Sentencia N.º 993
- Sentencia
- N.º 993
- Fecha
- 27/06/2008
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 07-1543
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 29 de octubre de 2007, el abogado RAMÓN GÓMEZ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad n.° 503.239, con inscripción en el I.P.S.A., bajo el n.° 6.209, solicitó, en su nombre, ante esta Sala, la revisión de la sentencia que dictó la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el 09 de agosto de 2007, para cuya fundamentación delató la supuesta violación a sus derechos a la tutela judicial eficaz, de acceso a la justicia, a la defensa y al debido proceso que acogieron los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 31 de octubre de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE LA PRETENSIÓN DEL SOLICITANTE
1. El peticionario de revisión alegó:
1.1 Que anunció un recurso de casación ante el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, el cual lo admitió el 21 de diciembre de 2006.
1.2 Que, el 12 de febrero de 2007, presentó, ante el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el escrito de formalización, de conformidad con el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.
1.3 Que “(l)as razones que motivaron (su) comparecencia ante la ciudadana Juez consignataria, se expresaron, suficientemente, en el escrito con el cual impuls(ó) la actividad procesal de la consignación, antes apuntada.”.
1.4 Que el expediente continente del recurso de casación fue remitido a la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal de Justicia y se le dio entrada el 29 de enero de 2007. La Sala en cuestión declaró perecido el recurso el 09 de agosto de 2007, de conformidad con el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil.
1.5 Que, el 13 de febrero de 2007, el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas autenticó el escrito de formalización que había presentado el día anterior.
1.6 Que “…el legislador confir(ió) (en la redacción del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil) a la conjunción disyuntiva- O su valor de alternativa, a los fines de la consumación del acto procesal de la consignación del escrito de la formalización del recurso de casación, lo cual (le) autoriza a afirmar que el deber de consignar (su) escrito de formalización lo satisf(izo), cabalmente, el 13 de febrero del año 2007, fecha cierta, ésta, en la cual el Juez, ante el cual se había consumado la consignación, autenticó (su) escrito de formalización.- Este es un hecho cierto, evidente, el cual está enclavado en el corazón mismo de los autos; pero la Sala de Casación Civil, ‘Coligada’ a la doctrina expresada en la sentencia, cuya revisión (se) solicit(a), consideró, a los fines de declarar PERECIDO, como en efecto declaró, el recurso de casación que anunci(ó) y formali(zó) contra la sentencia dictada por el Ad-quem (sic), en fecha 16 de diciembre del año de 2006, lo siguiente: ‘… si bien es cierto que el escrito de formalización del recurso de casación anunciado fue presentado ante el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas faltando cinco (5) días para finalizar el lapso de cuarenta días destinado para ello, no es menos cierto que dicho escrito de formalización fue recibido extemporáneamente ante la Secretaría de es(a) Sala en fecha 23 de febrero del mismo año, es decir seis (6) días después del lapso procesal establecido para ello, teniéndose entonces como perecido dicho recurso de casación de acuerdo al artículo 325 del Código de Procedimiento Civil (…)”.
1.7 Que el retardo en que incurrió el Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas no le es imputable a su persona, por ende, la Sala de Casación Civil no debió declarar perecido el recurso.
2. Denunció:
2.1 La supuesta conculcación de su derecho a la tutela judicial eficaz, pues “(c)on ese proceder la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, infringió (su) derecho a ‘una tutela jurídica eficaz, la cual comprende el obtener de los Tribunales un sentencia de fondo, razonada y fundada en derecho’. Esa comentada y cuestionada declaratoria de perención lesiona, gravemente, (su) derecho a la jurisdicción en razón que este principio ‘no admite interpretación y aplicaciones de requisitos legales caracterizados por el rigorismo, formalismo o desproporción que lesionan el derecho de acceso a la jurisdicción’.- el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela deja sentado el deber del estado de garantizar una justicia matizada, entre otros aspectos, por la accesibilidad, transparencia y responsabilidad, como, asimismo, ser equitativa y expedita, sin formalismos y sin dilaciones indebidas.- esa improcedente declaratoria de perención infringe, igualmente el dispositivo contenido en el artículo 257 de nuestra Carta Magna, al impedir(le) el acceso al proceso el cual es el único medio del cual dispon(e) para lograr la realización de la justicia.”
