Venley

Sentencia N.º 889

Sentencia
N.º 889
Fecha
05/05/2006
Sala
Constitucional
Expediente
05-1770
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta de los autos que, el 10 de agosto de 2005, DANIMEX C.A., con inscripción en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda del 14 de julio de 1975, bajo el n° 52, Tomo 41-A, y VIKING INTERNATIONAL COMPANY C.A., con inscripción en Panamá, del 14 de diciembre de 1989 (no aparecen de las actuaciones judiciales los datos de registro), mediante la representación de los abogados Emilio Luis Berrizbeitia Aristiguieta y Yolenny Ramos H., con inscripción en el I.P.S.A. bajo los nos 15.793 y 78.305, respectivamente, solicitaron, ante esta Sala Constitucional, la revisión de la decisión n° 377 que dictó la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 14 de junio de 2005, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de casación que los actores intentaron contra la sentencia definitiva que pronunció el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas el 6 de febrero de 2004, en el juicio que, por reparación de daños y perjuicios, siguen sus representadas contra Mavesa S.A. y Productora El Dorado, C.A.

Luego de la recepción del expediente, se dio cuenta en Sala por auto del 12 de agosto de 2005 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

El 29 de septiembre de 2005, compareció la abogada Yolenny Ramos y solicitó la admisión de la solicitud de revisión de autos.

El 25 de octubre de 2005, comparecieron los abogados Antonio Canova González, Victorino Ferrer y Luis Alfonso Herrera Orellana, con inscripción en el I.P.S.A. bajo los nos  45.088, 47.660 y 97.685, respectivamente, apoderados judiciales de Mavesa S.A., los dos primeros y con la asistencia del último y presentaron un escrito de oposición a la solicitud de autos.

El 11 de noviembre de 2005 compareció el apoderado judicial de Industrias Danatec C.A. y solicitó la acumulación de la petición de revisión sub examine a la que él había interpuesto contra la misma decisión.

El 2 de diciembre de 2005, los apoderados actores presentaron escrito mediante el cual requirieron se tenga como inexistente el escrito que presentó Mavesa S.A., por cuanto dicha sociedad no existe, en virtud de que fue absorbida por Alimentos Polar Comercial C.A. mediante un proceso de fusión.

El 19 de enero de 2006, compareció el abogado Antonio Canova, apoderado judicial de Alimentos Polar Comercial C.A., consignó poder que acredita su representación y ratificó la pretensión de oposición que interpuso el 25 de octubre de 2005.

El 27 de abril de 2006 compareció la abogado Yolenny Ramos y renunció al poder que le había sido conferido.

 

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

Los apoderados judiciales de la solicitante alegaron:

1.         Que ejercieron la solicitud de revisión contra la sentencia n° 377 que dictó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2005, la cual declaró sin lugar el recurso de casación que incoaron contra la sentencia definitiva que dictó el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas el 6 de febrero de 2004, en el juicio que, por reparación de daños y perjuicios que habrían derivado del incumplimiento de una obligación contractual de no competencia en comercialización y venta, que intentaron Danimex C.A., Viking International Company C.A. e Industrias Danatec C.A. contra Mavesa S.A. y Productora El Dorado C.A.

2.         Que la doctrina y la jurisprudencia han estado de acuerdo en precisar que, para que exista un verdadero acceso a los órganos de administración de justicia, tiene que haber una tutela judicial efectiva que garantice una decisión judicial sobre las pretensiones de las partes.

3.         Que la motivación de las sentencias es una condición esencial para que se dé cumplimiento a las previsiones de los artículos 26 y 49 de la Constitución, pues el acceso a la justicia no es tal si no se ha obtenido una tutela judicial efectiva y un debido proceso, en el que se produzca una respuesta, debidamente motivada, a las pretensiones de las partes.

4.         Que el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil no permite a la Sala de Casación extenderse al establecimiento o apreciación del fondo de la controversia y al establecimiento o apreciación de los hechos que hayan hecho los tribunales de instancia, sino cuando se haya denunciado una de las hipótesis de casación sobre los hechos que describe la norma, por lo que “...la Sala debe justificar, con una adecuada motivación, su apreciación del fondo de la controversia o de los hechos que aprecie o establezca”. 

