Venley

Sentencia N.º 912

Sentencia
N.º 912
Fecha
05/05/2006
Sala
Constitucional
Expediente
05-2291
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 21 de noviembre de 2005, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio n° 2005-5367 proveniente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y adjuntos los originales del expediente n° AP42-O-2005-000186 (nomenclatura de dicha Corte) contentivo de la apelación de la decisión dictada el 9 de agosto de 2005, la cual declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos BELKYS LÁREZ, RAFAEL BENÍTEZ, JAIRO PEPE, BLANCA SALAS, MARINELA RUIG, RAFAEL GORDONES, MORELIA VILLARROEL, DANGER ESCALANTE, LUIS PEÑA, CRECENCIO ORTIZ, JAIME MONTENEGRO y EVELYN SEQUERA, titulares de las cédulas de identidad núms. 10.547.939, 13.136.679, 11.691.018, 11.679.097, 12.682.534, 10.543.261, 8.349.561, 16.577.208, 4.906.703, 3.258.688, 3.918.129 y 7.025.084, respectivamente, en su carácter de trabajadores de la Sociedad Civil sin fines de lucro Escuela Técnica Profesional en Salud Dr. Pablo Izaguirre, la cual forma parte de la Sociedad Venezolana de Técnicos en Traumatología y Ortopedia -SOVETTO- (las cuales se encuentran representadas en dicho acto por la primera de los ciudadanos nombrados, en su condición de Directora y Presidenta de ambas Sociedades, correspondientemente), asistidos por la abogada Blanca Salas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 96.034, contra los miembros del Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, ciudadanos José Wladimir España, Boris Henríquez, Raquel Mata, Esther Freites, Fernando Alvarado y Ricardo Pérez.

 

El 23 de ese mes y año, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Efectuado el análisis del caso, esta Sala para decidir pasa a realizar las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

El 21 de febrero de 2005, se dio cuenta ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Belkys Lárez, Rafael Benítez, Jairo Pepe, Blanca Salas, Marinela Ruig, Rafael Gordones, Morelia Villarroel, Danger Escalante, Luis Peña, Crecencio Ortiz, Jaime Montenegro y Evelyn Sequera, en su carácter de trabajadores de la Sociedad Civil sin fines de lucro Escuela Técnica Profesional en Salud Dr. Pablo Izaguirre, la cual forma parte de la Sociedad Venezolana de Técnicos en Traumatología y Ortopedia -SOVETTO- (y que se encuentra representada en dicho acto por la primera de los ciudadanos nombrados), contra los miembros del Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, ciudadanos José Wladimir España, Boris Henríquez, Raquel Mata, Esther Freites, Fernando Alvarado y Ricardo Pérez; ello en virtud de la declinatoria de competencia declarada el 25 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

 

El 11 de mayo de 2005, la mencionada Corte Primera aceptó la declinatoria de competencia, dio validez al auto de admisión dictado por el referido Juzgado el 5 de noviembre de 2004, y ordenó notificar a los presuntos agraviantes, al Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y al Fiscal General de la República.

 

El 6 de junio de 2005, el Alguacil de la Corte consignó las originales de las boletas de notificación dirigidas a los miembros del Consejo Directivo del Hospital Universitario de Caracas, en virtud de la negativa de dichas autoridades de firmar las notificaciones. Asimismo, presentó las notificaciones entregadas al Defensor del Pueblo y a la Procuradora General de la República.

 

El 13 de julio de 2005, se ordenó la notificación de la parte presuntamente agraviante mediante la fijación de un cartel en la morada u oficina de los miembros del Consejo Directivo y la entrega en copia del mismo a su Secretaria, ante la exposición del Alguacil de esta Corte de la imposibilidad de practicar la notificación de la parte agraviante. En la misma fecha se libró el referido cartel y posteriormente, fue cumplida la orden.

 

El 28 de julio de 2005, se libró oficio dirigido al Fiscal General de la República, siendo recibido el 29 de ese mes y año.

 

El 1° de agosto del referido año, la Corte fijó la audiencia constitucional para el 4 de agosto de 2005, a las 4:00 p.m.

 

En la oportunidad pautada, se llevó cabo la audiencia constitucional a la cual comparecieron la parte accionada y la accionante, la representante de la Defensoría del Pueblo, las apoderadas judiciales de la Universidad Central de Venezuela y la representante del Ministerio Público.

 

El 9 de agosto de 2005, se publicó in extenso la decisión que declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta.

 

El 10 de ese mes y año, la ciudadana Belkis Lárez, asistida por el abogado Rodolfo Fuenmayor, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 47.977, apeló de la anterior decisión.

 

El 18 de agosto de 2005, la representante del Ministerio Público, expuso: “Visto que de la sentencia dictada [...] no hubo pronunciamiento con relación a la solicitud que hiciera esta Representación Fiscal sobre los dos (2) juegos de copias certificadas del presente expediente, a los fines de la remisión uno a la Dirección de Delitos Comunes del Ministerio Público para que determine las responsabilidades penales a que hubiere lugar y otro para la Dirección de Salvaguarda de Funcionarios de este Organismo para que evalué las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de las irregularidades observadas, es por lo que solicito se sirva acordar las mismas”.

 

El 30 de agosto del citado año, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo acordó proveer conforme a lo solicitado por la representante el Ministerio Público, y el 14 de septiembre de 2005, remitió oficio al Director de Delitos Comunes de la Fiscalía General de la República y al Director de Salvaguarda de Funcionarios de ese Organismo.

 

El 17 noviembre de 2005, por oficio n° 2005-5367 se ordenó remitir el presente expediente a esta Sala Constitucional.

 

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Los accionantes fundamentaron su acción de amparo en los artículos 18, cardinales 1, 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; 3, 19, 20, 21, 46, 50, 51, 52, 58, 60, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 110, 111, 112, 115 y 118 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 27 de la Carta Democrática Interamericana; 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de Educación, y 2, 3, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 38, 39, 59 y 60 de la Ley Orgánica del Trabajo, en virtud de los siguientes hechos:

 

Argumentaron, que la Sociedad Civil Escuela Técnica Profesional en Salud Dr. Pablo Izaguirre, fue fundada en el año 1990 por el ciudadano Dr. Argenis Piñango, con el fin de formar, adiestrar y capacitar recursos humanos, bachilleres interesados en el área de salud en la especialidad de Traumatología y Ortopedia, con un nivel académico de preparación de Técnico Medio Profesional, con el fin de colaborar con los médicos graduados (hoy médicos R-1), que necesitan la asesoría de un técnico traumatólogo para guiarles en los inicios de su especialización.

 

Que para la época de sus inicios, los médicos fundadores que participaban como facilitadores y docentes conversaron con “los Directivos del Hospital, los cuales estuvieron conforme con la idea de formar técnicos, a través de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y el Ministerio de Sanidad, hoy Ministerio de Salud y Desarrollo Social le asignaron el espacio físico que ocupa la Escuela en cuestión”.

