Sentencia N.º RC.000090
- Sentencia
- N.º RC.000090
- Fecha
- 17/03/2011
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 09-435
- Ponente
- Luis Antonio Ortiz Hernández
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2009-000435
Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández
En la incidencia de medidas cautelares surgida en el juicio por nulidad de acta de asamblea, incoado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua por el ciudadano MANUEL CAPRILES HERNÁNDEZ, representado judicialmente por el abogado en ejercicio Joseph Topel Capriles, contra la sociedad de comercio distinguida con la denominación mercantil MATERIALES VENEZUELA C.A. (MAVECA), en la persona de quien se señala en el instrumento poder consignado como su presidente, el ciudadano TULIO MANASÉS MIGUEL CAPRILES MENDOZA, representada judicialmente por los abogados en ejercicio Alvaro Badell Madrid y Rafael Badell Madrid, y en contra de las ciudadanos MARY MENDOZA DE CAPRILES e IVONNE CAPRILES HERNÁNDEZ, sin representación judicial acreditada en autos; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 13 de marzo de 2009, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la representación judicial del demandante. Confirmó la decisión apelada que declaró improcedentes las medidas cautelares innominadas solicitadas y no condenó en costas.
Contra la antes citada sentencia el demandante anunció recurso extraordinario de casación, que le fue negado por auto de fecha 7 de abril de 2009.
Ejercido el recurso de hecho, este fue declarado con lugar mediante fallo de esta Sala N° RH-365 de fecha 10 de julio de 2009, ordenándose la notificación de las partes.
Cumplidas las notificaciones, el recurso extraordinario de casación fue oportunamente formalizado y oportunamente impugnado.
El 21 de julio de 2009, fue asignada la ponencia al Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, y en fecha 1 de diciembre de 2010 fue reasignada la ponencia al Magistrado que con tal carácter la suscribe.
Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia en los siguientes términos:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por inmotivación.
Expresa el formalizante:
...Dentro del marco del artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia por este acto la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil por no haber expresado la recurrida los motivos de hecho en que funda su decisión.
En efecto, la recurrida ocupa trece páginas en una rutilante prosa en la que explica elegante y detalladamente la evolución jurisprudencial de la jurisdicción cautelar que consagró a dicha jurisdicción como parte central e importantísima de la tutela efectiva de los derechos por los órganos jurisdiccionales, contemplada como garantía constitucional contenida en el artículo 26 del texto supremo, aduciendo a tal fin abundantes citas de sentencias del Tribunal Supremo en Sala Constitucional, a lo que adminicula lo corriente, la conclusión sobre la necesidad de que el solicitante exponga en su solicitud los hechos en que basa su pretensión cautelar y presente las pruebas que constituyan al menos presunción grave conforme a lo previsto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, del derecho que se reclama, del riesgo que se haga nugatoria o inane la sentencia que se dictare y, en el caso de medidas innominadas, el peligro de graves daños que se inflijan al solicitante por la conducta de la otra parte en el curso del proceso en consecuencia con la imposibilidad de la composición de la controversia en forma inmediata o repentina, sin sacrificar el debido proceso como instrumento para el logro de la justicia.
Sigue a su luenga exposición la Jueza (sic) exponiendo lo siguiente (folio 171):
(...omissis...)
Las probanzas presentadas en el incidente autónomo cautelar, inaudita parte, de conformidad con la Ley (sic) y a reserva de que puedan se enervadas en el proceso por contrapruebas o aún por ser redargüidas de falsas, no pueden constituir en el estado del proceso en que suelen presentarse, más que presunción grave y desvirtuable de lo que pretende evidenciar. (...)
