Sentencia N.º 933
- Sentencia
- N.º 933
- Fecha
- 15/07/2013
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 13-0445
- Ponente
- Luisa Estella Morales Lamuño
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 13-0445
El 28 de mayo de 2013, fue recibido en esta Sala, escrito presentado por el ciudadano FERNANDO DANILO ORDÓÑEZ, titular de la cédula de identidad n.° 6.269.608, asistido por los abogados Leopoldo Pita Martínez, Gladys Marlene Guillen Maizo y José Gonzalo Roa Ríos, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 127.826, 193.351 y 73.250, respectivamente, contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida contra la sentencia dictada el 20 de febrero de 2013, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
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El 30 de mayo de 2013, se dio cuenta en Sala del expediente y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 3 de junio de 2013, el ciudadano Fernando Danilo Ordóñez, otorgó poder apud acta a los abogados Leopoldo Pita Martínez, Gladys Marlene Guillen Maizo y José Gonzalo Roa Ríos, ya identificados.
Mediante diligencia del 3 de junio de 2013, los abogados Marlene Guillen Maizo y José Gonzalo Roa Ríos, en su carácter de autos, consignan copia certificada de la medida de desalojo dictada contra la parte accionante por el Juzgado Octavo de Municipio Ejecutor de Medida de las Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así como copia certificada de la sentencia impugnada dictada en el marco de la acción de desalojo incoada por la sociedad mercantil Naz-Dar de Venezuela, C.A. contra el ciudadano Fernando Danilo Ordóñez.
Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes.
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
El presunto agraviado planteó la pretensión de amparo constitucional en los siguientes términos:
Que el 28 de septiembre de 2011, la sociedad mercantil Naz-Dar, C.A., interpuso demanda de desalojo contra el ciudadano Fernando Danilo Ordóñez, fundamentada en la causa contemplada en literal d del artículo 34 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Que el 10 de agosto de 2012, el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró parcialmente con lugar la demanda de desalojo ejercida.
Que contra el mencionado fallo ejerció recurso de apelación, el cual fue declarado inadmisible por el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por lo que interpuso recurso de hecho por ante el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, el cual ordenó oír en ambos efectos la apelación ejercida.
Que el 20 de febrero de 2013, el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar el recurso de apelación, en consecuencia, confirmó la decisión dictada por el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la referida circunscripción judicial.
Que la sentencia impugnada violó el derecho a la defensa, en virtud de que no se atuvo a lo alegado y probado en autos, por cuanto en el contrato de arrendamiento celebrado con la ciudadana Hebe Fernández De Tehlikian en fecha 16 de noviembre de 2001 (arrendadora), se estableció que el objeto del local comercial ubicado en la Avenida Los Mangos, Urb. La Florida, Quinta Rafa, sería ( .) destinado única y exclusivamente para venta de pinos, luces, adornos navideños y fuegos artificiales ( ) y que aún y cuando ( ) posteriormente firma[ron] otro contrato nuevo ( ) en ningún momento extingue al anterior ( ).
Que la omisión denunciada en cuanto a la valoración de la cláusula quinta del contrato de arrendamiento en la cual se fijó el objeto del local comercial arrendado, vulneró su derecho a la defensa en virtud que su apreciación ( ) hubiese incidido en el resultado de las partes, máxime cuando en todo contrato priva la autonomía de las partes.
Que ( ) [su] representado a (sic) cumplido con el objeto del contrato inicial que se señaló en su oportunidad en el escrito de contestación a la demanda como CONTRATO, siendo este (sic) el que inició la relación arrendaticia y que indica los usos permitidos, encontrándose admitidos los anteriores señalados por la parte actora, en tal sentido, mal puede indicarse incumplimiento alguno al contrato de arrendamiento, si el mismo es permitido en el contrato, y además el (sic) sabe y le consta que todos los años realiza[n] la misma venta de artesanía y en diciembre artesanía navideña.
Al efecto, fundamentan el cumplimiento del objeto del contrato de arrendamiento en la inspección judicial practicada por el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, en la cual se dejó constancia ( ) de la venta de pino, luces, velas, inflables y demás productos de carácter o motivo navideño ( ).
Que la sentencia impugnada ( ) violó normas de estricto orden público Constitucional, y legal desarrollados legalmente en los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, cuya inobservancia se traduce necesariamente en una lesión al Derecho Fundamental que establece el debido proceso ( ).
Que [d]e igual modo, con la decisión del Juzgado a quo se vulneró el derecho constitucional al trabajo de mi representado y de veintisiete (27) personas que laboran en el local (exhibiendo sus obras) que tengo alquilado con ese vital propósito, el cual había sido consentido y aceptado de manera pacífica y voluntaria por la demandante, tan es así que el mencionado contrato que en un primer momento fue estipulado a tiempo determinado, (aunado a que se acordó diversificar el objeto), se convirtió en un contrato a tiempo indeterminado, que tiene cerca de diez (10) años de vigencia ininterrumpida
Asimismo, expone que ha cumplido de manera integral con el contrato de arrendamiento como un buen padre de familia por un lapso de diez años, sin que en ese lapso ( ) haya tenido ningún tipo de inconveniente con el Arrendador ( ), por lo que ( ) si en [el] supuesto negado el demandante hubiese observado un cambio en cuanto al objeto pacto, ¿Por qué el arrendador espero (sic) diez (10) años para demandar el desalojo?.
Que ( ) el objeto pactado tanto en el primer contrato como en el segundo con el arrendador (demandante), no va en contravención con lo dispuesto en el artículo 34 literal d) de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, visto que en lo absoluto el objeto que ejecuta mi patrocinado, puede considerarse un cambio de uso o destino en cuanto al pacto del contrato acordado desde el primer contrato suscrito, y más aún si revisamos el contenido del literal del artículo en comento, que no hace distinción cuando establece los usos para arrendamiento que el comercial abarca indiferentemente cualquier tipo de mercancía y no tiene que ser específica como alega el demandante.
Que ( ) se tenían todos los permisos y licencias de las autoridades administrativas para este tipo de comercio, a lo cual tácitamente el arrendador no manifestó oposición, en el transcurso de los diez (10) años que [tiene] en arrendamiento el inmueble.
Solicitan medida cautelar innominada, que ( ) suspenda la continuación del proceso principal que entrará en fase de ejecución y que se sigue en el Expediente identificado bajo la nomenclatura AP31-V-2011-002128, llevado por el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Al efecto, fundamenta la medida cautelar solicitada en que ( ) el desalojo de local arrendado ( ) afectara (sic) indudablemente [su] derecho al trabajo, así como el de veintisiete (27) artesanos, pintores y cultores que dependen de la actividad que se lleva a cabo el mencionado local ( ).
Finalmente, solicita la parte accionante, que sea admitida la presente acción de amparo constitucional, se declare con lugar y se ordene la suspensión de la medida de desalojo hasta que se decida el fondo del presente amparo.
