Sentencia N.º 993
- Sentencia
- N.º 993
- Fecha
- 27/07/2015
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 15-0319
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
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EN SALA CONSTITUCIONAL
Exp. N° 15-0319
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 20 de marzo de 2015, el abogado Gilberto Jansen Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 24.572, actuando en su carácter de apoderado judicial, según consta en autos, de la sociedad mercantil INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PREFABRICADOS, C.A., (INCOPRECA), inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 2 de marzo de 1999, bajo el N° 5, Tomo 12-A, interpuso solicitud de revisión de la sentencia N° 000027 dictada, el 24 de febrero de 2015, por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró con lugar el Recurso de Casación interpuesto por el ciudadano José Vicente Rodríguez López contra la sentencia dictada, el 4 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró a su vez sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada y sin lugar la oposición ejercida contra el decreto cautelar de prohibición de enajenar y gravar, confirmando el fallo dictado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial el 21 de marzo de 2014.
El 24 de marzo de 20015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quine con tal carácter suscribe el presente fallo.
Mediante sentencia N° 567 del 8 de mayo de 2015, la Sala solicitó al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, informara el estado actual en que se encuentra la causa que por cobro de bolívares sigue la sociedad mercantil Ingeniería de la Construcción y Prefabricados, C.A., (INCOPRECA), contra el ciudadano José Vicente Rodríguez López y remitiera copia certificada del expediente N° AP71-R-2014-000470.
Mediante Oficio N° 0135/2015 del 14 de mayo de 2015, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió la información solicitada.
El 20 de mayo de 2015, compareció el abogado Gilberto Jansen Rodríguez, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Ingeniería de la Construcción y Prefabricados, C.A. (INCOPRECA), y solicitó la foliatura del oficio N° 0135/2015 de fecha 14 de mayo de 2015, suscrito por la Jueza del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así como de la copia certificada de la totalidad del expediente N° AP71-R-2014-000470.
El 19 de junio de 2015, el referido apoderado judicial presentó escrito ante esta Sala, a través del cual señaló que la sentencia recurrida en casación cumple con los requisitos consagrados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Y el 20 de julio de 2015 solicitó pronunciamiento sobre la medida cautelar.
Efectuada la lectura del expediente, esta Sala procede a emitir decisión, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN
Señaló el apoderado judicial de la solicitante, como antecedentes del caso lo siguiente:
Que [e]n fecha 12 de agosto de 2013, interpusimos ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, escrito contentivo del libelo de la demanda por COBRO DE BOLÍVARES, en la cual fue solicitada la corrección monetaria de la suma cuyo pago se exige judicialmente, en condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PREFABRICADOS, C.A., (INCOPRECA), contra el ciudadano JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ LÓPEZ, ( ), por cuanto el referido ciudadano había recibido la cantidad de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 8.500.000,00), en la calidad de depósito en procuración para la realización de operaciones comerciales y procura de material de construcción necesarios para la consecución de objetivos que le son propios a la referida sociedad mercantil ( ).
Que el 22 de octubre de 2014, esta representación judicial, previo requerimiento del Tribunal de la causa, esto es, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, procedió a presentar escrito contentivo de reforma de la demanda intentada, por cuanto se había cometido un error material en la misma. El día 24 de octubre de 2013, el Tribunal de la causa, procedió a admitir la demanda por COBRO DE BOLÍVARES intentada, por los trámites del procedimiento ordinario; y en consecuencia, ordenó el emplazamiento de la parte demandada para que, en la oportunidad legal correspondiente, diera contestación a la demanda u opusiera las defensas que considerara pertinentes.
Que [t]ramitada la causa, el 06 de diciembre de 2013, el Juzgado de primer grado de conocimiento, ordenó abrir el cuaderno de medidas, en virtud de la solicitud de medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble propiedad de la parte demandada, constituido por una (1) parcela de terreno distinguida con el número noventa y dos (92) y la casa Quinta sobre ella construida, ubicada en la Calle A, en el plano de la urbanización Santa Marta, en Jurisdicción del Municipio Baruta, del Estado Miranda, solicitada por esta representación judicial, al cual le fue asignado el Nro. AH1A-X-2013-000078.
Que [e]n fecha 09 de diciembre de 2013, el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, dictó sentencia a través de la cual DECRETÓ medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar, sobre el bien inmueble anteriormente indicado, por cuanto consideró llenos los requisitos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, referidos a la presunción grave del derecho que se reclama, conocido con el aforismo latino fumus boni iuris; y, al riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).
Que [e]l 04 de febrero de 2014, el ciudadano JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ LÓPEZ, debidamente asistido por el profesional del derecho ROBERT URBINA GARCÍA, presentó escrito de oposición a la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada, dado que, en su opinión, la decisión que había decretado la medida cautelar, estaba inmotivada, por cuanto el inmueble sobre el cual recayó la misma, no era de su propiedad; y, que la medida decretada no llenaba los extremos de ley.
Que [p]osteriormente, el día 21 de marzo de 2014, el Tribunal de la causa, emitió pronunciamiento mediante el cual declaró SIN LUGAR la oposición propuesta por la parte demandada, en contra de la medida de prohibición de enajenar y gravar, decretada por el tribunal, el 09 de diciembre de 2013.
Que [e]l 26 de marzo de 2014, el apoderado judicial de la parte demandada, apeló de la referida decisión; recurso el cual fue oído en un solo efecto por el Tribunal de la causa, mediante auto dictado el día 21 de abril de ese mismo año.
Que [r]ecibido los autos por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en virtud del recurso de apelación ejercido por el demandado, en fecha 04 de julio de 2014, previo trámite del procedimiento ante esa segunda instancia, dicho tribunal procedió a dictar decisión a través de la cual declaró SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial del ciudadano JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ LÓPEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; CONFIRMÓ el fallo recurrido, en toda y cada una de sus partes; y declaró SIN LUGAR la oposición formulada por la parte accionada, contra la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar decretada por el referido Juzgado y en consecuencia, declaró que se mantenía vigente la medida preventiva de enajenar y gravar .
Señaló que contra dicha sentencia los apoderados judiciales de la parte accionada, anunciaron recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto proferido el 29 de julio de 2014.
Que [r]emitido el expediente a la Sala de Casación Civil, el día 07 de octubre de 2014, la representación judicial de la parte accionada, formalizó el recurso de casación anunciado; contra dicha formalización, oportunamente procedimos a dar contestación a la misma; y, de igual forma, hubo réplica y contrarréplica.
Que [t]ramitada la causa ante dicha instancia, en fecha 24 de febrero del presente año, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión Nro. 27 ( ), declaró CON LUGAR el Recurso de Casación ejercido por la representación del ciudadano JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ LÓPEZ, parte demandada en la causa principal, contra la decisión dictada el 4 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y ANULÓ la sentencia recurrida, ordenando al Juzgado Superior a quien correspondiese el conocimiento del asunto que dicte una nueva sentencia, sin incurrir en el supuesto vicio de inmotivación detectado; y CASO el fallo impugnado.
