Venley

Sentencia N.º 921

Sentencia
N.º 921
Fecha
05/05/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-0360
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

MAGISTRADO- PONENTE: FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ

  

El 14 de marzo de 2006, el abogado JOSÉ LUCIO GONZÁLEZ FLORES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 26.217, actuando en su propio nombre y representación y la de su menor hijo, cuya identificación se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, solicitud de revisión, contra la sentencia dictada el 14 de julio de 2005, por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Táchira, que declaró “inadmisible la acción de amparo interpuesta” con ocasión “a la violación, de los derechos constitucionales de [su] menor hijo y los [suyos]” propios, y simultáneamente, solicitó la revisión de la sentencia dictada en la segunda instancia constitucional por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, que confirmó la decisión apelada.

 

El 16 de marzo de 2006, se dio cuenta en Sala de la presente causa y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio del expediente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

En el escrito libelar, el ciudadano José Lucio González Flores, fundamentó su petición de revisión constitucional basándose en los siguientes argumentos:

Que, “[en] la sentencia cuya revisión [solicita], se omitió señalar a [su] menor hijo como parte agraviada. Además de la omisión formal en toda la motiva y dispositiva de la sentencia, se deja de considerar y analizar los derechos constitucionales del menor que fueron denunciados como violados. No se le tiene como sujeto de derecho. Tratándose de un menor de edad, de un niño, el respeto a su interés superior, es rango constitucional, el cual según reiteradas decisiones de esta misma Sala puede privar sobre otros derechos”.

 

Que, “al no mencionarlo y consecuentemente no entrar a valorar sus derechos y las posibles violaciones de ellos y al limitar la motivación de la sentencia para decidir en base al rango de los derechos del padre co-agraviado, se ha cercenado la prioridad y superioridad de los intereses del menor”.

 

Que, “[en] el caso del ordinal 5 invocado por la sentenciadora, ya he expresado que nada relaciona al amparo por la violación de la patria potestad con la interposición de solicitud del régimen de visitas provisional, pero la Ley Orgánica sobre Amparo establece que en tal caso el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.

 

Que, “la sentencia (...) recurrida no menciona a [su] hijo como co-agraviado ni hace referencia a sus derechos denunciados como violados, para así establecer si el interés superior priva sobre la formalidad, que equivocadamente a [su] criterio, considera que hace inadmisible la acción, tal es la interposición (...) de una solicitud de régimen de visitas”.

 

Que, “la acción de amparo no es una solicitud que se fundamenta en normas sustantivas. Es una denuncia de violación de garantías constitucionales autorizada en la constitución y en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (...), se trata de que esta es la óptica y raciocinio que lleva a la recurrida a dejar de considerar a mi hijo como co-agraviado en el proceso y a no inquirir si realmente se violaron sus derechos y garantías constitucionales en aras de su interés superior”.

Que, el régimen de visitas recomendado por la recurrida, ya fue incoado y lleva 8 meses y medio de tramite, además de que el juicio de divorcio también aludido, puede demorar años, por lo que las vías ordinarias señaladas no solucionarían la situación narrada.

 

Que, el fundamento básico de su pretensión fue que se le privó y se le continua privando “del conjunto de deberes y derechos de la patria potestad sin el debido proceso que determinara la procedencia de tal privación (...) [originándose] un hecho forzoso, ilícito y no enmarcado en norma alguna, trayendo como consecuencia la violación de las garantías constitucionales del niño y las [suyas] propias [denunciadas] en el escrito de amparo”.

 

Finalmente, solicitó la procedencia de la solicitud de revisión y que ésta, surta los efectos de Ley.

 

II

DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

 

El 14 de julio de 2005, el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, estableció lo siguiente:

 

“...el presunto agraviado hizo uso de las vías judiciales ordinarias, tal es el caso del procedimiento del régimen de visitas que conoce la jueza unipersonal Nro. 04 de esta Sala de Juicio; y, además existen otras vías judiciales eficaces que el puede utilizar, tal como es el caso del procedimiento de divorcio, donde el Juez por imperio de la Ley, debe garantizar las instituciones familiares a favor del niño mientras dure el juicio de divorcio, siendo estas instituciones, la guarda, la patria potestad, las visitas y la obligación alimentaría; pudiendo hacer uso efectivamente de estas vías ordinarias”.

 

Con fundamento a ello, el a quo constitucional declaró inadmisible la acción de amparo incoada, decisión ésta, contra la cual se ejerció recurso de apelación decidiendo la alzada en fallo dictado el 19 de agosto de 2005, lo que sigue:

 

“...vistos los alegatos del apelante, estima este Tribunal en cuanto a la falta de omisión de la decisión apelada de mencionar como co-agraviado al menor (identidad omitida en cumplimiento al Art. 65 de la LOPNA) cuyos derechos constitucionales, dice, han sido groseramente conculcados, se observa que si bien al identificarse a la presunta parte agraviada se indica solamente al ciudadano JOSÉ LUCIO GONZALEZ ‘quien actúa en defensa de sus propios derechos’, sin hacer mención alguna al referido niño, quien en el encabezamiento del escrito de la solicitud de amparo lo menciona su padre como ‘ambos con el carácter de presuntos agraviados’, que observándose la falta de mención del derecho del menor, primero: no encuentra violación alguna por parte de la juzgadora de instancia debido a ello, además que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su artículo 65 prohíbe la divulgación por cualquier medio de algún dato que permita identificar a los niños que se encuentren involucrados en asuntos como el que hoy se resuelve.

