Sentencia N.º RC.000142
- Sentencia
- N.º RC.000142
- Fecha
- 04/04/2013
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 12-576
- Ponente
- Luis Antonio Ortiz Hernández
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2012-000576
Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández
En el juicio por nulidad de asientos registrales, donde se reconvino por daños y perjuicios, incoado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, remitido posteriormente al Juzgado Segundo de la misma categoría y circunscripción, por las sociedades mercantiles distinguidas con las denominaciones EL TUNAL C.A., y LA NUEVA GUADALUPANA C.A., representadas por su presidente el ciudadano Alejo Hernández Acosta; y por los ciudadanos FREDDY OSWALDO MEDINA, LORENZO MARTÍN PÉREZ y ÁNGEL MARIANO FRANCISCO, patrocinados judicialmente por los abogados en libre ejercicio de su profesión Liliana Del Valle Vásquez, Juan Vicente Ardila Peñuela, Jackson Pérez Montaner y Néstor Álvarez Yepez, contra los ciudadanos FREDESVINDA HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ, FRANCISCO SOLANO HERNÁNDEZ, y DAVID ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, y en contra de los herederos y sucesores desconocidos de los ciudadanos MARÍA FACUNDA RODRÍGUEZ y DON JOSÉ LORENZO HERNÁNDEZ, representados judicialmente por el abogado en libre ejercicio de su profesión Luís G. Sosa Vela, y por la defensora ad-litem designada, abogada Delia C. Rivero De Cesar; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 11 de julio de 2012, dictó sentencia definitiva, declarando lo siguiente:
DECLARA: CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en fecha 26 de julio de 2007, por el ciudadano David Antonio Rodríguez, debidamente asistido por el abogado Luis G. Sosa Vela, en su carácter de parte codemandado; se DECLARA SIN LUGAR LA ADHESIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en fecha 16 de noviembre de 2007, por el abogado Jackson Pérez Montaner, ambos contra la sentencia dictada en fecha 15 de noviembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Se declara SIN LUGAR LA DEMANDA de nulidad de asiento registral de los documentos protocolizados en fecha 25 de febrero de 1999, ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Jiménez del estado Lara, inserto bajo los Nros. 46 y 47, tomo 4° del protocolo primero, primer trimestre de 1999 y el inserto bajo el N° 37, tomo 1, protocolo 1, del segundo trimestre de 1999, interpuesta por la mercantil El Tunal, C.A., Alejo Hernández Acosta, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil La Nueva Guadalupana, C.A., Freddy Oswaldo Medina, Lorenzo Martín Pérez y Ángel Mariano Francisco, contra los Herederos y sucesores desconocidos de la ciudadana MARÍA FACUNDA RODRÍGUEZ, así como contra el ciudadano, JOSÉ LORENZO HERNÁNDEZ, la ciudadana FREDESVINDA HERNÁNDEZ, el ciudadano FRANCISCO SOLANO HERNÁNDEZ, y el ciudadano DAVID ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, todos debidamente identificados en autos.
Se DECLARA SIN LUGAR la reconvención propuesta en fecha 22 de mayo de 2000, por los ciudadanos Francisco Solano Hernández y Fredesvinda Hernández de Rodríguez, debidamente asistidos por el abogado Luis G. Sosa Vela, contra las firmas mercantiles EL TUNAL, C.A. y LA NUEVA GUADALUPANA, C.A. y contra los ciudadanos Freddy Oswaldo Medina, Ángel Mariano Francisco y Lorenzo Martín Pérez. Se declara INADMISIBLE LA ADHESIÓN a la reconvención planteada por la defensora ad litem de los herederos desconocidos de los ciudadanos María Facunda Rodríguez y Don José Lorenzo Hernández.
En consecuencia, queda así REVOCADA la sentencia dictada en fecha 15 de noviembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Se REVOCA la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar decretada en fecha 15 de julio de 1999, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Se condena en costas a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil (Destacados del dispositivo transcrito).-
Contra la referida sentencia, la parte demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado en fecha 26 de octubre de 2012. Se presentó complemento de la formalización en fecha 29 de octubre de 2012, último día del lapso, en conformidad con lo estatuido en el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil. Hubo impugnación oportuna.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
PUNTO PREVIO
La representación judicial de la demandada, en fecha 16 de noviembre de 2012, consignó anexo a su escrito de impugnación, constante de veintidós (22) folios útiles, varias copias certificadas y una copia simple que corren insertas a los folios 2464 al 2486, de la pieza 10 de este expediente.
