Venley

Sentencia N.º 891

Sentencia
N.º 891
Fecha
05/05/2006
Sala
Constitucional
Expediente
04-2326
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 23 de agosto de 2004, la ciudadana GABRIELA ROSSI CARDOZO, titular de la cédula de identidad n° 12.112.038, mediante la representación de la abogada Gladis Cardozo Andrade, con inscripción en el I.P.S.A. bajo el nº 17.747, intentó, ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, demanda de amparo constitucional contra la sentencia que dictó, el 26 de abril de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso, a la obtención de oportuna y adecuada respuesta, a la igualdad ante la Ley y a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima o expectativa plausible que acogieron los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En la misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia al magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

El 24 de agosto de 2004, la apoderada judicial de la demandante consignó, ante la Secretaría de la Sala, las copias certificadas de la decisión contra la que demandó amparo.

El 22 de noviembre de 2004, la Sala admitió la pretensión de amparo y ordenó la práctica de las notificaciones correspondientes.

El 29 de noviembre de 2004, la representación judicial de la parte actora se dio por notificada del prenombrado fallo.

El 3 de diciembre de 2004 se realizó la notificación del Juez Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas.

El 3 de febrero de 2006 se recibieron, en esta Sala Constitucional, las resultas de la notificación al tercero interesado.

El 30 de marzo de 2006, se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia pública.

El 4 de abril de 2006, tuvo lugar la audiencia pública con la comparecencia de la representación de la supuesta agraviada y de la Fiscal Quinto del Ministerio Público, abogada Mónica Andrea Rodríguez Flores y, luego de la deliberación, se declaró con lugar el amparo constitucional de autos y se anuló la sentencia que expidió, el 26 de abril de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 
I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.         La representación judicial de la parte actora alegó:

1.1       Que, “(e)l 5 de octubre de 1998, en representación de (su) patrocinada inco(ó) demanda por ante el Juzgado Tercero de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (Distribuidor), en contra del ciudadano EFRAÍN JARABA PERALTA, por resolución de contrato de arrendamiento de un inmueble propiedad de (su) mandante ubicado en la calle ‘Sur-3’ de la Urbanización ‘El Placer’, parcela nº 67-A, distinguido con el nombre de Quinta ‘ZEN’, los Guayabitos, Municipio Baruta del Distrito Capital.”

1.2        Que la demanda en referencia “se fundamentó en el hecho de que el arrendatario había dejado de pagar las cuotas de condominio a la Asociación Civil El Placer ‘ASOPLACER’, así como las mensualidades correspondientes al Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, comúnmente conocido como derecho de frente, incumpliendo las obligaciones que asumió en la cláusula novena del contrato.”

1.3       Que “(p)ara probar dicho incumplimiento produj(o), junto con el libelo, avisos de cobro suscritos por el Presidente de la referida asociación, en los que se evidencia una deuda de condominio por la cantidad de cuarenta y seis mil quinientos bolívares (Bs. 46.500.00) correspondiente a los meses de enero a julio de 1998. Igualmente produj(o) estado de cuenta expedido por la Alcaldía del Municipio Baruta el 15/06/98 en el que se refleja una deuda por concepto de impuesto sobre inmuebles urbanos por la cantidad de cuarenta y tres mil seiscientos cinco bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. 43.605,44).”

1.4       Que “el referido ciudadano, sin el consentimiento de (su) representada, sin autorización alguna de Ingeniería Municipal, y lo que era más grave aún, en clara contravención a las normas de urbanismo del Municipio Baruta, levantó una pared medianera entre la parcela nº 67-A y la contigua 67-B, con una altura superior a los cinco (5) metros (...)”

1.5       Que tal reforma del inmueble fue contraria a la obligación que asumió el arrendatario en la cláusula sexta del contrato en cuanto a la conservación y mantenimiento del inmueble, “lo que quedó demostrado, tal y como lo estableció el Juez de primera instancia, con las actuaciones de ingeniería municipal cuando se trasladó al inmueble y dejó constancia por vía de inspección del levantamiento de la pared en cuestión.”