2.2 Asimismo, delató la supuesta violación al derecho al debido proceso, por cuanto “en el caso en estudio se está en presencia de una situación jurídica lesionada por una negligencia judicial, lo cual (le) permite invocar el artículo 49 de la Constitución de la República, en el cual se ordena la aplicación del debido proceso a todas las actuaciones judiciales para solicitar de esta Honorable Sala, el restablecimiento de esa situación jurídica lesionada.- Esta solicitud está expresamente enmarcada en el dispositivo contenido en el numeral 8 del artículo 49 de la máxima Ley de la República…”
3. Pidió:
Con fundamento en las razones de hecho y de derecho invocados supra, (se) permit(e) pedir a esta honorable Sala, como en efecto le pid(e) en este acto, decida que HA LUGAR a la revisión solicitada y, en consecuencia, declare vulnerado (su) derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y nula, por consiguiente, la sentencia dictada por la Sala de casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil siete (2007), ordenándose, como efecto de esa declaratoria de nulidad, la reposición de las actuaciones al estado que se conozca el fondo del recurso de casación, dada la tempestividad de la formalización de éste.
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.
Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.
En el caso bajo examen, se solicitó la revisión del veredicto que pronunció la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el 09 de agosto de 2007, mediante el cual se declaró perecido el recurso de casación que interpuso el pretensor de revisión contra el acto jurisdiccional que emitió el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre el 16 de de octubre de 2006, a través del cual se estimó sin lugar la apelación y, por ende, confirmó el fallo interlocutorio de primer grado de jurisdicción que había declarado la reposición de la causa de intimación de honorarios profesionales al estado de nueva admisión de la demanda que propuso el abogado Ramón Gómez Gómez, peticionario de la revisión de autos; razón por la cual esta Sala se declara competente, y así se decide.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
La Sala de Casación Civil expidió el fallo objeto de la solicitud de autos en los términos siguientes:
De la revisión de las actas del proceso, la Sala constata que el recurso de casación fue anunciado oportunamente y el Juez de Alzada admitió el recurso de casación mediante auto de fecha 21 de diciembre de 2006, dejando constancia que el lapso para anunciar dicho recurso venció el día 20 del mismo mes y año, según el cómputo efectuado por el tribunal superior, por lo que al día siguiente comenzó a transcurrir el lapso de cuarenta (40) días más el término de distancia de cinco (5) días para formalizar dicho recurso de conformidad con lo previsto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, según consta del cómputo expedido por la Secretaría de esta Sala en fecha 14 de marzo de 2007, que riela en el folio 228 del expediente, el cual indica:
“...El Secretario de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo expresado en el auto precedente, hace constar que el lapso para formalizar en este juicio, más el término de la distancia de cinco (5) días, comenzó a correr el día 21 de diciembre de 2006, día siguiente al último de los diez (10) días de despacho que se dan para el anuncio del recurso de casación, y venció el día sábado 17 de febrero de 2007, siendo en fecha 23 de febrero del año en curso, cuando se recibió en Secretaría el correspondiente escrito de formalización...”.
Conforme al cómputo anteriormente transcrito se desprende, que efectivamente durante el lapso establecido para formalizar el recurso, no se recibió el escrito de formalización ante la Secretaría de esta Sala dentro del lapso de ley, sino por el contrario en fecha 23 de febrero de 2007.
En tal sentido, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, estatuye lo siguiente:
“…Admitido el recurso de casación, o declarado con lugar el de hecho, comenzarán a correr, desde el día siguiente al vencimiento de los 10 días que se dan para efectuar el anuncio en el primer caso, y del día siguiente al de la declaratoria con lugar del recurso de hecho en el segundo caso, un lapso de 40 días, más el término de la distancia que se haya fijado entre la sede del Tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la República, computado en la misma forma, dentro del cual la parte o partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado, bien en el Tribunal que admitió el recurso, si la consignación se efectúa antes del envío del expediente, o bien directamente en la Corte Suprema de Justicia, o por órgano de cualquier Juez que lo autentique, que contenga en el mismo orden que se expresan: Omissis…”(Negrillas y Subrayado de la Sala).
Concordadamente, el artículo 325 eiusdem, es del tenor siguiente:
“…Se declarará perecido el recurso, sin entrar a decidirlo, cuando la formalización no se presente en el lapso señalado en el artículo 317, o no llene los requisitos exigidos en el mismo artículo…”. (Negrillas y Subrayado de la Sala).
Sobre el particular, ha sido doctrina reiterada de la Sala Vid sentencia Nº RC-015, caso José Uribe y otro contra Administradora de la Junta de Condominio del Conjunto Residencial El Parque, de fecha 29 de enero de 2007, expediente Nº 2006-000600, que el recurso de casación se considerará perecido, cuando formalizado directamente ante el tribunal que admitió el recurso, antes de la remisión del expediente, o bien ante la propia Sala de Casación Civil, o por órgano de cualquier Juez que lo autentique, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, ingrese a este supremo Tribunal después de agotado el lapso de cuarenta (40) días destinados para presentar el escrito de formalización de dicho recurso.
