Venley

Sentencia N.º 999

Sentencia
N.º 999
Fecha
29/05/2002
Sala
Constitucional
Expediente
01-1107
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 26 de abril de 2001, la Asociación Civil INSTITUTO VOCACIONAL DE VENEZUELA (INSTIVOC), inscrita por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Nirgua, Estado Yaracuy, el 15 de mayo de 1975, bajo el número 04, folios 06 al 12, Protocolo Primero, mediante la representación del abogado Rubén Rafael Rumbos Gil, inscrito en el Inpreabogado bajo el nº 34.930, intentó, ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, amparo constitucional sobrevenido contra el auto que dictó, el 26 de marzo de 2001, el Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, para cuya fundamentación denunció la violación de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la no discriminación que acogieron los artículos 49 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El 18 de mayo de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy juzgó sobre la pretensión interpuesta y la declaró inadmisible.

El 21 de mayo de 2001, la demandante de amparo, mediante la representación del abogado Rubén Rafael Rumbos Gil, apeló, contra la sentencia del citado Tribunal, para ante el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional.

Después de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 29 de mayo de 2001 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA CAUSA

El 02 de mayo de 2001, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy admitió la demanda de amparo.

El 08 de mayo de 2001, el representante judicial de la accionante consignó copia simple de las actuaciones del tribunal donde se tramita la causa en la que se produjo la decisión que se impugnó, para la demostración de la urgencia de la medida innominada que solicitó.

El 09 de mayo de 2001 el tribunal a quo negó la medida pues consideró que la evacuación de las pruebas que promovieron ambas partes, en el juicio donde se produjo el auto que se impugnó, no causa agravio constitucional ni lesiones graves ni de difícil reparación, ya que las pruebas que promovió la representación judicial de la demandante de amparo también fueron admitidas y fue ordenada su evacuación.

El 11 de mayo de 2001, se realizó la audiencia oral y pública con la asistencia de la representación judicial de la accionante y la representación judicial del demandante en el juicio principal.

 

II

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1.       El representante judicial de la accionante alegó:

1.1     Que, el 01 de febrero de 2001, el ciudadano Edys Rolando Ortega Acosta, interpuso demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales contra su patrocinada.

1.2     Que, el 12 de marzo de 2001, el ciudadano Fernando Alberto Zabala Ruiz, con la asistencia de abogado, pretendió, por medio de diligencia, contestar la demanda y que, en esa misma oportunidad, en el término legal correspondiente, él presentó “contestación formal de demanda conjuntamente con cuestión previa” en su condición de apoderado judicial de la accionante.

1.3     Que, de conformidad con los estatutos sociales y acta constitutiva de su representada, “es atribución de la Junta Administradora ejercer la personería jurídica, por lo que, solamente es la Junta Administrativa quien de manera conjunta puede representar” a su patrocinada.

1.4     Que la junta administrativa está integrada por un presidente, un secretario y tres vocales, por lo que el ciudadano Fernando Alberto Zabala Ruiz no puede, de manera individual, ejercer la representación de la hoy quejosa; en razón de ello, sólo debe tomarse en cuenta como contestación de demanda, la que él realizó en nombre de la accionante.

1.5     Que tales consideraciones las hizo del conocimiento del juez a quo, y le solicitó que tomara en cuenta la contestación de la demanda y oposición de cuestión previa que presentó, en representación de la demandante de amparo.

1.6     Que, el 26 de marzo de 2001, el Juzgado de Primera Instancia en lo Agrario, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy desechó la contestación de la demanda que presentó en nombre de su patrocinada, y dio como válida la contestación de la demanda que presentó, de manera individual, el ciudadano Fernando Alberto Zabala.

1.7     Que, el 28 de marzo de 2001, apeló de la referida decisión, la cual fue escuchada en un solo efecto el 09 de abril de ese mismo año, lo que agravó aun más las violaciones a los derechos fundamentales de su representada.

