Sentencia N.º EXEQ.01097
- Sentencia
- N.º EXEQ.01097
- Fecha
- 20/12/2006
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 05-451
- Ponente
- Luis Antonio Ortiz Hernández
- Procedimiento
- Exequátur
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Exp. 2005-000451
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández
Mediante escrito presentado en fecha 15 de junio de 2005 ante
El 28 de junio de 2005 se dio cuenta en Sala, y en fecha 14 de julio de 2005, la accionante solicitó pronunciamiento sobre las medidas preventivas solicitadas. Posteriormente, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala mediante auto de fecha 20 de julio de 2005, ordenó proceder a su tramitación a los fines previstos en los artículos 53 de
Pasa la Sala a decidir, con fundamento en las consideraciones siguientes:
Ú N I C O
ALEGATOS DE LA SOLICITANTE
La parte actora en torno a las medidas preventivas señaló:
Que en solicitudes de exequátur procede dictar medidas cautelas, (sic) siempre que se encuentren llenos los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris).
Respecto del primer elemento, fumus boni iuris, (
) la sentencia extrajera firme que ordena el pago de cantidades de dinero por compensación de daños a la parte que solicita el pase de la misma es suficiente para establecer la presunción de grave del derecho reclamado, puesto que,
si bien [dicha sentencia] no goza de efectividad en nuestro derecho hasta su ratificación por vía de exequátur, sí es un indicio de la existencia de un derecho y del debate judicial del que ha sido objeto, consecuencia del carácter de documento público de la sentencia extrajera. Con ello, se da cumplimiento al primer requisito de fumus boni iuris.
En lo atinente al segundo requisito, esto es, al periculum in mora, el mismo consta claramente de los autos toda vez que ya en una oportunidad se intentó ejecutar una venta forzosa de la motonave Carirubana, pretendiendo con ello limpiarla de privilegios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Decreto con Fuerza de Ley de Comercio Marítimo. Ante tal intento, debió nuestra representada intentar Recurso de Amparo ante el Tribunal Superior Marítimo, el cual admitió el recurso, dictó medida cautelar, y sin embargo, en fecha 13 de junio de 2005 declaró sin lugar el mismo y levantó las medidas decretadas, estando en este momento en fase de apelación de la referida decisión de amparo. De esta manera, resulta evidente que ya una vez los propietarios de la motonave Carirubana intentaron dejar ilusoria cualquier ejecución del fallo dictado por
Por otro lado, es menester señalar que, como ya mencionamos, nuestra representada tiene un crédito privilegiado sobre la motonave Carirubana, como lo dispone el artículo 115.5 del Decreto con Fuerza de Ley de Comercio Marítimo. Por disposición del mencionado artículo 114 de dicho Decreto-Ley, como también señalamos, dicho privilegio quedaría extinguido si se remata judicialmente dicha nave, con lo que se haría nugatoria, evidentemente, nuestra posibilidad de ejecutar el mismo, con el agravante de que con esta actuación por parte de
(
Omissis
)
Es por lo que solicitamos que se decrete las siguientes medidas cautelares:
1.- Solicitamos se decrete Medida de Prohibición de Zarpe de
2.- Igualmente, solicitamos, como medida cautelar, que se prohíba a
3.- A tenor de lo establecido en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 122.9 de
La Sala para decidir observa:
El decreto de medidas cautelares en el exequátur, está sujeto al cumplimiento de los presupuestos exigidos en la norma rectora que regula el poder cautelar del juez; esto es, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil el cual impone al sentenciador el deber de constatar la presunción del buen derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro de mora que pudiere quedar ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).
En cuanto al primero de los requisitos mencionados (fumus boni iuris), es menester se conforme preliminarmente la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado.
Con referencia al segundo de los requisitos (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia de este Máximo Tribunal en Sala Político Administrativa, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento de derecho si éste existiese, bien por la tardanza en la tramitación del juicio, bien por los actos realizados por el demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
Respecto del primer supuesto,
En el presente caso, se han solicitado tres medidas cautelares en un proceso de exequátur las cuales son: 1.- Medida de prohibición de zarpe de
Ahora bien,
Ahora bien, el segundo presupuesto se refiere al riesgo manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, lo cual impone la carga de alegar y demostrar las circunstancias de hecho que permitan presumir la existencia del periculum in mora.
Es claro pues, que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho que soportan la solicitud de la cautela, conjuntamente con las pruebas que demuestren el cumplimiento de los extremos exigidos en la ley, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto del periculum in mora, es oportuno indicar la tesis sostenida por el procesalista Piero Calamandrei, de conformidad con la cual:
...En sede cautelar el juez debe en general establecer la certeza (en las diversas configuraciones concretas que estos extremos puedan asumir según la providencia solicitada) de la existencia del temor de un daño jurídico, esto es, de la existencia de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho. Las condiciones de la providencia cautelar podrían, pues, considerarse estas dos: 1ª la existencia de un derecho; 2ª el peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho.
...II) Por lo que se refiere a la investigación sobre el peligro, el conocimiento en vía cautelar puede dirigirse a conseguir, dentro del mismo procedimiento cautelar y antes de que se dicte la providencia principal, la certeza (juicio de verdad, no de simple verosimilitud) sobre la existencia de las condiciones de hecho que, si el derecho existiese, serían tales que harían verdaderamente temer el daño inherente a la no satisfacción del mismo.
