Venley

Sentencia N.º RC.000068

Sentencia
N.º RC.000068
Fecha
08/03/2017
Sala
Casación Civil
Expediente
16-803
Ponente
Francisco Velázquez Estévez
Procedimiento
Recurso de Casación

 

 

 

 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2016-000803

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

         En el juicio por cumplimiento de contrato, intentado ante el Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, por el ciudadano KAREL ELIEZER HERNÁNDEZ ZURITA, representado judicialmente por el abogado Darío Farfán Álvarez, contra la sociedad mercantil PROYECTOS, INVERSIONES Y CONSTRUCTORA, D&M, C.A., representada judicialmente por las profesionales del derecho Celia del Valle Figuera y Viviana Vera Sevilla; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 20 de septiembre de 2016, mediante la cual declaró: 1) Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la decisión proferida por el juzgado de cognición de fecha 29 de octubre de 2016, 2) declaró sin lugar la demanda por cumplimiento de contrato, 3) confirmó La sentencia apelada dictada en la precitada fecha, 4) ordenó la notificación de las partes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil, y 5) condenó en costas a la parte demandante recurrente de conformidad con lo establecido en el artículo 281 eiusdem.

         Contra la precitada decisión, en fecha 30 de septiembre de 2016, el abogado Darío Farfán Álvarez, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante, anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación pertinente.

En fecha 2 de marzo de 2017, se reconstituyó la Sala de Casación Civil, por la elección de nueva junta directiva, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente Yván Darío Bastardo Flores, Magistrado Vicepresidente Francisco Ramón Velázquez Estévez, Magistrado Guillermo Blanco Vázquez, Magistrada Vilma María Fernández González y Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba.

         Concluida la sustanciación respectiva, le correspondió la ponencia al Magistrado FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo y en consecuencia pasa a decidirlo en los términos que a continuación se expresan:

FORMALIZACIÓN PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDANTE

DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE LEY

-I- y -II-

 

Por razones de celeridad y economía procesal, esta Sala procede a evaluar conjuntamente las denuncias I y II del escrito de formalización planteadas con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, mediante las cuales se denuncia la infracción por falta de aplicación del artículo 12 eiusdem, la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y de la sentencia N° 14-0662, emitida por la Sala Constitucional, en fecha 20 de julio de 2015, caso: sociedad mercantil Panadería La Cesta de los Panes C.A.

Sostiene la formalizante en su primera denuncia, lo siguiente:

“…Con base en el ordinal 2o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la infracción por la recurrida del artículos 12 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320, ejusdem y la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y los parámetros a cumplirse por los jueces de instancia fijados en la sentencia № 14-0662 de fecha 20/07/2015 (caso Panadería La Cesta del Pan, C.A.), por falta de aplicación, en virtud de que dicha Sala hizo publicarla en la Gaceta Oficial y giró instrucciones a todos jueces civiles para su aplicación obligándolos a analizar en forma casuística, los contratos preparatorios atípicos, en este caso el Contrato (sic) de Opción (sic) de Compraventa (sic) de Inmueble (sic) , por lo que hubo una indebida aplicación a ese contrato de los principios y normas sustantivas aplicables a los contrato bilateral nominado de VENTA previstas en el Código Civil.

