Venley

Sentencia N.º RC.000190

Sentencia
N.º RC.000190
Fecha
01/04/2014
Sala
Casación Civil
Expediente
13-712
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

 

Magistrado Ponente: Luis Antonio Ortiz Hernández

 

En el juicio por resolución de contrato de opción de compraventa, incoado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, por la ciudadana CARMEN MATILDE HERNÁNDEZ CARMONA, representada judicialmente por el profesional del derecho Carlos Jesús Loaiza Hernández, contra el ciudadano EDUARDO ERNESTO SIERRA, patrocinado por el abogado en ejercicio de su profesión Henry Jacob Mota Fernández y ante esta Sala por la abogada Nirida Victoria Mota Fernández; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma circunscripción judicial, en fecha 7 de octubre de 2013, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a quo, que declaró con lugar la demanda de resolución de contrato de compraventa. Condenó en costas procesales a la parte recurrente de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

Contra la indicada sentencia el demandado anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación sin réplica.

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-ÚNICA-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12, 243 ordinal 4° y 254 del Código de Procedimiento Civil, por “omisión de pronunciamiento”.

Expresa el formalizante:

 

“...En base al ordinal 1°, del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción del artículo 12 ejusdem, en concordancia con el ordinal 4° del artículo 243 y 254 del mismo adjetivo por cuanto en dicha SENTENCIA se configura el vicio de omisión de pronunciamiento, pues, resulta evidente que en el acto de informes presentado en esa instancia, alegamos que la sentencia apelada estaba inficionada de SILENCIO DE PRUEBA, y al respecto invocamos lo siguiente:

…Omissis…

 

“ (…) De todo lo antes expuesto se observa, que la juzgadora A-QUO, ni siquiera tangencialmente hace mención alguna a la prueba de posiciones juradas por mi aportada al proceso, debidamente admitida y evacuada; siendo ello así, menos aún podía expresar el juicio que le merecía, obligada como estaba a hacerlo conforme al mandato que le impone el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo de esta manera en el vicio denunciado de silencio de pruebas, toda vez que la citada norma le impone la obligación de juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del juez respecto a ellas, y en el caso que nos ocupa, ni siquiera la menciona, ignorándola completamente, como si la misma no existiera. Así lo denuncio concretamente”

 

Sobre este particular resulta evidente de la lectura misma de la sentencia impugnada que el juzgador omitió todo pronunciamiento sobre dicho alegato.

 

En este sentido el máximo Tribunal ha sostenido reiteradamente y muy especialmente en sentencia de la “SALA DE CASACIÓN CIVIL con ponencia del Magistrado: CARLOS OBERTO VÉLEZ, de fecha 05 de abril de 2001, expediente N° 99-889

…Omissis…

 

Por consiguiente, la recurrida al no pronunciarse sobre este pedimento expreso, plasmado en el escrito de informes, incurrió evidentemente en omisión de pronunciamiento, por lo que solicito que la sentencia impugnada sea casada por este Máximo Tribunal y declare LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE REPONGA la causa al estado de que el Tribunal Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.- (Negrillas, cursivas y subrayado del texto transcrito)

 

La Sala para decidir observa:

Delata el formalizante el error en que incurrió el juez de alzada al no haberse pronunciado sobre el alegato expuesto en informes referente al silencio de pruebas en que incurrió el juez a quo sobre la prueba de posiciones juradas promovida por la demandada.

En tal sentido, alega que el juez de alzada incurrió en omisión de pronunciamiento, sin embargo, denuncia, de forma indebida, la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, relativo al vicio de inmotivación de la sentencia, conjuntamente con el artículo 254 eiusdem que constituye una norma de fondo concerniente al deber del juez de sentenciar a favor del demandado cuando no exista plena prueba de los hechos alegados en la demanda, y del artículo 12 de la misma ley que en efecto consagra el deber del juez de atenerse a lo alegado y probado en autos, norma esta que debe denunciarse concatenadamente con el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil para denunciar el vicio de incongruencia, concretamente de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento.

