Venley

Sentencia N.º 92

Sentencia
N.º 92
Fecha
24/02/2011
Sala
Constitucional
Expediente
11-0211
Ponente
Luisa Estella Morales Lamuño
Procedimiento
Demanda por Derechos o intereses difusos o colectivos

  SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente Nº 11-0211

 

            El 2 de febrero de 2011, los abogados LARRY DEVOE MÁRQUEZ, JESÚS ANTONIO MENDOZA, ALEJANDRA BONALDE COLMENARES, LUCELIA CASPELLAROS PÉREZ, JAVIER LÓPEZ CERRADA y LILIMI QUEVEDO RUIZ, abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo los Nros. 93.897, 41.755, 71.884, 145.484, 84.543 y 65.661, actuando en representación de la ciudadana GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, en su carácter de DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, interpusieron ante esta Sala demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos, conjuntamente con medida cautelar innominada, contra “la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda en fecha 12 de marzo de 1998, bajo el Nº 4, Tomo 51- A-pro, domiciliada en la ciudad de Caracas, Municipio Libertador, según consta en copia simple del Acta Constitutiva Estatutaria que forma parte del expediente que se lleva en esa Oficina de Registro marcada con la letra “F”, en razón de la vulneración de los derechos a la salud y la vivienda, así como de la amenaza contra el derecho a la vida, de las familias que adquirieron y que habitan en el CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL TERRAZAS LA VEGA (PRIMERA ETAPA)”.

 

En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Mediante Sentencia Nº 6 del 15 de febrero de 2011, esta Sala se declaró competente, admitió el recurso interpuesto y declaró procedente medida cautelar innominada.

 

El 18 de febrero de 2011, la representación judicial de la parte accionante consignó escrito solicitando la “sustitución de la medida cautelar de boqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias de las sociedades mercantiles PROMOTORA CASARAPA, C.A., PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A., y COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A.”.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

ÚNICO

 

El 18 de febrero de 2011, la representación judicial de la parte accionante consignó escrito solicitando la “sustitución de la medida cautelar de boqueo o inmovilización preventiva de cuentas bancarias de las sociedades mercantiles PROMOTORA CASARAPA, C.A., PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A., COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A.”, sobre la base de las siguientes consideraciones:

 

Que “a tres (03) días de haberse publicado la sentencia No. 06 d fecha 15 de febrero de 2011 y notificada a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, a objeto de la inmovilización preventiva de las cuentas Bancarias de las sociedades mercantiles PROMOTORA PARQUE LA VEGA; C.A., PROMOTORA CASARAPA, C.A., y COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., se han presentado los siguientes hechos: 1. La sociedades mercantiles (…), han expresado al grupo de trabajadores que laboran en los distintos conjuntos habitacionales bajo su responsabilidad, entre ellos el Conjunto Parque Residencial Terrazas La Vega, que están imposibilitados para asumir los compromisos laborales, entre ellos el pago de la nómina semanal, en virtud de la inmovilización preventiva de sus cuentas bancarias decretada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según la referida sentencia”.

 

Que además “2. Asimismo, las sociedades mercantiles (…), han manifestado a los habitantes de los conjuntos residenciales bajo su responsabilidad, entre el ellos el Conjunto Parque Residencial Terrazas La Vega, que se encuentran impedidos de honrar los compromisos financieros necesarios para garantizar el suministro de servicios públicos esenciales, tajes como agua potable y electricidad, así como para continuar con las obras de mantenimiento o de construcción según el caso, en vista de la medida cautelar de inmovilización preventiva de sus cuentas bancarias. 3. Como consecuencia de lo sostenido por las sociedades mercantiles (…), los trabajadores de diversos conjuntos residenciales bajo la responsabilidad de estas empresas, entre ellos el Conjunto Parque Residencial Terrazas La Vega y Conjunto Residencial Auyantepuy, procedieron el día de hoy (18 de febrero de 2011), en horas de la mañana a realizar diversas protestas de calle en reclamos de sus derechos laborales. En el caso del Conjunto Parque Residencial Terrazas La Vega, los trabajadores procedieron a obstaculizar, con tractores y camiones, las vías de ingreso y salida del Conjunto Residencial, impidiendo que las familias iniciaran en la mañana sus actividades regulares. 4. La sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., suspendió la recolección de tierra producto de los deslizamientos que aún quedan n el Conjunto Parque Residencial Terrazas de La Vega, y demás obras necesarias para el mantenimiento y conservación del citado complejo urbanístico”.