1.6       Que “la inobservancia de la obligación que asumió el arrendatario se evidenciaba en el hecho de haber arrancado el piso del patio de la cocina y no haberlo reconstruido, así como por el deterioro que presentaba el piso del porche de la entrada principal, y el inmueble en general, para cuya demostración consign(ó) inspección ocular extra litem.”

1.7       Que correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de la declaratoria con lugar de la cuestión previa de incompetencia por la cuantía que promovió el demandado.

1.8       Que “(e)l 31 de mayo de 2001, el demandado contestó la demanda, luego, ambas partes promovi(eron) pruebas.”

1.9       Que “(e)l 12 de noviembre de 2003, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en una congruente y justa sentencia falló a favor de (su) representada (...), ordenó al arrendatario entregara el inmueble y lo condenó en costas por haber resultado totalmente vencido.”

1.10     Que “(c)ontra dicha decisión apeló el demandado, recurso éste que declaró con lugar el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en sentencia del 26 de abril de 2004, contra la que intent(ó) el presente amparo por ser violatoria de derechos fundamentales de (su) mandante”.

1.11    Que “(su) representada no cuenta, y por ende, no ha optado por recurrir a otra vía, medio o recurso judicial preexistente puesto que se trata de una sentencia que, por la cuantía del juicio (Bs. 7.500.000ºº), no es susceptible de impugnación mediante el recurso extraordinario de casación, ello, porque el aparte cuarto del artículo 18 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia -vigente para el momento en que correspondía hacer el anuncio- exige una cuantía superior a las 3.000 U.T., es decir, a setenta y cuatro millones cien mil bolívares (Bs. 74.100.000ºº)”.

 

2.         Denunció:

2.1       La violación al derecho a la tutela judicial efectiva que preceptúa el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la siguiente manera:

“(S)i bien (su representada) tuvo acceso al órgano jurisdiccional, éste no decidió la controversia con arreglo a la pretensión deducida y las pruebas que había presentado, las cuales silenció, incurriendo en un grave error de juzgamiento conocido como incongruencia omisiva(...)

(E)n el libelo de demanda se alegó que para ese entonces (octubre de 1998) el arrendatario había dejado de pagar el condominio de la urbanización ‘El Placer’ así como el impuesto sobre inmuebles urbanos (vulgarmente conocido como derecho de frente), lo cual probó mi representada con documentos privados (avisos de cobro suscritos por el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil El Placer ‘ASOPLACER’, así como con un documento público administrativo (estado de cuenta expedido por la Alcaldía del Municipio Baruta), sin embargo, el Juzgado Superior silenció dichas probanzas porque dizque no se había señalado su objeto, cuestión que es totalmente falsa ya que en el libelo de la demanda se precisó qué se pretendía probar con cada uno de dichos instrumentos.

(...) el referido Juzgado Superior dio por probado el pago de los servicios y del impuesto sobre inmuebles urbanos con unas solvencias que obtuvo el arrendatario con posterioridad a la fecha en que se interpuso la demanda y que como bien lo había determinado el Juez de primera instancia, ‘…no son prueba de que haya pagado los servicios oportunamente, sólo revelan que a la fecha de la emisión de las solvencias no adeudaba nada por esos conceptos, pero no contienen la fecha de pago, por lo que en nada desvirtúan el incumplimiento que se le imputa…’

(...) si el Juez Superior hubiese analizado y valorado el documento público administrativo (estado de cuenta) que acompañ(ó) junto con el libelo de la demanda hubiera determinado que el arrendatario no estaba solvente en el pago del impuesto sobre inmuebles urbanos para la fecha en que se le demandó, por tanto, dicho yerro fue determinante del dispositivo del fallo.

Asimismo, si el Juzgado agraviante hubiese analizado las actuaciones de ingeniería municipal en las que constaba el levantamiento de una pared de más de cinco (5) metros de altura en contravención a las normas urbanísticas del Municipio Baruta, no hubiese concluido, como erróneamente lo hizo, que el arrendatario había dado cumplimiento a sus obligaciones de mejoramiento, conservación y mantenimiento del inmueble (cláusula sexta), por lo que el silencio de dicha prueba también fue determinante del dispositivo del fallo.