 

...omissis...

 

Así las cosas, visto el alcance de las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, las cuales permiten concluir a este juzgador, que en virtud de que el hoy querellante interpuso solicitud de régimen de visitas en trámite por ante el Tribunal competente, así como el divorcio intentado por la presunta agraviante en contra del querellante sin conocerse el estado actual en que se encuentra ya que de autos no corre actuación alguna al respecto, existiendo otros medios idóneos para lograr el restablecimiento de la situación que alega el accionante le fue infringida por parte de la madre de su hijo menor, todas éstas vías hacen que la conducta del querellante se circunscriba dentro de los supuestos de inadmisibilidad establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que la presente acción  contraría el propósito y razón de la institución del amparo constitucional, cuando el accionante pretende sustituir la vía ordinaria ejercida con anterioridad al presente recurso, o al no haber interpuesto las otras acciones existentes, razón por la cual debe declararse inadmisible la presente acción...”

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la revisión solicitada y a tal fin, se observa que el artículo 336 cardinal 10, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente:

 

“Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.

 

En efecto, dentro de las potestades atribuidas en la Constitución de 1999 en forma exclusiva a la Sala Constitucional, se encuentra la de velar y garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, a los fines de garantizar la uniformidad en la interpretación de los preceptos fundamentales y en resguardo de la seguridad jurídica.

De igual forma, el artículo 5 cardinal 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.942 del 20 de mayo de 2004, establece:

 

“Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:

(omissis)

4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación; asimismo podrá avocarse al conocimiento de una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (...) aun cuando por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala”.

 

De las actas que conforman el expediente, esta Sala pudo constatar que el accionante, denunció la presunta violación del derecho al debido proceso, en virtud que los Juzgados señalados como agraviantes omitieron identificar a su hijo como co-agraviado en la acción de amparo constitucional por él incoada, la cual fue declarada inadmisible conforme a lo previsto en el artículo 6 cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

  

En ese sentido, conforme ha establecido esta Sala, la institución de la revisión constitucional prevista en el artículo 336 cardinal 10 de la Constitución vigente, cuya potestad es conferida exclusivamente a ella, consiste en un mecanismo destinado a salvaguardar la uniformidad en la interpretación del texto fundamental, ejercitable, entre otros casos, en contra de decisiones definitivamente firmes, ya sea porque hayan desatendido la doctrina vinculante de esta Sala, o bien cuando hubieran violado normas y principios jurídicos fundamentales tutelados por el ordenamiento constitucional. Por estas razones, resulta imposible pretender la revisión de un fallo definitivo por la presunta falta de identificación de uno de los accionantes en el juicio ordinario, omisión esta, que debe realizarse en cumplimiento al orden público legal establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, por lo que la afectación alegada no implica una lesión flagrante a sus derechos constitucionales, y menos aún, deja de considerarlo como sujeto de derecho.

 

En el caso de autos, luego del examen de la sentencia de segunda instancia, que se encuentra definitivamente firme, y que por ende se considera impugnada, la Sala no encuentra motivo alguno para proceder a revisar la misma, toda vez que ella no contradice un criterio vinculante acogido por esta Sala, por el contrario observa que el Juzgado Superior que conoció en alzada de la acción de amparo constitucional, acató la sentencia vinculante dictada por esta Sala, en cuanto a las causales de inadmisibilidad en la pretensión de autos, realizando de esta manera una correcta interpretación constitucional.

 

Al respecto, esta Sala debe reiterar que la revisión no constituye una tercera instancia, ni un recurso ordinario que opere como un medio de defensa ante violaciones, sino una potestad extraordinaria y excepcional de esta Sala Constitucional cuya finalidad es el mantenimiento de la uniformidad de los criterios constitucionales en resguardo de la garantía de la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales, lo cual reafirma la seguridad jurídica.

 

Por tal motivo, debe la Sala forzosamente declarar no ha lugar la solicitud de revisión planteada. Así se decide.

 

IV

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara no ha lugar la revisión intentada por el abogado JOSÉ LUCIO GONZÁLEZ FLORES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 26.217, actuando en su propio nombre y representación y la de su menor hijo, cuya identificación se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, contra la sentencia dictada el 14 de julio de 2005, por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Táchira, que declaró “inadmisible la acción de amparo interpuesta” con ocasión “a la violación, de los derechos constitucionales de [su] menor hijo y los [suyos]” propios, simultáneamente, solicitó la revisión de la sentencia dictada en la segunda instancia constitucional por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 05 días del mes de mayo dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                               El Vicepresidente,

 

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

                          

 

 

 

                                                                                        LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                            Ponente

 

 

 

 

                                                                          MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                      

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

FACL/ 

Exp. n° 06-0360

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