 

Que “esta situación constituye un hecho público, notorio y comunicacional, tal como se evidencia en la nota de prensa de fecha 18 de febrero de 2011 que dice: ‘OBREROS CIERRAN PASO EN TERRAZAS DE LA VEGA POR FALTA DE PAGO’, publicada en el Diario El Universal en su versión digital marcada con la letra ‘A’ y en la nota de prensa de fecha 18 de febrero de 2011, que dice: ‘TRABAJADORES DEL ED. AUYANTEPUY RECRUDECEN MANIFESTACIÓN’ publicada en el Diario El Universal en su versión digital, marcad con la letra ‘B’. Adicionalmente, como respaldo de los hechos arriba señalados, se agrega copia simple del Acta de fecha 18 de febrero de 2011, levantada por esta Defensoría del Pueblo con representantes de los trabajadores, en ocasión a las protestas de calle realizadas en el Conjunto Parque Residencial Terrazas de La Vega marcada con la letra ‘C’ (…)”.

 

Finalmente, “solicitamos la SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEO O INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE CUENTAS BANCARIAS de las sociedades mercantiles PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., PROMOTORA CASARAPÁ, C.A., y COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, CA., decretada e identificada en el punto 2 de la sentencia No. 06 de fecha 15 de febrero de 2011, por la DESIGNACIÓN DE UNA JUNTA ADMINISTRADORA AD HOC, en cada una de las referidas sociedades mercantiles, antes mencionadas (…) [y] que cada una de las JUNTAS ADMINISTRADORAS AD HOC esté conformadas por cinco miembros representantes de los siguientes órganos: 1. Un representante por la Defensoría del Pueblo. 2. Una representante por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat. 3. representante por de los trabajadores designado en Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. 4. Un representante por el Ministerio del Poder Popular Para el Comercio. 5. Un representante por el Ministerio de Estado para la Reconstrucción de Caracas. Asimismo, solicitamos se ordene la incorporación en cada una de las JUNTA VADMINISTRADORAS AD HOC, de tres (3) representantes de los habitantes de cada complejo urbanístico, en condición de veedores a fin de que puedan observar las actividades que esta realiza”.

 

Al respecto, esta Sala reitera que el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia reconoce en el marco del Capítulo II, “De los procesos ante la Sala Constitucional”, inscrito en el Título XI, denominado “Disposiciones Transitorias”, las potestades cautelares generales que ostenta la Sala Constitucional con ocasión a los procesos jurisdiccionales tramitados en su seno, por lo que esta Sala puede en ejercicio de sus competencia, revisar las medidas cautelares otorgadas en el curso del proceso, a los fines de revisarlas, bien sea para ampliarlas, modificarlas o revocarlas, teniendo en consideración las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto.

 

 

En este sentido, se observa que cuando la Constitución regula al Poder Judicial también norma el ejercicio de la jurisdicción (potestad de administrar justicia) y que las actuaciones judiciales estén dirigidas principalmente, a resolver controversias entre partes que requieren la declaratoria de derechos, mediante el trámite de un debido proceso (Vid. Sentencia de esta Sala del 9 de marzo de 2000, caso: “José Alberto Zamora Quevedo”).

 

Ahora bien, el medio para lograr esa necesaria armonización de la sociedad, debe ser el resultado necesario de una interpretación de la Constitución que responda a las necesidades de la sociedad en un momento determinado, tomando en cuenta el impacto y alcance de las decisiones que se asuman.