De lo anterior se colige, que si bien es cierto que el escrito de formalización del recurso de casación anunciado fue presentado ante el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas faltando cinco (5) días para finalizar el lapso de cuarenta (40) días destinado para ello, no es menos cierto que dicho escrito de formalización fue recibido extemporáneamente ante la Secretaría de esta Sala en fecha 23 de febrero del mismo año, es decir, seis (6) días después del lapso procesal establecido para ello, teniéndose entonces como perecido dicho recurso de casación de acuerdo al artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esta sentencia. Así se establece.
IV
MOTIVACIÓN PARA LA DECISION
1. El peticionario solicitó la revisión constitucional del pronunciamiento que expidió la Sala de Casación Civil el 09 de agosto de 2007, mediante el cual se declaró perecido el recurso de casación que se interpuso contra el fallo que pronunció el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre el 16 de octubre de 2006. Asimismo, consta en las actuaciones que se acompañaron a la solicitud de marras, que el recurso de casación fue admitido el 21 de diciembre de 2006 y éste se recibió en la Sala de Casación Civil el 29 de enero de 2007. De igual forma, cuando el recurrente acudió ante el juzgado autenticador arguyó que se dirigió a la Sala de Casación Civil el 12 de enero de 2007 y no hubo despacho ese día, y por ese motivo procedió a la consignación del escrito de formalización, ello en acatamiento del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.
La Juez a cargo del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas proveyó la solicitud de autenticación del escrito de formalización y ordenó la remisión de las actuaciones a la Sala de Casación Civil el 13 de febrero de 2007; no obstante, las mismas fueron recibidas por esa Sala el 23 de febrero de 2007, cuando ya había precluido el lapso de 40 días más los 5 días correspondientes al término de la distancia para la consignación del escrito de formalización. Por lo anterior, la Sala de Casación Civil declaró perecido el recurso.
El solicitante alegó que, a través del veredicto en cuestión, se le privó del ejercicio de un recurso contra una decisión que le fue desfavorable y, con ello, se le violaron sus derechos de acceso a la justicia, a una tutela judicial eficaz, a la defensa y al debido proceso, que reconocen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
2. Esta Sala Constitucional ha establecido que las solicitudes de revisión contra fallos definitivamente firmes procede en los casos que éstos violen o menoscaben principios fundamentales de carácter constitucional o conculquen los criterios de interpretación expedidos por esta Corporación y que, conforme al artículo 335 constitucional, sean vinculantes. Esta facultad de revisión extraordinaria es ejercida por esta Sala de forma exclusiva en relación con los restantes órganos jurisdiccionales, la cual comporta un amplio margen de discrecionalidad en la apreciación de qué fallos son susceptibles de anulación a través de esta vía, pues este mecanismo de revisión no constituye una tercera instancia de juzgamiento y se ha erigido como una potestad restringida que, de forma excepcional, implica una limitación a la garantía de la cosa juzgada. Así, esta Sala puede declarar improcedente cualquier solicitud de revisión constitucional con prescindencia absoluta de motivación, ello si estima que un pronunciamiento en ese caso concreto no contribuiría en la preservación de la uniformidad de la interpretación de la Constitución.
Ahora, esta potestad puede ejercerse sobre decisiones definitivamente firmes que haya expedido cualquier órgano jurisdiccional, incluso las restantes Salas de este Tribunal Supremo de Justicia, como lo estableció la Sala desde el caso: “Mercantil Internacional C.A”, sentencia n.° 520 del 7 de junio de 2000 y que ratificó en el caso: “Corpoturismo”, sentencia n.° 93 del 06 de febrero de 2001. Esa competencia para la revisión extraordinaria de veredictos de las restantes Salas fue luego recogida en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con el establecimiento de casuales específicas de procedencia de dichas solicitudes. La letra del artículo en referencia dispone:
Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación (…)
También se ha reconocido que, en el caso de solicitudes de revisión de fallos de las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, este mecanismo extraordinario puede tutelar derechos constitucionales, por cuanto la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone que las pretensiones de protección constitucional contra las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia son inadmisibles, ex artículo 6.6. eiusdem (Cfr. caso: “Alcido Pedro Ferreira y otros”, sentencia. n.° 325 del 30 de marzo de 2005). En esos casos, el ejercicio de la potestad de revisión mantiene sus atributos extraordinarios y discrecionales, por lo cual no se convierte en un sustituto del amparo constitucional. En el asunto sub examine, el peticionario arguyó que el pronunciamiento de la Sala de Casación Civil, supuestamente, le violó sus derechos al acceso a la justicia, a la tutela judicial eficaz, a la defensa y al debido proceso que reconocieron los artículos 26 y 49 del Texto Fundamental. Por tales razones, esta Sala apreciará si, en efecto, la decisión objeto de impugnación conculcó los derechos constitucionales en cuestión.