II
DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El 20 de febrero de 2013, el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la decisión dictada por el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la referida circunscripción judicial, previo a lo cual expuso:
Corresponde a este Tribunal Superior conocer del recurso de apelación presentado por el ciudadano Fernando Danilo Ordoñez, en su carácter de parte demandada en la presente causa, debidamente asistido por el abogado Luis Felipe Blanco Souchon, ( ) contra la decisión definitiva dictada en fecha 02 de agosto de 2012 por el referido Juzgado Décimo Noveno de Municipio, mediante la cual se declaró i) parcialmente con lugar la demanda principal de desalojo incoada por la parte actora, de acuerdo con lo contemplado en el literal d del artículo 34 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; ii) se condena a la parte demandada a la entrega del inmueble arrendado; iii) se declara sin lugar la reconvención de Reintegro de Sobre-Alquileres presentada por la parte demandada; y iv) no se condenó en costas por no existir un vencimiento total en la causa ( ) en el juicio que por Desalojo incoara la empresa NAZ-DAR DE VENEZUELA, C.A. contra el ciudadano FERNANDO DANILO ORDOÑEZ ORDOÑEZ.
DE LA DEMANDA DE DESALOJO.
Punto Previo: De la Impugnación de la Cuantía.
Como punto previo a la contestación, el accionado negó, rechazó y contradijo el monto en que el actor estimó su pretensión, por considerarla insuficiente, en virtud de que la acción intentada por desalojo basada en el supuesto incumplimiento de los acuerdos estipulados en el contrato de arrendamiento que consiste en deterioros mayores que los provenientes del uso normal del inmueble, han debido sumarse al monto estimado, ya que los deterioros a que hace referencia la actora, son parte de la acción incoada; por lo que solicita que se declare con lugar el rechazo de la estimación y se ordene su corrección a los fines de poder determinar, primero la competencia y segundo la recurrencia de la sentencia, y que en caso de no ser corregido el defecto invocado, pide que la demanda sea desechada y declarada sin lugar en la definitiva.
Al respecto, se aprecia que la parte actora en su escrito libelar, estimó la demanda en la cantidad de Bs.F.24.000,00, la cual a la fecha de interposición de la misma, equivale a 315,78 unidades tributarias.
En ese sentido la oportunidad, la forma y el motivo para el rechazo a la estimación de una demanda se encuentra prevista en el primer aparte del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil ( ).
omissis
( ) se observa que el demandado puede contradecir la estimación, pero para ello debe alegar un hecho nuevo, o bien que la referida estimación es exagerada o bien que la misma es exigua, correspondiéndole probar tal afirmación, por lo que a falta de tales probanzas, el juez no está obligado a resolver dicho alegato.
Así las cosas, observa esta Juzgadora, que la estimación de la demanda para los casos de juicios de arrendamientos en contratos a tiempo indeterminado, se encuentra previsto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone de una manera clara e inequívoca, que si el contrato es a tiempo indeterminado, se deben acumular las pensiones de arrendamiento de un año para establecer el valor de la referida demanda ( ).
omissis
En este orden de ideas, se aprecia que en el presente caso, si bien la pretensión de la actora no radica en el cobro de cánones de arrendamiento derivados de una relación contractual indeterminada, sino en el Desalojo y entrega del bien inmueble objeto de una relación contractual indeterminada, se evidencia que de conformidad con el citado artículo 36 del Código Adjetivo, la parte actora en base a un canon de arrendamiento mensual para la fecha de interposición de la demanda fijado en la cantidad de Bs.2.000,00, suma ésta que multiplicada por doce meses, a los efectos de lo establecido en la parte final del referido artículo, da como resultado la cantidad de Bs. 24.000,00; en consecuencia, esta Juzgadora declara que la estimación de la demanda realizada por el demandante en la cantidad de Bs. 24.000,00, fue realizada dentro de lo establecido en el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se desecha la impugnación de la cuantía alegada por el demandado; y así se decide.
Del Fondo de la controversia de Desalojo
Aprecia ésta (sic) jurisdicente, que la pretensión de la empresa NAZ-DAR DE VENEZUELA, C.A. contra el ciudadano FERNANDO DANILO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, consiste en el desalojo de un bien inmueble constituido por un local comercial y el patio externo de la Quinta RAFA, con un área aproximada de 102 M2 ubicada en la Avenida Valencia Parpacen de la Urbanización La Florida, Municipio Libertador del Distrito Capital, el cual fue objeto de un contrato de arrendamiento suscrito entre los ciudadanos Hebe Fernández de Tehlikian arrendadora- y Fernando Ordóñez arrendatario- autenticado por ante la Notaría Pública Novena del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 29 de abril de 2002, bajo el N° 53, Tomo 59, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, y que fue cedido a la parte actora el día 23 de agosto de 2009, toda vez que alega un cambio en el uso que para dicho inmueble se pactó en el contrato de arrendamiento, sin el consentimiento previo y por escrito de su arrendadora, así como por haber ocasionado al referido bien deterioros mayores que los provenientes de su uso normal y efectuado reformas no autorizadas por la arrendadora.
Mientras que por su parte, al momento de dar contestación a la demanda la representación judicial de la parte demandada argumentó, que a los fines de determinar la vigencia de los contratos de arrendamiento, admite que suscribió dos contratos de arrendamientos, que el primero fue con fecha de inicio del 01/11/2001, autenticado en fecha 16/11/2012 (sic) y que él denomina como CONTRATO, cuyo objeto fue el alquiler de parte de un inmueble constituido por el garaje y patio interno de la quinta RAFA, con un área aproximada de 102 M2; que igualmente suscribió un segundo contrato, otorgado en fecha 24/04/2002, que el último contrato es ADENDUM del inicial; niega, rechaza y contradice que el único contrato de arrendamiento vigente sea el ADENDUM suscrito en fecha 24/04/2002, y que precisamente, este último fue suscrito a los fines de incorporar dentro de la relación arrendaticia otros usos o destinos que le permiten al demandado explotar dentro del inmueble, descrito en el CONTRATO y ADENDUM, todo ello, por cuanto desde que se inició la relación arrendaticia en ningún momento finalizó, y que no existe documento alguno de finiquito del inicial ni de su prórroga legal. Niega, rechaza y contradice, que no haya cumplido con lo estipulado en la cláusula quinta del ADENDUM, que hace referencia al tipo de actividad que puede desarrollarse dentro del inmueble, y aduce que, con motivo de la relación contractual suscrita puede en forma conjunta o individual desarrollar las actividades relacionadas y señaladas que se indican en el CONTRATO y ADENDUM, que son del tenor siguiente: venta de pinos, luces, adornos navideños, fuegos artificiales permitidos por las autoridades, artesanía, hierro forjado y flores.
Ahora bien, siendo uno de los puntos controvertidos por la parte demandada la fecha de inicio de la relación arrendaticia, tomando en cuenta que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes y que no pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por causas que estén autorizadas por la ley, y por cuanto las obligaciones deben cumplirse exactamente como fueron pactadas (artículos 1.159 y 1.264 del Código Civil), este Tribunal pasa a analizar los contratos de arrendamientos suscritos entre las partes en el presente juicio, y a tal efecto, se observa:
omissis
En tal sentido, se desprende del contrato de arrendamiento que riela a los folios 15 al 16 de la pieza 1, que fue suscrito entre la ciudadana HEBE FERNÁNDEZ DE TEHLIKIAN y el ciudadano FERNANDO DANILO ORDOÑEZ, autenticado por ante la Notaría Décimo Tercera del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 16/11/2001, y quedó inserto bajo el Nº 69, Tomo 83 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, la existencia de relación arrendaticia surgida entre las partes contratantes, respecto a una parte del inmueble constituido por un garaje y patio externo de la Quinta RAFA, con un área aproximada de 102 M2; se desprende en la cláusula tercera, que el contrato en cuestión tendría una duración de DOS (02) meses fijos, contados desde el 01 de noviembre de 2.001 hasta el 31 de diciembre de 2.001 y las partes declaran que en ningún caso operaría la tácita reconducción del arrendamiento. También se evidencia del referido contrato, que el inmueble dado en arrendamiento sería destinado única y exclusivamente para venta de pinos, luces, adornos navideños y fuegos artificiales permitidos por las autoridades; por lo que considera esta juzgadora, que el contrato inicial fue pactado a tiempo determinado con una duración de 2 meses, contados desde el 01/11/2001 hasta el 31/12/2001, y se desprende del mismo, que la intención de las partes era destinar el local arrendado única y exclusivamente para las actividades comerciales establecidas en el mismo, no evidenciándose de las actas que luego de vencido el mismo, el arrendatario haya seguido usando el local arrendado. Así se declara.