No obstante la deficiencia en la formalización advertida, debe precisar esta Sala que el objeto de la apelación es provocar un nuevo examen de la relación controvertida por parte del juez del segundo grado de la jurisdicción; siendo que tal examen versa sobre el mismo control de la actividad jurídica de los particulares, cumplido por el tribunal de la causa, pero cuya controversia pasa a conocimiento, en los límites del agravio, al juez superior.

El recurso de apelación supone una sucesión de instancias fundada en una relación de subordinación y superioridad jerárquica entre tribunales, en virtud de la cual la jurisdicción sobre el asunto pasa al tribunal superior, quien conoce de nuevo (ex novo), tanto de las cuestiones de hecho (quaestio facti) como de las cuestiones de derecho (quaestio iuris), y dicta la sentencia definitiva que resuelve la relación controvertida (novum iudicium).

De manera pues, que todo juez superior que conoce en apelación, debe necesariamente realizar un nuevo análisis de la controversia, tomando en cuenta los límites en que quedó planteada la misma según lo alegado tanto en el libelo como en la contestación de la demanda, así como los elementos probatorios producidos en la instancia inferior.

En ese sentido se pronunció la Sala Constitucional de este máximo Tribunal de Justicia, en fallo N° 286 del 26 de febrero de 2007, caso: Trinidad María Betancourt Cedeño, al señalar:

“...Consecuentemente, la apelación como medio de gravamen típico, es relacionada con el principio de doble grado de jurisdicción, el cual supone que la decisión sucesiva de la controversia en dos instancias tiene mayor probabilidades de alcanzar la justicia, la cual como es sabido se constituye como el fin último del proceso. De tal forma, al apelar se insta una nueva decisión, provocándose que la autoridad jurisdiccional superior examine la misma controversia, delimitada por la pretensión deducida en el libelo de la demanda y por lo expuesto en la respectiva contestación, salvo que se refiera a materia de orden público motivo por el cual pueden someterse nuevos hechos a la segunda instancia…”

De allí que con la apelación se busca generalmente una completa revisión de la controversia y no sólo del fallo cuestionado.

El artículo 209 del Código de Procedimiento Civil ordena que la nulidad de la sentencia dictada por el tribunal de la instancia inferior que se halle viciada por los defectos que indica el artículo 244 del mismo Código, sólo puede hacerse valer mediante el recurso de apelación, de acuerdo con las reglas propias de este medio de impugnación; y establece que la declaratoria del vicio de la sentencia por el tribunal de alzada nos será motivo de reposición de la causa, sino que “…el tribunal deberá resolver también sobre el fondo del litigio…”

De tal manera que lo verdaderamente importante en el caso de autos no es determinar si el juez superior advirtió el supuesto silencio de pruebas en que incurrió el juez de la causa, sino determinar si la propia sentencia de alzada al dictar nueva decisión sobre el fondo del asunto planteado, incurrió en el señalado vicio, en cuyo caso se debe plantear ante esta Sala una denuncia de infracción de ley por silencio de pruebas, al haber omitido el juez de la recurrida la valoración sobre la prueba de posiciones juradas promovida por la demandada.

Por el contrario, si el juez superior valoró la prueba silenciada por el juez de la causa, habrá cumplido su labor como juez de alzada de reexaminar la controversia, considerando para ello los elementos probatorios producidos en la instancia inferior, careciendo de finalidad útil la advertencia de los errores en que haya incurrido el juez de la primera instancia.

Por lo anterior, observa esta Sala que la denuncia de autos es improcedente habida cuenta que el formalizante está atacando un vicio de la sentencia de primera instancia y no un vicio de la sentencia de alzada puesto que si el juez ad quem también incurrió en el referido vicio de silencio de pruebas, lo conducente es plantear la respetiva denuncia por infracción de ley como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, no así por defecto de actividad por omisión de pronunciamiento.

