Sentencia N.º A-016
- Sentencia
- N.º A-016
- Fecha
- 21/02/2006
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- C05-0489
- Ponente
- Eladio Ramón Aponte Aponte
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Caracas, 21 de FEBRERO de 2006
195° y 147°
La ciudadana Yrene María Sánchez, en su carácter de víctima, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 1° de agosto de 2005, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, constituida por los ciudadanos jueces Judith Brazón Solano, Rita Hernández Tineo y Luís Ramón Cabrera, la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la víctima, asistida por el ciudadano abogado Tomás Rodríguez Villalba y confirmó la decisión proferida por el Tribunal Quincuagésimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró el Sobreseimiento de la causa, en contra del ciudadano Régulo Semidey Crassus, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal.
Los hechos contenidos en la querella acusatoria, son los siguientes:
En fecha 25 de marzo de 1993, se constituyó la sociedad IRESAN 93, ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN, C.A., la cual quedó inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (
) Del anexo que acompañamos marcado con la letra B, se comprueba que el día 13 de diciembre de 1995, por obra de una asamblea general extraordinaria de accionistas, la empresa IRESAN 93, ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN, C.A., adquirió el cien por ciento de las acciones de la compañía LUCYCAR, C.A. Dicho documento fue otorgado por ante la Notaría Pública Trigésima Cuarta de Caracas, en fecha 14 de diciembre de 1995 (
) La citada empresa, es decir, LUCYCAR, C.A., fue constituida en fecha 20 de julio de 1989 (
) Esta empresa, es decir, LUCYCAR, C.A., es propietaria de un inmueble constituido por un apartamento distinguido como Pent House C (PH-C), del edificio Riomar, situado en la Urbanización Caribe, Parroquia Caraballeda del Estado Vargas (
) que tiene un valor aproximado de TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (300.000,00$) (
) En fecha 22 de abril de 1996, a través de una asamblea general extraordinaria de accionistas, la ciudadana YRENE MARÍA SÁNCHEZ VEGAS fue nombrada administradora única y adquirió el cien por ciento de las acciones de la empresa IRESAN 93, ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN, C.A., (
) En las traslaciones accionarias de la citada empresa no había habido ningún percance o situación que trascendiera al ámbito penal, hasta que, en fecha 14 de agosto de 1998, en el domicilio de la querellante, se suscribió un documento entre YRENE MARÍA SÁNCHEZ VEGAS, en representación y como administradora única de IRESAN (
) propietaria de la empresa LUCYCAR C.A., quien a su vez es propietaria del apartamento de marras, y el ciudadano RÉGULO E. SEMIDEY CRASSUS, el cual consignamos marcado como anexo F, mediante el cual se convenía en plazos y a través de recíprocas obligaciones la venta de las acciones de la sociedad LUCYCAR, C.A., y del inmueble citado, por la cantidad de TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($ 300.000,00). En este contrato se establecía lo siguiente: LA VENDEDORA, se compromete a vender a EL COMPRADOR, el cien por ciento (100%) de las acciones de la empresa INVERSORA LUCYCAR, C.A., y el inmueble citado, por la cantidad de TRESCIENTOS MIL DÓLARES NORTEAMERICANOS ( US $ 300.000,oo); pagaderos de la siguiente forma: 1.- Al momento de la firma de este contrato, CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES (US $ 150.000, 00) discriminados (sic) así: a.- DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES (US $ 17.500,oo) representados por un automóvil marca: JEEP, modelo CHEROKEE LAREDO, color verde (
) b.- CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES (US $ 132.500,oo) mediante transferencia bancaria al MELLON BANK, en PITTBURGN,P.A (sic).,(
). 2.- Los restantes CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES (US $ 150.000,oo) serán pagados mediante DIEZ Y OCHO (18) cuotas consecutivas por la cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES (US $ 8.333,oo), más un interés del CINCO Y MEDIO POR CIENTO (5%) (sic) anual, es decir, cada cuota quedará en OCHO MIL SETECIENTOS OCHO DÓLARES (8.708,oo). Estas cuotas serán pagadas mediante transferencia bancaria
. En la misma fecha, señaló que iba a realizar una transferencia bancaria por la cantidad de CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS ($106. 500,00) la cual no se llevó a cabo (