En el caso de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, al ser normas de orden público, como lo son las contenidas en la citada ley, al tratarse de la aplicación de ellas a la construcción, oferta y venta de casas apartamentos y otros tipos de viviendas nuevos al público, la juez de la recurrida incurrió en su violación por falta de aplicación de dicha normativa, a pesar de que se le insinuó en el Acto (sic) de Informes (sic) que la empresa constructora demandada la había inobservado y que debió aplicarla el Juez (sic) Segundo de Municipio Ordinario y de Ejecución de Medidas del Municipio Heres, aún, cuando no se la haya alegado formalmente por las partes, precisando en su sentencia los artículos infringidos por la parte demandada, tales como el referido al cumplimiento por parte de la empresa demandada PROYECTOS, INVERSIONES Y CONSTRUCTORA, D&M, C.A., denunciable en cualquiera de la instancia del proceso, ante los incumplimientos incurridos con la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Habitat así como los incumplimientos incurridos por ella con la administración tributaria (SENIAT), al no poseer el Registro de Información Fiscal (Rif), no haber declarado el Impuesto sobre la Renta, correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 2012, 2013 y 2014 y no constar en sus balances, el origen del capital invertido en las viviendas, al contar solo con un capital de Bs. 500.000,00 en efectivo, maquinaria y vehículo camión, lo que fue suficientemente demostrado con los medios de prueba, tales como la documental (estatutos con su inventario inicial y el expediente mercantil) y la prueba de informes, debiendo concatenar la Juez (sic) esos hechos (indicios plasmados en el expediente por vía documental y prueba de informes) con otros hechos, como los abonos fraccionados para el pago de la inicial de Bs. 190.000,00 en Cuatro (sic) (4) pagos con los cheques, recibos y depósito bancario realizados a nombre de la empresa los meses de Marzo (sic), Agosto (sic) y Septiembre (sic) del año 2012; vale decir, cuando se hallaban en construcción el conjunto residencial, Ocho (sic) (8) meses antes de suscribirse el documento ante la Notaría (sic) Pública (sic) contentivo de la opción de compraventa, para así arribar, dicho Juez (sic), a la conclusión, de que la empresa demandada había incumplido con la la (sic) normativa contenida en la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria promulgada el 30 de Abril (sic) de 2012. Al no adaptarse en el plazo de 60 días a la normativa de dicha ley (Disposición Transitoria (sic) Tercera) (sic) e incumplimiento de los artículos 9 (falta de aprobación del Proyecto (sic) por la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Habitat); 12 (No presentación de Fianza (sic) Bancaria (sic) ante la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Habitat); 14 (Por supuesto, al celebrarse verbalmente el contrato entre mi representado y la demandada, no se precisó el inicio de la construcción de la obra y la fecha de su culminación. Además, no se presentó contrato “modelo” alguno por ante la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Habitat); 16 (la empresa demandada rescindió el contrato en forma unilateral. Nunca accionó ni reconvino a mí representado por Rescisión (sic) del Contrato (sic) de opción de compraventa que nos ocupa). De haber aplicado dicha Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, aunado a ello las irregularidades e incumplimiento de la demandada con el SENIAT y los pagos efectuados por mi representado en los meses de Marzo (sic), Agosto (sic) y Septiembre (sic) de 2012, alegados por nosotros en el libelo y los Informes (sic) otra hubiera sido la Conclusión (sic) del dispositivo del fallo, como sería decretar la Reposición (sic) de la Causa (sic), al estado de que el Juez (sic) de Municipio (sic) decidiera a favor de la pretensión de nuestro representado, dado los incumplimientos aquí denunciados, imponiéndole a la demandada la aceptación del saldo del precio, ofrecido pagar en el libelo de la demanda, asimismo, al inobservar la Juez (sic) recurrida la aplicación del mandato de la sentencia N° 14-0662 de fecha 20/06/2015 emanada de la Sala Constitucional Tribunal Supremo de Justicia, que obliga a los jueces analizar cuidadosa y casuísticamente el contrato preparatorio atípico de “opción de compraventa”, que se comprobó ampliamente en el juicio, que realmente se celebró el 26 de Marzo (sic) de 2012 en forma “verbal” al recibir la demandada en esa fecha el Cheque (sic) de Gerencia (sic) de Bs. 100.000,00, como inicial al precio de venta y, nunca el día 25 de Junio (sic) por ante la Notaría Pública Segunda de Ciudad Bolívar. En la sentencia, la recurrida aplica al caso sub judice el artículo 1.167 del Código Civil, para arribar a la conclusión de que mi representado incumplió las obligaciones contraídas en el “contrato de opción de compraventa (sic) de inmueble” en la sentencia en su PUNTO PREVIO, al pronunciarse sobre infracciones cometidas por el Juez (sic) de Municipio (sic) , delatadas por nosotros en el escrito de INFORMES, sorpresivamente la Juez (sic), usurpa la función de la casación, al pretender someter a los ritos y formalidades que se imponen al recurrente en apelación que se requieren para la formalización del recurso de casación, al dejar establecido en la sentencia que no fuimos claros, al denunciar en el escrito de informes, que el juez 2° de Municipio (sic) no se pronunció sobre todos los alegatos incurriendo en incongruencia negativa, que por un error calami, señalamos como “positiva”; sobre la no exhaustividad e inmotivación de dicha sentencia. Expresó lo siguiente:

(…Omissis…)

Del texto de dicho fallo, se desprende, que la Juez (sic) ignoró que el recurso de apelación se ejerció en contra del fallo dictado por el Juez (sic) que conoció en Primera (sic) Instancia (sic), como lo fue el JUEZ SEGUNDO ORDINARIO DE MUNICIPIO Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO HERES que dicho recurso no estaba limitado a una parte de la sentencia sino, a toda la sentencia, por lo que ella, como conocedora del fondo del proceso, debió mostrase exhaustiva en el análisis de los hechos alegados y probados e indagar en los límites de su oficio, sobre la verdad o falsedad de nuestros alegatos, contenidos en el libelo y en los informes. De haber cumplido con la norma procesal contenida en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, otra hubiera sido la conclusión a arribarse en el dispositivo del fallo…”. (Negrillas, mayúsculas y subrayado del escrito).

 

En ese orden, el recurrente en la segunda denuncia, señala:

“…Con base en el ordinal 2o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil y la sentencia N° 14-0662 de fecha 20/06 /2015 emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de la PANADERÍA LA CESTA DE LOS PANES, C.A., por falta de aplicación, esta sentencia fue dictada meses antes de que se produjera la sentencia en primera instancia por el Juez (sic) 2o de Municipio Ordinario y Ejecución de Medidas del Municipio Heres (29/10/2015), habiéndola ignorado por completo así como la Juez (sic) recurrida. Ese fallo de la Sala Constitucional, hace un estudio pormenorizado y profundo sobre los contratos atípicos a la luz de la ley y doctrina extranjera y venezolana, donde concluye, en el caso que nos ocupa, en los siguientes términos:

(…Omissis…)

En consecuencia, de haber acatado la juez recurrida la anterior doctrina, otra hubiera sido la conclusión en el dispositivo del fallo, como era su deber de REPONER LA CAUSA, al estado de que mi representado usara del derecho a la flexibilización del plazo para cumplir con su obligación hasta tanto se produjera o dictara el fallo definitivo en esta causa; vale decir, cumplir con su obligación de pagar los Bs.290.000,00 más los intereses legales de mora que se hubieran causado por su culpa, los cuales está dispuesto a cancelar durante el trámite del presente recurso, dado que hasta la fecha no se ha producido la sentencia definitivamente en esta causa, si interpretamos como la “sentencia” a que se refiere ese fallo constitucional, como la sentencia definitivamente firme...”. (Negrillas y mayúsculas de la formalización).

 

         La Sala para decidir, observa:

         De las dos denuncias antes transcritas, enmarcadas como I y II, esencialmente se desprende una entremezcla de razonamientos por demás exiguos e incoherentes, a través de una denuncia por infracción de ley el formalizante pretende delatar la presunta infracción cometida por la juez de alzada al no aplicar, según sus dichos, lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, así como, el contenido de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, a su entender “…bajo los parámetros a cumplirse por los jueces de instancia fijados en la sentencia emitida por la Sala Constitucional N° 14-0662, de fecha 20 de julio de 2015, caso: Panadería la Cesta del Pan, C.A…”.

Así bien, señala el formalizante que la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria al ser de orden público, la juez de la recurrida incurrió según sus dichos “…en su violación por falta de aplicación de dicha normativa…”.

Bajo este sustento, aduce en relación a la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, el supuesto incumplimiento por parte de la empresa demandada Proyectos, Inversiones y Constructora D&M, C.A., “…con la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Habitat así como los incumplimientos incurridos por ella con la administración tributaria (SENIAT)…”.

         Asimismo, considera que la juez de la recurrida “…De haber cumplido con la norma procesal contenida en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, otra hubiera sido la conclusión a arribarse en el dispositivo del fallo…”.

         Por otra parte, le endilga a la recurrida de forma ambigua, la falta de aplicación de la sentencia emitida por la Sala Constitucional señalada ut supra.

En este sentido, se debe señalar que el formalizante incurrió en un error en la forma de plantear las denuncias, por cuanto, se constata una entremezcla de razonamientos por demás exiguos e incoherentes, sin establecer de manera clara y precisa la correlación de las normas supuestamente infringidas con los supuestos de hecho en los cuales, a su criterio, incurrió la decisión de alzada en infracción del precepto legal.