Asimismo, se observa de las actas la celebración de un nuevo contrato de arrendamiento, suscrito entre la ciudadana Hebe Fernández de Tehlikian, en su condición de arrendadora, por una parte y por la otra, el demandado, en su carácter de arrendatario, autenticado por ante la Notaría Pública Novena del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 24.04.2002, bajo el N° 53, Tomo 59, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, del cual se desprende que, se dio en arrendamiento un local comercial y patio externo de la Quinta RAFA, en cuya cláusula tercera se pactó su duración por el plazo de seis (06) meses fijos, contados a partir del día de la autenticación del contrato en cuestión, realizada en fecha 24 de abril de 2002, siendo su vencimiento en fecha 24/10/2002; por lo que se aprecia que de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 38 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, siendo que la relación arrendaticia tuvo una duración menor a un año, el arrendatario hizo uso del beneficio de prórroga legal por el plazo de 06 meses, por lo cual la prórroga legal venció el día 24/04/2003; y también se observa que en la cláusula quinta del contrato se pactó, que el destino de las actividades comerciales que se llevarían a cabo en el local comercial arrendado, serían única y exclusivamente para la venta de artesanía, hierro forjado y flores. Ahora bien, en virtud del alegato planteado por la parte demandada, referido a que el segundo contrato suscrito es un ADENDUM del contrato inicial, por cuanto considera que el primero fue suscrito con la intención de incorporar a la relación arrendaticia otros usos o destinos que permitieran su explotación en el bien inmueble arrendado, esta juzgadora observa que de la lectura del primer contrato de arrendamiento suscrito que fue autenticado en fecha 16/11/2001, no se desprende en ninguna de sus cláusulas que se incorporarían con posterioridad otros usos o destinos que permitieran su explotación en el referido inmueble arrendado; como tampoco se evidencia en el segundo contrato suscrito, que las actividades referidas en el anterior contrato podían explotarse conjuntamente con las establecidas en el segundo, evidenciándose del mismo, en su cláusula quinta como ya se indicó- que el destino de las actividades comerciales que se llevarían a cabo en el local comercial arrendado, serían única y exclusivamente para la venta de artesanía, hierro forjado y flores. Y aprecia quien suscribe, que al suscribirse el contrato de fecha 24 de abril de 2002, surgió una nueva relación arrendaticia por seis (06) meses, la cual se mantuvo hasta el 24 de octubre de 2002, a lo cual debe sumarse el lapso correspondiente a la prórroga legal que venció el 24 de abril de 2003, y luego de ese término, el arrendatario quedó y se le dejó en posesión de la cosa arrendada, considerándose renovado tácitamente el contrato de fecha 24 de abril de 2002, en las mismas condiciones que fueron pactadas transformándose en un contrato a tiempo indeterminado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.600 y 1.614 del Código Civil. Así se establece.
En este sentido, dado que la pretensión de la parte actora versa sobre acción de desalojo sobre el inmueble arrendado, este Tribunal para verificar la idoneidad de la acción escogida por la parte demandante-reconvenida para justificar su pretensión, observa que el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, publicado en Gaceta Oficial N° 36.845, de fecha 07 de diciembre de 1999, siendo la ley aplicable al presente caso por cuanto se trata de un local comercial, dispone lo siguiente: Artículo 34.- Sólo podrá demandarse el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arrendamiento verbal o por escrito a tiempo indeterminado, cuando la acción se fundamente en cualesquiera de las siguientes causales:
( )
d) En el hecho de que el arrendatario haya destinado el inmueble a usos deshonestos, indebidos o en contravención a la conformidad de uso concedida por las Autoridades Municipales respectivas o por quien haga sus veces, o por el hecho de que el arrendatario haya cambiado el uso o destino que para el inmueble se pactó en el contrato de arrendamiento, sin el consentimiento previo y por escrito del arrendador.
e) Que el arrendatario haya ocasionado al inmueble deterioros mayores que los provenientes del uso normal del inmueble, o efectuado reformas no autorizadas por el arrendador . (Negritas de esta Alzada).
En consecuencia, al haberse establecido la indeterminación en el tiempo del contrato de arrendamiento que obliga a las partes, por cuanto el arrendatario siguió haciendo uso del inmueble arrendado en las mismas condiciones que fueron pactadas luego del vencimiento de la prórroga legal, operando la tácita reconducción, considera este Tribunal que la acción por Desalojo intentada por la parte actora se subsume dentro de lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Ahora bien, de los alegatos de la parte actora referidos a que el arrendatario incumplió el contrato suscrito entre ellas, por cuanto quebrantó lo estipulado en la cláusula quinta, inherente al uso exclusivo del local para vender únicamente artesanía, hierro forjado y flores, por cuanto cambió la actividad para la que fue destinado el inmueble objeto del contrato de arrendamiento sin el consentimiento expreso y por escrito de su arrendadora, según lo establecido en el literal (d) del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; a tal efecto se observa:
omissis
Ahora bien, observa esta alzada que en el contrato de fecha 24 de abril de 2002, se estableció: El inmueble dado en arrendamiento, será destinado única y exclusivamente para la venta de artesanía, hierro forjado y flores ( ), siendo alegado por el accionante entre otros- que el arrendatario cambió el objeto del inmueble al disponer del área externa de la quinta RAFA como un taller, y vendió mercancías distintas a las convenidas (artesanía, hierro forjado y flores).
Por su parte, la demandada alegó en esta alzada que el local fue arrendado para uso comercial, lo cual, según aprecia esta juzgadora no fue controvertido en el transcurso del juicio; además, señaló que en el inmueble arrendado se efectuaban actos de comercio. Estos actos de comercio, según los alegatos de la demandada en la contestación, estaban constituidos por venta de pinos, luces, adornos navideños, fuegos artificiales permitidos por las autoridades, artesanía, hierro forjado y flores, lo cual puede englobarse dentro de los actos objetivos de comercio contemplados en el ordinal 1° del artículo 2 del Código de Comercio; coligiendo esta sentenciadora que el arrendador compraba mercancía para la reventa de esos mismos artículos (pinos, luces, adornos navideños, fuegos artificiales, artesanía y hierro forjado). De esta forma, establece esta sentenciadora que el inmueble fue arrendado para la realización de los actos a que hace referencia el ordinal 1° del artículo 2 del Código de Comercio, específicamente, para la venta de artesanía, hierro forjado y flores.
