Sentencia N.º 967
- Sentencia
- N.º 967
- Fecha
- 28/05/2002
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 01-1973
- Ponente
- Iván Rincón Urdaneta
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: Iván Rincón Urdaneta
Mediante oficio signado bajo el número 2001/135 del 30 de agosto de 2001, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados ALVARO ERNESTO RODRIGUEZ CASTILLO y ALBERTO JOSE RODRIGUEZ CASTILLO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 21.914 y 36.708, actuando en nombre propio y en representación del ciudadano ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, contra las presuntas acciones lesivas del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.
Tal remisión obedece a la consulta obligatoria prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
I
ANTECEDENTES
De un estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente se desprenden los siguientes antecedentes:
El 7 de octubre de 1999, el ciudadano Alberto Rodríguez Rodríguez demandó por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas a la ciudadana Amelia González Moreno, por concepto de ejecución de hipoteca.
El 21 de febrero de 2000, el Alguacil informó al Tribunal Tercero de Primera Instancia que los días 4 y 10 de febrero del mismo año intentó practicar la citación de la ciudadana Amelia González Moreno sin que ésta se encontrara en su domicilio.
El 9 de marzo de 2000, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas libró cartel de intimación a la ciudadana Amelia González Moreno.
El 3 de julio de 2000, el Alguacil informó nuevamente al Tribunal Tercero de Primera Instancia que los días 9 y 31 de mayo y los días 7 y 30 de junio del mismo año intentó practicar la citación de la ciudadana Amelia González Moreno sin que ésta se encontrara en su domicilio.
El 20 de noviembre de 2000, el apoderado judicial de la demandada opuso ante el tribunal de la causa la cuestión previa contenida en el artículo 346, ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, referente a la ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, por no tener el carácter que se le atribuye.
El 22 de noviembre de 2000, la representación de la parte demandada formuló nuevamente oposición a la solicitud de pago contra su representada fundamentándola en el artículo 663 ordinal 5º y 664 del Código de Procedimiento Civil, referente a la
disconformidad con el saldo establecido por el acreedor en la solicitud de ejecución
.
El 27 de noviembre de 2000, el actor solicitó al tribunal de la causa declarara la extemporaneidad de los escritos presentados por la representación judicial de la demandante los días 20 y 22 de noviembre del mismo año y decretara el embargo inmediato del inmueble hipotecado.
El 7 de diciembre de 2000, el tribunal a quo decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el bien inmueble objeto de la hipoteca.
El 14 de diciembre de 2000, el Juzgado Tercero de Primera Instancia antes nombrado, dictó sentencia interlocutoria por medio de la cual estimó que del poder otorgado por la demandada, ciudadana Amelia González Moreno, a su apoderado Nelson Barazarte, no consta en dicho instrumento la facultad para darse por intimado, razón por la cual negó la medida de embargo solicitada por el actor y ordenó la reposición de la causa al estado de que se practique la intimación por carteles de la ejecutada o que se logre la intimación a través de apoderado debidamente facultado para darse por intimado.
El 7 de mayo de 2001, el demandante solicitó al Tribunal de la causa decretara medida de embargo ejecutivo, vista la falta de comparecencia de la demandada en el juicio de ejecución de hipoteca.
Los días 12 y 26 de febrero de 2001, y los días 5 y 13 de marzo del mismo año, previa orden del Juzgado Tercero de Primera Instancia antes aludido, se publicaron los carteles de intimación a la ciudadana Amelia González en el diario El Nacional, conforme lo establecen los artículos 650 y 665 del Código de Procedimiento Civil.
El 14 de mayo de 2001, el tribunal a quo negó la medida de embargo solicitada fundamentándose en el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que para la presente fecha no se ha efectuado la designación del Defensor Judicial de la ejecutada; en consecuencia, designó a la abogada Carolina Montoto como defensora ad-litem de la demandada.
El 28 de mayo de 2001, el Alguacil del Juzgado a quo insertó diligencia en el expediente por medio de la cual informó que el 24 de mayo del mismo año practicó la citación de la abogada Carolina Montoto y consignó una Boleta de Notificación firmada.
El 13 de julio de 2001, el Juzgado de Primera Instancia ordenó notificar nuevamente a la abogado Carolina Montoto, defensora judicial de la ciudadana Amelia González por cuanto la Boleta de Notificación de fecha 14 de Mayo de 2001
(omissis) carece de la firmada (sic) de la Defensora Judicial, la cual fue efectuada el 25 de junio del mismo año.
