Venley

Sentencia N.º 899

Sentencia
N.º 899
Fecha
30/05/2008
Sala
Constitucional
Expediente
06-1184
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

Mediante escrito presentado ante esta Sala Constitucional, el 3 de agosto de 2006, la abogada ZULEIMA DEL VALLE AGUILERA LEZAMA, titular de la cédula de identidad N° 4.042.433 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 30.983, en su carácter de Jueza Provisoria del Tribunal Segundo de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, extensión Carúpano, intentó acción de amparo constitucional contra la decisión dictada, el 31 de mayo de 2006, por la Sala Especial de la Sección de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, que declaró con lugar la recusación interpuesta en su contra, por la Defensora Pública del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, abogada Mercedes Molina, para cuya fundamentación alegó la violación de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a obtener una tutela judicial efectiva.

El 4 de agosto de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 18 de diciembre de 2006, esta Sala, mediante decisión N° 2415, admitió la acción de amparo constitucional interpuesta y ordenó la notificación del Presidente de la Sala Especial de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre y de la abogada Mercedes Molina, Defensora Pública del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, adscrita al mismo Circuito Judicial Penal.

El 19 de enero de 2007, esta Sala dictó una ampliación de la anterior decisión y ordenó que se notificase igualmente al ciudadano Fiscal General de la República sobre la admisión del amparo.

El 30 de abril de 2007, la abogada Mercedes Molina, Defensora Pública del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente adscrita al Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, consignó un escrito mediante el cual solicita  “que sea ratificada en todas y cada una de sus partes, la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones -Sala Especial- del Estado Sucre, en fecha: 31/05/2006”.

El 1 de agosto de 2007, la abogada Zuleima del Valle Aguilera Lezama pidió que esta Sala le expidiera copia certificada de la decisión dictada el 18 de diciembre de 2006, que admitió la presente acción de amparo constitucional y, el 15 de noviembre de 2007, solicitó que se fijara la celebración de la audiencia constitucional.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

La parte accionante fundamentó su acción de amparo constitucional bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:

Que, “…en fecha 22 de marzo de 2006, tomó posesión del Tribunal de control (sic)  N˚ 02 de la Sección de Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, Extensión Carúpano a los fines de suplir la vacante temporal del Dr. Tomás Alcalá, Juez Provisorio por el lapso de 22 días hábiles…”.

Que, “…en fecha 20 de abril de este año faltando cinco (05) días para hacerle entrega formal al Juez provisorio de dicho Tribunal y estando constituido (sic) las partes presente en la Sala, sin la presencia del imputado, la Defensora Pública Dra. Mercedes Molina plantea la incidencia de recusación fundamentada en el artículo 86 ordinales (sic) 4 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

Que, en esa oportunidad, difirió la audiencia a los fines de evitar dilaciones o formalismos, ya que entregaba el Tribunal el 26 de abril siguiente, y consideró que “…remitir esa causa al otro Tribunal (son 3 Tribunales de Control) sería ceñir(se) a formas estrictas y a un ritualismo inútil…”.

Que, el 20 de abril de 2006, remitió el informe previsto en el artículo 93 del Código Orgánico Procesal Penal, a la Sala Especial de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, “…junto con la copia del Acta levantada en la Sala donde la Dra. Mercedes Molina planteo (sic) la recusación”.

            Que, “en fecha 22 de junio del presente año me fue notificada de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, donde decretaba CON LUGAR LA ACCION (sic) DE RECUSACIÓN…por encontrarla incursa su actuación dentro de las causales previstas en el artículo 86, numerales 4 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal”.

            Que la “Cadena de errores de la Corte de Apelaciones comenzó desde el momento mediante la cual ésta recibe la solicitud de recusación planteada por la recusante, al día siguiente de haber sido planteada ante el Tribunal recusado, es decir fue presentado en el Tribunal recusado en fecha 20 de abril y el 21 del mismo mes fue presentado un escrito de recusación ante la Corte de Apelaciones, en otras palabras la recusante presentó el escrito de recusación que la ley adjetiva penal estipula que tiene que hacerse el mismo día ante el Tribunal recusado, lo hizo ante la Corte de Apelaciones, creando u originando tal omisión un estado de indefensión, en virtud de que la Juez recusada (…) no tenía conocimiento de tal escrito y por consiguiente del contenido del mismo, no estaba al tanto de saber los motivos por los cuales se le estaba recusando, no tuvo oportunidad de hacer una defensa oportunidad (sic), ya que no estaba enterada de los términos o razones en que se había planteado la Recusación…”.

            Consideró que se le violó su derecho a la defensa, por cuanto manifestó que la Defensora Pública del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente alegó que la accionante se sentía incómoda al tener que enviarle las notificaciones correspondientes, lo cual va en desmedro de su labor, situación que compromete su imparcialidad. Además, que era “…un absurdo por cuanto debo recordarles que las notificaciones en comento las realiza, aquí en la ciudad de Carúpano (no se en otros Estados) el ‘Pool de Asistentes’, que es un conjunto de trabajadores no profesionales, que realizan a través de modelos citaciones, notificaciones u otros asuntos de mero trámite ordenadas por el Juez…”.

