Sentencia N.º RC.000174
- Sentencia
- N.º RC.000174
- Fecha
- 22/03/2012
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 11-584
- Ponente
- Carlos Oberto Vélez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2011-000584
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ
En la incidencia cautelar surgida en el juicio por rendición de cuentas incoado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, por la JUNTA DE CONDOMINIO DEL CONJUNTO VACACIONAL RESIDENCIAL COLIBRI, representada judicialmente por el abogado en ejercicio de su profesión Luís Alberto Lugo Sánchez, contra los ciudadanos HOMERO TORO BOSCÁN, JUAN CARLOS COELLO NAVARRO y MARÍA ELENA ESCALONA BORGES, el primero de los demandados sin representación acreditada en autos y los últimos dos patrocinados judicialmente por los profesionales Félix Antonio Bravo Mayol, Félix Enrique Bravo Hevia y Carlos Alberto Bravo Hevia; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescente de la precitada Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 20 de julio de 2011, mediante la cual declaró con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por los codemandados; con lugar la oposición a la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por el a quo en fecha 1 de junio de 2010. En consecuencia, revocó la decisión del tribunal de la cognición de fecha 17 de noviembre de 2010, que había declarado sin lugar la oposición a la medida decretada y condenó al pago de las costas procesales a la demandante por haber resultado vencida en la incidencia.
Contra el precitado fallo, la demandante anunció recurso casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación con réplica.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación anunciado, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previas las siguientes consideraciones:
DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
ÚNICA
Al amparo del ordinal 1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12, 15 y 243, ordinal 5°) eiusdem, por incurrir en el vicio de incongruencia negativa.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...por cuanto la sentenciadora de alzada, al asumir la plena jurisdicción de la causa por el efecto de la apelación, debió entrar a conocer el fondo del asunto, para ello estaba obligada a decidir con fundamento en lo alegado y probado por las partes y tomar en consideración todos y cada uno de los alegatos formulados por esta representación judicial, a través de los actos procesales consagrados en la ley a tal efecto, alegaciones contenidas en el Escrito de Informes y de Observaciones a los Informes directamente relacionadas con lo controvertido y determinantes para la decisión, presentados en Segunda Instancia, lo cual claramente omitió, incurriendo en menoscabo del derecho a la defensa de mi representada. La ad quem al omitir un pronunciamiento sobre los alegatos y defensas producidas en el Escrito de Informes presentado el 02 de junio de 2011, relativos al cumplimiento de los extremos legales establecidos en el artículo 585 de nuestra Ley procesal a los fines de la procedencia de la medida cautelar, incumplió al momento de decidir con el principio de exhaustividad de la sentencia, que impone a los jueces el deber de resolver sobre todas y cada una de las alegaciones formuladas por las partes.
Establecen los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil:
(...Omissis...)
Uno de los efectos de la apelación es el de transferir, por así expresarlo, la plena jurisdicción de la causa al Juez Superior, por ende le obliga a un nuevo análisis sobre el fondo de lo controvertido, para lo cual debe tomar en consideración y atender los alegatos formulados por las partes en el ejercicio del sagrado derecho a la defensa. A tenor de lo dispuesto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, no le es facultativo al Juez de alzada pronunciarse o no sobre aquello que le es alegado por las partes durante esa instancia, en especial, en aquellos actos destinados a ello, como lo son, el acto de informes y de observaciones, sino que constituye una obligación de estricto cumplimiento, so pena de incurrir en violaciones legales de carácter grave. Ahora bien, tal como lo disponen los artículos 517 y 519 de nuestro texto normativo procesal, las oportunidades procesales para presentar alegaciones en Segunda Instancia se corresponden con el acto de informes y observaciones a los informes. Ha sido constante, pacífica y reiterada la doctrina, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, que impone a los jueces de Alzada la obligación de pronunciarse al momento de decidir, sobre las defensas contenidas en los informes, aún más considera quien suscribe, que el Juez de Alzada debe pronunciarse sobre las contenidas en el escrito de observaciones, siempre que dichas defensas en ambos casos- se encuentren directamente relacionados con el tema controvertido, no sean alegaciones de hecho nuevas y sean determinantes para la decisión, por cuanto las mismas podrían aportar vitales elementos de búsqueda y obtención de la justicia y su correcta administración. Así pues, esta sala ha dejado sentado que:
(...Omissis...)