5.         Que, en la primera denuncia de casación sobre los hechos, señalaron que el sentenciador había infringido los artículos 1.168, 1.202, 1.205, 1.208 y 1.212 del Código Civil por falsa aplicación y por falta de aplicación de los artículos 1.167, 1.257 y 1.264 ibidem, por haber establecido falsamente cuatro hechos en la interpretación que ofrece la cláusula tercera del contrato que habían celebrado las partes que hacían referencia a unas prohibiciones de no hacer.

6.         Que la sentencia de la Sala no explicó por cuáles razones consideró que los hechos habían sido apropiadamente establecidos, y que su motivación fue una enumeración de aquellos pero sin inclusión de los motivos, lo que debía hacer pues “...al examinar los hechos realiza la misma actividad de la instancia, por lo que debe incluirse en la sentencia el examen de los hechos realizado por la Sala y la explicación de por qué coincide o no con la instancia.”

7.         Que, en la segunda denuncia de infracción sobre los hechos, señalaron que el sentenciador de alzada infringió el artículo 1.168 del Código Civil por falsa aplicación y por falta de aplicación del artículo 1.271 del Código Civil cuando estableció falsamente un hecho en la interpretación que ofrece el contrato, que “la motivación no indica si se produjo o no una suposición falsa, que fue el objeto del recurso. Nada dice para indicar por qué la confusión que afirma ha tenido el sentenciador, es irrelevante para los efectos de la denuncia. Peor aún no explica la motivación, cómo se produce la confusión, ni de donde la han deducido. No se ha cumplido, nuevamente, con la obligación de ofrecer una respuesta motivada al pedimento de la parte.”

8.         Que, en la tercera denuncia de casación sobre los hechos, denunciaron que el juez en la sentencia recurrida invirtió la carga de la prueba en el caso de autos cuyo objeto era el cobro de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación de no hacer “estableciendo que (su) mandante tenía la carga no solo de probar la existencia de la obligación y del incumplimiento (la existencia y vigencia de los contratos y la comercialización, por parte de MAVESA del producto ‘imitación de leche’, todo lo cual quedó ampliamente probado), sino que debía probar igualmente la prueba (sic) de su liberación o extinción al establecer en la sentencia recurrida que las co-demandadas no podían probar el evento que las liberaría de dicha obligación de no hacer por ser un hecho negativo absoluto.”

9.         Que, ante la denuncia de infracción de ley, por errónea interpretación de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, por la inversión de la carga de la prueba de los hechos que alegó la demandada, lo que produjo que se declarase sin lugar la demanda, la Sala afirmó que no existía infracción, pese a que su denuncia se planteó porque el juez calificó erróneamente el hecho cuando expresó que se trataba de un hecho negativo absoluto que invertía la carga de la prueba a la parte actora.

10.       Que, “...(e)n toda la argumentación que hace la sentencia de la Sala de Casación, incluida la que existe en su examen de la denuncia presentada en la formalización de la empresa co-demandante, no existe una sola consideración de nuestro planteamiento, que explique los motivos que ha tenido la Sala para descartar nuestra denuncia. De hecho, califican el hecho como negativo indefinido, sin explicar por qué se ha llegado a esa conclusión...”.

11. Que, “...la única manera en el (sic) que puede comprenderse el dicho de la Sala, es si modificaron la doctrina establecida en una sentencia dictada el 21 de septiembre de 2000, en el caso José Alberto Méndez Adriani, en la que afirman que ‘la falta de aplicación o inaplicación de una norma que esté vigente, tiene lugar cuando el juzgador se niega a aplicar la norma a una relación jurídica que está bajo su alcance.’ “

12.       Que la que explicaron y alegaron configura una falla sustancial en la motivación que afecta su derecho a una tutela judicial efectiva y un debido proceso, porque no hubo una explicación debidamente fundamentada de las razones que descartaron su denuncia.