  Que de la decisión adversada con el amparo observa que “…al folio 06 de la Sentencia se lee lo siguiente: ‘…Posterior al escrito de Recusación se recibe en esta Corte de Apelaciones actuaciones complementarias al presente asunto…..’ en donde dice evidenciarse que la Juez A Quo no dio cabal cumplimiento al contenido del artículo 94 del Código Orgánico Procesal Penal; observo que quien aquí suscribe, que nuevamente se viola el debido proceso, ya que tengo conocimiento de esas actuaciones complementarias una vez que fue dictada la Sentencia recurrida…”.

Asimismo, denunció la violación de su derecho a una tutela judicial efectiva, “…ya que se evidencia que la Corte de Apelaciones, no profundizó en los alegatos esgrimidos por mi persona, se limitó a valorar solo lo que le presentó la recusante, obviando el informe presentado por mi persona, en dicho informe le solicite (sic) que declarara inadmisible la recusación planteada por la recusante, en virtud de que esta no expresó en el Tribunal A quo los motivos en que fundamentaba la incidencia recursiva, sin embargo no se pronunció respecto a dicho pedimento, no valoró ninguno de mis argumentos (…) no revisó como punto previo la admisibilidad o inadmisibilidad de la incidencia de recusación planteada…”.

Que es “…criterio del Tribunal Supremo de Justicia que la admisibilidad o inadmisibilidad constituyen pilar fundamental dentro del proceso y que la falta de pronunciamiento del Juez respecto a todo a lo alegado y debatido entre las partes atenta contra el principio de exhautividad que exige que considere y resuelva todo lo que constituya el problema judicial que le ha sido planteado” (destacado de la parte actora).

Finalmente, argumentó que, en cuanto a la denuncia formulada por ella contra la Defensora Pública del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, abogada Mercedes Molina, la cual generó como consecuencia una sanción disciplinaria de suspensión de cargo por treinta días hábiles sin goce de sueldo, la Sala Especial de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, “…no observó ni advirtió que la denuncia disciplinaria por si sola, no constituye una demostración de un estado de enemistad entre el denunciante y el denunciado, sino por el contrario constituye un deber de los funcionarios judiciales, cuando observamos el acaecimiento de cualquier irregularidad que se presente en el proceso…”.

En consecuencia, solicitó se declare con lugar la acción de amparo constitucional, y se anule el fallo accionado.

 

II

DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL SUPUESTAMENTE LESIVA

El 31 de mayo de 2006, la Sala Especial de Sección de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, declaró con lugar la recusación interpuesta por la Defensora Pública del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente, abogada Mercedes Molina, contra la abogada Zuleima del Valle Aguilera Lezama, en su carácter de Jueza Segunda de Control de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre. Dicha decisión fue dictada en los términos siguientes:

“…de la revisión de las actas que conforman el presente asunto se observa que efectivamente lo expuesto por la incidente previene (sic) de los hechos esgrimidos en las actuaciones y corroborados por este Juzgado Superior, dentro de las cuales se evidencia que corre inserto a los folios 8 al 18 de la causa, decisión emitida por la Magistrado (sic) Deyanira Nieves Bastidas en donde se resuelve suspender del cargo por un lapso de treinta días a la recusante, decisión que fue tomada a raíz de la denuncia efectuada por la Jueza Zuleima Aguilera.

Asimismo consta en el asunto Boletas de Notificaciones ambas de fecha 10 de abril del año 2006, y signadas con el N˚ RV11BOL200600057, en donde se evidencia que se le notifica al Coordinador de la Unidad de Defensores Públicos de la Sección Adolescente, sobre decisiones tomadas por el Tribunal A quo en el asunto seguido al adolescente.

Así las cosas resulta claro observar que en la presente causa se encuentra en detrimento la igualdad procesal e imparcialidad a la que está obligada la Jueza del Tribunal A quo por mandato constitucional previsto en los artículos 21, 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, disposiciones por medio de los (sic) cuales el estado reviste al Órgano Jurisdiccional de su deber de asegurar una justicia de igualdad procesal e imparcialidad ante la ley durante todo el proceso.

De manera que lo anteriormente expresado se desprende que la conducta asumida por la Jueza, menoscaba el principio procesal de defensa e igualdad de la (sic) partes, asimismo se resalta que la ética y la equidad debe ser reciproca dentro de los funcionarios que conforman el aparato procesal, en donde se deben acatar debidamente todos los derechos de los cuales son investidos las personas que actúan en el proceso.

(…)

Ahora bien posterior al escrito de recusación se recibe en esta Corte de Apelaciones actuaciones complementarias al presente asunto en donde se evidencia que la Jueza A quo no dio cabal cumplimiento al contenido del artículo 94 del Código Orgánico Procesal Penal (…) en tal sentido se evidencia que la Jueza A quo incurrió en una actitud flagrante de desconocimiento del derecho, violentando a todas luces disposiciones legales que estaba obligada a cumplir.