Así, en relación con la adecuada fundamentación que debe cumplir la redacción del escrito de formalización, esta Sala, mediante sentencia N° RC-392, de fecha 31 de mayo de 2012, caso: José Alberto Perdomo Rangel y otra, contra Nanci Andres Suzzarini Baloa, expediente N° 11.674, señaló lo siguiente:

“…La formalización constituye el acto procesal en el cual el recurrente expone los motivos por los cuales pretende obtener la nulidad del fallo recurrido. Por su complejidad e importancia, el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, exige una determinada preparación al abogado formalizante, y el artículo 317 eiusdem, impone una serie de requisitos, con el objeto de que la formalización contenga las especificaciones y razonamientos lógicos necesarios para la comprensión de las denuncias.

El ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé las diversas modalidades en que puede verificarse los defectos de actividad o errores in procedendo que determinan la nulidad del fallo recurrido, el cual comprende los quebrantamientos de formas sustanciales de los actos con menoscabo del derecho de defensa, y el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 243 eiusdem. Y el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé los errores de juzgamiento que puede cometer el juez al dictar su decisión, sea por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia. Estos quebrantamientos de ley consisten en: a) error de derecho propiamente dicho, que se verifica en la interpretación y aplicación de las normas sustantivas o adjetivas para resolver el asunto debatido; b) el error de derecho al juzgar los hechos, que comprende la infracción de las normas que regulan: b.1) el establecimiento de los hechos, b.2) la apreciación de los hechos, b.3) el establecimiento de las pruebas, y b.4) la apreciación de las pruebas; y, c) los errores de hecho o de percepción en el juzgamiento de los hechos, que conducen por vía de consecuencia a un error de derecho, que son los tres casos de suposición falsa previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil: c.1) atribuir a un acta o instrumento del expediente menciones que no contiene, c.2) establecer hechos positivos y precisos con pruebas que no existen, y c.3) fijar hechos con pruebas inexactas.

En ambos recursos, el formalizante debe razonar de forma clara y precisa en qué consiste la infracción, esto es, señalar cómo, cuándo y en qué sentido se produjo. Asimismo, debe plantear separadamente las denuncias, pues el efecto de la declaratoria de procedencia del recurso es distinto en uno u otro caso. Pero, en la denuncia por infracción de ley, además de cumplir con lo precedentemente señalado, debe también indicar si la norma fue infringida por errónea, falsa o falta de aplicación, así como demostrar que el error de juicio fue determinante en el dispositivo del fallo.

En el conocimiento de las denuncias por defectos de actividad la Sala puede examinar otras actas del expediente, y la declaratoria de procedencia del recurso produce la reposición de la causa al estado de que sea subsanada la forma procesal quebrantada u omitida en el iter procedimental, o que se corrija el defecto de forma de la sentencia. En la decisión de las denuncias de casación por infracción de ley, la Sala no puede examinar otras actas del expediente, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y el efecto que produce la declaratoria con lugar de este recurso es la casación o nulidad de la sentencia recurrida y su reenvío a otro Juez Superior, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que autorizan prescindir de éste último…”. (Subrayado de la sentencia).

 

El criterio jurisprudencial precedentemente transcrito, que hoy se reitera, asienta, entre otras cosas, la importancia y la utilidad de emplear una técnica adecuada para recurrir en casación, lo cual se traduce en el cumplimiento de una serie de requisitos que permitan la comprensión lógica de los planteamientos explanados en las denuncias, requerimientos estos, que si bien han sido flexibilizados, no dejan de ser una carga para el recurrente que no puede ser suplida por esta Sala.

Asimismo, en relación con la denuncia aislada del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala en sentencia N° RC-000639, de fecha 27 de octubre de 2016, caso: Aníbal José Rojas Allen, contra Filippo Salvatore Alba Di Luca, expediente N° 16-02, señaló, lo siguiente:

“…Es pertinente precisar al recurrente que la denuncia aislada del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, debe realizarse en el caso que infringe una máxima de experiencia, es decir, cuando se trata de la violación de “…conocimientos normativos que pertenecen a la conciencia de un determinado grupo de personas, espacio o ambiente; en fin, son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos posteriores de cuya observación se han incluido y que, por encima de esos casos, pretendan tener validez para otros nuevos...” (Exp. N° 00-011 sentencia 304 de fecha 11 de agosto de 2000, en el juicio de Humberto Contreras contra Jorge Ribeiro)...”.

