Sentencia N.º 967
- Sentencia
- N.º 967
- Fecha
- 09/08/2000
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 00-1082
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
Mediante Oficio No. 164 de fecha 16 de marzo de 2000, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el expediente contentivo de solicitud de habeas corpus ejercida por el ciudadano GABRIEL FERNANDO LOZANO SÁNCHEZ, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº E.-81.470.808, asistido por el abogado ROBERTO RAMÍREZ MELÉNDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 29.455. Dicha acción fue intentada por la presunta violación al derecho a la libertad consagrado en el artículo 60 de la Constitución de la República de Venezuela de 1961.
En fecha 24 de marzo esta Sala Constitucional recibió el expediente, se dio cuenta del mismo y se designó ponente a quien con tal carácter suscribe el presente fallo. Efectuada la lectura del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES
El accionante introdujo en fecha 13 de noviembre de 1999, ante el Juez de Control No. 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, escrito contentivo de acción de amparo donde solicitaba un mandamiento de habeas corpus a su favor, para garantizar su libertad personal, de conformidad con la Constitución de la República de Venezuela de 1961, vigente para ese momento. Dicha acción fue ejercida contra la orden de detención que libró el Prefecto del Municipio Valera contra el ciudadano GABRIEL FERNANDO LOZANO SÁNCHEZ.
El 24 de noviembre de 1999, el Tribunal de Control Nº 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, quien se había abocado al conocimiento del habeas corpus, declaró con lugar tal solicitud, por cuanto, según manifestó ese juzgado en su decisión, en el expediente sólo constaba la información del prefecto que decía que el accionante no había sido detenido, por lo que, consideró ciertas las declaraciones del ciudadano GABRIEL FERNANDO LOZANO SÁNCHEZ; y en consecuencia ordenó, se remitiera a la Corte de Apelaciones la sentencia para cumplir con la consulta legal.
En fecha 13 de marzo de 2000, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, dictó sentencia y declaró: 1.- sin lugar la solicitud de habeas corpus, 2.- por ser temeraria la acción, condenó en costas al accionante, y 3.- como por ser falso el hecho imputado puede tipificar un hecho punible, ordenó remitir las actuaciones al Fiscal Superior del Estado Trujillo, con la finalidad de que procediera a realizar la indagación correspondiente.
Posteriormente, el 16 de marzo de 2000, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, acordó de conformidad con lo establecido en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, remitir el expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
PUNTO PREVIO
Con fecha 20 de enero de 2000 (casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), esta Sala Constitucional, determinó su competencia en materia de amparo constitucional, todo de conformidad con la Constitución vigente y la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Así, respecto a la labor revisora de las sentencias de amparo que atribuye a esta Sala el numeral 10 del artículo 336 de la vigente Constitución, se expresó que a pesar de que la figura de la revisión será desarrollada por una ley orgánica, esta Sala Constitucional por vía excepcional, puede revisar discrecionalmente, en forma selectiva, sin atender a recurso específico y sin quedar vinculada por peticiones en este sentido, las sentencias de amparo dictadas en segunda instancia y que por lo tanto, no sean susceptibles de consulta, así como cualquier otro fallo que desacate la doctrina vinculante de esta Sala, dictada en materia constitucional.
Este poder revisorio general lo entiende la Sala y lo hace extensivo a las sentencias de amparo, en el sentido de que, si el accionante aduce la violación de un determinado derecho o garantía constitucional, y la Sala considera que los hechos probados tipifican otra infracción a la Constitución, no alegada, la Sala puede declararla de oficio.
Ahora bien, en el presente caso, se cumplió con la doble instancia requerida en las acciones de amparo, por lo tanto, el expediente contentivo de la acción de amparo, no debe ser remitido a esta Sala Constitucional para una nueva revisión, ya que, esa tercera instancia no está consagrada ni en la ley especial que rige la materia, ni en la Constitución vigente, porque, como quedó establecido con anterioridad, la facultad de revisar las sentencias de amparo constitucional establecida en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una facultad discrecional, selectiva, que no atiende a recurso específico, y por lo tanto no son vinculantes para la Sala las peticiones que en ese sentido se hagan. En consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, para que proceda a ejecutar la decisión.
DECISION
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, Ordena se devuelva inmediatamente el presente expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 09 días del mes de AGOSTO de dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vice-Presidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Ponente
Los Magistrados,
HÉCTOR PEÑA TORRELLES
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
MOISÉS A. TROCONIS VILLARREAL
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. Nº: 00-1082
JEC/
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