Solicitaron, como medida cautelar, la suspensión de cualquier acto de ejecución de la sentencia que dictó el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas el 6 de febrero de 2004 y que se declare la nulidad de la decisión de la Sala de Casación Civil a que se ha hecho referencia por la infracción de los artículos 26 y 49 de la vigente Constitución y porque hubo ignorado su obligación de ofrecer un fallo debidamente motivado.

 

II

DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REVISIÓN

El 25 de octubre de 2005, la representación judicial de Mavesa S.A. presentó escrito de oposición a la solicitud de revisión mediante el cual expusieron:

1.         Que la Sala de Casación Civil resolvió todos los planteamientos  que le presentó la recurrente en casación, los cuales se corresponden en forma exacta con las tres denuncias de inconstitucionalidad que los apoderados de Danimex C.A. y Viking International Company C.A. alegaron como base de la petición de revisión constitucional.

2.         Que, con la revisión de autos, lo que se pretende es que esta Sala Constitucional obvie los supuestos para la procedencia de esta potestad extraordinaria, actúe como una nueva instancia y revise el modo como la Sala de Casación Civil interpretó y aplicó algunas disposiciones legales al caso concreto, “sin conectar tal acto de juzgamiento con alguna denuncia constitucional concreta, y más aún cómo estableció los hechos debatidos y valoró las pruebas que produjeron las partes, a través de los argumentos esgrimidos por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.”

3.         Que las denuncias que hicieron las solicitantes, “antes de cuestionar la interpretación o aplicación –o falta de aplicación- de la Constitución, se centran en cuestionar la interpretación y aplicación del Derecho a los hechos desarrollada por la Sala de Casación Civil para resolver el recurso de casación interpuesto por las solicitantes de la revisión contra la sentencia de segunda instancia. En otras palabras, tales denuncias se limitan a rechazar, a partir de una visión sesgada o parcial de lo ocurrido en el proceso judicial, la manera como la Sala de Casación Civil valoró algunas pruebas a través del análisis fáctico y probatorio hecho por el ad-quem, en que aquella calificó los hechos establecidos en el proceso, y en definitiva, en que interpretó algunas normas del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil.”

4.         Que “...la sentencia cuya revisión se solicita, no incurre en ninguna inmotivación, simplemente expone motivos que no son del agrado de las solicitantes de la revisión, cuestión que no es fundamento suficiente para acoger este argumento. Así, puede apreciar esta Sala Constitucional que a la Sala de casación Civil se le acusó de que existía una suposición falsa por parte de la sentencia recurrida, que consistía en una desviación ideológica sobre determinados hecho (sic). Ante tal acusación, la Sala Civil simplemente constató qué decía el texto del documento donde constaba el hecho supuestamente distorsionado, y arribó a la conclusión de que la supuesta desviación ideológica no existía (..) la sentencia de la Sala de Casación Civil compara la supuesta falsedad del hecho denunciado por las formalizantes, con el hecho tal y como aparece en el expediente, cuestión de la cual deja constancia, y arriba de seguidas a la conclusión de que el hecho coincide con lo expresado por la recurrida ¿Qué más debía indicar la Sala? Sostener que era necesaria otra argumentación, sería exigir la razón de cada razón, cosa que no luce razonable”.

Por todo lo anterior, solicitaron a la Sala Constitucional que declare que no ha lugar a la pretensión de revisión constitucional que interpusieron los apoderados judiciales de Danimex C.A. y Viking International Company C.A.  

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución, le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca tanto fallos que hayan sido expedidos por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que preceptúa el artículo 335 del Texto Fundamental.

El artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone:

“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: /(...)

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; (...)”.

 

En el presente caso se requirió la revisión del acto decisorio n° 377 que emitió la Sala de Casación Civil el 14 de junio de 2005, razón por la cual esta Sala se declara competente, y así se decide.

 

IV

SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA

La revisión de autos tiene como objeto el fallo n° 377 que pronunció la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia del 14 de junio de 2005, mediante la cual declaró sin lugar los recursos de casación de Danimex C.A., Viking International Company C.A. e Industrias  Danatec  C.A. contra el veredicto que expidió el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 6 de febrero de 2004. Alegaron los solicitantes de la pretensión sub examine que la Sala de Casación Civil, en dicho acto jurisdiccional, no había cumplido con su obligación de motivación, de acuerdo con los artículos 26 y 49 de la vigente Constitución.