Aunado a lo anterior, esta Sala ha señalado en torno a los alegatos esgrimidos en informes que son de obligatorio pronunciamiento por parte de los jueces de instancia, lo siguiente:

 

“...El vicio de incongruencia que constituye infracción del artículo 12 y del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello: en principio, en el libelo de demanda, en la contestación o en los informes cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa y otras similares, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia, el sentenciador está en el deber de resolver en forma expresa, positiva y precisa.

En relación con el pronunciamiento de los jueces sobre lo alegado por las partes en el escrito de informes, la Sala de Casación Civil, ha sostenido lo siguiente:

Aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de la exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Por este mandato ha sostenido la Sala que el sentenciador está obligado a revisar todas las peticiones hechas por las partes en los informes, relacionadas con la confesión ficta u otras similares, pues con ello ha querido darle su justa dimensión a tal acto procesal, sin llegar a descalificarlo. En conclusión, cuando en los escritos de informes se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta u otras similares, sí debe el sentenciador pronunciarse sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa.

De conformidad con la jurisprudencia transcrita, alegatos de confesión ficta, reposición de la causa u otras similares esgrimidos en etapa de informes, son de obligatorio pronunciamiento por parte de la los sentenciadores de alzada so pena de incurrir en incongruencia, de lo que se entiende que no todo alegato formulado en informes y silenciado por el sentenciador de segundo grado, es susceptible de viciar su decisión de omisión de pronunciamiento…” (Negrillas  de este fallo), (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 05-05-94, reiterada en decisión de fecha 08-02-96 y, posteriormente ratificada en sentencia del 05-02-98. Inversiones Banmara C.A., c/ Inversiones Villa Magna, C.A.).

 

De las anterior transcripción se evidencia, que el requisito de congruencia ha sido extendido por la Sala a los alegatos formulados en los escritos de informes, siempre que se trate de peticiones y defensas surgidas en el curso del proceso luego de trabada la litis y, por ende, de imposible presentación en el libelo y la contestación, que resulten determinantes en la suerte del juicio, como serían por ejemplo la confesión ficta, cosa juzgada sobrevenida u otras similares. (Al efecto ver sentencia N° 502 del 17 de septiembre de 2009, caso: Ana Yudely Contreras Colmenares c/ Banco de Venezuela, C.A. Banco Universal)

De igual forma en sentencia de esta Sala N° RC-443 del 30 de julio de 2013, expediente N° 2012-602, caso: ARNALDO PÉREZ AMITESAROVE contra PROMOTORA TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA C.A., bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, se dispuso lo siguiente:

 

“…Por su parte, el vicio de incongruencia negativa, constituye infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-105 del 20/12/2006. Exp. N° 2006-067, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).

Ahora bien, entre los alegatos que se pueden esgrimir ante el juez de alzada en informes, relacionados con los hechos del proceso, los cuales pueden incluso sobrevenir a la contestación de la demanda y que pueden tener influencia determinante en la suerte del proceso, ad exemplum tenemos los siguientes: Los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso.

Dichos alegatos, de acuerdo a jurisprudencia reiterada de esta Sala, deben ser resueltos de forma expresa, positiva y precisa, por parte del juez, mas no, si se alega la falta de pronunciamiento en torno a un alegado de nulidad de la sentencia apelada, dado que los vicios de la sentencia de instancia no trascienden a casación, al ser esta sentencia sustituida por la de alzada; o la falta de pronunciamiento en torno a un alegato inherente a la reposición de la causa, que debe ser formulado como vicio de reposición preterida o no decretada, o mediante la correspondiente denuncia por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, que degeneren en indefensión.

