Venley

Sentencia N.º 98

Sentencia
N.º 98
Fecha
04/11/2015
Sala
Plena
Expediente
2015-000003
Ponente
Jhannett María Madríz Sotillo
Procedimiento
Regulación de Competencia

EN

SALA PLENA

 

MAGISTRADA PONENTE JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO

EXPEDIENTE N° AA10-L-2015-000003                           

I

 

Mediante oficio número 2014-845, de fecha 3 de diciembre de 2014, el Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, remitió el expediente identificado con el alfanumérico BP02-N-2014-000301, contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana YELLY GIZEH GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad número 9.889.896, asistida por el abogado RICHARD ANTOIMA MAESTRE, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 87.788, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la providencia administrativa de fecha 20 de junio de 2014, emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) en el expediente signado con el número 24-13, por medio del cual se declara con lugar la solicitud de procedimiento administrativo disciplinario de destitución, incoada por la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores de Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta contra la prenombrada ciudadana.

 

Dicha remisión se efectuó a los fines de regular la competencia para conocer el presente asunto, dado que el Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, se declaró incompetente para conocer la causa, por la declinatoria de competencia que le realizó el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, que también se declaró incompetente.

 

En fecha 29 de diciembre de 2014, se reconstituyó la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en virtud de la designación efectuada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de los Magistrados y Magistradas de este Alto Tribunal.

 

Mediante sesión de fecha 11 de febrero de 2015, fue reconstituida la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva del Máximo Tribunal para el período 2015-2017, quedando integrada de la siguiente manera: Presidenta Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Primer Vicepresidente Magistrado Maikel Moreno Pérez, Segunda Vicepresidenta Magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, y los Directores Magistrado Emiro García Rosas, Magistrado Guillermo Blanco Vásquez, y Magistrada Marjorie Calderón Guerrero, respectivamente.

 

El 31 de marzo de 2015, se designó ponente a la Magistrada JHANNETT MARÍA  MADRIZ SOTILLO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Siendo la oportunidad para decidir y analizadas las actas procesales contenidas en este expediente, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

II

ANTECEDENTES

 

En fecha 30 de septiembre de 2014, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Barcelona, el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana YELLY GIZEH GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad número 9.889.896, asistida por el abogado RICHARD ANTOIMA MAESTRE, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 87.788, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la providencia administrativa de fecha 20 de junio de 2014, emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) en el expediente signado con el número 24-13, por medio del cual se declara con lugar la solicitud de procedimiento administrativo disciplinario de destitución, incoada por la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores de Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta contra la prenombrada ciudadana.

 

En fecha 01 de octubre de 2014, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, a quien correspondió el conocimiento del presente asunto, recibió el expediente y mediante sentencia dictada el 10 de octubre de 2014, declaró su “INCOMPETENCIA SOBREVENIDA”, declinó la competencia de la causa en la “Jurisdicción Laboral ordinaria” y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui con sede en la ciudad de Barcelona. (Destacados del original).

 

            En fecha 26 de noviembre de 2014, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Barcelona, oficio número 14-1018 de fecha 03 de noviembre de 2014, emanado del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en virtud de su declinatoria de competencia del presente asunto.

 

Mediante decisión de fecha 03 de diciembre de 2014, el Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a quien le correspondió el conocimiento del asunto previa distribución de Ley, no aceptó la competencia declinada para el conocimiento del recurso de nulidad y ordenó la remisión del expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

 

III

DE LAS DECISIONES SOBRE LA COMPETENCIA

 

El Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en fecha 10 de octubre de 2014, dictó decisión en cuanto a su competencia señalando:

 

“Ahora bien, este Juzgado considera necesario pronunciarse sobre su Competencia, y tratándose que la misma es materia de orden público, revisable en cualquier estado y grado de la causa, debe necesariamente el Tribunal examinar si es competente para conocer de dicho recurso.

En el caso de autos, debe traerse a colación la sentencia dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, 25 de mayo de 2011, en el expediente signado con el N° AA10-L-2007-00153, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, caso: Agropecuaria Cubacana C.A Vs. Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), que señala:

(…)

Ahora bien, con respecto al presente caso esta Juzgadora observa que se recurre contra una Providencia Administrativa N°ORH-2014-48, de fecha 20 de Junio (sic) emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) en el expediente signado con el N° 24-13, por medio del cual se declaró Con Lugar la solicitud de Procedimiento Administrativo Disciplinario de Destitución incoado por la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, contra la demandante, recurso para el cual eran perfectamente llamados a conocer los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Ahora bien, de la sentencia señalada supra, aplicada al caso en concreto, esta (sic) Tribunal observa que ciertamente la parte recurrente pretende impugnar mediante esta vía, una decisión administrativa dictada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), lo que hace concluir entonces, que los Juzgados Superiores Contencioso Administrativo, quedan excluidos expresamente del conocimiento de los Recursos de Nulidad interpuestos contra los actos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), resultando entonces los competentes para conocer la presente causa los Juzgados Laborales, y estando obligado este Tribunal a declarar su Incompetencia Sobrevenida para conocer de la presente causa. Y así se declara” (sic).

