Venley

Sentencia N.º 969

Sentencia
N.º 969
Fecha
30/04/2003
Sala
Constitucional
Expediente
02-1951
Ponente
José M. Delgado Ocando
Procedimiento
Acción de Amparo


SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

 

Mediante oficio n° 381 del 6 de agosto de 2002, la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala la causa signada con el n° 1223, contentiva de los autos relacionados con la acción de amparo constitucional, interpuesta por los ciudadanos Roberto Taricani Lozada y Javier Boscán Camacho, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los núms. 36.232 y 76.939, en su condición de defensores del ciudadano ROBERTO CARLOS MONTENEGRO GÓMEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad nº 13.219.918, contra las actuaciones realizadas por el Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial, relacionada con la recepción del nombramiento de defensor y la medida privativa de libertad decretada contra el mencionado ciudadano.

 

Dicha acción se fundamentó en la violación de los derechos y garantías previstos en los artículos 44, 49 y 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Tal remisión obedece al recurso de apelación previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica en referencia.

 

El 7 de agosto de 2002, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor José Manuel Delgado Ocando, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Con base en los elementos que cursan en autos y, siendo la oportunidad procesal para ello, se pasa a decidir sobre la apelación en los términos siguientes:

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

1.-  El 27 de junio de 2002, la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas recibió proveniente de la Oficina Distribuidora de Expedientes Penales, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, interpuesta por los defensores del ciudadano Roberto Carlos Montenegro Gómez, contra las actuaciones realizadas por el Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial Penal. Se le dio entrada con el nº 1223 y fue designado como ponente el Dr. Mario Alberto Popoli.

 

2.- El 2 de julio de 2002, la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó a los accionantes corregir el escrito libelar, a tenor de lo establecido en los artículos 18 y 19 de la  Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

3.- El 8 de julio de 2002, la defensa del ciudadano Roberto Carlos Montenegro Gómez, mediante diligencia presentada ante la Sala nº 2 de la citada Corte de Apelaciones, solicitó inspección ocular del expediente nº 1155-02, nomenclatura del Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, seguido contra el mencionado ciudadano, por imposibilidad práctica de acceder a dichas actuaciones.

 

4.- El 9 de julio de 2002, la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas admitió la acción de amparo constitucional incoada, declaró su competencia para decidir la citada acción y ordenó notificar a las partes.

 

5.- El 10 de julio de 2002, la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas recibió oficio nº 655, emanado del Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial Penal, mediante el cual remitió copias certificadas del expediente penal seguido contra Roberto Carlos Montenegro Gómez y copias de los asientos del libro diario de dicho Juzgado, asimismo informó sobre el procedimiento llevado a cabo.

 

6.- El 12 de julio de 2002, la Sala nº 2 de la mencionada Corte de Apelaciones fijó la celebración de la audiencia oral para el 16.7.02, a las 11.00 a.m., previa notificación de las partes.

 

7.- El 16 de julio de 2002, la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas llevó a cabo la audiencia constitucional con la asistencia de los abogados Roberto Taricani Lozada y Javier Boscán Camacho, en su condición de defensores del ciudadano Roberto Carlos Montenegro Gómez y la Dra. María Amanda Pérez de Motabán, Juez Trigésima Segunda de Primera Instancia de Control del referido Circuito Judicial Penal. Se dejó constancia de la inasistencia de la Fiscal Vigésima Segunda del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

8.- El 23 de julio de 2002, la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del referido Circuito publicó sentencia que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada por los defensores del ciudadano Roberto Carlos Montenegro Gómez, contra las actuaciones realizadas por el Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial. Igualmente, declaró la nulidad del auto del 7.06.02, y los actos subsiguientes, excepto la decisión proferida el 28 de junio de 2002 cursantes a los folios 86 al 91 que corresponde a los folios 96 al 101 de la copia certificada que se ordenó devolver al Tribunal de control a fin de preservar las reservas de actas y, por último se pronunció sobre la no temeridad de la acción incoada.

 

9.- El 29 de julio de 2002, los abogados Roberto Taricani Lozada y Javier Boscán Camacho, en su condición de defensores del accionante, apelaron de la decisión dictada por la mencionada Corte de Apelaciones, el 23 de julio de 2002.