3. El asunto que es objeto de elucidación en la revisión de autos, se refiere a la interpretación que ha hecho la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal de los artículos 317 y 325 del Código de Procedimiento Civil. Los dispositivos en cuestión establecen; por un lado, el lapso y las formalidades para la presentación del escrito de formalización del recurso de casación y, por el otro, la consecuencia de la presentación inoportuna del referido escrito, y éstos son del siguiente tenor:
Artículo 317: Admitido el recurso de casación, o declarado con lugar el de hecho, comenzarán a correr, desde el día siguiente al vencimiento de los diez (10) días que se dan para efectuar el anuncio en el primer caso, y del día siguiente a la declaratoria con lugar del recurso de hecho en el segundo caso, un lapso de cuarenta (40) días, más el término de la distancia que se haya fijado entre la sede del Tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la República, computado en la misma forma, dentro del cual la parte o partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado, bien en el Tribunal que admitió el recurso, si la consignación se efectúa antes del envío del expediente, o bien directamente en la Corte Suprema de Justicia, o por órgano de cualquier Juez que lo autentique (…)
Artículo 325: Se declarará perecido el recurso, sin entrar a decidirlo, cuando la formalización no se presente en el lapso señalado en el artículo 317, o no llene los requisitos exigidos en el mismo artículo.
En la sentencia objeto de impuganción, la Sala de Casación Civil interpretó las normas en referencia en el sentido que cuando se produce el supuesto de que el formalizante presenta el escrito “por órgano de cualquier Juez que lo autentique”, la recepción en la Secretaría de la Sala de Casación Civil de las actuaciones de aquél deberá producirse antes del vencimiento del término que la Ley Adjetiva Civil dispone para la formalización, es decir, que en el caso de que el recurrente presentase el escrito ante el tribunal autenticador tempestivamente, ello será irrelevante para la determinación por parte de la Sala de Casación Civil, de si, efectivamente, su presentación fue oportuna o no, pues ella se hará con referencia a la fecha de ingreso de las actuaciones en la Secretaría de la Sala. (Vid ss.S.C.C. n.os RC-015 y RC-656 de 29 de enero y 09 de agosto de 2007, respectivamente).
El criterio en cuestión había sido sostenido de igual forma por la doctrina de la Sala de Casación Civil de la otrora Corte Suprema de Justicia, incluso durante la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1916. Así, en auto del 31 de julio de 1936, la Sala apuntó:
El hecho de que la Ley autorice a la parte recurrente para enviar a esta Corte el escrito de formalización por órgano de cualquier Juez que lo autentique (artículo 430), no puede establecer una excepción al principio consagrado en el artículo 432 del referido Código, o sea, que el escrito de formalización aparezca en autos al vencimiento del lapso señalado, ya que de otro modo se menoscabaría el derecho de la contraparte, a quien la Ley concede un lapso fijo, a contar del otorgamiento al recurrente, para impugnar el recurso.
Posteriormente, después de la iniciación de la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1986, la misma Sala abandonó la referida doctrina en el caso: “Milagro Coromoto Muñoz Muñoz contra Atilio Delilla y María Eustacia Guayaracuto de Delilla”, sentencia del 05 de abril de 1989, en la cual señaló:
Según la doctrina de la Sala, el escrito de formalización presentado ante un juez, que le haya dado autenticidad al acto, debía ingresar en la secretaría antes del vencimiento del lapso fijado para formalizar, porque si llegaba después de haber finalizado, entendía la Sala que se le acortaba el término otorgado por la Ley a la parte contraria para preparar y producir los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del formalizante.
Sin embargo, penetrada la Sala de serias dudas acerca de la legalidad de la doctrina precedente, y en atención particularmente a las serias deficiencias que actualmente presenta nuestro sistema de correos, la Sala, en el futuro, no declarará perecido el recurso cuyo escrito de formalización, autenticado ante un juez de la República, ingrese a la Secretaría de la misma después de haberse vencido el lapso para formalizar. Si fuere el caso- y así se solicitare expresamente por el interesado- procederá prorrogar el lapso fijado para contestar la formalización, pues en uno y en otro caso la causa en el retardo no es imputable a las partes.