Las doctrinas citadas, de plena vigencia, nos permiten determinar con toda precisión, por una parte, que los medios o actos procesales en alzada de que disponen los justiciables para el ejercicio de su defensa en contra de la apelación que ha sido interpuesta o para su fundamentación, los constituyen el acto de presentación de informes y de observaciones, ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 517 y 519 de nuestro código adjetivo, y por la otra, la obligación para el Juez Superior, de entrar a conocer sobre los alegatos en ellos propuestos al momento de decidir, a fin de basar su decisión sobre todo lo alegado y probado principio de exhaustividad de la sentencia- cuyo no acatamiento pleno conlleva per se a la violación de normas jurídicas atinentes a principios fundamentales que amparan el sagrado derecho a la defensa, como lo son los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil.
Como se observa del contenido de la sentencia, la ad quem pese a haberse pronunciado de forma expresa sobre la jurisdicción plena adquirida por efecto de la apelación y del artículo procesal 209, al afirmar en la parte correspondiente a sus consideraciones para decidir, que: Como consecuencia de la declaratoria anterior, procede esta Alzada a emitir la decisión que corresponde, conforme a o (Sic) dispuesto en el artículo 209 de la Ley Adjetiva Civil, y así tenemos que: (...), (Sic) fundamentó su decisión por una parte, en un supuesto vicio de inmotivación incurrido por la ad quo (Sic) en la sentencia , procediendo a decretar su nulidad, y por otra parte, sobre un argumento presentado en Primera Instancia, citándolo de forma somera e inocuamente sin la mínima valoración jurídica en su sentencia, omitiendo de plano al momento de decidir los alegatos planteados el 02 de junio de 2011, que riela en los folios ciento cincuenta y seis (156) al ciento cincuenta y ocho (158) del Cuaderno de Medidas que cursa por ante esta Sala; escrito contentivo de importantes aportes jurídicos relativos al cumplimiento de los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para el decreto de las medidas cautelares, con influencia determinante en la suerte del proceso; igualmente omitió un pronunciamiento sobre los alegatos presentados en el Escrito de Observaciones a los Informes de la contraria consignado el 15 de junio de 2011.
Efectivamente ciudadanos Magistrados, el Escrito de Informes presentado por esta representación judicial en fecha 02 de junio de 2011, contenía alegatos y defensas de vital importancia determinantes en la demostración de cumplimiento de los extremos legales contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para la procedencia del decreto cautelar. Procedencia que previamente determinó la Juez en Primera Instancia en su decisión, cuya revocatoria fue declarada por el Tribunal de Segunda Instancia. Estos alegatos y defensas no fueron atendidos en absoluto por la sentenciadora ad quem al momento de sentenciar, al omitir todo pronunciamiento sobre los mismos, en clara violación de las normas contenidas en los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil; así puede evidenciarse del contenido de la sentencia recurrida al ser comparada con el contenido del Escrito de Informes, del cual, reproducimos un extracto sobre lo alegado en cuento (Sic) a la procedencia de la medida cautelar a los efectos del presente Recurso de Casación, por cuanto consideramos eran determinantes para la decisión, en los siguientes términos:
(...Omissis...)
De igual forma y en clara contravención de las normas legales supra señaladas, la juzgadora de Segunda Instancia omitió cualquier pronunciamiento sobre el Escrito de Observaciones presentado el 15 de junio de 2011, por cuanto, reiteramos, limitó la fundamentación de su decisión exclusivamente sobre hechos que correspondían a la Primera Instancia presentados por esta defensa en el Escrito de Reforma de la Demanda, sin considerar ni atender los propuestos ante esa superioridad. En la sentencia recurrida la ad quem en la parte correspondiente a la narrativa Capítulo VII ALEGATOS EN ALZADA hace una mínima mención sin ningún tipo de valoración jurídica a lo expuesto por esta representación en el Escrito de Informes, en el punto referido por nosotros a: Tercero Del Contenido de la Sentencia, refiriendo que:
(...Omissis...)