) Por si fuera poco, como dimana del literal a, del numeral 1, de la cláusula SEGUNDA de la forma de pago de dicho contrato, cuyo anexo esta identificado con la letra F, el ciudadano RÉGULO E. SEMIDEY CRASSUS iba a dar en pago un vehículo automotor antes identificado. Pues bien, dicho vehículo lo adquirió con reserva de dominio, es decir, no le pertenece en virtud de que no puede disponer de él a la luz de lo dispuesto en la ley de Venta con Reserva de Dominio. La primera obligación que comprende ese contrato significa, en pago, la entrega de un vehículo, que no le pertenecía, así como la cancelación de la cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($132.500,00) que, como acabamos de señalar, no se efectuó porque el cheque primigenio por la cantidad de CIENTO SEIS MIL DOLÁRES AMERICANOS (106.500,00) no se pudo perfeccionar en razón de que el ciudadano RÉGULO E. SEMIDEY CRASSUS así lo dispuso (
) Como segunda fase de dicho contrato, el ciudadano RÉGULO E. SEMIDEY CRASSUS debía realizar pagos mensuales que nunca cumplió, lo que resulta ilógico si consideramos que en las comunicaciones precedentes al contrato, señaladas anteriormente, y en el contrato mismo, se comprometía a realizar todos los pagos. En otras palabras no cumplió ni con sus ofertas ni con las obligaciones que contrajo y, enfatizamos, no cumplió con ninguna. Lo insólito de todos (sic) los hechos narrados no sólo compromete lo citado anteriormente, sino que el ciudadano RÉGULO E. SEMIDEY CRASSUS convocó una asamblea extraordinaria de accionistas (
) Conforme a la cláusula DÉCIMA CUARTA del documento estatutario de la empresa LUCYCAR, C.A., (Anexo C) se debe realizar de la siguiente manera (
) El ciudadano RÉGULO E. SEMIDEY CRASSUS quien, repetimos, es abogado, realizó en fraude la asamblea un día antes al que debía realizarse (
) El ciudadano REGULO E. SEMIDEY CRASSUS, aumentó el capital de la empresa de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (1.000.000,00 Bs.) a CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (100.000.000.Bs.) La razón: Excluir casi totalmente de la universalidad accionaría de LUCYCAR, C.A., a la sociedad IRESAN 93, ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN, C. A., de la cual es, como se extrae en el anexo E, accionista y administradora única la ciudadana YRENE MARÍA SÁNCHEZ VEGAS (
) y comprometerse él como accionista mayoritario para poder disponer de los bienes de la compañía, significando su único interés y eje central del otrora documento de venta de acciones, el inmueble constituido por un apartamento distinguido como Pent House C (PH-C), del edificio Riomar, situado en la Urbanización Caribe (
) Pues bien, el querellado no sólo incurre en un error al hacer pensar que la asamblea que convoca y realiza está ceñida a la ley, sino que el aporte de capital en bienes, que como todos sabemos y el Juez en máximas de experiencias conoce, debe estar certificado por un contador público colegiado, sólo lo firma él (
) El ciudadano REGULO E. SEMIDEY CRASSUS, amén que conocía la nulidad del inventario presentado a los fines de aumentar fraudulentamente el capital de la empresa LUCYCAR, C.A., sabía que no había realizado el primer pago por concepto de la venta de las primeras quinientas acciones de la compañía LUCYCAR, C.A., que representaban la cantidad total de CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (150.000,00 $), más un vehículo que, para abundar en su conducta fraudulenta, no le pertenece (
) Debemos anotar que el querellado, aprovechándose de la confianza de su tía, la ciudadana YRENE MARÍA SÁNCHEZ VEGA, le inquirió que lo nombrara presidente de la empresa en virtud de que se iba a convertir en accionista (
) Este nombramiento pretendió, como en efecto sucedió, convocar una asamblea para defraudar a LUCYCAR, C.A., (
) El querellado, como consecuencia del contrato suscrito en fecha 14 de agosto de 1998 pagó, cuatro meses después, la cantidad de SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($ 70.000) a través de una transferencia bancaria y la cantidad de VEINTESEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($26.000) a través de un cheque de Banco City Bank. Es decir que habiendo cancelado sólo NOVENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($96.000.000), lo que significa un incumplimiento perverso del contrato de fecha 14 de agosto de 1998, se adjudicó a través de una asamblea falsa de accionistas un apartamento valorado en TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($ 300.000,00) y la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE BOLÍVARES (99.000.000 Bs.) en acciones con un inventario que no tiene validez y que compromete bienes que no pueden ser usados para el giro comercial de la empresa
.