En este sentido, según la Inspección Judicial extra-litem practicada por el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio del Área Metropolitana de Caracas en fecha 29/07/2011, a la cual este Tribunal le otorgó valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 1.429 del Código Civil en concordancia con los artículos 429 y 938 del Código de Procedimiento Civil (al encontrarse presente la representación judicial de ambas partes), la juez dejó constancia que la parte externa del local se utiliza como área de exposición de cuadros y otras obras artísticas, así como taller de elaboración de cuadros y pintura; así como implementos relacionados con la ejecución de dichas actividades artísticas, lo cual no encuadra dentro de los actos objetivos de comercio, detallados anteriormente.
Pues bien, siendo que, como la misma parte demandada reconoce, el inmueble fue arrendado para la realización de la venta de artesanía, hierro forjado y flores, resulta totalmente incompatible la utilización de los espacios del inmueble arrendado para la creación de cuadros de pintura, o denominados retoques a los mismos, ya que esta actividad se encuentra excluida de las convenidas en el contrato de fecha 24 de abril de 2002, siendo su naturaleza totalmente distinta a la venta de artesanía, hierro forjado y flores.
Aunado a ello, se observa, tal y como lo afirmó la parte demandada en sus informes, que en el inmueble arrendado se comercializaban artículos navideños; este hecho quedó evidenciado mediante la inspección judicial extra-litem evacuada en fecha 08/12/2011, por el Tribunal Quinto de Municipio del Área Metropolitana de Caracas; respecto a la cual se le otorgó pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 1.429 del Código Civil en concordancia con los artículos 429 y 938 del Código de Procedimiento Civil, y de la misma se evidencia, que en ese momento se encontraban a la venta diversos artículos, accesorios y productos navideños, tales como pinos, luces, San Nicolás, velas, inflables y demás productos decorativos de carácter o motivo navideño, siendo que, como ya se señaló, el inmueble fue arrendado para la venta de artesanía, hierro forjado y flores.
De esta forma, tanto la utilización del inmueble para la creación de cuadros de pinturas, y retoques a los mismos, así como la venta en el local de bienes distintos a artesanía, hierro forjado y flores, como sería el caso de los artículos navideños observados en la inspección judicial de fecha 08 de diciembre de 2011, constituyen un incumplimiento a las obligaciones convenidas en el contrato de fecha 24 de abril de 2002, así como a las obligaciones que la ley estipula para los arrendatarios en el Código Civil, artículo 1.592: 1° Debe servirse de la cosa arrendada como un buen padre de familia y para el uso determinado en el contrato ( ), siendo dicha destinación la venta de artesanía, hierro forjado y flores, y no la venta diversos artículos, accesorios y productos navideños, tales como pinos, luces, San Nicolás, velas, inflables y demás productos decorativos de carácter o motivo navideño, ni la creación o retoque de cuadros de pinturas.
Además, dicho incumplimiento de las obligaciones del arrendatario se encuentra establecido entre una de las causales de desalojo previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, a tal efecto el artículo 34 del mencionado texto legal, en su literal d ( ).
Conforme a ello, considera quien se pronuncia, en virtud de lo establecido en la cláusula quinta del contrato suscrito entre las partes en fecha 24/04/2002, donde se estipula que el inmueble dado en arrendamiento sería destinado única y exclusivamente para la venta de artesanía, hierro forjado y flores; que la venta de diversos artículos, accesorios y productos navideños, durante el mes de diciembre de 2.011, así como la utilización del inmueble para la creación y retoques de cuadros de pinturas, constituye un cambio en la actividad exclusiva para la que fue destinado el local objeto del mencionado contrato de arrendamiento toda vez que no consta en los autos que la parte actora haya autorizado la venta de artículos navideños ni la utilización del inmueble como espacio para la creación y retoque de cuadros de pinturas; lo que hace forzoso para este Tribunal declarar el desalojo fundamentado en el literal (d) del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.
Por otra parte, en cuanto a la pretensión de la parte actora-reconvenida, fundamentada en que la demandada-reconviniente, incumplió lo estipulado en el contrato de arrendamiento por cuanto le causó deterioros mayores al uso normal del inmueble, pues al modificarle su uso ha hecho perforaciones en el suelo del patio para fijar sus cuadros que no fueron autorizados por la arrendadora, ni se corresponden con las mercancías señaladas en el contrato de arrendamiento; hecho totalmente negado y rechazado por la parte demandada, por cuanto aduce que él ha usado el inmueble como un buen padre de familia, y que las estructuras y toldos instalados no se encuentran fijos.
En este sentido, según la inspección judicial intra litem, practicada en fecha 14 de junio de 2012, llevada a cabo por el juez de la causa con la colaboración del Ingeniero César Rodríguez, práctico designado, en el inmueble arrendado se observó: ( )se deja constancia con la colaboración del práctico designado que el techo tanto del depósito como del local se encuentran en buen estado de mantenimiento y conservación, en cuanto a la pintura blanca que lo cubre, con las condiciones normales del objeto al cual está siendo destinado. En lo que se refiere al Particular Quinto, se deja constancia con la colaboración del práctico designado que en el área de exhibición o patio externo, que da su frente hacia la Avenida Los Mangos, con un área de ochenta metros cuadrado con noventa y siete decímetros cuadrados (80,97 M2), se observa un toldo de material plástico acerado tipo resistente de color blanco, el cual está sostenido a una estructura metálica tipo liviana, apreciándose estable y en buen estado de conservación; dicho toldo cubre más del noventa por ciento (90%) del área donde está ubicado y dentro del mismo se detectan puntos de iluminación, los cuales se encuentran alimentados del braker principal del local arrendado, cuyo medidor tiene el serial Nº 101704327, siendo que el mismo también alimenta los punto de toma-corriente existentes en el citado espacio. Asimismo, se observa la existencia de un cerramiento tipo portón santamaría (tipo enrollable), y rejas batientes tipo metálica, las cuales cubren el cerramiento total del frente del inmueble objeto de la presente inspección judicial. Igualmente, se observan cables de alimentación eléctrica, los cuales tienen por finalidad la operatividad del sistema eléctrico existente en dicha área, encontrándose adosados y fijados a la intemperie a la estructura del toldo antes descrito, sin tubería canalizadora. En lo relativo a los apoyos de la estructura metálica que sirve de sostén al toldo, se observa que los mismos están apoyados superficialmente y en algunos puntos se encuentran amarrados en su parte inferior con alambres, evitando así el pandeo del mismo. Finalmente, se observa la existencia de aberturas ubicadas en el piso del patio externo, siendo que en dichas aberturas se encuentran unos remaches para la colocación de tornillos tira fondo con argolla en la parte superior, los cuales sirven para el sostenimiento de cortinas ubicadas (Sic) las partes laterales y frontales de dicho patio..
Así, considera quien decide que si bien el arrendatario instaló infraestructuras (toldos), se aprecia que las mismas no modifican de forma permanente la estructura del inmueble, ya que como estableció el práctico, las mismas están apoyadas superficialmente, lo que no afecta la fachada externa de la quinta RAFA, tal y como fue aducido por el actor en su libelo. En consecuencia, como no fue probado que tales infraestructuras ocasionen al inmueble deterioros mayores que los provenientes del uso normal del mismo, la solicitud efectuada por la parte actora, referida al desalojo derivado del supuesto contenido en el literal e del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, no puede prosperar. Así se declara.
DE LA RECONVENCIÓN
PUNTO PREVIO
DE LA FALTA DE LEGITIMIDAD
Opone la parte actora reconvenida, su falta de legitimidad como arrendador solidario en la reconvención.