De una lectura de la recurrida se desprende de inmediato que la sentenciadora de la recurrida, no obstante que afirma y admite que la actora produjo en el proceso ciertas documentales, copias certificadas del acta de la asamblea impugnada y de otras actas de Asambleas (sic) anteriores de MATERIALES VENEZUELA, (MAVECA) C.A., inscritas en el Registro Mercantil y admisibles en segunda instancia, no examina ni valora esas probanzas ni ninguna otra de las demás comprobadamente producidas en el proceso, ni los indicios que se desprenden del proceso en su conjunto, como secuela de lo cual no expone circunstancia de hecho alguna que pueda fundamentar lógicamente, aún siendo falsa, injusta o erróneamente, el dispositivo de la recurrida.
(...omissis...)
En el caso en examen, la recurrida no examinó el contenido de ninguna de las pruebas, ni su naturaleza, admisibilidad, oportunidad, regularidad ni valoración y se vio inducida así a no consignar en la decisión ningún hecho que de ellas se deduzcan o no, y al no haber consignado hechos ficticios ni verdaderos en los que fundar el fallo, limitándose a calificar la prueba de insuficiente, dejó manifiesta y absolutamente de expresar motivo alguno de hecho de la decisión, incurriendo sin ninguna duda en la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil cuya violación se denuncia, vicio de inmotivación cuya sanción mediante la casación se impone. (Destacados del recurrente).
La Sala para decidir, observa:
De la denuncia antes transcrita se desprende que el formalizante, le imputa a la recurrida la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por inmotivación en el análisis de las pruebas, señalando que del fallo recurrido no se desprende análisis alguno sobre el contenido del acervo probatorio aportado por el demandante como sustento de su solicitud de medida cautelar.
Ahora bien, la motivación es el señalamiento de las diversas razones y argumentaciones que el juzgador ha tenido en cuenta para llegar a la conclusión que configurará la parte dispositiva de la sentencia.
Este Alto Tribunal ha establecido en innumerables fallos que el requisito de motivación, contenido en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil impone al juez el deber de expresar en su sentencia los motivos de hecho y de derecho de la decisión. La finalidad de esta exigencia es, además de garantizar a las partes el conocimiento del razonamiento jurídico seguido por el juez para establecer su dispositivo, permitir el control posterior de lo decidido.
Igualmente ha sido jurisprudencia reiterada que la inmotivación se produce:
1.- Cuando el fallo no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho que pueda sustentar el dispositivo del fallo, existe inmotivación por falta absoluta de motivos, la cual constituye una de las modalidades del mencionado vicio.
2.- Cuando las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas, estamos ante la modalidad de inmotivación por motivos vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos, que impiden conocer el criterio jurídico al que arribó el juez para dictar su decisión.
3.- Cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables -vicio de motivación contradictoria-, es necesario distinguir entre dos modalidades: Inmotivación por contradicción entre los motivos e inmotivación por contradicción entre los motivos y el dispositivo.
4.- Por último, existe inmotivación cuando los motivos dados por el sentenciador son falsos.
Adicionalmente, ha señalado esta Sala en constante y pacífica doctrina que no se configura el vicio de inmotivación cuando los motivos aportados por el juez sean escasos o exiguos.
Asimismo, ha señalado esta Sala que el deber de motivación, no exige del juez o tribunal una detallada descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado. En consecuencia, debe acudirse a un criterio de razonabilidad, que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de lograrse y que queda confiado al órgano judicial competente. (Cfr. Fallo N° 638 del 10 de octubre de 2003, caso: Humberto Contreras Morales c/ Juana Isidra Vale Alizo de García y otros, expediente N° 99-068)
En el presente caso la sentencia impugnada expresa textualmente lo siguiente:
...Ahora bien, en virtud de lo alegado por el recurrente en su libelo de demanda esta Juzgadora procedió a verificar si en los medios probatorios aportados son suficientes para demostrar el fumus boni iuris, el periculum in mora y el periculum in damni.
