Sentencia N.º RC.000077
- Sentencia
- N.º RC.000077
- Fecha
- 04/03/2011
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 10-385
- Ponente
- Isbelia Josefina Pérez Velásquez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. Nro. 2010-000385
Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.
En el juicio por resolución de contrato de opción de compra venta seguido por la ciudadana AURA GIMÉNEZ GORDILLO, representada judicialmente por los abogados Iraida León de Cabrera, Milagros Palacios Flores, Xiomary Santander Pereira, Carmen Coromoto Montilla de Anzola, contra la ciudadana DAISMARY JOSÉ SOLE CLAVIER, representada judicialmente por la defensora ad litem Juana Esperanza Gil, y posteriormente por los abogados José Rafael Ceresini Magallanes, José Luís Jiménez Barreto y María Alejandra Rodríguez Bustillos; el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, dictó sentencia en fecha 31 de mayo de 2010, mediante la cual declaró: con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, perimida la instancia, de conformidad con el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y revocado el fallo dictado el 19 de octubre de 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, que declaró con lugar la demanda.
Contra la referida sentencia de la alzada, la parte demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto del 16 de junio de 2010, y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Con fundamento en lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la recurrida infringió los artículos 12, 15 y 267, ordinal 1º eiusdem, por quebrantamiento de las formas procesales con menoscabo del derecho de defensa, y a tal efecto señaló:
DENUNCIA DE QUEBRANTAMIENTO U OMISIÓN DE FORMAS PROCESALES CON MENOSCABO DEL DERECHO DE DEFENSA, PREVISTO EN EL ORDINAL PRIMERO DEL ARTÍCULO 313 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
Con fundamento en el ordinal primero del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción, por parte de la recurrida de los artículos 12, 15, 267, numeral primero del Código de Procedimiento Civil.
Omissis
La juez superior, al sentenciar no valoró (sic) diligencias de la parte demandante de fecha cuatro de diciembre de 2007 (4-12-2007), así como la del folio 42, de fecha 5 de diciembre de 2007; es decir, al día treinta (30) de la supuesta perención breve, donde la representante legal de la parte actora solicitó se procediera a elaborar la compulsa a la brevedad posible, también solicitó copia certificada del auto de admisión del libelo de demanda; con estas actuaciones se interrumpió la presunta inactividad capaz de producir los 30 días para la supuesta y negada perención, pues con estas actuaciones se evidenciaba el interés de impulsar el proceso, amén de las actuaciones de la parte demandada, que en el supuesto negado de una posible perención con sus actuaciones, convalidó tácitamente la presunta perención alegada extemporáneamente en los informes que presentó en segunda instancia; como sabemos, es necesario un acto procesal o acto del procedimiento inferido en el iter legal que propenda al desarrollo del juicio; esto es, un acto que implique la voluntad del interesado de activar o de impulsar el proceso hacia su finalidad lógica, que es la sentencia del tribunal; en el presente caso, se realizó entre otras la diligencia del 5-12-2007. Es oportuno mencionar, que es costumbre reiterada que los abogados entreguen los emolumentos al alguacil de los tribunales para la práctica de la citación, efectivamente ocurrió en el presente caso, que al unísono la representante legal de la demandante solicitó copia certificada del auto de admisión del libelo de la demanda, pidió al tribunal se procediera a elaborar la compulsa a la brevedad posible, a los fines de citar a la demandada y entregó los emolumentos al alguacil del tribunal de la causa; todo ello, con el único fin de impulsar la citación de la demandada, amén de la REFORMA DE LA DEMANDA que fue presentada el 30 de enero de 2008 y admitida por el a quo el 18 de febrero de 2008; por tanto, mal pudo operar la perención breve erróneamente declarada por la recurrida, pues además de la diligencia del 5-12-2007 se reforma la demanda y se admite la misma; en consecuencia, la recurrida violó el derecho a la defensa de mi representada al declarar la perención breve, establecida en el artículo 267, numeral primero del Código de Procedimiento Civil . (Mayúsculas y Negritas del escrito de formalización).