 

Que “[C]omo hace mucho tiempo que esto ocurrió este convenio y el presidente de la sociedad fallece en febrero de este año desconocemos si fue a través de un documento escrito o por convenios verbales, lo que sí es cierto es que hoy día ocupa la sociedad de forma pacífica, pública, notoria, continua y no interrumpida en dicho ambulatorio docente asistencial ubicado en la Universidad Central de Venezuela [...] que por tradición de uso y costumbre de conformidad con la ley ha adquirido derechos irrenunciables y de carácter constitucional de posesión y ocupación”.

 

Que “desde hace 14 años han egresado de la sociedad más de 3.000 técnicos en el ámbito Nacional, e Internacional, capacitados en las instalaciones del auditorio del Hospital Universitario de Caracas, y desde sus primeros egresados hasta sus últimos, se les ha otorgado el título de Técnico Medio Profesional Asistencial Mención Traumatología y Ortopedia, firmados y avalados con las firmas autógrafas y sellos humados [sic] por las autoridades del Hospital Universitario y el Jefe de Servicios de la Cátedra de Clínicas de Traumatología y Ortopedia Dr. Ricardo Pérez y en representación de sus directores, y no sólo los títulos sino también los certificados que se entregan en las Jornadas Científicas que realiza SOVETTO que es la misma Escuela Técnica Profesional en Salud Dr. Pablo Izaguirre, los cuales alegan ahora que ellos no tenían conocimiento de esto, porque nosotros los hemos engañados [sic] vilmente, causándoles un Daño irreparable”.

 

Que “esta administración nueva alegue que no quiere ser parte de la exploración científica, investigativo [sic] e informativa de forma directa como lo venían haciendo los anteriores Directores, [...] pero eso no les da derecho a cuartar [sic] o coaccionar el derecho y el libre desenvolvimiento de los demás, a raíz de la muerte del Presidente -Fundador de esta sociedad”.

 

Señalaron, “que anterior a estos ataques de forma maliciosa y mal intencionada, con la excusa de mejorar los servicios en el ambulatorio, se nos quitó el espacio físico que ocupábamos para impartir clases por grupos, [...] alegando que nos ubicarían a los alumnos o asignarían otro espacio. Espacio que hoy por hoy ocupa un laboratorio”.

 

Que aunado a ello, han tenido que suspender el curso que se impartía de noche, pues alegan que por medidas de seguridad de los equipos no se permite la permanencia de personas después de las 7:00 p.m. y es el caso que en reiteradas ocasiones los han dejado encerrados en el ambulatorio cuando se han quedado hasta tarde adelantando tareas, todo por órdenes expresas de la Dra. Raquel Mata, quien es la Coordinadora del mismo.

 

Que no obstante todo lo anterior, “se dan a la tarea a través del personal de vigilancia acosar aspirantes, manifestándoles que somos ilegales y que no se inscriban en la Escuela porque nos están desalojando [...] violentando nuestro derecho, lo han venido haciendo, poniendo en tela de juicio el libre desenvolvimiento, la reputación, la trayectoria, la legalidad y el buen funcionamiento de esta SOVETTO y su Escuela”.

 

Que “en los actuales momentos contamos con 119 alumnos, que están recibiendo clases en el Auditorio del Hospital [...] y con 80 alumnos nuevos que iniciaron sus actividades académicas como de costumbre y por tradición por 14 años el 25 de agosto de los corrientes, pero el Consejo Directivo de dicho Hospital, decidió de manera arbitraria cerrar la Escuela, el día 29 de septiembre de los corrientes a primeras hora [sic] de la mañana antes de que llegara todo el personal de la escuela, violaron las oficinas administrativas y le colocaron candados sin una Notificación Judicial y sin una Medida Previa de los Organismos competente para ejecutar medidas, tampoco hicieron un inventario previo de los bienes de la escuela, secuestrando todas las pertenencias de la escuela con ellos los diplomas de los alumnos que se van a graduar, los uniformes de los alumnos nuevos [...] pretendiendo que los trabajadores, docentes y estudiantes se queden en la calle, a la buena de Dios sin poder ejercer el derecho al trabajo y el derecho al estudio que nos rige no sólo Constitucionalmente, sino Supra –Constitucionales, por los pactos, convenios y acuerdos Internacionales suscritos por la República, a su vez también arrastra el derecho al desarrollo cultural, informativo, al libre desenvolvimiento, discriminándolo públicamente ante todo el personal del hospital y de sus usuarios”.

 

Que a pesar de los constantes ataques y perturbaciones la referida Sociedad ha seguido su curso legal y académico, y pese a que se habían convenido ciertos acuerdos entre las partes, éstos de forma arbitraria los han violado; no obstante,  estos hechos les ha privado del derecho a ejercer libremente el desarrollo y desenvolvimiento al trabajo, ya que todos los bienes de la Escuela y la Sociedad, sus documentos y demás papelería, sellos, tesis, libros de investigación científicas, entre otros se encuentran en la oficina.

 

Sostuvieron, que las razones que alegan los miembros del Consejo Directivo para el desalojo arbitrario es que esta Sociedad es ilegal y que estos están creciendo y necesitan los espacios físicos que dicha sociedad está ocupando, ante lo cual le han reiterado que SOVETTO tiene personalidad jurídica, adquirida a través de documento público debidamente registrado y que están “adscritos al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que es nuestro ente Rector, porque todos los títulos emitidos por SOVETTO y su Escuela, ellos lo registran legalmente y los avalan, tanto es así, que hay muchos egresados que están ubicados en puestos de trabajos desenvolviéndose como Técnicos Traumatólogos, para evidencia de ello, hay en dicho hospital, técnicos egresados de SOVETTO”.

 

Manifestaron, que de “hecho y de derecho a través de la Gaceta Oficial 37.058, las Instituciones que avala el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, son de forma expresa por la Ley, reconocidas por el Ministerio de Salud, Cultura [sic] y Deportes, aunado a esto, SOVETTO, es una sociedad que está reconocida legalmente a nivel internacional por la INTERNATIONAL SOCIETY ORTHOPAEDIC TECHNOLOGISTS (ISOT)”.

Informaron, que “los alumnos que venían realizando sus pasantías en el Hospital, específicamente en el servicio de Traumatología, [...] como requisito para graduarse, fueron desalojados de las instalaciones de los mismos, por orden expresa del Dr. Ricardo Pérez Jefe del Servicio y con la confirmación posterior del Director General Dr. José Wladimir España, obligando a SOVETTO, a tomar medidas de emergencia, y rotarlos a otros centros hospitalarios para darle continuidad a sus prácticas y conocimientos, violando así el derecho que tienen los alumnos y cualquier ciudadano de acceder a los órganos públicos, a la formación e información […]. Sin embargo, aceptan a otros estudiantes, de otras instituciones tanto públicas como privadas, que accedan a la Institución, realicen sus prácticas y adquieran la información, formación y conocimientos respectivos al área de salud”.