En tal sentido, se constató que la parte actora consigno copia certificada de la participación y del acta de asamblea de accionista cuya nulidad demanda, ambas inscritas en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Aragua, en fecha 7 de septiembre de 2007, bajo el Nº 38, Tomo 56-A (Folios 61 al 65). De igual forma, se evidencia que la parte demandante consigno marcados con la letra C, copias certificadas del Acta (sic) de la Asamblea (sic) Extraordinaria (sic) celebrada por la Empresa (sic) Materiales Venezuela, C.A., en fecha 30 de junio de 1999, documento inscrito por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Aragua, en fecha 10 de agosto de 1999, bajo el Nº 39, Tomo 34-A (Folios 66 al 71) y del Acta (sic) levantada en la Asamblea (sic) Ordinaria (sic) celebrada en fecha 29 de noviembre de 2004, por la sociedad de comercio Materiales Venezuela, C.A. (MAVECA), la cual quedo registrada en fecha 04 (sic) de marzo de 2005, bajo el Nº 62, Tomo 11-A, de los libros llevados por ese Registro (Folios 72 al 74).
Dentro de este marco puede apreciarse, que las pruebas mencionadas, presentadas por la parte actora en el presente juicio, resultan insuficientes para proveer de los elementos necesarios y así obtener un juicio valorativo de probabilidad sobre la pertinencia de lo reclamado, y más aún, cuando se solicita en forma genérica, se suspendan todos los efectos derivados del acta de asamblea cuya nulidad se demanda, sin ponderar, cuales (sic) son esos actos que afectan jurídicamente a la parte actora, y en que diligencias o actos se fundamenta la actora, para argüir que existen actos tendentes por parte de los codemandados, a blindar la eficiencia del fallo convocado a una Asamblea, (sic) que dejaría inejecutable la posible sentencia que se dicte en el presente juicio.
En este orden de ideas, esta Alzada (sic) luego de revisadas las documentales antes descritas se demostró que no se han cumplido con los elementos suficientes que prueben los extremos necesario para que sea acordada la cautela, toda vez que es una potestad del Juez (sic) apreciar la existencia o no de la presunción del derecho reclamado (FUMUS BONI IURIS), del riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo (PERICULUM IN MORA) y de la existencia de un fundado temor de que una de las partes, en el curso del proceso, pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra (PERICULUM IN DAMNI) y este juicio preliminar objetivo, no ahonda ni juzga sobre el fondo del problema debatido lo que significa que toda medida cautelar es de la soberana apreciación jurídica de los sentenciadores de instancia.
Por lo que, esta Superioridad procediendo en doble grado de jurisdicción, y facultado para la revisión y decisión de la procedencia o no de la pretensión cautelar solicitada por la parte actora, observó que tal como lo explica la decisión dictada por el Tribunal Aquo (sic) de fecha 14 de agosto de 2008, (sic) se procede a declarar la improcedencia de las medidas cautelares innominadas solicitadas, por cuanto no se verificó el cumplimiento de los requisitos de procedencia señalados ut supra.
Esto quiere decir, que la parte actora no demostró la concurrencia de los extremos necesarios para la procedencia de las medidas innominadas solicitadas, entendiéndose que no probó el Fumus boni iuris ni el Periculum in mora ni el Periculum in damni, por lo que no puede ser decretadas las medidas innominadas solicitadas. Y así se establece.... (Cursivas y mayúsculas de la decisión transcrita).
De la lectura del fallo antes transcrito se desprende, palmariamente y sin lugar a dudas, como lo señala el formalizante, el vicio de inmotivación, por cuanto no existe el proceso lógico jurídico de raciocinio que conduce al juez a tal determinación, pues se evidencia la falta de motivación del fallo, pero no por omisión del análisis de este particular por parte de la recurrida, sino por la carencia de motivos de hecho y derecho que sustenta su conclusión, esta circunstancia en la sentencia recurrida se circunscribe en una de las modalidades del vicio de inmotivación, cual es la falta total de fundamentos de hecho y de derecho que sustente el dispositivo del fallo, dado que señaló expresamente que: ...Dentro de este marco puede apreciarse, que las pruebas mencionadas, presentadas por la parte actora en el presente juicio, resultan insuficientes para proveer de los elementos necesarios y así obtener un juicio valorativo de probabilidad sobre la pertinencia de lo reclamado... y concluyó señalando que: ...En este orden de ideas, esta Alzada luego de revisadas las documentales antes descritas se demostró que no se han cumplido con los elementos suficientes que prueben los extremos necesario para que sea acordada la cautela....