Lo que determina, que en modo alguno puede ser extendido el requisito de congruencia, respecto de los alegatos articulados en los informes u observaciones ante la alzada, a situaciones expresamente previstas como motivos específicos del recurso extraordinario de casación. (Cfr. Fallo N° 555 del 23/11/2011. Exp. N° 2011-265).”

 

Dicho lo anterior, esta Sala evidencia que el alegato de silencio de pruebas expuesto en informes, no constituye este tipo de defensas sobrevenidas que afectan determinantemente la suerte del juicio y que atan al juez en su sentencia, por el contrario, tal alegato obedece a la actividad valorativa del juez sobre el referido medio probatorio supuestamente silenciado.

Por las razones antes expuestas, esta Sala al no observar en el fallo recurrido el vicio de incongruencia negativa señalado por el formalizante, desestima la presente delación, al no haber incurrido el juez de alzada en la omisión de pronunciamiento delatada. Así se señala.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

-I-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción en la recurrida de los artículos 412 y 414 en relación con el artículo 12 y 507 del Código de Procedimiento bajo la siguiente fundamentación:

 

“En base al ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 del mismo código adjetivo, denuncio la infracción de los artículos 412 y 414 en relación con el artículo 12 y 507 ejusdem; puesto que, en efecto, el Juez Superior dejó de valorar las posiciones juradas absueltas en la litis, las cuales fueron admitidas mediante auto de fecha 22/07/2010, que cursa a los folios 35 y 36, y posteriormente evacuadas como consta en los folios 77 y 78, del expediente; y donde quedó claramente expresado lo siguiente:

…Omissis…

 

En consecuencia el juzgador de la recurrida violó el texto de la ley del artículo 412 del Código de Procedimiento Civil que establece:

…Omissis…

 

Es evidente entonces, y así lo denuncio concretamente que, el juzgador de la recurrida, incurrió en violación de regla legal expresa para valorar la prueba de posiciones juradas, contemplada en los artículos 412 y 414 del Código de Procedimiento Civil, al no considerar las mismas. Y así lo denuncio concretamente…” (Negrillas del texto transcrito)

 

De la denuncia antes citada se observa que el formalizante endilga a la recurrida la falta de valoración de las posiciones juradas absueltas en la litis, para luego señalar, sin fundamentación alguna, que el juez de alzada incurrió en la violación de una regla legal expresa para valorar la prueba de posiciones juradas, para lo cual denuncia la infracción de los artículos 412 y 414 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 12 y 507 eiusdem.

 

La Sala para decidir observa:

En primer término, debe precisar esta Sala que cuando el recurrente en casación aduce que “el Juez Superior dejó de valorar las posiciones juradas absueltas en la litis”, tal alegato no es más que una denuncia por silencio de pruebas, la cual debe necesariamente fundamentarse en la violación de la norma legal expresa que regula el establecimiento de los hechos contenida en el artículo 509 de la ley civil adjetiva por falta de aplicación, con la indicación expresa además, de cómo la falta de examen de la misma, o su análisis parcial, ha sido decisivo en el dispositivo del fallo, es decir, constituye carga del formalizante determinar de qué manera los hechos que debieron haber quedado establecidos con el análisis probatorio presuntamente omitido, son determinantes en la suerte del juicio.

Por su parte, cuando señala el formalizante que el juez de alzada “incurrió en violación de regla legal expresa para valorar la prueba de posiciones juradas”, ello supone la valoración por parte del juez del medio probatorio, pero la infracción de las normas que tasan o establecen el grado de eficacia que la prueba produce, o la infracción de las normas que le indican al juez cómo debe proceder para valorar dicha prueba, indicando también, a tenor de lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil la influencia determinante en el dispositivo de la sentencia de dicha infracción.

De lo anterior se derivan dos conclusiones fundamentales; la primera, que plantear una denuncia alegando por una parte el silencio de pruebas y por la otra la violación de una regla legal expresa para la valoración de la prueba es a todas luces contradictorio; la segunda, que en cualquiera de los dos casos que el formalizante pretendió denunciar es necesaria la expresa indicación de cómo el error de juzgamiento cometido por el juez puede afectar el dispositivo del fallo, lo que no hizo el recurrente de autos.