La Sala al respecto, observa:
No es dado a las partes durante el lapso de tramitación del recurso extraordinario de casación, el consignar ningún tipo de pruebas ante esta sede casacional, pues esta Suprema Jurisdicción tiene el encargo de vigilar y corregir la aplicación del derecho, y en tal virtud, determinar si los jueces de instancia cumplieron, en el desarrollo de su función sentenciadora, con todos los preceptos legales al efecto, dada su condición de tribunal de derecho, y por cuanto que, en el procedimiento establecido para la sustanciación del recurso extraordinario de casación, no se prevé ninguna oportunidad procesal para la promoción de pruebas, ni con la formalización, impugnación, réplica y contrarréplica, conforme a lo señalado en el libro primero, título VIII, del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 312 al 326.
Al efecto esta Sala, en su decisión N° RC-14 del 11 de febrero de 2010, expediente N° 2009-491, caso: Leyddy Chávez De González, contra Dora Yuraima González Charmel y otros, reiterada en fallo N° RC-239 del 2 de junio de 2011, expediente N° 2010-106, caso: Oswaldo Jesús Madriz Roberty, contra Argemery Belen Cusati Borges y otros, estableció lo siguiente:
...Ahora bien, la Sala, ejerciendo su función pedagógica jurídica, informa a la recurrente que ante esta Máxima Jurisdicción Civil, no resulta pertinente presentar ninguna clase de pruebas, ya que, este Tribunal Supremo de Justicia, por su condición de tribunal de derecho, debe revisar y controlar la legalidad de los fallos emitidos por los juzgados de instancia y es, sólo en casos excepcionales tales como cuando se delatan violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, entre otros y las que constituyen infracciones a garantías constitucionales derivadas de transgresiones a reglas procesales, que este Alto Juzgado analiza los hechos o las pruebas.
Asimismo, esta Sala de Casación Civil, observa con extrañeza que, siendo la formalizante profesional de la abogacía no hubiese promovido la documental en comentario, en las oportunidades previstas legalmente para ello.
Con base a los razonamientos expuestos la Sala no procede al análisis del instrumento consignado por la recurrente. Así se decide....
Es consideración a todo lo antes expuesto, esta Sala de Casación Civil, se ve imposibilitada de entrar al análisis de los instrumentos consignados por la representación judicial de la demandada anexos a su escrito de impugnación, al ser un tribunal de derecho, donde no se prevé lapso de promoción de pruebas. Así se decide.
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD.
-I-
De conformidad con lo previsto en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción en la recurrida de los artículos 7, 15 y 604 del Código de Procedimiento Civil, así como del artículo 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por vía de argumentación señala el formalizante lo siguiente:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
Primera Delación:
Según el artículo 313,1 del Código de Procedimiento Civil CPC, en lo sucesivo- delato violación al orden público procesal porque el juez de la alzada incurrió en una destacada subversión de procedimiento con vista a que con la definitiva, además de solucionar la controversia principal, al mismo tiempo revocó la medida cautelar decretada por el juez de la causa en este pleito, con infracción sucesiva a los artículos 7, 15, 604 del CPC y la vulneración al debido proceso con la transgresión al artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV-.
Visible el quebrantamiento pues la propia recurrida da fe de ello; al final de sus considerandos, la jueza superior se expresó de esta guisa:
( omissis )
Después, en lo dispositivo, sitio donde descansa el acto de mayor autoridad de la sentencia, la alzada dejó declarado:
( omissis )
Quiere decir que ahí, el superior decidió la controversia, pero, luego a renglón seguido acuña otro pronunciamiento, a saber:
( omissis )
Sin reparo patente la insurrección al debido proceso, puesto que, desde hace tiempo, ha sido, es y continúa siendo de la inteligencia de la Casación Civil de que los asuntos atinentes a las medidas cautelares extraños con el fondo o mérito del pleito sometido a la discusión, como quiera que es de precepto que uno u otro tema de disputa, sean sustanciados en cuadernos separados; son juicios apartes, separados y autónomos (Cfr. SCC/CSJ 09-03-1989, in re: Villas/Inversiones Henríquez; 06-06-1990, in re: Gil París de Pérez Vs. Pérez Jiménez).-
Tanto que, la doctrina de la jurisprudencia enseña que los procedimientos en cuestión no pueden interferir uno a otro, cada uno asistido de una especial forma de tramitación (Cfr. SCC/TSJ 200 de 12-05-2011), en fuerza a que, se insiste, ambos procesos son independientes y distintos (Cfr. SCC 124 de 31-03-2011); no pueden cabalgar juntos.