Es claro que de dichos señalamiento se hace imposible desentrañar cual es el contendido de dichos medios probatorios y que elementos dimanan de ellos, como constitutivos de la pretensión cautelar y si sirven o no para probar lo alegado por el demandante. Se prescindió absolutamente del análisis del contenido de las pruebas, pues se desconoce completamente en el fallo recurrido, derivando en una conclusión totalmente infundada en cuanto a este aspecto. No menciona siquiera el ad-quem, cuáles son los fundamentos en los cuales basa su conclusión, lo cual imposibilita el control de legalidad sobre dicho pronunciamiento, ya que el sentenciador no indicó los hechos concretos y las razones que justifican tal decisión, incumpliendo su deber de motivar las circunstancias de hecho que comprueban o no la verificación de los supuestos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y esto determina su inmotivación.
Al efecto esta Sala en su fallo N° RC-288 del 20 de abril de 2006, expediente N° 2005-590, señaló lo siguiente:
...De la precedente transcripción se desprende que el juez superior al realizar el análisis de la procedencia de la medida preventiva de enajenar y gravar solicitada por la parte demandante, sobre la hipoteca constituida a favor del codemandado Ylian Vladimir Álvarez Acosta, concluye que las documentales traídas a los autos por la parte actora no le proporcionan elementos de convicción que hagan presumir la ilusoriedad del fallo, pero no menciona siquiera el ad-quem, cuáles son los fundamentos en los cuales basa esa conclusión, lo cual imposibilita el control de legalidad sobre dicho pronunciamiento y determina su inmotivación.
En efecto, el juez de alzada se limita a señalar que de las pruebas documentales, las cuales apenas identifica como ...(cursantes a los folios 72 al 201 de este expediente)... no se desprenden elementos de convicción que hagan presumir la ilusoriedad del fallo. Sin embargo, considera la Sala que esa expresión resulta insuficiente para fundamentar el análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la medida, razón por la cual se declara procedente la denuncia de infracción del artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
De igual forma en fallo de esta Sala N° RC-147 del 24 de marzo de 2008, expediente N° 2007-676, con respecto a la motivación de las decisiones sobre medidas cautelares, se estableció lo siguiente:
...Respecto al vicio de inmotivación y a la obligación que tienen los jueces de motivar las decisiones que resuelven asuntos relativos a las medidas cautelares solicitadas por las partes en el decurso de los juicios, esta Sala en sentencia N° RC-00600 del 31 de julio de 2007, caso: C.A. Cafetal contra las empresas Corporación Soravi C.A. y Urbanización Yaucaracam, C.A., exp. N° 06-686, dejó establecido lo que de seguida se transcribe:
Sobre el vicio de inmotivación, en sentencia N° RC-00173 del 2 de mayo de 2005, caso: Chee Sam Chang, exp. N° 04-269, la Sala dejó establecido lo siguiente:
Establece el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil que toda sentencia debe contener ...los motivos de hecho y de derecho de la decisión....
Esta exigencia tiene por objeto: a) Controlar la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo; y b) Garantizar a las partes, conocer los motivos de la decisión para determinar si están conformes con ellos.
De esta forma se impone como deber inexorable para el juzgador, la obligación de motivar la sentencia en su resultados y considerandos, de manera tal, que ésta no sea una simple decisión imperativa y voluntarista del juez, sino, una particularización racionalizada de un mandato general.