 

7.- El 6 de agosto de 2002, la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito  Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas acordó la remisión de la causa a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

 
II

DE LA COMPETENCIA

 

Sobre el particular, basta  con reiterar la inveterada jurisprudencia sentada por esta Sala, la cual puede reducirse a la afirmación de que a la misma le corresponde conocer de apelaciones y consultas sobre las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones en lo Penal, en su condición de instancia superior a las mismas, cuando éstas conozcan de la acción de amparo en primera instancia, y de conformidad con los artículos 335 y 266, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala debe declararse competente, pues la apelación  tiene por objeto un fallo dictado, en sede constitucional, por la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así se establece.

 

III

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

Alegaron los defensores del accionante en su escrito contentivo de la acción de amparo constitucional lo siguiente:

 

Indicaron que en el mes de junio de 2002, la Fiscalía Décima del Ministerio Público presentó ante la Oficina Distribuidora de Expedientes Penales, solicitud de detención preventiva contra el ciudadano Roberto Carlos Montenegro Gómez, por la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas. Dicha solicitud fue distribuida al Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, quien libró telegrama al imputado para oírlo en audiencia, a fin de garantizar debido proceso establecido en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Manifestaron que una vez recibido el telegrama, tanto el imputado como sus familiares solicitaron asistencia técnica, y es así como el ciudadano Roberto Antonio Montenegro García, en su condición de padre del imputado, suscribió acta de nombramiento de defensor privado, de conformidad con lo establecido en el artículo 125, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal. Dicho nombramiento fue recibido por el mencionado Juzgado de Control el 20.6.02, quien por órgano del auxiliar expresó que “no podíamos aceptar la defensa hasta tanto el ciudadano hoy imputado estuviese a derecho(...), la doctora se retiró a su despacho volviendo con el expediente en sus manos y nos exhibió SENDA (SIC) ORDEN DE ENCARCELACIÓN, expedida en contra de nuestro patrocinado, diciéndonos que ya había ordenado su detención, orden esta que no pudimos examinar pues se nos negó el acceso a las actas, y nos pareció incongruente pues no tendría sentido la audiencia que se convocaba según el telegrama recibido(...), no quedándonos otra alternativa que la de retirarnos del despacho, en virtud de la negativa de la titular del despacho de dejarnos juramentarnos y ejercer la defensa que nos había sido encomendada... ”.

 

Motivaron la acción de amparo constitucional en la negativa de la Juez Trigésima Segunda de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas de permitir que los abogados aceptaran la defensa a favor del ciudadano Roberto Carlos Montenegro Gómez, y de tener acceso a los medios de defensa que garantiza la ley adjetiva y la Constitución Nacional.

 

Adujeron que a su defendido se le vulneraron los derechos constitucionales a la libertad y a la seguridad personales, al libre tránsito, a la defensa y al debido proceso, consagrados en los artículos 44, 49 y 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Denunciaron que “ no se les permitió acudir a la audiencia a imponerse de los motivos de la investigación, pues aunque si bien es cierto el Dr. CRISTÓBAL RENGIFO libró un telegrama y fijó una audiencia, la misma fue REVOCADA por la titular del despacho, quien previa a la celebración de la referida audiencia LIBRO SENDA ORDEN DE ENCARCELACIÓN (sic) que desnaturaliza el sentido de la audiencia convocada y harían nugatorios sus efectos...”. 

 

Finalmente, solicitaron que la acción incoada sea admitida, tramitada conforme a derecho y declarada con lugar. Asimismo, se ordene al Juez Trigésimo Segundo de Primera Instancia de Control del citado Circuito que permita la juramentación de los defensores del ciudadano Roberto Carlos Montenegro Gómez y anule la decisión mediante la cual fue librada orden de encarcelación en su contra. 

 

Por su parte, como medida cautelar innominada solicitaron la suspensión de los efectos de la “orden de encarcelación”, hasta tanto sea decidida la acción de amparo.