Que [e]n virtud de ello, la referida Sala de Casación Civil, ordenó la remisión del expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que se dictara la decisión respectiva, sin hacer más consideraciones al respecto. Remitido el expediente a la referida Unidad de Distribución, luego del sorteo respectivo, correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual mediante auto del día 09 de marzo de 2015, se abocó al conocimiento de la causa; ordenó la notificación de las partes; otorgó el lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, fijó el lapso de 40 días para dictar su fallo y omitió fijar el término de 10 días de despacho, para la reanudación de la causa, previsto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, y lo establecido por esta Sala en sentencia Nro. 3543, de fecha 18 de diciembre de 2003, ( ), bajo Ponencia del Magistrado IVÁN RINCÓN URDANETA.
Que, con base en el numeral 10° del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 25, numerales 10° y 11° de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicita la revisión de la decisión N° 27 dictada por la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal, el 24 de febrero de 2015, que en su criterio desconoció un precedente y criterio vinculante establecido por esta Sala Constitucional, incurriendo así en la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa de su representada.
En primer término señaló que la sentencia cuya revisión constitucional es exigida, fundamenta su decisión de declarar con lugar el recurso de casación ejercido por el demandada, y la consecuente nulidad del fallo recurrido, bajo la premisa que la juez de la recurrida no había indicado cuáles hechos de los expresados en el libelo de la demanda demostraban la existencia del fumus boni iuris, ni efectuado un análisis de la prueba instrumental, que evidenciaban el cumplimiento del mencionado requisito; que tampoco había expresado las razones por las cuales consideró cumplido el requisito de periculum in mora, por lo que termina concluyendo la Sala que, el juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, había incurrido supuestamente en el vicio de inmotivación, por falta absoluta de fundamentos que soportaran el fallo, al no expresar los motivos de hecho y de derecho en los que fundamenta el decreto de la medida de prohibición de enajenar y gravar, por lo que había resultado, según los dichos de la propia Sala de Casación Civil, quebrantando el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
Que es forzoso concluir que, la sentencia anulada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, efectivamente cumplió con el requisito de motivación, habida cuenta que, ella contiene un silogismo en el cual fueron analizados todos los motivos de hecho y circunstancias alegadas por ambas partes, tanto en la fase de la incidencia cuya decisión fue apelada, como en la sustanciación del recurso de apelación que resolvió; abundando en los razonamientos de derecho y el análisis de precedentes jurisprudenciales que le permitieron concluir que los extremos legales necesarios de procedencia de la medida de prohibición de enajenar y gravar (objeto de la oposición) habían sido formalmente cumplidos.
Que la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de esta Circunscripción Judicial, de fecha 4 de julio de 2014, si estableció los motivos de hecho y de derecho por los cuales consideró que el decretó a la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar decretada por el Tribunal de la primera instancia, sí había estado ajustada a derecho, por cuanto había considerado llenos los extremos legales previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de analizar todos y cada uno de los alegatos esgrimidos por las partes en la incidencia cautelar, estableció las normas y los criterios jurisprudenciales de los cuales emanaban su pronunciamiento, analizó cada uno de los hechos concretos existentes en el asunto planteado: esto es, la solicitud de la medida cautelar; el decreto a la medida preventiva; su oposición; el análisis de la situación apelada; y los alegatos proferidos por el apelante en su escrito de informes.
Que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, subvirtió el orden procesal que es inmanente a las garantías del debido proceso, al aseverar que el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en la decisión del 4 de julio de 2014, omitió un análisis de la prueba instrumental que fue aportada como documento fundamental de la demanda, cuando tal análisis era imposible que fuese efectuado, por la sentencia que fue recurrida ante la Sala de Casación Civil, ya que dicho instrumento no constaba en las actas procesales que integraron el referido expediente, y ello, dado que, los apelantes no lo aportaron al expediente en cuestión.
Indicó que, la sentencia objeto de análisis incurrió en el vicio de inmotivación e incongruencia omisiva, al decidir con fundamento a elementos que no se encontraban en el expediente en la oportunidad en la que se dictó el fallo, y que la misma prescindió del análisis de los argumentos y defensas expuestos (sic) en los escritos de contestación a la formalización del recurso de casación y contrarréplica, los cuales hubieran permitido a esta representación judicial, conocer, efectivamente, los motivos de hecho y derecho que llevaron a la Sala de Casación Civil, a declarar con lugar el recurso de casación ejercido .
Destacó, que la Sala de Casación Civil ordenó una reposición que atenta contra el principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, generando una dilación, por demás inoficiosa al retrotraer el juicio a una fase procedimental ya superada.
Requirió, que esta Sala solicitara el expediente original que se encuentra actualmente en el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin de constatar la veracidad de las denuncias contenidas en el presente recurso (sic) de revisión constitucional, y que a tenor de lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se verifique que la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esa misma Circunscripción Judicial el 4 de julio de 2014, que declaró sin lugar la apelación contra el fallo que a su vez había declarado sin lugar la oposición a la medida de prohibición de enajenar y gravar, efectivamente está motivada.
En virtud de todo lo expuesto, requirió se declare ha lugar la solicitud de revisión interpuesta.
II
DE LA SENTENCIA CUYA REVISIÓN SE SOLICITA
El fallo cuya revisión es solicitada, dictado por la Sala de Casación Civil de este alto Tribunal el 24 de febrero de 2015, declaró con lugar el recurso de casación formalizado contra la sentencia de fecha 4 de julio de 2014, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia anula la sentencia recurrida y ordena al Juez Superior que corresponda, dicte nueva sentencia sin incurrir en el vicio detectado, quedando de esta manera casada la sentencia impugnada, en los siguientes términos:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Con fundamento en lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación, infringiendo el artículo 243 ordinal 4° eiusdem, pues a su juicio se limitó a señalar las actuaciones ocurridas en la incidencia cautelar, lo expuesto por el juzgado a quo para decretar la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la parte actora, la motivación de la sentencia que declara sin lugar la oposición y confirma dicha medida, así como el criterio de esta Sala sobre las medidas preventivas, pero dejó de expresar los motivos por los cuales consideró satisfechos los extremos legales del fumus boni iuris y periculum in mora, previstos en el artículo 585 del mismo Código.
Seguidamente, manifiestan que la sentenciadora de alzada no llevó a cabo la menor labor argumentativa e interpretativa para considerar satisfechos los extremos del fumus boni iuris y periculum in mora, sino que por el contrario decidió adoptar olímpicamente los motivos que el a quo adoptó en su momento para acordar la medida cautelar solicitada , por lo que carece por completo de cualquier hilo argumentativo de derecho y fáctico que conduzca al juez a quo, inclusive a cualquier juez de la República, a la conclusión presuntiva que los extremos legales antes expuestos han sido satisfechos .