De la transcripción parcial del escrito de formalización esta Sala observa que el recurrente denuncia el quebrantamiento de formas sustanciales del proceso con menoscabo al derecho de defensa, al infringir la recurrida los artículos 12, 15, y 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, pues sostiene el formalizante que el juzgador de alzada declaró la perención breve de la instancia, por no haber impulsado oportunamente la citación de la parte demandada dentro de los treinta (30) a la admisión de la demanda, y en virtud de ello condujo a la recurrida a revocar la decisión del tribunal a quo que había declarado con lugar la demanda.
Sin embargo, manifiesta que en el presente juicio se dio interrupción a la presunta inactividad de 30 días, y adicionalmente, señala que la parte demandada, convalidó tácitamente la presunta perención , al haberla alegado extemporáneamente en el escrito de informes de segunda instancia.
Para decidir, la Sala observa:
La doctrina y la jurisprudencia de esta Sala ha establecido de manera reiterada que existen dos motivos para recurrir en casación por los errores in procedendo, a saber: uno de ellos son los vicios cometidos por el jurisdicente en la dirección del proceso al incurrir en el quebrantamiento de las formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho de defensa, y el otro, son los cometidos en la elaboración de la sentencia por la infracción de los artículos 243 y 244 del referido Código Adjetivo. (Sentencia Nº 096 de fecha 22 de febrero de 2008, Caso: Banesco, Banco Universal, C.A. contra Héctor Jesús Pérez Pérez.).
Al respecto, el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, consagra el principio de legalidad de las formas procesales, que persigue como objetivo principal garantizar el ejercicio del derecho de defensa, la secuencia y el desenvolvimiento eficaz del proceso.
Concatenado con lo anterior, hay que resaltar que el sólo quebrantamiento de normas que regulan las formas procesales, no genera la procedencia de la denuncia conforme al ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, sino que para declarar la nulidad del acto presuntamente írrito, es imprescindible, que el juez haya dejado de cumplir alguna formalidad esencial para la validez del mismo; que dicho acto no haya alcanzado el fin para el cual estaba destinado; que la transgresión sea imputable al juez; que la parte no haya convalidado o consentido el quebrantamiento de la forma del acto; que la parte haya ejercido todos los medios y recursos contra el presunto acto irrito; y por último, que se constate el menoscabo del derecho de defensa.
En otro orden de ideas, es necesario resaltar que la perención de la instancia es una sanción impuesta al demandante, por incumplimiento de las obligaciones procesales de carácter formal, desde el momento en que éste acciona jurisdiccionalmente, activando el aparato judicial. No obstante, su procedencia y declaratoria acarrea la terminación del proceso, más no así, el derecho de intentar nuevamente la acción.
En este sentido, el legislador estableció en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención.
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar, desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiera cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado . (Negritas de la Sala).
Del contenido y análisis de la normativa parcialmente transcrita, se desprende claramente, que acorde a los principios de economía y celeridad procesal, la institución jurídica de la perención, persigue evitar la duración incierta e indefinida de los juicios, producto de la inactividad por parte de los demandantes quienes asumen en el proceso una conducta negligente al no impulsar el proceso impidiendo su desenvolvimiento eficaz.
En atención a lo anterior, esta Sala de Casación Civil en sentencia Nº 537, de fecha 6 de julio del año 2004, Caso: José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual, estableció con respecto a la perención breve, lo siguiente:
(...) A propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos.
(Omissis)
Con lo dicho no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma. NO. Por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días .
Ciertamente, del contenido jurisprudencial citado se desprende la obligación que tiene la parte actora de cumplir (durante los 30 días a la admisión de la demanda o a la admisión de la reforma de demanda) las obligaciones legales para su impulso o cualquier actuación impuesta por el legislador para lograr la citación del demandado.
