Venley

Sentencia N.º RC.000139

Sentencia
N.º RC.000139
Fecha
11/05/2010
Sala
Casación Civil
Expediente
09-541
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. AA20-C-2009-000541

 

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

En el juicio de partición y liquidación de bienes, incoado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, por la ciudadana ELSY JOSEFINA MELÉNDEZ SANTALIZ, representada judicialmente por la profesional del derecho Desireé Meléndez Montenegro, contra  el ciudadano FARID JOSÉ SARQUIS MELÉNDEZ, representado judicialmente por el abogado Luis Francisco Meléndez U.;  el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 5 de agosto de 2009, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de hecho interpuesto por la parte demandada, confirmó el auto dictado el 08 de julio de 2009, denegatorio del recurso de apelación interpuesto en fecha 06 de julio de 2009, se condenó en costas a la parte recurrente. 

 

Contra la preindicada sentencia la demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

 

ÚNICO

 

 

En uso de la facultad que asiste a la Sala de ser ella la que, en definitiva, deba pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación, no obstante lo que al respecto hubiese resuelto el tribunal de última instancia, cuando observare de oficio o a petición de parte que el mismo ha sido admitido con violación de las normas que regulan la materia, en el caso concreto observa lo siguiente:

 

La decisión contra la cual se anunció el presente recurso de casación, luego de transcribir la decisión apelada, el auto recurrido y los alegatos del recurrente en la alzada,  expresa lo siguiente:

 

“...El ciudadano Farid José Sarquis Meléndez, interpuso el presente recurso de hecho, en contra del auto de fecha 08 de julio de 2009, denegatorio del recurso de apelación interpuesto en fecha 06 de julio de 2009, contra el auto dictado en fecha 20 de abril de 2009, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Ahora bien, analizadas las actas procesales se observa que el auto apelado, se corresponde con el dictado en fecha 02 de julio de 2009, y no el de fecha 20 de abril de 2009, como de manera errónea se indicó en el recurso. No obstante lo anterior y ante el principio de tutela judicial efectiva, quien juzga procede a conocer del recurso de hecho, de la siguiente manera:

El recurso de hecho como garantía procesal del derecho de apelación, tiene por objeto la revisión del juicio o dictamen emitido por el juez de la causa en torno a la admisibilidad del recurso ejercido y en tal sentido supone como presupuestos lógicos, en primer lugar, la existencia de una decisión susceptible de ser apelada; en segundo lugar, el ejercicio válido del recurso de apelación contra ésta y, finalmente, que el órgano jurisdiccional haya negado la admisión de dicho recurso o la haya limitado al solo efecto devolutivo.

El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil establece, que negada la apelación, o admitida en un solo efecto, la parte podrá recurrir de hecho, dentro de los cinco días, más el término de la distancia, al tribunal de alzada para solicitar que se le ordene oír la apelación o que se la admita en ambos efectos.
En el caso que nos ocupa, se observa que el ciudadano Farid José Sarquis Meléndez, en su condición de parte demandada, se opuso al procedimiento en el juicio de partición de bienes de la comunidad conyugal, y pidió se abriera el procedimiento ordinario. El Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, por auto de fecha 03 de junio de 2008, dado los términos de la oposición, consideró innecesario aperturar la sustanciación del proceso ordinario y ordenó aperturar la segunda fase del procedimiento en cuanto a los bienes cuyo dominio no fue contradicho. Por auto posterior de fecha 10 de junio de 2008, estableció que el partidor no podía pronunciarse sobre el reintegro del cincuenta por ciento por arrendamiento del inmueble, así como tampoco en relación a la rendición de cuentas. Por auto de fecha 20 de abril de 2009, se ordenó notificar al experto Ana Díaz, a los fines de que consigne el informe correspondiente.