 

Así, no se concibe una efectiva tutela judicial sin la posibilidad del intérprete de la Constitución, de actuar con pleno conocimiento de la realidad social y una amplia facultad de elección en materia de hermenéutica jurídica. En tal sentido, la protección efectiva de los derechos fundamentales, no son únicamente el resultado de una interpretación amplia y liberal de su contenido, sino la respuesta a las necesidades inmediatas y futuras que plantea la sociedad en su devenir.

 

En consecuencia, sobre la base de las anteriores consideraciones y, dadas las condiciones particulares del presente caso, en el cual es posible la violación de derechos fundamentales de eminentemente carácter social y de interés nacional, tal como se señaló en la sentencia Nº 6/2011, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva en el marco de la protección del derecho al trabajo, vida, salud y a la vivienda digna, de los posibles afectados. Esta Sala advierte que en virtud de la solicitud planteada ante esta Sala, en aras de resguardar el bienestar colectivo de los trabajadores que prestan servicios en las sociedades mercantiles PROMOTORA CASARAPA, C.A., PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A. y COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., ya identificadas, así como de los ciudadanos que habitan en los conjuntos residenciales vinculados a dichas sociedades -según se desprende los anexos A al C del mencionado escrito de la parte accionante del 18/2/11-, acuerda modificar y ampliar exclusivamente la medida cautelar de BLOQUEO O INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE CUENTAS BANCARIAS de las sociedades mercantiles PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., PROMOTORA CASARAPA, C.A. y COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., y se ratifica el resto de las medidas cautelares contenidas en la sentencia Nº 6/2011.

 

En tal sentido, en orden a evitar la concreción de un daño irreparable de las 150 familias que conforman el Conjunto Parque Residencial Terrazas de la Vega (Primera Etapa) y de los trabajadores que prestan servicios en las sociedades mercantiles PROMOTORA CASARAPA, C.A., PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A., COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., se acuerda nombrar una Junta de Administración ad-hoc de dichas compañías, la cual deberá rendir cuentas a esta Sala oportunamente cada mes vencido, de las operaciones y cuentas realizadas sobre sus activos y pasivos, hasta que se decida el fondo del presente caso, en los siguientes términos:

 

               i.      La presente Junta de Administración ad-hoc se encontrará constituida por:

 

1.- Un representante designado de común acuerdo, por las sociedades mercantiles PROMOTORA CASARAPA, C.A., PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A. y COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., las cuales deberán consignar la designación en el lapso establecido en el punto (vi) de la presente decisión.

2.- Un representante designado por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.

3.- Un representante designado por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat.

4.- Un representante designado por la Procuraduría General de la República.

5.- Un representante designado por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

6.- Un representante designado por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (INDEPABIS).

7.- Un representante designado por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela.

 

             ii.      Dicha Junta de Administración tendrá plenas funciones de administración y disposición de los bienes de las sociedades mercantiles PROMOTORA CASARAPA, C.A., PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A. y COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., necesarios para el mantenimiento operativo y funcional de las referidas empresas, por lo que podrán movilizar las cuentas bancarias de las mismas, a los fines de garantizar la continuidad del ejercicio económico de las mencionadas sociedades mercantiles y, particularmente, todo lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de naturaleza laboral y pago de servicios de cualquier índole, orientados al normal desenvolvimiento de las obras concluidas, en ejecución o a ejecutarse.

            iii.      Asimismo, se establece que la referida Junta además de las facultades contenidas en el punto anterior, tendrá atribuida todas las funciones establecidas en el Código de Comercio, así como lo establecido en los estatutos constitutivos de la misma.

           iv.      Los representantes establecidos en el punto (i) ejercerán sus funciones ad honorem y, establecerán de estimarlo conveniente, los montos de los gastos que se requieran.

             v.      Asimismo, se establece que la Junta Ad Hoc deberá consignar ante esta Sala un informe mensual en el que se consignen las actividades comerciales de dicha sociedad mercantil, todo ello de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Código de Comercio.

           vi.      Realizada la última de las notificaciones a los órganos o entes a los que se refiere el punto (i), comenzará a correr un lapso de cinco (5) días continuos para que los mencionados órganos que designen de los representantes a ser integrantes de la Junta Administradora ad-hoc, consignen ante esta Sala la identificación de los mismos.