 

Finalmente, en su petitorio solicitaron: (i) se restablecieran los derechos constitucionales y supra-constitucionales violados por los ciudadanos José Wladimir España, Boris Henríquez, Raquel Mata, Esther Freites, Fernando Alvarado y Ricardo Pérez, miembros del Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, y se declararan nulos los actos de cierre de la Escuela; (ii) solicitaron el traslado hasta el lugar de los hechos para que se efectuara la apertura de las oficinas de la Escuela para poder funcionar y a su vez acceder a todos los documentos privados y personales que demuestran todo lo ostentado y narrado; (iii) Se ordenara a la parte agraviante, se abstuviera de realizar cualquier tipo de hechos de perturbación que fuera en contra o detrimento del libre ejercicio, desenvolvimiento, desarrollo laboral, educativo, investigativo, informativo, científico, cultural, administrativo, económico y social de la Escuela SOVETTO y de todo lo que ella desempeña al servicio de la comunidad. Así como de humillar, coaccionar física, psicológica y moralmente el libre ejercicio de los alumnos de SOVETTO, para que ellos puedan realizar no sólo sus estudios sino también sus prácticas de pasantías en las diferentes dependencias del hospital, las cuales tienen adquiridas por derecho; y, (iv) se abstuvieran de publicar cualquier panfleto en los pasillos del hospital y del ambulatorio asistencial, que vaya en detrimento, discriminación, daños o perjuicios divulgativos en contra de cualquier miembro de la mencionada Escuela, y le participaran a su personal de vigilancia permitiera el libre tránsito de los alumnos por las instalaciones del hospital.

De manera cautelar solicitaron se acordara medida a los efectos de que mientras se decidiera el amparo, pudieran laborar administrativa y académicamente en el lugar que ocupan, para que los alumnos pudieran recibir la adecuada educación y atención; y, medida de resguardo sobre todos los bienes pertenecientes a la Escuela mientras funcionara en las instalaciones respectivas, para que por esta vía se proceda a la entrega material y física sin que falte ningún equipo pertinente.

 

III

DE LA OPINIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

 

La representante de la Defensoría del Pueblo alegó respecto a la violación al derecho al trabajo, que de la inspección judicial efectuada el 16 de junio de 2005 por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la sede donde funciona la Escuela Técnica de Salud Dr. Pablo Izaguirre, se evidenció que se encontraban colocados candados que impedían el acceso a dichas instalaciones, y que todos los bienes muebles e instrumentos de trabajo se encontraban secuestrados por el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, hechos que configuraban la vulneración del derecho al trabajo.

 

En cuanto al derecho a la educación, expuso que de la inspección también se evidenció que actualmente veinticinco (25) alumnos de los ciento diecinueve (119) que había, se encontraban recibiendo clases en la Aula 121, la cual había sido cedida por el Instituto de Medicina Experimental de la Universidad Central de Venezuela, ello debido al cierre que ilegítimamente ha efectuado el Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, el resto de los alumnos se retiró debido al problema surgido.

 

Indicó, que de las investigaciones efectuadas por la Coordinación de Servicios Jurídicos de la Defensoría Delegada del Área Metropolitana de Caracas, se efectuó una visita a la Consultoría Jurídica del Ministerio de Educación, a los fines de solicitar información relacionada con el registro e inscripción de la Escuela Técnica Profesional en Salud Dr. Pablo Izaguirre, en la cual se les informó que “si bien es cierto que la mencionada escuela se encuentra Registrada en ese organismo, no estaba inscrita, lo cual significa que sus estudios no son acreditados oficialmente ante ese Ministerio; sin embargo, la representante de SOVETTO, consignó ante esta Coordinación, copias simples de los títulos emitidos por la Cátedra de Clínicas Traumatológicas  y Ortopedia, Escuela de Medicina Luis Razetti, Universidad Central de Venezuela, Escuela Técnica Dr. Pablo Izaguirre SOVETTO, en el cual se evidencia la suscripción del Ing. Rafael Moya Director de la División de Educación Media profesional del Ministerio de Educación, conjuntamente con el sello húmedo del mencionado organismo, del período académico 1989-1993. por lo que esta representación, considera y es lógico pensar, que el Ministerio de Educación [sic] tiene conocimiento del funcionamiento de la Escuela ut supra, ya que con la suscripción de los títulos emitidos por ésta, avala tal situación, lo cual lo hace responsable, de allí que mal podría la Consultoría Jurídica del Ministerio de Educación, que sus estudios no son acreditados oficialmente” [Subrayado del escrito].

 

Con relación a los derechos civiles, específicamente los artículos 50, 52, 55, 58 y 60; de los derechos sociales en sus artículos 79, 83, 84, 85 y 86 eiusdem; de los derechos culturales en sus artículos 98 y 99; y, de los derechos económicos en sus artículo 112, 115 y 118, todos éstos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, indicó que se abstenía de emitir opinión por cuanto no se evidencia la vulneración de los mismos.

 

Conforme a lo expuesto, la Defensoría del Pueblo concluyó, que el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, no sólo procedió a cerrar las instalaciones en donde imparte el ejercicio de sus funciones la Escuela Técnica Profesional en Salud Dr. Pablo Izaguirre, sin haber agotado los procedimientos establecidos por los organismos competentes para ejercer tal acción, sin notificación judicial alguna, y sin haber brindado la oportunidad a la mencionada escuela de ubicarse en otro lugar, vulnerando con su actuar el sagrado derecho a la educación y al trabajo, al no permitir la entrada ni de los alumnos ni de los docentes adscritos a la escuela; aunado a ello, violentó la posesión pacífica, continua, no interrumpida, pública, del derecho de uso, goce y disfrute de las instalaciones que desde hace catorce (14) años viene poseyendo la accionante, la cual está contemplada en los artículos 771 y 772 del Código Civil.

 

En consecuencia, solicitó se declarara parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por resultar evidente la violación al derecho a la defensa, al trabajo y a la educación consagrados en los artículos 49, 87 y 102 de la Carta Magna.

 

IV

DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

La representación del Ministerio Público, indicó que la actuación lesiva señalada por la parte accionante lo constituye la vía de hecho en que incurrió el Consejo Directivo del Hospital Universitario de Caracas, “quien decidió de manera arbitraria cerrar la Escuelas el día 29 de septiembre de 2004”.

 

Indicó, que el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas ante lo infructuoso de su gestión graciosa (de lograr la salida pacífica), procedió a actuar al margen de la ley al impedir el acceso a las instalaciones donde funcionaba SOVETTO e incluso colocar candados a dichas instalaciones, actuar que constituyó, efectivamente, una vía de hecho por falta de procedimiento judicial con lo cual se violó el derecho a la defensa de la parte actora.