Lo anteriormente señalado abunda aún más la actitud descuidada en la cual ha incurrido la Jueza en el presente asunto siendo evidente y notoria su disposición de ignorar los deberes en función a su competencia, menoscabando de manera directa el debido proceso, en lo cual (sic) se ocurre no solo (sic) cuando se vulnera el derecho de defensa sino también cuando se lesiona el orden procesal, que en este caso se evidencia que se ha visto afectado contra la Jueza A quo aun en el conocimiento del presente asunto todo lo cual consta en los folios 54 y 55 de la presente causa en donde Suscribe el diferimiento de la Audiencia Preliminar”.

III

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Consta que, la acción de amparo constitucional fue interpuesta el 3 de agosto de 2006 y la misma fue admitida el 18 de diciembre de 2006. Luego, el 1 de agosto de 2007, la abogada Zuleima del Valle Aguilera Lezama compareció a esta Sala y solicitó que esta Sala le expidiera copia certificada de la decisión dictada el 18 de diciembre de 2006, esto es, una vez transcurrido más de seis (6) meses desde que se admitió la demanda de amparo.

Esa conducta pasiva de la parte actora, fue calificada, por esta Sala, como abandono del trámite, en decisión Nº 982, del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres) en los siguientes términos:

“la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso.  Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso.  También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión.  El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia.  En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención.  En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.  El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.  En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha declarado que no puede pretender beneficiarse en vía de amparo constitucional quien ha demostrado una total pasividad y ha incurrido en una notoria falta de diligencia procesal y de colaboración con la administración de justicia. (Cfr. s. T.C. 22/92 de 14 de febrero, en GUI MORI, Tomás, ‘Jurisprudencia Constitucional 1981-1995’, Ed. Cívitas, Madrid, 1997, p.609).  Por su parte, esta Sala tiene establecido que tal actitud en el proceso, además, constituye una afrenta al sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00).

En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora.  Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.

Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto.  Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales.  Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.

Así, a pesar de que el dictado de la providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del Tribunal, esta circunstancia no releva al actor, supuestamente urgido de la tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional, el restablecimiento urgente de una determinada situación jurídica todavía reparable.  En este sentido, tal conducta del presunto agraviado, conduce a presumir que el interés procesal respecto de este medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiestan interés (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00).  Podría incluso haber mala fe en la inactividad –aunque la buena debe presumirse- cuando se ha obtenido una medida cautelar en la oportunidad de la admisión que restablece instrumentalmente la situación jurídica infringida, alterando así ilegítimamente el carácter temporal e instrumental de dicho restablecimiento en perjuicio de aquél contra cuyos intereses opera la medida.

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y,.con ello, la extinción de la instancia.  Así se declara.”

 

Además, esta Sala hace notar que, en el caso sub examine, la infracción denunciada no afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares del accionantes, y tampoco es de una magnitud que vulnere los principios que inspiran el  ordenamiento jurídico, por lo que se precisa que no se encuentra involucrado el orden público, noción que fue desarrollada por esta Sala en la sentencia N° 1419, del 10 de agosto de 2001, caso: Gerardo Antonio Barrios Caldera), como excepción a la caducidad contemplada en el cardinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, aplicable igualmente al abandono de trámite.

En virtud de las anteriores consideraciones, resulta forzoso para esta Sala declarar abandonado el trámite por la parte accionante, correspondiente a la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, terminado el procedimiento. Así se decide.

En atención de lo dispuesto en el único aparte del referido artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a la parte actora una multa por la cantidad de CINCO BOLÍVARES FUERTES (BsF. 5), pagaderos a favor del Fisco Nacional, en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos. La sancionada deberá acreditar el pago mediante la consignación del comprobante en la Sala Especial de la Sección de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, o directamente ante esta Sala,  dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Se aplica la multa en su límite máximo por cuanto la Sala estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de demandas posteriormente abandonadas, lo cual la obliga a desviar su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional. Así se declara.

IV

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, correspondiente a la demanda de amparo constitucional interpuesta por la abogada Zuleima del Valle Aguilera Lezama, contra la decisión dictada, el 31 de mayo de 2006, por la Sala Especial de la Sección de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre.

Se IMPONE a la parte actora una multa por la cantidad de CINCO BOLÍVARES FUERTES (BsF. 5), pagaderos a favor del Fisco Nacional, en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos. La sancionada deberá acreditar, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, el pago mediante la consignación del comprobante ante esta Sala Constitucional o en la Sala Especial de la Sección de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, en cuyo caso ésta notificará a este Máximo Tribunal de la recepción del comprobante de pago. 

Regístrese, publíquese y notifíquese. Ofíciese lo conducente. Remítase copia certificada de la decisión a la Sala Especial de la Sección de Adolescentes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, y archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de mayo de dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Francisco A. Carrasquero López

Los Magistrados,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                      Ponente

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp. N° 06-1184

CZdeM/jarm

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