El vicio de inmotivación se configura, cuando la sentencia recurrida no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho, que pueda sustentar el dispositivo del fallo, esto es, falta absoluta de fundamentos, mas no cuando la motivación es considerada exigua o escasa, pues si la expresión de las razones expuestas por el sentenciador permiten el control de la legalidad, resulta cumplido el requisito de motivación, y en todo caso, la formalizante podría formular la respectiva denuncia de infracción de ley, en el supuesto de que considere que esos motivos son erróneos o contrarios a derecho. (Sentencia del 2 de agosto de 2001, en el juicio de Banco Industrial de Venezuela C.A., contra Inversora Kilómetro 5 C.A. e Inversiones Aldaca C. A.) . (Resaltado de la Sala).
El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, dispone que se decretaran las medidas preventivas cuando el juez verifique de manera concurrente, fumus bonis iuris, la presunción de buen derecho, esto es, las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten, y el periculum in mora que es la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo.
Respecto de la capacidad de decisión del juez en el decreto de las medidas preventivas, la Sala ha establecido, entre otras, en sentencia de 21 de junio de 2005, caso: Operadora Colona C.A., c/ José Lino De Andrade y otra, lo siguiente:
La Sala acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, y en consecuencia considera que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada, el sentenciador deberá apreciar, no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo, no podrá satisfacerse la pretensión del actor, lo que dicho con otras palabras significa que en cada caso el juez deberá ponderar si el demandado ha querido hacer nugatoria de cualquier forma la pretensión del accionante, valiéndose de la demora de la tramitación del juicio. De esta forma, el juez puede establecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la cautela solicitada, para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho, para lo cual tiene amplia discrecionalidad. (Omissis) En consecuencia, para que proceda el decreto de la medida cautelar no solo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no solo en virtud del posible retardo de la actividad del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra cuyos bienes la que recae la medida, si así fuere alegado por el solicitante de la cautela, todo lo cual debe ser apreciado en conjunto, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio y constante que no amerita prueba . (Negrillas de la Sala).
Ahora bien, la Sala considera pertinente transcribir parcialmente el texto de la recurrida, en la que se expresa lo que sigue:
Ahora bien, la pretensión del actor tiene por objeto que la medida de prohibición de enajenar y gravar, sea acordada a su favor, alegando para ello el cumplimiento de los requisitos antes señalados, así como la nulidad del título de propiedad que ostenta la codemandada Corporación Soravi C.A.. para lo cual acompañó a la demanda como instrumento fundamental, copia del documento cuya nulidad se solicita. Este documento demuestra a criterio de quien aquí decide la presunción de buen derecho que se reclama, sin que ello implique que el actor será favorecido en la definitiva, pues ello dependerá de la forma como quede trabada la litis, la actividad probatoria de las partes, y lo que determine la ley luego de subsumir en ella los supuestos fácticos al caso concreto, actividad que se hará en la sentencia de mérito que se dicte, lo que determina que se encuentra satisfecho el primer requisito requerido para el decreto de la medida cautelar solicitada, y así se declara.
En lo atinente al peligro por la mora resultando ilusoria la ejecución del fallo, que como requisito concurrente para el decreto exige el artículo 585 citado, se desprende de las actas procesales que la parte actora no probó el cumplimiento de este extremo en forma objetiva, como lo señaló el a quo ni se aportó en forma oportuna prueba de ello en esta alzada, lo que implica que al faltar uno de los requisitos antes indicados, la situación fáctica se mantiene invariable desde el momento en que se emite el auto recurrido, lo que hace improcedente el decreto de la medida solicitada al faltar uno de los requisitos antes indicados.
