a las actas del proceso con el fin de escudriñar la verdadera naturaleza de los contratos a los cuales se hace referencia en la sentencia recurrida para así dilucidar si en realidad de los hechos existió una relación de trabajo, omitiendo así la confesión de la demandada contenida en su escrito de contestación a la formalización, donde expresa lo siguiente: ‘Consideramos excelente el análisis y conclusión del Juez de la recurrida’.” (sic).

1.5       Que “…la demandada, en ningún momento fundamentó su denuncia en un silencio de pruebas, por el contrario, acepta que el juzgador apreció todas y cada una de las pruebas promovidas, en especial, el contrato de servicios profesionales de fecha 15 de Mayo de 1996; el contrato mal denominado de cuenta en participación de fecha 28 de junio 1996 y la modificación o addendum del contrato de servicios de fecha 23 de Marzo de 1998, pues lo que denunció fue la falta de aplicación de disposiciones legales, en especial de los artículos 359 al 364 del Código de Comercio, denuncia que sólo procede si la Alzada hubiere reconocido la existencia de una relación no laboral, lo cual no sucedió en el presente caso”.

1.6       Que la Sala de Casación Social interpretó las actas del proceso de manera equivocada cuando expuso, en la decisión cuya revisión se requirió, que las partes habían suscrito, en un primer momento, un contrato de servicios personales, donde se convino que debía prestar sus servicios profesionales a Inversora 1525 C.A., desde el 25 de mayo de 1996, en un plazo aproximado de 20 meses. “En el referido contrato de servicios se menciona la suscripción a futuro de un contrato de participación, el cual tuvo lugar en fecha 28 de junio de 1996, es decir, 43 días después de suscribir el contrato de servicios. En ningún momento, la Sala Social tomó en cuenta la modificación del contrato de servicios profesionales de fecha 23 de Marzo de 1998”.

1.7       Que “…la Sala Social no toma en consideración el contenido de las cláusulas del contrato de servicios, en especial, la cláusula primera del contrato de fecha 15 de mayo de 1996, en donde NICOLA SCIVETTI conviene en prestar sus servicios profesionales (personales) a ‘1525’ en calidad de asesor consultor con el fin de llevar a cabo, implementar y en definitiva materializar el proyecto en un plazo de 20 meses a partir de 15 de Mayo de 1996, y la cláusula octava la cual establece, entre otros beneficios, una remuneración mensual y consecutiva de $ 4.000,oo a partir de Mayo de 1996”.   

1.8       Que “…en relación al mal denominado contrato de cuenta en participación, la Sala Social ni siquiera consideró, literal ni lógicamente el contenido de la cláusula segunda, que transcribimos a continuación: ‘EL ASOCIADO’ se obliga a atender el negocio representado en ‘LAS CONCESIONES’ según ‘EL PROYECTO’ en forma exclusiva y a tiempo completo efectuando todas las diligencias, estudios, trabajos y atenciones necesarias a los fines de gerenciarlos en forma integral y con todas las especificaciones establecidas en el referido contrato de servicios personales. Una vez concluido ‘EL PROYECTO’, ‘EL ASOCIADO’ continuará prestando sus servicios profesionales a ‘LA ASOCIANTE’ en calidad de Asesor-Consultor, sin la necesidad de que dichos servicios sean prestados bajo la modalidad conocida como ‘a tiempo completo y exclusivo’, y en las condiciones a ser acordadas entre las partes”.    

1.9       Que “…la Sala Social debió adminicular el contrato de servicios y el mal denominado contrato de cuenta en participación, donde se evidencia que hay una primera etapa, regida en su totalidad por el contrato de trabajo, en donde NICOLA SCIVETTI prestaba sus servicios personales, subordinados y dependientes, a tiempo completo y exclusivo y bajo una remuneración mensual y otra etapa, una vez concluido el proyecto, en donde NICOLA SCIVETTI prestaría servicios, sin que dichos trabajos fueran prestados bajo la modalidad conocida ‘a tiempo completo y exclusivo’, percibiendo un determinado porcentaje de participación en el desarrollo futuro de las concesiones”.

1.10     Que correspondía a la demandada en el proceso laboral, la destrucción de la presunción de la relación laboral, mediante la probanza de la existencia de una relación jurídica de otra naturaleza (civil o mercantil), sin que fuese suficiente la existencia de un contrato supuestamente civil o mercantil, tal y como lo estableció el Juzgado ad quem del proceso laboral. 

1.11     Que “…en la sentencia recurrida una desviación de este criterio jurisprudencial de que la existencia de un contrato, sea de compra-venta mercantil, de cuenta en participación u otra modalidad, de manera ocasional, no son suficientes para desvirtuar la existencia de una relación de trabajo, máxime cuando en el presente caso existe un contrato de servicios de fecha 15 de Mayo de 1996 y que fuera objeto de prórroga en fecha 23 de Marzo de 1998, habiendo ocasionalmente suscrito un mal llamado contrato de cuenta en participación a los 43 días siguientes de celebrar el contrato de servicios”. 

2.         Denunció:

“...la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tales como la violación al debido proceso y del derecho a la defensa, considerándolos como un instrumento fundamental para la realización de la justicia, a tenor del artículo 257 de la Constitución, evidenciándose en ambas decisiones aquí recurridas la falta de atención por parte de la Sala Social a las consideraciones hechas en instancias, y a las actas del proceso, conllevando a una total desnaturalización o desviación a lo probado y alegado en autos, cometiendo un exabrupto y de injusticia al trabajador, transgrediendo el orden público procesal laboral y a la tutela jurídica de los derechos del trabajador. Igualmente se violan normas de orden público laboral, en especial, la prevanlecia (sic) de la realidad sobre las formas o apariencias- artículo 89, numeral 1 de la Constitución, en las relaciones laborales. (...)