La Sala reiteradamente ha señalado la técnica necesaria para delatar la infracción de las máximas de experiencia, en sentencia N°. 577, de fecha 26 de julio de 2007, expediente N° 2007-000217, caso: Silfredo Pastor Pinto Torrealba contra Promociones Tirreno, C.A, expresó:

“...En relación a la posibilidad de hacer la denuncia aislada del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en los casos de máximas de experiencia, esta Sala en decisión Sent. Nº 00003, del 23 de enero de 2007, caso: Metalúrgica Omega, C.A., c/ Farid Sarquis, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe esta, estableció:

(…Omissis…)

‘…para denunciar la violación de una máxima de experiencia, no basta invocar solamente y de forma aislada la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, sino que se requiere que el formalizante precise la máxima de experiencia a la que hace referencia, explique por qué considera la existencia de esa máxima y delate la violación de la norma jurídica a la cual fue integrada la máxima de experiencia para su interpretación y aplicación…”.

De la doctrina transcrita, se evidencia que es necesario que el recurrente señale la máxima de experiencia violada por el sentenciador y fundamente el cómo, cuándo y por qué se infringió, así como las normas que resultaron vulneradas por la interpretación o aplicación dada en el caso…”. (Negrillas y cursivas de la sentencia).

 

De lo transcrito se desprende que la denuncia aislada del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, es improcedente, pues el recurrente está en la obligación de hacerla en conexión con la respectiva norma particular transgredida, salvo en el caso que se viole una máxima de experiencia, siempre que haya sido determinante en el dispositivo de la sentencia.

De conformidad con lo expuesto, aplicándolo al sub iudice la Sala observa que el formalizante no denuncia la violación de una máxima de experiencia, único caso que permitiría la denuncia aislada del artículo 12 eiusdem.

En atención a lo expuesto, esta Sala de Casación Civil advierte que los señalamientos esgrimidos por el formalizante son confusos y exiguos, no se entiende a qué se contraen y carecen de la técnica mínima requerida por esta Sala.

En tal sentido, tratándose de una denuncia por infracción de ley, era fundamental que el formalizante planteara de forma clara, comprensible, separadamente las infracciones cometidas, que señalara en qué sentido se produjo dicha infracción, los motivos expresados por el juez que estima errados, las razones que demuestran la pretendida ilegalidad, las normas que el juez ha debido aplicar para resolver la controversia, y por último, demostrar que el error de juicio fue determinante en el dispositivo del fallo, todo lo cual no ocurrió en la presente delación.

Por las consideraciones precedentemente señaladas, esta Sala desecha las denuncias I y II de infracción de ley, por inadecuada fundamentación. Así se establece.

 

-III-

 

De conformidad con lo estatuido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 ibídem, se denuncia la infracción del artículo 508 eiusdem, por “…INFRACCIÓN DE NORMAS QUE REGULAN EL ESTABLECIMIENTO O APRECIACIÓN DE LOS HECHOS O DE LAS PRUEBAS...”.

“…Con base en el ordinal 2o del artículo 313 en concordancia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto que en la sentencia recurrida la Juez (sic) incurrió en INFRACCIÓN DE NORMAS QUE REGULAN EL ESTABLECIMIENTO O APRECIACIÓN DE LOS HECHOS O DE LAS PRUEBAS.

En cuanto al establecimiento de los hechos, incurrió en un error de derecho, al establecer que los testigos hábiles y contestes que declararon, promovidos por nosotros, no son conducentes ni pertinentes y que sus deposiciones no tienen nada que ver con los hechos controvertidos, al exponer en el fallo que “...habiendo hecho una lectura y análisis de las deposiciones efectuadas por los ciudadanos señalados, esta juzgadora determina que los mismos aun siendo contestes entre sí, hábiles, no contradictorios, el testimonio rendido por ellos no se relaciona a los hechos y a lo aquí debatido. Razón por la cual este tribunal no valora dichas declaraciones...”.

