Venley

Sentencia N.º RC.000182

Sentencia
N.º RC.000182
Fecha
21/05/2010
Sala
Casación Civil
Expediente
09-692
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

 

Exp. 2009-000692

 

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

En el juicio por cobro de bolívares intentado mediante el procedimiento por intimación ante el Juzgado de Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano LUÍS CARLOS TORROELLA RODRÍGUEZ, representado judicialmente por los abogados en el ejercicio de su profesión Tubalcaín Bravo, Yadira Soto de Toledo, Alí José Navarrete Toro y Perla Saviñón Pirela, contra el ciudadano LUCIANO FRANCO GALUPPO MAGNO y la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil INVERSIONES INREP, C.A., patrocinado judicialmente, el primero, de los nombrados por los abogados en el ejercicio de su profesión, Gerard Fink-Finowicki, Rocío Farías de García y Carlos Ramírez Gutiérrez, la segunda mencionada sin representación judicial acreditada en autos; el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 29 de junio de 2009, mediante la cual declaró sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por el intimado y definitivamente firme el decreto intimatorio, confirmando, por vía de consecuencia, la decisión del tribunal a quo de fecha 12 de marzo de 2007; y finalmente se condenó al accionado al pago de las costas procesales.

Contra el precitado fallo, el intimado anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previas las siguientes consideraciones:

DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

Al amparo del ordinal 1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15, 218, 233, 640, 649 y 651 eiusdem, por el quebrantamiento de formas procesales en detrimento del derecho a la defensa.

Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:

“…Nuestro representado, fue demandado por el procedimiento de intimación conjuntamente con la sociedad INVERSIONES INREP, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital (Sic) y Estado Miranda, bajo el número 48, Tomo 104-a, del 20 de diciembre de 1988. En fecha 16 de julio de 2003, se habría practicado la intimación de mi mandante y, pendiente la intimación del codemandado, la actora procuró sorprender a mi mandante desistiendo de la codemanadada y luego solicitó se declarara firme el decreto intimatorio, lo que para aquel entonces fue acordado por quien venía conociendo del asunto.

Apelada esa decisión interlocutoria, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 28 de julio de 2005, dictó sentencia en la que declaró con lugar la apelación de mi mandante y la nulidad de todo lo actuado a raíz del decreto intimatorio, disponiéndose la nueva notificación de mi mandante a los efectos previstos en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil.

Remitido el expediente a primera instancia, el juez que venía conociendo del asunto se inhibió de seguir en la causa, por lo que remitidas las actuaciones al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial, dispuso la notificación de la parte demandada, supuestamente en acatamiento del fallo emanado del Juzgado Superior Séptimo de fecha 28 de julio de 2005. Al folio 163, cursa acta judicial en la que se lee lo siguiente:

(...Omissis...)

Mas allá de las protuberantes irregularidades de las declaraciones del Alguacil y Secretario Accidentales, tales como que, el primero diligencia el día “(10) de Octubre” y el segundo certificaría esa actuación el “(09) de 10”, es decir, un día antes, sin que en ambas aparezca claro de qué año se trataría, lo que queda muy claro es que según el dicho de ese Alguacil, la persona notificada fue una secretaria de nombre “ROSELYS MUÑOZ”, que ni es mi representado ni es uno de los apoderados que hubiere constituido en esta causa.

Ahora bien, con base en esta actuación, tanto el a quo como la recurrida, dieron por intimado a mi mandante y dieron esa fecha –incierta- como el punto de partida para el cómputo del lapso para hacer oposición al decreto intimatorio. En efecto, la recurrida sostuvo lo siguiente:

(...Omissis...)

Dada la naturaleza formal de la presente denuncia, respetuosamente pedimos a la Sala que descienda al estudio de las actas procesales y constate la exactitud de las anteriores aseveraciones, esto es: i) Que por sentencia de fecha 28 de julio de 2005, emanada del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del decreto intimatorio; ii) Que en fecha 9 de octubre de 2006, se habría notificado a una Secretaria en una oficina no identificada de nombre Roselys Muñoz (Sic), que no es mi representado ni ningún apoderado suyo; y, iii) Que a partir de dicha fecha, la recurrida dio por intimado a mi mandante a los efectos del cómputo del lapso para hacer oposición al decreto intimatorio.