 

 

El 03 de diciembre de 2014, el Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, se declaró incompetente y ordenó la remisión a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en los siguientes términos:

 

“Ahora bien, se desprende de las actas que conforman el expediente judicial que, la parte recurrente interpone recurso contencioso administrativo de nulidad, a los fines de impugnar la declaratoria de destitución dictada por el referido organismo (Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) en sede administrativa, en este sentido debe destacarse que, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado lo siguiente:

‘…La Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, establece que corresponde a los Juzgados Superiores en materia de trabajo, ejercer el control Jurisdiccional (sic) de los actos administrativos dictados por el Institutos (sic) Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (competencia subjetiva o por la materia) (sic).

Asimismo, dispone que los Juzgados Superiores de la Circunscripción Judicial en donde se encuentre el ente administrativo que dio origen al recurso inicial conocerá de los Recursos Contenciosos Administrativos correspondientes (competencia por el territorio)…’ (fin de la cita).

Así, la Disposición Transitoria in commento, prevé que la competencia para conocer los recursos de nulidad contra los actos administrativos dictados por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) corresponde a los Tribunales del Trabajo, en tal sentido establece:

‘Disposición Séptima. Mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social, son competentes para decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia en materia de trabajo de la circunscripción judicial en donde se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio origen al recurso inicial’

Esta competencia fue ratificada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 27 de 26 de julio de 2011, que señaló:

‘En este mismo orden de ideas, debe acotarse que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no incluyó dentro de los asuntos que deben conocer los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, las acciones de nulidad contra los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) o de los órganos adscritos al mismo, con ocasión de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

(…)

Así las cosas, atendiendo la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene en el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide.’

En este contexto, corresponde destacar que lo peticionado si bien se trata de la nulidad de un acto administrativo, no se refiere a aquellos cuyo conocimiento se encuentre atribuido a los Juzgados Laborales, sino que se refiere a un acto administrativo funcionarial, situación ésta no contemplada en la vinculante doctrina constitucional, por lo que es forzoso concluir, que no corresponde a este órgano jurisdiccional conocer sobre la misma. Por tanto, este Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, se declara INCOMPETENTE para conocer del presente asunto. Así se decide. Una vez expuestos los razonamientos de hecho y de derecho, y ante la existencia previa de un pronunciamiento judicial sobre incompetencia emitido por el juez contencioso administrativo, y la declaratoria igualmente de este Juzgado sobre su incompetencia para conocer de la acción ejercida, se plantea de oficio conflicto negativo de competencia… ” (Resaltado del original)

 

IV

 

COMPETENCIA DE LA SALA

 

Previo a cualquier otro pronunciamiento, esta Sala Plena pasa a determinar su competencia para conocer el presente asunto, y a tal efecto observa, que el segundo tribunal en declararse incompetente, planteó conflicto de competencia, en lugar de solicitar la regulación de competencia, de conformidad a lo que prevé el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.

 

En este orden de ideas, lo procedente es la regulación de competencia, por lo cual, la Sala asume el asunto como petición oficiosa de regulación de competencia, de conformidad a lo que establecen los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, que son del tenor siguiente:

 

“Artículo 70 Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o del territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia.

 

Artículo 71 La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior.” (Destacado de la Sala).

 

El artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, establece que si el Juez que previno se declara incompetente por razón de la materia, y si el Juez o Tribunal que haya de suplirle, a su vez se considere incompetente, debe solicitar de oficio la regulación de la competencia. Asimismo, el artículo 71 eiusdem dispone que en los casos del artículo 70, si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción, la solicitud debe remitirse a la Corte Suprema de Justicia (Tribunal Supremo de Justicia) para que decida la regulación de competencia.

 

En este sentido se observa, que de acuerdo con el numeral 3 del artículo 24 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.522 de fecha 1 de octubre de 2010, corresponde a la Sala Plena dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos.

 

Visto que la incompetencia para conocer el presente asunto, se plantea entre el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental y el Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, dos Tribunales de distintos ámbitos competenciales que no tienen un superior común, esta Sala Plena asume la competencia para conocer y decidir la solicitud de regulación de competencia solicitada, y así se decide.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Una vez asumida la competencia para decidir la regulación de competencia, planteada, esta Sala Plena pasa a determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer del presente asunto, a cuyo efecto observa:

 

El caso de autos, se inicia con la interposición del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por la ciudadana Yelly Gizeh Gutiérrez Rodríguez, titular de la cédula de identidad número 9.889.896, asistida por el abogado Richard Antoima Maestre, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 87.788, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la providencia administrativa de fecha 20 de junio de 2014, emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en el expediente signado con el número 24-13, por medio del cual se declara con lugar la solicitud de procedimiento administrativo disciplinario de destitución, incoada por la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores de Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta contra la prenombrada ciudadana.

