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Exp. 15-0523
El 08 de mayo de 2015, los abogados Andrés Núñez Ladaéz y Juan José Niño Silverio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 123.815 y 113.995, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano WILSON NUNES DA SILVA, titular de la cédula de identidad n.° V-7.884.085, solicitaron ante esta Sala Constitucional, la revisión de la sentencia dictada, el 28 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del referido ciudadano contra la decisión dictada el 23 de enero de 2014, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, en el curso de una demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento interpuesto por Inversiones Álvarez Negrín, C.A., contra el hoy solicitante.
El 15 de mayo de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio del caso, la Sala pasa a dictar sentencia, previas las consideraciones siguientes:
I
De la Solicitud de Revisión
Los apoderados judiciales del ciudadano Wilson Nunes Da Silva, fundamentaron la presente solicitud de revisión constitucional, sobre la base de los argumentos que se resumen a continuación:
Que, el 30 de junio de 2010, Inversiones Álvarez Negrín, C.A., interpuso demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento en contra del ciudadano Wilson Nunes Da Silva, para que éste hiciera entrega del inmueble arrendado, por supuesta culminación de contrato y pagara una indemnización por daños, y correspondió el conocimiento al Juzgado Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Que los representantes judiciales de la demandante estimaron la demanda en cuatro mil bolívares (Bs. 4.000,00), y que, no obstante, solicitaron la entrega del local objeto del contrato de arrendamiento, así como la cancelación de la cantidad de dos mil ciento cincuenta bolívares (Bs. 2.150,00), equivalente a la cláusula penal de quinientos dólares de los Estado Unidos de América ($ 500,00), por cada día de retraso en la entrega del local.
Que, Habiendo logrado la citación personal de nuestro representado y temerariamente el día fijado por la Ley Adjetiva y señalado en el auto de admisión de la demanda (el segundo 2° día), en un lapso de una hora de diferencia la representación de la demandante introdujo una reforma, lo que devino en un perjuicio para mi representada, específicamente, en lo que respecta a tener los medios y TIEMPO necesario para ejercer el derecho a la defensa y preparar las pruebas necesarias.
Que el 22 de junio de 2011, el referido Juzgado de Municipio se declaró incompetente en razón de la cuantía, por cuanto los daños y perjuicios demandados superaban la cuantía de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T), lo que fue un error de LA DEMANDANTE que no debió ser subsanado por el tribunal de la causa, puesto que está prohibido que el Juez supla el silencio de las partes ( ) y este (sic) debió limitarse a la cuantía señalada tanto en la demanda como en su reforma (Bs 4.000,00) y eventualmente no condenar a cantidades más allá de lo que le permite su competencia.
Que el 28 de febrero de 2012, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, aceptó la competencia para conocer de la demanda y, el 23 de enero de 2014, declaró con lugar la demanda, trasgrediendo de forma grotesca el derecho al debido proceso que tiene su representado a ser juzgado por su juez natural; o, en su defecto, debió dicho Juzgado de Primera Instancia reponer la causa, a fin de que se verificara el principio de inmediación.
Que contra la sentencia dictada el 23 de enero de 2014, ejerció el recurso de apelación que fue declarado sin lugar el 28 de julio del mismo año, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, convalidando las trasgresiones al derecho que tiene su representado al debido proceso y a ser juzgado por su juez natural.
Que las actuaciones de los referidos Juzgados constituían un desorden procesal, una flagrante violación al ordenamiento jurídico constitucional y a los derechos y garantías constitucionales y un error grotesco, por lo que solicitan que se declare ha lugar la presente solicitud de revisión constitucional y, en consecuencia, se declare nula la sentencia y se reponga la causa al estado en que se dé contestación a la demanda de resolución de contrato de arrendamiento, ( ) contrato donde se fijó una indemnización en moneda extranjera ( ) lo cual puede calificarse como usura.