No es cierto que lo declarado por los testigos no guarde relación con los hechos controvertidos. Al contrario, ellos deponen sobre los pormenores de cómo se formó el contrato preliminar de opción de compraventa del inmueble, de cómo se estableció la forma del pago del precio, de la publicidad en la oferta de esos inmuebles, por lo que debió concluir la juez recurrida, en que, con tales deposiciones, se establecieron los hechos que demuestran en forma palmaria e inequívoca, que dicho contrato preparatorio, se perfeccionó el 26 de Marzo (sic) de 2012 y nunca cuando se suscribió el contrato de opción de compraventa el 25 de Julio (sic) de 2013 por ante la Notaría Pública Segunda de Ciudad Bolívar. Hechos estos QUE SI SE RELACIONAN CON LOS HECHOS DEBATIDOS EN EL PROCESO, en atención de que fueron alegados por nosotros en el libelo y rechazados por la demandada en su contestación.

Asimismo, debió utilizar la juez recurrida en su análisis, al pronunciarse sobre la valoración de esa prueba testimonial, el método de la sana crítica y nunca, por no ser aceptado por nuestra legislación, el método de la apreciación libre, según lo que le dicte su conciencia o parecer, por contener una carga subjetiva, que iría en contra de la certeza y la seguridad jurídica, violentándose así el debido proceso y el derecho a la defensa.

En consecuencia, de haber acatado y aplicado el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, otra hubiera sido la conclusión contenida en el dispositivo del fallo, que al tener en cuenta, el análisis de este tipo de contrato, como el demandado en su cumplimiento por nosotros a la luz del fallo constitucional, arriba transcrito, obligándola a REPONER la causa al estado de una nueva decisión a tomarse por el juez de Municipio (sic) que conoció en Primera (sic) Instancia (sic) y así lo solicitamos expresamente a esa digna Sala de Casación Civil- (sic).

Solicito, finalmente, que el presente Recurso (sic) sea tramitado conforme a derecho y declarado Con (sic) Lugar (sic), se anule la sentencia recurrida, ordenándose al Juez (sic) de Municipio Ordinario y Ejecución de Medidas del Municipio Heres que resulte competente dictar nueva sentencia aplicando los criterios vigentes para el momento de la interposición de la demanda, con observación de las normas de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y el contenido del fallo constitucional, anteriormente mencionado y transcrito parcialmente…”. (Negrillas y mayúsculas del escrito).

 

La Sala, para decidir observa:

De la denuncia antes transcrita se desprende que el formalizante le atribuye a la recurrida la infracción del artículo 508 de la ley adjetiva civil, al considerar que la ad quem incurrió, según sus dichos en “…infracción de normas que regulan el establecimiento o apreciación de los hechos o de las pruebas…”.

Bajo este sustento, el formalizante señala que la juez superior en relación con el “…establecimiento de los hechos, incurrió en un error de derecho, al establecer que los testigos hábiles y contestes que declararon, promovidos por nosotros, no son conducentes ni pertinentes y que sus deposiciones no tienen nada que ver con los hechos controvertidos…”.

         En tal sentido, aduce el recurrente que “…No es cierto que lo declarado por los testigos no guarde relación con los hechos controvertidos. Al contrario, ellos deponen sobre los pormenores de cómo se formó el contrato preliminar de opción de compraventa del inmueble…”.

         En este orden de ideas, considera que “…debió concluir la juez recurrida, que con tales deposiciones, se establecieron los hechos que demuestran en forma palmaria e inequívoca, que dicho contrato preparatorio, se perfeccionó el 26 de Marzo (sic) de 2012 y nunca cuando se suscribió el contrato de opción de compraventa el 25 de Julio (sic) de 2013…”.

Concluye finalmente el formalizante que “…de haber acatado y aplicado el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, otra hubiera sido la conclusión contenida en el dispositivo del fallo, que al tener en cuenta, el análisis de este tipo de contrato…”.