El 6 de agosto de 2001, los ciudadanos Alvaro Ernesto Rodríguez Castillo, Alberto José Rodríguez Castillo y Alejandro Rodríguez Rodríguez, interpusieron ante el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, acción de amparo constitucional contra la Juez Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, en la persona de su juez titular, ciudadana Ada Auriola González, alegando la violación de sus derechos constitucionales relativos a la protección, acceso a la justicia, petición, eficacia procesal, celeridad y economía procesal contenidos en los artículos 3, 19, 26, 54 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto estimaron
que las IRREGULARIDADES y HECHOS DOLOSOS ocurridos CONSTANTE Y REITERADAMENTE en los autos de este expediente ...(omisis) denotan una gran negligencia, incompetencia e indiferencia por parte de la ciudadana ADA URIOLA
. (Resaltado del escrito).
El 13 de agosto de 2001, el Juzgado Superior antes señalado admitió la acción de amparo propuesta y ordenó la notificación del juzgado accionado, del Fiscal del Ministerio Público y de la ciudadana Amelia González Moreno, parte demandada en el juicio principal.
El 17 de agosto de 2001, el Alguacil del Juzgado Superior informó haber practicado la notificación de la ciudadana Amelia González Moreno el cual (sic)
fue recibida por la antes mencionada, negándose a firmarla
.
El 22 de agosto de 2001, se llevó a cabo la audiencia constitucional sin la comparecencia de la presunta juez agraviante, ni del tercero.
El 24 de agosto de 2001, el Juzgado Superior antes aludido declaró con lugar la acción de amparo interpuesta, sentencia que hoy se somete a consulta ante esta Sala Constitucional.
II
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, y a tal efecto observa:
Conforme a lo señalado por esta Sala Constitucional en su decisión del 20 de enero de 2000, caso Domingo Ramírez Monja, le corresponde conocer todas las sentencias por vía de apelación o consulta que resuelvan acciones de amparo constitucional dictadas por los Juzgados Superiores de la República (con excepción de los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo), Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia.
En el presente caso se somete al conocimiento de esta Sala, la consulta de una decisión emanada del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el cual conoció en primera instancia de una acción de amparo contra una omisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, razón por la cual, esta Sala, congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para conocer la presente consulta, y así se decide.
III
DEL FALLO CONSULTADO
El fallo cuya consulta ha sido sometida a esta Sala, declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos Alvaro Ernesto Rodríguez Castillo, Alberto José Rodríguez Castillo y Alejandro Rodríguez Rodríguez sobre la base de los siguientes argumentos:
Consideró el tribunal de amparo, que al no haber comparecido oportunamente la parte demandada al juicio de ejecución de hipoteca incoado en su contra, ni haber acreditado la misma el pago de dicha obligación, el tribunal de primera instancia debió pronunciarse acerca de la procedencia o no del embargo a que hace referencia el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, solicitado a su vez por el demandante mediante diligencia suscrita del 30 de julio de 2001, y no limitarse al nombramiento de un defensor ad litem para la demandada a los efectos de garantizar su derecho a la defensa.
Estimó, que tal omisión por parte del a quo generó una violación al derecho subjetivo de petición y de obtener oportuna respuesta por parte de los órganos encargados de la administración de justicia, derecho consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual ordenó al referido tribunal emitir pronunciamiento acerca de la procedencia o no del embargo solicitado.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Observa esta Sala que la presente acción se originó por un juicio de ejecución de hipoteca iniciado por el ciudadano Alejandro Rodríguez Rodríguez contra la ciudadana Amelia González Moreno. En dicho procedimiento el Juez de la causa, vista la falta de comparecencia de la parte demandada en el referido juicio, procedió a nombrar un defensor ad litem para la misma a los fines de garantizar el derecho a la defensa de la intimada, omitiendo emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de embargo formulada por el demandante el 30 de julio de 2001.
A este respecto, resulta imperioso para esta Sala aclarar varios puntos:
En principio, es necesario recordar que el derecho a la defensa es evidentemente de orden público y se encuentra garantizado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 numeral 1, el cual dispone: La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Si no existe derecho a la defensa en cualquier proceso éste se encontrará viciado de nulidad. El legislador, previó claramente que en los casos en que no se encontrara a la parte demandada el Tribunal debía nombrar un abogado, a los fines de garantizar ese derecho a la defensa.