La recurrida sostuvo que mi mandante no impugnó esa actuación en la primera oportunidad y que, por tanto, quedó convalidada, lo cual sólo sería aceptable respecto a los actos anulables, más no respecto a los inexistentes. En efecto, en la presente denuncia venimos a plantear que en fecha 9 de octubre de 2006 no se produjo la intimación o notificación personal de mi mandante, por lo que mal pudo la recurrida fijar esa fecha como inicio para el cómputo del lapso previsto ene (Sic) el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, al haberse declarado por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito “la nulidad de todo lo actuado a partir de la admisión del presente procedimiento, con excepción de las actuaciones efectuadas en el cuaderno de medidas”, forzoso es que, conforme a las previsiones del procedimiento por intimación, se practicara la intimación de nuestro mandante, nada de lo cual se verificó.

Al efecto el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil establece que el intimado deberá formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su notificación personal practicada en la forma prevista en el artículo 649, esto es, conforme a esta misma disposición, por remisión expresa, de cuerdo a las pautas establecidas en el artículo 218 del mismo Código respecto a la citación personal.

Del examen de las actas procesales, la Sala podrá constatar que ninguna de esas disposiciones fue observada en el presente asunto, pues después de la decisión del Juzgado Superior Séptimo, ni se libró compulsa, ni se citó a mi mandante en forma personal ni de ninguna otra forma y no se si hasta el 2 de noviembre de 2006 que, por medio de su apoderado judicial, éste se dio por intimado y se opuso al procedimiento, por lo que debe tenerse esa fecha como la fecha de intimación.

Por tanto, no es cierta la afirmación de la recurrida según la cual, en fecha 9 de octubre de 2006, se produjo la notificación personal de nuestro mandante y, por el contrario, la actuación acaecida en esa fecha no le puede ser opuesta en ninguna forma de derecho, ocurrida en una oficina no identificada y en la que se notificó a un extraño.

Ciertamente el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil expresa que el lapso para hacer oposición al procedimiento corre a partir de la notificación personal, pero no se trata de la previsión genérica del artículo 233 del mismo Código, sino que la somete expresamente a los requisitos propios de la citación personal, todo lo cual, forzosamente, debe llevar a la  conclusión que la actuación cumplida el 9 de octubre de 2006 y que la recurrida dio como notificación personal, es inexistente en cuanto intimación o notificación personal dentro de la especial regulación del procedimiento por intimación.

Por ello, la situación descrita configura un muy protuberante caso de indefensión, en el que la recurrida dio por intimado a nuestro representado con base en una actuación que no puede ser considerada bajo ningún punto de vista como una notificación personal, por lo que al reputarse como tal esa actuación, se le han concedido a la parte actora beneficios procesales que la ley no le reconoce, infringiéndose así por la recurrida el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, al establecer como notificación personal la hecha a un tercero que nada tiene que ver con este asunto.

Resultó igualmente infringido por la recurrida el artículo 233 del Código de Procedimiento (Sic), suponiendo que en el procedimiento por intimación basta que sea dejada una Boleta de Notificación en una dirección, supuesto domicilio del intimado, para darlo por intimado e iniciar el cómputo del lapso de oposición, así como los artículos 640 y 651, este último que a su vez, se remite al artículo 649 y éste al artículo 218, todos del mismo Código, por lo que para que pueda establecerse que en el procedimiento de intimación se produjo la intimación personal, es preciso que, previa elaboración de la correspondiente compulsa, ésta se le entregue al propio intimado o a su apoderado judicial, según el caso, pero en ningún caso puede hacérselo en una extraña dirección y a una persona desconocida.