Respecto a este particular, se observa que la parte actora se encuentra conformada por la empresa NAZ-DAR DE VENEZUELA, C.A. siendo éste el único arrendador, en virtud del contrato privado suscrito por la ciudadana HEBE FERNANDEZ DE TEHLIKIAN, mediante el cual declara que le cede y traspasa sin reserva alguna a la compañía NAZ-DAR DE VENEZUELA, C.A., todos los derechos y obligaciones y acciones que tiene sobre el contrato de arrendamiento celebrado con el ciudadano FERNANDO DANILO ORDOÑEZ, por una parte del inmueble propiedad de la mencionada compañía y constituido por un local comercial y patio externo de la quinta RAFA con un área aproximada de 102 M2; en consecuencia, aprecia esta jurisdicente que en el mencionado contrato de arrendamiento, sólo hay dos partes, a saber, la empresa NAZ-DAR DE VENEZUELA, C.A. en su carácter de arrendadora (dada la cesión)- y el ciudadano FERNANDO DANILO ORDOÑEZ como arrendatario-; por lo que la referida empresa tiene cualidad para actuar en el presente juicio, razón por la que se desecha tal alegato. Y así se establece.
DEL FONDO DE LA RECONVENCIÓN
Como antes se indicó, corresponde a la parte demandada-reconviniente demostrar que sobre el inmueble dado en arrendamiento pesa una Resolución dictada por las autoridades de la Dirección de Inquilinato, donde se estipula que el canon de arrendamiento máximo permitido a cobrar por el inmueble en su conjunto es la cantidad de Bolívares anteriores de Dos Mil Quinientos Veintiséis Bolívares con Quince Céntimos (Bs.2.526,15), que equivalen a bolívares actuales de Dos con Cincuenta y Dos Céntimos (Bs.2,52); que de la totalidad del inmueble que ocupa un área de terreno de 333,25 M2, al demandado le fue otorgado en alquiler un área aproximada de 102 M2 según contratos suscritos, y que le corresponde una renta calculada a razón del 12% anual para comercio, para la porción dada en arrendamiento; y que en razón de ello, la empresa NAZ-DAR DE VENEZUELA, C.A. le debe reintegrar el pago de alquileres superiores a los legalmente fijados por la Dirección de Inquilinato; por cuanto dichos alegatos fueron rechazados por la parte actora reconvenida, argumentando que existía una sentencia proferida por el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 14/08/2008 en el expediente No. AP31-V-2008-001617, donde se dejó establecido que el canon mensual de arrendamiento era de Bs. 2.000,00, siendo ésta cosa juzgada material vinculante entre las partes.
Ahora bien, se observa de las actas procesales que cursan en autos, que el demandado reconviniente trajo como medio probatorio copia certificada del expediente No.50.864 de la nomenclatura interna del Ministerio para el Poder Popular de la Vivienda y Hábitat, de la Dirección General de Inquilinato, expedidas en fecha 20/04/2011 por la Directora General Carmen Cecilia Morantes, donde consta la Resolución No.1316 de fecha 03/03/1977, en la cual se fijó el canon de arrendamiento mensual para comercio al inmueble de marras en la cantidad de Bs.2.526,15 hoy Bs.F.2,52-, al cual se le otorgó valor probatorio por ser un documento público administrativo certificado por la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que goza de una presunción de autenticidad por ser realizado por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. La referida resolución es del siguiente tenor:
Vista la solicitud de la ciudadana Rosa Elena Tenreiro de Rassa, de fecha 17 de mayo de 1976, en la cual solicita regulación para comercio y exención de regulación para vivienda del inmueble denominado Quinta RAFA situada en la Avenida El Bosque, Urbanización La Florida. Parroquia El Recreo; y estudiados como han sido los correspondientes informes levantados al efecto, los cuales dan un avalúo total para el citado inmueble de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE BOLIVARES CON CINCUENTRA CENTIMOS (Bs. 252.614,50) distribuidos así:
333,25 m2 de Terreno a Bs.480,oo
Bs. 159.960,00
216,46m2 de Construcción a Bs.350,oo
Bs. 75.761,00
48,43m2 de Construcción a Bs. 250,oo
Bs. 12.107,50
17,86m2 de Construcción a Bs. 100,oo
Bs. 1.786,00
Obras Exteriores
Bs. 3.000,00
Total
Bs. 252.614,50
Correspondiéndole una renta calculada a razón del 12% anual para comercio, de conformidad con lo previsto en el Artículo 5º de la Ley de Regulación de Alquileres.-
Por tanto, esta Dirección en uso de sus atribuciones legales resuelve:
PRIMERO: Declarar al inmueble de autos exento de regulación para vivienda, de conformidad con lo pautado en el aparte b) del Artículo Segundo de la Ley de Regulación de Alquileres, por cuanto este representa un valor superior a los DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs.225.000,oo).-
SEGUNDO: fijar canon de arrendamiento máximo mensual para comercio al inmueble antes mencionado en la cantidad de: DOS MIL QUINIENTOS VEINTE SEIS BOLIVARES CON QUINCE CENTIMOS (Bs.2.526,15).-.
Se aprecia también que en el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes en fecha 24 de abril de 2002, se pactó en su cláusula segunda que el canon de arrendamiento sería la cantidad de QUINIENTOS DOLARES americanos (500$) o su equivalente al cambio en Bolívares, siendo éste un convenio entre las partes celebrado con posterioridad a la mencionada Resolución No.1316 de fecha 03/03/1977 emanada de la Dirección General de Inquilinato; por lo tanto, la misma quedó derogada tácitamente por la convención de las partes, así se declara.
Asimismo, se aprecia de las actas, que en fecha 04/07/2012 fue recibido por el Tribunal de la causa oficio Nº 381-12 de fecha 26-06-2012 procedente del Juzgado Primero de Municipio del Área Metropolitana de Caracas mediante el cual le informaba al a quo, que en ese Tribunal cursó demanda de DESALOJO presentada por el ciudadano KEVORK TEKLIKIAN, actuando en su carácter de Director General de la sociedad mercantil NAZ-DAR DE VENEZUELA, C.A., contra el ciudadano FERNANDO DANILO ORDOÑEZ, en la que se dictó sentencia definitiva el 14 de agosto de 2008. Y señaló el tribunal que dicho expediente no se encontraba en esa sede judicial, debido a que en fecha 23 de septiembre de 2008, dictó auto mediante el cual oyó en ambos efectos la apelación interpuesta por el abogado Luís González, siendo remitido mediante oficio Nº 10.677, de fecha 23 de septiembre de 2008, al Juzgado (Distribuidor) de Primera Instancia y que a la fecha no había sido devuelto, por lo que no le era posible afirmar si existía sentencia definitivamente firme en la causa. En razón de ello, siendo dicha decisión el sustento del alegato de la parte actora, según la cual, el arrendatario consignaba un canon de arrendamiento mensual a razón de Bs. 2.000,00, y al no haber constancia en autos de que la misma se encuentra definitivamente firme, no es determinante para esta Alzada, en cuanto a cosa juzgada material, que el canon de arrendamiento establecido sea por la cantidad de Bs. 2.000,00.