 

Señaló, que si el mencionado Instituto Autónomo tenía conocimiento de las irregularidades en la inscripción y funcionamiento de SOVETTO, debió denunciarlo ante las autoridades competentes, a saber, el Ministerio de Educación y Deportes y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, dada su falta de competencia para controlar y fiscalizar las ilegalidades que pudieren existir, no siendo éste un argumento que justificara su actuación ilegal, pues en un estado de derecho no se puede actuar arbitrariamente como éste lo hizo.

 

Respecto a la presunta violación al derecho al trabajo, el Ministerio Público dado que la parte actora afirmó que a pesar de los constantes ataques y perturbaciones, la sociedad ha continuado su curso legal y académico, estimó que la actuación ilegal del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas no le impidió continuar ejerciendo sus actividades, y visto el hecho de que “están educando en una Escuela que no cuenta con la autorización de los organismos correspondientes, ya que no se encuentra debidamente registrada ni Inscrita en el Ministerio de Educación, Cultura [sic] y Deportes, ni cuenta con el aval y autorización del Ministerio de Salud y Desarrollo Social”, consideró que no estaba dada la violación del derecho denunciada.

 

Finalmente, solicitó que la presente pretensión de amparo fuese declarada con lugar.

 

V

DE LA DECISIÓN APELADA

 

La decisión del 9 de agosto de 2005, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la cual declaró improcedente la acción de amparo constitucional incoada, se fundamentó en los siguientes argumentos:

 

Respecto al pronunciamiento acerca de las medidas cautelares solicitadas por la parte accionante, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo expuso que dichas solicitudes no fueron tramitadas por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, al momento de la admisión ni en la decisión que debió dictarse con motivo de la celebración de la audiencia celebrada en dicha instancia el 16 de noviembre de 2004, por lo que al llegar la oportunidad legal para decidir el fondo de la solicitud de amparo constitucional invocada y visto que las medidas cautelares solicitadas por la presunta agraviada guardan estrecha relación con la decisión a dictarse, se reservó el pronunciamiento sobre las mismas en la decisión de fondo.

En cuanto al fondo del asunto debatido, expresó que la presunta conducta lesiva se originó en el hecho que el Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas el 29 de septiembre de 2004, de manera presuntamente arbitraria cerró la Escuela Técnica Profesional en Salud Dr. Pablo Izaguirre, violando las cerraduras y colocando candados sin una notificación judicial y sin una medida previa de emanada de los organismos competentes para ejecutar la medida; con el consecuente desalojo de los estudiantes y el secuestro de los bienes de la Escuela sin un inventario previo.

 

Estimó, que para determinar si los hechos denunciados son ciertos, era necesario examinar: a) la relación jurídica existente entre ambas partes, b) los derechos y obligaciones que emergen de tal relación; y c) si la conducta denunciada –de ser cierta- se encontraba o no ajustada a derecho.

 

En cuanto a la certeza de los hechos denunciados, alegó que efectivamente, el Consejo Directivo del Instituto Autónomo del Hospital Universitario de Caracas decidió desalojar a la Escuela Técnica Dr. Pablo Izaguirre de sus instalaciones. Que, en tal sentido, se desprende del expediente documento en el cual evidenció que el Sub-Director/Secretario del referido Consejo Directivo mediante Oficio n° 001213 del 19 de mayo de 2004, notificó a la Directiva de la Escuela que “consideró y aprobó en Sesión Nº 1815, de fecha 14.04.204, extender solicitud formal de desalojo a la Escuela Técnica ‘Dr. Pablo Izaguirre’, de las instalaciones pertenecientes al Ambulatorio Docente, antes del 31.04.2004, tal como se les fue informado”.

 

Respecto a la materialización presuntamente arbitraria del cierre del 29 de septiembre de 2004, expuso que durante la audiencia oral, la parte querellada alegó la supuesta arbitrariedad del desalojo, y la parte agraviante alegó el abandono de las instalaciones y negó el cierre arbitrario, por lo que, a su decir, no pudo dar por probado esos hechos, pero sí que los representantes de la Escuela Técnica ya no utilizan tales instalaciones, y que las mismas se encuentran cerradas.

 

Indicó, que consideraba necesario saber cuál era la situación jurídica preexistente en la cual se produjo el cierre, para ello observó que la presunta agraviada pudo justificar cuál es el título que le asiste a la Escuela Técnica en Salud Dr. Pablo Izaguirre o a la sociedad civil a la cual pertenece –SOVETTO- para ejercer su actividad en las instalaciones del Hospital Universitario de Caracas, y si bien, por medio del amparo no se estaba discutiendo la condición legal de la Escuela ni de la sociedad supra mencionada, sí estimó que al no constar en autos la existencia formal de alguna relación jurídica entre la Escuela Técnica Dr. Pablo Espinoza Izaguirre, SOVETTO y el Hospital Universitario de Caracas, resultaba forzoso concluir que el uso de las instalaciones constituyó una situación fáctica, de posesión muy precaria para la presunta agraviada, quizás a gestos de colaboración que se habrían producido entre las distintas autoridades que dirigieron las instituciones en controversia, pero que no podían considerarse como manifestaciones de voluntad de los órganos que la dirigían, capaces de generar derechos y obligaciones; por ende, no podía conocer cuál era el marco de obligaciones y deberes que pudiera haber entre ellas, pues prácticamente no existían, lo que impedía que esa Corte pudiera afirmar que la actora tuviese derecho a permanecer por un lapso determinado en tales instalaciones, pues, como se dijo, su presencia en las mismas carecía de título alguno que le respalde.

 

Corolario de lo expuesto, procedió a analizar si la conducta desplegada por el Consejo Directivo del Instituto Autónomo del Hospital Universitario de Caracas violó o amenazó con lesionar los derechos de la parte actora, y al respecto, indicó, que la actuación de las autoridades del aludido Instituto es asimilable a la realización de un acto de administración del centro hospitalario, en el cual se decidió sobre los usos que se les dan a las instalaciones que sirven de sede del mismo, no pretendían con ello rescindir un convenio, pues no existía, ni tampoco imponer una sanción o anular un acto, de allí que el único deber razonable era informar a la Escuela mencionada o a SOVETTO de esta decisión, y darle un plazo razonable para dar cumplimiento a la misma; asimismo, consideró que la decisión de dicho órgano no fue realizada de manera imprevista, pues emergen documentos que evidencian que los directivos de tales instituciones tenían conocimiento de que el Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas había decidido retomar el uso de tales instalaciones y les había fijado un plazo para que voluntariamente desalojaran tales espacios, el cual fue incluso prorrogado, según oficio n° 001213 del 19 de  mayo de 2004.