Consta de igual manera que mediante escrito presentado en fecha 25 de junio de 2009, el ciudadano Farid José Sarquis Meléndez, solicitó al tribunal se pronunciara sobre la oposición formulada al procedimiento de oposición, y que el tribunal por auto de fecha 02 de julio de 2009, advirtió que por auto de fecha 03 de junio de 2008, el cual se encuentra definitivamente firme, estableció que dado el allanamiento realizado por la parte actora con respecto a la exclusión del bien por el cual la parte demandada se opuso, declaró concluida la primera fase del procedimiento, y aperturó en consecuencia la fase ejecutiva. Contra la precitada decisión, fue ejercido el recurso de apelación, en fecha 06 de julio de 2009, cuya admisión fue negado en fecha 08 de julio del mismo año, por tratarse de un auto de mero trámite.
Ahora bien, la doctrina de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 3 de noviembre de 1994, ratificada en sentencia RH-00062, de fecha 18 de febrero de 2004, y RH-00105 de fecha 28 de febrero de 2008, caso: Ángel Concepción Rodríguez contra Román Paz Pérez, expediente N° 06-458, en relación a los autos de mero trámite estableció lo siguiente:

“...Las sentencias interlocutorias no apelables y que corresponden obviamente al concepto de autos de mera sustanciación son aquellas que no deciden ninguna diferencia entre las partes litigantes, y por ende son insusceptibles de poner fin al juicio o de impedir su continuación, ni causan gravamen irreparable a las partes, así lo ha aceptado reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia; de tal manera que para conocer si se está en presencia de una de estas decisiones llamadas de mera sustanciación hay que atender a su contenido y a sus consecuencias en el proceso, de tal manera que si ellas, traducen un mero ordenamiento del Juez, dictado en uso de su facultad de conducir el proceso ordenadamente al estado de su decisión definitiva, responderá indefectiblemente a ese concepto de sentencia interlocutoria de simple sustanciación y por ende no apelable ya que de ser así se estaría violentando el principio de celeridad procesal tan celosamente custodiado por las normas adjetivas...”.

Así mismo de manera reiterada se ha sostenido que en el procedimiento de partición de bienes que pertenezcan a una comunidad, se distinguen dos etapas, 1.- en la que se señalan los bienes a partir y en la que a su vez pueden presentarse dos situaciones, a saber: a) que los litigantes formulen oposición con respecto a uno o algunos de los bienes cuya partición se solicita y, en ese caso y sobre esos bienes se seguirá el procedimiento ordinario, nombrándole partidor para el resto de los bienes sobre los que existe acuerdo. b) que no haya oposición, en cuyo caso el juez instará a los litigantes para que nombren el partidor. 2) La segunda etapa que se refiere a la partición misma y en la que, una vez se diluciden las diferencias que se hubieren presentado sobre los bienes objeto de la partición, igualmente se procederá al nombramiento del partidor y se hará la adjudicación de las cuotas a cada comunero. En el juicio de partición si no se formula oposición, el procedimiento debe continuarse con la próxima etapa procesal que es la designación del partidor.
En el caso que nos ocupa se observa que, el recurrente de hecho denuncia la omisión de pronunciamiento por parte del juez de la primera instancia, en relación a la oposición formulada al procedimiento de partición, mientras que el juez de la primera instancia, negó la admisión del recurso de apelación interpuesto, en virtud de que el verdadero auto decisorio de fecha 03 de junio de 2009 se encuentra firme, y el que se impugna de fecha 02 de julio de 2009, se trata de un auto de mero trámite.

En tal sentido se observa que, tal como fue advertido por el juzgado de la causa, el auto dictado en fecha 02 de julio de 2009, se trata de un auto de mero trámite, en el cual no se decide ninguna diferencia de las partes, y por el contrario, se establece que lo solicitado fue objeto de decisión en auto de fecha anterior, que se encuentra definitivamente firme. Por otra parte se observa que el recurso de hecho no es procedente en los casos de omisión de pronunciamiento por parte del juez.

En consecuencia de todo lo expuesto, y dado que el ejercicio del recurso de hecho presupone la existencia de una decisión susceptible de ser apelada, y que no obstante el tribunal se negó a admitirla o la admitió en un solo efecto, y tomando en consideración que el recurrente denuncia la omisión de pronunciamiento del juez de la causa, y que el auto dictado por el juzgado de la causa en fecha 02 de julio de 2009, ratificó a su vez lo decidido en auto de fecha anterior, quien juzga considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de hecho interpuesto y así se declara”.