Al efecto, el referido acto de juzgamiento se pronunció en los siguientes términos:

 

“Alega el recurrente que el juez de alzada al analizar las cláusulas del contrato incurre en una suposición falsa, al mezclar las dos obligaciones prohibitivas al considerar que las condiciones establecidas para el desarrollo y producción del producto imitación de leche, se aplica de la misma manera a la prohibición de su comercialización, atribuyéndole a la obligación de no comercializar la mención de condicional que no contiene.

(...)

De la comparación que hiciera la Sala entre lo expuesto por el ad quem  respecto a la cláusula tercera del Contrato suscrito por las partes y la Cláusula tercera que consta en el citado contrato, se evidencia que de la misma se desprende tal y como lo arguye el juzgador, el hecho de que al Grupo Mavesa S.A., se le asignó la venta y distribución del producto imitación de leche en la producción obtenida en la planta de Productos Danimex C.A., elemento este que el juez denominó condición suspensiva, asimismo, concluyó con fundamento en la citada cláusula, que al Grupo Mavesa S.A., se le otorgó la opción de construir su propia planta de producción del producto imitación de leche en el caso de que Productos Danimex C.A. tuviese una insuficiente capacidad en la producción, lo que sería aun más permitido en caso de que no produjese nada o no llegaran a un acuerdo en cuanto al precio para su venta y distribución.

De acuerdo a lo antes expuesto, observa la Sala que el juez de alzada no incurrió en el primer caso de suposición falsa alegado por el recurrente y menos aún en la falsa aplicación de los artículos 1.202, 1.205, 1.212 y 1.168 del Código Civil, en consecuencia se declara improcedente la denuncia bajo análisis, y así se decide.

II

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 1.168 del Código Civil por falsa aplicación y por falta de aplicación del artículo 1.271 del Código Civil, por incurrir en el segundo caso de suposición falsa.

(...)

De las transcripciones que preceden, se puede advertir como el sentenciador de alzada, establece como un hecho que existe un vínculo entre la obligación de no comercializar y las condiciones establecidas en la cláusula tercera del contrato, para concluir de esto que no habiendo ocurrido la condición, no ha nacido la obligación de no comercializar.

(...)

En la cláusula tercera del contrato, que corre inserto en la primera pieza, marcado con la letra “F” de los anexos consignados en el expediente, dice lo que sigue:

Alega el formalizante que el juez de alzada establece una condición en la comercialización del producto imitación de leche por parte de Mavesa cuando la condición está dirigida es a la obligación de no producir el producto sino cuando lo que produzca Productos Danimex sea insuficiente o no se pueda llegar a un acuerdo en los precios.

Asimismo, alega el formalizante que del encabezado y primer párrafo de la cláusula tercera del contrato no puede concluirse otra cosa sino que la indemnización se estableció para la violación de las obligaciones de no comercializar y no producir, por ello resulta falso el vínculo que establece el juez de alzada entre la prohibición de no comercializar y las condiciones establecidas para que pudiera producir por cuenta propia Mavesa el producto imitación de leche, para cumplir con su obligación de venderlo y distribuirlo en el mercado al detal, en consecuencia, considera el recurrente que el juez incurrió en la falsa aplicación del artículo 1.168 del Código Civil, por ser falso el hecho que se utilizó para declarar que era aplicable la excepción de contrato no cumplido.

Al respecto resulta pertinente pasar a transcribir los siguientes extractos de la sentencia recurrida, a fin de determinar las aseveraciones expuestas por el formalizante:

(...)

De la precedente transcripción se evidencia que el juez de alzada con respecto al primer párrafo de la cláusula tercera concluye que las partes establecieron una cláusula penal indemnizatoria por concepto de daños y perjuicios denominada fraude, la cual se activa en caso de violación de la obligación de no comercializar y producir el producto de manera conjunta y no separada.