 

 

 

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara PROCEDENTE la solicitud de revisión de la medida cautelar acordada por esta Sala en el fallo Nº 6/2011, en los siguientes términos:

 

1.- Se MODIFICA Y AMPLIA la medida cautelar de BLOQUEO O INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE CUENTAS BANCARIAS de las sociedades mercantiles PROMOTORA PARQUE LA VEGA, C.A., PROMOTORA CASARAPA, C.A., y COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., en el sentido que sólo serán administradas por la Junta ad-hoc, de conformidad con lo previsto en el presente fallo y, a lo dispuesto en el punto 2 del presente dispositivo. Se MANTIENE el resto de las medidas cautelares contenidas en la sentencia Nº 6/2011.

 

2.- ACUERDA nombrar una Junta de Administración ad-hoc para las sociedades mercantiles PROMOTORA CASARAPA, C.A., PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A. y COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., la cual deberá rendir cuentas a esta Sala oportunamente cada mes vencido, de las operaciones y cuentas realizadas sobre sus activos y pasivos, hasta que se decida el fondo del presente caso, en los siguientes términos:

 

               i.      La presente Junta de Administración ad-hoc se encontrará constituida por:

 

1.- Un representante designado de común acuerdo, por las sociedades mercantiles PROMOTORA CASARAPA, C.A., PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A. y COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., las cuales deberán consignar la designación en el lapso establecido en el punto (vi) de la presente decisión.

2.- Un representante designado por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.

3.- Un representante designado por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat.

4.- Un representante designado por la Procuraduría General de la República.

5.- Un representante designado por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio.

6.- Un representante designado por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (INDEPABIS).

7.- Un representante designado por la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela.

 

             ii.      Dicha Junta de Administración tendrá plenas funciones de administración y disposición de los bienes de las sociedades mercantiles PROMOTORA CASARAPA, C.A., PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A. y COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., necesarios para el mantenimiento operativo y funcional de las referidas empresas, por lo que podrán movilizar las cuentas bancarias de las mismas, a los fines de garantizar la continuidad del ejercicio económico de las mencionadas sociedades mercantiles y, particularmente, todo lo relativo al cumplimiento de las obligaciones de naturaleza laboral y pago de servicios de cualquier índole, orientados al normal desenvolvimiento de las obras concluidas, en ejecución o a ejecutarse.

            iii.      Asimismo, se establece que la referida Junta además de las facultades contenidas en el punto anterior, tendrá atribuida todas las funciones establecidas en el Código de Comercio, así como lo establecido en los estatutos constitutivos de la misma.

           iv.      Los representantes establecidos en el punto (i) ejercerán sus funciones ad honorem y, establecerán de estimarlo conveniente, los montos de los gastos que se requieran.

             v.      Asimismo, se establece que la Junta deberá consignar ante esta Sala un informe mensual en el que se consignen las actividades comerciales de dicha sociedad mercantil, todo ello de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Código de Comercio.

           vi.      Realizada la última de las notificaciones a los órganos o entes a los que se refiere el punto (i), comenzará a correr un lapso de cinco (5) días continuos para que los mencionados órganos que designen de los representantes a ser integrantes de la Junta Administradora ad-hoc, consignen ante esta Sala la identificación de los mismos.

 

 

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Notifíquese de la presente decisión a las sociedades mercantiles PROMOTORA CASARAPA, C.A., PROMOTORA PARQUE LA VEGA C.A. y COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y DESARROLLO COINDECA, C.A., la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, Ministerio del Poder Popular para el Comercio, la Procuraduría General de la República, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (INDEPABIS) y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario y publíquese el cartel de emplazamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 152 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

 

 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24 días del mes de febrero de dos mil once (2011). Años: 200° de la Independencia y 152° de la Federación.

 

 

 

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                     Ponente

 

 

                                                                                                                     El Vicepresidente,

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

Exp. N º AA50-T-2011-0211

LEML/                           

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias