Sentencia N.º 92
- Sentencia
- N.º 92
- Fecha
- 06/02/2003
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 02-0730
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 2 de abril de 2002, los abogados JUDITH VALENTINA NÚÑEZ MERCHÁN, LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, LINDA CARALÍ GOTILLA GRACIA, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ CABRERA, ARAZULIS ESPEJO SÁNCHEZ, ALEJANDRO CÉSAR BASTARDO ORDAZ, ROSSANA SPERA RODRÍGUEZ, REINALDO ALEXANDER CABRERA DE LOS SANTOS y RODRIGO SILVA MEDINA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 34.287, 65.600, 78.194, 71.275, 70.772, 65.650, 65.802, 57.637, 84.258 y 65.651, respectivamente, actuando la primera como Directora General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo; la segunda como Directora de Recursos Judiciales; y los demás en su condición de abogados de la Dirección de Recursos Judiciales de dicha Institución, por delegación del Defensor del Pueblo, presentaron ante esta Sala escrito contentivo del recurso de nulidad por inconstitucionalidad contra los artículos 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188 de la Constitución del Estado Bolívar, publicada en la Gaceta Oficial de dicho Estado Nº 90 del 11 de julio de 2001. En dicho escrito, solicitaron se acuerden a su favor medidas cautelares, hasta tanto se decida el fondo del asunto.
El 2 de abril de 2002 se dio cuenta en Sala y se acordó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación.
Por auto del 30 del mismo mes y año, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso interpuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ordenó notificar al Presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolívar, al Fiscal General de la República y al Procurador General del mencionado Estado, así como emplazar a los interesados mediante cartel.
Practicadas las notificaciones ordenadas, el 19 de junio de 2002 se libró el cartel de emplazamiento a los interesados.
El 3 de julio de 2002, el abogado SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ, consignó ejemplar del diario en el cual fue publicado el cartel.
En esa misma oportunidad, se ordenó pasar el expediente a esta Sala, a los fines del pronunciamiento sobre la cautelar solicitada.
Mediante auto del 10 de julio de 2002, se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 7 de agosto de 2002, el prenombrado abogado solicitó se decida sobre la cautelar pedida en el recurso.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
I
RECURSO DE NULIDAD
En el escrito contentivo del presente recurso, los recurrentes -luego de transcribir el texto integro- solicitaron la nulidad de los artículos 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188 de la Constitución del Estado Bolívar, publicada en la Gaceta Oficial de dicho Estado Nº 90 del 11 de julio de 2001. Basaron su recurso en las siguientes razones:
1.- Que los artículos impugnados pretenden ...establecer como atribuciones del Poder Público estadal, la creación, organización y funcionamiento del Poder Ciudadano y en especial de la Defensoría de los Habitantes del Estado en la circunscripción territorial del Estado Bolívar, situación que vulnera flagrantemente los principios de legalidad y de separación de los poderes públicos, e incurre en los vicios de extralimitación y usurpación de funciones, así como en la errónea interpretación de nuestra Constitución, toda vez que la potestad de legislar sobre la organización y funcionamiento de estos órganos, es una competencia exclusiva del Poder Público Nacional, a través de la Asamblea Nacional.
2.- Que ...el Poder Legislativo estadal puede legislar sobre las materias de competencia estadal y en este sentido promulgar la Constitución en su ámbito territorial, esta labor se debe ceñir a las competencias que tiene atribuidas, absteniéndose de invadir las competencia (sic) de los demás órganos del Poder Público, lo cual no observó el Consejo Legislativo en el caso que nos ocupa puesto que legisló sobre materias de competencia privativa del Poder Público Nacional (artículo 156 numerales 31 y 32 constitucional), situación que acarrea fatídicamente la nulidad de las normas denunciadas por razones de inconstitucionalidad.
3.- Que ...el Consejo Legislativo del Estado Bolívar asumió competencias asignadas constitucionalmente al Poder Legislativo Nacional para regular la actividad de la Defensoría del Pueblo en el ámbito estadal, lo cual se evidencia de la similitud de las previsiones de los artículos 178 al 188 de la Constitución del Estado Bolívar con lo previsto en los artículos 273, 274, 275, 277, 280, 281 y 283 de la Constitución de la República.
4.- Que ...la errónea interpretación se produce cuando aún reconociendo la existencia y validez de una norma apropiada al caso (como sería dictar la Constitución estadal) y eligiéndola acertadamente, equivoca la interpretación en su alcance general y abstracto, desvirtuando su verdadero sentido y haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido.