Asimismo, respecto del agregado que se le hiciera a la tercera cláusula en el tercer contrato, el juez superior estableció: 1) que el Grupo Danimex C.A. podría vender directamente en el mercado internacional y nacional el producto. 2) Que al Grupo Mavesa se le asignó la venta y distribución del producto en el mercado al detal, para lo cual de manera muy específica se estipuló que sería basado en la producción obtenida en la planta de Productos Danimex C.A. 3) Igualmente precisó en base a esa cláusula, que si no produce nada Productos Danimex C.A., el Grupo Mavesa no podría estar a cargo de su venta y distribución, esto de acuerdo a lo que se estipuló en el segundo contrato.

En el tercer contrato, de acuerdo con la sentencia recurrida,  al Grupo Mavesa, se le condicionó de manera conjuntiva su obligación de vender y distribuir el producto en el mercado siempre que Productos Danimex C.A. tuviese capacidad en la producción o se llegase a un acuerdo en los precios, adicionalmente se agregó, 4) Que si no se llegase a un acuerdo o no hubiese suficiente capacidad para la producción, el Grupo Mavesa no queda obligada a vender y distribuir el producto caso en el cual operaría la excepción nom adimpleti contractus en aplicación del artículo 1.168 del Código Civil.

En ese mismo sentido precisó que en esa misma cláusula tercera se le otorgó una opción al Grupo Mavesa de construir su propia planta de producción del producto imitación de leche en el supuesto de que Productos Danimex C.A. no produjese producto alguno o aun cuando estuviese operativa no llegase a un acuerdo respecto a los precios.

Más adelante concluye el ad quem que en virtud de la cláusula penal indemnizatoria que se estipula en la cláusula tercera del ‘segundo contrato’, ‘...sólo se aplicaría en el evento que PRODUCTOS DANIMEX C.A. produzca suficiente producto’ ‘imitación de leche ‘ y se llegase a un acuerdo con MAVESA S.A. en los precios de tal producto, y aún así, el ‘GRUPO MAVESA’ hubiese procedido a elaborar y comercializar por su cuenta, lo que evidentemente hubiese podido configurar lo que en el contrato de marras se ha denominado ‘fraude’...’”

En efecto, la citada cláusula tercera establece lo siguiente: 

‘...TERCERA: Ambas partes se comprometen a no producir ni comercializar directa o indirectamente los productos a ser elaborados por la nueva empresa, por un período igual a la duración de esa Sociedad, salvo los productos elaborados por la nueva compañía conjunta.

En caso de que una de las partes incurra en fraude con respecto a lo estipulado en esta Cláusula, la parte que defraude deberá pagar a la parte defraudada el 100% de las sumas de dinero obtenidas por la venta de los productos en las condiciones mencionadas en el párrafo anterior.

Queda entendido que aquellos productos que para la fecha de este contrato sean comercializados o producidos por los socios de la Compañía nueva o sus filiales, quedan exceptuados de lo previsto en esta cláusula.

‘...En el caso específico del producto ‘imitación de leche’, se conviene lo siguiente:

El producto será desarrollado por Productos Danimex, quien también lo producirá y venderá para el mercado internacional y de exportación a través de Danimex conforme a la cláusula 4. Mavesa estará a cargo de la venta y distribución del producto en el mercado al detal, basada en la producción obtenida en la planta de Productos Danimex, siempre y cuando esta planta tenga suficiente capacidad y se pueda llegar a un acuerdo sobre los precios; sin embargo, Mavesa tiene la opción de construir una planta de Productos Danimex sea insuficiente o no se pueda llegar a un acuerdo respecto a los precios...’ (sic).

(…)

En consecuencia y en virtud de lo antes expuesto, se declara improcedente la denuncia de infracción del artículo 1.168 del Código Civil, y así se decide.

-III-

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 320 eiusdem, se denuncia la falsa aplicación de los artículos 506 eiusdem, y 1.354 del Código Civil, ambos por falta de aplicación.