En este orden de ideas, observa la Sala que el formalizante pretende delatar la infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, sustentado en la infracción de una norma jurídica expresa que regula el establecimiento o apreciación de los hechos o de las pruebas, y así atacar las conclusiones a las que arribó la juez de la recurrida respecto de la prueba testimonial

Así, respecto al control casacional de las deposiciones judiciales, esta Sala en sentencia, N° RC-808, de fecha 13 de diciembre de 2012, expediente N° 12-289, caso: Yanett Josefa Rodriguez Martínez, contra Inmobiliaria 20.037, S.A., dejó sentado, lo siguiente:

“…Por último también cabe señalar, que el formalizante debió plantear una denuncia con el fin de combatir el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, ya sea por la comisión de algún caso de suposición falsa, por la violación de máximas de experiencia, o por la violación de alguna norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial o posiciones juradas, dado que lo que se plantea, como desacuerdo del formalizante con la decisión, no es el establecimiento de la prueba a juicio, sino su valoración, y en consecuencia dichos pronunciamientos sobre las deposiciones judiciales puedan ser analizados conforme a la doctrina de esta Sala que señala lo siguiente:

[e]sta Sala dejó sentado el siguiente criterio jurisprudencial:

“…Dicho con otras palabras, cuando el sentenciador en forma motivada expresó que el testigo se contradijo o no le merecía confianza por tener interés en favorecer a alguna parte, no infringió el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, pues con ello no inventó un motivo ajeno o extraño a la norma para desechar al declarante, sino que basó su decisión en razones de derecho previstas en ella, cuando dijo que el conductor Víctor Ramón Torrealba en la evacuación de la prueba testimonial se contradijo en su declaración original rendida ante las autoridades de tránsito terrestre. Lo mismo ocurrió con el testigo Adrián García Silva quien aseguró que la camioneta pickup venía a una velocidad moderada, a sabiendas que el propio conductor había afirmado que “...en vez de frenar pisó el acelerador...”, mientras que Héctor Álvarez Blanco fue desechado por contestar de manera lacónica.

 En todo caso, la determinación de si el testigo incurrió o no en contradicciones escapa del control de la Sala, ya que el juez de instancia es soberano en la apreciación de la testifical y su determinación es una cuestión subjetiva, tal como se mencionó anteriormente. Asimismo, escapa del control de la Sala el análisis de las declaraciones rendidas por los ciudadanos Adrián Ramón García Silva y Héctor Vicente Álvarez Blanco, pues ello implicaría inmiscuirse en funciones propias de los jueces de instancia a quienes les corresponde exclusivamente dicha labor, como lo ha sostenido la Sala en su reiterada jurisprudencia. (Vid. Sent. del 20 de diciembre de 2001, caso: Francisco Joao Vieira De Abreu c/ Barinas E. Ingeniería C.A. Seguros Ávila C.A.).

En efecto, este Alto Tribunal en la citada decisión reiteró que el sentenciador en el análisis de la prueba de testigos debe tomar en consideración los siguientes supuestos:

“...1. Hacer la concordancia de la prueba testimonial entre sí y con las demás pruebas, cuando esa concordancia sea posible, pero el resultado de esa labor corresponde a la soberanía del Juez, quien no podrá ser censurado en casación sino sólo cuando haya incurrido en suposición falsa y haya violado una máxima de experiencia.

2. El Juez deberá desechar la declaración del testigo inhábil o del que apareciere no haber dicho la verdad. Con respecto a este punto, el Juez tiene el deber legal de desechar el testigo mendaz, o el que incurre en contradicciones, y el resultado de esta labor corresponde a su libertad de apreciación de la prueba, por lo que ésta sólo podría ser censurada en Casación, cuando el Juzgador incurra en suposición falsa o haya violado una máxima de experiencia.

3. En el proceso mental que siga el Juez al analizar y apreciar una prueba de testigos deberá aplicar las reglas de la sana crítica (artículo 507), debiendo estimar cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias...”. (Subrayado por la Sala).

De esta manera, se evidencia de las actas del expediente que la alzada concordó satisfactoriamente el resultado del análisis de la prueba de testigos con los documentos públicos administrativos agregados por la actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, no infringió la referida norma jurídica ni incurrió en el tercer caso de suposición falsa, ya que ajustó su decisión a la regla de valoración de la prueba y desechó la misma sustentado en razones de derecho.

(...Omissis…)

Por consiguiente, en el presente caso no se configuró la suposición falsa denunciada, porque una cosa es que el juez afirme un hecho que resulta desvirtuado con otras pruebas cursantes a los autos, y otra muy distinta es que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, el sentenciador haya apreciado la deposiciones de los testigos en concordancia con las actuaciones de tránsito terrestre y evidenciado que éstos se contradijeron en sus dichos, tomando en cuenta la declaración rendida por el conductor del vehículo accidentado ante las autoridades de tránsito terrestre...”. (Negritas de la Sala) (Subrayado de la sentencia).