IV

DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

 

La sentencia objeto de impugnación declaró sin lugar la acción de amparo constitucional incoada por los defensores del ciudadano Roberto Carlos Montenegro Gómez, contra las actuaciones realizadas por el Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial. Igualmente, declaró la nulidad del auto del 7.06.02, y los actos subsiguientes, excepto la decisión proferida el 28 de junio de 2002 cursantes a los folios 86 al 91 que corresponde a los folios 96 al 101 de la copia certificada que se ordenó devolver al Tribunal de control, a fin de preservar las reservas de actas y, por último, se pronunció sobre la no temeridad de la acción incoada.

 

Dicha decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones:

 

“PRIMERO: no se ha violado el derecho constitucional a la libertad, establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la orden de aprehensión fue dictada por una Juez de Control, competente para ello conforme a la Ley y con motivo de la solicitud de la Fiscalía 10º del Ministerio Público, en una investigación instruida en contra del ciudadano ROBERTO CARLOS MONTENEGRO GÓMEZ, quien a pesar de tener conocimiento de la misma, no ha comparecido ante el Tribunal a fin de imponerse directamente de las actas y para ser oído en audiencia como corresponde según el debido proceso establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Orden de Aprehensión que puede ser librada por un Juez según el artículo 44 ordinal 1º (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo esta una excepción al Principio de la Libertad.

 

SEGUNDO: No se ha conculcado el derecho al libre tránsito, establecido en el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de la no violación del derecho a la libertad antes referido.

 

TERCERO: No se ha violado el derecho a la seguridad personal, establecido en el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque la Orden de Aprehensión no guarda relación con el concepto de seguridad personal, y ni siquiera puede ser considerada una amenaza a la seguridad de una persona, por el contrario, a sabiendas de la existencia de esa orden lo que corresponde a derecho es presentarse ante el Tribunal a fin de ejercer el derecho a ser oído y ejercer con propiedad su derecho a la defensa.

 

CUARTO: No se ha violado el derecho a la defensa, establecido en el artículo 49, ordinal 1º (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el Tribunal de Control no ha impedido el ejercicio de ese derecho, sólo ha señalado que la juramentación y posterior actuación del abogado tiene que ejecutarse una vez que se ponga a derecho el imputado, pues la efectividad de la defensa sólo es posible con la imposición directa de los hechos al imputado(...). Es necesario acotar que la pretensión de acceder a las actas por una designación hecha por un pariente, que  sólo es posible cuando el procesado está detenido, sería violar el debido proceso, el principio de la igualdad de las partes y se estaría juzgando en ausencia(...).

 

QUINTO: No se ha violado el debido proceso, establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto como ya se dijo la excepción al principio de la libertad es la que un Juez de Control pueda ordenar la detención de una persona a requerimiento del Fiscal del Ministerio Público como ha ocurrido en el presente caso, observando la Sala que la orden de librar telegrama emanada del Juez encargado del Tribunal de Control es violatoria del debido proceso, ya que ante el requerimiento del Fiscal sobre la solicitud de aprehensión, lo que correspondía según el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal era decretar o no la privación preventiva de libertad del imputado y una vez aprehendido proceder conforme al segundo aparte de dicho artículo, por lo que a fin de subsanar el error cometido se declara la nulidad del auto de fecha 7 de junio de 2002 y los actos subsiguientes, excepto la decisión de fecha 28 de junio de 2002...”.

    

V

DE LA APELACIÓN

 

Los abogados Roberto Taricani Lozada y Javier Boscán Camacho, en su condición de defensores del ciudadano Roberto Carlos Montenegro Gómez, impugnaron la decisión dictada por la Sala nº 12 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 23 de julio de 2002, bajo los siguientes alegatos y consideraciones:

 

Indicaron, en primer término, que la Sala impidió a los defensores asumir su cargo conculcando el derecho establecido en el primer aparte del artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también lesionando el derecho al trabajo de los profesionales del derecho y normas constitucionales de orden público.

 

En segundo término, expresaron que sin ningún argumento jurídico, la citada Sala dejó sin efecto la convocatoria para oír al imputado realizada por el Dr. Cristóbal Rengifo, Juez Trigésimo Segundo de Primera Instancia de Control el mismo Circuito Judicial, a través de telegrama.