Lo propio ocurrió con la inspección ocular extra litem, la cual fue indebidamente silenciada, y cuyo análisis hubiese sido determinante en el dispositivo del fallo porque con la misma se demostraba el deterioro del inmueble, trabajos de albañilería inconclusos, paredes sin friso, sin pintura, con humedad, piso con cemento rústico sin revestimiento, etc.”

 

2.2       La violación al derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso que acogió el artículo 49 constitucional, “por cuanto con su decisión del 26 de abril de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, privó a (su) representada del derecho a que las pruebas que promovió válidamente en juicio fueran apreciadas y valoradas en la definitiva, concediéndole con ello una ventaja indebida al demandado, en perjuicio de (su) patrocinada, a quien se le vedó la posibilidad de que sus argumentos fueran debidamente apreciados por el Juzgado al que correspondía hacerlo”.

2.3      La violación al derecho a la obtención de oportuna y adecuada respuesta que establece el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto, “con su absurda determinación, el Juzgado agraviante omitió pronunciarse de forma adecuada sobre la pretensión deducida y las pruebas válidamente promovidas, quedando mi patrocinada en un completo estado de indefensión.”

2.4      La violación al derecho a la igualdad y a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima o expectativa plausible, por cuanto:

“En la sentencia objeto de impugnación, se despojó a (su) representada de la valoración de las pruebas que promovió, porque dizque no había señalado su objeto, cuestión totalmente falsa como antes indiqué, sin embargo, considero que dicho requerimiento no le era exigible ni aplicable porque para el momento en que ésta promovió pruebas, no se consideraba incorrecto y así lo hacían la mayoría de los abogados litigantes, el que no se especificara el objeto de la prueba, lo cual fue aceptado siempre como válido tanto por los Tribunales de instancia como por la propia Corte Suprema de Justicia, y hasta por este Tribunal Supremo de Justicia hasta el año 2001, cuando se estableció dicha condición para que las pruebas fueran admitidas y valoradas en la definitiva.

Tal práctica procesal no era entonces considerada ilegal ni contraria a derecho, por lo que legítimo era confiar en que el Juzgado agraviante valorara las pruebas que promovió (su) mandante de la misma manera como lo había venido haciendo en casos similares, y no que le aplicara a las mismas un criterio nuevo, que no estaba vigente para el momento de la promoción, vulnerando de esa forma su derecho a la igualdad, así como los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, produciendo una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos, actuación ésta fuera de su competencia que refuerza la procedencia de la presente pretensión de amparo. Así pido se declare”.

 

3.         Pidió:

“...se declare con lugar la presente demanda de amparo, y que se ordene la restitución de la situación jurídica infringida o la que más se asemeje a ella para lo cual solicito:

1)        Se declare NULA la sentencia definitiva y firme que dictó, el 26 de abril de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y cualquier otra actuación procesal posterior a dicho pronunciamiento en caso de haberse producido.

2)                Se ORDENE al Juzgado agraviante o al que conoció la causa en primera instancia remita el expediente al Juzgado Superior con competencia Civil, Mercantil y Tránsito para que lo asigne por distribución a otro Juzgado Superior con el objeto de que en un plazo perentorio que determine esta Sala pronuncie nueva decisión de segunda instancia en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento, tomando en cuenta lo decidido por esta Sala”.

 

II

DE LA SENTENCIA OBJETO DEL PRESENTE AMPARO

El Juez del Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas se pronunció, en el fallo contra el cual se solicitó el presente amparo, en los siguientes términos:

“Ahora bien, en relación a las pruebas promovidas por la parte actora, es menester para este sentenciador, transcribir el criterio sentado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 16 de noviembre de 2001, con ponencia del magistrado Dr. Franklin Arrieche G., expediente N° 00132, en la cual dejó sentado:

‘...Independientemente que, los escritos de prueba estén redactados en castellano, por la persona interesada y presentados dentro de las circunstancias de tiempo y de lugar antes dichas, existe un requisito de naturaleza intrínseca no del medio probatorio sino de la diligencia por medio de la cual se le lleva a los autos que incide directamente ya no sobre la admisibilidad del medio sino sobre la validez de las actuaciones con la cual se le produce y ese requisito no es otro sino la identificación del objeto de la prueba...’;