Expresamente denunciamos que las violaciones alegadas son de orden público, especialmente en el contexto del presente juicio tramitado por las reglas del procedimiento por intimación, en donde mal puede darse por notificado personalmente un intimado que no lo ha sido, esto es, que se abra un lapso sobre la base de un acto procesal inexistente, es decir, la intimación –citación- personal. Esta situación, no obstante su carácter de orden público, fue cuestionada en la instancia y tanto el a quo como la recurrida se abstuvieron de corregirla, por lo que pedimos se declare como inexistente a los efectos del presente procedimiento y, especialmente, de nuestro mandante, la supuesta notificación practicada el 9 de octubre de 2006.

Por tanto, nuestro representado se encuentra legitimado y facultado para hacer valer en casación la presente denuncia, ya que al quebrantarse normas de orden público, éstas son inconvalidables y bien puede plantearse su infracción en casación al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia, solicitamos se declare con lugar la presente denuncia, se case el fallo recurrido y se reponga la causa al estado que tenga pertinente...” (Mayúsculas, negritas y cursivas de la recurrente).

 

 

 

La Sala para decidir, observa:

En la presente denuncia, la recurrente delata la supuesta violación de normas de orden público, por el presunto quebrantamiento de formas procesales en detrimento del derecho a la defensa del intimado, debido a que la intimación realizada por el Alguacil Accidental del juzgado de la cognición, se realizó –según sus dichos- “...en una oficina no identificada y en la que se notificó a un extraño...”, por lo que en este proceso hubo indefensión, “...al establecer como notificación personal la hecha a un tercero que nada tiene que ver con este asunto...”; y mas aún porque la intimación, “...se la entregó al propio intimado o a su apoderado judicial, según el caso, pero en ningún caso puede hacérselo en una extraña dirección y a una persona desconocida”, todo lo cual conlleva a la infracción de los artículos 15, 218, 233, 640, 649 y 651 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, la Sala se permite transcribir la declaración del ciudadano Raimundo Mena, en su carácter de Alguacil Accidental del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que riela al folio 152 de la pieza principal de las actas que integran este expediente, donde expuso:

“...CONSIGNO CONSTANTE DE UN (1) FOLIO ÚTIL COPIA DE LA BOLETA DE NOTIFICACIÓN LA CUAL ENTREGUE (Sic) EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN, C.C.C.T. TORRE A, PISO 5, OFICINA 507, CHUAO, MUNICIPIO CHACAO, DISTRITO SUCRE ESTADO MIRANDA, DICHA BOLETA FUE RECIBIDA POR LA SECRETARIA ROSELYS MUÑOZ (Sic), TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD N° 17.117.428, EN FECHA DE HOY 09 DE OCTUBRE DE 2006, SIENDO LA 1,15 MINUTOS DE LA TARDE, ES TODO, TERMINÓ, SE LEYÓ Y FIRMA...” (Mayúsculas del texto).

 

Ahora bien, ante lo expuesto por la recurrente en la denuncia, de que la intimación ordenada y practicada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, es nula por haberse realizado “...en una oficina no identificada y en la que se notificó a un extraño...”, esta Suprema Jurisdicción Civil, observa que al folio 98 de la pieza principal, corre inserta diligencia en la cual se lee:

“...En horas de despacho del día de hoy 12 de julio del 2004, comparece por ante este Tribunal el Dr. GERARDO FINK-FINOWICKI, apoderado judicial de la parte demandada, y actuando con este carácter ocurro y expongo: De conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, notifico la dirección procesal de la parte demandada a los fines legales consiguientes, C.C.C.T., Torre A, piso 5, Oficina 507, Av. La Estancia, Chuao, Caracas, Teléfono (212) 959.31.31”. Es todo. Termino. Se leyó y conformes firman...” (Mayúsculas del texto, subrayado de la Sala).