El precedente canon jurisprudencial se modificó a partir del 10 de agosto de 1999, a través de la sentencia del caso: “Orlando Antonio García contra Enelven”, en la cual la Sala de Casación Civil estimó que el lapso que establece el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil es de carácter preclusivo; en consecuencia, la recepción del escrito de formalización en la Secretaría de esa Sala con posterioridad a los 40 días más el término de la distancia, si lo hubiere, daría lugar a la aplicación de la sanción de perecimiento que establece el artículo 325 eiusdem. Sin embargo, se previó como excepción la circunstancia de que “(…) el recurrente pruebe plenamente a juicio de la misma corte, que no pudo formalizar a tiempo el recurso por una causa extraña que no le sea imputable (…)” (Cfr. ss.S.C.C. n.os RC-039, RC-120, RC-156 de 23 de febrero, 11 de mayo y 14 de junio de 2001, respectivamente).
No obstante lo anterior, en relación con los casos en los cuales el recurrente presenta el escrito de formalización ante el Tribunal en el cual se anunció el recurso, la Sala de Casación Civil ha mantenido un criterio distinto; así, en la sentencia del caso: “María Auxiliadora Mejía contra Josefina del Carmen Ríos y Esther Linares Zambrano”, n.° RC-275 del 10 de agosto de 2000, se apuntó:
El artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece la posibilidad de que la parte recurrente, presente el escrito de formalización directamente en el Tribunal que admitió el recurso, siempre y cuando la consignación de dicho escrito se produzca antes del envío del expediente. Si la formalización es presentada en el Tribunal dentro de los cuarenta días que establece el mencionado artículo, y aun no ha sido remitido el expediente, debe considerarse tempestiva, pues la norma no sanciona ni condiciona la oportunidad ni efectividad de dicho acto procesal a la remisión posterior y oportuna del expediente al Tribunal Supremo de Justicia. En otras palabras, la exigencia del Legislador, se limita a que el escrito se presente oportunamente en el Tribunal que admitió el recurso dentro de los 40 días del lapso de formalización. La remisión del expediente es una actividad procedimental del Tribunal, de obligatorio cumplimiento para el Juez, como lo ordenan los artículos 314, 315 y 316 eiusdem (Doctrina que se ratificó en los fallos nos 275 de 12 de junio de 2003, 249 y 1.180 de 27 de abril y 13 de octubre de 2004, respectivamente).
De la transcripción precedente, se colige que esa Sala ha admitido excepciones en la aplicación de la sanción de perecimiento del recurso cuando la causa de la recepción extemporánea del escrito de formalización no haya sido imputable al recurrente. Sin embargo, tales excepciones se han aplicado en un supuesto distinto al caso que nos ocupa, que es cuando el expediente ya ha sido recibido en la Sala y el recurrente ha optado por presentar la formalización en un tribunal de instancia para su autenticación.
4. El derecho al debido proceso ha sido definido por esta Sala como aquel en el cual se ofrecen las garantías indispensables para la existencia de una tutela judicial eficaz (Cfr. caso: “Agropecuaria Los Tres Rebeldes C.A”., sentencia n.° 97 del 15 de marzo de 2000). Este derecho-garantía constituye uno de los sostenes primordiales del Estado de Derecho, pues su reconocimiento histórico aparejó la sujeción a la Ley por parte de los órganos del poder público a favor de los ciudadanos (due process of Law). Hoy día, este instituto no sólo está reconocido por todas las constituciones democráticas, sino que también ha encontrado cobertura normativa en numerosos tratados y demás instrumentos de protección internacional de los Derechos Humanos (v.gr. Arts. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela exige, además, que no sólo las actuaciones judiciales deban ser conformes al debido proceso, sino que también éste informa a los procedimientos de naturaleza administrativa. Este último avance en el Derecho Constitucional venezolano se anticipó a la tendencia que, en nuestro Continente, posteriormente, recogería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso contencioso Baena Ricardo et al contra Panamá del 2 de febrero de 2001.
En el asunto de autos, se delató que la sentencia objeto de impugnación imposibilitó el ejercicio del recurso de casación, el cual es un medio procesal de estricta configuración legal, es decir, que el reconocimiento de los derechos a la tutela judicial eficaz y al debido proceso no implica que para todas las cuestiones esté abierto necesariamente un recurso como el de casación, calificado legalmente como extraordinario; en este caso, esta Sala considera que la decisión objeto de impugnación es lesiva del derecho de acceso a un recurso o medio procesal legalmente definido, el cual es corolario del derecho de acceso a la justicia, por las razones que se detallarán infra.