Observa esta Sala que el fallo recurrido sí analizó la prueba de posiciones juradas producida en juicio de la siguiente manera:

“…RATIO DECIDENDI

(Razones para decidir).

…Omissis…

En cuanto a las pruebas promovidas por el demandado tenemos:

…Omissis…

De conformidad al artículo 403 y 406 del Código de Procedimiento Civil solicitó las posiciones juradas de la ciudadana Carmen Matilde Hernández Carmona, quedando obligado su representado a absolverlas también. Por lo que en fecha 04 de mayo de 2012 compareció ante el tribunal la parte demandante ciudadana Carmen Matilde Hernández Carmona quien luego de ser juramentada procedió a estampar las posiciones juradas en los siguientes términos (f. 120 al 121): que conoce de vista, trato y comunicación desde hace muchos años al ciudadano Eduardo Ernesto Sierra, con quien suscribió un contrato de opción de compra venta en fecha 23 de octubre del 2009; y que en el referido contrato se estableció un lapso de 180 días hábiles para la tramitación de un crédito hipotecario a través del Banco de Venezuela a favor del ciudadano Eduardo Ernesto Sierra; que no recuerda exactamente la fecha de vencimiento de dicho lapso, solo sabe que era en el año 2010 y el día 23. Que no recuerda el día y mes exacto en que la presente demandada fue incoada en contra de Eduardo Ernesto Sierra, solo recuerda que fue en el año 2010; y que tampoco recuerda que en fecha 06 de julio de 2010 hubiese recibido un telegrama del ciudadano Eduardo Sierra donde él le manifestara su propósito de acogerse al lapso de 30 días establecidos en la ley para este tipo de créditos hipotecarios.

Seguidamente pasó a estampar sus posiciones juradas el demandado ciudadano Eduardo Ernesto Sierra de la siguiente manera (f.122 al 124): que conoce a la ciudadana Carmen Matilde Hernández Carmona, con la cual suscribió un contrato en el que se acordó un lapso de 180 días hábiles para opción a compra; que para el 27 de julio del 2010 cuando la ciudadana Carmen Matilde Hernández Carmona introdujo la demanda, la opción a compra venta no había vencido, ya que la misma vencía el 23 de julio del 2010; y que le correspondía una prorroga legal de 30 días; que el abogado malinterpretó el artículo donde se habla de 90 días mínimo mas 30 días de prórroga, y que en el caso de opción a compra le fueron otorgados 180 días, pero que, igual goza de la prorroga legal; que no es beneficiario de un crédito habitacional para vivienda principal que vence en el 2013, que sabe que quien elaboro el contrato de opción a compra en el mismo quien lo defiende. Con respecto a esta prueba de confesión o posiciones juradas considera quien decide que dicha prueba lo que persigue es que el que confiese admita un hecho que le perjudique, ahora bien, analizadas las dos posiciones juradas tenemos que el hecho más resaltante es que ambas partes admiten que si suscribieron el contrato de opción de compra venta por un inmueble lo cual ya no es un hecho controvertido, también ambas partes admiten que el lapso estipulado para su cumplimiento fue de 180 días, lo cual tampoco es un hecho controvertido, ahora en cuanto a la prórroga que dice el demandado que le corresponde de pleno derecho tenemos que analizar el contrato de opción de compra venta y así tenemos…”

 

Sin embargo, la denuncia planteada no explica de qué manera se infringieron los artículos 12, 412, 414 y 507 del Código de Procedimiento Civil y mucho menos señala cómo ese supuesto error de juzgamiento del juez es capaz de modificar sustancialmente lo decidido, lo que imposibilita a esta Sala conocer de la denuncia planteada por carecer absolutamente de fundamentos.

