Sentencia N.º 990
- Sentencia
- N.º 990
- Fecha
- 11/05/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-2404
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 17 de enero de 2006, los abogados Hernando Díaz Candia, Bernardo Weininger, Arghemar Pérez y Ramón Escobar, inscritos en el inpreabogado bajo los Nº 53.320, 34.707, 63.464 y 97.073 respectivamente, actuando como apoderados judiciales de Telcel C.A. (conocida comercialmente como Movistar), inscrita en el Registro Mercantil Segundo de
El 15 de febrero de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:
I
DE
En el escrito presentado ante
Que en la sentencia de la cual se pide la revisión,
Afirman, igualmente, que con tal decisión
En este orden de ideas, afirman que la sentencia recurrida viola la doctrina vinculante de esta Sala Constitucional, contenida en la decisión del 25 de mayo de 2001, caso: Instituto Autónomo Policía de Chacao, la cual expresamente dispone que al existir una ley especial, el juez contencioso administrativo no puede desconocer su contenido.
Que no resulta ni constitucional ni lógicamente sustentable que la interpretación de un juez sobre una norma general contenida en una ley ordinaria tenga preeminencia sobre una disposición de una ley orgánica especial y que ha sido dictada posteriormente. Menos aun, afirman, resulta jurídicamente sustentable, que la interpretación que
II
DEL FALLO IMPUGNADO
Mediante sentencia dictada el 8 de noviembre de 2005,
De acuerdo con jurisprudencia reiterada de este Alto Tribunal, la suspensión de efectos de los actos administrativos, como medida preventiva, sólo procede cuando se verifiquen concurrentemente los requisitos legalmente previstos para el otorgamiento de toda medida cautelar, esto es, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris).
No obstante, del análisis efectuado sobre el contenido del expediente y los alegatos de la parte actora, esta Sala observa que en el presente caso la solicitud de suspensión de los efectos de
La interposición de acciones contencioso administrativas contra las multas impuestas por
Sin perjuicio de lo anterior
1. Que se trate de acciones contencioso administrativas.
2. Que se interpongan contra actos contentivos de multas impuestas por
3. Que sea solicitado expresamente por la parte actora.
Ahora bien, con respecto a la interpretación de la referida norma debe esta Sala realizar algunas consideraciones en cuanto a la suspensión automática que ella consagra, y en tal sentido se observa:
Como se señaló anteriormente, la jurisprudencia reiterada de esta Sala en materia de medidas cautelares ha exigido la necesaria presencia de dos condiciones fundamentales para su procedencia, a saber, fumus boni iuris y periculum in mora.
La exigencia de dichos requisitos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, se ha extendido a todas las medidas cautelares en el contencioso administrativo, y están referidos en primer lugar, a la apariencia de buen derecho que reclama en el fondo del proceso el solicitante de la medida cautelar y, en segundo lugar, a la existencia del riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo quede ilusoria.
Tales condiciones necesariamente deben desprenderse de los elementos constantes en autos, a efectos de que el juez de la causa pueda apreciarlos, valorarlos y convencerse de la satisfacción de tales extremos, y en consecuencia, acceder al otorgamiento de la protección cautelar.
De igual forma, ha señalado esta Sala que para la procedencia de una medida cautelar en el contencioso-administrativo, debe cumplirse además con otros requisitos, a saber: por un lado, la ponderación de intereses tomando en cuenta el efecto que la concesión de la medida cautelar pueda tener sobre el interés público o de terceros, relacionando muchas veces esta ponderación de intereses con el periculum in mora. Por otro lado, el parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, contiene una exigencia para el otorgamiento de las medidas cautelares innominadas, y es que debe existir un fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra (periculum in mora específico).
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se hace imperativo para el juzgador verificar la coexistencia del fumus boni iuris y del periculum in mora, a los fines de que sea acordada una medida preventiva, sea ésta nominada o innominada, recordando que en el caso de las innominadas debe existir un fundado temor de que una de las partes pueda causar un daño de difícil reparación al derecho de la otra (periculum in mora específico); todo ello aunado al hecho de que, como ya se dijo anteriormente, en materia contencioso-administrativa debe hacerse una ponderación de intereses entre el bien jurídico tutelado con la providencia cautelar y los intereses públicos o colectivos, de tal forma que estos últimos no resulten afectados de manera relevante.
Finalmente, es de hacer notar que la jurisprudencia constante y reiterada de esta Sala ha señalado que en la jurisdicción contencioso-administrativa, no puede obviarse la labor inquisitiva que debe desarrollar el juez, lo cual le impone, principalmente, preservar la legalidad de la actuación de
Efectuadas las anteriores consideraciones, en el caso particular del artículo 205 de
Así las cosas y analizando la norma contenida en el artículo 205 de
En ese orden de ideas y atendiendo al marco de Estado de Derecho y de Justicia que abarca nuestro ordenamiento constitucional vigente, considera esta Sala que el legislador debió contemplar -al igual que en el resto del sistema cautelar- que para la procedencia de la medida prevista en el artículo 205 de
Advertida como ha sido la limitación al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva derivada del referido artículo 205, debe destacar esta Sala que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra consagrado el sistema del control difuso de la constitucionalidad de normas, el cual permite desaplicar en el caso concreto una norma legal o sub-legal que colida con alguna disposición o principio Constitucional en la forma siguiente:
En
Artículo 334. Todos los jueces o juezas de
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.
Corresponde exclusivamente a
En el Código de Procedimiento Civil, en estos términos:
Artículo 20.- Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán ésta con preferencia.