Finalmente, expresan que lo anterior impide el control de la legalidad del fallo recurrido pues no se basta a si mismo, sino que debe acudirse al decreto de la medida de prohibición de enajenar y gravar para hallar los motivos por los cuales consideró satisfecho los mencionados extremos legales.
Para decidir, la Sala observa:
De los requisitos formales que debe contener toda sentencia, previstos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra en cuarto lugar el referido a la motivación del fallo, que obliga al juez a expresar en éste los motivos de hecho y de derecho de la decisión . Este requisito exige al mismo tiempo, que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa.
De esta manera, las partes obtendrán un legítimo derecho de defensa, puesto que en caso de desacuerdo con la argumentación dada por el juzgador podrán interponer los recursos previstos en la ley para la revisión o control de la legalidad de la sentencia; en palabras sencillas, les permite controlar si el sentenciador incurrió en alguna arbitrariedad, al exigírsele justificar el razonamiento lógico que lo condujo a establecer el dispositivo. En este sentido, la Sala ha señalado, entre otras, en sentencia N° 002, de fecha 12 de enero de 2011, caso: Aig Uruguay Compañía de Seguros, S.A. contra Agequip Agenciamiento y Equipos, S.A. y otra, lo siguiente:
...Se ha sostenido que el vicio de inmotivación consiste en la ausencia de fundamentos de hecho y de derecho capaces de soportar el dispositivo de la sentencia. La importancia de este requisito que, además es de estricto orden público, es permitir a los justiciables conocer el criterio que tuvo el juez para resolver la controversia sometida a su consideración, y así permitir el control posterior, impidiendo con ello la arbitrariedad judicial, para cristalizar con ello las garantías constitucionalizadas del derecho a la defensa y el debido proceso.
De igual manera, se ha entendido que la falta absoluta de fundamentos adopta diversas modalidades, entre las cuales podemos encontrar: i) que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento, ii) que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente; iii) que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, iv) que todos los motivos sean falsos.
Asimismo, respecto del vicio de inmotivación, esta Sala en pacífica y consolidada jurisprudencia, ha establecido entre otras, en sentencia N° 695, de fecha 27 de noviembre de 2009, caso: Asociación Venezolana de Matadores de Toros y Novillos contra Compañía Anónima Seguros Catatumbo, expediente N° 09-108, que: el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil uno de los cuales -contemplado en el ordinal 4° de dicha norma- es la necesaria motivación del fallo, cuyo cumplimiento, además de ser de estricto orden público, supone por parte del sentenciador, la expresión clara y precisa de los motivos tanto de hecho, como de derecho, que le permiten llegar a cierta determinación, como resolución de lo controvertido .
En el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, en relación con el requisito de la motivación de la sentencia, en fallo N° 685, de fecha 9 de julio de 2010, caso: Henry Eduardo Bilbao Morales, dejó sentado lo siguiente:
Esta Sala Constitucional ha sido consistente en resaltar la importancia de la motivación como requisito esencial de toda decisión judicial, requisitos de orden público de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República. Así pues, en sentencia N° 1516 del 8 de agosto de 2006, caso: C.A. Electricidad de Oriente (Eleoriente), estableció:
Conexo a dicho elemento, dispuesto en el artículo 173 eiusdem con respecto a que la decisión debe ser fundada, la misma debe atenerse a lo alegado y probado en autos, por cuanto es de la motivación que se desprende de un determinado fallo, que se puede verificar si se apreciaron o no los argumentos de hecho y de derecho alegados por las partes, ya que si bien es cierto que la procedencia de una pretensión no requiere el análisis exhaustivo de cada alegato, debe destacarse que si éstos son relevantes para las resultas del proceso, debe procederse a su apreciación, en aras de la congruencia de la decisión que se trate.
De igual forma, la Sala, en sentencia N° 1893, del 12 de agosto de 2002, caso: Carlos Miguel Vaamonde Sojo, sostuvo lo siguiente:
Así las cosas, esa exigencia del Juez de motivar la sentencia, que está plasmada igualmente en los distintos sistemas procesales venezolanos, no es una garantía para una sola de las partes, sino que le corresponde a todas las partes involucradas en el proceso, correspondiéndole entonces tanto al imputado, a la víctima y al Ministerio Público, que tiene la misma posición, delineada por la objetividad en los términos planteados en el artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal, de sujeto agente y no exactamente de tercero de buena fe, en razón de que ejercita la acción penal en interés del Estado.
Razón por la cual, el imputado tiene derecho de conocer los motivos por los cuales fue absuelto o condenado, al igual que la víctima y el Ministerio Público y, por ello, no puede entenderse que la motivación es una garantía establecida sólo a favor del imputado [...].
En esos términos, la motivación de la sentencia, como garantía de las partes, es una exigencia constitucional, que no puede ser limitada por lo establecido en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal.
Así pues, esta Sala ratifica que la motivación de la sentencia, como garantía de las partes, es una exigencia constitucional que no puede ser limitada por norma legal alguna, por lo que los fallos judiciales deben resolver todos los puntos formulados en la causa, siempre y cuando resulten necesarios e indispensables para las resultas del proceso, salvo que sean elementos redundantes que no van a modificar el destino de la decisión jurisdiccional .
Aun más, esta Sala de Casación Civil en relación al requisito de motivación del fallo de las sentencias que se dicten con ocasión a una incidencia cautelar, dejó establecido en su sentencia Nº de fecha 21 de junio de 2005, exp. N° 04-805, caso: Operadora Colona C.A. contra José Lino Andrade y otros, que: ...la discrecionalidad con que debe obrar el juez, al momento de decretar la cautela, en forma alguna lo exime para omitir las aportaciones sobre la procedencia que de la medida haga la parte opositora, pues de entender que la discrecionalidad actúa en tal sentido, se reduciría la eficacia procesal de la figura de la oposición y su existencia procesal se vería reducida a una simple figura decorativa, vacía, sin utilidad práctica alguna dentro del proceso cautelar....
Como puede observarse de las sentencias precedentemente transcritas proferidas por este Alto Tribunal, el requisito de la motivación de la sentencia es de orden público, y en consecuencia de obligatorio cumplimiento, pues las partes tienen derecho a conocer cuáles son los motivos de hecho y de derecho de la decisión a los efectos de controlar su legalidad, lo cual responde al acatamiento de la garantía constitucional de tutela judicial efectiva; razón por la cual los jueces de instancia deben, al pronunciarse sobre la procedencia o negativa de la cautela solicitada, examinar los requisitos legales contenidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, expresando claramente las razones que soportan su determinación.
De modo, que bien sea para decretarla o para negarla, deben expresar los motivos de hecho y derecho de su decisión, haciendo un apropiado análisis de las pruebas.