1.8     Que el Juzgado de Primera Instancia, cuando admitió en un solo efecto la apelación, reincidió en la violación del debido proceso, lo cual generó, a su vez, violación al derecho a la defensa; que ”...[a] pesar de poder recurrir de hecho por ante la Alzada, es a través de este procedimiento de amparo constitucional que se puede restituir inmediatamente o evitar se continúe con las lesiones constitucionales a [su] representada, siendo que el proceso de primera instancia se encuentra en estado de evacuación de pruebas.”

2.         Denunció:

2.1     La violación de los derechos a la defensa y al debido proceso que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto el tribunal presunto agraviante no consideró, sino que ignoró, la contestación de la demanda que presentó, a pesar de ser el único que ejerce la representación de la hoy quejosa.

2.2     La violación del derecho a la no discriminación que establece el cardinal 1 del artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto “...con el auto que se impugna a través del presente procedimiento de amparo constitucional sobrevenido, el juez no se pronuncia sobre el alegato que es planteado por (él) en diligencia de fecha 26 de marzo de 2001, en cambio sí se pronuncia sobre el escrito presentado por la representación del actor y ordena agregarlo a los autos, y cuando le toca decidir sobre el alegato presentado por mi, no hace mención al respecto”.

3.     Pidió:

Que “...dicte una medida cautelar innominada para que se suspenda el efecto del auto impugnado en el presente procedimiento de amparo constitucional sobrevenido con la consecuente prohibición de continuar el proceso mientras no se resuelva el presente amparo constitucional, igualmente se ordene al Tribunal del Municipio Nirgua se abstenga de evacuar las pruebas comisionadas a tal efecto,...”

 

Que “...declare la nulidad del acto dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Agrario y de Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, de fechas (sic) 26 de marzo de 2001,...” .

 

III

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

Visto que, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, el recurso de apelación fue ejercido contra la sentencia que dictó, en materia de amparo constitucional, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, esta Sala declara su competencia para el conocimiento del recurso en referencia. Así se decide.

 

IV

DE LA SENTENCIA RECURRIDA EN APELACIÓN

El juez de la sentencia que fue recurrida decidió sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

 

“...previa consideración que en el caso bajo juicio no se trata de un amparo sobrevenido sino (sic) amparo contra decisión judicial, DECLARA INADMISIBLE la presente ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy en fecha 26 de marzo de 2001, que cursa al folio 61 de estas actuaciones, por haber hecho uso la accionante ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO VOCACIONAL DE VENEZUELA (INSTIVOC), de una vía judicial ordinaria, como es el recurso de apelación contra dicho auto...”

 

A juicio del juez de la decisión objeto de la apelación, el recurso ordinario de apelación se ejerció contra la decisión que se impugnó, lo cual se desprende de la diligencia del 28 de marzo de 2001, que cursa en el folio 64 de este expediente; en virtud de ello estimó que la accionante ejerció su derecho a la defensa en el proceso judicial en el cual se produjo la decisión que se señaló como causante del agravio constitucional.

Sostuvo el fallo que fue apelado que la referida apelación fue oída en un solo efecto, y que el representante judicial de la accionante manifestó que no ejerció el recurso de hecho, el cual -a su criterio- era el recurso ordinario, breve y eficaz para el planteamiento de sus argumentos y para la audiencia de la apelación que interpuso, que es lo que pretende, tanto con su demanda de amparo como con la medida cautelar innominada que solicitó.

Por último, sostuvo, la decisión que fue impugnada, que la demanda de amparo no debió ser admitida, por un lado, porque la accionante hizo uso del recurso de apelación contra la sentencia que también atacó mediante amparo y, por el otro, por cuanto tenía que intentar el recurso de hecho para que su apelación fuese oída en ambos efectos; recurso este último que se pretende sustituir con su demanda de amparo.

 

V

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

En el presente caso se observa que el representante judicial de la accionante calificó su demanda de amparo como sobrevenido, lo cual fue advertido por el a quo quien cambió la errónea calificación jurídica y lo tramitó de manera adecuada como un amparo autónomo.