(...)

Las decisiones, objeto de este especial recurso, ciertamente fueron dictadas por la Sala Social con competencia en materia laboral pero en violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  tales como la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la prevalencia de la realidad sobre las formas o apariencias en las relaciones laborales, máxime cuando los hechos demuestran la existencia de una relación de trabajo personal, subordinado, dependiente y a tiempo completo por parte de NICOLA SCIVETTI y quien lo recibe ‘INVERSIONES 1525, C.A.’. Igualmente se violan tratados, pactos y convenios internacionales suscritos y validados por la República, en especial con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia reiterada de este Tribunal Supremo de Justicia entre ellas la sentencia de fecha 16 de Marzo de 2000, con ponencia de uno de los Magistrados que suscribe los fallos recurridos, el Dr. JUAN RAFAEL PERDOMO.

Así mismo, se incurre en un error inexcusable, violándose el derecho de defensa y el debido proceso, derivándose no sólo de la incongruencia entre los dos fallos recurridos, sino también del hecho de haberse apartado totalmente de lo alegado y probado en autos y de las actas del proceso”.

 

3.        Pidió:

Se “...solicite de inmediato el expediente a la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de su tramitación y que el mismo sea declarado con lugar, con los respectivos pronunciamientos del caso, como es la nulidad de los fallos contra los cuales se recurre de conformidad con el artículo 5, numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia...”.

 

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Tal competencia para la revisión de decisiones definitivamente firmes abarca tanto fallos que hayan sido pronunciados por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.

En el presente caso se pretende la revisión del fallo n° 728 que expidió, el 12 de julio de 2004, la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, así como del acta continente del resumen de la audiencia pública que se produjo como consecuencia del anuncio del recurso de casación que se interpuso contra el fallo que resolvió parcialmente con lugar la pretensión de cobro de prestaciones sociales que propuso el pretensor de revisión contra Inversora 1525 C.A.. En el acto decisorio objeto de revisión, la Sala de Casación Social casó de oficio el pronunciamiento que emitió el Juzgado Primero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas del 18 de febrero de 2004 y, en consecuencia, anuló dicho acto jurisdiccional y declaró sin lugar la pretensión laboral, razón por la cual esta Sala se declara competente. Así se decide.

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

La Sala de Casación Social dictó el fallo cuya revisión se solicitó en los términos siguientes:

“Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia proferida por el Juzgado Primero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha 18 de febrero de 2004, en consecuencia anula el referido fallo, y se declara SIN LUGAR la demanda incoada por la parte actora.

 

Se condena en las costas del proceso a la parte demandante, por haber resultado totalmente vencida en la presente causa, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo...”.

 

Para la fundamentación de su decisión, la Sala de Casación Social expresó:

“CASACIÓN DE OFICIO

En el ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para casar de oficio el fallo recurrido por las infracciones de orden público y constitucionales que ella observare aunque no se las hubiere denunciado, la Sala observa:

Con vista de la sentencia recurrida y de los alegatos formulados por ambas partes en la audiencia oral, pública y contradictoria llevada a cabo para los efectos del presente recurso de casación, la Sala observa, que fue un punto controversial durante todo el proceso, la naturaleza de la relación jurídica que unió a los integrantes del presente juicio, por lo que ciertamente debía determinarse en primer lugar, si existía o no una relación de trabajo.

Así pues, demandó la parte actora en su libelo de demanda el cobro de prestaciones sociales; y ciertamente la defensa central de la parte demandada estribó en señalar la inexistencia de una relación laboral, alegando por el contrario la existencia de una relación mercantil.

En este orden de ideas, es imperioso señalar lo que respecto a la relación de trabajo, el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece:

‘Artículo 65: Se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba. (...).’.

En este sentido, la Sala profundiza en el examen de la recurrida, y encuentra que al folio 337 del expediente, se dejó sentado lo que a continuación se extrae:

‘Versa la presente controversia, sobre la procedencia o no de beneficios laborales reclamados por el actor y negados por la accionada, con fundamento en la naturaleza civil de la relación que los unió, derivada de la existencia del Contrato de Servicios Profesionales suscrito por ambas partes en fecha 15/05/96, de su Addendum de fecha 23/03/98 y del Contrato de Cuentas en Participación del 28/06/98.

Ahora bien, como quiera que se presume la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio y quien lo recibe, a tenor de lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, y vistos los términos en quien (sic) se dio contestación a la demanda, le corresponde a la accionada la carga de demostrar que la relación que existió entre las partes, fue de una naturaleza distinta a la laboral, esto es, que fue de naturaleza civil. Así se declara. (Negrillas de la Sala).

Como se observa, el Juzgador de la Alzada, patrocinado por la ley, presumió la laboralidad de la relación, en virtud de que la accionada fundamentó la inexistencia de la relación de trabajo con base a la existencia de una relación de naturaleza civil producto de un Contrato de Servicios Profesionales suscrito por ambas partes en fecha 15/05/96, de su Addendum de fecha 23/03/98 y del Contrato de Cuentas en Participación del 28/06/98.

Al no constituirse en un hecho controvertido la prestación de un servicio, ciertamente en la distribución de la carga probatoria correspondía a la accionada demostrar la existencia de un hecho o conjunto de hechos que desvirtuaran la configuración de la relación de trabajo, y para dar cumplimiento a esta carga fueron promovidas por la empresa demandada una serie de probanzas, a las cuales la recurrida hizo referencia.