Hechas estas consideraciones, esta Sala observa que en el presente caso los formalizantes sostienen que la sentenciadora de la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación al no expresar los motivos por los cuales consideró satisfechos los extremos legales del fumus boni iuris y periculum in mora previstos en el artículo 585 del mismo Código, limitándose a señalar las actuaciones ocurridas en la incidencia cautelar, lo expuesto por el juzgado a quo para decretar la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la parte actora, la motivación de la sentencia que declara sin lugar la oposición y confirma dicha medida, así como el criterio de esta Sala sobre las medidas preventivas.
Por esta razón, los recurrentes estiman que la juez de alzada no llevó a cabo la menor labor argumentativa e interpretativa para considerar satisfechos los extremos del fumus boni iuris y periculum in mora, sino que por el contrario decidió adoptar olímpicamente los motivos que el a quo adoptó en su momento para acordar la medida cautelar solicitada , por lo que carece por completo de cualquier hilo argumentativo de derecho y factico que conduzca al juez a quo, inclusive a cualquier juez de la república, a la conclusión presuntiva que los extremos legales antes expuestos han sido satisfechos .
Ahora bien, con el propósito de verificar la existencia del vicio denunciado, esta Sala estima necesario transcribir lo que al respecto dispuso en su sentencia la sentenciadora ad quem, para confirmar la medida de prohibición de enajenar y gravar:
La juez de alzada, expresó textualmente lo siguiente:
-III-
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Omissis
este Juzgado Superior observa:
Como ya fue indicado en el texto del presente fallo, se da inicio a la presente incidencia, por la oposición a la medida cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar, decretada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, propuesta por la parte demandada, ciudadano JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ LÓPEZ, debidamente asistido por el abogado ROBERT URBINA GARCÍA.
El argumento principal esgrimido por la parte accionada apelante, con ocasión de oponerse a la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por el Juzgado de la causa, se halla centrado en lo siguiente:
En primer lugar, que el fallo mediante el cual se había decretado la medida cautelar innominada, se encontraba viciado de nulidad absoluta, por estar inmotivado, por cuanto el Tribunal de la causa únicamente se había limitado a establecer los alegatos de la parte actora en su escrito de reforma, citar cierta Jurisprudencia y doctrina, sin siquiera subsumirla a los hechos del caso en concreto; para luego concluir en el decreto de la medida, sin haber tomado en cuenta los requisitos de procedencia exigidos por la ley, para el decreto de la medida, especialmente en lo que se refiere al requisito del periculum in mora;
En segundo término, que el inmueble sobre el cual había recaído a (sic) medida decretada, no era de su propiedad, en virtud del decreto de separación de cuerpos y bienes dictado por el Juzgado Undécimo de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el once (11) de agosto de dos mil diez (2010), a través del cual se había homologado la partición de los bienes de la comunidad conyugal, adjudicándole a la ciudadana MARIANELA SIBLESZ LLERAS, la totalidad del referido inmueble.
En último lugar, adujeron que la medida innominada decretada no había llenado los extremos de Ley, por cuanto no cumplía con los dos requisitos exigidos por el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil para conceder la tutela cautelar, a saber: el fumus boni iuris y el periculum in mora.
Precisado lo anterior, es por lo que procede esta Sentenciadora a determinar si, en base a lo exigido por nuestro ordenamiento jurídico y doctrina del Máximo Tribunal de Justicia, se cumplieron o no, con los presupuestos requeridos para la procedencia del decreto de medidas cautelares nominadas-como lo es la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles- a los solos fines de resolución de la oposición que dio inicio a esta incidencia.
Ahora bien, con respecto a los requisitos establecidos para el decreto de medidas cautelares nominadas, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:
Omissis
Asimismo, el artículo 588 del referido Código establece, con respecto a las medidas que pueden decretarse en un proceso, lo que a continuación se indica:
Omissis
En torno a este tema, la Sala de Casación Civil de nuestro más Alto Tribunal de Justicia, en sentencia Nro. 00266 del siete (07) de julio de dos mil diez (2010), con ponencia de la Magistrado Dra. ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ, ha dejado sentado lo siguiente:
Omissis
Asimismo, en sentencia Nro. 366, de fecha quince (15) de noviembre de dos mil (2000), la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal de Justicia, estableció que:
Omissis
Además, en lo que se refiere a la oposición a una medida cautelar, el artículo 602 del citado cuerpo normativo, dispone, lo que a continuación se transcribe:
Omissis
Sobre esta materia, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 0005, del veinte (20) de enero de dos mil cuatro (2004), con Ponencia del Magistrado Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ UZCATEGUI, ha dejado establecido, lo siguiente:
Omissis
De modo pues, que ha sido criterio imperante en la doctrina establecida por nuestro Más Alto Tribunal de Justicia, que para que puedan decretarse medidas cautelares nominadas y cuando se decide la oposición, el Juez, requiere verificar y precisar, en forma concurrente, la existencia de dos requisitos fundamentales, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama, que se pide, conocido con el aforismo latino de fumus bonis iuris, y la presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de la decisión periculum in mora; que el examen de los requisitos de procedencia de medidas ya decretadas, constituye un prepuesto de motivación de la sentencia, el cual requiere, necesariamente, el estudio de las pruebas aportadas, tanto en el libelo como en la incidencia de oposición, para determinar la procedencia o no de la medida cautelar que se pide; y, que la oposición a las medidas cautelares, consiste en el derecho de la parte contra quien se libren éstas, a contradecir los motivos que condujeron al Juez a tomar su decisión.
Ahora bien, se aprecia que, el punto central debatido en la presente incidencia, radica en el hecho de que, la parte demandada en la oportunidad de hacer oposición a la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por el Juzgado de la causa, indicó que el decreto que acordó tal medida cautelar, estaba viciado de inmotivación, por cuanto no había cumplido con los requisitos, presupuestos o extremos exigidos por la Ley Procesal, para el decreto de la mismas, concretamente en lo que respecta al riego manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, conocida con el aforismo latino de periculum in mora.
En este sentido, resulta oportuno destacar para este Tribunal que la motivación del decreto que acuerda la medida prohibición de enajenar y gravar, así como la sentencia que resuelve la oposición, está estrechamente vinculada con el derecho constitucional a la defensa de la parte contra quien obra la medida o del tercero que pueda verse afectado con la misma, ya que es la motivación la que permite que sean susceptibles de control por las vías de la oposición, apelación y Casación. En consecuencia, la falta de motivación del decreto que acuerda las medidas cautelares, así como de la sentencia que resuelve la oposición, conlleva a la violación de derechos constitucionales como el debido proceso y la defensa.
Al efecto la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 197 del 28 de marzo de 2007, en la cual ratifica los criterios expuestos en las decisiones Nº 831 de fecha 06 de noviembre de 2006; y, Nº 544 del 27 de julio de 2006, dispuso lo siguiente:
Omissis
Por tal razón, la sentencia que resuelva la oposición no sólo debe limitarse a confirmar la medida o revocar la misma, sino que además debe verificar a través de un análisis razonado y de una motivación propia, el cumplimiento de los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.