 

Que, del expediente también se desprendía una carta del 27 de julio de 2004, dirigida por SOVETTO a la Dra. Raquel Mata, miembro del Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, mediante la cual solicitó autorización para sacar de las instalaciones de SOVETTO equipos de computación a fin de su reparación y en la cual la Dra. Mata le autorizó solo la salida mas no la entrada de los referidos equipos a las instalaciones, lo que evidencia que la Dra. Belkis Lárez tenía conocimiento del propósito de la Directiva del Hospital a limitar el acceso a las instalaciones donde funcionaba SOVETTO.

 

En virtud de lo anterior, concluyó, que la decisión administrativa del Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, no había lesionado los derechos que la parte actora, por lo que desestimó las denuncias formuladas.

Respecto a las medidas cautelares solicitadas en la oportunidad de interposición de la acción de amparo, las cuales consistían en la permanencia pacífica para laborar administrativa y académicamente en el lugar que ocupaban, hasta tanto se decida el amparo invocado, para que los alumnos pudieran recibir la adecuada educación y atención; y, medida de resguardo sobre todos los bienes pertenecientes a la escuela, mientras funcionara en las instalaciones respectivas para que por esta vía se proceda a la entrega material y física sin que falte ningún equipo pertinente; la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, indicó que, visto que no pudo constatar cuáles son esos bienes, ni quién es el titular del derecho de propiedad sobre los mismos, consideró necesario hacer uso de las amplias potestades que tiene el juez constitucional y por tales razones, ordenó al Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, concediera a los directivos de la Sociedad Venezolana de Técnicos en Traumatología y Ortopedia -SOVETTO- (a la cual pertenece la Escuela Técnica Dr. Pablo Izaguirre) un lapso de quince (15) días continuos, a los fines de que, previo inventario suscrito por ambas partes, procedieran a retirar los equipos, materiales, y demás enseres de su propiedad, que se encontraran en las instalaciones de dicho centro asistencial, proceso que debía ser presenciado por un representante del Ministerio Público que a tal efecto designaría el Fiscal General de la República y quien velaría por el correcto cumplimiento de la decisión. Asimismo, ordenó que el representante del Ministerio Público informaría a esa Corte una vez haya ejecutado el mandamiento, y por último, acordó que el lapso supra establecido se contaría a partir del día siguiente a aquél en que constara en autos la designación del representante del Ministerio Público.

 

Como consecuencia de lo expuesto, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró improcedente la acción de amparo constitucional ejercida.

 

VI

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a cualquier decisión esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente caso. En atención a ello, se observa que ella en sentencia del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, se declaró competente para conocer de todas las apelaciones interpuestas contra las sentencias que resuelvan acciones de amparo constitucional, dictadas por los Juzgados Superiores de la República [salvo los Juzgado Superior en lo Contencioso-Administrativo], la Corte Primera [y ahora Segunda] de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan de dichas acciones como Tribunales de Primera Instancia.

 

Ahora bien, dicho criterio permanece vigente de conformidad con lo establecido en la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial n° 37.942 del 20 de mayo de 2004, pues dispone que, hasta tanto sea sancionada la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante esta Sala, se regirá por los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y demás normativas especiales, en cuanto sean aplicables, así como por “las interpretaciones vinculantes, expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional”.

 

Visto entonces, que en el presente caso, se somete al conocimiento de esta Sala Constitucional la apelación de un fallo dictado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, atendiendo a la decisión antes mencionada, asume la competencia para conocer del asunto planteado. Así se declara.

 

VII

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

En principio es pertinente señalar que en el presente caso, la parte actora ejerció recurso de apelación contra la decisión dictada el  9 de agosto de 2005, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 10 de ese mismo mes y año, y si bien en materia de amparo no es requisito indispensable consignar el escrito de fundamentos de la apelación para que la Alzada conozca del caso, el mismo es valorado cuando se presenta dentro de los treinta (30) días siguientes de recibido el expediente en la Alzada. No obstante, en el caso de autos la parte actora no consignó el escrito de fundamentos de la apelación, razón por la que esta Sala pasa a revisar la decisión sin enfoque de denuncia alguna.

 

Para decidir la Sala observa:

 

En el presente caso se denunció la presunta actuación lesiva en que incurrió el Consejo Directivo del Instituto Autónomo del Hospital Universitario de Caracas, cuando, entre otras cosas, decidió “de manera arbitraria cerrar la Escuela, el día 29 de septiembre de los corrientes a primeras hora [sic] de la mañana antes de que llegara todo el personal de la escuela, violaron las oficinas administrativas y le colocaron candados sin una Notificación Judicial y sin una Medida Previa de los Organismos competente para ejecutar medidas, tampoco hicieron un inventario previo de los bienes de la escuela, secuestrando todas las pertenencias de la escuela con ellos los diplomas de los alumnos que se van a graduar, los uniformes de los alumnos nuevos”.

 

Ahora bien, previo a hacer un pronunciamiento acerca del fondo del asunto, esta Sala estima necesario hacer una análisis y calificar la conducta en la cual incurrió el Consejo Directivo del Hospital Universitario de Caracas, para lo cual debemos referirnos a lo que tanto la doctrina española de Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, así como a la patria, han señalado.

 

La peculiaridad de la coacción directa o inmediata, es la no precedencia de un procedimiento formal; la intimación previa, cuando hay lugar a ella, la orden de ejecución y la ejecución misma se refunden en una sola manifestación externa, la conducta coactiva inmediata lanzada directamente sobre los hechos cuya modificación se pretende. La legitimidad del empleo de esa coacción depende de la existencia de una cobertura suficiente, si tal cobertura no existe, si la cadena de la legalidad (norma habilitante, acto previo, ejecución material) se rompe totalmente, el empleo de la coacción administrativa constituye una vía de hecho.

 

El concepto de vía de hecho es una construcción del Derecho administrativo francés, en el que tradicionalmente se distinguen dos modalidades, según que la Administración haya usado un poder del que legalmente carece (manque de droit) o lo haya hecho sin observar los procedimientos establecidos por la norma que le ha atribuido ese poder (manque de procédure).

 

Este concepto de vía de hecho comprende todos aquellos casos en que la Administración Pública pasa a la acción sin haber adoptado previamente la decisión que le sirva de fundamento jurídico, y en aquellos otros casos, en los que en el cumplimiento de una actividad material de ejecución comete una irregularidad grosera en perjuicio de los derecho de otro u otros.