Pero, no obstante de las pruebas promovidas por la demandada para desvirtuar la presunción de laboralidad, las mismas resultaron insuficientes para la Alzada, cuando estableció:

Dichas pruebas, si bien fueron promovidas y evacuadas conforme a derecho, no llevan a este Juzgador al convencimiento de la existencia de una relación entre las partes, de naturaleza no laboral, en otras palabras no han logrado desvirtuar la presunción laboral de esa relación de servicios, pues de las pruebas examinadas se evidencia que no fueron contrariados los elementos esenciales de la relación de trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, la labor por cuenta ajena, la subordinación y el salario, por lo que el hecho de haber sido admitido por las partes la existencia de un Contrato de Servicios Profesionales, no es per se un hecho capaz de desvirtuar la presunción de la existencia de una relación de carácter laboral. Por el contrario, ha sido firmada por ambas partes que la relación que los unió, se debió a la suscripción del Contrato de Servicios Profesionales suscrito por ambas partes en fecha 15/05/96, de su Addendum de fecha 23/03/98 y del Contrato de Cuentas en participación de fecha 28/06/98, documentos que fueron traídos a los autos por las partes y los cuales son apreciados por este Juzgador, por el hecho mismo de haber sido invocados por ellas, además no haber sido objeto de impugnación; aunado a la declaración del testigo promovido por la parte actora, José Oca, el cual es apreciado por este Juzgador de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por no haber incurrido en contradicción y por ser relevantes sus dichos para la controversia planteada, relativo al hecho de que el actor prestó sus servicios para la empresa inversora 1525, C.A., como profesional de la Geología en calidad de Asesor-Consultor.

Como quiera que no fue desvirtuada por la accionada la presunción de la existencia de una relación de naturaleza laboral entre las partes, y vistos los términos de la contestación, este Juzgador tiene como admitido que existió una relación de trabajo entre las partes, que inició el 15 de mayo de 1996 con la suscripción del Contrato por Servicios Profesionales, en calidad de Asesor-Consultor de la empresa Inversora 1525, C.A., (...).’ (Negrillas de la Sala).

Obsérvese como el Juzgador, conteste con la valoración que efectuara de los elementos probatorios señalados anteriormente, dio por admitida la existencia de la relación de trabajo, por lo que en esta fase del análisis emerge la necesidad de adminicular el criterio señalado por la recurrida bajo la doctrina jurisprudencial establecida por esta Sala de Casación Social, para determinar la naturaleza de tal relación.

En este orden de ideas, se puede afirmar que la calificación de una relación jurídica como de naturaleza laboral, depende de la verificación en ella de los elementos característicos de este tipo de relaciones, y sobre tales características, esta Sala de Casación Social soportando su enfoque desde la perspectiva legal, ha asumido por vía jurisprudencial, como elementos definitorios los siguientes:

‘(...) en el único aparte del citado artículo 65, se debe establecer la consecuencia que deriva de la norma jurídica que consagra tal presunción, a saber, la existencia de una relación de trabajo, la cual por mandato legal expreso, se tiene por plenamente probada, salvo prueba plena en contrario, es decir, que el juez debe tener por probado fuera de otra consideración la existencia de una relación de trabajo, con todas sus características, tales como el desempeño de la labor por cuenta ajena, la subordinación y el salario. Se trata de una presunción iuris tantum, por consiguiente, admite prueba en contrario, y el pretendido patrono puede, en el caso, alegar y demostrar la existencia de un hecho o conjunto de hechos que permitan desvirtuar la existencia de la relación de trabajo, por no cumplirse alguna de las condiciones de existencia, tales como la labor por cuenta ajena, la subordinación o el salario y como consecuencia lógica, impedir su aplicabilidad al caso en concreto.’ (Sentencia N° 61 de la Sala de Casación Social de fecha 16 de marzo de 2000.) (Subrayado de la Sala).

La precedente transcripción exige entonces, para calificar como de laboral la relación, la presencia en la relación de los siguientes tres elementos: ajenidad, dependencia y salario.

Acorde con la anterior referencia doctrinal, resulta pertinente señalar el inventario de indicios manejados por esta Sala, que permiten determinar de manera general, la naturaleza laboral o no de una relación.

‘No obstante, antes de aportar esta Sala los hechos o circunstancias que a su entender, permitan consolidar un sistema como el propuesto, considera de real importancia transcribir los que el reseñado autor Arturo S. Bronstein contempla en la Ponencia citada. A tal efecto, señala:

Sin ser exhaustiva, una lista de los criterios, o indicios, que pueden determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe fue propuesta en el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la Conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998:

a)        Forma de determinar el trabajo (...)

b)        Tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo (...)

c)        Forma de efectuarse el pago (...)

d)        Trabajo personal, supervisión y control disciplinario (...)

e)        Inversiones, suministro de herramientas, materiales y  maquinaria (...);

f)         Otros: (...) asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio, la regularidad del trabajo (...) la exclusividad o no para la usuaria (...).’. (Arturo S. Bronstein, Ámbito de Aplicación del Derecho del Trabajo, Ponencia del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Caracas-Venezuela 6-8 de mayo de 2002. Pág. 22).

Ahora, abundando en los arriba presentados, esta Sala incorpora los criterios que a continuación se exponen:

a)        La naturaleza jurídica del pretendido patrono.

b)        De tratarse de una persona jurídica, examinar su constitución, objeto social, si es funcionalmente operativa, si cumple con cargas impositivas, realiza retenciones legales, lleva libros de contabilidad, etc.

c)        Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se  verifica la prestación de servicio.

d)        La naturaleza y quantum de la contraprestación recibida por el servicio, máxime si el monto percibido es manifiestamente superior a quienes realizan una labor idéntica o similar;

e)        Aquellos propios de la prestación de un servicio por cuenta ajena. (Sentencia N° 489, de fecha 13 de agosto de 2002, ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz).