En el caso de autos, el Juzgado de la causa al decidir respecto de la oposición realizada por la parte demandada en contra de la medida decretada, señaló entre otras cosas:
Omissis
Ahora bien, en el primer aspecto en que el demando basa su oposición alega una inmotivación en el decreto de medida cautelar innominada.
En el fallo emanado de este Órgano Jurisdiccional de fecha 09 de Diciembre de 2013, se estableció la existencia del fumus boni iuris y del periculum in mora, conforme a los argumentos libelares y en apoyo al instrumento fundamental de la demanda, contenido en el documento autenticado ante la Notaría Pública Octava del Municipio Baruta del Estado Miranda en fecha 11 de Julio de 2012, anotado bajo el número 25, tomo 81 de los libros de autenticación llevados por esa notaría, cursante a los folios del 12 al 16 de la pieza principal de este expediente.
En tal sentido debe este juzgador reiterar en forma concreta que los argumentos expuestos en el libelo de la demanda y la prueba instrumental acompañada marcada B crean en este administrador de justicia la presunción de la existencia del fumus bonis iuris o humo de buen derecho, toda vez que pareciera que la demanda propuesta esta verosímilmente fundada.
En cuanto al segundo de los requisitos, reitera este juzgador que en relación al periculum in mora; o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, no establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de hecho para la procedencia de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado; sino que por el contrario, la norma establece El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que además no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio sometido a conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; la otra causa viene dada por los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
En este sentido se ha pronunciado nuestro más alto Tribunal de Justicia, en sentencia SCS, Sala Especial Agraria, de fecha 04 de Junio de 2004, Expediente Nº 03-0561, al establecer:
Omissis
En base a las anteriores consideraciones y a la trascripción jurisprudencial parcialmente citada, quien emite un pronunciamiento reitera su criterio que en el presente caso se verifican los extremos legales establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para la procedencia de la medida cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada por la representación judicial de la parte actora...
Por otro lado, del estudio efectuado al auto dictado por el Juzgado de la causa nueve (09) de diciembre de dos mil trece (2013), mediante el cual se decretó la medida de prohibición de enajenar y gravar, se observa que la Juez estableció que los argumentos expuestos por la parte actora en libelo de demanda, apoyado a los documentos acompañados al mismo, los cuales describió en el texto del decreto de la cautelar, demostraron el fumus boni iuris esto es la presunción grave del derecho que se reclama, y que el periculum in mora lo consideró establecido por un hecho notorio cual es, la tardanza (dilación) del juicio y de la presunción que dedujo por hechos narrados en la propia decisión, al haber decretado la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, con fundamento 585 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, como quiera que se observa, que el a-quo al momento de dictar el decreto de la medida de prohibición de enajenar y gravar, analizó los presupuestos concurrentes de procedencia de las medidas cautelares, contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil; al haber analizado igualmente la verosimilitud de los documentos consignados por la parte solicitante; aunado al hecho de que no se puede constatar de autos que la parte opositora-demandada hubiese demostrado con argumentos de hecho y de derecho su pretensión, lo cual hace forzoso para esta Sentenciadora declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada y confirmar la decisión recurrida que declaró sin lugar la oposición formulada a la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada en este proceso. Así se decide.
Por otro lado, observa esta Juzgadora que, la representación judicial del demandado opositor adujo, como ya se dijo, que el inmueble sobre el cual había recaído a (sic) medida decretada, no era de su propiedad, en virtud del decreto de separación de cuerpos y bienes dictado por el Juzgado Undécimo de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el once (11) de agosto de dos mil diez (2010), a través del cual se había homologado la partición de los bienes de la comunidad conyugal, adjudicándole a la ciudadana MARIANELA SIBLESZ LLERAS, la totalidad del referido inmueble.
En lo que respecta a dicho argumento, referido a que la medida no cumplía con los requisitos o presupuestos establecidos por la Ley procesal, por cuanto éste (el demandado), no tenía la titularidad del bien objeto de la misma, debido a la existencia de un decreto de separación de cuerpos y de bienes; observa este Tribunal, lo siguiente:
En lo que se refiere a los efectos que produce la separación de cuerpos, tanto respecto de las partes (cónyuges), como a los terceros, el artículo 190 del Código Civil Venezolano, dispone lo siguiente:
Omissis
De la norma precedentemente transcrita, se infiere que, en los casos de separación de cuerpos, cualquiera de las partes (cónyuges), pude solicitar, pedir la separación de bienes; y, que en los casos de que dicha separación-de cuerpos- fuere por mutuo consentimiento, los efectos de la separación de bienes, no produce efectos contra terceros (erga omnes), sino después de tres (03) meses de su registro, protocolización, ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, la cual es, la del domicilio conyugal.
En este caso concreto, se observa que la parte demandada pretende oponerse a la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada en este proceso, por cuanto inmueble sobre el cual ésta había recaído, no era de su propiedad, por la existencia de un decreto de separación de cuerpos y de bienes, la cual le había adjudicado el referido inmueble a la ciudadana MARIANELA SIBLESZ LLERAS.
Tal circunstancia, aunado al hecho de que, la parte accionada opositora, de ninguna forma, demostró el cumplimiento del requisito fundamental exigido por nuestra Ley sustantiva, concretamente el Código Civil, referida a que, para que la providencia o decreto de separación de bienes, produzca efectos ante terceros, debe ser debidamente protocolizada ante la Oficina Subalterna de Registro del domicilio conyugal, toda vez que, de acuerdo a lo preceptuado el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, era al demandado opositor a quien correspondía la carga de probar su respectiva afirmación de hecho; llevan a la conclusión a esta Sentenciadora que, dicho alegato de la parte accionada, debe ser desechado. Así se establece . (Mayúsculas del texto y subrayado de la Sala)
De la transcripción parcial de la sentencia recurrida, esta Sala observa que el juzgador de alzada se circunscribió a expresar que En el fallo emanado de este Órgano Jurisdiccional de fecha 09 de Diciembre de 2013, se estableció la existencia del fumus boni iuris y del periculum in mora, conforme a los argumentos libelares y en apoyo al instrumento fundamental de la demanda, contenido en el documento autenticado ante la Notaría Pública Octava del Municipio Baruta del Estado Miranda en fecha 11 de Julio de 2012, anotado bajo el número 25, tomo 81 de los libros de autenticación llevados por esa notaría, cursante a los folios del 12 al 16 de la pieza principal de este expediente. En tal sentido debe este juzgador reiterar en forma concreta que los argumentos expuestos en el libelo de la demanda y la prueba instrumental acompañada marcada B crean en este administrador de justicia la presunción de la existencia del fumus bonis iuris o humo de buen derecho, toda vez que pareciera que la demanda propuesta esta verosímilmente fundada. En cuanto al segundo de los requisitos, reitera este juzgador que en relación al periculum in mora, o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, no establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de hecho para la procedencia de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado; sino que por el contrario, la norma establece El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que además no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio sometido a conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; la otra causa viene dada por los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada .
Por lo antes expuesto queda claro, que la juez de la recurrida no indicó cuáles hechos de los expresados en el libelo de la demanda demuestran la existencia del fumus boni iuris, ni efectuó un análisis de la prueba instrumental acompañada marcada B, que a su juicio evidencia el cumplimiento del mencionado requisito. Tampoco expresó las razones por las cuales consideró cumplido el requisito de periculum in mora.
En efecto, puede observarse de la transcripción del fallo impugnado que se circunscribió a expresar que En base a las anteriores consideraciones y a la trascripción jurisprudencial parcialmente citada, quien emite un pronunciamiento reitera su criterio que en el presente caso se verifican los extremos legales establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para la procedencia de la medida cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada por la representación judicial de la parte actora como quiera que se observa, que el a-quo al momento de dictar el decreto de la medida de prohibición de enajenar y gravar, analizó los presupuestos concurrentes de procedencia de las medidas cautelares, contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil; al haber analizado igualmente la verosimilitud de los documentos consignados por la parte solicitante; aunado al hecho de que no se puede constatar de autos que la parte opositora-demandada hubiese demostrado con argumentos de hecho y de derecho su pretensión, lo cual hace forzoso para esta Sentenciadora declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada y confirmar la decisión recurrida que declaró sin lugar la oposición formulada a la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada en este proceso. Así se decide .
En consecuencia, esta Sala estima que la sentenciadora del juzgado superior incurrió en el vicio de inmotivación, por falta absoluta de fundamentos que soporten el fallo, al no expresar los motivos de hecho y de derecho en los que fundamenta el decreto de la medida de prohibición de enajenar y gravar, por lo que resultó quebrantado el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
Por haber prosperado una denuncia por defecto de actividad, la Sala no entra a decidir las restantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 320 del mismo Código.
III
DE LA COMPETENCIA
En forma previa, se observa que el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé un mecanismo extraordinario de tutela constitucional, mediante el cual esta Sala tiene la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva, en su condición de máximo intérprete del Texto Fundamental (artículo 335 eiusdem).
En tal sentido, el cardinal 11 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, atribuye a esta Sala la facultad de revisar las sentencias definitivamente firmes dictadas por las otras Salas cuando hayan desconocido algún precedente dictado por aquella Sala, efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional o producido un error grave en su interpretación, o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales o violación de principios jurídicos contenidos en la Constitución, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales; en los términos siguientes:
Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(...omissis )
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.
Así las cosas, se advierte que, en el caso de autos, la sentencia sometida a revisión fue dictada el 24 de febrero de 2015 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la cual presuntamente vulneró el derecho a obtener una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, ni reposiciones inútiles, motivo por el cual esta Sala se declara competente para conocer de la solicitud; y así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Asumida como fue la competencia de esta Sala Constitucional para conocer la presente solicitud, es necesario indicar que la revisión de sentencias ha sido concebida como una vía extraordinaria tendiente a preservar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales y para corregir graves infracciones a sus principios o reglas, estando la Sala en la obligación de considerar todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, pero no de concederla, por tratarse de una potestad discrecional, por lo que su negativa no puede, en caso alguno, constituir violación del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes.
Al respecto, la sentencia n.° 93, del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), señaló que la facultad de revisión es:
( ) una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional ( ), por ello ( ) en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere, así ( ) la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión ( ) sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales ( ).
Así, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional no debe entenderse como una nueva instancia y, por lo tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.
Por lo señalado, esta Sala estima pertinente advertir que, al momento de ejercer su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, ella está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de actos jurisdiccionales que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala tenga facultad para la desestimación de cualquier solicitud de revisión, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que la revisión que se pretende en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que caracteriza a la revisión.
En el presente caso, se cuestiona la constitucionalidad de la sentencia N° 00027/2015 dictada por la Sala de Casación Civil por una supuesta incongruencia negativa, por haber dejado de pronunciarse sobre alegatos expuestos durante la sustanciación del recurso de casación.
Efectivamente, planteó ante esta Sala el apoderado judicial de la solicitante que, la Sala de Casación Civil prescindió del análisis de los argumentos y defensas expuestos (sic) en los escritos de contestación a la formalización del recurso de casación y contrarréplica, los cuales hubieran permitido a esta representación judicial, conocer, efectivamente, los motivos de hecho y derecho que llevaron a la Sala de Casación Civil, a declarar con lugar el recurso de casación ejercido .
Ello así, se hace necesario abordar los planteamientos expuestos por la parte hoy solicitante en el escrito de impugnación o contestación a la formalización, para luego analizar si los mismos fueron considerados al momento de decidir el recurso de casación; es así como aprecia esta Sala, que los apoderados judiciales de la parte hoy solicitante, sociedad mercantil Ingeniería de la Construcción y Prefabricados, C.A. (INCOPRECA), afirmaron en el referido escrito de impugnación a la formalización que:
la recurrida, efectivamente cumple con el requisito de motivación, habida cuenta que, ella contiene un silogismo en el cual fueron analizados todos los motivos de hecho y circunstancias alegadas por ambas partes, tanto en la fase de la incidencia cuya decisión fue apelada, como en la sustanciación del recurso de apelación que resolvió. Abundando en los razonamientos de derecho y el análisis de precedentes jurisprudenciales que le permitieron concluir que los extremos legales necesarios de procedencia de la medida de prohibición de enajenar y gravar (objeto de oposición) habían sido formalmente cumplidos.
La sentencia recurrida realiza un exhaustivo análisis tanto de lo alegado por el solicitante de la medida, de la prueba de la presunción del buen derecho y del peligro grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo; habiendo sido aportado por éste un documento autenticado de reconocimiento de deuda por parte del demandado, el cual valora, así como las excepciones y defensas de la parte opositora, explicando, suficientemente, las razones por las cuales desecha la prueba aportada por el opositor, la cual considera insuficiente a los efectos para los que fue promovida, dado que no cumple con los requisitos para ser oponible a los terceros.
Por los razonamientos antes expuestos solicitamos respetuosamente a esta honorable Sala deseche el vicio de inmotivación denunciado por carecer de fundamento alguno.
De igual forma, señaló la parte impugnante, hoy solicitante que:
La sentencia objeto del presente Recurso de Casación contiene desde la pagina (sic) treinta y dos (32) un silogismo en el cual con posterioridad haber verificado la procedencia de los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para el otorgamiento de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar procedió a efectuar un análisis de la decisión ya mencionada mediante la cual el Juzgado de la causa acordó la mencionada medida, analizando los razonamientos empleados por el Tribunal de la causa para considerar demostrados tanto el fumus bonis iuris y el periculum in mora, concluyendo que el Juez a-quo al momento de dictar el decreto contentivo de la ya tantas veces mencionada medida de prohibición de enajenar y gravar, analizó no solo los presupuestos concurrentes de procedencia de las medidas cautelares contenidas en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, sino que también analizo (sic) la verosimilitud de los documentos consignados por los solicitantes de aquella, vale decir el documento autenticado de reconocimiento de la obligación por parte del demandado, cuyo cumplimiento se exige, y el documento protocolizado del inmueble sobre el cual recayó la medida que demuestra la propiedad del demandado sobre el mismo.