Por las precedentes consideraciones se desestima la primera denuncia por infracción de ley propuesta. Así se establece.

-II-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción en la recurrida del literal “C” del artículo 7 de la Resolución N° 203, sobre las Normas, Técnicas, Requisitos y Documentación para el Otorgamiento de Créditos Hipotecarios, por falta de aplicación, en relación con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

 

Sostiene el formalizante:

 

“En base al ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 del mismo código adjetivo, denuncio la infracción del literal C del artículo 7 de la RESOLUCIÓN N° 203, SOBRE LAS NORMAS TÉCNICAS REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS, PUBLICADA EN EL (sic) GACETA OFICIAL N° 39.304, DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2009, (por falta de aplicación) en relación con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

 

La resolución 203 cuya falta de aplicación denuncio, establece en su primer considerando:

 

“Que es obligación del Estado venezolano garantizar el derecho a la vivienda consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asegurando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a las políticas, programas y proyectos que desarrolle en esa materia, conforme a principios constitucionales de justicia social, igualdad y equidad, dando prioridad a las familias de escasos recursos y de atención especial”;

 

lo que demuestra en efecto, el espíritu, propósito y razón del legislador al establecer una normativa especial para que rija las relaciones de los intervinientes en correspondencia a la materia de vivienda principal (Vendedor, Comprador y Operador Financiero); y es por ello que, se estableció como privilegio inspirado en la garantía constitucional contenida en el artículo 82 de la Carta Magna del derecho a la vivienda principal, en el artículo 7 de la Resolución N° 203, y especialmente en su literal C, que textualmente expresa:

 

“Artículo 7: “Los documentos exigidos respecto del inmueble objeto de solicitud de préstamo hipotecario regulado por el decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Régimen prestacional de Vivienda y Hábitat, que formaran parte del mismo, serán los siguientes:

“C” Copia del Documento de opción de compra venta a vista del original, vigente por un mínimo de 90 días, prorrogable por 30 días. Este deberá ser consignado ante el operador financiero dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a su autenticación, conjuntamente con los recaudos correspondientes a la solicitud de préstamo hipotecario”

 

Como podemos observar se trata de operaciones eminentemente de carácter social regida por la LEY DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT; donde cuyos operadores financieros se rigen por un calendario especial en consecuencia dicho lapso de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS HÁBILES, convenidos en el documento de OPCIÓN DE COMPRA-VENTA quedó sometido al CALENDARIO BANCARIO de conformidad con la LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, que en su artículo 70 establece: “La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario aprobará el calendario bancario anual y lo difundirá con por lo menos tres meses de antelación al inicio del año calendario”.

 

En este sentido, se puede observar que el juzgador de la recurrida incurrió en un vicio de fondo por evidente abuso de poder al negar la aplicación y vigencia de esta normativa contenida en la resolución N° 203; y demás normas citadas; pues, el sentenciador en su fallo se limita a dar por demostrado el hecho controvertido, mediante el cómputo que hiciere en su sentencia, tomando como base el calendario común y obviando por tanto el contenido de todas las normas anteriormente señaladas, que son las que rigen las relaciones entre solicitante de vivienda, el propietario y la operadora financiera. Por tanto, esa conclusión de la recurrida al aseverar que desde el 23 de octubre de 2009 hasta el 15 de julio de 2010, habían transcurrido los CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a que se contrae la OPCIÓN DE COMPRA-VENTA, basado en un supuesto hecho público y notorio, desvirtúa el espíritu, propósito y  razón de la resolución mencionada; por consiguiente, de esta falta de aplicación del juzgador, resulta la inexactitud de su cómputo al compararlo con el del calendario Bancario que consta en el expediente (folio 76), donde se evidencian que los CIENTO OCHENTA (180) días hábiles bancarios transcurridos desde la firma del CONTRATO DE OPCIÓN A COMPRA-VENTA hasta la terminación del mismo, plazo establecido en el contrato, va desde el día Lunes 26 de octubre 2009, hasta el día Viernes 23 de julio de 2010, (ambos inclusive), tomando en consideración el CALENDARIO BANCARIO conforme a las disposiciones de SUDEBAN; y al no hacerlo así, la recurrida incurrió, en el vicio de falta de aplicación de una norma vigente, lo que inficiona de nulidad el fallo dictado. Así lo denuncio concretamente, y solicito se declare…” (Negrillas y cursivas del texto transcrito)