Ahora bien, ante tales circunstancias, siendo que no existe certeza en autos acerca del monto real del canon de arrendamiento vigente entre las partes a los fines de establecer si en efecto procede el reintegro demandado en la reconvención; dada la contradicción entre el monto de la Resolución No. 1.316 del 03 de marzo de 1977, emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Fomento, en la que se estableció que el canon de arrendamiento máximo mensual para comercio al inmueble objeto del contrato, correspondía a la suma de dos mil quinientos veintiséis bolívares con quince céntimos (Bs.2.526,15 o Bs.F. 2,52), y con posterioridad a esa resolución en fecha 24 de abril de 2002, se pactó que el canon de arrendamiento sería la cantidad de QUINIENTOS DOLARES americanos (500$) o su equivalente al cambio en Bolívares, convenio en el que no se señaló expresamente el monto en bolívares equivalente al cambio; teniendo además una sentencia definitiva emanada del Juzgado Primero de Municipio de esta Circunscripción Judicial, en la que se estableció que el canon de arrendamiento era la cantidad de dos mil bolívares fuertes (Bs.F.2.000,00), sentencia ésta que no está aun definitivamente firme; evidentemente la acción de reintegro del pago de alquileres presuntamente superiores a los legalmente fijados por la Dirección de Inquilinato, en Resolución Nº 1.316 de fecha 3 de marzo de 1977, no puede prosperar conforme lo dispone el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que establece que no declarará con lugar la demanda sino cuando, a juicio del juzgador, exista plena prueba de los hechos alegados en ella; y así se declara.
En virtud de todas estas consideraciones, resulta forzoso para esta sentenciadora declarar sin lugar la reconvención planteada por el ciudadano Fernando Danilo Ordóñez, y así se declara.
III
COMPETENCIA
Esta Sala, como pronunciamiento preliminar, debe fijar su competencia para el conocimiento y decisión de la acción de amparo constitucional de autos. Al respecto, se observa que la pretensión se ejerció bajo la modalidad de amparo contra un acto jurisdiccional, prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En tal sentido, esta Sala estableció en decisión N° 1 del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), que forma parte de sus competencias procesales conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones judiciales dictadas por los Juzgados Superiores de la República, las Cortes de lo Contencioso-Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal y respecto de las decisiones emanadas de los Juzgados Superiores en lo Contencioso-Administrativo, en tanto su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal.
El criterio antes expresado fue recogido en el numeral 20 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de tal forma que, visto que en el presente caso se ejerció la acción de tutela constitucional contra la sentencia dictada el 20 de febrero de 2013, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que decidió en segundo grado de jurisdicción la demanda de desalojo ejercida por la sociedad mercantil Naz-Dar, C.A., contra el ciudadano Fernando Danilo Ordóñez, esta Sala asume su competencia para tramitarla y decidirla, y así se declara.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del asunto sometido a su conocimiento y, al efecto, observa:
Del examen de la demanda de amparo, se advierte que la misma cumple con los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.
Respecto a la admisibilidad de la pretensión sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad que estableció el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala concluye que, por cuanto no se halla incursa prima facie en tales causales, la pretensión es admisible. Así se declara.
Ahora bien, como quiera que la acción de amparo constitucional se ejerció contra un acto que emana de un órgano jurisdiccional, estima preciso esta Sala acotar que ha sido criterio reiterado, que este tipo de demanda constituye un mecanismo procesal con características que la diferencian de las demás pretensiones de amparo, así como de las otras vías existentes para la impugnación de dichos actos jurisdiccionales, razón por la cual a las demandas de amparo constitucional contempladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se le han señalado especiales presupuestos para su procedencia, como son el que el juez haya actuado fuera de su competencia, de manera que lesione un derecho constitucional. De allí, que su incumplimiento conlleva la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, en atención a los principios de celeridad y economía procesal.
En tal sentido, se aprecia que la Sala en innumerables decisiones ha señalado que la solicitud de amparo incoada, con base en el citado artículo 4 eiusdem, debe precisar no sólo la actuación fuera de su competencia del órgano jurisdiccional denunciado como agraviante, sino que además debe indicar de qué manera dicha actuación vulnera derechos constitucionales del quejoso.
En atención a lo expuesto, se advierte que la parte accionante fundamentó la presente acción de amparo en la violación del derecho a la defensa por cuanto, omitió la valoración de la cláusula quinta del contrato de arrendamiento en la cual se fijo el objeto del local comercial dado en arrendamiento, lo que ( ) hubiese incidido en el resultado de las partes, máxime cuando en todo contrato priva la autonomía de las partes y según aduce degeneró en la procedencia del desalojo, que atenta contra el derecho al trabajo de la parte accionante así como de ( ) veintisiete (27) artesanos, pintores y escultores que dependen de la actividad que se lleva a cabo el mencionado local ( ).
En este orden de ideas, se aprecia que sin entrar en el examen de la valoración de las pruebas por parte del juez, lo cual forma parte de la autonomía e independencia que tiene al decidir (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 501/2002), la salvaguarda del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva se centra en el deber de éstos -jueces- de apreciar todas y cada una de las pruebas para el establecimiento de los hechos, independientemente de la relevancia o no del análisis en la conformación de la decisión jurisdiccional, tal como lo establece el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 1871/2006).
Así pues, cuando tal análisis resulta omitido o se prescinde de algún aspecto de éstas que guarde relación con un hecho que haya sido alegado y controvertido dentro del proceso, el Juez incurre en un error de juzgamiento que la doctrina y jurisprudencia denominan silencio de pruebas que, por lo general, comporta violación al derecho a la defensa y, por ende, al debido proceso que reconoce el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dicho vicio se encuentra aparejado con el deber del juez de decidir conforme a lo alegado por las partes, lo cual conlleva consecuentemente a otro deber, el cual consiste en que el mismo debe resolver todos y cada uno de los alegatos expuestos por las partes, en aras de no vulnerar, se insiste, los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, como un mecanismo garantista para los ciudadanos que acudan ante los órganos de justicia. Al efecto, tales consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243 ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil, que rezan textualmente:
Artículo 15. Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
Artículo 243. Toda sentencia debe contener:
...(omissis)...
5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
Artículo 244. Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.
Respecto, a la presunta violación de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa, como consecuencia de haber incurrido la sentencia impugnada en el vicio de incongruencia, debe destacarse la sentencia de la Sala n.º 1.340 del 25 de junio de 2002, donde señaló:
(...) el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre -lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley.
Asimismo, sostuvo en sentencia n.° 2.036 del 19 de agosto de 2002 (caso: Plaza Suite I, C.A.), que:
(...) la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.
Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.
En este mismo sentido, resulta importante destacar sentencia de esta Sala N° 1.893 del 12 de agosto de 2002 (caso: Carlos Miguel Vaamonde Sojo), en la cual se estableció que el derecho a la tutela judicial eficaz comprende el derecho a la obtención de una sentencia motivada, razonable y congruente. Al efecto, dispuso:
( ) Esta Sala ha señalado que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia. Dentro de esas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vid. Sentencia del 16 de octubre de 2001, caso: Luisa Elena Belisario de Osorio) ( ).
Este mismo criterio, fue ratificado, entre otras, en sentencia Nº 3.711, del 6 de diciembre de 2005 (caso: Dámaso Aliran Castillo Blanco y otros), en la cual se expresó:
( ) El derecho a la tutela judicial efectiva exige no solamente el acceso a los tribunales, sino que éstos resuelvan sobre las pretensiones que ante ellos se formulen, es decir, incluye el derecho de obtener una resolución sobre el fondo de la pretensión formulada, aun cuando la resolución no sea favorable a los requerimientos del solicitante, pero, siempre y cuando se trate de una resolución razonable, congruente y fundada en derecho acerca de todos y cada uno del o los asuntos demandados ( ).