‘...Es fácil comprender como, para que la parte pueda manifestar si conviene o no con los hechos que su contrario trata de probar y para que el juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo las partes y ordenar que se omita toda declaración o prueba sobre ellos, es necesario que en el escrito de promoción de cada una de las partes se hayan indicado de manera expresa y sin duda de ningún tipo, los hechos que pretende demostrar con cada medio de prueba promovido’;

‘Además, es la única manera de garantizar el cumplimiento de los deberes de lealtad y probidad procesales impuestos a las partes al impedir de esa manera que el contrario del promovente y el propio tribunal sean sorprendidos al utilizar  un determinado medio probatorio para verificar hechos diferentes a los que ellos creyeron cuando se promovió...’

(...)

Así pues, en vista del anterior criterio sentado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, e igualmente visto el escrito de promoción de pruebas presentado por la parte actora, en el cual se evidencia que no señaló el objeto específico o hechos que pretendió probar con dichas promociones, mal puede este sentenciador darle algún valor probatorio, por lo que, desecha las pruebas promovidas por la parte actora, por no haber indicado los hechos que pretendía probar con su promoción. Y así se establece.

(...)

En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la ley, declara Con Lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de noviembre de 2003, en la cual se declaró Con Lugar de la demanda por Resolución de Contrato de Arrendamiento incoada por Gabriela Rossi, contra el ciudadano Efraín Jaraba Peralta, ampliamente identificados en el encabezamiento del presente fallo, en consecuencia, se declara SIN LUGAR la demanda anteriormente mencionada.”

 

III

DE LOS ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

En la oportunidad de la celebración de la Audiencia Oral, la representación del Ministerio Público consignó escrito en el cual alegó:

1.        Que la sentencia, que dictó el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, el 26 de abril de 2004, “arribó a la conclusión que se verifica una total carencia de objeto en torno a las pruebas promovidas por la parte actora en el juicio principal, al considerar, que en el escrito de promoción de pruebas la demandante no indicó los hechos que, de manera específica, pretendía acreditar con tales elementos de convicción, razón por la cual, no le asignó valor alguno, desechándolas en su totalidad...”

2.         Que “las probanzas que emergen del escrito de promoción y evacuación de pruebas debieron ser analizadas en concordancia con el libelo de la demanda, por cuanto se encuentran indisolubles en su enunciación y de allí razonablemente determinado el objeto de la pretensión de la actora en el juicio principal, el alcance de las circunstancias fácticas que pretende probar con los elementos incorporados a la controversia, y en definitiva, la necesidad, pertinencia o utilidad de los mismos para formar la convicción del Sentenciador”.

3.         Que, en el fallo objeto del presente amparo, “no fue resuelta la pretensión de la parte hoy accionante con arreglo al resultado probatorio considerado integralmente, no habiéndose tomado en consideración por el Tribunal de Alzada, las argumentaciones y alegaciones que fundamentan la situación fáctico-jurídica planteada, de conformidad con los elementos preindicados, cuyo objeto, contrariamente a lo aseverado por el Decisor de Segunda Instancia, se encuentra delimitado o precisado”.

4.         Que “el Tribunal de Alzada, al no pronunciarse de manera global, esto es, en torno a todos y cada uno de los aspectos o puntos que constituyen el objeto de la demanda primigenia (incumplimiento o no de determinadas cláusulas del contrato), en razón de considerar que la parte actora incurrió en indeterminación probatoria, ya que, a juicio del referido Órgano Jurisdiccional, no indicó el objeto de los elementos de juicio incorporados, obvió analizar comparativamente el resultado que dimana de los mismos, siendo que, palmariamente, se encuentra suficientemente precisadas en autos, las circunstancias fácticas que, a juicio de la demandante, derivan de tales probanzas”.

5.         Que el presunto agraviante “en aras de la justicia, conforme lo establece el artículo 257 constitucional y, de acuerdo a las pautas del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, perfectamente podía extraer el objeto de conocimiento y valoración que se colige de las pruebas desechadas bajo pretexto de omisión en cuanto a la indicación de los hechos que la parte demandante pretendía acreditar”.