Así, la persona que ocupa este cargo juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el Juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7º de la Ley de Juramento, se hace efectiva la garantía constitucional de la defensa del demandado.
En el presente caso se puede constatar que el Juzgado accionado, basándose en los argumentos anteriormente señalados, nombró un defensor ad litem para garantizar la defensa de la parte demandada en el juicio y que el 16 de julio de 2001, la abogada designada para desempeñar dicho cargo, abogada Carolina Montoto, aceptó el mismo y prestó juramento ante el Juez, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Juramento.
Siendo ello así, no hay dudas para la Sala que la actuación del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas estuvo ajustada a derecho, ya que el derecho a la defensa y las disposiciones legales que la protegen son de eminente orden público, cuya inobservancia ocasiona un menoscabo a la defensa de la parte que no se encuentre en el juicio y quebranta de esta manera el principio de igualdad procesal contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y previsto a su vez en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, en cuanto al decreto de embargo solicitado por el demandante es necesario resaltar previo cuestionamiento de la sentencia consultada- el contenido del artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente:
Si al cuarto día no acreditaren el deudor o el tercero haber pagado, se procederá al embargo del inmueble, y se continuará el procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el Título IV, Libro Segundo de este Código, hasta que deba sacarse a remate el inmueble. En este estado se suspenderá el procedimiento si se hubiere formulado la oposición a que se refiere el artículo 663
.
El contenido de la norma transcrita ut supra expresa que si al cuarto día de intimados los deudores no acreditan el pago exigido, se procederá al embargo del inmueble hipotecado, y se continuará el procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el Título IV, Libro 2º del mismo código, hasta que se saque a remate el inmueble; la misma disposición consagra que si se hace oposición a la ejecución dentro de los ocho días de la intimación, se suspende el procedimiento, y si la oposición llena los extremos exigidos en el artículo 663 eiusdem, el juez declarará el procedimiento abierto a pruebas y la sustanciación continúa por los trámites del procedimiento ordinario hasta que deba sacarse a remate el inmueble hipotecado.
La Sala de Casación Civil en sentencia del 19 de marzo de 1997, caso: Banco Industrial de Venezuela contra Ferro Pigmentos C.A., estableció lo siguiente:
... La oposición a la ejecución de hipoteca, prevista en el artículo 663 del Código de Procedimiento Civil, constituye propiamente la oportunidad que tiene la parte ejecutada para contestar la pretensión del ejecutante
Evidentemente, lo que se decida en la oposición es trascendental, por cuanto constituye la única oportunidad de defensa al fondo del asunto, que tiene el ejecutado... (Subrayado de la Sala).
Visto lo anterior, considera esta Sala, congruente con las disposiciones transcritas ut supra, que la defensora ad-litem de la intimada debió hacer uso de la oposición que le confiere el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no hacer uso del mismo denota falta de interés por parte de la ejecutada de manifestar sus derechos y ejercer los medios procesales que le consagra la ley, por lo que estima esta Sala, que el juez de primera instancia al constatar que la defensora ad-litem tomó posesión del cargo el 16 de julio de 2001 y que pasados cuatro días desde su juramentación no hizo uso de la oposición que le confiere la ley, debió ordenar el embargo del inmueble y continuar el procedimiento conforme lo dispone el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil.
Tal forma de proceder por parte del a quo lesionó el orden público, e infringió de los artículos 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, además de los derechos denunciados como conculcados por la parte accionante, pues como se ha sostenido reiteradamente, no le es dable a las partes, ni aún al juez, alterar las formas procesales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, razón por la cual esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia coincide en este sentido con el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas y confirma, en los términos aquí señalados, la decisión dictada por ese tribunal el 24 de agosto de 2001.
DECISION
Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas del 24 de agosto de 2001, que declaró CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos ALVARO ERNESTO RODRIGUEZ CASTILLO, ALBERTO JOSE RODRIGUEZ CASTILLO y ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ contra el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 28 días de MAYO de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente-Ponente,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Antonio José García García
Magistrado
José Manuel Delgado Ocando
Magistrado
Pedro Rafael Rondón Haaz
Magistrado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp.01-1973
IRU/jvb.
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