Ahora bien, del análisis detenido de la sentencia cuya constitucionalidad se cuestiona (sentencia N° 00027/2015 dictada por la Sala de Casación Civil), observa esta Sala que la misma se limita a, indicar que el numeral 4 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, establece el deber de motivación de los fallos y lo importante de darle cumplimiento al mismo; es así como hace referencia a decisiones tanto de la Sala de Casación Civil como de esta Sala Constitucional en las que se ha establecido que el referido requisito constituye una garantía del derecho a la defensa de las partes y, que por ello debe ser considerado de estricto orden público, y que en consecuencia, los jueces de instancia al pronunciarse sobre una solicitud cautelar deben satisfacer dicho requisito, bien sea para acordarla o negarla.
A las anteriores consideraciones contenidas en el fallo objeto de análisis, se añade que la parte recurrente en casación aduce la existencia del vicio de inmotivación en el fallo recurrido, y de seguidas con el propósito de verificar la existencia del vicio denunciado, se transcribe parte de lo decidido por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en su sentencia dictada el 4 de julio de 2014, emitida para pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia del juez de la causa, que declaró sin lugar la oposición a la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada.
Una vez hecha la referida transcripción, la sentencia objeto de la presente solicitud de revisión constitucional, concluyó lo siguiente:
Por lo antes expuesto queda claro, que la juez de la recurrida no indicó cuáles hechos de los expresados en el libelo de la demanda demuestran la existencia del fumus boni iuris, ni efectuó un análisis de la prueba instrumental acompañada marcada B, que a su juicio evidencia el cumplimiento del mencionado requisito. Tampoco expresó las razones por las cuales consideró cumplido el requisito de periculum in mora.
En efecto, puede observarse de la transcripción del fallo impugnado que se circunscribió a expresar que En base a las anteriores consideraciones y a la trascripción jurisprudencial parcialmente citada, quien emite un pronunciamiento reitera su criterio que en el presente caso se verifican los extremos legales establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para la procedencia de la medida cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada por la representación judicial de la parte actora como quiera que se observa, que el a-quo al momento de dictar el decreto de la medida de prohibición de enajenar y gravar, analizó los presupuestos concurrentes de procedencia de las medidas cautelares, contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil; al haber analizado igualmente la verosimilitud de los documentos consignados por la parte solicitante; aunado al hecho de que no se puede constatar de autos que la parte opositora-demandada hubiese demostrado con argumentos de hecho y de derecho su pretensión, lo cual hace forzoso para esta Sentenciadora declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada y confirmar la decisión recurrida que declaró sin lugar la oposición formulada a la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada en este proceso. Así se decide .
En consecuencia, esta Sala estima que la sentenciadora del juzgado superior incurrió en el vicio de inmotivación, por falta absoluta de fundamentos que soporten el fallo, al no expresar los motivos de hecho y de derecho en los que fundamenta el decreto de la medida de prohibición de enajenar y gravar, por lo que resultó quebrantado el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
Por haber prosperado una denuncia por defecto de actividad, la Sala no entra a decidir las restantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 320 del mismo Código.
Como puede apreciarse fácilmente de lo anterior, en la sentencia N° 000027/15 de la Sala de Casación Civil dictada el 24 de febrero, y que constituye el objeto de análisis en la presente solicitud, en primer lugar, no se hizo alusión de manera alguna a los planteamientos efectuados por la sociedad mercantil Ingeniería de la Construcción y Prefabricados, C.A., (INCOPRECA), en el escrito de impugnación a la formalización, los cuales sin lugar a dudas eran determinantes en la resolución del fallo, toda vez que, perseguían un pronunciamiento expreso, positivo y preciso por parte de la referida Sala, en cuanto a la validez y pertinencia de los motivos expuestos por el juez de alzada sobre los requisitos de procedencia de la medida otorgada y, sobre los elementos en los cuales se fundamentó la oposición a la medida.
Así las cosas, esta Sala Constitucional considera que no fueron objeto de análisis aspectos que indudablemente influían en la decisión del recurso de casación, lo cual se aparta diametralmente de criterios que, en relación al tema, esta Sala ha expuesto de manera pacífica y reiterada, tal como puede apreciarse por ejemplo de las siguientes decisiones:
Sentencia N° 577 del 20/3/2006, Exp: 05-1779 (caso: Canal Point Resort C.A.), en la cual se sostuvo que:
Por otra parte, observa la Sala que de las actas del expediente se desprende que los apoderados judiciales de la parte demandada en el juicio principal, accionante de la revisión, en sus escritos de impugnación y de contrarréplica alegaron que el recurso de casación interpuesto es inadmisible por tratarse de una sentencia repositoria que retrotrajo el juicio a la etapa de contestación a la demanda, sin poner fin a éste ni impedir su continuación, ya que ordenó la prosecución del litigio, luego de haber puesto orden al caos imperante, sobre lo cual no se pronunció la sentencia objeto de revisión.
En este sentido, es necesario pronunciarse acerca del vicio de incongruencia omisiva, tal como lo hizo esta Sala en sentencia del 15 de octubre de 2002, (Caso: José Pascual Medina Chacón), en donde precisó:
Omissis
En el caso de autos, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia impugnada, sólo se pronunció acerca de la denuncia esgrimida por la tercera adhesiva en el juicio de quiebra, sin tomar en consideración las denuncias formuladas por la parte actora en dicho juicio. Además, no tomó en cuenta el argumento sobre la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto planteada por la parte demandada en el juicio principal, por considerar que la sentencia recurrida es una decisión interlocutoria de reposición de la causa y sólo con el análisis relativo a la admisión del tercero adhesivo en la causa de quiebra, declaró con lugar el recurso de casación y ordenó al Juzgado Quinto de Primera Instancia dictar nueva sentencia sin incurrir en la infracción por ella detectada, dejando absolutamente indefinida la situación sobre los demás puntos de derecho tratados en la sentencia recurrida en relación con la nulidad de los autos decretada y a la situación de la parte demandada en el juicio y su contestación de la demanda.
Observa esta Sala que la referida evasión en cuanto al pronunciamiento correcto, lesiona, además, el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso. En este sentido, se pronunció en sentencia Nº 1340 del 25 de junio de 2002 donde señaló:
...el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre -lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley.
Sentencia N° 174 del 1/3/2011, Exp: 10-0382 (caso: Francisco Díaz Barrera), se indicó lo siguiente:
de los argumentos esgrimidos por el solicitante y de lo apreciado por esta Sala en el expediente, se evidencia que ciertamente la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, obvió la impugnación que realizara la contraparte de conformidad con lo establecido en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil y, por tanto, no valoró los argumentos expuestos tendentes a contradecir los alegatos realizados en el escrito de formalización del recurso de casación.