 

A la vista de esta definición, los supuestos de vía de hecho pueden incluirse en dos (2) grandes grupos:

 

1.      Inexistencia o irregularidad sustancial del acto de cobertura y;

 

2.      Exceso en la propia actividad de ejecución en sí misma considerada.

 

En cuanto al primer punto, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece el principio general de la exigencia del acto previo, cuando señala que “[N]ingún órgano de la administración podrá realizar actos materiales que menoscaben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que previamente haya sido dictada la decisión que sirva de fundamento a tales actos”. Este principio general puede resultar infringido, al menos, de dos formas: la primera, cuando la Administración pasa a la acción sin interponer acto alguno, es decir, con falta absoluta de decisión o acto previo; y segundo, cuando existe el acto pero fue dictado fuera de la competencia o al margen del procedimiento establecido por la ley.

 

Respecto al segundo punto, también existe vía de hecho en aquellos supuestos en los que aun existiendo acto previo y siendo éste perfectamente regular, la actividad material de ejecución excede del ámbito cubierto por el acto en cuestión cualitativa y cuantitativamente. En estos casos existe una falta de cobertura, equivalente a la inexistencia del acto previo.

 

Visto lo anterior, y por las denuncias plasmadas en el escrito podemos concluir, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, que el objeto que motivó la solicitud de la tutela constitucional fueron las presuntas vías de hecho en que incurrió el Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, al haber actuado contra la Escuela Técnica Profesional en Salud Dr. Pablo Izaguirre, y la Sociedad Venezolana de Técnicos en Traumatología y Ortopedia -SOVETTO-, sin un acto legal previo que respaldase su acción.

 

Ahora bien, conforme a lo expuesto debemos dilucidar los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ofrece para que los particulares intenten, bien a través de demandas: por medio de las cuales emerge el reclamo judicial; o a través de los recursos o acciones, en contra de los entes de la Administración con motivo de la ejecución de actos generales o particulares, hechos e inactividades lícitas o ilícitas, que hayan generado daños antijurídicos.

 

Vemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 259, otorga competencia a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa para “anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”, lo que conduce a afirmar que al corresponder a estos órganos jurisdiccionales el control no solo de la legalidad y legitimidad de los actos administrativos sino también los hechos e inactividades de la Administración, por lo que serían capaces dichos órganos de restablecer los derechos o garantías constitucionales que resulten lesionados por dichos actos ejecutados en ejercicio de la función administrativa, por las omisiones o abstenciones de órganos o personas obligados por normas de derecho administrativo, o bien por las vías de hecho de la Administración.

 

Siendo lo anterior así, debemos precisar entonces, si la acción de amparo constitucional invocada por los ciudadanos Belkys Lárez, Rafael Benítez, Jairo Pepe, Blanca Salas, Marinela Ruig, Rafael Gordones, Morelia Villarroel, Danger Escalante, Luis Peña, Crecencio Ortiz, Jaime Montenegro y Evelyn Sequera, en su carácter de trabajadores de la Sociedad Civil sin fines de lucro Escuela Técnica Profesional en Salud Dr. Pablo Izaguirre, la cual forma parte de la Sociedad Venezolana de Técnicos en Traumatología y Ortopedia -SOVETTO- contra los miembros del Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, es la vía idónea capaz de restablecer la situación jurídica producida por las presuntas vías de hecho en que incurrió la parte accionada.

 

Para ello, observamos que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en sus artículos 5 y 6, cardinal 5, rezan lo siguiente:

 

“Artículo 5: La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional. Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso-Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio.

 

PARAGRAFO ÚNICO: Cuando se ejerza la acción de amparo contra actos administrativos conjuntamente con el recurso contencioso administrativo que se fundamente en la violación de un derecho constitucional, el ejercicio del recurso procederá en cualquier tiempo, aún después de transcurridos los lapsos de caducidad previstos en la Ley y no será necesario el agotamiento previo de la vía administrativa”.

 

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

[...]

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes [...]”.

 

Como vemos se observa, el supuesto del citado artículo 5, prescribe también para la jurisdicción contencioso-administrativa, aquellos casos de amparos ejercidos conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación, lo que a juicio de esta Sala, no se limita únicamente al recurso contencioso de nulidad sino también a las demandas a las que se hizo referencia por medio de las cuales se presenta el reclamo, y respecto de actos administrativos, actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o garantía constitucional.

 

Asimismo, el legislador en dicho artículo unió el contencioso administrativo con lo constitucional para garantizar el derecho a una tutela judicial verdaderamente efectiva, bien porque por una parte el contencioso revisa y controla la legalidad y legitimidad de los actos administrativos, y por medio del amparo cautelar se garantizan las resultas del juicio principal así como que la situación jurídica de quien solicita la tutela no se haga irreparable.

 

Referente al artículo 6 cardinal 5, debemos reiterar una vez más, lo que esta Sala estableció al respecto en su sentencia n° 963 del 5 de junio de 2001, caso: José Ángel Díaz y otros:

 

“En consecuencia, es criterio de esta Sala, formado al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional, opera en su tarea específica de encauzar las demandas contra actos, actuaciones, omisiones o abstenciones lesivas de derechos constitucionales, bajo las siguientes condiciones:

 

a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o

 

b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.

 

La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.

 

La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal a), no tiene el sentido de que se interponga cualquier recurso imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles [...].

 

De cara al segundo supuesto, relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión que el uso de los medios procesales ordinarios resultan insuficientes al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado [...]”.

 

 

Visto entonces que en el caso de autos el objeto de la presente acción de amparo lo constituyen las presuntas vías de hecho del Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas en perjuicio de la Escuela Técnica Profesional en Salud Dr. Pablo Izaguirre, y la Sociedad Venezolana de Técnicos en Traumatología y Ortopedia -SOVETTO-, pretensión que conforme a lo expuesto, sólo puede ser satisfecha por la vía contencioso-administrativa, mediante la interposición de una demanda contra las vías de hecho del Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, en atención a lo señalado en los artículos 259 de la Carta Magna y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y obtener la reparación de la situación jurídica denunciada, pues el juez constitucional no puede actuar en sustitución de los mecanismos procesales naturales creados por el constituyente y el legislador, dado que no está facultado para condenar, crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, en especial como la solicitada, ya que ello escapa de su naturaleza principalmente restablecedora, pues los efectos que se pueden lograr con la sentencia dictada no variará sustancialmente la situación jurídica existente para el momento de la interposición de la acción de amparo.

 

Por ende, al no ser el amparo en principio la vía idónea, y dado que no fueron alegadas las razones de urgencia o las que motivaron la interposición previa de esta acción sin que fuese agotada la vía ordinaria, esta Sala declara sin lugar la apelación ejercida por la parte actora contra la decisión dictada el 9 de agosto de 2005, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y conforme con lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en concordancia con el criterio jurisprudencial señalado, revoca dicha decisión que declaró improcedente la tutela constitucional invocada y declara inadmisible la misma. Así se declara.

 

No obstante que esta Sala considera que la vía idónea para que las partes ventilen su pretensión no es el amparo constitucional, no puede dejar pasar por alto el hecho de que en el presente caso, se interpuso conjuntamente con la acción de amparo constitucional solicitud de medida cautelar, medida sobre la cual ni el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, y en especial la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo emitió pronunciamiento al respecto.