 

Tal como claramente se desprende de las precedentes transcripciones, el domicilio procesal del intimado en el presente asunto, es efectivamente la Oficina 507, situada en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (C.C.C.T.), piso 5 de la Torre A, Chuao en esta ciudad de Caracas; dirección ésta que coincide con la señalada por el Alguacil Accidental del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la cual dejó la Boleta de Notificación. Esto dicho en otras palabras significa que, el propio apoderado judicial del intimado señaló que a “los fines legales consiguientes”, esa era la dirección procesal de su mandante, lo que deja sin fundamentación alguna la presente delación, debido precisamente, a que el propio representante judicial del accionado estableció como domicilio procesal de su representado a tenor de lo previsto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, la dirección en la cual el Alguacil Accidental del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, practicó la intimación.

En relación a “...las protuberantes irregularidades de las declaraciones del Alguacil y Secretario Accidentales, tales como que, el primero diligencia el día “(10) de Octubre” y el segundo certificaría esa actuación el “(09) de 10”, es decir, un día antes, sin que en ambas aparezca claro de qué año se trataría...”, la Sala observa que del formato fotostático de la diligencia del Alguacil Accidental de Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que riela al folio 152 de la pieza principal cuyo contenido fue ut supra transcrito, ciertamente adolece del año como bien señala la formalizante porque sólo expresa “200”, esto por ser –precisamente- un formato fotostático de común uso por los distintos funcionarios judiciales que deben realizar citaciones, notificaciones, etc., para dejar constancia en las actas de los expedientes; además ese formato fotostático es del conocimiento de la mayoría de los abogados litigantes.

Cabe destacar que tal desacierto sólo sería una omisión material debido a que del texto contenido en ese formato fotostático, el Alguacil Accidental señaló el año, al establecer que, “...LA BOLETA DE NOTIFICACIÓN LA CUAL ENTREGUE (...) FUE RECIBIDA (...) EN FECHA DE HOY 09 DE OCTUBRE DE 2006...”, lo cual subsanaría dicha omisión material. Aunado a lo anterior, esta Suprema Jurisdicción Civil, observa que no hay “...irregularidades de las declaraciones del Alguacil y Secretario Accidentales...”, porque el Alguacil entregó la boleta de notificación en fecha 9 de octubre de 2006, a la 1:15 minutos de la tarde; el Secretario certificó que el Alguacil le consignó la referida boleta ese mismo día 9 de octubre de 2006 y, el alguacil diligencia en las horas de despacho del día 10 de octubre de 2006, dejando constancia en las actas del expediente, que la notificación se practicó efectivamente el día 9 de octubre de 2006, fecha en la que deberá iniciar el cómputo respectivo.

Por todo lo antes expuesto, la Sala concluye que el Juez Superior no infringió los artículos 15, 218, 233, 640, 649 y 651 del Código de Procedimiento Civil, ni violentó normas de orden público, porque la notificación del intimado se realizó efectivamente en el domicilio procesal establecido de manera expresa e inequívoca por su apoderado judicial en las actas que integran este expediente, razón suficiente para determinar la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.

II

Al amparo del ordinal 1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243, ordinal 6°) eiusdem, por haber incurrido en el vicio de indeterminación objetiva.

 

Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:

“…la sentencia recurrida, que es la sentencia de última instancia que pone fin al juicio, en su dispositivo, se limitó a declarar sin lugar la apelación ejercida por nuestro mandante y declarar firme el decreto intimatorio de fecha 10 de enero de 2003, ratificando el fallo apelado.

Como resulta obvio, esta sentencia no se basta a sí misma y, por el contrario, se remite a otras actas del expediente para los efectos de su eventual ejecución, por lo que resulta claro que incumple la previsión del artículo 243, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, lo que traduce su absoluta nulidad.

En efecto, conforme al artículo 243, ordinal 6°, del Código de Procedimiento Civil, la sentencia ha de expresar la determinación sobre la que recae su dispositivo, requisito éste conocido doctrinariamente como el de determinación objetiva. Este requisito exige que la sentencia se baste a sí misma a los efectos de su comprensión y ejecución, estándole vedado al ejecutor del fallo acudir a las actas del proceso a los fines de establecer su alcance y contenido.

En el presente caso, según se ha expuesto, no es posible conocer el alcance de la recurrida y resulta imposible sostener que se basta a sí misma a los efectos de su eventual ejecución.