Posteriormente, esta Sala estableció significativamente, a través del fallo Nº 747 de fecha 11 de diciembre de 2009, (Caso: J.A. D´Agostino y Asociados; S.R.L. contra Antonietta Sbarra de Romano y Otros) que aun cuando se hubiese verificado en el expediente la falta de cancelación de los conceptos inherentes a la obligación del demandante para efectuar la citación, referidos al pago de los gastos de traslado del alguacil, es necesario insistir en que la finalidad del acto se cumplió en virtud de que la citación de los demandados se llevó a cabo debidamente y éstos estuvieron a derecho durante todas las etapas del proceso. En consecuencia, no puede considerarse que se haya configurado la perención breve de la instancia, así como tampoco, que se le haya causado indefensión a alguna de las partes en el presente juicio, por tanto, la presunta infracción delatada por el formalizante, debe ser declarada improcedente .
La Sala reitera el precedente jurisprudencial citado y, establece que la participación de la parte demandada en las etapas del proceso, pone en evidencia el cumplimiento de los actos procesales tendientes a lograr la citación de la parte actora, así como la intención de impulsar el proceso hasta su conclusión, y en virtud de ello, no puede ser cuestionado la inobservancia de la forma de un acto procesal cuando este haya alcanzado su finalidad practica.
Asimismo, esta Sala deja asentado que no opera la perención breve de la instancia prevista en el artículo 267 ordinal 1º y 2º del Código de Procedimiento Civil, cuando en las actuaciones procesales se verifique la presencia de la parte demandada en todas las etapas del proceso, la cual debe ser traducida como el cumplimiento cabal de las obligaciones legales, ya que la realización de cualquier acto procesal debe estar destinado a un fin útil.
Es por ello, que la parte actora tiene como obligación exclusiva, de lograr el llamado a juicio del demandado para el desenvolvimiento de juicio, con el fin de garantizar a los sujetos procesales el derecho a una tutela efectiva de sus derechos e intereses, todo ello, cónsona satisfacción de las exigencias de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a los artículos 26, 49 y 257, pues su desarrollado contexto persigue flexibilizar el formalismo que soporta el proceso civil, siendo éste el instrumento fundamental para la realización de la justicia .
Por otra parte, en materia de citación esta sala considera oportuno señalar que: la citación expresa, también llamada por la doctrina citación por medio de apoderado, se realiza por voluntad del apoderado, que en suma es la voluntad del demandado. En estos casos, se exige que este último le haya conferido facultad expresa para darse por citado (Sentencia Nº 202 de fecha 4 de abril de 2000, Caso: Sociedad Anónima Rex).
Conforme al criterio jurisprudencial transcrito, es evidente que el documento poder faculta al apoderado para cumplir con todos los actos del proceso, salvo los que estén reservado a la parte misma o reservados por la ley expresamente. Asimismo, el apoderado requiere de la facultad expresa de su mandante para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dineros y disponer del derecho en litigio conforme a lo estatuido en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil.
Determinado lo anterior, esta Sala considera necesario examinar cronológicamente los eventos procesales que ocurrieron en el transcurso del proceso de la siguiente manera:
En fecha 17 de julio de 2007, la ciudadana Aura Giménez de Gordillo, interpuso demanda por resolución de contrato de opción de compra venta, contra la ciudadana Daismary José Sole Clavier. (Folios 1, su vuelto y 2, de la primera pieza).
Mediante auto de fecha 7 de agosto de 2007, el tribunal de primera instancia, declara que se pronunciará sobre la admisión de la demanda, una vez que la parte demandante consigne a los autos los documentos fundamentales de la acción. (Folio 20 de la primera pieza).
En fecha 30 de octubre de 2007, la parte actora consigna los documentos requeridos por el tribunal de primer grado. (Folio 21 de la primera pieza).
Cursa al folio 38 de la primera pieza, auto de fecha 5 de noviembre de 2007, mediante el cual, el juzgado a quo admite la demanda y ordena la citación de la demandada, señalando que una vez constatada en autos la copia del libelo de demanda se ordenaría librar las compulsas.
En fecha 4 de diciembre de 2007, la parte accionante consigna documento poder. (Folio 39 de la primera pieza).
Diligencia de fecha 19 de diciembre de 2007, mediante la cual la parte actora solicita la elaboración de compulsa, a los fines de citar a la parte demandada (Folio 44 de la primera pieza).