Antes de proseguir con el desarrollo de la denuncia, debemos destacar ante los ciudadanos Magistrados, la confusión que presente la recurrida en la parte correspondiente al Capítulo VII ALEGATOS EN ALZADA, en cuanto a las partes del proceso, ya que atribuye la demandante que represento, argumentos esgrimidos por los codemandados, al referir en este punto lo siguiente:
(...Omissis...)
Por lo que solicito no atribuir a nuestra parte ni tomar en consideración a los efectos del presente recurso, lo erradamente citado en la recurrida por parte de la ad quem.
Así las cosas ciudadanos magistrados luego de declarar la nulidad de la sentencia de Primera Instancia por una supuesta inmotivación, y luego de un vasto desarrollo jurisprudencial, doctrinal y de extractos bibliográficos citados en sus CONSIDERACIONES PARA DECIDIR, la ad quem pasa a sentenciar la apelación y nuevamente hace una somera mención a un argumento que fue esgrimido por esta defensa, pero esta vez, correspondiente al Escrito de Reforma a la Demanda, Punto Sexto, De la procedencia y solicitud de una medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, presentado en Primera Instancia el 07 de mayo de 2010, reiteramos, sin entrar a considerar ninguno de los argumentos esgrimidos en el Escrito de Informes que le fue presentado en fecha 02 de junio de 2011, omitiendo sobre éste cualquier pronunciamiento en clara violación de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil. Argumento, que fue propuesto exclusivamente por ante el Juez de Primera Instancia mediante el acto de reforma al libelo presentada, y que citamos de manera textual como fue referido en la sentencia recurrida, a continuación:
(...Omissis...)
Se corrobora al revisar y comparar el Escrito de Reforma a la demanda de fecha 07 de mayo de 2010 presentado ante el Juzgado de Primera Instancia, del Escrito de Informes presentado el 02 de junio de 2011 en Alzada y del contenido en la sentencia impugnada que el fundamento utilizados (Sic) por la ad quem en sus consideraciones para decidir al momento de sentenciar, no se corresponde a ninguno de los presentados en el Escrito de Informes en Segunda Instancia, escrito cuya omisión queda plenamente demostrada, lo cual configura la denuncia de las normas planteadas.
Así mismo, refiere quien sentenció en Segunda Instancia, de manera absolutamente exigua y sin la menor valoración jurídica, un leve extracto de lo expuesto por el Tribunal ad quo (Sic) en su sentencia, al citar igualmente en sus consideraciones para decidir que:
(...Omissis...)
Pasando a sentenciar la causa en alzado (Sic), en los siguientes términos:
(...Omissis...)
Con la gravedad de haber fundamentado su decisión con elementos que exclusivamente correspondían a la Primera Instancia, omitiendo de plano los argumentos esgrimidos por esta representación, reiteramos, mediante Escrito de Informes y Observaciones presentados en Segunda Instancia en fecha 02 de junio de 2011 y 15 de junio de 2011. La conducta asumida por la ad quem es violatoria del sistema de revisión de sentencias, que determina que al momento de resolver el mérito o fondo de la controversia, lo que resulta aplicable no solo a las sentencias definitivas sino también a las interlocutorias, como es el caso, debió realizar el análisis o estudio pleno de los alegatos formulados por esta defensa, no solamente los de Primera Instancia sino también los propuestos ante el Superior atendiendo especialmente al Escrito de Informes presentado, mediante el cual incluso, le fueron consignados con carácter de públicos algunos instrumentos probatorios. Con esta forma de decidir se transgrede lo preceptuado en los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil; y así queda denunciado ante esta digna Sala.
En cuanto al vicio de incongruencia como causa de nulidad de la sentencia, ha sido constante, reiterada y abundante la jurisprudencia y la doctrina establecida por la Sala de Casación Civil, en tal sentido procedemos a citar algunas de ellas:
(...Omissis...)