Así pues, con vista de los alegatos de las partes, la Sala desciende a las actas del proceso con el fin de escudriñar la verdadera naturaleza de los contratos a los cuales se hace referencia en la sentencia para así dilucidar si en la realidad de los hechos existió tal como lo declara la recurrida, una relación de trabajo.

En este orden de ideas, constata la Sala, que la demandada es una empresa mercantil constituida como compañía anónima y cuya denominación se corresponde a INVERSORA 1525, C.A., dedicada a la explotación del sector minero.

También constata la Sala, que la vinculación que existió entre las partes surgió con ocasión de la suscripción de un contrato de servicios profesionales de fecha 15 de mayo de 1996.

Luego, las partes suscriben un contrato de Cuentas en Participación correspondiente a la fecha 28 de junio de 1996 , y de su Addendum de fecha 23 de marzo de 1998.

De los mencionados contratos, se verifica que el actor, NICOLA SCIVETTI, es un profesional con amplia experiencia en el área de la exploración, explotación, procesamiento y producción de mineral aurífero, así como de dirección en las actividades relativas a la minería.

Con fundamento a la actividad llevada a cabo por la empresa y a los conocimientos del ahora demandante, fue que las partes suscribieron en un primer momento el contrato de servicios profesionales, en el que se convino que NICOLA SCIVETTI, debía prestar sus servicios profesionales a la empresa INVERSORA 1525, C.A., con el fin de implementar y en definitiva materializar ‘EL PROYECTO’ (denominación ésta que se correspondía a un reporte geológico ‘Geological Report’ realizado por la parte actora sobre unas concesiones en las que la empresa tenía derechos).

En el contrato de servicios profesionales a los fines de implementar y materializar ‘EL PROYECTO’, se llegó al acuerdo de un plazo de veinte (20) meses contados a partir del 15 de mayo de 1996, concediéndose a la accionante un margen de elasticidad del veinte por ciento en defecto o exceso del referido plazo. Por otro lado, también se convino que el éxito del contrato dependería de la ejecución en equipo del mismo.

En el referido contrato de servicios, se menciona la suscripción a futuro de un contrato de Cuentas en Participación, la cual tuvo lugar en fecha 28 de junio de 1996.

De conformidad con tal contrato de Cuentas en Participación, se observa lo siguiente:

La accionante recibía un determinado porcentaje de participación en el desarrollo futuro de las concesiones.

Que la accionada aportaba a las cuentas en participación en calidad de socio inversionista, el negocio que representan ‘LAS CONCESIONES’.

Que el demandante se obligaba a atender el negocio representado en ‘LAS CONCESIONES’ según ‘EL PROYECTO’ en forma exclusiva y a tiempo completo, y una vez concluido el proyecto continuaría prestando el servicio pero en las condiciones que serían acordadas entre las partes.

Que a los efectos de determinar los diferentes conceptos de costos, gastos y/o inversión, el sistema contable aplicable a las cuentas de participación sería el que resultara de aplicar los Principios Contables de Aceptación General aprobados por el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Federal y el utilizado por el contador de la empresa.

En esta fase de análisis, y conteste con todos los razonamientos expuestos, resultantes de aplicar el denominado ‘test de la dependencia o examen de indicios’ esta Sala arriba a la conclusión de que en la presente controversia sí fue desvirtuada por la demandada la presunción de la relación laboral establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues de los elementos extraídos de las actas, se constata que no existe la subordinación en la relación que unió a las partes, elemento éste que resulta indubitable en la estructura de la relación laboral.

 

A mayor abundamiento, en la función de esta Sala de aplicar la justicia y la equidad, observa que el actor en este caso dirigía técnica, intelectual y operativamente el denominado ‘PROYECTO’; que entre las partes lo que existía era una relación de coordinación y que de conformidad con el contrato de Cuentas en Participación, el accionante percibiría un determinado porcentaje de participaciones en el desarrollo futuro de las concesiones, indicios estos que son suficientes para afirmar la existencia de una relación de naturaleza mercantil.

Resta entonces destacar, el deber de los jueces de instancia de acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, por lo que en consideración de todo lo antes expuesto, se arriba a la conclusión del incumplimiento por parte de la recurrida de tal mandato legal, ya que de haber acogido el Juez de la Alzada la citada doctrina jurisprudencial relativa a los criterios que permiten determinar si la naturaleza de la relación es laboral o no, se habría declarado desvirtuada tal presunción de laboralidad.

Ante tales señalamientos, y evidenciado como se encuentra, que la empresa demandada logró desvirtuar la presunción de la relación de trabajo a que se contrae el artículo 65 de la ley sustantiva que rige la materia laboral, resulta entonces imperioso para esta Sala casar el fallo recurrido prescindiendo para ello del reenvió, y así en definitiva declarar sin lugar la demanda incoada. Así se decide...”.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISION

En el caso sub examine se pretende la revisión del fallo que expidió la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia el 12 de julio de 2004 (así como del acta continente del resumen de la audiencia pública), mediante el cual casó de oficio la sentencia que pronunció el Juzgado Primero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de febrero de 2004, que declaró parcialmente con lugar la pretensión de cobro de prestaciones sociales que propuso el solicitante de revisión contra Inversora 1525 C.A.; en consecuencia, anuló dicho fallo y declaró sin lugar la pretensión laboral; ello, por cuanto, en su criterio, la compañía demandada logró desvirtuar la presunción de relación de trabajo que preceptúa el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Ahora bien, dispone el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente:

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.