En atención a los referidos criterios jurisprudenciales, se advierte que el juez competente al momento de decidir la pretensión interpuesta debe pronunciarse respecto a todos los alegatos formulados por las partes, así como los elementos probatorios que se encuentren en el expediente, atendiendo a la globalidad de los mismos y no a la determinación específica de una individualidad, so pena de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes.
Conforme a lo precedentemente expuesto, debe esta Sala apreciar si tal como lo alega la parte accionante, existió una omisión en cuanto a la valoración del contrato de arrendamiento, advirtiéndose sin embargo del contexto del fallo impugnado que el referido Juzgado sí analizó el objeto del contrato de arrendamiento, e invocó las pruebas cursantes en el expediente inspección judicial- para fundamentar su decisión, cuando dispuso:
Por su parte, la demandada alegó en esta alzada que el local fue arrendado para uso comercial, lo cual, según aprecia esta juzgadora no fue controvertido en el transcurso del juicio; además, señaló que en el inmueble arrendado se efectuaban actos de comercio. Estos actos de comercio, según los alegatos de la demandada en la contestación, estaban constituidos por venta de pinos, luces, adornos navideños, fuegos artificiales permitidos por las autoridades, artesanía, hierro forjado y flores, lo cual puede englobarse dentro de los actos objetivos de comercio contemplados en el ordinal 1° del artículo 2 del Código de Comercio; coligiendo esta sentenciadora que el arrendador compraba mercancía para la reventa de esos mismos artículos (pinos, luces, adornos navideños, fuegos artificiales, artesanía y hierro forjado). De esta forma, establece esta sentenciadora que el inmueble fue arrendado para la realización de los actos a que hace referencia el ordinal 1° del artículo 2 del Código de Comercio, específicamente, para la venta de artesanía, hierro forjado y flores.
En este sentido, según la Inspección Judicial extra-litem practicada por el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio del Área Metropolitana de Caracas en fecha 29/07/2011, a la cual este Tribunal le otorgó valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 1.429 del Código Civil en concordancia con los artículos 429 y 938 del Código de Procedimiento Civil (al encontrarse presente la representación judicial de ambas partes), la juez dejó constancia que la parte externa del local se utiliza como área de exposición de cuadros y otras obras artísticas, así como taller de elaboración de cuadros y pintura; así como implementos relacionados con la ejecución de dichas actividades artísticas, lo cual no encuadra dentro de los actos objetivos de comercio, detallados anteriormente.
Pues bien, siendo que, como la misma parte demandada reconoce, el inmueble fue arrendado para la realización de la venta de artesanía, hierro forjado y flores, resulta totalmente incompatible la utilización de los espacios del inmueble arrendado para la creación de cuadros de pintura, o denominados retoques a los mismos, ya que esta actividad se encuentra excluida de las convenidas en el contrato de fecha 24 de abril de 2002, siendo su naturaleza totalmente distinta a la venta de artesanía, hierro forjado y flores.
Aunado a ello, se observa, tal y como lo afirmó la parte demandada en sus informes, que en el inmueble arrendado se comercializaban artículos navideños; este hecho quedó evidenciado mediante la inspección judicial extra-litem evacuada en fecha 08/12/2011, por el Tribunal Quinto de Municipio del Área Metropolitana de Caracas; respecto a la cual se le otorgó pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 1.429 del Código Civil en concordancia con los artículos 429 y 938 del Código de Procedimiento Civil, y de la misma se evidencia, que en ese momento se encontraban a la venta diversos artículos, accesorios y productos navideños, tales como pinos, luces, San Nicolás, velas, inflables y demás productos decorativos de carácter o motivo navideño, siendo que, como ya se señaló, el inmueble fue arrendado para la venta de artesanía, hierro forjado y flores.
De esta forma, tanto la utilización del inmueble para la creación de cuadros de pinturas, y retoques a los mismos, así como la venta en el local de bienes distintos a artesanía, hierro forjado y flores, como sería el caso de los artículos navideños observados en la inspección judicial de fecha 08 de diciembre de 2011, constituyen un incumplimiento a las obligaciones convenidas en el contrato de fecha 24 de abril de 2002, así como a las obligaciones que la ley estipula para los arrendatarios en el Código Civil, artículo 1.592: 1° Debe servirse de la cosa arrendada como un buen padre de familia y para el uso determinado en el contrato ( ), siendo dicha destinación la venta de artesanía, hierro forjado y flores, y no la venta diversos artículos, accesorios y productos navideños, tales como pinos, luces, San Nicolás, velas, inflables y demás productos decorativos de carácter o motivo navideño, ni la creación o retoque de cuadros de pinturas.
Además, dicho incumplimiento de las obligaciones del arrendatario se encuentra establecido entre una de las causales de desalojo previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, a tal efecto el artículo 34 del mencionado texto legal, en su literal d ( ).
Conforme a ello, considera quien se pronuncia, en virtud de lo establecido en la cláusula quinta del contrato suscrito entre las partes en fecha 24/04/2002, donde se estipula que el inmueble dado en arrendamiento sería destinado única y exclusivamente para la venta de artesanía, hierro forjado y flores; que la venta de diversos artículos, accesorios y productos navideños, durante el mes de diciembre de 2.011, así como la utilización del inmueble para la creación y retoques de cuadros de pinturas, constituye un cambio en la actividad exclusiva para la que fue destinado el local objeto del mencionado contrato de arrendamiento toda vez que no consta en los autos que la parte actora haya autorizado la venta de artículos navideños ni la utilización del inmueble como espacio para la creación y retoque de cuadros de pinturas; lo que hace forzoso para este Tribunal declarar el desalojo fundamentado en el literal (d) del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.
En atención a lo anterior, se aprecia que a diferencia de lo expuesto en el escrito de amparo por la parte accionante, sí existió una valoración de las pruebas en la motivación del fallo, así como un pronunciamiento de las cláusulas contractuales establecidas en el contrato de arrendamiento, invocándose incluso éstas textualmente en los folios 38 y 39 del fallo impugnado, razón por la cual, no se verifica una omisión en cuanto a los argumentos de fondo, ya que el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, estimó el incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato de arrendamiento, y por vía de consecuencia, confirmó la decisión de desalojo, apreciación que esta Sala no puede juzgar mediante el amparo constitucional sino la presunta omisión constitucional de pronunciamiento alegada en relación con los argumentos expuestos en el proceso (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 893/2004).