6.         Que, aún cuando el presunto agraviante desechó los medios de pruebas que promovió la actora “por considerar que omitió la indicación de lo que pretende ser probado a través de éstas, pasa de seguidas a efectuar tangencialmente algunas consideraciones sobre el objeto de las mismas, así como, en lo atinente al fondo de los alegatos que fundamentan la causa principal, pero sin resolver la totalidad de aspectos planteados”.

Por último, la representación Fiscal arribó a la conclusión de que el presunto agraviante vulneró, a la parte accionante, los derechos constitucionales que reconocen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que solicitó a esta Sala declare con lugar el amparo sub examine.

 

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

Como se advirtió en la narrativa de este fallo, en la oportunidad de la audiencia pública, la Sala declaró con lugar el presente amparo y, en consecuencia, anuló el veredicto que emanó del Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, del 26 de abril de 2004, sobre la base de las razones que se exponen a continuación:

Es criterio de esta Sala que, para la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales, deben concurrir las siguientes circunstancias: a) que el Juez, de quien emanó el acto supuestamente lesivo, incurra en usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); b) que tal usurpación o abuso de poder ocasione agravio a un derecho constitucional, lo que implica que no es impugnable mediante amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal; y c) que los mecanismos procesales existentes resulten inidóneos para la restitución del derecho o garantía que se señale como lesionado o amenazado de injuria.

Con el establecimiento de tales extremos de procedencia se ha pretendido evitar la interposición de solicitudes de amparo con el propósito de que se reabra un asunto que ha sido resuelto judicialmente, en perjuicio de la inmutabilidad de la decisión definitivamente firme; y, por otra parte, para que la vía del amparo no se convierta en sucedánea de los demás mecanismos procesales, tanto ordinarios como extraordinarios.

En el caso de autos, la quejosa denunció la violación a sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso, a la obtención de oportuna y adecuada respuesta, a la igualdad ante la Ley, y a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima o expectativa plausible que acogieron los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del pronunciamiento que emitió el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, el 26 de abril de 2004, por cuanto, en dicha actuación jurisdiccional, el juzgador desechó la totalidad de los medios probatorios que habían sido promovidos por la parte actora, por cuanto ésta no había indicado en su escrito de promoción de pruebas, el objeto de las mismas.

Esta Sala considera que la actuación del supuesto agraviante configuró la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial, pues el mismo había sido establecido en una decisión de la Sala de Casación Civil, del 16 de noviembre de 2001, y se aplicó a un proceso en el cual las pruebas “fueron debidamente proveídas por el Tribunal de la causa, en autos de fechas 06 de julio de 2001 y 09 de julio de 2001.”

En este sentido, evidencia la Sala que, en efecto, el contenido de dicho acto de juzgamiento agravió los principios de seguridad jurídica, confianza legítima o expectativa plausible de la quejosa, pues el Juez Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas sancionó, a la parte actora, por el incumplimiento de una carga procesal que no existía para la oportunidad en que le correspondió promover pruebas, mediante la aplicación de un criterio jurisprudencial que fue expedido con posterioridad a ese momento. Ello ha sido reconocido, por esta Sala, en fallos anteriores (sentencia del 19 de diciembre de 2003, caso: Jesús González Hernández) en el sentido de que “La aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial, iría en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en todo Estado de Derecho”.

Por otra parte, evidencia esta Sala que la actuación del Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas también injurió los derechos constitucionales a  la defensa, al debido proceso y a la igualdad ante la Ley, ya que, cuando sancionó a la solicitante del amparo por el incumplimiento de una carga procesal que, en su oportunidad no existía, alteró el equilibrio que debe regular el normal desenvolvimiento del proceso. Esta actuación del Juez configuró un estado de desigualdad e indefensión insoslayable a la quejosa, por cuanto se trataba de una decisión definitiva contra la cual, no procedía recurso de casación, en razón de la cuantía en que se había estimado la demanda, ni recurso alguno por medio del cual pudiera lograr el restablecimiento de la situación jurídica que había sido infringida.

Y, finalmente, la falta de pronunciamiento sobre las pruebas que promovió la parte actora también ocasionó la violación a los derechos a la obtención de oportuna y adecuada respuesta y a la tutela judicial efectiva, pues no se decidió la litis bajo el análisis de todos los hechos que guardaban relación con la controversia que se planteó. Y así se decide.