Por las razones anteriormente expuestas, denunciamos la infracción por parte de la recurrida de los (Sic) dispuesto en el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por lo que solicitamos que se case el fallo recurrido y se reponga la causa al estado en que el juzgado superior que resulte competente dicte nuevo fallo sin incurrir en el referido vicio.

Dejamos de esta manera formalizado el recurso de casación al que aludimos en el encabezamiento de este escrito...”.

 

Respecto de lo delatado por la formalizante, la recurrida en casación hizo el siguiente pronunciamiento:

“...Lo cual asciende a la cantidad de Veintiséis millones (Sic) seiscientos (Sic) veinticinco (Sic) mil (Sic) bolívares (Sic) (Bs. 26.625.000,00), lo que equivale a la presente fecha, y por efecto de la reconvención monetaria, a la cantidad de Veintiséis Mil Seiscientos Veinticinco Bolívares Fuertes (Bs.F. 26.625,00). Que resultaron inútiles las gestiones de cobro de estas acreencias, que el ciudadano LUCIANO FRANCO GALUPPO MAGNO, se ha negado a efectuar los pagos requeridos, manteniendo una conducta contumaz y ocasionando graves daños patrimoniales a su representado; que por cuanto las cantidades señaladas son líquidas y exigibles, es por lo que demanda por el procedimiento de intimación al citado ciudadano y a la sociedad mercantil INVERSIONES INREP, S.A., por cobro de bolívares, para que convenga en pagar a su poderdante, la cantidad de Veintiséis millones (Sic) Seiscientos Veinticinco mil (Sic) bolívares (Sic) (Bs. 26.625.000,00), equivalente en la actualidad a la cantidad de Veintiséis Mil Seiscientos Veinticinco Bolívares Fuertes (Bs.F. 26.625,00), que es el monto de la suma adeudada, así como los gastos y costas del proceso, estimando los honorarios profesionales en un 25%, dentro del procedimiento si no hay oposición y un 30% en caso contrario.

Del mismo modo, solicitó la indexación de las sumas adeudadas para corregir la pérdida del valor sufrido por la mora del deudor, desde el momento que debieron ser pagadas esas cantidades hasta tanto sea efectivo el pago.

En fecha 10-01-2003, el Juzgado de la causa admite la demanda ordenando la intimación de los demandados, para que apercibidos de ejecución, comparezcan por ante el Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su intimación y dentro de las horas hábiles que tiene el Juzgado dispuestas para despachar, para que pague o acredite haber pagado PRIMERO: Veintiséis millones (Sic) Seiscientos Veinticinco mil (Sic) bolívares (Sic) (Bs. 26.625.000,00) equivalente en la actualidad a la cantidad de Veintiséis Mil Seiscientos Veinticinco Bolívares Fuertes (Bs.F. 26.625,00) monto de la suma adeudada, más los intereses legales de un cinco por ciento (5%). SEGUNDO: La cantidad de Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 6.656.250,00), hoy día, Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Bolívares Fuertes con Veinticinco Céntimos (Bs.F. 6-656,25) por concepto de costas, calculados prudencialmente en un 25%.

(...Omissis...)

En auto del 27-08-2003, fue practicado el cómputo solicitado, y mediante auto separado, de la misma fecha, el Juzgado de la causa, declaró firme el decreto intimatorio de fecha 10-01-2003...” (Mayúsculas de la recurrida).

 

La Sala para decidir, observa:

En la presente denuncia la recurrente plantea una supuesta infracción del ordinal 6°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, porque –a su decir- la recurrida está viciada de indeterminación objetiva porque su dispositivo simplemente se limita a declarar sin lugar el recurso subjetivo de apelación ejercido por el intimado y ratificando el fallo del tribunal de la cognición, al declarar definitivamente firme el decreto intimatorio de fecha 10-01-2003.