Siendo ello así, estima esta Sala necesario reiterar que el fundamento de la tutela cautelar consiste en garantizar que la sentencia a dictarse no resulte ilusoria y para evitar que la situación jurídica denunciada, de ser efectivamente violatoria de los derechos y garantías constitucionales, desmejore irreversiblemente en sus derechos a quien la invoca mientras dure el proceso. Ello no quiere decir que al admitirse una acción de amparo se debe acordar una medida cautelar, pues su procedencia va a estar sujeta a las consideraciones y arbitrio del juez; pero cuando se admita una acción interpuesta conjuntamente con una cautelar debe existir un pronunciamiento al respecto, ya que la omisión del Juez podría originar que la sentencia definitiva no surta los efectos debidos. Distinto es el caso cuando se declara ab initio inadmisible o improcedente in limine litis la acción principal, pues allí la cautelar por ser una acción accesoria corre la suerte de la primera, es decir, que en ese supuesto no hace falta un pronunciamiento expreso.

 

En consideración a ello, se debe hacer un llamado de atención a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, independientemente de que la acción haya sido declarada improcedente y como se señaló no sea el amparo autónomo la vía idónea, ya que dicha omisión de pronunciamiento desvirtúa la naturaleza de las facultades que le ha dado el Estado y contraría las disposiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes, se resume entre otros aspectos, en el deber que tienen los jueces y juezas de pronunciarse sobre todo lo alegado y probado en autos, contentivo del juicio controvertido.

 

VIII

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:

 

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por los ciudadanos Belkys Lárez, Rafael Benítez, Jairo Pepe, Blanca Salas, Marinela Ruig, Rafael Gordones, Morelia Villarroel, Danger Escalante, Luis Peña, Crecencio Ortiz, Jaime Montenegro y Evelyn Sequera, en su carácter de trabajadores de la Sociedad Civil sin fines de lucro Escuela Técnica Profesional en Salud Dr. Pablo Izaguirre, la cual forma parte de la Sociedad Venezolana de Técnicos en Traumatología y Ortopedia -SOVETTO-, contra los miembros del Consejo Directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, contra la decisión dictada el 9 de agosto de 2005, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

 

SEGUNDO: REVOCA la referida decisión que declaró improcedente la tutela constitucional invocada y,

 

TERCERO: INADMISIBLE la descrita acción de amparo constitucional. 

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de mayo  dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

 

                                      LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

Ponente

 

 

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

FACL/

EXP. n° 05-2291

 

En virtud de la potestad que le confiere el artículo 53 del Reglamento de Reuniones de este Alto Tribunal, quien suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, consigna su opinión concurrente al contenido decisorio del presente fallo, en los siguientes términos:

La decisión de la Sala declaró inadmisible el amparo interpuesto por la Sociedad Civil Escuela Técnica Profesional en Salud Dr. Pablo Izaguirre y por la Sociedad Venezolana de Técnicos en Traumatología y Ortopedia con base en lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que, en criterio de la mayoría sentenciadora, con base en lo dispuesto en el artículo 259 de la Carta Magna, la parte accionante contaba con el recurso contencioso administrativo para impugnar las vías de hecho en la que supuestamente incurrió el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas.

Sin embargo, la sentencia en cuyo voto se concurre con tal consideración dio por sentado que ha sido pacífico en la jurisprudencia el criterio de que las vías de hecho efectivamente podían ser impugnadas a través de los recursos contencioso administrativo, cuando la situación ha sido precisamente la contraria.  El hito del acto previo y el supuesto carácter objetivo del contencioso administrativo ha sido tradicionalmente un impedimento para asignar a las vías de hecho dentro de la esfera de acción de tales recursos.  Ciertamente, ha existido y existe en la actualidad una evolución jurisprudencial e inclusive normativa que apunta en el mismo sentido al realizado por la sentencia concurrida, pero existen aspectos que en esa construcción dogmática están hoy día por desarrollar como por ejemplo, el tema de la competencia. ¿cuál es el órgano jurisdiccional al que le corresponde conocer del recurso contencioso administrativo contra las vías de hecho imputadas al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas?  Si la respuesta a esta interrogante tratara de buscarse en una norma se encontrarían dos cosas: que del artículo 259 constitucional no se desprende asignación competencial expresa en tal sentido; y que tampoco existe en cualquier otro texto legal aludida asignación competencial.

Efectivamente, la Sala, en la sentencia N° 2629/2002, señaló que “(…) de la simple lectura de las atribuciones que el artículo 259 de la Constitución otorga a la jurisdicción contencioso-administrativa, se aprecia que los justiciables pueden accionar contra la Administración a los fines de solicitar el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad de la Administración aunque se trate de vías de hecho o de actuaciones materiales”.  Igualmente, no desconoce quien suscribe que en sentencias números 547/2004, 1029/2004, 1305/2004, 1377/2004, 2892/2005 y 93/2006, si bien circunscrita al ámbito de los recursos por abstención o carencia, se ha indicado que: “[e]sa procedencia en el contencioso administrativo de cuantas pretensiones se planteen frente a la Administración Pública se sostiene (…) en el principio de universalidad de control y de integralidad de la tutela judicial, incluso frente a actuaciones administrativas frente a las que el ordenamiento legal no regula medios procesales especiales. Caso paradigmático es el de las vías de hecho, a las que se referían los fallos cuya cita se transcribió, frente a las cuales los administrados pueden incoar pretensiones procesales que los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa han de ventilar aunque no exista aún en nuestro ordenamiento un procedimiento especial para ello” (vid. Sent. 93/2006).

No obstante, en ninguno de esos fallos se hizo consideración competencial alguna ni mucho menos de régimen procesal.  Ahora bien, en esta Máxima Instancia Judicial la Sala Político Administrativa, en los fallos números 01900/2004 y 02271/2004, donde desarrolló el ámbito competencial de la jurisdicción contencioso administrativa luego de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y determinó que es competencia de las Cortes de lo Contencioso Administrativo conocer “[d]e las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a órganos distintos a los establecidos en los numerales 26, 27, 30 y 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal” (vid. Sent. 02271/2004); mientras que es competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo regionales conocer “[d]e las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a los órganos del Ejecutivo Estadal y Municipal y demás altas autoridades de rango regional que ejerzan Poder Público, si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal” (vid. Sent. 01900/2004).

En el ámbito legislativo el desarrollo intermitente del tema no ha sido diferente hasta la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que atribuye a la Sala Político Administrativa competencia para conocer de las vías de hecho imputadas a los órganos del Ejecutivo Nacional y demás altas autoridades de rango nacional que ejerzan el Poder Público; el único texto normativo que asignaba competencia expresa para impugnar las vías de hecho de la Administración mediante los recursos contencioso administrativos era la Ley del Estatuto de la Función Público, que en su artículo 93.1 estatuye como competencia de los tribunales contencioso administrativo funcionarial conocer de “[l]as reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionaria o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública”.