Consta en las actuaciones que conforman la presente causa, solicitud de sobreseimiento presentada el 3 de julio de 2003 ante el Tribunal Quincuagésimo con Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, por la Fiscal Trigésima Séptima del Ministerio Público, en la cual entre otras consideraciones señaló:
Esta Vindicta Pública luego de examinar todos y cada uno de los elementos para llegar a concretar la verdad de los hechos planteados en la presente causa, en la cual la pretensión de la querellante ciudadana YRENE MARÍA SÁNCHEZ VEGAS, titular de la Cédula de identidad (sic) N° V-4.421.914, asistida por la profesional del Derecho Abogado TOMÁS A. RODRÍGUEZ VILLALBA, INPREABOGADO N° 66.148, en contra del ciudadano RÉGULO ENRIQUE SEMIDEY CRASSUS, atribuyéndole la autoría del delito de FRAUDE, previsto y sancionado en el artículo 465, ordinal 1° del Código Penal, en concordancia con el artículo 464, eIusdem, con señalamientos que han quedado, infiere los siguientes argumentos: Las transcripciones de los hechos que procuran subsumir la conducta presuntamente desplegada (supuestos de hecho) por el ciudadano RÉGULO ENRIQUE SEMIDEY CRASSUS, en los tipos penales Fraude, Defraudación o Estafa, para ello tendríamos que considerar los medios engañosos de los cuales pudo valerse este señor para que encuadre esa conducta delictual en la tipicidad (supuestos de derecho), entonces pues, analicemos en concreto que ademanes pudo realizar: En primer lugar, el querellado de autos asumió obligaciones contractuales con la presunta víctima, al efectuar un negocio jurídico denominado Contrato de Venta de Acciones de la empresa LUCYCAR C.A., de cuyo documento privado suscrito en fecha 14 de Agosto de 1998, se adjudicó el 50% de tales acciones, en virtud que el contrato así lo establece textualmente en su contenido y con el consentimiento pleno de sus partes o contratantes. El que no haya cumplido con eficiencia lo allí convenido es para el criterio de esta Vindicta Pública, no ser de menester del campo penal, en virtud que a toda luz se desprende un incumplimiento de sus obligaciones civiles, materia de los asuntos Mercantiles y Civiles. Abundando aún más en este sitio del derecho que no corresponde a quien aquí sirve y representa al Estado así como en defensa de los derechos de la víctima, además de preservar por encima de todo la correcta aplicación del Derecho, observa que para consentir el contrato antes aludido no se desprende que halla (sic) habido engaño o astucia para consumarlo, solo existen promesas de pago, del cual se reconoce por parte de los querellantes que el querellado canceló, aunque tarde, la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($96.000,00), lo que denota que si hubo parte de pago, y que indistintamente si tiene condición de Accionista de la empresa LUCYCAR C.A., así lo expresa la querella interpuesta transcrita en su gran parte cuado dice:
El querellado, como consecuencia del contrato suscrito en fecha 14 de agosto de 1998 pagó, cuatro meses después, la cantidad de SETENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($70.000,00) a través de una transferencia bancaria y la cantidad de VEINTE Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($26.000,00) a través de un cheque de Banco City Bank. Es decir, que habiendo cancelado sólo NOVENTA Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($96.000,00)
La ciudadana querellante YRENE SÁNCHEZ VEGAS DE CRASSUS, en entrevista realizada e inserta al folio 187 de la primera pieza del expediente dice:
a los cuatro meses me mandó una transferencia de noventa y seis mil dólares