En este orden de ideas, la Sala, en sentencia N° 1021 del 7 de septiembre de 2004, caso Orbicel Comunicaciones, C.A. contra Zurich Seguros, S.A., expediente N° 2003-543, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, señaló:

“...En relación al vicio de indeterminación objetiva, la Sala, en sentencia N° 11 del 17 de febrero de 2000, caso María del Carmen Chiappe de Santos contra Ernesto José Torrence Cordero, expediente N° 99-538, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, señaló:

La sentencia, conforme al ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, debe determinar la cosa u objeto sobre la cual recae la decisión.

El criterio general que se sigue al respecto, “es que la determinación aparezca directamente del fallo y no por referencia a otro documento o recaudo fuera del mismo, porque la sentencia debe bastarse a sí misma, y contener en sí todos los requisitos, menciones y circunstancias que la ley exige, sin que sea necesario acudir a otros elementos extraños para completarla o hacerla inteligible”. (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. A. Rengel Romberg. Tomo II. Pág. 277).

La sentencia también debe determinar con toda precisión y exactitud la cosa sobre la cual versa su dispositivo, por sus caracteres peculiares y específicos, si fuere mueble, o por su denominación, situación y linderos si fuere inmueble o por su condición causas y constancia si se tratare de un derecho puramente incorporal.

La doctrina constante y pacífica de la Sala ha establecido que, “…en cuanto al aspecto externo de la sentencia, el legislador ha sido formalista y su intención es la de que la sentencia se baste a sí misma y que no sea necesario, por lo tanto, escudriñar en otras actas del expediente para conocer los elementos subjetivos u objetivos que delimitan en cada situación concreta las consecuencias de la cosa juzgada”. (Sent. de fecha 7-8-80).

Ahora también, ha dicho la Sala que en los casos en que la cosa u objeto de la sentencia fuere mencionado en otras partes de la sentencia y no en la parte dispositiva, no hay lugar a considerar viciada la sentencia por este motivo. (Sent. 20.01.65-26.03.81, entre otras)...”. (Negritas y cursivas del texto).

 

Tal como claramente se desprende de la doctrina transcrita, no existe el vicio de indeterminación objetiva si la recurrida establece la cosa u objeto de la sentencia en otras partes de la decisión.

En este sentido, de la transcripción ut supra de la recurrida, la Sala observa que en la parte narrativa de la misma, el ad quem, señaló que “...el Juzgado de la causa admite la demanda ordenando la intimación de los demandados, para que apercibidos de ejecución, comparezcan por ante el Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su intimación y dentro de las horas hábiles que tiene el Juzgado dispuestas para despachar, para que pague o acredite haber pagado PRIMERO: Veintiséis millones (Sic) Seiscientos Veinticinco mil (Sic) bolívares (Sic) (Bs. 26.625.000,00) equivalente en la actualidad a la cantidad de Veintiséis Mil Seiscientos Veinticinco Bolívares Fuertes (Bs.F. 26.625,00) monto de la suma adeudada, más los intereses legales de un cinco por ciento (5%). SEGUNDO: La cantidad de Seis Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 6.656.250,00), hoy día, Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Bolívares Fuertes con Veinticinco Céntimos (Bs.F. 6-656,25) por concepto de costas, calculados prudencialmente en un 25%...”, lo cual constituye la determinación objetiva necesaria para poder ejecutar el fallo recurrido.

Por lo señalado anteriormente, la Sala concluye que el Juez Superior no infringió el ordinal 6°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, porque en la parte narrativa de su sentencia, estableció la cosa u objeto sobre la que recayó su decisión, razón suficiente para determinar la improcedencia de la presente delación, lo que conlleva vista la desestimada precedentemente a la declaratoria de sin lugar del presente recurso de casación, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el intimado contra la sentencia dictada el 29 de junio de 2009, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Se condena al recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la cognición, Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripció n Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

 

___________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

Vicepresidenta,

 

 

_________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado-Ponente,

 

 

______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

_________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrado,

 

 

_______________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Secretario Temporal,

 

 

__________________________

CARLOS WILFREDO FUENTE

 

Exp. AA20-C-2009-000692

 

Nota: publicada en su fecha a las

 

El Secretario,

 

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