En conclusión, considera quien suscribe que el fallo concurrido antes de declarar la inadmisibilidad de la acción debió deslindar cuál es la distribución competencial dentro de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer, vía recurso contencioso administrativo, de las impugnaciones contra las vías de hecho de la Administración, tal y como se ha venido sosteniendo desde el fallo N° 2629/2002 o, en su defecto, citar los fallos aludidos de la Sala Político Administrativa; sólo así tiene operatividad práctica el fallo N° 963/2001 invocado por la mayoría sentenciadora; y además se le brinda certeza el justiciable al señalársele el error cometido.

Queda así expresado el criterio de la Magistrada concurrente.

En Caracas,  fecha  ut supra.

La Presidente,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

  JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDON HAAZ    

 

LUIS V. VELÁZQUEZ ALVARAY 

 

 

FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 
 
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                Concurrente

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. N° 05-2291

CZM/jlv

 

...gistrado que suscribe disiente de la mayoría respecto del fallo que antecede por las siguientes razones:

La Sala declaró sin lugar la apelación que se ejerció contra un fallo que había dictado la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, quien suscribe considera que el nombramiento de los magistrados de las Cortes de lo Contencioso Administrativo por parte de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es inconstitucional.

En efecto, el artículo 6.23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone:

“El Tribunal Supremo de Justicia tiene las siguientes atribuciones: / (...)

23. Designar, por las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Sala Político-Administrativa, a los jueces o juezas de la jurisdicción Contencioso Administrativa y tribunales regionales.”

Por su parte, el artículo 184 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia disponía:

“Se crea con sede en Caracas y jurisdicción en todo el territorio nacional, un Tribunal que se denominará Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, integrado por cinco Magistrados, quienes deberán ser abogados, venezolanos, mayores de treinta años y de reconocida honorabilidad y competencia. Será condición preferente para su escogencia, haber realizado cursos de especialización en Derecho Público, ser docente de nivel superior en tal rama o haber ejercido la abogacía por más de diez años en el mismo campo, al servicio de instituciones públicas o privadas.

La designación de los jueces que formarán el Tribunal y la de sus respectivos suplentes, será hecha por la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, con arreglo a las normas complementarias que ella dicte, y su organización y funcionamiento se regirán por las disposiciones de esta Ley y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.” (Subrayado añadido).

 

En sesión de la Sala Plena de este Máximo Tribunal del 26 de julio de 2000, se designó una comisión de Magistrados con la misión de “determinar el status jurídico y disciplinario de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”, comisión cuyo informe fue presentado y aprobado en la sesión del Tribunal en Pleno de 29 de agosto del mismo año.

En ese informe se determinó que, con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, se produjeron importantes cambios en el ordenamiento jurídico y, se estableció, en el artículo 255, un régimen funcionarial aplicable a la magistratura: la carrera judicial, del que sólo quedaron exceptuados los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que el mismo es aplicable a los miembros de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Al respecto, se afirmó: “No se aprecia en el texto constitucional ningún indicio del que se pueda inferir un régimen de carrera distinto para estos especiales funcionarios, por el contrario es evidente la intención de la Constitución al no establecer ningún tipo de distinción para su escogencia, y para su régimen disciplinario.” (Subrayado añadido). Y sigue: “El nuevo esquema constitucional impone que en el proceso de selección de los distintos magistrados se observen principios que aseguren la idoneidad y capacidad de los postulados a tales cargos, y que se garantice la participación ciudadana en el mismo,...” (Subrayado añadido).

Con respecto a la norma de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia atributiva de competencia a la Sala Político-Administrativa para el nombramiento de los magistrados de la Corte en cuestión, aquella Comisión concluyó –y, con la aprobación de su informe, también la Sala Plena— que:

“... resulta evidente que, conforme a la Disposición Derogatoria Única contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 184 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia ha quedado derogado, en lo relativo al nombramiento de los Magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por colidir con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que ha atribuido de forma exclusiva y excluyente el gobierno, dirección y administración del Poder Judicial al Tribunal Supremo de Justicia, y con el artículo 255 eiusdem, que como expresión de tal atribución, prevé el nombramiento y juramentación de los jueces y juezas a cargo del mismo, (...), disposiciones que en perfecta concordancia determinan desde su entrada en vigencia que todos los jueces, a excepción de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, deben someterse al régimen de carrera judicial establecido...”. (Subrayado añadido).

 

Con fundamento en los razonamientos a los que se ha hecho referencia, la Sala Plena declaró, en aquella oportunidad, la inconstitucionalidad de los nombramientos de magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había hecho la Sala Político-Administrativa en el año 2000 y designó a otros, en forma provisoria, hasta la celebración del concurso que preceptúa la Constitución, que nunca se llevó a cabo.

Causó estupor a quien suscribe el nombramiento de nuevos magistrados de las recién creadas Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo por parte de la Sala Político-Administrativa, con base en una norma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que sería tan inconstitucional como su homóloga de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, o más aún, si cupieren grados al respecto, puesto que la inconstitucionalidad que aquejaba a ésta fue sobrevenida. No se explica cómo una norma que establece la misma atribución al mismo órgano en forma que se determinó contraria a la Constitución vigente, no lo sea ahora, exactamente por los mismos motivos que analizaron y declararon la Comisión, cuyo informe se aludió, y la Sala Plena.

Con base en las consideraciones que preceden, quien disiente estima que el nombramiento en cuestión es inconstitucional puesto que tiene su fundamento en una norma inconstitucional que la Sala Político-Administrativa se ha debido abstener de aplicar, con base en la decisión de la Sala Plena de 29 de agosto de 2000. Lo que procedía era la apertura, aún de oficio, de un juicio de inconstitucionalidad del artículo 6.23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y, ante la ya insostenible paralización de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el dictado de una medida cautelar que permitiese a la Sala Plena el nombramiento de magistrados provisorios mientras se organizaba y celebraba el concurso que exige la Constitución, como ella misma lo determinó.

Así, por cuanto el nombramiento de los Magistrados de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo es inconstitucional, no puede sostenerse, en derecho, que la Corte Primera, para el momento de la decisión objeto de apelación, estuviera constituida y pudiera, en consecuencia, funcionar, razón por la cual no son válidas sus actuaciones y esta Sala mal puede revisar, en apelación, una decisión que fue dictada por un tribunal cuyos integrantes fueron designados en violación de la Constitución.

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

Fecha ut retro.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Disidente

 

 

 

 

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

…/

…

 

 

 

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH/sn.cr.

Exp. 05-2291

 

 

 

 

 

 

 

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