5.- Que ...(c)omo última consideración, cabe señalar la inseguridad jurídica que ocasionaría la cohabitación de dos órganos con las misma (sic) funciones. Inclusive, en casos como las notificaciones que por amparos constitucionales deben emitir los tribunales de la región guayanesa dirigidas a la Defensoría del Pueblo, a fin de que ésta opine lo pertinente en la audiencia oral y pública, habría dificultad para determinar la legalidad y legitimidad de la notificación, pues se plantea inmediatamente la duda de cuál órgano debe ser notificado por el tribunal, y en caso de concurrir funcionarios de ambas instituciones, cuál de los dos debe ser oído durante el desarrollo de la audiencia. Por otra parte, los ciudadanos que necesiten acudir a la Defensoría del Pueblo en virtud de interponer alguna denuncia relativa a la competencia de esta institución, se verían en dificultades para determinar a cuál organismo acudir, creando posible investigaciones paralelas cuando conozca primero la Defensoría de los Habitantes del Estado y luego la Defensoría del Pueblo Delegada del Estado Bolívar.
Solicitaron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, las siguientes medidas cautelares:
a) Que ...se ordene a todos los Consejos Legislativos de los estados integrantes de la República Bolivariana de Venezuela y a todos los Consejos Municipales, haciendo especial énfasis en el estado Bolívar, que se abstengan de legislar sobre las instituciones del Poder Ciudadano, en especial de la Defensoría del Pueblo, en virtud de que se han aprobado tres constituciones que pretenden regular estas materias, a saber: estados Lara, Miranda y Bolívar.
b) Que ...se ordene a todos los Consejos Legislativos de los estados integrantes de la República Bolivariana de Venezuela y a todos los concejos municipales, haciendo especial énfasis en el estado Bolívar, que se abstengan de nombrar a los representantes del Poder Ciudadano, en especial de la Defensoría del Pueblo.
c) Que ...para el caso en que los Consejos Legislativos de los estados o los concejos municipales respectivos, haciendo especial énfasis en el estado Bolívar, hayan designado algún Defensor o Defensora del Pueblo estadal o municipal, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordene la suspensión del ejercicio de sus funciones hasta que se dicte sentencia definitivamente firme en la presente causa.
Señalaron que dichas medidas ...tienen por objeto hacer cesar de forma inmediata y provisional la inminente amenaza de lesión constitucional que ha causado y sigue causando a los derechos de los ciudadanos, la aplicación de los artículos recurridos al establecer como atribuciones del Poder Público Estadal, la creación, organización y funcionamiento del Poder Ciudadano y en especial de la Defensoría del Pueblo. Situación que se agrava al convertirse en una práctica sistematizada por parte de los diferentes Consejos Legislativos de los estados que integran la República Bolivariana de Venezuela, tal y como se evidencia de los precedentes ocurridos en los estados Mérida y Aragua que derivaron en las declaratorias de nulidades de las respectivas constituciones, en lo atinente a la materia que hoy motiva la presente acción; lo cual hace presumir en forma asertiva la existencia de este tipo de iniciativas impropias por parte del resto de los Consejos Legislativos y Consejos Municipales, requiriéndose así la intervención de esta Sala Constitucional a los fines de restituir el orden público constitucional....
II
DE LA COMPETENCIA
Previo a cualquier otra consideración debe esta Sala determinar su competencia para decidir el presente caso y, a tal efecto, observa que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 336 de la Constitución, corresponde a esta Sala (d)eclarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta.
En consecuencia, siendo que, en el presente caso, ha sido ejercido recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Constitución del Estado Bolívar, publicada en la Gaceta Oficial de dicho Estado Nº 90 del 11 de julio de 2001, esta Sala Constitucional resulta competente para conocer del caso de autos. Así se decide.
III
DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA
La parte recurrente ha solicitado se decreten a su favor algunas medidas de manera cautelar y anticipativa, señalando -entre otras cosas- que en el presente caso se satisfacen los requisitos necesarios de fumus bonis iuris y periculum in mora para su otorgamiento, porque la presente impugnación se basa en la violación de preceptos constitucionales y vicios que ...hacen que los artículos de la Constitución del estado Bolívar que se impugnan o cualquier otro cuerpo normativo que regule a los órganos antes mencionados sean nulos de nulidad absoluta..., y porque el no acordar las cautelas solicitadas ...traería como consecuencia que en el momento de producirse la sentencia anulatoria definitiva estén en funcionamiento Defensorías del Pueblo paralelas a la Nacional, con personal, infraestructuras y presupuestos paralelos y ...se acarrearía a la vez un daño y lesión a los ciudadanos comunes por cuanto se les generaría confusión en relación con el órgano ante el cual deben asistir, es decir, si ante la Defensoría Delegada del respectivo Estado que sea en representación del Defensor del Pueblo o ante el Defensor designado por el Consejo Legislativo del Estado, creando de esta manera inseguridad jurídica, el menoscabo al debido proceso y lesiones e irregularidades en detrimento de los ciudadanos.