En fecha 30 de enero de 2008, la parte actora presenta escrito de reforma de demanda. (Folio 46 de la primera pieza).
En fecha 18 de febrero de 2008, el tribunal a quo admite la reforma de demanda y ordena la citación de la parte demandada. (Folio 70).
En fecha 27 de marzo de 2008, el alguacil deja constancia a los autos, de que no pudo practicar la citación a la parte demanda, motivado a que la demandada vive en la ciudad de San Cristóbal. (Folio 71 de la primera pieza).
Mediante diligencia de fecha 27 de marzo de 2008, la parte actora solicita la citación por carteles por no haberse logrado la práctica efectiva de la citación personal de la parte demandada. (Folio 72 de la primera pieza).
En fecha 3 de abril de 2008 el tribunal niega mediante auto, la citación por carteles por cuanto no se había agotado la citación personal. (Folio 73 de la primera pieza).
Cursa a los folios 75, 76, 78 y 80 de la primera pieza, diligencias de fecha 29 de abril, 9 de mayo, 22 de mayo y 23 de mayo de 2008, mediante el cual la parte actora solicita al tribunal la práctica de la citación personal de la parte demandada.
Consta al folio 81, auto de fecha 30 de mayo de 2008, mediante el cual el alguacil consigna la citación personal por no haber logrado la práctica efectiva de la misma.
En fecha 2 de junio de 2008, la parte actora solicita la citación por carteles. (Folio 93 de la primera pieza).
Mediante auto de fecha 18 de junio de 2008, el tribunal acuerda la citación por carteles. (Folio 97 de la primera pieza).
En fecha 1 de julio de 2008, la parte actora consigna cartel de citación publicados en los diarios El impulso y El Informador. (Folios 99 y 102 de la primera pieza).
En fecha 14 de julio de 2008, la secretaria del tribunal, fija el cartel de citación de la demandada en la dirección señalada por la parte actora para Daismary José Sole Clavier. (Folio 103 de la primera pieza).
Por diligencia de fecha 14 de agosto de 2008, la parte demandante solicita al tribunal la designación de un defensor ad litem. (Folio 105 de la primera pieza).
Mediante auto de fecha 16 de septiembre de 2008, el tribunal designa como defensora ad litem a la abogada Juana Esperanza Gil. (Folio 106 de la primera pieza).
En fecha 22 de enero de 2009, el alguacil consigna boleta de notificación firmada por la defensora ad litem, quien se da por notificada, en fecha 17 de diciembre de 2008. (Folios 110 y 111 de la primera pieza).
En fecha 26 de enero de 2009, la abogada Juana Esperanza Gil, acepta el cargo de defensora ad litem. (Folio 112 de la primera pieza).
En fecha 29 de enero de 2009, el ciudadano Rafael Ceresini Magallanes en su condición de apoderado judicial de la demandada Daismary José Sole Clavier, comparece ante el tribunal de primer grado, consigna documento poder y se da por citado del presente juicio (Folio 114 al 116 de la primera pieza).
Cursa a los folios 118 y 119 de la primera pieza, escrito de contestación a la demanda de fecha 5 de febrero de 2009, presentado por la defensora ad litem. (Folios 118 y 119).
Mediante auto de fecha 4 de marzo de 2009, el tribunal de la causa declara vencido el lapso de emplazamiento. (Folio 120 de la primera pieza).
En fecha 13 de marzo de 2009 la defensora ad litem, presenta escrito de promoción de pruebas. (Folio 129).