Esta Sala al fijar su posición sobre el amparo sobrevenido estableció:

“...En este orden de ideas, observa esta Sala Constitucional, que la doctrina del llamado amparo sobrevenido se fundamentó, desde los primeros pronunciamientos de la extinta Corte Suprema de Justicia (caso: C.A Electricidad de Valencia del 23 de febrero de 1995), en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que dispone expresamente:

 

‘Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

...omissis...

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;’

 

Advierte esta Sala que el dispositivo contenido en el artículo 6, numeral 5, no establece per se una modalidad de amparo, como se ha pretendido lo sea el “sobrevenido” sino el reconocimiento de la potestad cautelar del juez que puede a posteriori (una vez abierta la vía de la impugnación en el proceso ordinario), ordenar la suspensión provisional de los efectos de un acto que conoce en vía principal, por haber sido cuestionado a través de los medios ordinarios. Esto quiere decir, que frente a situaciones acaecidas ex novo, ocurridas de forma sobrevenida en el proceso ordinario que se revisa (por medio de las vías y medios judiciales ordinarios preexistentes), y que vulneren o amenacen violar la esfera constitucionalmente protegida, el juez puede, a solicitud de parte, adoptar medidas cautelares, garantizando así, el mantenimiento del status quo procesal, preservando los derechos de las partes en el proceso, frente a intervenciones abruptamente violatorias, que provengan de los sujetos procesales o de terceros.

 

La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contiene una causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, que se expresa en la no admisión de los amparos cuando se verifique que el accionante optó previamente por la vía ordinaria (utilizando los recursos, la apelación y demás medios defensivos), por considerarla idónea para cumplir el fin perseguido. Sin embargo, el objeto principal de la acción de amparo constitucional, no obstante se haya optado por la vía de los recursos, sigue siendo proteger las situaciones jurídicas de los accionantes frente a violaciones que infrinjan sus derechos constitucionales, razón por la cual, ante flagrantes vulneraciones (no necesariamente sobrevenidas al proceso ordinario) y frente a la amenaza de violación de derechos y garantías constitucionales, puede el tribunal que conoce, acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Esto último significa que el Juez, ajustándose a los principios de celeridad, de contradictorio y de inmediatez, contenidos en los mencionados artículos, deberá dictar la providencia cautelar, suspendiendo los efectos de la nueva actuación inconstitucional. (s. S.C. n°2278 el 16-11-01, exp. 01-0644)

 

Por otro lado, la demanda de amparo se intentó contra la decisión judicial que, el 26 de marzo de 2001, pronunció el Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, mediante la cual se desestimaron las cuestiones previas que, el 12 de marzo de 2001, opuso el representante judicial de la quejosa, por cuanto, ese mismo día, el ciudadano Fernando Alberto Zavala Ruiz, en su condición de representante legal de la demandante de amparo, ya había contestado la demanda; contra esa decisión, tal y como reconoció el representante judicial de la accionante, interpuso el recurso de apelación que fue oído en el efecto devolutivo.

Esta Sala observa que, ciertamente, se desprende de los autos que, contra la decisión que fue impugnada, se intentó el recurso de apelación, el cual fue oído en un solo efecto el 09 de abril de 2001, lo que evidencia que la accionante consideró que este recurso era el óptimo para lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida. En este sentido, no ha lugar a la pretensión de la accionante –como lo solicitó en su demanda de amparo- de la nulidad de la decisión que apeló, con el empleo de una nueva vía de impugnación como lo es el amparo, máxime si la apelación no ha sido resuelta, caso en el cual tal medio de impugnación no ha sido agotado.