(…)

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala;”

 

En lo que respecta a las sentencias definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión esta Sala ha sostenido lo siguiente:

“...Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:

 

1.        Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.

 

2.        Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

 

3.        Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.

 

4.        Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la  interpretación de la Constitución  o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional...” (s. S.C. n° 93 del 06.02.01. Resaltado añadido)

 

Es necesario aclarar que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de decisiones que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala tenga la facultad de desestimar cualquier solicitud de revisión, sin ningún tipo de motivación, cuando en su criterio se compruebe que la decisión cuya revisión se pretende , en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud pues al carácter excepcional y limitado que exhibe la revisión.

En el caso sub iudice, el peticionario requirió la revisión del acta del 2 de julio de 2004 y de la decisión n° 728 del 12 de julio de 2004 de la Sala de Casación Social y, para ello, fundamentó su solicitud en que dicha Sala descendió, mediante la casación de oficio, a las actas del expediente y rechazó la naturaleza laboral que los jueces de instancia habían dado a la relación jurídica que unía a las partes, ya que consideró que se trataba de una relación mercantil; que su análisis no abarcó todas las cláusulas de los contratos que habían suscrito las partes y que omitió la justificación o señalamiento de cuáles eran las infracciones de orden público o constitucionales que le permitían el ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En efecto, esta Sala Constitucional observa que la Sala de Casación Social ejerció la atribución que le confiere el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es decir, ejerció la facultad de la casación de oficio por supuestas infracciones de orden público y constitucionales, bajo la siguiente argumentación:

“CASACIÓN DE OFICIO

En el ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para casar de oficio el fallo recurrido por las infracciones de orden público y constitucionales que ella observare aunque no se las hubiere denunciado, la Sala observa:

Con vista de la sentencia recurrida y de los alegatos formulados por ambas partes en la audiencia oral, pública y contradictoria llevada a cabo para los efectos del presente recurso de casación, la Sala observa, que fue un punto controversial durante todo el proceso, la naturaleza de la relación jurídica que unió a los integrantes del presente juicio, por lo que ciertamente debía determinarse en primer lugar, si existía o no una relación de trabajo.

(...)

Como se observa, el Juzgador de la Alzada, patrocinado por la ley, presumió la laboralidad de la relación, en virtud de que la accionada fundamentó la inexistencia de la relación de trabajo con base a la existencia de una relación de naturaleza civil producto de un Contrato de Servicios Profesionales suscrito por ambas partes en fecha 15/05/96, de su Addendum de fecha 23/03/98 y del Contrato de Cuentas en Participación del 28/06/98.

(...)

Así pues, con vista de los alegatos de las partes, la Sala desciende a las actas del proceso con el fin de escudriñar la verdadera naturaleza de los contratos a los cuales se hace referencia en la sentencia para así dilucidar si en la realidad de los hechos existió tal como lo declara la recurrida, una relación de trabajo.

En este orden de ideas, constata la Sala, que la demandada es una empresa mercantil constituida como compañía anónima y cuya denominación se corresponde a INVERSORA 1525, C.A., dedicada a la explotación del sector minero.

También constata la Sala, que la vinculación que existió entre las partes surgió con ocasión de la suscripción de un contrato de servicios profesionales de fecha 15 de mayo de 1996.

Luego, las partes suscriben un contrato de Cuentas en Participación correspondiente a la fecha 28 de junio de 1996, y de su Addendum de fecha 23 de marzo de 1998.

(...)

En el contrato de servicios profesionales a los fines de implementar y materializar ‘EL PROYECTO’, se llegó al acuerdo de un plazo de veinte (20) meses contados a partir del 15 de mayo de 1996, concediéndose a la accionante un margen de elasticidad del veinte por ciento en defecto o exceso del referido plazo. Por otro lado, también se convino que el éxito del contrato dependería de la ejecución en equipo del mismo.

En el referido contrato de servicios, se menciona la suscripción a futuro de un contrato de Cuentas en Participación, la cual tuvo lugar en fecha 28 de junio de 1996.

De conformidad con tal contrato de Cuentas en Participación, se observa lo siguiente:

La accionante recibía un determinado porcentaje de participación en el desarrollo futuro de las concesiones.

Que la accionada aportaba a las cuentas en participación en calidad de socio inversionista, el negocio que representan ‘LAS CONCESIONES’.

Que el demandante se obligaba a atender el negocio representado en ‘LAS CONCESIONES’ según ‘EL PROYECTO’ en forma exclusiva y a tiempo completo, y una vez concluido el proyecto continuaría prestando el servicio pero en las condiciones que serían acordadas entre las partes.

Que a los efectos de determinar los diferentes conceptos de costos, gastos y/o inversión, el sistema contable aplicable a las cuentas de participación sería el que resultara de aplicar los Principios Contables de Aceptación General aprobados por el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Federal y el utilizado por el contador de la empresa.

En esta fase de análisis, y conteste con todos los razonamientos expuestos, resultantes de aplicar el denominado ‘test de la dependencia o examen de indicios’ esta Sala arriba a la conclusión de que en la presente controversia sí fue desvirtuada por la demandada la presunción de la relación laboral establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues de los elementos extraídos de las actas, se constata que no existe la subordinación en la relación que unió a las partes, elemento éste que resulta indubitable en la estructura de la relación laboral.