Los derechos a la tutela judicial eficaz y al debido proceso imponen a los jueces el deber de interpretar las normas procesales de manera que estos derechos constitucionales sean efectivos, por lo que aquéllos han de concatenar los dispositivos legales con su trascendencia constitucional, siempre en procura del favorecimiento del acceso a la justicia. En la sentencia objeto de revisión, la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal de Justicia interpretó las normas de los artículos 317 y 325 del Código de Procedimiento Civil en forma contraria a las exigencias del Texto Constitucional, pues el requerimiento de que los escritos de formalización sean recibidos en su despacho dentro del lapso de cuarenta días –más el término de la distancia- aun cuando se hubiesen consignado tempestivamente en otro tribunal, limita irrazonablemente el derecho de acceso a la justicia, concretado en la posibilidad de ejercer el medio extraordinario de la casación como medio para la realización de la justicia, en los términos del artículo 257 constitucional.
La razón subyacente en la asunción del criterio objeto de análisis por parte de la Sala de Casación Civil radica en la protección del derecho a la defensa de la contraparte quien, según se expone, vería reducido el lapso para la presentación de la impugnación a la formalización. Esta Sala Constitucional observa que esa situación, efectivamente cierta e inadmisible, puede ser corregida por la Sala de Casación Civil a través de actos de reordenación del proceso, como será precisado infra. Por lo anterior, se aprecia que con la expedición del pronunciamiento sub examine, se incurrió en una interpretación de la ley procesal excesivamente rigorista, contraria a las exigencias de los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con la interpretación excesivamente formalista, como nos ilustra el maestro italiano Salvatore Satta, se incurre en una “repulsa de ayuda”, o más bien en una negación del Derecho, a cuyo respeto se deben los magistrados y jueces (Cfr. “Siloloquios y Coloquios de un Jurista”, traducción de Santiago Sentís Melendo. Editorial Ejea). Esta Sala ha cuestionado la conducta que ha denominado como “…el regreso a las solemnidades procesales del ordenamiento pre-constitucional” (Cfr. s.S.C. n.° 4.674 del 14 de diciembre de 2005, caso: Miguel Ángel Villalobos Fuenmayor), ya que el reconocimiento expreso del derecho a la tutela judicial eficaz necesariamente implica que la interpretación de las instituciones procesales debe ser lo suficientemente amplia, en procura de que el proceso sea una garantía para que las partes puedan obtener un pronunciamiento de fondo a través del cual se “realice la justicia” y no una traba para la concreción efectiva de las garantías que la Constitución de la República Bolivariana reconoce (Cfr. s.S.C. n.° 708 del 10 de mayo de 2001, caso: Juan Adolfo Guevara y otros).
En conclusión, esta Sala aprecia que la interpretación de los artículos 317 y 325 del Código de Procedimiento Civil que hizo la Sala de Casación Civil a través del pronunciamiento sub examine no se corresponde con el mandato de los artículos 26 y 257 constitucionales, pues con ella se dio preeminencia al derecho a la defensa de la contraparte en el juicio, el cual no se encontraba realmente en conflicto con el derecho del recurrente y, de esa forma, con el auxilio de una argumentación excesivamente formalista se despachó un recurso que debía conocer por imperativo de la Ley.
En otro orden de ideas, la sanción de perecimiento que fue impuesta al recurrente de casación obvió el hecho que motivó que el escrito de formalización se recibiese tardíamente en la Sala de Casación Civil no es imputable al formalizante, sino por el contrario es consecuencia de la negligencia del juzgado remitente o consignatario. Es un principio general del Derecho Procesal que la actividad de los jueces no puede perjudicar a los litigantes (Cfr. ss.S.C. n.os 956 de 01 de junio de 2001 y 1.748 15 de julio de 2005, casos: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero y Luis Tascón Gutiérrez, respectivamente).
En todo caso, esta juzgadora considera que el pronunciamiento acerca de la tempestividad o no de los escritos de formalización, en los supuestos como el de autos, debe hacerse en atención a la oportunidad en que aquéllos sean consignados en el juzgado ante el cual se presentan a los fines de su autenticación; en ese supuesto, la Sala de Casación Civil -después de la realización del cómputo del lapso que corresponda a la formalización- decidirá acerca de la tempestividad o extemporaneidad de la formalización.