No en vano porfía Casación de que en ese trance, la alzada adultera el orden procesal, pone en peligro la cumplida estabilidad y regularidad de los procedimientos, al grado que, sin disputa, advierte de que si un juez decide la suerte de lo principal y lo que concierne a la medida cautelar, producirá una nulidad de ambos fallos, con patente indefensión causada por el propio juez de alzada al entrar a sentenciar:
Expresa Casación: ( )
El artículo 7 CPC consagra, en opinión de la jurisprudencia mayor, ( )
Dicho esto, notorio la violación al derecho a la defensa, en primer lugar porque toda subversión de procedimiento acarrea de principio su producción y, en segundo lugar porque, al proceder de esa forma la juez de alzada provocó un desorden procesal; tanto grave que barajó a discreción dos situaciones procesales que requieren de procedimientos diferentes, a ser tramitados en cuadernos separados, de forma que la parte en condiciones de hacer defensas oportunas, promover pruebas, desahogarlas y mover los recursos de rigor para combatir cada uno de esos fallos (Destacados del formalizante).-
La Sala para decidir, observa:
De la delación antes transcrita, se desprende que el formalizante le imputa a la recurrida la infracción de los artículos 7, 15 y 604 del Código de Procedimiento Civil, así como del artículo 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por violación del debido proceso y del orden público, al haberse subvertido el proceso, cuando la juez de alzada en la sentencia definitiva sobre el fondo del asunto principal, se pronunció sobre la medida cautelar dictada en el cuaderno separado de medidas y la revocó.
El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso y el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil consagra el derecho de defensa, la igualdad de las partes en el proceso, sin preferencias ni desigualdades y no permitir ni permitirse extralimitación de ningún género.
Por su parte, la indefensión o la ruptura del equilibrio procesal debe ser imputable al juez, y ocurre cuando en el procedimiento, se le impide a la parte el ejercicio de alguno de los medios legales en que puedan hacerse valer los derechos propios de los litigantes.
En sentencia de esta Sala de Casación Civil, de fecha 19 de diciembre de 1968, ratificada el 24 de febrero de 1994, mediante decisión Nº 48, expediente Nº 1992-87, caso: Banco de Lara C.A. contra Agropecuaria La Ñapa C.A., reiterada nuevamente mediante fallo N° RC-148 del 30 de marzo de 2009, expediente N° 2008-714, caso: Rubia Elena Núñez Sánchez viuda de Quintero, contra Oleida Rosa Hernández Delgado, en casación de oficio, y en sentencias Nº RC-1, de fecha 11 de enero de 2008, expediente Nº 2007-527, caso: José Andrés Rolas Tovar y otro, contra Centro Médico Calabozo C.A., reiterada recientemente en fallo N° RC-472 de fecha 2 de julio 2012, expediente N° 2012-129, caso: Cines Atlántico R.P. C.A., contra Corporación Plaza Atlántico C.A., con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión, en torno a la independencia de tramite del cuaderno de medidas y el juicio principal y en relación con las medidas preventivas típicas que consagra el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, la Sala expresó: ...El decreto que acuerda dichas medidas y la oposición que eventualmente se formula contra ellas, constituirán incidencias autónomas. Dicho decreto y oposición correspondiente se sustancian y deciden en cuaderno separado; no suspenden el curso de la causa principal la articulación sobre dichas medidas; no influyen así mismo, sobre la cuestión de fondo a decidir, ya que allí lo discutido es una materia diferente a la del juicio principal... y más adelante agrega que ...las sentencias dictadas en las oposiciones u otras incidencias sobre medidas preventivas, son interlocutorias que tiene claramente fuerza de sentencias definitivas, en cuanto al fundamento de la oposición misma...
Además de lo expuesto, esta Sala, en sentencia de fecha 29 de marzo de 1984, reiterada también mediante fallo N° RC-148 del 30 de marzo de 2009, expediente N° 2008-714, antes descrito, expresó: ...La tramitación en cuaderno separado de las medidas preventivas es, conforme al artículo 383 del Código de Procedimiento Civil (hoy 604), de imperiosa necesidad, pues si se le junta al juicio principal y se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia incidental, la definitiva que se mantenga se vendría ilógicamente abajo, por efecto del principio de la casación total...