A mayor abundamiento, en la función de esta Sala de aplicar la justicia y la equidad, observa que el actor en este caso dirigía técnica, intelectual y operativamente el denominado ‘PROYECTO’; que entre las partes lo que existía era una relación de coordinación y que de conformidad con el contrato de Cuentas en Participación, el accionante percibiría un determinado porcentaje de participaciones en el desarrollo futuro de las concesiones, indicios estos que son suficientes para afirmar la existencia de una relación de naturaleza mercantil.

Resta entonces destacar, el deber de los jueces de instancia de acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, por lo que en consideración de todo lo antes expuesto, se arriba a la conclusión del incumplimiento por parte de la recurrida de tal mandato legal, ya que de haber acogido el Juez de la Alzada la citada doctrina jurisprudencial relativa a los criterios que permiten determinar si la naturaleza de la relación es laboral o no, se habría declarado desvirtuada tal presunción de laboralidad.

Ante tales señalamientos, y evidenciado como se encuentra, que la empresa demandada logró desvirtuar la presunción de la relación de trabajo a que se contrae el artículo 65 de la ley sustantiva que rige la materia laboral, resulta entonces imperioso para esta Sala casar el fallo recurrido prescindiendo para ello del reenvío, y así en definitiva declarar sin lugar la demanda incoada. Así se decide...” (Resaltado añadido).

 

Por su parte, el mencionado artículo 175 de la Ley Adjetiva Laboral, en su tercer aparte, dispone:

“(...)

Podrá también el Tribunal Supremo de Justicia de oficio hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no se les haya denunciado...” (Resaltado añadido).

 

En cuanto a las infracciones de orden público, esta Sala Constitucional ha señalado reiteradamente que:

“El orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y, en las cuales el interés general de la sociedad y del estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica, tales como la oportunidad para la contestación de la demanda, la apertura del lapso probatorio, y la preclusión de los actos procesales, entre otras.  

La jurisprudencia reiterada y pacífica de la entonces Corte Suprema de Justicia interpretó el alcance y sentido de la excepción de ‘orden  público’, la cual hace suya esta Sala Constitucional, en los términos que a continuación se indican:

‘…Que el concepto de  orden  público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público.

(...)

A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden público tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento’ G.F. Nº 119. V. I., 3ª etapa, pág. 902 y ss. Sentencia de fecha 24 de febrero de 1983. Resaltado añadido)” (sic. s S.C. n° 2201/02, del 16.09; exp. 01-1968).

 

Por su parte, sobre el orden público, la Sala de Casación Civil estableció:

“En lo referente al concepto de orden público, esta Sala, elaboró su doctrina sobre el concepto de orden público, con apoyo en la opinión de Emilio Betti, así:

‘…Que el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional,  y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público.

(…)

A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden público tiende a  hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento’(G.F. Nº 119. V. I., 3ª etapa, pág. 902 y S. Sentencia de fecha 24 de febrero de 1983) (Resaltado añadido). 

 

La Sala de Casación Social retomó esta noción del orden público en decisión n° 22 del 11 de julio de 2002, en el siguiente sentido:

“Cuando se habla de orden público, nos referimos a aquellas normas que, por ninguna razón deben ser desacatadas, precisamente por el carácter que las determina, así ha establecido la doctrina jurisprudencial de este Alto Tribunal, tal como lo indica, entre otras, la siguiente sentencia de fecha 22 de mayo del 2001, de la Sala de Casación Civil, la cual es acogida por ésta Sala de Casación Social, al señalar que el Orden Público: ‘representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exijan observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuando se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público’ ”.

 

Por otro lado, en lo que respecta a la finalidad de la casación oficio, esta Sala señaló:

“Hecha la anterior precisión, se debe indicar que ya esta Sala Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la casación de oficio en el más de centenar de fallos que se han dictado para decidir los recursos de revisión intentados por la Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), contra sentencias de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo. En esos recursos se denunciaba la violación del derecho a la defensa, por cuanto dicha Sala había casado de oficio fallos de Tribunales Superiores en materia laboral. Al decidir, sostuvo esta Sala Constitucional que la casación de oficio no viola principios o garantías constitucionales, pues, al contrario, se trataba de una labor que responde a la protección y vigencia del Texto Fundamental.

En una de esas decisiones, del 9 de mayo de 2001, se señaló que:

‘(…) el derecho de defensa es de imposible infracción cuando se ejerce la casación de oficio pues, por no tratarse de otra instancia, las oportunidades de las que disponen las partes en el trámite de recurso de casación para exponer sus argumentos se encuentran especialmente calificadas. Así, los escritos de formalización, impugnación, réplica y contrarréplica, tienen en los artículos 317 y 318 del Código de Procedimiento Civil propósitos diferenciados y formalidades necesarias para su realización. Circunstancia que no debe sorprender, pues la finalidad de recurso de casación no es (…) resolver el mérito de la controversia, sino revisar la actividad realizada por el juez superior desde el punto de vista de la actividad procesal y los juzgamientos efectuados, actividad de la Sala que (…) no se encuentra limitada por las denuncias y que sustrae a la decisión respectiva del requisito de congruencia, por no estar limitada solamente a los alegatos de las partes, luego no se puede construir la violación del derecho a la defensa, con fundamento en los alegatos que no puede hacer una parte con respecto a las cuestiones examinadas en la casación de oficio.