5. Por todas las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional anula la sentencia n.° 000656 que expidió, el 09 de agosto de 2007, la Sala de Casación Civil, en el expediente n.° AA20-C-2007-000082, ya que es contraria a la correcta interpretación que, de las normas legales, imponen los artículos 26, 49 y 257 del Texto Fundamental y, en consecuencia, declara la nulidad de todas las actuaciones procesales subsiguientes a la declaratoria de perecimiento del citado recurso de casación y repone el proceso al estado de que la Sala de Casación Civil –luego de la recepción del expediente correspondiente- inicie nuevamente la sustanciación del recurso de casación que se formalizó contra la sentencia que emitió, el 31 de octubre de 2006, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. Así se decide.
Por otra parte, como se esbozó supra, el ingreso del escrito de formalización cuando ya ha transcurrido el lapso de cuarenta días más el término de la distancia genera un menoscabo al derecho a la defensa de la contraparte, pues el lapso para la impugnación comenzaría a computarse de forma sucesiva a la preclusión del que corresponde para la formalización. En ese caso, el impugnante contaría sólo con los días que hipotéticamente restasen después del recibo del escrito de formalización en la Sala para el ejercicio de la impugnación.
El remedio para esta situación se alcanza a través de la reordenación del proceso y de sus lapsos. Así, la Sala de Casación Civil, en casos como el de autos, deberá ordenar la notificación de quien funja como contraparte en el recurso de casación para el ejercicio de la impugnación, cuyo lapso procesal se iniciará a partir del día siguiente a la constancia en autos de haberse practicado la notificación en referencia. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional que interpuso el ciudadano RAMÓN GÓMEZ GÓMEZ, el 29 de octubre de 2007, contra la sentencia n.° 000656 que pronunció la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia el 09 de agosto de 2007. En consecuencia, ANULA dicho acto de juzgamiento; declara la nulidad de todas las actuaciones procesales subsiguientes a la declaratoria de perecimiento del citado recurso de casación y repone el proceso al estado de que la Sala de Casación Civil –luego de la recepción del expediente correspondiente- inicie nuevamente la sustanciación del recurso de casación que se formalizó contra la sentencia que emitió, el 16 de octubre de 2006, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre; en tal circunstancia, esa Sala deberá ordenar la notificación de quien funja como contraparte en el recurso de casación para el ejercicio de la impugnación, cuyo lapso procesal se iniciará a partir del día siguiente a la constancia en autos de haberse practicado la notificación en referencia.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Remítase copia certificada del presente pronunciamiento a la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia; al Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre y al Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 27 días del mes de junio de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
…/
…
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.cr.
Exp. 07-1543
Quien suscribe, Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en virtud de la potestad que le confiere el artículo 53 del Reglamento de Reuniones de este Alto Tribunal, consigna su opinión concurrente al contenido decisorio del fallo recaído en el expediente N° 07-1543, por las razones siguientes:
La Sala declaró que ha lugar a la revisión constitucional que interpuso el ciudadano Ramón Gómez Gómez, respecto de la sentencia N° 000656 del 9 de agosto de 2007, dictada por la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal, y en consecuencia, anuló dicho acto jurisdiccional y repuso la causa el estado en que “[…] la Sala de Casación Civil –luego de la recepción del expediente correspondiente- inicie nuevamente la sustanciación del recurso de casación que se formalizó contra la sentencia que emitió, el 16 de octubre de 2006, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente y Bancario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre; en tal circunstancia, esa Sala deberá ordenar la notificación de quien funja como contraparte en el recurso de casación para el ejercicio de la impugnación, cuyo lapso procesal se iniciará a partir del día siguiente a la constancia en autos de haberse practicado la notificación en referencia”.
Si bien comparto en su totalidad el dispositivo supra señalado, discrepo de algunas de las consideraciones contenidas en la parte motiva de la decisión concurrida.
1.- Así, en el folio dieciséis (16) de la sentencia se afirma “[…] En conclusión, esta Sala aprecia que la interpretación de los artículos 317 y 325 del Código de Procedimiento Civil que hizo la Sala de Casación Civil a través del procedimiento sub examine no se corresponde con el mandato de los artículos 26 y 257 constitucionales, pues con ella se dio preeminencia al derecho a la defensa de la contraparte en el juicio, el cual no se encontraba realmente en conflicto con el derecho del recurrente y, de esa forma, con el auxilio de una argumentación excesivamente formalista se despachó un recurso que debía conocer por imperativo de la Ley” (Subrayado añadido).