Asimismo, solicitó que se decrete la medida cautelar innominada requerida, consistente en la suspensión de los efectos de la ejecución forzosa de la sentencia objeto de la presente revisión constitucional.
II
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISION CONSTITUCIONAL
En el contenido de la decisión dictada, el 28 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se señaló, entre otros aspectos, lo siguiente:
-IV-
PUNTOS PREVIOS
Planteada como quedó la controversia, en los términos antes señalados, esta Sentenciadora, antes de proceder a pronunciarse sobre el fondo de lo debatido; y, a valorar las pruebas producidas en el proceso, pasa a examinar los puntos previos que a continuación se señalan:
-A-
DE LA PROHIBICIÓN DE LA LEY DE ADMITIR LA ACCIÓN PROPUESTA CONTENIDA EN EL ORDINAL 11 DEL ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Y DE LA INEPTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES
Omissis
En este sentido, se observa que la representación judicial de la parte demandada que propone la inepta acumulación de pretensiones, en razón de que según sus dichos, existe acumulación de pedimentos excluyentes como lo son el cumplimiento de contrato y la indemnización de daños y perjuicios derivados de la cláusula penal.
Omissis
Del texto legal procesal que establece la figura de la inepta acumulación inicial de pretensiones, (artículo 78 del C.P.C), pueden señalarse los supuestos de esa institución a saber: 1) Pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; 2) Pretensiones que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; y, 3) Pretensiones cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí.
Se observa, que la parte demandante, ha planteado la demanda de Cumplimiento (sic) de contrato con fundamento en los artículos 1159, 1264, 1167, 1579 y 1599 del Código Civil, entre otros, los cuales señalan:
Omissis
En el caso de autos la parte actora fundamentó su demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento, en el hecho de que la parte demandada incumplió con su obligación de entregarle el inmueble identificado a los autos, luego de haber vencido la prórroga legal arrendaticia.
Ahora bien, en la presente causa, la parte actora al momento de interponer su demanda, en el petitorio de su escrito libelar y reforma, solicitó lo siguiente:
VIII
PEDIMENTO
Expresamente solicitamos que el demandado WILSON NUNES DA SILVA convenga o sea expresamente condenado por este Tribunal a lo siguiente:
PRIMERO: Entregar a nuestra representada el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, es decir, un local de aproximadamente treinta y cinco metros cuadrados (35M2), que forma parte del local número 2 de la Planta Nivel Comercio del Edificio Samantha, ubicado en la Parcela de Terreno Número 1-29-09-22 de la Urbanización Santa Rosa de Lima, Municipio Baruta del Estado Miranda en las mismas buenas condiciones en que el mismo le fue arrendado, libre de personas y bienes.
SEGUNDO: Cancelar la cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 2.150,00), por día a titulo de indemnización por los daños y perjuicios contractualmente convenidos, causados por cada día de retraso en la entrega del inmueble, calculados desde el 01 de Febrero de 2007, hasta la fecha de la efectiva desocupación y entrega del inmueble a nuestra mandante.
TERCERO: Que la parte demandada convenga en pagar las costas que origine el presente juicio, solicitando de una vez su expresa condenatoria
.
Omissis
Por su parte establece el artículo 1.258 del Código Civil, lo siguiente:
Omissis
Ahora bien, de la revisión efectuada a las actas procesales puede observarse, que la actora demanda el cumplimiento de la obligación contraída por ellos; mediante la firma de un contrato de arrendamiento; e igualmente el pago de los daños y perjuicios estipulados en la cláusula décima segunda del contrato, donde fue establecida la cláusula penal, de la forma siguiente: DECIMA SEGUNDA: El primer día hábil después de la fecha de terminación de este contrato o de su eventual prórroga. LA ARRENDATARIA entregará las llaves del inmueble a LA ARRENDADORA o a la persona que ésta designe por escrito, previa inspección del inmueble y de sus instalaciones y se levantara en un acta suscrita por ambas partes en que se señalará el estado aparente en que se entregan los mismos, luego de lo cual LA ARRENDADORA tendrá quince días (15) calendarios para notificar su reclamo de cualquier daño o desperfecto. El incumplimiento de la entrega de EL INMUEBLE al vencimiento de plazo fijo estipulado en el presente contrato, acarreará para LA ARRENDATARIA el pago de una penalidad equivalente a QUINIENTOS DOLARES (sic) AMERICANOS (US$ 500,00) por cada día de retardo, pagaderos en Bolívares a la tasa de cambio vigente para la fecha del pago, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.;.