Todo lo discernido anteriormente, debe ser valorado por esta Sala atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en la transcripción que, ad exemplum, se vierte a continuación, en lo que respecta a la obligatoria tramitación separada del juicio principal y el cuaderno de medidas, destacándose que, mediante decisión Nº RC-1, de fecha 11 de enero de 2008, expediente Nº 2007-527, caso: José Andrés Rolas Tovar y otro, contra Centro Médico Calabozo C.A., reiterada recientemente en fallo N° RC-472 de fecha 2 de julio 2012, expediente N° 2012-129, caso: Cines Atlántico R.P. C.A., contra Corporación Plaza Atlántico C.A., con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, se estableció lo siguiente:
...Ahora bien, esta Sala en decisión N° 686 de fecha 25 de octubre de 2006, en el juicio seguido por Gcs Corporation C.A., contra Inversiones Monterosa, C.A., expresó lo siguiente:
cabe resaltar que la medida cautelar debe tramitarse en un cuaderno separado, ya que la violación de este principio procesal, trae diversas complicaciones que atentan contra el derecho a la defensa. La incidencia cautelar, cuando se sustancia correctamente, se decide en primera instancia a través de un fallo susceptible de ser apelado en un solo efecto. Esta apelación es independiente y autónoma de la apelación que pueda haberse intentado contra la sentencia definitiva. Si se decide el juicio principal y la medida cautelar en una misma sentencia, la eventual nulidad del fallo, por un motivo atinente a la cautelar o al juicio principal, generará la nulidad de ambos pronunciamientos al unísono, admitiéndose el recurso en ambos efectos por tratarse de una sentencia definitiva. De esta forma, se distorsiona la posibilidad de ejercer recursos independientes de apelación y casación contra las decisiones que resuelvan la incidencia cautelar.
Sobre este particular, esta Sala en sentencia de fecha 8 de julio de 1999, en el juicio seguido por Elízabeth Coromoto Rizco Dicuru y otra contra La Vivienda Entidad de Ahorro y Préstamo, expediente N° 98-055, sentencia N° 421), expresó lo siguiente:
...Considera la Sala que en la recurrida se incurre en subversión del procedimiento, pues el juez no podía sin vulnerar la ley, decidir en un mismo fallo, la incidencia de oposición a la medida precautelativa y dictar sentencia sobre lo principal del juicio dirimiendo la controversia.
Por imperativo legal, tanto en el Código de Procedimiento Civil derogado (art. 386) como en el Código de Procedimiento Civil vigente, la articulación como la incidencia sobre medidas preventivas cualquiera que ella sea, se tramitarán y decidirán en cuaderno separado e independiente del juicio principal. La doctrina patria así lo enseña cuando expresa:
Ya hemos dicho que la articulación sobre las medidas preventivas, así como la originada por la oposición de tercero, se sustancian, no sólo en un mismo expediente distinto del de la causa principal, sino independientemente de ella, cuyo curso no suspenden. Así lo requiere la brevedad del procedimiento, que de otro modo sufriría inútiles retardos. Bajo el imperio del Código de Aranda, la articulación suspendía el procedimiento en lo principal, cuando se hallaba pendiente al concluir en éste el término probatorio, pues no se procedía a examinar las pruebas, ni a dar sentencia en lo principal hasta después de librada la correspondiente a la incidencia. Carecía en verdad de objeto semejante suspensión, pues la confirmación o revocatoria de las medidas preventivas no tiene influencia alguna sobre la cuestión de mérito.
El cuaderno especial de estas articulaciones y de la oposición de tercero que en ellas hubiere sido promovida, es parte, sin embargo, del expediente de la causa, y siendo una de sus piezas, deberá agregarse a él, cuando aquéllas se hayan terminado.
En consecuencia, al sentenciar el juez de la recurrida en un mismo fallo la incidencia sobre la medida preventiva y decidir el fondo del asunto, infringió los artículos 15 y 604 del Código de Procedimiento Civil.