 

Previamente a todo pronunciamiento, estima conveniente esta Sala Plena, como primer punto, realizar algunas consideraciones en torno al caso, a partir de la motivación contenida en la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental y, en particular, del criterio jurisprudencial invocado por ese órgano jurisdiccional, a saber, la sentencia dictada por la Sala Plena de este Máximo Tribunal en fecha 26 de julio de 2011, caso Agropecuaria Cubacana C.A contra el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

 

            Así pues, conviene acotar que el objeto de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, contemplado en su artículo primero, señala entre otros elementos los siguientes: 1) regular los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras, y de los empleadores y empleadoras, en relación con la seguridad, salud y ambiente de trabajo; así como lo relativo a la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social (numeral 2), 2) establecer las sanciones por el incumplimiento de la normativa (numeral 4), 3) normar las prestaciones derivadas de la subrogación por el Sistema de Seguridad Social de la responsabilidad material y objetiva de los empleadores y empleadoras ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional (numeral 5) y 4) regular la responsabilidad del empleador y de la empleadora, y sus representantes ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional cuando existiere dolo o negligencia de su parte (numeral 6). (Destacado de este fallo).

 

Tales contenidos revelan meridianamente a juicio de esta Sala Plena, la orientación de la normativa en orden a la protección o tutela de la prevención, la salud y la seguridad laborales que en la dinámica de las relaciones de trabajo surgidas en torno al hecho social trabajo, habrán de expresarse en una diversidad de actos o providencias administrativas que emanen de este órgano rector de la materia especializada (INPSASEL), pero siempre referidos a la vinculación entre trabajadores y empleadores con ocasión de los eventos asociados a la materia de condiciones y medio ambiente del trabajo, generándose eventualmente conflictos que, en efecto, conforme al criterio sólidamente sustentado por la sentencia Agropecuaria Cubacana C.A, contra el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), deberán debatirse ante los órganos jurisdiccionales con competencia en materia del trabajo. Es eso lo que acertadamente expresa la sentencia en cuestión, al señalar:

 

“No hay duda pues de que la voluntad del legislador, en absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales sobre la protección del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo deriva, tal como el régimen de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones idóneas para el desempeño del mismo en protección de las condiciones físicas y mentales del trabajador, atribuyen -de forma expresa y exclusiva- a los órganos que integran la jurisdicción laboral, la competencia relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación.

Así las cosas, atendiendo la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene en el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide.” (Destacado de este fallo)

 

 

            Ahora bien, de la sentencia transcrita se evidencia que en el conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), corresponde a la jurisdicción laboral. Sin embargo, debe precisar esta Sala que tal afirmación no implica que, ante la necesidad de determinar la competencia para conocer y decidir acerca de un acto o providencia administrativa, no deba tenerse en consideración que los diversos actos de un mismo ente u órgano, como es el caso de los actos funcionariales, estén regulados en instrumentos y por órganos judiciales especiales, debiendo atender en todo caso a la naturaleza material de la relación jurídica planteada entre los sujetos.

 

Así, en el caso bajo análisis observa esta Sala Plena, que cursa en el expediente (folios 12 al 15) memorando dirigido a la abogada Lisa Jovanka Raldírez Landaeta, Directora de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), suscrito por el abogado Rusbel Rondón, Director de Diresat Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, mediante el cual “…solicit[a] formalmente a la oficina de Recursos Humanos se sirva aperturar (sic) el procedimiento Administrativo (sic) de Destitución a la Funcionaria: Yelly Gutiérrez Rodríguez, titular de la Cédula de identidad número 9.889.896, inspectora de Salud (sic) y seguridad III, adscrita a es[a] Dirección Regional de Salud de los Trabajadores (Diresat) Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta, para determinar las responsabilidades a que hubiere lugar.” (Destacado de este fallo).

            Al respecto, conviene delinear previamente algunas de las disposiciones legales que en nuestro ordenamiento jurídico sirven de marco o contexto para encuadrar el caso aquí planteado.

En ese sentido cabe destacar que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.236 del 26 de julio de 2005, en el numeral 6 de su artículo 22, señala:

“Artículo 22. Son atribuciones del Presidente o Presidenta  del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales las siguientes:

(…)

6. Nombrar y destituir al personal del Instituto, de conformidad con las previsiones de la Ley del Estatuto de la Función Pública y del Estatuto Especial del Funcionario de la Seguridad Social.”