En este sentido, se observa que el artículo 1167 del Código del Civil, concede a la parte que se considere afectada en caso de un contrato, el derecho de reclamar la ejecución del contrato o la resolución del mismo con los daños y perjuicios, en ambos casos; si hubiera lugar a ello; por lo que de acuerdo con la norma señalada, y revisado como fue el petitorio de la demanda no se evidencia que la acción pretendida por la demandante, encuentre dentro del marco normativo, prohibición expresa que no admita o impida su proposición; ni mucho menos, que se encuentren elementos de alteración o que atenten contra el Orden Público (sic) y las Buenas Costumbres, (sic) puesto que, tal como fue señalado anteriormente, la parte demandante solicita el cumplimiento del contrato; y además, demanda los daños y perjuicios establecidos por las partes como penalización, en dicho contrato, por lo que siendo las acciones solicitadas en el petitorio del libelo de la demanda pretensiones que no se excluyen mutuamente, es decir, no son contrarias entre sí, se hace forzoso para esta Sentenciadora declarar IMPROCEDENTE, la inepta acumulación de pretensiones alegada por la parte demandada. Así se decide.
-B-
DE LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA
Omissis
En el presente caso, la parte demandada, solicita la reposición de la causa, en base a la presunta violación del derecho a la defensa de su representada al no haber podido tener acceso al expediente, en virtud de que el mismo día en que había dado contestación a la demanda, la parte actora había reformado la ésta, (sic) imposibilitándosele acceder al expediente.
Omissis
Ahora bien, este Tribunal a fin de verificar la utilidad de la reposición de la causa, solicitada por la parte demandada, pasa hacer un breve recuento de las actuaciones de las partes en el presente juicio, de la forma siguiente:
En fecha trece (13) de julio de dos mil diez (2010), el Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la demanda interpuesta y fijó el segundo (2º) día de despacho siguiente a la constancia en autos de la citación de la parte demandada, para que ésta diera contestación a la demanda.
El día cuatro (4) de marzo de dos mil once (2011), el abogado JUAN JOSÉ NIÑO SILVERIO, compareció ante el Juzgado de la causa, y presentó diligencia en la cual señaló lo siguiente:
consignó en este acto marcado A poder original que acredita mi cualidad y me doy por notificado en esta causa
.
En fecha ocho (8) de abril de dos mil once (2011), los abogados JOEL BRACHO FRANCI Y ANIBAL JOSÉ LAIRET, en su carácter de representantes judiciales de la parte demandante sociedad mercantil INVERSIONES ALVAREZ (sic) NEGRIN C.A., presentaron escrito de reforma de la demanda de conformidad con las previsiones del artículo 343 del Código de Procedimiento Civil.
El día ocho (8) de abril de dos mil once (2011), el abogado JUAN JOSÉ NIÑO SILVERIO, presentó ante el Juzgado a-quo, escrito de contestación a la demanda.
En auto de once (11) de abril de dos mil once (2011), el Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la reforma de la demanda y señaló lo siguiente: En consecuencia, como quiera que la parte demandada, ciudadano WILSON NUNES DA SILVA, titular de la cédula de identidad Nº V-7.884.085, se dio por citado en el presente juicio, este juzgado le concede un lapso para la contestación de la demanda el cual será AL SEGUNDO (2DO) DÍA DE DESPACHO siguiente al día de hoy exclusive para que comparezca a este tribunal omissis para que de contestación a la demanda por DESALOJO intentada en su contra .