Esta Sala, en lo que respecta a la procedencia del amparo, una vez que se ha hecho uso de la apelación, ha sostenido:

 

“...2.- La situación varía con los fallos cuya apelación se oye en un solo efecto, o a los que se negó la apelación o el recurso de hecho, ya que lo acordado en esas sentencias sí se ejecuta; pero sólo cuando esa ejecución va a causar agravio constitucional a la situación jurídica de una parte, es que ella podrá acudir a la vía del amparo para proteger su situación jurídica, ya que concretado el agravio, las cosas no podrán volver a la situación anterior ni a una semejante. Como en todo caso de agravio constitucional, el mismo y sus consecuencias queda a la calificación del juez.

Con respecto a los fallos cuya apelación se oye en un solo efecto, si contienen violaciones constitucionales en perjuicio de una de las partes, la lesionada puede optar entre acudir a la vía de la apelación, caso en que la parte considera que por este camino restablecerá su situación, o acudir a la acción de amparo.

Si antes de que precluya el plazo para apelar, opta por la acción de amparo, en lo concerniente a la infracción constitucional el juez del amparo será el que conozca la acción autónoma; y si el perjudicado utilizare el recurso de apelación contra el fallo lesivo, dentro de tal recurso no podrá decidirse lo atinente a la transgresión constitucional, ya que ante dos jueces (el del amparo y el de la apelación) cuyo deber es mantener la supremacía de la Constitución, es el juez ante quien se incoa la acción natural de jurisdicción constitucional (el amparo) el que debe decidirla, surgiendo con respecto al de la alzada una litispendencia en ese sentido, donde impera la pendencia acusada por la acción de amparo.

Por ello, si el agraviado opta por la vía del amparo, se le cierra la de la apelación sobre la materia que versa el amparo. Viceversa, si el agraviado hace uso de la apelación, es porque considera que este recurso es el óptimo para lograr el restablecimiento de la situación jurídica infringida, y ante tal escogencia, el amparo que se incoare sería inadmisible a tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Sin embargo, si la apelación no fuere resuelta en el tiempo pautado por la ley, por causas atribuibles al tribunal, el apelante podrá incoar amparo autónomo, para que el juez competente conozca de la infracción que generó la dilación indebida, y además, resuelva la apelación no decidida...” (s. S.C. n° 848 de 28-07-00. Resaltado añadido)

 

Por otro lado, si tal y como se desprende de la medida cautelar que solicitó la accionante, sólo pretendía suspender la tramitación del procedimiento en el cual surgió la decisión que fue impugnada, debió intentar el recurso de hecho contra la decisión en la que el presunto agraviante le escuchó la apelación en un solo efecto, dentro del lapso legal (cinco días), lo cual no hizo, y no fue sino después que transcurrió dicho lapso que interpuso la demanda de amparo, con lo cual puede asumirse, según lo expuesto, que consideró que la apelación en un solo efecto era suficiente para el restablecimiento de la situación jurídica que denuncia infringida. Debe resaltarse, además, que el representante judicial de la accionante promovió pruebas en el proceso principal, las cuales fueron admitidas, por lo que, no observa esta Sala la posible vulneración de derechos constitucionales por el sólo hecho de la continuación del procedimiento donde surgió la decisión cuestionada.

Es por todos los razonamientos antes expuestos, que esta Sala debe declarar inadmisible la demanda de amparo con base en el cardinal 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, confirmar la decisión objeto de apelación así se decide.

 

VI

DECISIÓN

Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia que fue apelada y que dictó el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, el 18 de mayo de 2001, y declara INADMISIBLE la demanda de amparo que ejerció la Asociación Civil INSTITUTO VOCACIONAL DE VENEZUELA (INSTIVOC) contra el auto que pronunció el 26 de marzo de 2001, el Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En consecuencia, declara SIN LUGAR el recurso de apelación que incoó la Asociación Civil INSTITUTO VOCACIONAL DE VENEZUELA (INSTIVOC) contra la citada decisión.

 

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 29 días del mes de mayo de dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO

Magistrado

 

 

ANTONIO JOSÉ GARCÍA GARCÍA

    Magistrado                

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Magistrado-Ponente

 

 El Secretario,

 

 JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 01-1107

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