            Por su parte, la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002, contempla en el Capítulo II relativo al Régimen Disciplinario, artículo 86, las causales de destitución y en el Capítulo III el Procedimiento Disciplinario de Destitución.                       

Finalmente, el Título VIII, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL, en su artículo 92, ejusdem prescribe:

“Artículo 92. Los actos administrativos de carácter particular dictados en ejecución de esta Ley por los funcionarios o las funcionarias públicos agotarán la vía administrativa. En consecuencia, sólo podrá ser ejercido contra ellos el recurso contencioso administrativo funcionarial dentro del término previsto en el artículo 94 de esta Ley, a partir de su notificación al interesado, o de su publicación, si fuere el caso, conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.”

            Por su parte, en el artículo 93, de la Ley en referencia se lee:

“Artículo 93. Corresponderá a los tribunales competentes en materia contencioso administrativa funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley (…)” (Resaltado de la Sala).

Asimismo, la vigente Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (2010), en su artículo 25, numeral 6, ratifica la competencia del contencioso funcionarial prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública del año 2002, de la manera siguiente:

 “Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:

(…)

6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley.”

 

            Ahora bien, visto que el recurso interpuesto está dirigido contra la providencia administrativa de fecha 20 de junio de 2014, emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), contenida en el expediente 24-13 de ese ente, por medio del cual se declaró con lugar la solicitud de procedimiento administrativo disciplinario de destitución, y que el mismo es contra una ciudadana que ostenta el cargo de Inspectora de Salud y Seguridad III (folio 12 del expediente), resulta evidente, a partir de la concatenación de las disposiciones precedentemente transcritas, que el mismo debe ser impugnado ante los órganos jurisdiccionales con competencia en materia contencioso administrativa funcionarial y no ante los tribunales con competencia en materia del trabajo, por lo que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad debe ser conocido y decidido por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, con sede en Barcelona, estado Anzoátegui. Así se declara.

 

VI

DECISIÓN

 

Por tales razones, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara:

 

PRIMERO: Que es COMPETENTE para conocer la solicitud de regulación de competencia planteada por Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

 

SEGUNDO: Que la COMPETENCIA para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana Yelly Gizeh Gutiérrez Rodríguez, titular de la cédula de identidad número 9.889.896, asistida por el abogado Richard Antoima Maestre, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 87.788, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la providencia administrativa de fecha 20 de junio de 2014, emanada del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) en el expediente signado con el número 24-13, por medio del cual se declara con lugar la solicitud de procedimiento administrativo disciplinario de destitución, incoada por la Gerencia Estadal de Salud de los Trabajadores de Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta contra la prenombrada ciudadana, corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, con sede en Barcelona, estado Anzoátegui.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, con sede en Barcelona, estado Anzoátegui. Notifíquese de la presente decisión al Tribunal Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los (8) días del mes de ( julio) de dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

LA PRESIDENTA,

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

 

 

PRIMER  VICEPRESIDENTE,           SEGUNDA VICEPRESIDENTA,

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ                 INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE

 

 

 

 

 

 

Los  Directores,

 

 

 

EMIRO GARCÍA ROSAS                                            GUILLERMO  BLANCO VÁSQUEZ

 

 

 

 

 

MARJORIE CALDERÓN GUERRERO

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES       MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN                                               LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ                   MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA

 

 

 

LUISA ESTELLA  MORALES LAMUÑO         FRANCISCO  ANTONIO  CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

EVELYN MARRERO ORTIZ                                                         FERNANDO  RAMÓN VEGAS  TORREALBA

 

 

 

YRIS  ARMENIA PEÑA  ESPINOZA                                                      ISBELIA PÉREZ  VELÁSQUEZ

 

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS                                                         HÉCTOR CORONADO FLORES

 

 

 

 CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA                                     MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ                                                    CARMEN  ZULETA DE MERCHÁN       

 

 

 

JUAN  JOSÉ  MENDOZA  JOVER                                            JHANNETT  MARÍA  MADRIZ SOTILLO

                                                                                                                                             Ponente

 

 

 

BÁRBARA  GABRIELA CÉSAR  SIERO           INOCENCIO  ANTONIO FIGUEROA  ARIZALETA             

 

 

 

MARISELA  VALENTINA  GODOY  ESTABA                                          ELSA JANETH GÓMEZ MORENO  

 

 

 

 

EDGAR  GAVIDIA  RODRÍGUEZ                                  DANILO  ANTONIO  MOJICA  MONSALVO

 

 

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

JULIO CÉSAR ARIAS RODRÍGUEZ

 

 

 

Exp. N° AA10-L-2015-000003

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