En atención a lo expuesto estima esta Sala que la Constitución Estadal, cuyos artículos han sido impugnados, merece especial atención, pues en ella se regula lo concerniente a la creación, organización y funcionamiento del Poder Ciudadano y en especial de la Defensoría del Pueblo en el Estado Bolívar.
Además, se observa del propio texto de la Constitución del Estado Bolívar que la misma entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, lo que ocurrió el 11 de julio de 2001.
Por ello, planteadas como han sido, por la parte recurrente, una serie de denuncias que cuestionan la constitucionalidad de los artículos impugnados, la Sala considera procedente, sin prejuzgar sobre el fondo del presente recurso, suspender los efectos de los artículos cuestionados y, en consecuencia, de haber sido designado algún Defensor o Defensora del Pueblo en dicho Estado conforme a las normas recurridas, se ordena la suspensión del mismo en el ejercicio de sus funciones, hasta tanto se dicte la decisión de fondo respecto del presente recurso. Así se decide.
Se niegan las demás medidas cautelares solicitadas, pues la parte recurrente no las ha destinado para precaver la efectividad del fallo definitivo sobre el recurso principal ejercido, esto es, que pueda ser ejecutado eficaz e íntegramente, sino para evitar una actuación que estima inconstitucional pidiendo a esta Sala dar una orden de no hacer relacionada con la función de legislar de los Consejos Legislativos y los Concejos Municipales, que en ningún modo guarda relación con la Constitución impugnada del Estado Bolívar, y así se decide.
Por último, la Sala observa que el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, contempla la posibilidad de que un recurso sea declarado de urgencia en su tramitación y, de que como consecuencia de ello se acuerde la reducción de los lapsos establecidos en la Ley, lo que procede cuando son invocados por la parte recurrente circunstancias fácticas o jurídicas que lo justifiquen, siendo posible también que de oficio el tribunal proceda a tal declaratoria, cuando ella sea necesario.
La Sala -de oficio- considera que, en el presente caso, no se requiere ni de la relación ni de la apertura de lapsos probatorios sino que basta con el estudio de las actas y la comparación entre las normas que -se denuncian- que coliden con la Constitución, por lo que acuerda, tramitar el presente recurso como de urgente decisión y de mero derecho, conforme a lo expuesto en el citado artículo 135 y, en consecuencia, se elimina la relación y la etapa probatoria y se mantienen los informes. Así se declara.
IV
DECISIÓN
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide lo siguiente:
1.- Se declara COMPETENTE para conocer del recurso de inconstitucionalidad ejercido por los abogados JUDITH VALENTINA NÚÑEZ MERCHÁN, LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO, LINDA CARALÍ GOTILLA GRACIA, ALBERTO JOSÉ ROSSI PALENCIA, SACHA ROHÁN FERNÁNDEZ CABRERA, ARAZULIS ESPEJO SÁNCHEZ, ALEJANDRO CÉSAR BASTARDO ORDAZ, ROSSANA SPERA RODRÍGUEZ, REINALDO ALEXANDER CABRERA DE LOS SANTOS y RODRIGO SILVA MEDINA, actuando la primera como Directora General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo; la segunda como Directora de Recursos Judiciales; y los demás en su condición de abogados de la Dirección de Recursos Judiciales de dicha Institución, por delegación del Defensor del Pueblo, contra los artículos 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188 de la Constitución del Estado Bolívar, publicada en la Gaceta Oficial de dicho Estado Nº 90 del 11 de julio de 2001.
2.- Se SUSPENDEN los efectos de los artículos cuestionados y, en consecuencia, de haber sido designado algún Defensor o Defensora del Pueblo en dicho Estado conforme a las normas recurridas, se ordena la suspensión del mismo en el ejercicio de sus funciones, hasta tanto se dicte la decisión de fondo respecto del presente recurso. Se niegan las demás medidas cautelares solicitadas, pues la parte recurrente no las ha destinado para precaver la efectividad del fallo definitivo sobre el recurso principal ejercido.
3.- Se declara -de oficio- como de urgente decisión y de mero derecho la presente causa, conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia, se elimina la relación y la etapa probatoria pero se mantiene el acto de informes, el cual se realizará el quinto día de despacho siguiente en que la Sala proceda a la designación del ponente a los fines de la decisión definitiva del recurso intentado.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 06 días del mes de febrero de dos mil tres. Años. 192° de la Independencia y 143° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente-ponente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº: 02-0730
JECR/
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