Al revisar lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se puede advertir que no se encuentra limitada la Sala de Casación Social en las declaraciones que pueda hacer cuando resuelve un recurso por infracción de ley, pues en su pronunciamiento no está obligada a considerar solamente las normas indicadas por las partes ya que puede declarar infringidas las que, en su criterio, considera aplicables al caso. Esta posibilidad, vinculada al principio iura novit curia, expresa el poder atribuido a la casación, cuando ejerce su facultad de revisar las decisiones dictadas por los Tribunales Superiores. Se trata de que la finalidad última de la casación es preservar la integridad de la interpretación del orden legal, no de resolver el mérito del asunto. Así, las declaraciones de la casación tienen por finalidad indicar las razones por las cuales debe aplicarse una norma a un caso concreto, para construir, con cada caso, la interpretación del ordenamiento. Es decir, sus declaraciones no son sólo aplicables al caso concreto, sino que pueden serlo también para cualquier otro caso en que sea necesario aplicar la norma interpretada por la casación. Por tanto, cuando realiza esa función, sus declaraciones exceden el mérito del asunto y, desde luego, no son vinculantes las opiniones que las partes hagan acerca de la aplicación o interpretación de las normas jurídicas’.

 

En efecto, la casación de oficio no viola el derecho a la defensa pues no se trata de un caso de tutela de intereses particulares, sino de respeto del orden público y de las normas constitucionales. No puede olvidarse que la casación es un recurso extraordinario. No es una instancia más dentro de un proceso, en la que se revisa nuevamente toda la controversia, tanto en los hechos como en el derecho, sino que procura, con ocasión de una petición de parte, eliminar los fallos en los que se haya incurrido en ciertas violaciones de especial gravedad. La casación tiene una finalidad anulatoria (la del fallo viciado), pero siempre con miras a la consecución de una interpretación uniforme de la legislación y, con ello, la obtención de una jurisprudencia coherente. De esta manera, el caso concreto sirve para dar pie a una finalidad de interés superior, que excede los estrechos límites de lo planteado.

Pudo el legislador establecer un régimen distinto para la casación de oficio, permitiendo, como lo plantean los demandantes, la intervención de las partes para exponer su criterio acerca de las violaciones de normas de orden público de rango constitucional que hubiere detectado la Sala de Casación. Pudo también elegir la vía adoptada por otros ordenamientos y, por tanto, contemplar un verdadero recurso en el que un órgano estatal pusiese en conocimiento de la Sala de Casación de ciertos fallos que, que es su criterio, deberían ser casados. No sería, por supuesto, una casación de oficio, puesto que se actuaría a instancia, no de parte, pero sí de un legitimado para demandar. Sin embargo, el legislador optó por un procedimiento mixto, en el que se mantiene la demanda de parte, a la par que se faculta a la Sala de Casación para decidir de oficio sobre ciertas violaciones, sin que a las partes se le conceda oportunidad para alegar lo que estimasen conveniente. Ello, en criterio de esta Sala Constitucional, no puede ser considerado como una violación al derecho de la defensa porque en realidad no se trata de un mecanismo instaurado en protección de derechos e intereses particulares, sino para tutelar ciertas normas cuyo respeto el ordenamiento considera esencial.

El respeto de ciertas normas (como las que intenta proteger el artículo impugnado) es incluso un imperativo constitucional, en virtud de que Venezuela es un Estado de Derecho circunstancia que la actual Constitución enfatiza aún mas al calificar al Estado no solo como de Derecho sino como social y de justicia; lo cual supone el sometimiento del Estado al imperio de la ley y la preeminencia de la Constitución, como norma suprema en el que debe imperar además la justicia material sobre la justicia formal. Es por ello que, en el sistema venezolano, lo que se ha contemplado es un régimen mixto, en parte privado y en parte público, para que, con ocasión de un recurso particular, la Sala de Casación pueda ejercer ciertos poderes que exceden del marco del recurso. De esta manera, el legislador creyó satisfacer ambos intereses y evitó tener que autorizar a las Salas de Casación del Máximo Tribunal para buscar motu proprio, fallos que pudiesen ameritar ser casados y tener que establecer normas para conceder legitimación a algún órgano estatal (el Ministerio Público, por ejemplo), para que fuese éste quien presentase la solicitud de casación. Lo importante es que el régimen adoptado es una alternativa válida del legislador y no vulnera el derecho de defensa de las partes, las cuales no han sido, a tal efecto, sino el medio de poner en conocimiento de la Sala de Casación de un fallo contentivo de violaciones a normas constitucionales y de orden público.

En virtud de lo expuesto, esta Sala Constitucional considera que la casación de oficio, prevista en la norma impugnada, no viola la disposición que garantiza el derecho a la defensa, contemplada en el artículo 68 de la Constitución de 1961, equivalente al numeral 1 del artículo 49 del texto constitucional vigente. Así se declara”. (s SC n° 116/02, del 29.01. Resaltado añadido).

 

Como se observa, el ejercicio de la casación de oficio requiere de la iniciativa de la parte afectada (anuncio) para su aplicación; sin embargo, la Sala respectiva no se encuentra vinculada por las delaciones que haga el recurrente en su formalización. Ello es así, por cuanto la casación de oficio no tiene como finalidad la tutela de los derechos subjetivos de las partes (aun cuando éstos se vean favorecidos), sino el resguardo de las normas constitucionales y el orden público, es decir, situaciones que están reguladas por normas de interés público que exijan observancia incondicional, razón por la cual esta Sala Constitucional afirmó, en el fallo que se transcribió, que, en esos casos (casación de oficio), no se produce la vulneración del derecho a la defensa de las partes, por el hecho de que no se les permita alegaciones y defensas.