 

De forma sumamente confusa alega el formalizante que las operaciones tuteladas por la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat se rigen por un calendario bancario especial y que en consecuencia, el lapso estipulado en el contrato de compraventa ha debido someterse a dicho calendario bancario de conformidad con la Ley de Instituciones del Sector Bancario y no tomando como base el calendario común tal y como lo hizo el juez de la recurrida.

Afirma que según cómputo realizado por el juez de la recurrida se dictaminó que desde el 23 de octubre de 2009 hasta el 15 de julio de 2010, habían transcurrido los ciento ochenta (180) días hábiles a que se contrae la opción de compra-venta, sin embargo, arguye que del artículo 7 literal “C” de la Resolución N° 203, sobre las Normas, Técnicas, Requisitos y Documentación para el Otorgamiento de Créditos Hipotecarios resulta la inexactitud de su cómputo al compararlo con el del calendario bancario de donde se evidencia que los ciento ochenta (180) días hábiles bancarios transcurridos desde la firma del contrato de opción a compra-venta hasta la terminación del mismo, empezaron a correr desde el 26 de octubre 2009, hasta el 23 de julio de 2010, ambos inclusive.

 

Para decidir la Sala observa:

El artículo 7, literal “C” de la Resolución N° 203 cuya falta de aplicación se delata, prevé los requisitos que debe contener la solicitud de préstamo hipotecario, dentro de los cuales se encuentra la copia del documento de opción de compra venta a vista del original, vigente por un mínimo de 90 días, prorrogable por 30 días.

De tal norma, así como de las mencionadas en la denuncia de autos, en modo alguno se desprende que los 90 días allí previstos, prorrogables por 30 más, deban calcularse por días bancarios o días hábiles.

Ahora bien, sobre el lapso estipulado en el contrato para la verificación de la venta, el juez de la recurrida señaló:

“…Ahora bien la vigencia de dicho opción era por 180 días hábiles y que durante ese lapso se otorgaría el documento definitivo de venta y el comprador pagaría el precio convenido en dinero efectivo y curso legal que es de doscientos cuarenta mil bolívares fuertes (Bs.F. 240.000) pero ambas partes pactaron que ese precio se pagaría con el crédito hipotecario y subsidio directo para la adquisición de vivienda (FAOV) que el comprador tramitaría por ante el Banco de Venezuela sucursal Chivacoa Municipio Bruzual del estado Yaracuy, ahora bien la parte actora adujo que el demandado no cumplió el contrato dentro de los ciento ochenta días hábiles que se cumplieron el día 15/7/2010, por su parte el demandado alegó que no era cierto que el contrato se vencía el 15 de julio de 2010, tampoco que era cierto que estuviera obligado a entregarle la cantidad de doscientos cuarenta mil bolívares fuertes (240.000.) para esa fecha, que tampoco dejó de comunicarse con la demandante, que lo cierto era que el contrato se vencía el 21 de julio de 2010 y que también lo cierto era que el dinero se lo entregaría una vez que el Banco de Venezuela le otorgara el crédito hipotecario, también el demandado argumentó que la demandante le dio errónea interpretación a la norma jurídica antes citada, y que la actora, fue quien erró al interpretar la misma, ya que, la norma establece que el documento de opción de compraventa debe ser por un mínimo de 90 días, prorrogables por 30 días, lo que significa que puede establecer un lapso mayor a los 90 días pero con prorroga de 30 días, por lo que no es cierto que deba entregar el inmueble, por cuanto entre la parte actora y él, existe un contrato de arrendamiento vigente.