Al respecto, alega la recurrente: 

‘...El Juez de la sentencia recurrida invirtió la carga de la prueba en el caso de autos cuyo objeto es el cobro de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación (de no hacer), estableciendo que mi mandante tenía la carga no solo de probar la existencia de la obligación y del incumplimiento (la existencia y vigencia de los contratos y la comercialización, por parte de MAVESA del producto ‘imitación de leche’, todo lo cual quedó ampliamente probado), sino que debía probar igualmente la prueba de su liberación o extinción al establecer en la sentencia recurrida que las co-demandadas no podían probar el evento que las liberaría de dicha obligación de no hacer, por ser un hecho negativo absoluto...’.

La Sala para decidir observa:

Se acusa en este caso la falta de aplicación de las reglas concernientes a la carga probatoria por inversión indebida de las mismas, lo cual según sostiene la formalizante, impuso a las actoras la prueba de la excepción de contrato no cumplido que integra las defensas de las codemandadas.

Observa la Sala que, independientemente de que la recurrida haya establecido que no correspondía a las demandadas la carga de demostrar hechos negativos absolutos, establece igualmente que, a pesar de haber negado las demandadas los hechos en que se funda la demanda, las actoras no demostraron el cumplimiento de las obligaciones de hacer asumidas por Productos Danimex C.A., que condicionan la exigibilidad de la obligación de no hacer que atribuyen al Grupo Mavesa. Por este motivo, cuando la recurrida decide que el cobro de la cláusula penal es improcedente lo hace basada en la ausencia de prueba de hechos constitutivos de la pretensión demandada, es decir en la falta de prueba de la exigibilidad de la obligación reclamada, conforme exige el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.  Al respecto expresa la recurrida al folio 33:

‘...En efecto, luego de que este Tribunal procediera a apreciar y valorar las pruebas aportadas en el presente proceso, y habiéndose negado por las demandadas el cumplimiento de las antes referidas condiciones suspensivas, correspondía a las actoras la prueba de los hechos por ellas alegados, a tenor de lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, las actoras -como resultado de la valoración probatoria aquí hecha y muy particularmente de las deposiciones hechas por el testigo Oscar Baca- no demostraron que haya estado y está operativa la planta a cargo de PRODUCTOS DANIMEX C.A., tanto para elaborar como para empacar el producto ‘imitación de leche’ como para atender los requerimientos del mercado que se confió a MAVESA S.A. Tampoco demostraron las actoras que PRODUCTOS DANIMEX C.A. ha estado produciendo dicho producto, ni han demostrado que entre ambas partes se haya producido un acuerdo en los precios de venta, por lo que resulta evidente que aún no ha nacido la obligación por parte de MAVESA S.A. de abstenerse de comercializar el producto ‘imitación de leche’ y mal puede la misma haber sido incumplida por dicha codemandada, por lo que le es forzoso a esta Alzada decidir que a MAVESA S.A, del ‘GRUPO MAVESA’ le era potestativo ejecutar la opción estipulada a su favor en el agregado contenido en el ‘TERCER CONTRATO’ que amplió lo estipulado en la cláusula tercera del ‘SEGUNDO CONTRATO’, por lo que el incumplimiento alegado de no competencia de para estos productos ‘imitación de leche’ no puede prosperar siendo procedente la excepción de contrato no cumplido …Como consecuencia de ello, tampoco procede el pretendido pago indemnizatorio …. la (sic) cual tiene como necesaria ocurrencia, la realización de los eventos condicionales antes mencionados para que se diese el incumplimiento alegado y, así se decide...’.      

Los textos transcritos, en criterio de esta Sala revelan, independientemente de que el criterio jurídico adoptado por la recurrida sea acertado, -lo que será objeto de examen posterior en este fallo- que, conforme a los motivos expuestos por la recurrida,  las normas cuya infracción se acusa fueron aplicadas para declarar improcedente la acción propuesta. En consecuencia, no es procedente la denuncia de infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 506 eiusdem, y 1.354 del Código Civil.

En consecuencia y de acuerdo a lo antes expuesto se declara improcedente la denuncia bajo análisis, y así se decide.”

 

V

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la revisión del fallo que expidió la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 14 de junio de 2005, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de casación que anunció la parte actora contra la sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la demanda de reparación de daños y perjuicios que propusieron los peticionarios de la revisión.