 

En tercer lugar, alegaron que interpusieron la acción de amparo constitucional contra la negativa de la Juez Trigésima Segunda de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas de permitir que los abogados aceptar la defensa a favor del ciudadano Roberto Carlos Montenegro Gómez, y de tener acceso a los medios de defensa que garantiza la ley adjetiva y la Constitución Nacional.

 

Denunciaron  la violación de los derechos constitucionales de su defendido, a la libertad y a la libertad personales, al libre tránsito, a la defensa y al debido proceso, consagrados en los artículos 44, 49 y 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Por último, solicitaron sea revocada la decisión dictada por la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, así como todos los actos y efectos consecutivos de dicho fallo y se ordene la libertad plena de su defendido. 

 

VI

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

La acción de amparo constitucional está concebida  como una protección de derechos y garantías constitucionales, por lo que el ejercicio de la acción está reservado para restablecer situaciones que provengan de las violaciones de tales derechos y garantías.

 

En este orden de ideas, conforme a la garantía fundamental de acceso a la justicia prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos tienen derecho a acceder a los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses, y a obtener pronta decisión que tutele judicial y efectivamente los mismos, en la forma más expedita posible y sin formalismos o rigurosidades inútiles que menoscaben la real posibilidad de petición.

 

En el caso sometido a la consideración de esta Sala, en virtud de la apelación interpuesta contra la decisión dictada por la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 23 de julio de 2002, los defensores del ciudadano Roberto Carlos Montenegro Gómez, imputan a la Juez Trigésima Segunda de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial Penal el haber impedido a los abogados aceptar el nombramiento de defensor y juramentarse ante el referido Juzgado, así como también tener acceso a los medios de defensa que garantiza la ley adjetiva y la Constitución Nacional. Asimismo, denunciaron que no se les permitió acudir a la audiencia oral, previa notificación por medio de telegrama, la cual fue revocada por el decreto de orden de aprehensión contra el mencionado ciudadano.

 

Observa la Sala que el asunto que subyace tras la acción incoada es la “orden de aprehensión” decretada el 28.6.02, por el Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contra el ciudadano Roberto Carlos Montenegro Gómez, previa solicitud  de la Fiscalía Décima del Ministerio Público, de fecha 26.4.02. Ahora bien, consta en la causa que el citado  Juzgado, el 7.06.02, mediante auto, ordenó librar telegrama “urgente” al referido ciudadano, a fin conceder un lapso de espera para lograr la comparecencia de éste. Dicho auto, a juicio de esta Sala, es contrario a los presupuestos  establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, que ordena al Juez de Control pronunciarse sobre la solicitud presentada por el Fiscal del Ministerio Público y expedir la orden de aprehensión contra el imputado, pues dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, el imputado debe ser conducido ante el Juzgado, a fin de realizar la audiencia oral para garantizarle sus derechos constitucionales y acordar mantener o no la medida cautelar. 

 

Del estudio de las actuaciones que componen la causa penal en referencia, se observa que ante la recepción del citado telegrama, acudieron a la sede del mencionado Juzgado de Control los abogados designados por el padre del imputado como defensores del mismo, y presentaron el respectivo nombramiento, el cual fue recibido por el Juzgado, quien mediante auto decidió lo siguiente:

 

“... En el presente caso, fue presentado a este Tribunal escrito por el Dr. Roberto Taricani Lozada, para ser agregado a los autos y proceder a su juramentación. Dicho escrito fue recibido para ser agregado a los autos, pero se le informó al mencionado profesional del derecho que su patrocinado debía ponerse a derecho para proceder a su nombramiento y juramentación(...). Por cuanto el artículo 125 es bien claro, establece que el defensor ASISTE al imputado desde los actos iniciales de la investigación, y la figura de la ASISTENCIA es la complementación de la voluntad de otro para que tenga efectos jurídicos y en el presente caso para que la declaración del imputado, si así es su voluntad de hacerlo, tenga eficacia jurídica de conformidad con lo previsto en el artículo 130 en su último aparte del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia de lo antes expuesto, se esperará a que el imputado se ponga a derecho para proceder al nombramiento de juramentación (sic) del Abogado nombrado...”. 