En fecha 20 de marzo de 2009, la parte actora presenta escrito de promoción de pruebas. (Folio 131 al 141 de la primera pieza)
En fecha 26 de marzo de 2009, el abogado José Rafael Ceresini Magallanes, apoderado judicial de la parte demandada presenta escrito de promoción de pruebas en lo siguientes términos:
encontrándome en el lapso legal para promover pruebas en el presente procedimiento procedo (sic) a hacerlo de la siguiente manera:
DE LAS DOCUMENTALES
1_Promuevo copias del contrato de opción a compra celebrado entre la accionante Aura Giménez de Gordillo y mi representada la ciudadana Daismary Sole Clavier
2_Promuevo copias de los 15 depósitos hechos a nombre de la ciudadana AURA DE GORDILLO
3_Promuevo copias de los documentos de dos vehículos entregados a la ciudadana Aura Giménez de Gordillo
4_Promuevo como pruebas las copias simples del libelo de la demanda signada KP02-V-2007-4789
DE LA EXHIBICIÓN
1_ Solicito a este digno tribunal fije fecha y hora para la exhibición del documento de propiedad del cual hace mención la ciudadana AURA GIMÉNEZ DE GORDILLO
DE LA PRUEBA DE INFORME
Omissis
DE LA PRUEBA DE TESTIGO . (folio 145 al 148 de la primera pieza) . (Negritas de la demandada).
En fecha 3 de abril de 2009, la parte actora presenta escrito de oposición de pruebas. (Folios 174 y 175 de la primera pieza).
Mediante auto de fecha 14 de abril de 2009, el tribunal admite las pruebas. (Folios 177 y 178 de la primera pieza).
En fecha 8 de julio de 2009, tanto la parte actora como la parte demanda, presentan escrito de informes. (Folios 194 al 211 de la primera pieza).
En fecha 19 de octubre de 2009, el tribunal de primera instancia dicta sentencia en los siguientes términos:
DECLARA CON LUGAR LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA, incoada por la demandante ciudadana AURA JIMÉNEZ DE GORDILLO, contra la ciudadana DAISMARY SOLE CLAVIER Primero: Se resuelve el contrato de Opción de Compra venta, suscrita por las partes en fecha 13/7/2006 Segundo: Se condena a la parte demandada a cancelar a la parte actora por conceptos de daños y perjuicios, la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. F 100.000,00) . (Folios 219 al 229 de la primera pieza). (Negritas, subrayado y mayúsculas del juez a-quo).
En fecha 21 de octubre de 2009, la parte demandada ejerce el recurso ordinario de apelación. (Folio 231 de la primera pieza).
En fecha 10 de febrero de 2010, la parte demandada presenta escrito de informes y solicita que sea declarada la perención breve de la instancia, conforme al artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil. (Folio 243 de la primera pieza).
En fecha 10 de febrero de 2010, la parte demandante presenta escrito de informes. (Folios 255 al 262 de la primera pieza).
En fecha 31 de mayo de 2010, el Juzgador de alzada declara la perención breve del proceso, en los siguientes términos:
En efecto, se observa que la admisión de la demanda tuvo lugar el 5 de noviembre de 2007; fecha a partir de la cual, el demandante tendría que impulsar la citación del demandado dentro de los treinta (30) días siguientes, es decir, hasta el 5 de diciembre del mismo año era su oportunidad para realizar las diligencias necesarias para materializar tal acto procesal.
Ahora bien, la citación del demandado no requiere de solo la dirección y los emolumentos, sino que es necesario la concurrencia también de la consignación de las copias respectivas para posibilitar al tribunal de librar la compulsa de ley.
Dentro de los 30 días posteriores a la admisión de la demanda, en el caso de marras no se aprecia diligencia alguna dirigida a realizar la consignación de las copias necesarias para dar impulso a la citación de la demandada. Por tanto, a partir de ese momento operó para el presente asunto la perención breve de la instancia.
Ahora bien, es necesario precisar, que una vez que opera la perención de la instancia, la misma, por ser de pleno derecho es irrenunciable, no se abre nuevamente por el hecho de introducir una reforma en el asunto. En efecto, tal como lo establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, cuando se introduce la reforma de la demanda dentro de la oportunidad legal, es decir, antes que opere la perención y con anterioridad también a la citación del demandado, el lapso de treinta (30) días comenzará a computarse desde su admisión.
En efecto, mal podría este juzgado obviar la perención breve verificada desde la admisión de la demanda, por considerar la introducción de una reforma como un mecanismo de apertura de un nuevo lapso de cumplimiento procesal del demandante una vez perimida la instancia.