Por otro lado, si bien es cierto que, en los casos en que procede la casación de oficio, la Sala de Casación en cuestión no se encuentra atada a los señalamientos y denuncias de las partes, también es verdad que la Sala no puede ejercer la facultad de casar de oficio sobre la base de las apreciaciones y valoraciones que hubiese hecho el Juzgado Superior para la solución del caso concreto, dentro de los límites de éste pero que no hubieren sido delatadas por la parte que resulte afectada y que en nada contribuyan a la verificación y solución de una vulneración constitucional o de orden público, pues tales pronunciamientos, ajenos al interés colectivo, podrían alterar el equilibrio procesal en perjuicio de una de las partes contendientes, a pesar de su inercia al respecto.

Ahora bien, se observa en la decisión objeto de revisión que la Sala de Casación Social descendió a las actas del proceso para la determinación de que la naturaleza de la relación jurídica que unía a las partes era mercantil y casó de oficio la decisión que había sido recurrida sin fundamentar dicha Sala que ello se hacía para la protección del orden público o constitucional, que en definitiva, son los únicos dos supuestos que justifican el ejercicio de esa atribución, tal y como lo acoge el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Es decir, el orden público no es en sí mismo un concepto rígido sino un parámetro, que varía de acuerdo con la época, para la determinación de cuándo una norma o una institución requiere de una protección especial, con fundamento en la cual ciertos principios procesales se relajan. En el caso de la casación de oficio, toda vez que implica el ejercicio de una facultad extraordinaria, su empleo debe justificarse cabalmente a través de una motivación suficiente, en obligado obsequio a la seguridad juridica y a los límites naturales de esa potestad, a la luz de los principios que se señalaron supra.

Ahora bien, cuando la calificación de orden público proviene de la propia ley, como sucede en el caso del artículo 12 de la Ley  Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual señala que “los derechos y garantías de los niños y adolescentes reconocidos y consagrados en esta Ley son inherentes a la persona humana, en consecuencia son: a. de orden público;...”,  la simple mención sería suficiente para justificar que se llenó el extremo que exige la ley, a menos que, como sucedió en el presente asunto, se ejerza la casación de oficio, no para la protección del débil jurídico sino para destruir la calificación de relación laboral que habían dado los tribunales que conocieron de ese asunto en primero y segundo grado de conocimiento, pues en ese caso se destruyó el supuesto bajo el cual se podría considerar que la relación jurídica ameritaba esa protección.

En consecuencia, es especialmente cuando la relevancia del asunto de que se trate no trascienda de la esfera jurídica subjetiva de las partes, ni se refiera a derechos irrenunciables, que debe la Sala de Casación Social exponer de qué manera se vulneró el orden público o constitucional para justificar así, la necesidad de la casación de oficio del fallo contra el que se haya recurrido, máxime cuando la apreciación y valoración de las pruebas forman parte esencial de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces en su actividad procesal de juzgamiento, lo cual ha sido señalado, reiteradamente, por esta Sala Constitucional, en los siguientes términos:

“Así las cosas, la Sala observa de los autos que, efectivamente, el accionante sólo ha pretendido impugnar el fondo de la decisión dictada por el Juzgado Superior, el cual le fue adverso, para lograr la revisión del criterio de interpretación del Juzgador en su decisión, atacando así, la valoración del juzgador.

En tal sentido, resulta oportuno referir que, en reiteradas oportunidades, la Sala ha establecido que, en virtud de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, los mismos, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración sobre los medios probatorios y del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlos y ajustarlos a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole, notoriamente, derechos o principios constitucionales, supuesto que, en el presente caso, no se verificó” (s. S.C. n° 3149/02, del 06.12).

 

Por otro lado, se comprobó, además, que la Sala de Casación Social incurrió en una omisión probatoria cuando hizo la valoración de los contratos que habían suscrito las partes, de la cual derivó la nueva calificación de la relación sustancial que las unía, (que el Juzgado ad quem consideró de naturaleza laboral y dicha Sala como mercantil), en violación al principio de la exhaustividad de la prueba, pues sólo consideró lo que se estipuló en el contrato de cuentas en participación (28.06.96) y no lo que se estableció en el contrato previo de servicios profesionales (15.05.96), cuando era necesario el análisis integral de ambas negociaciones para la determinación de la naturaleza de la relación jurídica que unía a las partes.

En conclusión, por cuanto la Sala de Casación Social ejerció la casación de oficio para la verificación y determinación de la relación jurídica que unía a las partes, mediante el análisis de ciertas pruebas (sin que se hubiese denunciado alguna omisión u irregularidad en su valoración), es decir, para una situación que no trascendía de la esfera jurídica subjetiva de las partes, y, por tanto, no configuraba infracción constitucional o de orden público (indispensables para la procedencia de este tipo de mecanismos -casación de oficio- en el proceso laboral), con lo cual se apartó u obvió el criterio al respecto de esta Sala Constitucional, es por lo que, con fundamento en los artículos 336.10 constitucional y 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declara que ha lugar a la solicitud de revisión; en consecuencia, anula la sentencia de la Sala de Casación Social y repone la causa laboral al estado en que una Sala de Casación Social Accidental se pronuncie sólo sobre las delaciones que le fueron formuladas, en atención a lo que en este fallo se expuso. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, decide que HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional que interpuso el ciudadano NICOLA SCIVETTI, el 09 de agosto de 2004, contra el fallo n° 728 de la Sala de Casación Social del 12 de julio de 2004. En consecuencia, anula el referido veredicto y repone la causa laboral al estado en que una Sala de Casación Social Accidental se pronuncie sobre las delaciones que le fueron formuladas en la formalización del recurso de casación, en atención al criterio que en esta decisión se expuso.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                                   a los           05 días del mes de mayo de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente          

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

…/

…

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                       

El Secretario,

 

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 04-2183

 

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