omissis
Congruente con lo antes expuesto, y no habiendo quedado demostrado el cumplimiento de uno de los requisitos concurrentes exigidos en la norma adjetiva para el decreto de las medidas preventivas, resulta improcedente el decreto de la medida de prohibición de enajenar y gravar en la forma solicitada por el accionante con respecto al inmueble identificado en el libelo, razón por la cual resulta imperioso para esta Alzada confirmar el auto apelado... (Negrillas de la Sala)
De acuerdo con lo antes expuesto, la Sala encuentra que la recurrida adolece del vicio de inmotivación, pues el juzgador de alzada luego de señalar que se cumple con el fumus boni iuris, al momento de considerar el presupuesto del periculum in mora establece que la parte actora no probó el cumplimiento de este extremo en forma objetiva, como lo señaló el a quo ni se aportó en forma oportuna prueba de ello en esta alzada , tal pronunciamiento imposibilita el control de legalidad de lo decidido, ya que el sentenciador no indicó los hechos concretos y las razones que justifican tal decisión, incumpliendo su deber de motivar las circunstancias de hecho que comprueban la verificación de ese supuesto exigido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo .
En el caso de marras, como se evidencia de la transcripción parcial que se efectuó de la recurrida, el sentenciador ad quem para declarar como no cumplido el requisito del periculum in mora, se limitó a expresar en la sentencia hoy impugnada, que las testimoniales y la inspección extrajudicial aportada a los autos por la parte demandante per se no resultan suficientes para afirmar que la parte actora acreditó los elementos que constituyan presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo , sin que de ese pronunciamiento se pueda deducir qué fue lo que se demostró con tales medios probatorios y cuáles fueron las razones que lo llevaron a considerar que éstos no eran suficientes para probar que en el caso de marras existía una presunción grave de que quedara ilusoria la ejecución del fallo.
Es preciso reiterar, que tal exigencia de la Ley no significa que los jueces estén obligados a dar pormenorizadamente las razones de todos y cada uno de los motivos que los llevaron a decidir en cierto sentido cualquier asunto sometido a su consideración, pero es necesario que lo decidido por ellos esté sustentado en razones de hecho y de derecho que permitan a las partes ejercer el control de su legalidad, a través de los recursos que consideren pertinentes.
No está demás que esta Sala reitere, que cuando los jueces actúan en sede cautelar, como en el presente caso, están obligados a preservar a toda costa la justicia, y a garantizar que sus decisiones cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, entre ellos, el contenido en el ordinal 4° que establece que toda sentencia debe contener .las razones de hecho y de derecho de la decisión .
De todo lo expuesto se infiere, que la falta de motivación con la que el sentenciador de alzada declaró que en el presente caso no se había cumplido con uno de los requisitos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, específicamente el periculum in mora, es suficiente para casar de oficio la sentencia objeto del recurso de casación que anunciara la parte actora, y así se establece.
Por consiguiente, verificada la infracción del ordinal 4° del artículo 243 ° del Código de Procedimiento Civil, la Sala en el dispositivo del fallo, de manera expresa, positiva y precisa, casará de oficio la sentencia recurrida. Así se decide. (Destacados de la sentencia transcrita).
Según Eduardo Couture, la motivación del fallo constituye un deber administrativo del Magistrado; la Ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poder comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria.
Por lo tanto, hay falta absoluta de fundamentos, cuando los motivos del fallo por ser impertinentes o contradictorios o integralmente vagos o inocuos, no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia que es la finalidad esencial de la motivación, que impidan a la Casación conocer el criterio jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión, al no hacerlo, no justifica la misma con argumentos de hecho y de derecho.
Así las cosas, el juzgado ad quem estaba obligado en su fallo a indicar las razones de hecho y de derecho del porque consideró que no estaban llenos los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para que no procediera la medida cautelar solicitada, a fin de que su decisión resultara aprobada en lo que al requisito de motivación se refiere; es decir, debió realizar una actividad de justificación de su decisión judicial, y de esa manera no dejar duda respecto a su pronunciamiento y a satisfacer a las partes en cuanto a las razones dadas, y sin embargo, a juicio de esta Sala, el juzgador de alzada descartó señalar aquellos fundamentos fácticos y jurídicos, confirmando la decisión de la primera instancia que negó la medida cautelar innominada. Por tal motivo, al no conocerse cuáles fueron las razones que lo llevaron a establecer su conclusión, se produce un fallo inmotivado que amerita por parte de esta Sala su declaratoria de nulidad. (Cfr. Fallo N° RC-545 del 22 de noviembre de 2010, expediente N° 2010-229).