Para la determinación del ámbito de la potestad revisora de sentencias definitivamente firmes por parte de esta Sala, es necesario, ante todo, la interpretación de lo que preceptúa el Texto Constitucional. En este sentido, el cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución atribuye a esta Sala la potestad extraordinaria de revisión de las decisiones definitivamente firmes de amparo, así como de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, que pronuncien los tribunales de la República. Ahora bien, esta norma constitucional no dispone, de manera alguna, la creación de una tercera instancia en los procesos de amparo constitucional o de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas. El precepto constitucional que fue citado lo que incorpora es una potestad estrictamente excepcional y facultativa para la Sala Constitucional.

Abona a esta tesis la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que expresa:

“Finalmente (...), se atribuye a la Sala Constitucional la competencia para revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los Tribunales de la República en materia de amparo constitucional y control difuso de constitucionalidad, a través del mecanismo extraordinario que deberá establecer la ley orgánica que regule la jurisdicción constitucional, sólo con el objeto de garantizar la uniformidad en la interpretación de las normas y principios constitucionales, la eficacia del Texto Fundamental y la seguridad jurídica.

Ahora bien, la referida competencia de la Sala Constitucional no puede ni debe entenderse como parte de los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo consagrados en la Constitución, sino, según lo expuesto, como un mecanismo extraordinario de revisión cuya finalidad constituye únicamente darle uniformidad a la interpretación de las normas y principios constitucionales.”(Subrayado y destacado añadidos).

 

Es por ello que esta Sala, cuando ejerza tal potestad de revisión de actos de juzgamiento definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de los requerimientos pretendientes de la revisión de sentencias que han adquirido dicho carácter de cosa juzgada judicial.

Sólo de manera extraordinaria, excepcional y restringida, esta Sala tiene la potestad para la revisión de lo siguiente:

1.        Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, que dicten las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y cualquier otro juzgado o tribunal del país.

2.        Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas que emanen de los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.

3.        Las sentencias definitivamente firmes que expidan las demás Salas de este Tribunal o los demás tribunales o juzgados del país que se aparten de u obvien, expresa o tácitamente, alguna interpretación de la Constitución que esté contenida en alguna decisión que haya sido expedida por esta Sala con anterioridad al fallo que sea impugnado, con lo que habría realizado un errado control de constitucionalidad con una aplicación indebida de la norma constitucional.

4.        Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido pronunciadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que, de manera evidente, hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional.

Ahora bien, la Sala observa que en la decisión, que recayó en el caso Corpoturismo, del 6 de febrero de 2001, se estableció que:

 

“...esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, (...) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales...”.

 

En el caso de autos, se peticionó la revisión de un fallo que dictó la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, que declaró sin lugar el recurso de casación que los actores incoaron contra la sentencia definitiva que emitió el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas el 6 de febrero de 2004, en el juicio que por indemnización de daños y perjuicios siguen sus representadas contra Mavesa S.A. y Productora El Dorado C.A., bajo la consideración de que en la misma no se habían cometido los vicios que fueron delatados.

Por otra parte, esta Sala estima que la decisión objeto de la presente revisión no contradice interpretación alguna que ella haya hecho sobre normas constitucionales, ni quebranta preceptos o principios de nuestra Carta Magna, por lo que la revisión a que se contraen estas actuaciones no contribuiría a la uniformación de la interpretación de normas y principios constitucionales. En consecuencia, ya que la revisión que se pretende no encuadra dentro de los supuestos en los que debe ser ejercida esta potestad extraordinaria, se declara que no ha lugar a la misma. La declaratoria que antecede determina que no hay lugar tampoco a pronunciamiento alguno acerca de la medida cautelar de suspensión de los efectos de la sentencia que pronunció el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que fue solicitada. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara que NO HA LUGAR a la solicitud de revisión que presentaron DANIMEX C.A. y VIKING INTERNATIONAL COMPANY C.A., mediante la representación de los abogados Emilio Luis Berrizbeitia Aristiguieta y Yolenny Ramos H., contra el fallo n° 377 que dictó, el 14 de junio de 2005, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                                   a los           05 días del mes de mayo de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente

 

 

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

…/

…

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRRH/sn.ar.

Exp. 05-1770

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