 

Al analizar el texto antes transcrito, la Sala considera que dentro del marco constitucional y para concretar la tutela judicial efectiva, se consagró el derecho fundamental a la defensa y a la asistencia técnica en todas las actuaciones judiciales y administrativas que los órganos del poder público tramiten en sus relaciones con el ciudadano, derecho que es inviolable en todo estado de la investigación y del proceso, a fin de garantizar a toda persona el conocimiento previo de los cargos por los que se le investiga y las pruebas que obran en su contra, así como disponer del tiempo adecuado para preparar los medios con los cuales se defienda y, principalmente, el derecho a recurrir del fallo adverso en procura de una revisión superior, tal como lo dispone el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Estas fundamentales garantías y derechos adquieren mayor transcendencia dentro del ámbito del proceso penal, durante el cual se manifiesta con mayor rigurosidad el poder punitivo estatal contra el imputado de delito. La actuación y respuesta del Juez que no se ajuste a las primarias características de gratuidad, accesibilidad, idoneidad, transparencia, responsabilidad, equidad y de carácter expedito se reputa nula como acto del poder público violatorio de la normativa constitucional fundamental y hace incurrir al operador de justicia en responsabilidad objetiva, según la naturaleza de la función.

 

A la luz de estos postulados, el Código Orgánico Procesal Penal ha desarrollado a lo largo del proceso todo un abanico de posibilidades de acceso a la justicia y de defensa para el imputado en concordancia con sus derechos fundamentales. Sin duda, los artículos 125, numerales 2 y 3, 137, 139 y 149 eiusdem, estatuyen en particular el derecho a la defensa técnica mediante la asistencia jurídica de un abogado de confianza, facilitando al máximo y por cualquier medio la designación de defensor sin sujeción a ninguna clase de formalidad, salvo la prestación del juramento de ley, es decir, de cumplir bien y fielmente con los deberes del cargo que está asignada imperativamente al Juez como formalidad esencial para ser verificada dentro del término de veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del defensor o, en su defecto, en el lapso más perentorio posible.

 

Al efecto, la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable al objeto de alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Como función pública inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como arte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representanción que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República.

 

Así, el derecho del imputado a la asistencia técnica de su propia elección tiene lugar en la confianza que al asistido le inspiren las condiciones profesionales y humanas de su abogado y, por ello, se entiende que la libre designación de éste viene integrada en el ámbito protector del derecho constitucional de defensa.

 

En el caso sometido a la consideración de esta Sala, no es la designación o nombramiento de defensor, sino la juramentación de éste, la formalidad esencial a la que está obligado el Juzgado a proveer con la prontitud que el caso requiera, tal como lo dispone el artículo 139 del citado Código Orgánico en salvaguarda del derecho a la defensa. Y en caso de cuestionamiento del nombramiento, le corresponde al Juez verificar su legitimidad mediante la simple ratificación que haga el imputado Roberto Carlos Montenegro Gómez, una vez que haya sido aprehendido, en virtud de la orden judicial de detención que obra en su contra.

La situación descrita obliga a la Sala, llamar la atención sobre el hecho de que los imputados eludan la acción de la justicia o se desconozca su paradero y pretendan un juicio en ausencia contrario con el derecho que tiene todo ciudadano de hallarse presente en el proceso, consagrado en el artículo 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual se relaciona con el derecho a un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 1 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Por las consideraciones precedentes, se impone a la Sala confirmar la decisión dictada por la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 23 de julio de 2002. Así se declara.

 

VII

DECISIÓN

 

Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida contra la decisión del 23 de julio de 2002, dictada por la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; CONFIRMA la sentencia dictada por la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; y, en consecuencia, declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional, interpuesta por los ciudadanos Roberto Taricani Lozada y Javier Boscán Camacho, en su condición de defensores del ciudadano ROBERTO CARLOS MONTENEGRO GÓMEZ, contra el Juzgado Trigésimo Segundo de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial Penal, y anuló el auto del 7 de junio de 2002, dictado por el referido Juzgado de Control. Queda en los términos expuestos, resuelta la apelación ejercida.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Sala nº 2 de la  Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de abril  dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA                                                         

        El Vicepresidente,

 

 

 

 

                                                                            JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA                              JOSÉ M. DELGADO OCANDO                                                                                                           Ponente     

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

JMDO/ns.

Exp. nº 02-1951

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