Por los razonamientos antes expuestos, la Sala concluye en indicar que la sentencia impugnada está viciada de inmotivación, conducta con la cual se infringe el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo que le permite a esta Sala de Casación Civil, declarar su nulidad, por infracción del artículo 244 eiusdem, conforme a lo preceptuado en el artículo 210 ibídem. Así se decide.
Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 13 de marzo de 2009. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al Tribunal Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No ha lugar la condenatoria al pago de las costas procesales del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de dos mil once. Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
__________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
______________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
____________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrado,
___________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
_______________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Secretario,
_______________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2009-000435.-
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario,
Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, expresa su disentimiento con la sentencia precedentemente consignada y aprobada por los demás Magistrados y Magistradas integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la cual declara CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 13 de marzo de 2009 , por lo que, procede a consignar por vía del presente escrito ...las razones fácticas y jurídicas de su negativa..., en atención al contenido y alcance del aparte cuarto del artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Alto Tribunal. En consecuencia, salva su voto, en los siguientes términos:
En el caso bajo estudio, se declara con lugar una denuncia por inmotivación, atinente a una supuesta omisión de la recurrida en el análisis de una serie de pruebas relacionadas con una incidencia cautelar. De acuerdo a lo expresado por el formalizante, cuando explica en el folio 4 del proyecto, que la recurrida no examinó el contenido de ninguna de las pruebas, ni su naturaleza, admisibilidad, oportunidad, regularidad ni valoración y se vio inducida así a no consignar en la decisión ningún hecho que de ellas se deduzcan o no, y al no haber consignado hechos ficticios ni verdaderos en los que fundar el fallo, limitándose a calificar la prueba de insuficiente , lo que en realidad está planteando el recurrente es un silencio de pruebas, pues la conclusión de la recurrida fue que no quedaron demostrados los extremos de las medidas cautelares, peligro en la demora y presunción grave del derecho reclamado, pero el recurrente señala que el Juez llegó a esa conclusión obviando el análisis de las pruebas.
Siendo una denuncia por silencio de pruebas, el planteamiento ha debido ser de fondo, y explicar cuáles pruebas fueron silenciadas y su trascendencia en la incidencia cautelar, pero no por vía de forma.
Por otra parte, al leer la motivación de la recurrida, se observa que sí se expresaron argumentos, como se indica a los folios 7 y 8 de la sentencia, al señalar, luego de mencionar las pruebas, que dentro de este marco puede apreciarse, que las pruebas mencionadas, presentadas por la parte actora en el presente juicio, resultan insuficientes para proveer de los elementos necesarios y así obtener un juicio valorativo de probabilidad sobre la pertinencia de lo reclamado, y más aún, cuando se solicita en forma genérica, se suspendan todos los efectos derivados del acta de asamblea cuya nulidad se demanda, sin ponderar, cuales (sic) son esos actos que afectan jurídicamente a la parte actora, para argüir que existen actos tendentes por parte de los codemandados, a blindar la eficiencia del fallo convocado a una Asamblea, que dejaría inejecutable la posible sentencia que se dicte en el presente juicio
Estos argumentos, en última instancia, pueden encontrarse exiguos o escasos, pero no inexistentes. La sentencia impugnada expresó sus motivos, y por ello, considero que NO ha debido prosperar la referida denuncia por defecto de actividad. Se vuelve a incurrir en lo que ya señalé en el voto salvado que consigné en otra sentencia, la No. RC.000001 publicada el 12 de enero de 2011, bajo la ponencia de la misma Magistrada que con tal carácter suscribió la hoy disentida, en el expediente 2010-000299, y que me permito transcribir como fundamento a lo afirmado:
COMO PODRÁ OBSERVAR, LA SENTENCIA RECURRIDA ESTÁ SEÑALANDO QUE SE ENCUENTRA UN JUICIO PENDIENTE ENTRE LAS MISMAS PARTES, INDICANDO NÚMERO DE EXPEDIENTE, TRIBUNAL Y SOPORTANDO TAL PRONUNCIAMIENTO EN COPIAS CERTIFICADAS IDENTIFICANDO INCLUSO LOS FOLIOS DONDE SE ENCUENTRAN. Si bien los fundamentos son exiguos o escasos, no son inexistentes. No hay inmotivación absoluta, sino una motivación precaria, lo cual en pacífica doctrina de la Sala no constituye vicio de inmotivación. En este sentido se ha pronunciado la Sala, en sentencia de fecha 27 de febrero de 2007, exp. N° 2006-794, N° 048, bajo la ponencia de la Magistrada hoy también ponente de la disentida, cuando señaló:
Al relacionar lo precedentemente transcrito con aquellos hechos que patentizan la inmotivación en un fallo, oportuno resulta a la Sala, referir que la abundante doctrina ha reiterado el criterio establecido en sentencia Nº 268 de fecha 3 de agosto de 2000, Expediente Nº 99-106, en el juicio de Leonardo Campbell Oyarzum contra Administración y Mercadeo de Hoteles, S.A., en la cual se ratificó:
...que la motivación ...debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran; y las segundas la aplicación a éstos de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes. (Sent. 2-10-73. G.F. Nº 82, pág. 314, Márquez Añez, Leopoldo Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana, pág. 65.)
La inmotivación por el contrario, es el vicio que provoca la omisión de uno de los requisitos de la sentencia, que impone a los Jueces el ordinal 4º), artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuando ordena que el fallo debe contener ...Los motivos de hecho y de derecho de la decisión....
La Sala ha establecido por lo menos desde 1906, que la inmotivación consiste en la falta absoluta de fundamentos; que los motivos exiguos o escasos, o la motivación errada no configura el vicio de inmotivación. (Resaltado del voto salvado).
El referido criterio ha sido ratificado en múltiples fallos de la Sala, permitiéndome citar, los siguientes: Nº RC.000515, del 16/11/10, exp. 2010-000221, con ponencia del Magistrado Luís Antonio Ortíz Hernández; Nº RC.000191 del 25/05/10, exp. 2009-000119, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez; Nº RC.000593, del 29/11/10, exp. 2010-000328, con ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez Velásquez; Nº RC.000452, del 25/10/10, exp. 2010-000174, bajo ponencia del Magistrado que ahora salva su voto. Si este es el criterio de los cinco Magistrados y Magistradas que conformamos la Sala, entonces, debo afirmar que la disentida desconoció la doctrina casacionista de la propia Sala (Resaltado del texto transcrito y los subrayados de los nombres de los ponente es del disidente).
La mayoría de los Magistrados y Magistradas están acompañando nuevamente este desacato de la doctrina de la Sala, sin indicar que es una modificación o ampliación, con lo cual se viola el principio de la seguridad jurídica de las partes. Por lo que exhorto a mis colegas a seguir la doctrina de la propia Sala, ya reseñada, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia , evitando que nuestras sentencias violen, repito, la seguridad jurídica, principio que nosotros estamos llamados a preservar y garantizar. Dejo así expresado el fundamento del voto salvado en relación a la sentencia que en este procedimiento ha tomado la mayoría sentenciadora
En razón de lo anterior, considero que no procedía la denuncia por inmotivación. Dejo así expresado el fundamento del voto salvado en relación a la sentencia que en este procedimiento ha tomado la mayoría sentenciadora. Fecha ut supra.
Presidenta de la Sala,
__________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
____________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrado-disidente,
___________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
_______________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Secretario,
_______________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2009-000435.-
Secretario,
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