Las anteriores citas doctrinales y jurisprudenciales, permiten determinar claramente la gravedad jurídica que representa la omisión de pronunciamiento por parte de los jueces sobre aspectos fundamentales que les hayan sido propuestos en las oportunidades procesales de Ley, en el presente caso por parte del Juez Superior que conoció de la apelación cuya decisión es recurrida, lo cual conlleva a la nulidad de la sentencia. De la revisión de la sentencia impugnada, los ciudadanos Magistrados podrán corroborar que en ninguna parte su (Sic) decisión, la Juez de Alzada se pronunció sobre los alegatos formulados mediante el Escrito de Informes presentado el 02 de junio de 2011, ni sobre las observaciones presentadas el 15 de junio de 2011, en los cuales, además de presentar alegatos y defensas determinantes para el juicio, fueron consignados y promovidos documentos públicos como medios probatorios, a nuestro entender, los alegatos esgrimidos quedaron insolutos por haber sido omitidos en su totalidad por la recurrida. Estas defensas estuvieron dirigidas a demostrar la procedencia de la medida cautelar dictada por el Juez ad quo (Sic), por lo tanto, directamente relacionados con las ya alegadas en Primera Instancia sin constituir nuevos alegatos; siendo a la vez, fundamentales y determinantes para la decisión. No debe pues existir dudas sobre la violación por parte del ad quem de las normas procesales contenidas en los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° de nuestra Ley Adjetiva y del principio de exhaustividad de la sentencia, por haber incurrido en el vicio de incongruencia negativa o incongruencia omisiva, colocando a mi representada en un estado de indefensión en claro menoscabo del derecho a la defensa por habérsele silenciado las defensas oportunamente presentadas, razón por la cual se han visto forzados a recurrir a esta vía en virtud de la magnitud y gravedad de las violaciones que ameritan la nulidad de la sentencia del Tribunal Superior, y así solicito sea declarado por esta digna Sala.... (Mayúsculas, subrayado, negritas y cursivas del formalizante).
Para decidir la Sala, observa:
En la presente denuncia, el formalizante delata la supuesta incongruencia negativa de la recurrida al omitir pronunciamiento sobre alegatos y defensas opuestas en los escritos de informes y observaciones a los informes de la contraria, además de la falta de valoración de instrumentales consignadas en esas oportunidades procesales, las cuales a su decir eran fundamentales para la decisión de la presente controversia.
En relación a la falta de pronunciamiento por parte de los jueces superiores de los alegatos y defensas planteadas en los escritos de informes u observaciones a los rendidos por la contraria, la Sala, entre otras, en sentencia N° 706 de fecha 28 de octubre de 2005, juicio Instituto Municipal de Crédito Popular contra CCira-Clínica de Cirugía Ambulatoria, C.A. y otros, expediente N° 2004-000705, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe la presente, señaló:
...En relación con lo denunciado, es oportuno señalar el criterio que tiene establecido de manera pacífica y reiterada la Sala respecto a la conducta que debe asumir el juez o jueza para el caso que lo interesados formulen alegatos en informes o en las observaciones a éstos, en tal sentido, se ha señalado que en lo atinente al vicio de incongruencia negativa la doctrina hace alusión a las alegaciones o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían las relacionadas con la confesión ficta o con la aplicación de normas en las que esté interesado el orden público u otras similares, las cuales obligan al sentenciador a pronunciarse expresamente sobre ellas, pues en caso de abstenerse de hacerlo incurriría en el predicho vicio; al respecto, la Sala en sentencia N° 01000, de fecha 31 de agosto de 2004, Exp. N° 04-285, en el caso de Condominios Chacao, C.A., contra José Manuel Iglesias Moreda, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, en la cual se estableció:
En este orden de ideas, dentro de los requisitos de forma que toda sentencia debe contener se encuentra el contemplado en el ordinal 5º de artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que ordena al juez pronunciar ...decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas..., sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia. La infracción del mentado ordinal origina el vicio de incongruencia, el cual se configura cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, en principio, en el libelo de la demanda y en la contestación, o en los informes cuando en éstos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían las relacionados con la confesión ficta y otras similares que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, el sentenciador está en el deber de resolver en forma expresa, positiva y precisa.