En este sentido, se evidencia el transcurso de los treinta (30) días calendarios consecutivos establecidos en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, para la citación de la ciudadana Daismary José Sole Clavier. Y así se decide.
Habiéndose encontrado la perención breve de la instancia en el presente asunto, es forzoso para este tribunal declararla, haciéndose inoficioso entrar a revisar los demás alegados esgrimidos por las partes en el asunto.
En virtud de todo lo anterior, resulta forzoso para este Juzgado declarar con lugar el recurso de apelación incoado en la presente causa, como consecuencia de observar la perención en el período comprendido entre el 7 de agosto de 2007, fecha correspondiente a la admisión del asunto, al 30 de enero de 2008, fecha en que tuvo lugar la reforma de la demanda. En consecuencia, se revoca la sentencia dictada por el tribunal a quo, en fecha 19 de octubre de 2009, y se declara la perención breve en el presente asunto.... (Folios 274 al 289de la segunda pieza).
En el presente caso, constata esta Sala, del análisis de la sentencia recurrida y de los actos procesales, que existe una inconsistencia en la fecha del auto de admisión de la demanda, puesto que, por un lado, establece que la admisión de la demanda tuvo lugar el día 5 de noviembre de 2007 y por otro lado, culmina declarando procedente la perención breve de la instancia, por no haber cumplido con la práctica de la citación en el termino comprendido entre el 7 de agosto de 2007 fecha correspondiente a la admisión del asunto, al 30 de enero de 2008, fecha en la cual tuvo lugar la reforma de la demanda .
Al respecto, esta Sala considera oportuno aclarar que el auto de admisión de la demanda fue dictado por el tribunal de primer grado, en fecha 5 de noviembre de 2007, y el auto de 7 de agosto de 2008 al cual hace referencia la sentencia recurrida corresponde al pronunciamiento efectuado por el tribunal a quo, donde se abstiene de pronunciarse sobre la admisión de demanda hasta que la parte actora consigne el documento fundamental de la pretensión.
Ahora bien, esta Sala observa que en fecha 5 de noviembre de 2007, el tribunal a quo, admitió la demanda y en fecha 19 de diciembre de 2007, la parte actora solicitó la elaboración de compulsa, a los fines de practicar la citación. En fecha 30 de enero de 2008, la parte actora presentó escrito de reforma de demanda.
En el presente juicio, se aprecia que luego de admitida la reformada de demanda y ordenada la práctica de la citación personal, mediante auto de fecha 18 de febrero de 2008, la parte actora mostró la intención de lograr la citación de la demandada Daismary José Sole Clavier, pues se evidencia de las actas que conforma el expediente, que en fecha 27 de marzo de 2008, el alguacil consignó dichas compulsas, señalando que no le fue posible localizarlos en la dirección indicada (folio 71 de la primera pieza) y como resultado de ello, la parte actora en esa misma fecha solicitó la citación por carteles, la cual fue negada mediante auto de fecha 3 de abril de 2008, por el tribunal de la causa, motivado a que no se había agotado la citación personal.
Seguidamente, se constata que la parte actora solicitó en las fechas 29 de abril, 9 de mayo, 22 de mayo y 23 de mayo todas del año 2008, la práctica de la citación personal y fue en fecha 30 de mayo del mismo, cuando el alguacil consignó las compulsas expresando que no se logró la practica efectiva de la misma. (Folios 75, 76, 78, 80 y 81 de la primera pieza).
Vista la práctica infructuosa de la citación de la parte demandada, en fecha 18 de junio de 2008, el juzgado de primer grado ordenó librar carteles, a solicitud de la parte demandante, conforme a lo previsto en el artículo 223 de Código de Procedimiento Civil. En fecha 1 de julio de 2008, la parte demandante consignó a los autos los referidos carteles, publicados en los diarios El Impulso y El informador, a través de los cuales ordenó la comparecencia de los dos co-demandados en el término de 15 días de despacho, contados a partir de la consignación en autos del último cartel; Posteriormente, en fecha 14 de julio de 2008, como consta al folio 103 de la primera pieza del expediente, la secretaria del tribunal, se trasladó a la dirección indicada en el libelo de demanda, indicando que fijó el cartel correspondiente.