En diligencia del quince (15) de abril de dos mil once (2011), el abogado ANIBAL LAIRET VIDAL, apoderado judicial de la parte actora solicitó lo siguiente: Señalo muy respetuosamente al tribunal que la parte demandada no compareció ni por si ni por Apoderado (sic) a dar contestación conforme al auto de fecha 11/04/2011, que dio admisión a la Reforma (sic) del libelo de demanda .
El día veinticinco (25) de abril de dos mil once (2011), el apoderado judicial de la parte demandada presentó escrito; y solicitó la reposición de la causa, al estado de que se fijara nueva oportunidad para la contestación de la demanda reformada.
De acuerdo con las precedentes consideraciones, se evidencia que para la fecha ocho (8) de abril de dos mil once (2011); fecha en la cual, se vencía el término para la contestación de la demanda, la parte actora presentó ante el Juzgado de la causa, escrito de reforma de la demanda.
A tales efectos, el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
Omissis
En el caso sub iudice, se evidencia que la reforma de la demanda fue presentada el día ocho (8) de abril de dos mil once (2011), a las 8:35 a.m.; fecha en la cual vencía el término para que la parte demandada diera contestación a la demanda; y, la contestación fue presentada el mismo día, pero a las 9:12 a.m.; y que dicha reforma fue admitida por el Juzgado de la causa, el primer día de los tres (3) concedidos por el legislador para admitirla o negarla, es decir, el once (11) de abril de dos mil once (2011), concediéndole a la parte demandada, un término de dos (2) días de despacho para que la parte diera contestación a la reforma de la demanda.
Omissis
En este caso especifico, se observa que estamos en presencia de un juicio que se tramita por el procedimiento breve; que el legislador para estos casos, ha considerado un tiempo adecuado para que el demandado de contestación a la demanda, el término del segundo (2do) día de despacho siguiente a que conste en autos su citación.
Ahora bien, como ya se dijo, en ese segundo (2do) día que tenía el demandado para contestar y a menos de media hora antes que presentara su contestación, ante la taquilla correspondiente de la Unidad de Distribución y Recepción de Documentos de los Juzgados de Municipios de esta Circunscripción Judicial; la parte actora, también en ejercicio de su legítimo derecho, reformó la demanda que da inicio a estas actuaciones.
Observa esta Sentenciadora que tal reforma fue admitida por el Juzgado de la causa, y se le concedió al demandado el segundo (2º) día de despacho para que diera contestación a la demanda y a su reforma, al encontrarse a derecho dentro de la causa.
De modo pues, que encontrándose a derecho el demandado, mal puede alegar que le fue imposible tener acceso al expediente; toda vez, que era su obligación estar pendiente de las actuaciones que se realizaran en la causa, luego de haberse dado por citado y presentado el escrito de contestación a la demanda de fecha ocho (8) de abril de dos mil once (2011); de haberlo hecho hubiera podido enterarse de los términos en que había sido efectuada la reforma de la demanda; y, preparar las defensas que considerara pertinentes para el resguardo de sus derechos e intereses. Aunado al hecho de que tal como fue señalado anteriormente el Tribunal de la causa, le concedió el término establecido por el legislador, luego de producida una reforma en un juicio breve, es decir, el segundo (2) día de despacho, luego de haber admitido la reforma de la demanda, para que diera contestación a la reforma planteada, por lo que en vista de las razones precedentemente expuestas; es forzoso para esta Sentenciadora declarar IMPROCEDENTE la reposición de la causa peticionada por la parte demandada. Así se decide.