El primero, relativo a la obligación de mantener a las partes en sus derechos privativos de cada uno sin preferencias ni desigualdades, y el segundo, al desconocer su contenido que establece que la tramitación de todo lo relativo a la medida preventiva deberá tramitarse y decidirse en cuaderno separado.... (Subrayado de la Sala).
Del criterio jurisprudencial precedentemente transcrito, se desprende que la incidencia de medida cautelar debe sustanciarse en cuaderno separado independientemente del cuaderno principal, a los fines de que la misma sea decidida en primera instancia, a través de un fallo que pueda ser susceptible del ejercicio, del recurso procesal de apelación.
En tal sentido, observa esta Sala, en el caso in comento una subversión procesal, por motivo, que el juzgador de alzada al evidenciar el error procesal en que incurrió el juzgado de la cognición en la tramitación de la incidencia cautelar, como fue proferir decisión de la misma en la sentencia de mérito, ante tal situación, en lugar de acordar una reposición y nulidad de la causa, a los fines de rectificar la situación evidentemente anómala, convalidó dicho error y emitió pronunciamiento respecto a la apelación interpuesta en relación a la medida cautelar innominada solicitada por los demandantes.
En consecuencia, por los razonamientos anteriormente expuestos y en aplicación a la jurisprudencia de esta Máxima Jurisdicción, la Sala considera procedente la presente denuncia por quebrantamiento de los artículos 7, 15, 22, 206, 208, 245 y 604 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, declarará la nulidad de la sentencia de primera instancia de fecha 16 de octubre de 2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, así como todas las actuaciones posteriores a esa sentencia, incluyendo la recurrida en casación, por tanto se ordena reponer la causa al estado de que vuelva a decidirse en primera instancia, tanto el juicio principal, como la incidencia de medida cautelar innominada solicitada por los demandantes. Así se decide. (Destacados de la Sala).
En este caso, ha ocurrido una situación similar a la citada en la doctrina antes transcrita, que la Sala constata dada la índole de la denuncia. En efecto el juez de la recurrida en el dispositivo de su decisión señala lo siguiente:
DECLARA: CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en fecha 26 de julio de 2007, por el ciudadano David Antonio Rodríguez, debidamente asistido por el abogado Luis G. Sosa Vela, en su carácter de parte codemandado; se DECLARA SIN LUGAR LA ADHESIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en fecha 16 de noviembre de 2007, por el abogado Jackson Pérez Montaner, ambos contra la sentencia dictada en fecha 15 de noviembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Se declara SIN LUGAR LA DEMANDA de nulidad de asiento registral de los documentos protocolizados en fecha 25 de febrero de 1999, ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Jiménez del estado Lara, inserto bajo los Nros. 46 y 47, tomo 4° del protocolo primero, primer trimestre de 1999 y el inserto bajo el N° 37, tomo 1, protocolo 1, del segundo trimestre de 1999, interpuesta por la mercantil El Tunal, C.A., Alejo Hernández Acosta, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil La Nueva Guadalupana, C.A., Freddy Oswaldo Medina, Lorenzo Martín Pérez y Ángel Mariano Francisco, contra los Herederos y sucesores desconocidos de la ciudadana MARÍA FACUNDA RODRÍGUEZ, así como contra el ciudadano, JOSÉ LORENZO HERNÁNDEZ, la ciudadana FREDESVINDA HERNÁNDEZ, el ciudadano FRANCISCO SOLANO HERNÁNDEZ, y el ciudadano DAVID ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, todos debidamente identificados en autos.
Se DECLARA SIN LUGAR la reconvención propuesta en fecha 22 de mayo de 2000, por los ciudadanos Francisco Solano Hernández y Fredesvinda Hernández de Rodríguez, debidamente asistidos por el abogado Luis G. Sosa Vela, contra las firmas mercantiles EL TUNAL, C.A. y LA NUEVA GUADALUPANA, C.A. y contra los ciudadanos Freddy Oswaldo Medina, Ángel Mariano Francisco y Lorenzo Martín Pérez. Se declara INADMISIBLE LA ADHESIÓN a la reconvención planteada por la defensora ad litem de los herederos desconocidos de los ciudadanos María Facunda Rodríguez y Don José Lorenzo Hernández.