Igualmente obvió los escritos contentivos tanto de la réplica del formalizante como de la contrarréplica de la contraparte, todo ello de conformidad al procedimiento establecido en el único aparte del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.
Analizados como han sido el fallo recurrido y la solicitud de revisión, encuentra esta Sala, que la misma viola los derechos a la tutela judicial efectiva, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la defensa, ya que se verificó una omisión del deber del juez de la sentencia, de valorar los argumentos de defensa opuestos por la contraparte, al haber obviado la impugnación que se realizara de conformidad con lo establecido en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil y, por ende, dejar de valorar igualmente, los argumentos expuestos tendentes a contradecir los alegatos realizados en el escrito de formalización del recurso de casación.
Ello así, estima la Sala que la sentencia en cuestión no analizó el fundamento expuesto por la contraparte, incurriendo en el vicio de incongruencia omisiva, contrario al principio a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; razón por la cual, esta Sala, conforme a los criterios expuestos anteriormente y atendiendo a su doctrina en materia de revisión constitucional (vid. s. S.C. núm. 93/2001, del 6 de febrero; caso: Corpoturismo; 1992/2004, del 8 de septiembre de 2004; caso: Meter Hofle Szabo; 2216/2004, del 21 de septiembre de 2004; caso: Caso: Claudia Turchetti Bonfanti; 325/2005, del 30 de marzo de 2005; caso: Álcido Parra Ferreira) estima procedente la presente revisión constitucional.
En segundo lugar, aparte de la censurable omisión referida, en el fallo objeto de análisis no se aprecia cuáles son las razones para afirmar que queda claro, que la juez de la recurrida no indicó cuáles hechos de los expresados en el libelo de la demanda demuestran la existencia del fumus boni iuris , ni se explica por qué se considera que la sentencia recurrida incurrió en el vicio de inmotivación, por falta absoluta de fundamentos, es decir, además de haberse advertido el vicio de incongruencia omisiva por parte de la sentencia que hoy se analiza, se patentiza claramente el vicio de inmotivación, ya que de la lectura de la sentencia N° 000027 de la Sala de Casación Civil dictada el 24 de febrero de 2015, no se pueden extraer los motivos en los que se fundamentó para casar el fallo recurrido.
Bajo tal premisa, esta Sala considera que en la sentencia cuya constitucionalidad se cuestiona, no solo se desconocen las interpretaciones que sobre el alcance y contenido de las normas constitucionales relacionadas con el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva ha desarrollado esta Sala Constitucional, sino que de la misma manera se ha obviado el desarrollo jurisprudencial efectuado por la propia Sala de Casación Civil, y que se aprecia en decisiones en las que se ha señalado lo siguiente:
A juicio de esta Sala, tal forma de decidir representa un típico caso de motivación aparente, es decir, aquella que no pasa de ser un intento fingido de cumplimiento formal al mandato impuesto a los jueces en el artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, y que consiste en el empleo de citas de disposiciones legales, doctrinarias o jurisprudenciales, y de frases vagas o genéricas que dan la impresión de haberse hecho un razonamiento, pero que por sí solas no permiten conocer realmente cuáles son las razones de hecho y de derecho por las que se arribó a la decisión.
Esta Sala ha señalado reiteradamente, que para cumplir cabalmente con el requisito de motivación, no basta citar las normas en las cuales estima el juzgador encuadran los hechos alegados o probados por las partes, es necesario que el sentenciador realice y refleje cómo logró subsumir los hechos alegados, en las normas elegidas por él, es decir, debe explicar, aportar una argumentación jurídica, que demuestre por qué se enmarcan tales hechos en determinada norma, y por qué arribó a esa conclusión en este caso concreto, pues de lo contrario, se atentaría contra los derechos a la tutela judicial efectiva, defensa y debido proceso, ya que, no podrían las partes bajo ese supuesto, controlar la legalidad del fallo (Vid. Sentencia N° 38, del 21 de febrero de 2007, caso: Edixio José Nava Luzardo contra Oswaldo José Bohórquez Cano y otro, en el expediente Nº 04-079, ratificada mediante fallo Nº 74 del 15 de marzo de 2010, en el expediente Nº 09-570). (RC 000657 del 4 de noviembre de 2014). Ver en ese sentido, RC 000263 del 13 de mayo de 2015.
Adicionalmente a lo expuesto, esta Sala aprecia, luego del análisis detenido de las actas del expediente que le fuera remitido en copia certificada, que en la sentencia objeto de revisión se incurrió en un error material al identificar el juzgado que dictó la sentencia recurrida, toda vez que al referirse a dicho órgano jurisdiccional, se indicó que la sentencia del 4 de julio de 2014, había sido dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cuando la sentencia efectivamente analizada en sede casacional, tal como se constató de la revisión de las actas, emanó del Juzgado Superior Cuarto con la misma competencia y de la misma Circunscripción Judicial.
En virtud de todo lo expuesto, aprecia esta Sala que la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, al declarar con lugar el recurso de casación interpuesto, sin dar cumplimiento a los requisitos de congruencia y motivación de los fallos, desconoció principios y normas constitucionales, sin atender a los precedentes establecidos por esta Sala, en detrimento de los derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la sociedad mercantil Ingeniería de la Construcción y Prefabricados, C.A. (INCOPRECA), por lo que esta Sala Constitucional declara ha lugar la revisión de la sentencia N° 000027 dictada, el 24 de febrero de 2015, por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, y en consecuencia, anula el referido fallo y, como quiera que se declaró con lugar el recurso de casación por considerar procedente la primera denuncia por defecto de actividad, ordena a la Sala de Casación Civil emitir un nuevo pronunciamiento, en atención al criterio expuesto en esta sentencia. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara: HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional interpuesta por el abogado Gilberto Jansen Rodríguez, apoderado judicial de la sociedad mercantil INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PREFABRICADOS, C.A., (INCOPRECA), de la sentencia N° 000027 dictada, el 24 de febrero de 2015, por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró con lugar el Recurso de Casación interpuesto por el ciudadano José Vicente Rodríguez López contra la sentencia dictada, el 4 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró a su vez sin lugar la apelación interpuesta y sin lugar la oposición ejercida contra el decreto cautelar de prohibición de enajenar y gravar, confirmando el fallo dictado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial el 21 de marzo de 2014, y en consecuencia, se anula el referido fallo y se ordena a la Sala de Casación Civil emitir un nuevo pronunciamiento, en atención al criterio expuesto en esta sentencia.
Publíquese, regístrese y remítase copia certificada de la presente decisión a la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 27 días del mes de julio de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
Vicepresidente,
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
Francisco A. Carrasquero López
Luisa EstelLa Morales Lamuño
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 15-0319
CZdeM/
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