-C-
DE LA VALIDEZ DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR LA PARTE DEMANADA Y LA CONFESIÓN FICTA SOLICITADA POR LA PARTE DEMANDANTE
Omissis
En este sentido, el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, establece:
Omissis
Del artículo transcrito se desprende que la confesión opera siempre y cuando concurrentemente se cumplan los siguientes requisitos: a) Que el demandado no diere contestación a la demanda; b) Que nada probare que le favoreciera; y, c) Que la petición del demandante no fuere contraria a derecho; por lo que, habiendo dado este Tribunal como válida la contestación realizada por el abogado JUAN JOSÉ NIÑO SILVERIO, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada ciudadano WILSON NUNES DA SILVA, no se cumple con el primero de los requisitos establecidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, siendo innecesario para esta Sentenciadora, analizar el resto de los mismos y como consecuencia de ello, debe declarar SIN LUGAR la confesión ficta alegada por la parte actora. Así se declara.
-V-
DEL FONDO DE LO DEBATIDO
Omissis
En el presente caso, tenemos, que la parte actora ha demandado a la parte accionada por cumplimiento de contrato de arrendamiento, para lo cual alegó tanto el vencimiento del contrato, como de la prórroga legal; y señaló que el contrato había vencido el treinta y uno (31) de enero de dos mil cinco (2005); y, que su prórroga legal había vencido el primero (1º) de febrero de dos mil siete (2007).
Como consecuencia de ello, solicitó el cumplimiento del contrato; que se hiciera entrega del bien inmueble objeto del mismo, libre de personas y bienes; y, que se condenare al demandado al pago de los daños y perjuicios, a lo convenido contractualmente, en la cláusula Décima segunda del contrato.
Por su parte, el demandado en la oportunidad de dar contestación al fondo de la demanda, negó, rechazó y contradijo, tanto la totalidad de los hechos narrados en el libelo, como el derecho en que se fundamentaba la pretensión; siendo que la parte actora no había cumplido con el presupuesto procesal de procedencia de la acción y de la pretensión, en atención al principio de la preclusividad de los actos procesales, solicitando se declarara improcedente la acción propuesta.
Omissis
Analizados los medios probatorios anteriormente señalados quedó demostrado lo siguiente:
Que el ciudadano WILSON NUNES DA SILVA, comenzó la relación arrendaticia con la sociedad mercantil INVERSIONES ALVAREZ (sic) NEGRID C.A., en fecha primero (1º) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999), la cual se mantuvo ininterrumpidamente de acuerdo al contrato, por cinco (5) años, más una prórroga automática por un (1) año más, es decir hasta el día primero (1º) de febrero de dos mil cinco (2005), manteniéndose hasta esa fecha la relación contractual a tiempo determinado. Así se decide.
Ahora bien, visto que el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, es un contrato a tiempo determinado tal como se señaló en el cuerpo de este fallo, la arrendataria tenía derecho a la prórroga legal del contrato, como lo establece el artículo 38 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el cual señala:
Omissis
En el caso de autos, habiendo comenzado la relación arrendaticia en fecha primero (1º) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999); hasta el primero (1º) de febrero de dos mil cinco (2005), fecha en la cual vencía el último de la prórroga automática de un (1) año, dada la duración del mismo, el lapso de la prórroga legal era de dos (2) años; siendo así, que dicho término comenzaba a computarse a partir del dos (2) de febrero de dos mil cinco (2005); en consecuencia, la prorroga finalizaba en fecha dos (2) de febrero de dos mil siete (2007). Así se decide.-
Por su parte, el artículo 39 de la misma ley, establece:
Omissis
Ahora bien, observa esta sentenciadora, que si bien es cierto, que una vez agotada como se encuentra la prórroga legal desde fecha dos (2) de febrero de dos mil siete (2007), la parte demandada siguió ocupando el inmueble, no es menos cierto, que dicha ocupación se realizó sin la anuencia tácita del arrendador, lo cual es claramente evidenciable con el hecho de que vencida la prórroga legal; la arrendadora intentó una acción de cumplimiento de contrato por vencimiento de Prórroga Legal (sic), la cual no tiene lapso de caducidad alguna establecido por el legislador, lo cual evidencia, que la parte demandada permaneció en el inmueble, sin el consentimiento de la arrendatario; pues, el hecho de que el demandado continuara ocupando el inmueble y pagando cánones de arrendamientos tal como fue alegado por el demandante, no determina que haya existido consentimiento alguno por parte de la arrendataria, ni que hubiera operado la tacita reconducción. Esa y no otra, fue la voluntad de las partes al contratar el arrendamiento que nos ocupa.