De los presupuestos normativos anteriormente transcritos se observa, que tal mecanismo de control se basa en el carácter supremo de nuestra Carta Magna respecto de todas las otras normas de rango distinto que conforman el ordenamiento jurídico venezolano, y opera cuando el juez frente a un caso concreto sometido a su conocimiento advierte que la norma de rango legal o sub-legal, relacionada con la resolución del asunto, contraría directamente una norma constitucional; en cuyo caso debe proceder a la desaplicación de la primera.
Así, tal mecanismo de control constitucional puede y debe ser ejercido por todos los tribunales de
Al respecto, esta Sala en reiteradas decisiones (entre ellas: sentencia Nº 1064 de fecha 13 de agosto de 2002, caso: Almacenadora Mercantil, C.A.), se ha pronunciado respecto a la potestad que ostentan los jueces de
Ahora bien, en este contexto resulta forzoso para esta Sala desaplicar de oficio y para el caso en concreto lo dispuesto en el artículo 205 de
En virtud de lo anterior, pasa esta Sala analizar la medida solicitada en este caso para lo cual observa:
En el caso bajo estudio se observa que la recurrente, TELCEL, C.A., interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad parcial contra
De este modo, se observa que la recurrente solicitó lo siguiente: La suspensión, de conformidad con lo previsto en el artículo 205 de
Conforme a lo expuesto, constata
Por otra parte, reitera
En consecuencia, examinados los elementos presentes en el caso concreto, juzga
Finalmente, en consideración a que la ausencia de acreditación por parte de la recurrente de elementos probatorios para sustentar su solicitud cautelar, puede haber sido producto de considerar que la misma operaba automáticamente con sólo pedirla, debe esta Sala en consecuencia advertir, que el hecho de que se declare la improcedencia de determinada medida cautelar, no es óbice para que nuevamente pueda ser peticionada, claro está en el marco de acreditar los concurrentes requisitos destacados en el presente fallo, a saber: apariencia de buen derecho y peligro en la demora.
(
)
Atendiendo a los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
1.- IMPROCEDENTE la suspensión de los efectos solicitada por el abogado Armando Giraud Torres, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil TELCEL, C.A., contra
2.- DESAPLICA para el caso en concreto el artículo 205 de
3.- Cumpliendo con el mandamiento previsto en el aparte cuarto, del artículo 5, en concordancia con su numeral 22 de
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En primer lugar, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente revisión solicitada de conformidad con el numeral 4 del artículo 5 de
En tal sentido, habiéndose declarado competente
Como quedó apuntado anteriormente, la sentencia que pretenden los solicitantes se revise, declaró improcedente la suspensión de los efectos de
Ahora bien, estando en presencia de la desaplicación de normas, el artículo 5 numeral 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia le impone a esta Sala Constitucional, como máximo garante e interprete de la Constitución , el deber de efectuar un examen abstracto y general sobre la constitucionalidad de la norma previamente desaplicada mediante control difuso -en este caso- por otra Sala de este alto Tribunal, absteniéndose de conocer sobre el mérito y fundamento de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Esa labor de juzgamiento atribuida a esta Sala, trae como consecuencia, que mientras esté pendiente por decidir lo acertado o no de la aplicación del control difuso -en este caso- del artículo 205 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, no es admisible una solicitud de revisión a instancia de parte sobre la licitud de la constitucionalidad de la sentencia dictada, como medio de control, toda vez que, si esta Sala, en su labor de juzgamiento considera que el control difuso fue ejercido incorrectamente, el dispositivo de la sentencia que de ella emane, lógicamente debe ordenar se dicte una nueva sentencia con sujeción a lo que se dictamine en el fallo, y obviamente los efectos de la sentencia analizada quedarían enervados. Es decir, que el pronunciamiento que se efectúe por parte de esta Sala Constitucional sobre control difuso aplicado en determinada sentencia, tiene prelación, a cualquier medio extraordinario de control que se ejerza sobre la licitud de la referida sentencia, pues se trata como refiere el artículo 5 numeral 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de un análisis general y abstracto de la constitucionalidad de la norma previamente desaplicada que interesa al orden público general, y no de la constitucionalidad de la sentencia como tal, que sólo tendrá incidencia en el caso en concreto.
Debe acotar esta Sala, sin embargo, que no se trata de que en el supuesto de que considere incorrectamente ejercido el control difuso, se esté interfiriendo sobre el mérito y fundamento de la sentencia dictada -en este caso- por la Sala Político-Administrativa. Se trata de que ante un incorrecto ejercicio del control difuso efectuado por dicha Sala en la interpretación de una norma, debe necesariamente advertirse y corregirse. Tal es el propósito y razón de ser de esa labor de juzgamiento pues de lo contrario, ¿que sentido tendría que esta Sala, actuase como máxima autoridad en la interpretación de la Constitución , y sin embargo, las decisiones que advirtieran una incorrecta interpretación de alguna de sus normas por parte de otra Sala, no surtieran ningún efecto jurídico?
Es oportuno señalar, que para que la Sala efectúe el examen a que se refiere el tantas veces citado numeral 22 del artículo 5 de la Ley Orgánica de este Tribunal Supremo de Justicia, es necesario que sean remitidas las copias certificadas del expediente donde fue dictada la sentencia que va a ser sometida al análisis correspondiente. Sin embargo, como quiera que a la presente fecha, no se ha recibido a tal fin las referidas copias, se ordena oficiar a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que procedan a su remisión.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la presente solicitud de revisión no puede ser resuelta de inmediato, pues como antes se dijo se encuentra pendiente la consulta de un fallo emanado de
IV
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Dada, firmada y sellada en el salón de Audiencias de
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Luis Velázquez Alvaray
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
EXP 05-2404
JECR/
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