Por otra parte, ya se pronunció esta Sala, mediante decisión del 14 de abril de 2005, con respecto a la existencia de esta carga del litigante de indicar el objeto del medio de prueba que promueve en juicio (caso: Jesús Hurtado Power), en los siguientes términos:

“En primer lugar, debe recordarse que la especial y superior fuerza vinculante de la tutela judicial (como medio para alcanzar la seguridad jurídica, tal como se expuso más arriba), amerita conceder prevalencia a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que resulten ser las más adecuadas a su viabilidad; en segundo lugar, que ningún requisito formal puede convertirse en obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento del juez; y en tercer término, que “no son admisibles aquellos trámites y exigencias de forma que puedan estimarse excesivos, que sean producto de un formalismo, que no se compaginen con el derecho a la justicia, o que no aparezcan justificados y proporcionales conforme a las finalidades para las que se establecen, que deben ser en todo caso adecuadas a la Constitución” (ver: María del Rosario Alonso Ibáñez, Las causas de inadmisibilidad en el proceso contencionso-administrativo, Civitas, Madrid, 1996, p. 368).  En concreto, la finalidad del requisito debe justificar la inadmisión del medio procesal de garantía de que se trate; pero, al mismo tiempo, debe interpretarse la norma procesal en el sentido más favorable al ejercicio del medio.

Lo que acaba de decirse se enlaza con el cuadro de garantías de los derechos fundamentales elaborado por la doctrina. Se dice que entre las garantías específicas de protección se encuentra la garantía de interpretación; su contenido reclama que las restantes normas del ordenamiento se interpreten desde los derechos fundamentales, es decir, “en el sentido más favorable para su efectividad” (ver: G. Peces-Barba Martínez, Curso de Derechos Fundamentales, Univ. Carlos III, Madrid, 1999, p. 511).

Examinado como ha sido el problema expuesto a la luz de estos elementos conceptuales, la Sala es del parecer que la sanción de inadmisión del medio probatorio como consecuencia de no haberse señalado su objeto, luce excesivo, pues el juez puede, en la definitiva y a la hora de examinar las pruebas aportadas, evaluar la utilidad, pertinencia y licitud de los medios de convicción utilizados por las partes. El derecho de la contraparte a oponerse a los medios probatorios propuestos no resulta lesionado (y afirmar lo contrario sería observar este conflicto desde la perspectiva del oponente, es decir, unilateralmente), pues sus alegaciones en este sentido también deben ser escuchadas y resueltas por el juez en la definitiva.

En conclusión, la exigencia de la cual se viene hablando, visto que no es esencial a los fines procesales, luce injustificada e irrazonable, todo lo cual provoca que deba elaborarse una interpretación de la norma más favorable al derecho a la defensa, contenido este derecho, como se afirmó anteriormente, en el del debido proceso, expresión, a su vez, de la pretensión moral justificada de tutela judicial efectiva.”

 

En consecuencia, considera esta Sala que Juez Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas actuó fuera de su competencia cuando, en la oportunidad de la sentencia definitiva, no valoró las pruebas que habían sido promovidas por la parte actora, bajo el argumento de que ésta no había señalado el objeto de las mismas, y aplicó de esta manera una sanción por el incumplimiento de una formalidad que no está dispuesta en nuestra ley adjetiva, sino que es consecuencia de un criterio jurisprudencial que es posterior a la oportunidad en que se promovieron pruebas en ese juicio, y así se declara.

 

V

DECISIÓN

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la demanda de amparo que incoó la ciudadana GABRIELA ROSSI CARDOZO, mediante la representación de la abogada Gladis Cardozo Andrade, contra la sentencia que dictó, el 26 de abril de 2004, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se ANULA, y REPONE la causa al estado de que el Tribunal Superior que por distribución resulte competente se pronuncie nuevamente sobre la apelación que ejerció el ciudadano Efraín Jaraba Peralta contra la decisión que pronunció el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, el 12 de noviembre de 2003.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                                   a los           05 días del mes de mayo de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente          

 

 

Luis Velázquez Alvaray

 

…/

…

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                        El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.ar.cr.

Exp. 04-2326

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