No obstante, la Sala considera necesario modificar este precedente jurisprudencial, por cuanto sujeta a sólo dos hipótesis el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, a pesar de que el juez no sólo está sujeto por lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y el ordinal 2° del artículo 313 ordinal 2° eiusdem, que prohíben la comisión de algún caso de suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, sino que debe acatar cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial, entre las cuales cabe mencionar los artículos 477, 478, 479 y 480 ibídem, que establecen incapacidades para rendir declaración y, por ende, la imposibilidad de fijar hechos en el proceso con base en el testimonio rendido por alguna de esas personas inhábiles, y los artículos 1.387, 1.388, 1.389 y 1.390 del Código Civil, que declaran inadmisible la prueba testimonial para fijar determinados hechos, así como las normas que regulan las condiciones de modo, tiempo y lugar que deben ser cumplidas para la formación e incorporación de la prueba de testigo, entre el juramento exigido en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil.

Lo expuesto permite determinar que existen otras razones de derecho que permiten el control de la actividad del juez de la recurrida al examinar el establecimiento o apreciación de la prueba testimonial, distintas de la suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, razón por la cual complementa y amplía el criterio expresado en la sentencia de fecha 13 de diciembre de 1995, caso: José Rodríguez González c/ Rafael Sepúlveda Vargas y otros.

(...Omissis…)

De la precedente trascripción parcial de la sentencia se desprende que el juez superior desechó el dicho de los testigos Ramón Humberto Muñoz Agelvis, José Miguel Rugeles, Karina Manzulli de Márquez y Cheyla Yamery Cacique, porque eran contradictorios e imprecisos, por no tener certeza en cuanto al conocimiento que decían tener sobre la unión concubinaria y aportar circunstancias referenciales.

Por consiguiente, el juez superior de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con la jurisprudencia de esta Sala, desechó los dichos de los testigos Ramón Humberto Muñoz Agelvis, José Miguel Rugeles, Karina Manzulli de Márquez y Cheyla Yamery Cacique, porque no le merecían fe ni confianza. En otras palabras, el juez es soberano y libre en la apreciación de los testigos y, por esa razón, desechó las deposiciones por considerar que fueron contradictorias y no le merecían fe, por cuanto no daban certeza de tener un conocimiento directo sobre la unión concubinaria sino referencial.

La Sala reitera el criterio jurisprudencial citado y por tanto considera que la apreciación del juez de instancia en cuanto a la credibilidad que le merece el testigo y a la existencia de razones para desechar su testimonio escapa del control de la Sala, porque además de ser una función o labor que le es propia, es soberano sobre esa apreciación y su determinación es subjetiva…”. (Destacados de la sentencia).

 

         Tal como se desprende del criterio jurisprudencial transcrito, que hoy se reitera, el artículo 508 constituye la norma de valoración de la prueba testimonial, que deja un amplio margen de apreciación a la labor del juez, por lo que, el formalizante debe dirigir su denuncia con el fin de combatir el pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, ya sea por la comisión de algún caso de suposición falsa, por la violación de máximas de experiencia, o por la violación de alguna norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial, lo que no ocurrió en el caso concreto.

         En atención a lo expuesto, la Sala observa que el formalizante no formula la infracción del artículo 508 eiusdem conforme a los supuestos jurisprudenciales establecidos anteriormente, lo cual no permite a la Sala el control casacional de la prueba testimonial. Así se establece.

En consecuencia, esta Máxima Jurisdicción Civil concluye en desechar la presente denuncia por falta de técnica. Así se decide.

Al ser desestimadas las denuncias del escrito de formalización, el recurso de casación será declarado perecido en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del fallo. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PERECIDO el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, en fecha 20 de septiembre de 2016.

Se impone al recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

         Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, como lo prevé el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los ocho (8) días del mes de marzo de dos mil diecisiete. Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

 

 

_____________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

______________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

Magistrado,

 

 

 

____________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Magistrada,

 

 

 

_________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Magistrada,

 

 

 

__________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

Secretario temporal,

 

 

 

_________________________

RICARDO ANTONIO INFANTE

 

 

 

Exp.: Nº AA20-C-2016-000803

 

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

 

 

Secretario temporal,

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