A lo anterior, debe añadírsele que ha sido criterio reiterado de esta Sentenciadora, que no puede hablarse de tácita reconducción, cuando ya venció el contrato y su respectiva prórroga legal; puesto que, ya la relación arrendaticia había terminado; y, lo que se le había concedido era el beneficio otorgado por el Legislador referente a la prórroga legal, que contra ésta no opera la tácita reconducción; toda vez que, la misma no es un contrato donde se establece un lapso entre las partes, sino por el contrario es un imperativo de la Ley que se traduce en un beneficio para el arrendatario, que es el único que puede renunciar a él; y, una obligación para el arrendador. Así se declara.
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
En ese sentido, se aprecia que la parte actora solicitó en el particular cuarto del petitorio, lo siguiente: SEGUNDO: Cancelar la cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES (bs. 2.150,00) (sic) por día a titulo de indemnización por los daños y perjuicios contractualmente convenidos, causados por cada día de retraso en la entrega del inmueble, calculados desde el 01 de Febrero de 2007, hasta la fecha de la efectiva desocupación y entrega del inmueble a nuestra mandante.
Ante ello, tenemos:
Las partes contratantes establecieron en el contrato de arrendamiento, en la cláusula décima segunda, entre otros aspectos, lo siguiente:
El incumplimiento de la entrega de EL INMUEBLE al vencimiento del plano (sic) fijo estipulado en el presente contrato, acarreara para EL ARRENDATARIO el pago de una penalidad equivalente a QUINIENTOS DOLARES (sic) AMERICANOS (US$ 500,00), por cada día de retardo, pagaderos en bolívares a la tasa de cambio vigente para la fecha del pago, si (sic) perjuicio de las acciones legales correspondiente .
En este sentido, habiendo quedado demostrado a los autos, el incumplimiento de la parte demandada; en hacer entrega del bien inmueble luego de vencida la prórroga legal, que le concedía la Ley, considera, quien aquí decide, que es procedente el derecho que tiene la actora de que se le indemnice la suma de DOS MIL CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 2.150,oo), por concepto de daños y perjuicios, por penalidad derivados de la demora en la entrega del inmueble, los cuales deberán ser cancelados a partir del dos (2) de febrero de dos mil siete (2007), (exclusive), fecha en la cual, venció el lapso de prórroga legal, por lo que, es forzoso para esta sentenciadora declarar PROCEDENTES los daños y perjuicios por penalidad, solicitados por la parte actora. Así se decide.
En consecuencia debe forzosamente esta Sentenciadora, declarar procede la pretensión procesal de cumplimiento de contrato por vencimiento del término de la prórroga legal, interpuesta por la parte actora; y sin lugar el recurso de apelación intentado por la demandada. Así se decide.-
Por último, en virtud de lo antes expuesto, el Juzgado Superior, en la sentencia objeto de revisión constitucional, declaró lo siguiente:
PRIMERO: IMPROCEDENTE la defensa de inepta acumulación de pretensiones alegada por la parte demandada.
SEGUNDO: IMPROCEDENTE la solicitud de REPOSICIÓN DE LA CAUSA, alegada por la parte demandada.
TERCERO: SIN LUGAR la solicitud de CONFESIÓN FICTA alegada por la parte demandante.
CUARTO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014), por el abogado JUAN JOSÉ NIÑO SILVERIO, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada ciudadano WILSON NUNES DA SILVA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014). QUEDA CONFIRMADA la sentencia apelada con la motivación expuesta en el presente fallo.
QUINTO: CON LUGAR la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO por vencimiento de la prórroga legal, interpusiera la sociedad mercantil INVERSIONES ALVAREZ NEGRIN C.A., contra el ciudadano WILSON NUNES DA SILVA.