En aplicación del criterio jurisprudencial expuesto supra al sub iudice, y con base en las razones señaladas precedentemente, la Sala concluye en que el juez de reenvío se encontraba eximido legalmente de pronunciarse sobre el alegato de nulidad del convenimiento efectuado, pues el hecho en que se fundamenta esa nulidad es una defensa de fondo ajena a las cuestiones procedimentales que, de haberse formulado en la oportunidad legal, habría sido objeto de discusión a lo largo del juicio, sin corresponderse además con los mencionados excepcionalmente por la doctrina invocada. Así se decide.... (Resaltado del texto).
Tal como claramente se despende de la doctrina parcialmente transcrita, la obligación de los jueces superiores de pronunciarse sobre los alegatos o defensas expuestas en el escrito de informes o, en el de observaciones a los rendidos por la contraria, están limitados a aquellos ...relacionadas con la confesión ficta o con la aplicación de normas en las que esté interesado el orden público u otras similares....
Ahora bien, la Sala debió transcribir in extenso la denuncia del formalizante, para poder determinar que a lo largo de la misma, su fundamentación va dirigida a que la ad quem no se pronunció sobre los alegatos expuestos en su escrito de informes y en el de observaciones a los rendidos por la contraria ante la alzada; mas, no determina que los mismos sean de los que tiene esta Sala de Casación Civil como de obligatorio pronunciamiento, por lo que la referida obligación de la Juez Superior no existe sí dichos alegatos y defensas no son de aquellos que tiene establecidos la jurisprudencia de esta Suprema Jurisdicción Civil.
En efecto, el formalizante aduce que alegó en sus informes el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, relativos a la presunción del derecho que se reclama y el peligro en la demora, siento que tales extremos son de obligatoria revisión por los jueces, aunque no sean alegados, pues es una norma que debe aplicarse al momento de decidir la cautelar.
De esta forma, es inocuo el alegato supuestamente silenciado por el Juez Superior, pues el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, exige la comprobación de ambos requisitos sin que tengan que alegarlos los sujetos procesales.
Aunado a lo anterior, señala el recurrente que en esas oportunidades procesales ...en los cuales, además de presentar alegatos y defensas determinantes para el juicio, fueron consignados y promovidos documentos públicos como medios probatorios (...) por haber incurrido en el vicio de incongruencia negativa o incongruencia omisiva, colocando a mi representada en un estado de indefensión en claro menoscabo del derecho a la defensa por habérsele silenciado las defensas oportunamente presentadas..., las cuales no se les hizo ...ningún tipo de valoración jurídica..., lo cual de haber sido así, otra debió de haber sido la delación expuesta por el recurrente, pues la falta de valoración de pruebas aportadas al expediente, no puede ser resuelta a través de una denuncia por defecto de actividad, alegando que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa.
Por todo lo antes expuesto, la Sala concluye que la Sentenciadora de alzada no incurrió en el vicio de incongruencia negativa, debido a que no estaba obligada a pronunciarse sobre los alegatos o defensas expuestas en los escritos de informes y observaciones a los rendidos por la contraria, dado que los mismos no son de aquellos que tiene establecidos la jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil, motivo por el cual no existe violación de los artículos 12, 15 y 243, ordinal 5°) del Código de Procedimiento Civil; y la supuesta falta de valoración jurídica de documentales acompañadas con los escritos mencionados, no puede ser objeto de denuncia por defecto de actividad, razón suficiente para que esta Suprema Jurisdicción Civil determine la improcedencia de la única denuncia por defecto de actividad delatada. No hubo denuncias por quebrantamiento de Ley, lo que conlleva a la declaratoria de sin lugar del presente recurso de casación, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la demandante contra la sentencia dictada el 20 de julio de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Miranda.
Se condena a la recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la cognición, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de marzo de dos mil doce. Años: 201º de la Independencia y 153º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
____________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
_________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
_______________________________
LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
__________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2011-000584
Nota: publicada en su fecha a las
Secretario,
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