Una vez agotado el lapso previsto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, sin lograr la comparecencia de la parte demandada, el tribunal de la causa, en fecha 16 de septiembre de 2008, ordenó la designación de un defensor ad-litem, acordando su respectiva notificación y aceptación al cargo la abogada Juana Esperanza Gil, quien fue juramentada en fecha 26 de enero de 2009.
Asimismo, cursa a los folios 114 al 116 de la primera pieza diligencia de fecha 29 de enero de 2009, suscrita por el abogado José Rafael Ceresini en su condición de apoderado judicial de la parte demandada quien consignó documento poder y enunció que encontrándose en el lapso legal procedió a darse por notificado (sic) de la demanda incoada contra mi representada y a todos los efectos su incorporación en el presente juicio .
Por consiguiente, la parte demandada ciudadana Daismary José Sole Clavier, quedó emplazada para dar contestación, en el momento en que su apoderado judicial Rafael Ceresini Magallanes se dio por citado mediante la consignación del poder que acreditó la representación en el presente juicio, lo cual pone en evidencia que la parte demandada pudo haber contestado la demanda oportunamente pues, se encontraba en conocimiento del juicio dos (2) meses y dos (2) días antes de fenecido del lapso de comparecencia del fallo cuestionado (folio 120 de la primera pieza).
Seguidamente, se observa actuación del apoderado judicial de la ciudadana Daismary José Sole Clavier de fecha 26 de marzo de 2009, mediante el cual consignó escrito de promoción de pruebas ante el tribunal a quo, y en donde aportó los medios probatorios que considero ventajoso para su mejor defensa de sus derechos e intereses privados; asimismo se constata que en fecha 8 de julio de 2009 la parte demandada presentó escrito de informe (folios 206 al 208 de la primera pieza).
De lo anterior, queda comprobado el cumplimiento del llamado a juicio de la parte demandada Daismary José Sole Clavier; el conocimiento oportuno del contenido de la demanda, la satisfacción y finalidad que le asigno la ley al acto procesal de citación y la participación de la parte demandada en el proceso, que sin duda alguna, ponen de manifiesto la intención de la parte actora de cumplir con las obligaciones relacionadas con la citación de la demandada, así como, la noción y ejercicio pleno de los medios establecidos en la ley procesal para contradecir, alegar y probar los cuestionamientos realizados por su contraparte.
En atención a lo anterior, no puede afirmarse que se haya configurado la perención breve de la instancia cuando la misma no fue alegada en su primera oportunidad, sino de manera súbita fue solicitada en el escrito de informes de segunda instancia, y mucho menos cuando el acto procesal de citación logró obtener su efecto y su finalidad única, que no es otra que la presencia de la parte demandada, durante todas las etapas del proceso, formalismo indispensable para la validez del presente juicio conforme al articulo 49 ordinal 1º de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
En consecuencia, esta Sala indica, que al haber declarado el juzgador de alzada, la perención breve de la instancia del ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, quebrantó el principio de legalidad de las formas procesales que garantizan el debido proceso y el derecho de la defensa de la recurrente, toda vez que dio cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, mediante diligencias y escritos dirigidos al órgano jurisdiccional con la manifestación y declaración implícita de estimular e impulsar el desenvolvimiento y resultado del juicio.
En virtud de los anteriores razonamientos, esta Sala declara la infracción del ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por el quebrantamiento de las formas sustanciales de los actos con menoscabo del derecho de defensa. Así se establece.
Por haber prosperado una denuncia por defecto de actividad, la Sala no entra a decidir las restantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación formalizado contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 2010, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. En consecuencia, ANULA la sentencia recurrida, y ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva sentencia sin incurrir en el vicio detectado. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión dictada.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior origen anteriormente mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de marzo de dos mil once. Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
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YRIS PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta-ponente,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
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LUÍS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Secretario,
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CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. Nro. AA20-C-2010-000385
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretario,
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