Sentencia N.º 899
- Sentencia
- N.º 899
- Fecha
- 30/05/2008
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 06-1184
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional, el 3 de agosto de 2006, la abogada ZULEIMA DEL VALLE AGUILERA LEZAMA, titular de la cédula de identidad N° 4.042.433 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 30.983, en su carácter de Jueza Provisoria del Tribunal Segundo de Control de
El 4 de agosto de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a
El 18 de diciembre de 2006, esta Sala, mediante decisión N° 2415, admitió la acción de amparo constitucional interpuesta y ordenó la notificación del Presidente de
El 19 de enero de 2007, esta Sala dictó una ampliación de la anterior decisión y ordenó que se notificase igualmente al ciudadano Fiscal General de
El 30 de abril de 2007, la abogada Mercedes Molina, Defensora Pública del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente adscrita al Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, consignó un escrito mediante el cual solicita que sea ratificada en todas y cada una de sus partes,
El 1 de agosto de 2007, la abogada Zuleima del Valle Aguilera Lezama pidió que esta Sala le expidiera copia certificada de la decisión dictada el 18 de diciembre de 2006, que admitió la presente acción de amparo constitucional y, el 15 de noviembre de 2007, solicitó que se fijara la celebración de la audiencia constitucional.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN
La parte accionante fundamentó su acción de amparo constitucional bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:
Que,
en fecha 22 de marzo de 2006, tomó posesión del Tribunal de control (sic) N˚ 02 de
Que,
en fecha 20 de abril de este año faltando cinco (05) días para hacerle entrega formal al Juez provisorio de dicho Tribunal y estando constituido (sic) las partes presente en
Que, en esa oportunidad, difirió la audiencia a los fines de evitar dilaciones o formalismos, ya que entregaba el Tribunal el 26 de abril siguiente, y consideró que remitir esa causa al otro Tribunal (son 3 Tribunales de Control) sería ceñir(se) a formas estrictas y a un ritualismo inútil .
Que, el 20 de abril de 2006, remitió el informe previsto en el artículo 93 del Código Orgánico Procesal Penal, a
Que, en fecha 22 de junio del presente año me fue notificada de la decisión dictada por
Que la Cadena de errores de
Consideró que se le violó su derecho a la defensa, por cuanto manifestó que
Que de la decisión adversada con el amparo observa que
al folio 06 de
Asimismo, denunció la violación de su derecho a una tutela judicial efectiva,
ya que se evidencia que
Que es
criterio del Tribunal Supremo de Justicia que la admisibilidad o inadmisibilidad constituyen pilar fundamental dentro del proceso y que la falta de pronunciamiento del Juez respecto a todo a lo alegado y debatido entre las partes atenta contra el principio de exhautividad que exige que considere y resuelva todo lo que constituya el problema judicial que le ha sido planteado (destacado de la parte actora).
Finalmente, argumentó que, en cuanto a la denuncia formulada por ella contra
En consecuencia, solicitó se declare con lugar la acción de amparo constitucional, y se anule el fallo accionado.
II
DE
El 31 de mayo de 2006,
de la revisión de las actas que conforman el presente asunto se observa que efectivamente lo expuesto por la incidente previene (sic) de los hechos esgrimidos en las actuaciones y corroborados por este Juzgado Superior, dentro de las cuales se evidencia que corre inserto a los folios 8 al 18 de la causa, decisión emitida por
Asimismo consta en el asunto Boletas de Notificaciones ambas de fecha 10 de abril del año 2006, y signadas con el N˚ RV11BOL200600057, en donde se evidencia que se le notifica al Coordinador de
Así las cosas resulta claro observar que en la presente causa se encuentra en detrimento la igualdad procesal e imparcialidad a la que está obligada
De manera que lo anteriormente expresado se desprende que la conducta asumida por
( )
Ahora bien posterior al escrito de recusación se recibe en esta Corte de Apelaciones actuaciones complementarias al presente asunto en donde se evidencia que
Lo anteriormente señalado abunda aún más la actitud descuidada en la cual ha incurrido
III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Consta que, la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 3 de agosto de 2006 y la misma fue admitida el 18 de diciembre de 2006. Luego, el 1 de agosto de 2007, la abogada Zuleima del Valle Aguilera Lezama compareció a esta Sala y solicitó que esta Sala le expidiera copia certificada de la decisión dictada el 18 de diciembre de 2006, esto es, una vez transcurrido más de seis (6) meses desde que se admitió la demanda de amparo.
Esa conducta pasiva de la parte actora, fue calificada, por esta Sala, como abandono del trámite, en decisión Nº 982, del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres) en los siguientes términos:
la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En
En criterio de
Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.
Así, a pesar de que el dictado de la providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del Tribunal, esta circunstancia no releva al actor, supuestamente urgido de la tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional, el restablecimiento urgente de una determinada situación jurídica todavía reparable. En este sentido, tal conducta del presunto agraviado, conduce a presumir que el interés procesal respecto de este medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiestan interés (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00). Podría incluso haber mala fe en la inactividad aunque la buena debe presumirse- cuando se ha obtenido una medida cautelar en la oportunidad de la admisión que restablece instrumentalmente la situación jurídica infringida, alterando así ilegítimamente el carácter temporal e instrumental de dicho restablecimiento en perjuicio de aquél contra cuyos intereses opera la medida.
De conformidad con lo expuesto,
Además, esta Sala hace notar que, en el caso sub examine, la infracción denunciada no afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares del accionantes, y tampoco es de una magnitud que vulnere los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, por lo que se precisa que no se encuentra involucrado el orden público, noción que fue desarrollada por esta Sala en la sentencia N° 1419, del 10 de agosto de 2001, caso: Gerardo Antonio Barrios Caldera), como excepción a la caducidad contemplada en el cardinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, aplicable igualmente al abandono de trámite.
En virtud de las anteriores consideraciones, resulta forzoso para esta Sala declarar abandonado el trámite por la parte accionante, correspondiente a la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de
En atención de lo dispuesto en el único aparte del referido artículo 25 de
IV
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Se IMPONE a la parte actora una multa por la cantidad de CINCO BOLÍVARES FUERTES (BsF. 5), pagaderos a favor del Fisco Nacional, en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos. La sancionada deberá acreditar, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, el pago mediante la consignación del comprobante ante esta Sala Constitucional o en
Regístrese, publíquese y notifíquese. Ofíciese lo conducente. Remítase copia certificada de la decisión a
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Francisco A. Carrasquero López
Los Magistrados,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. N° 06-1184
CZdeM/jarm
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