En consecuencia, queda así REVOCADA la sentencia dictada en fecha 15 de noviembre de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Se REVOCA la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar decretada en fecha 15 de julio de 1999, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
Se condena en costas a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil (Destacados del dispositivo transcrito).-
De la antes transcrito, se desprende palmariamente y sin lugar a dudas, que el juez de alzada revocó en la sentencia definitiva una medida cautelar nominada de prohibición de enajenar y gravar, arropando en un sólo fallo el pronunciamiento del fondo del asunto concerniente al juicio principal, con un pronunciamiento propio y exclusivo del cuaderno de medidas.
Considera la Sala, que el juzgador ad-quem ha incurrido en una clara subversión procesal, que viola el orden público, en un caso clásico de falta de la más básica hermenéutica jurídica, pues las reglas legales concernientes a las medidas cautelares, se refieren a la facultad del juez de dictar y revocar medidas cautelares en los juicios en los cuadernos de medidas, que, como ya se dijo, son autónomos, pues su tramitación se realiza en cuaderno separado, dado que, si se le junta al juicio principal y se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia incidental, la definitiva que se mantenga se vendría ilógicamente abajo, por efecto del principio de la casación total.
Esta conducta condujo al juez superior a violentar disposiciones de orden público y constitucionales, como son lo estatuido en los artículos 7, 15 y 604 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cercenando el derecho de defensa a la parte que se le acordó la medida cautelar e infringiendo disposiciones de orden público, al subvertir el procedimiento, como son las reglas consagradas en el Código de Procedimiento Civil. Dado que como señala la Sala, ...es doctrina inveterada, diuturna y pacífica de este Supremo Tribunal de Justicia, -la cual queda aquí ratificada- desde el 24 de diciembre de 1915: QUE AUN CUANDO LAS PARTES LITIGANTES MANIFIESTEN SU ACUERDO, NO ES POTESTATIVO A LOS TRIBUNALES SUBVERTIR LAS REGLAS LEGALES CON QUE EL LEGISLADOR HA REVESTIDO LA TRAMITACIÓN DE LOS JUICIOS; PUES SU ESTRICTA OBSERVANCIA ES MATERIA ÍNTIMAMENTE LIGADA AL ORDEN PÚBLICO. (Cfr. Fallos de esta Sala, del 24-12-1915, reiterado en memorias de 1916, Pág. 206; en G.F. N° 34, 2 etapa, pág. 151, del 7-12-1961; G.F. N° 84. 2 etapa, pág. 589, del 22-5-1974; G.F. N° 102, 3 etapa, pág. 416, del 15-11-1978; G.F. N° 113, V.I, 3 etapa, pág. 781, del 29-7-1981; G.F. N° 118. V. II. 3 etapa, pág. 1.422, del 14-12-1982, del 4-5-1994, del 18-12-2008, N° RC-848. Exp. N° 2007-163, caso: Antonio Arenas y otra, en representación de sus hijas Danyali Del Valle (), Yumey Coromoto (), y Rosangela Arenas Rengifo (), contra Serviquim C.A., y otra, del 9-10-12, N° RC-640. Exp. N° 2011-31, caso: Ernestina Barrios Mieres (), contra Domingo Carmenaty Álvarez, entre muchas otras). (Destacados del fallo transcrito).
De igual forma el juez de alzada violó lo estatuido en el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil, ...al desconocer su contenido, que establece que la tramitación de todo lo relativo a la medida preventiva deberá tramitarse y decidirse en cuaderno separado...
Esta obligación en la tramitación de los juicios, es una consecuencia directa del principio procesal contenido en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que en los actos procesales se deben cumplir las formas preestablecidas en la ley, salvo cuando no existan las mismas, casos en los que el juez podrá aplicar por analogía la forma que considere más conveniente.
En consecuencia, juzga la Sala, que al haber revocado el juez superior de la recurrida en su fallo, un medida cautelar nominada, en la oportunidad de la sentencia definitiva en el cuaderno principal, en conjunto con el fondo del asunto planteado, y no en el cuaderno separado de medidas, infringió los artículos 7, 15 y 604 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso extraordinario de casación propuesto por la parte demandante recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 11 de julio de 2012. En consecuencia, ANULA la sentencia recurrida y ORDENA al juez superior que resulte competente dicte nueva decisión sin incurrir en el vicio detectado por esta Sala.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de abril de dos mil trece Años: 202º de la Independencia y 154º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
_________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
______________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
____________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
______________________
AURIDES MERCEDES MORA
Magistrada,
__________________
YRAIMA ZAPATA LARA
Secretario,
________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2012-000576.
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario,
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