Observa esta instancia superior que efectivamente el contrato preparatorio se celebró por un lapso de 180 días hábiles que de un cómputo realizado diligentemente por el a-quo se determinó que se cumplió el 15 de julio de 2010 como quedo evidenciado en el cómputo que cursa al folio 208 y no como lo alegó el demandado que no trajo ninguna prueba para sustentar que no era el 15/7/2010 sino el 21/7/2010 y así se decide.

Igualmente se observa que en cuanto al pago del precio convenido se pactó que el mismo se haría con un crédito hipotecario tramitado ante el Banco de Venezuela, no se evidencia en auto la prueba de que efectivamente el demandado haya gestionado dentro de los ciento ochenta días dicho crédito solo alegó sin traer prueba de eso que había interpuesto un recurso de amparo en contra de la institución bancaria que tampoco lo demostró y así se decide.

En cuanto a la prórroga que el demandado le manifestó a la demandante de que acogía a dicho lapso por así permitírselo el artículo 7 literal C de la Resolución Sobre las Normas Técnicas, Requisitos y Documentos Para el Otorgamiento de Créditos Hipotecarios (gaceta N° 39.304) de fecha 11/11/09, del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda. En cuanto a este argumento considera este Juez Superior Yaracuyano que en el contrato preparatorio no se estableció ninguna prórroga, sólo 180 días hábiles para que se efectuara la venta definitiva y la supuesta prórroga no es oponible a la demandante ya que a lo que se refiere la resolución de los días establecidos es para los trámites administrativos y en caso de que esto hubiese sido verdad que el demandado estuviera tramitando algún crédito ha debido traer prueba alguna y no lo hizo por lo que considera quien decide que la prórroga aducida por el demandado no es oponible a la demandante y así se decide…”

 

De la anterior transcripción se evidencia claramente que el juez de la recurrida estableció que el contrato de opción de compraventa se estipuló por un lapso de 180 días hábiles, lapso este que constituye ley entre las partes a tenor de lo previsto en el artículo 1.159 del Código Civil.

En tal sentido, observa esta Sala que no existe fundamento legal alguno que sustente lo señalado por el formalizante, puesto que, como se refirió previamente, la norma cuya falta de aplicación se delata no establece que la vigencia del contrato de opción de compraventa deba calcularse por días bancarios, en cambio, el propio contrato celebrado entre las partes estipuló que el mismo tendría una vigencia de 180 días hábiles, los cuales según la recurrida vencieron en fecha 15 de julio de 2010; lo anterior, aunado al hecho de que en la denuncia que se plantea, el formalizante omitió indicar en qué sentido tal diferencia en el cálculo de las fechas es relevante en la controversia de autos y en qué sentido habría cambiado el dispositivo del fallo su determinación.

En tal sentido, en razón de la falta de técnica señalada en la denuncia, así como en virtud de la ambigüedad de sus planteamientos, esta Sala se ve en la imperiosa necesidad de desestimar la presente denuncia, al no constatar la infracción por falta de aplicación del literal “C” del artículo 7 de la Resolución N° 203, sobre las Normas, Técnicas, Requisitos y Documentación para el Otorgamiento de Créditos Hipotecarios, en relación con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Así se señala.

 

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en fecha 7 de octubre de 2013.

 

Se condena en costas del recurso extraordinario de casación a la parte demandada recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, al primer (1°) día del mes de abril de dos mil catorce. Años: 203º de la Independencia y 155º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado-Ponente,

 

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Magistrada,

 

 

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AURIDES MERCEDES MORA

 

Magistrada,

 

 

__________________

YRAIMA ZAPATA LARA

 

 

Secretario,

 

 

________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. AA20-C-2013-000712.

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (    )

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario,

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