Sin embargo, como también una cognición completa y a fondo sobre el punto exclusivo del peligro podría exigir una dilación incompatible con la urgencia de la providencia, la declaración de certeza del peligro puede obtenerse de diversas maneras, correspondientes a las especiales finalidades asegurativas a que cada tipo de medida cautelar debe servir.
a) En ciertos casos la declaración de certeza del peligro se realiza de un modo pleno y profundo, antes de la concesión de la medida cautelar: piénsese, por ejemplo, en el secuestro judicial previsto por el artículo 921 del Cód. de Proc. Civ., cuando, según nos enseña la jurisprudencia dominante, se solicita mediante citación en las formas del proceso ordinario; o también en el secuestro conservativo, en los casos en que el interesado, en lugar de utilizar el procedimiento especial del recurso, prefiera, y no está prohibido, pedirlo mediante citación. Aquí la concesión de la providencia cautelar se basa siempre en un juicio de probabilidades, por lo que se refiere a la existencia del derecho, pero en cuanto a la existencia del peligro, y en general a la existencia de todas las circunstancias que pueden servir para establecer la conveniencia de la cautela pedida, está basada sobre un juicio de verdad...
b) Otras veces, la declaración de la certeza del peligro se realiza, dentro del procedimiento cautelar, en dos tiempos: conocimiento sumario en el primer tiempo, ordinario en el segundo...
c) Finalmente, hay casos en los que, aún cuando la cognición sobre la acción cautelar tenga lugar en vía sumaria, no va seguida de una fase ulterior, en la que, antes e independientemente de la emanación de la providencia principal, se vuelve a examinar con cognición a fondo la existencia de los extremos de la medida cautelar.... (Providencia Cautelares, Buenos Aires, 1984, págs. 78-81). (Negritas de la Sala).
De igual forma, el autor Rafael Ortiz -Ortiz expresa:
...Doctrinariamente, tal vez, esto es a los efectos de la comunidad científica, podemos definir este requisito de la siguiente manera:
Es la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial, o de que una de las partes pueda causar una daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes con la consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico.
Este peligro que bien puede denominarse peligro de infructuosidad del fallo- no se presume sino que debe manifestarse de manera probable o potencial, además de ser cierto y serio; en otras palabras, el Periculum in mora no se presume por la sola tardanza del proceso sino que debe probarse de manera sumaria, prueba esta que debe ser a lo menos una presunción grave, constituyendo esta presunción un contenido mínimo probatorio.... (El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas, Caracas-2002, págs. 283 y 284). (Negrillas de la Sala).
Por su parte, el autor Ricardo Henríquez
Fumus Periculum in mora.- La otra condición de procedibilidad inserida en este artículo bajo comento sea, el peligro en el retardo- concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia... El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este artículo en comento. (Código de Procedimiento Civil, Tomo IV, Caracas- 1995, págs. 299 y 300).(Negritas de
Ahora bien, se establece que de acuerdo a la naturaleza de la cautela solicitada, esta Sala deberá apreciar no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo, no podrá satisfacerse la pretensión del actor.
Además de las razones antes señaladas,
Según el contenido y alcance del artículo 7 de
Se declaran de interés público y de carácter estratégico todo lo relacionado con los Espacios Acuáticos e Insulares, especialmente el transporte marítimo nacional e internacional de bienes y personas y en general, todas las actividades inherentes y conexas relacionadas con la actividad marítima y naviera nacional (Resaltado de la Sala).
El objeto de dicha Ley Orgánica está definido en su artículo 1º, en el cual se establece que el propósito de dicha normativa está en ...regular el ejercicio de la soberanía, jurisdicción y control sobre los espacios acuáticos e insulares de
Cabe destacar que
...La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y bases para la reactivación de
Al quedar evidenciada la actividad marítima en este caso; que procura por ende, ejecutar una decisión y su aclaratoria relacionados con la actividad marítima y que las pretensiones cautelares persiguen causar una disposición de bienes marítimos, como lo es buque y demás accesorias de la embarcación, se hace forzoso declarar que el presente caso es de INTERÉS PÚBLICO y en consecuencia se observa:
Mediante Oficio Nº TSM-CN/293-05 del 21 de junio de 2005, el Juzgado Superior Marítimo con Competencia Nacional remitió a esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida, conjuntamente con medida cautelar innominada, por los abogados Rodrigo Pérez Bravo, María Gabriela Angelisanti Disonó y Bernardo Bentata Rieber, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 9.277, 34.701 y 42.661, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil TUNA ATLÁNTICA COMPAÑÍA ANÓNIMA (TLANTIDA), inscrita en el Registro Mercantil de
Tal remisión se efectuó en virtud de la apelación interpuesta por la representación judicial de la empresa accionante contra la decisión dictada el 13 de junio de 2005, por el referido Juzgado Superior, que declaró sin lugar la presente acción de amparo constitucional (
)
(
) Visto lo anterior, pasa esta Sala a decidir la presente apelación, y al respecto observa lo siguiente: (...)
En este sentido, destaca
Entonces, siendo que el crédito privilegiado que tenía la empresa Tuna Atlántica, C.A. (TLANTIDA) como propietaria de
Aunado ello, de las actas cursantes en el expediente se desprende que la decisión dictada por
Ello así, partiendo de que el referido escrito se encuentra debidamente apostillado por el Secretario del Tribunal Marítimo de Panamá, esta Sala debe advertir que la representación judicial de la empresa Tuna Atlántica, C.A. (TLANTIDA), reconoce la existencia de carta liberatoria de
En dicho fallo,
En razón de lo decidido por
D E C I S I Ó N
En mérito de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de
ÚNICO: IMPROCEDENTES las medidas cautelares solicitadas por la sociedad mercantil TUNA ATLÁNTICA C.A., en el presente procedimiento de exequátur.
Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación de
Dada, firmada y sellada en
Presidente de la Sala,
____________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Vicepresidenta,
__________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Magistrado-Ponente,
____________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
______________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Secretario,
_________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. N° AA20-C-2005-000451
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