Asimismo, es de destacar que atendiendo a la reiterada jurisprudencia de esta Sala, no se puede hacer uso de la acción de amparo constitucional como una tercera instancia, frente a los posibles errores de juzgamiento que alega el accionante, mediante el cual pretende la revocatoria de la sentencia del Juez de mérito, por haber dado por probada la procedencia del desalojo con fundamento en la modificación de la actividad objeto del contrato de arrendamiento, cuando estableció que: ( ) en virtud de lo establecido en la cláusula quinta del contrato suscrito entre las partes en fecha 24/04/2002, donde se estipula que el inmueble dado en arrendamiento sería destinado única y exclusivamente para la venta de artesanía, hierro forjado y flores; que la venta de diversos artículos, accesorios y productos navideños, durante el mes de diciembre de 2.011, así como la utilización del inmueble para la creación y retoques de cuadros de pinturas, constituye un cambio en la actividad exclusiva para la que fue destinado el local objeto del mencionado contrato de arrendamiento toda vez que no consta en los autos que la parte actora haya autorizado la venta de artículos navideños ni la utilización del inmueble como espacio para la creación y retoque de cuadros de pinturas; lo que hace forzoso para este Tribunal declarar el desalojo fundamentado en el literal (d) del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara (Negrillas de esta Sala)
En atención a lo expuesto, se advierte que lejos de verificarse la presunta omisión del Juzgado agraviante denunciada, se verificó por el contrario que el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas valoró expresamente los argumentos de hecho y derecho formulados por las partes, por lo que, en consecuencia debe esta Sala destacar sentencia de esta Sala n.° 2.482/2003, en la cual se estableció con claridad la improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando la misma sea ejercida con la finalidad de revisar la apreciación del juez, lo cual forma parte del principio de autonomía e independencia del juez. Al efecto, se dispuso:
Ahora bien, en virtud de los alegatos expuestos por el apoderado judicial de la accionante, en relación con los hechos de los que se pretende deducir la violación constitucional denunciada, se desprende que los mismos van dirigidos a evidenciar los posibles errores de juzgamiento en los que supuestamente incurrió la sentencia accionada, toda vez que repuso la causa al estado de publicar nuevamente los edictos relacionado a la citación de los herederos del ciudadano Lizardo Olaguibel.
En este sentido, es preciso advertir que esta Sala ha señalado en sentencia del 20 de febrero de 2001 (Caso Alimentos Delta, C.A.), que ratificó el criterio expuesto en la sentencia del 27 de julio de 2000 (Caso Seguros Corporativos, C.A. y otros), lo siguiente:
(...) en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del Poder Público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución.
omissis..
En efecto, mediante la presente acción de amparo, la quejosa está atacando la valoración del Juez de alzada, que forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración de los hechos y del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento. Por tal motivo, esta Sala considera ajustado el criterio establecido por la sentencia apelada al señalar que el Juez Constitucional se encuentra imposibilitado para analizar las razones de mérito en las que el juez accionado fundamentó su fallo, ya que ello forma parte de la soberana apreciación del juzgador.
De allí que, como se expresó, al no existir las violaciones constitucionales invocadas por el apoderado judicial de la accionante, resulta forzoso para esta Sala confirmar la decisión dictada el 22 de agosto de 2002, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente la acción de amparo interpuesta. Así se decide.
Asimismo, la Sala se ha pronunciado en cuanto a los errores de juzgamiento, en doctrina establecida en decisión n.° 828 del 27 de julio de 2000 caso: Segucorp donde se estableció:
(...) hay que distinguir entre la incorrecta aplicación de una norma, su omisión, o los errores en su interpretación, que se refieren a su actividad y entendimiento, de la infracción de un derecho o garantía constitucional. Estos no se ven -en principio- vulnerados, porque la norma deja de aplicarse, se aplica mal o se interpreta erradamente. Estos vicios, por sí mismos, no constituyen infracción constitucional alguna, y es del ámbito del juzgamiento de los jueces, corregir los quebrantamientos señalados, los cuales pueden producir nulidades o ser declarados sin lugar. Cuando estos vicios se refieren a las normas de instrumentación del derecho constitucional, en principio los derechos fundamentales no quedan enervados. La forma como interpretan la Ley el Juez o la Administración o su subsiguiente aplicación, puede ser errada u omisiva, pero necesariamente ello no va a dejar lesionado un derecho o una garantía constitucional, ni va a vaciar su contenido, haciéndolo nugatorio. Por ejemplo, en un proceso puede surgir el quebrantamiento de normas procesales, pero ello no quiere decir que una parte ha quedado indefensa, si puede pedir su corrección dentro de él.
( ) omissis ( )
Los errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de las normas legales, en principio no tienen por qué dejar sin contenido o contradecir una norma constitucional, motivo por el cual ellos no pueden generar amparos. Lo que los generan es cuando los errores efectivamente hagan nugatoria la Constitución, que la infrinjan de una manera concreta y diáfana. Es decir, que el derecho o garantía constitucional, en la forma preceptuada en la constitución, quede desconocido. (Subrayado de este fallo).
De manera que, en el presente caso a diferencia de lo planteado por el accionante el Juzgado presuntamente agraviante fue exhaustivo en cuanto a la valoración de las pruebas y la estimación del fondo de la controversia, en razón de lo cual no evidencia esta Sala, que la sentencia impugnada adolezca de vicios de inconstitucionalidad, toda vez que de los alegatos expuestos por el apoderado judicial de la accionante respecto los hechos de los cuales trata de colegir la violación constitucional, lo que se desprende es que los mismos están dirigidos a evidenciar los posibles errores de juzgamiento en los que supuestamente incurrió la sentencia accionada.
Siendo ello así, esta Sala considera pertinente indicar que en sentencia del 20 de febrero de 2001 (caso: Alimentos Delta, C.A.), se ratificó el criterio expuesto en sentencia del 27 de julio de 2000, (caso: Seguros Corporativos, C.A., Agropecuaria Alfil, S.A. y Fernando Cárdenas), en los siguientes términos:
(...) la situación jurídica del ciudadano es un concepto complejo, en el que destacan derechos y deberes, pero la acción de amparo tutela un aspecto de la situación jurídica del ciudadano que son sus derechos fundamentales, pues la defensa de los derechos subjetivos -diferentes a los derechos fundamentales y las libertades públicas- y los intereses legítimos, se realiza mediante recursos administrativos y acciones judiciales. Por ejemplo, no es lo mismo negar la posibilidad a un ciudadano de tener la condición de propietario, que una discusión acerca de la titularidad de un bien entre particulares, cuya protección se ejerce mediante una acción judicial específica: la reivindicación. Pero, si se niega a un ciudadano su derecho a defender su propiedad, se le niega un derecho fundamental, cuyo goce y ejercicio debe ser restituido.
Esto trae como consecuencia, que en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales, en la cual el juez que conoce del amparo puede pronunciarse acerca del contenido o aplicación de las normas constitucionales que desarrollan los derechos fundamentales, revisar la interpretación que de éstas ha realizado la administración pública o los órganos de la administración de justicia, o establecer si los hechos de los que se deducen las violaciones constitucionales, constituyen una violación directa de la Constitución (...).
Por ello, juzga esta Sala que en el presente caso el órgano jurisdiccional presuntamente agraviante no abusó ni se extralimitó en su competencia, por lo cual no se configura la violación constitucional aducida por el quejoso, en los términos del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia, se declara improcedente in limine litis la acción de amparo constitucional ejercida. Así se declara.
Finalmente, declarada la improcedencia in limine litis de la presente acción de amparo, resulta inoficioso pronunciarse sobre la medida cautelar innominada solicitada, en virtud de su carácter accesorio. Así se declara.
V
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional y declara IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS el amparo ejercido por el ciudadano FERNANDO DANILO ORDÓÑEZ, titular de la cédula de identidad n.° 6.269.608, asistido por los abogados Leopoldo Pita Martínez, Gladys Marlene Guillen Maizo y José Gonzalo Roa Ríos, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 127.826, 193.351 y 73.250, respectivamente, contra la sentencia dictada el 20 de febrero de 2013, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de julio de dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Los Magistrados,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N º 13-0445
LEML/
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