Como puede observarse, en la parte in fine del texto transcrito la sentencia concurrida afirma que la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal rechazó un recurso que por imperio de la ley debía conocer; afirmación que no comparto por cuanto el rechazo del recurso de casación obedeció a lo extemporáneo del escrito de formalización, empero tal circunstancia, es decir, la interposición tardía del escrito de formalización no constituye la única razón para declarar perecido el recurso de casación interpuesto; pues adicionalmente al supuesto de formalización extemporánea del recurso de casación está el contenido en la parte final del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé la circunstancia de que el recurso de casación sea formalizado por un abogado sin especial capacidad de postulación; y el contenido en el artículo 325 del referido Texto Adjetivo Civil, según el cual será declarado perecido el recurso de casación, sin entrar a decidirlo, cuando no llene los requisitos exigidos en el artículo 317 eiusdem.
Considera entonces quien suscribe que ha debido señalarse en el texto tales circunstancias, ya que de la referida afirmación pudiera concluirse de manera equívoca que si el escrito de formalización es presentado oportunamente, la Sala de Casación Civil estaría obligada a conocer el recurso de casación sin examinar los supuestos supra señalados, lo cual es incorrecto.
2.-Asimismo, en la parte motiva de la sentencia, al folio diecisiete (17) se señala expresamente lo que sigue:
“[…] Por otra parte, como se esbozó supra, el ingreso del escrito de formalización cuando ya ha transcurrido el lapso de cuarenta días más el término de la distancia genera un menoscabo al derecho a la defensa de la contraparte, pues el lapso para la impugnación comenzaría a computarse de forma sucesiva a la preclusión del que corresponde para la formalización. En este caso, el impugnante contaría sólo con los días que hipotéticamente restasen después del recibo del escrito de formalización en la Sala para el ejercicio de impugnación.
El remedio para esta situación se alcanza a través de la reordenación del proceso y de sus lapsos. Así, la Sala de Casación Civil, en casos como el de autos, deberá ordenar la notificación de quien funja como contraparte en el recurso de casación para el ejercicio de la impugnación, cuyo lapso procesal se iniciará a partir del día siguiente a la constancia en autos de haberse practicado la notificación en referencia. Así se decide”.
De lo antes transcrito se observa que el fallo concurrido extiende su pronunciamiento hasta el lapso en el cual el recurso de casación debe ser contestado y afirma que la interpretación efectuada por la Sala de Casación Civil respecto de los cuarenta (40) días para la formalización del mismo genera un menoscabo en el derecho a la defensa respecto de quien deba contestarlo, y da por sentado que ello ha de ser así, afirmaciones que considero distan del objeto de la revisión, el cual se circunscribe a un fallo que declaró perecido el recurso de casación por haberse presentado extemporáneamente su formalización.
Aun cuando estoy de acuerdo con que la interpretación efectuada por la Máxima Instancia Civil incidió aflictivamente en los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva del solicitante de la revisión, extender las consideraciones hacia la esfera jurídica de aquél a quien corresponda su impugnación luce incorrecto, ya que si bien dicho aspecto no atañe solo al formalizante, el mismo no fue adversado en revisión, aunado a que la contestación del recurso de casación es optativa, y en el caso de autos no se dejó constancia de que se verificó.
Si bien la Sala tiene la potestad de revisar las sentencias de amparo definitivamente firmes, así como de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, incluso las decisiones de las demás Salas de este máximo Tribunal, dicha potestad es estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional, debiendo por tanto la Sala ser prudente en cuanto a la admisión y procedencia de recursos que pretendan la revisión de sentencias que han adquirido dicho carácter de cosa juzgada judicial, prudencia que considero debe ser extensiva en cuanto a su alcance y sus efectos.
En el presente caso, la argumentación dada en la parte final de la motiva, la cual fue transcrita, parece haber extendido los efectos del fallo a supuestos fácticos no verificados en el caso que fue examinado.
Por lo tanto, quien concurre estima suficiente la declaratoria de nulidad de la sentencia impugnada en revisión, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales siguientes a la declaratoria de perecimiento del recurso y la reposición del proceso al estado en que la Sala de Casación Civil inicie nuevamente la sustanciación del recurso de casación propuesto; dejando a cargo de esa Máxima Instancia Civil, en ejercicio de su deber de garante del debido proceso, que resolviese lo conducente respecto a la contestación del recurso de casación –si se verificara tal circunstancia, sobre todo cuando este aspecto -como se dijo- no aparece relacionado en el caso objeto de análisis.
Quedan de este modo expresadas las razones del presente voto concurrente.
La Presidenta,
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepre/…
…/sidente,
Francisco A. Carrasquero López
Los Magistrados,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Concurrente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
V.C. Exp.- 07-1543
CZdeM/
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