entonces, a juicio de esta fiscalía, ha existido intercambio pecuniario entre las partes, aquí estriba el negocio jurídico de acción Civil Mercantil, no el hecho ilícito de acción penal. De igual manera en lo que respecta a la Asamblea de Accionistas efectuada el 05.08.1999 (sic), cuando el querellante señala: El ciudadano RÉGULO E. SEMIDEY. CRASSUS simuló la calidad de accionista para producir ilegalmente una asamblea, aunado a la consideración de su nulidad, igualmente forman competencia estricta del campo Mercantil, es el Juez de esa Jurisdicción por materia, el idóneo para dilucidar la pretensión del querellante, es en (sic) señalar que el querellado violentó de manera flagrante una asamblea de accionistas con un balance no certificado por contador colegiado. En consecuencia, no es menester de quien acciona penalmente dirimir situaciones de índole civil o mercantil. En lo que respecta a la intensión profesa del ciudadano RÉGULO E. SEMIDEY CRASSUS al tratar de vender por la cantidad de ciento veinte millones de bolívares (120.000.000 Bs.) el apartamento a que hace referencia en la querella, cuya copia certificada por el Registrador Subalterno del Primer Circuito del Estado Vargas, Dr. Gustavo Meneses Manzano, de los documentos registrados en esa oficina bajo los N° 36 y 13 del protocolo Primero, Tomo 4 y 16 de los cuales el documento N° 13 está anulado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Registro Público, el cual reza: Si por cualquier circunstancia alguno de los otorgantes se negare, en el acto del otorgamiento a que se contrae la Sección I de este Capítulo, a firmar el documento o su asiento en los Protocolos, el Registrador declarará nulo el acto del Registro
; es obvio que el registrador no deja constancia del hecho de una posible venta sobre un inmueble con medida de prohibición de enajenar y gravar, en todo caso el querellado legalmente capaz para realizar el negocio, pues en su calidad de Presidente y Accionista de la empresa LUCYCAR C. A., y en consecuencia propietario material del apartamento objeto de aquella venta. Vuelve a insistir esta vindicta pública, debe resolverse y esclarecerse todo aquello que tenga relevancia mercantil por su jurisdicción y competencia correspondiente, para que así se determine las dudas sobre si es o no el querellado Accionista de tal nombrada empresa LUCYCAR C. A. Cabe destacar que el resultado de las diligencias practicadas y fundamentalmente de las pretensiones del querellante, para imputar al ciudadano RÉGULO ENRIQUE SEMIDEY CRASSUS, en el delito de FRAUDE; no resultaron satisfechos para encuadrar tal tipo penal en la conducta del querellado; es decir que no nos encontramos en presencia de los elementos estructurales del hecho punible, es decir; que para que exista tipicidad, el hecho debe encajar perfectamente en el tipo penal previsto en la respectiva norma, de lo contrario nos encontraríamos ante la presencia de un hecho no típico y eso que lo que ocurrió en el caso que nos ocupa y no existiendo norma penal que de modo alguno permita encuadrar el hecho descrito en la Querella en una norma penal; considera esta Representante de la Vindicta Pública que nos encontramos ante una situación atípica, puesto que el resultado de la investigación no arrojó la comisión de delito alguno por parte del ciudadano RÉGULO SEMIDEY CRASSUS; tal como lo establece el artículo 318 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal
.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declara admisible dicho recurso y en consecuencia, convoca a la audiencia pública que deberá celebrarse dentro de un plazo no menor de quince (15) y no mayor de treinta (30) días a partir de la presente fecha.
Convóquese a las partes y líbrese las correspondientes boletas.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
El Magistrado Presidente,
ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
Ponente
El Magistrado Vicepresidente,
HÉCTOR CORONADO FLORES
Las Magistradas,
BLANCA ROSA MÁRMOL de LEÓN
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
MIRIAM MORNADY MIJARES
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
ERAA/fas
Exp. N°AA30-P-2005-000489.
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