SEXTO: Se ordena a la parte demandada ciudadano WILSON NUNES DA SILVA a hacer entrega a la parte actora, empresa mercantil INVERSIONES ALVAREZ NEGRIN C.A., del local Nº 2 de la Planta nivel comercio del edificio Samanthan, ubicado en la Parcela de terreno Nº 1-26-09-22 de la Urbanización Santa Rosa de Lima, Municipio Baruta, en la ciudad de Caracas.
SÉPTIMO: PROCEDENTE la indemnización por concepto de daños y perjuicios por penalización solicitada por la parte actora: En consecuencia se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora la suma de DOS MIL CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 2.150,oo) derivados de la demora en la entrega del inmueble, los cuales deberán ser cancelados a partir del dos (2) de febrero de dos mil siete (2007), (exclusive), fecha en la cual, venció el lapso de prórroga legal.
OCTAVO: Se condena en costas a la parte demandada (
) conforme a lo preceptuado en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil; asimismo se condena del recurso de conformidad con el artículo 281 del mismo texto legal.
NOVENO: Notifíquese a las partes de la presente decisión (
).
III
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de revisión y, a tal efecto, advierte que el artículo 336, numeral 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le atribuye a esta Sala Constitucional la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva.
Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca tanto fallos que hayan sido pronunciados por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al artículo 25, numeral 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como por los demás tribunales de la República, de acuerdo al artículo 25, numeral 10, eiusdem, pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.
De esta manera, con fundamento en las anteriores consideraciones, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de la decisión dictada, el 28 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En la oportunidad para decidir, esta Sala observa que se ha solicitado la revisión de la decisión dictada, el 28 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano Wilson Nunes Da Silva, contra la decisión dictada, el 23 de enero de 2014, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, en el curso de una demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento interpuesto por Inversiones Álvarez Negrín C.A., contra el hoy solicitante de la revisión constitucional.
La parte solicitante señaló, que la decisión impugnada al convalidar con su decisión la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, violó los derechos constitucionales al debido proceso y al juez natural, por cuanto en el juicio de cumplimiento de contrato la parte demandante estimó la demanda en cuatro mil bolívares (Bs. 4.000,00), y que, no obstante, solicitó la entrega del local objeto del contrato de arrendamiento, así como la cancelación de la cantidad correspondiente al equivalente a la cláusula penal; y, por otra parte, que la demandante reformó la demanda, lo que devino en su perjuicio en lo que respecta a los medios y el tiempo necesario para ejercer el derecho a la defensa y preparar las pruebas necesarias; al igual que produjo una declinatoria de competencia en razón de la cuantía con la cual el tribunal subsanó un error del demandante en la estimación de la cuantía, por lo que solicitaba se declarara con lugar la presente solicitud de revisión constitucional y que se repusiera la causa al estado de que se diera contestación a la demanda.
Al respecto, se debe destacar que en la sentencia n.° 93, dictada por esta Sala el 06 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo, se señaló que la facultad de revisión es: ( ) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional ( ), por ello: ( ) en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere. De este modo: ( ) la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión ( ) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales ( ).
También, resulta oportuno señalar que la revisión no constituye una tercera instancia, ni un recurso que pueda ser intentado bajo cualquier fundamentación de interés subjetivo, sino una potestad extraordinaria, excepcional y discrecional de esta Sala Constitucional para la uniformidad de criterios constitucionales, para preservar la garantía de la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales, lo cual conlleva la seguridad jurídica.