 

En este mismo orden de ideas, la Sala pasa a transcribir parte pertinente del auto dictado por el a-quo:

“…Revisadas las actuaciones que anteceden, muy especialmente la diligencia que antecede, mediante la cual la parte demandada solicita pronunciamiento sobre la oposición que formulara; este Tribunal advierte que con respecto a tal requerimiento por auto de fecha 03-06-2008, el cual se encuentra definitivamente firme, advirtió sobre tal circunstancia considerando el allanamiento realizado por la parte actora con respecto a la exclusión del bien por el cual la parte demandada se opone; dando por concluida de esta manera a la primera fase del procedimiento de partición, procediendo con la segunda con el nombramiento del partidor y los actos subsiguientes, los cuales se han verificado a cabalidad, encontrándose el presente proceso en la fase ejecutiva por cuanto fue presentado el informe por el partidor designado y vencido como se encuentra el lapso para realizar los reparos; es por lo que mal puede la parte demandada -en esta etapa del proceso- argüir una infundada denegación de justicia”.

 

Esta decisión del Juzgado a quo confirmada por la alzada, se traduce en un mero ordenamiento del Juez, como director del proceso, en uso de su facultad de conducirlo hasta el estado de sentencia, con lo cual no produce gravamen alguno a las partes, por no contener decisión sobre el fondo, ya que responde obviamente al concepto de autos de mero trámite o de mera sustanciación o de ordenamiento procesal.

 

Sobre esta materia, la Sala reiteradamente ha precisado entre otras en decisión de fecha 1 de junio de 2000, caso Moises Jesús González Moreno y otra contra Roberto Ortíz, expediente Nº 00-211, sentencia Nº 182, lo siguiente:

 

“...los autos de mera sustanciación o de mero trámite no están sujetos a apelación; se trata de providencias que impulsan y ordenan el proceso, y por ello no causan lesión o gravamen de carácter material o jurídico a las partes, al no decidir puntos controvertidos. (sent.24/10/87, reiterada en sentencias del 14/06/95 y del 28/11/96).

Con base en esta doctrina, que una vez mas, se reitera, es criterio de la Sala que en razón de que los autos de mera sustanciación o de mero trámite, no son susceptibles de apelación, tampoco procede contra ellos el recurso de casación...”. (Subrayado y negrillas de la Sala).

 

 

            En consecuencia, y en aplicación de la doctrina precedente, si contra dicho auto de mero trámite o de mera sustanciación no se concede recurso de apelación, tampoco es revisable en casación la decisión dictada en alzada.

            Al respecto, observa la Sala que la apelación interpuesta por la demandada fue negada por el tribunal de la causa, razón por la cual fuere interpuesto recurso de hecho, recurso que fue declarado sin lugar por la recurrida, en virtud de oponerse a ello el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil.

 

De las anteriores consideraciones es fuerza concluir, que la decisión que se ha pretendido cuestionar por vía del recurso extraordinario de casación, no puede ser recurrida ante esta Suprema Jurisdicción; y por vía de  consecuencia, dicho recurso debe ser declarado inadmisible tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

D E C I S I Ó N

 

            En mérito de las consideraciones expuestas, este Supremo Tribunal de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación anunciado por la representación judicial de la demandada en el presente juicio,  contra el auto de fecha 05 de agosto de 2009, proferido por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara. En consecuencia, REVOCA el auto dictado por el tribunal superior antes mencionado, de fecha 24 de septiembre de 2009, mediante el cual se admitió el recurso de casación. No ha lugar la condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza del fallo.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Particípese de esa remisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de mayo de dos mil ocho. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

Presidenta de la Sala,

 

 

_________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

Vicepresidenta,

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Magistrado,

 

 

___________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

_______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Secretario,

 

 

________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. AA20-C-2009-000541.

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (    )

 

 

Secretario,

 

 

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