Ahora, en el caso de autos, se observa, entre otras, lo siguiente:
El 13 de julio de 2010, el Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la demanda que por cumplimiento de contrato de arrendamiento se interpuso contra el hoy solicitante; el 11 de abril de 2011, el referido Juzgado admitió la reforma de la demanda; el 22 de junio de 2011, dicho Juzgado se declaró incompetente para seguir conociendo de la causa en razón de la cuantía; el 28 de febrero de 2012, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se declaró competente para conocer de la causa; el 23 de enero de 2014, dicho Juzgado declaró con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento (que cursa a los folios 77 al 80 y su vlto), condenó a la parte demandada a entregar a la parte actora el inmueble objeto del litigio, a pagar por indemnización convenida como penalidad, es decir, la suma de dos mil ciento cincuenta bolívares (Bs. 2.150,00) diarios desde el 1 de febrero de 2007, decisión que fue confirmada en apelación el 28 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de la cual se solicita la presente revisión constitucional.
Al respecto, se observa que el Juzgado Superior no incurrió en violación de derecho alguno cuando declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmó la decisión apelada y con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento, en una decisión motivada en la que decidió, como puntos previos, entre otros, que conforme a lo establecido en el artículo 1.167 del Código del Civil, la parte que se considere afectada en caso de un contrato, tiene el derecho de reclamar su ejecución o la resolución con los daños y perjuicios, en ambos casos, si hubiera lugar; así como, improcedente la reposición de la causa solicitada por la parte demandada, al considerar que se le otorgó un término de dos (2) días de despacho para que diera contestación a la reforma de la demanda que se tramitaba por el procedimiento breve y en la cual el demandado se encontraba a derecho, ello al haber constado que el 13 de julio de 2010, se admitió la demanda y se fijó el segundo día de despacho siguiente a la constancia en autos de la citación para la contestación de la demanda que fue reformada el 8 de abril de 2011, a las 8:35 a.m.; fecha en la que vencía el término para la contestación, la cual fue presentada el mismo día, a las 9:12 a.m., y que dicha reforma fue admitida, el primer día de los tres (3) concedidos por el legislador para admitirla o negarla, otorgándole a la parte demandada un término de dos (2) días de despacho para que diera contestación a dicha reforma.
Asimismo, esta Sala evidencia que la sentencia objeto de revisión constitucional, mediante una decisión ajustada a derecho, declaró que había quedado demostrado a los autos el incumplimiento de la parte demandada en hacer entrega del bien inmueble luego de vencida la prórroga legal que le concedía la Ley, por lo que, en consecuencia, era procedente el derecho que tiene la actora para solicitar que se le indemnizara la suma de dos mil ciento cincuenta bolívares con 00/100 (Bs. 2.150,oo), por concepto de daños y perjuicios, por penalidad derivados de la demora en la entrega del inmueble.
De allí que, esta Sala no observa violación de derecho alguno ni error de interpretación y aplicación de normas o principios constitucionales, siendo que lo cuestionado en el presente caso es la apreciación soberana del juzgador sobre el asunto sometido a su conocimiento (Ver sentencia n.° 1782, dictada el 10 de octubre de 2006, caso: Constructora Norberto Odebrecht C.A.). En todo caso, lo que se constata de los alegatos expuestos por el solicitante es su inconformidad con el juzgamiento hecho por el Juzgado Superior, pretendiendo obtener ante esta Sala una nueva instancia, situación que en modo alguno se ajusta a los fines que persigue la potestad extraordinaria de revisión constitucional.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, y en virtud de que esta Sala considera que la revisión que se pretendió no se subsume en ninguno de los supuestos de procedencia que, previa y reiteradamente ha fijado esta Sala, declara que no ha lugar la revisión de la sentencia dictada, el 28 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se declara.
En virtud de lo decidido, esta Sala estima inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada, debido a su carácter accesorio.
V
Decisión
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por los abogados Andrés Núñez Ladaéz y Juan José Niño Silverio, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano WILSON NUNES DA SILVA, contra la decisión dictada, el 28 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 20 días del mes de julio de dos mil quince (2015). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
Gladys María Gutiérrez Alvarado
El Vicepresidente,
Arcadio Delgado Rosales
Los Magistrados,
Francisco Antonio Carrasquero López
Luisa Estella Morales Lamuño
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Juan José Mendoza Jover
Ponente
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. N.º 15-0523
JJMJ/