Venley

Sentencia N.º RC.000193

Sentencia
N.º RC.000193
Fecha
17/03/2016
Sala
Casación Civil
Expediente
15-628
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2015-000628

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores

 

 

En la acción por simulación de venta, incoada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal, por el ciudadano RAFAEL HARLEY RAMÍREZ ZAMBRANO, representado judicialmente por los ciudadanos abogados Ambedkar Blanco, Fran Rosales, Elsa Moreno, Carlos Márquez y Juan Zambrano, contra los ciudadanos VÍCTOR JOSÉ CHACÓN GUERRERO, ANA ELIDE DELGADO de CHACÓN y FREDDY ALEXANDER CHACÓN DELGADO, representados judicialmente por los ciudadanos abogados Jesús Labrador, Victoria García y Juan Márquez; el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal, dictó sentencia definitiva en fecha 2 de julio de 2015, mediante la cual declaró: 1) Con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el fallo proferido por el a quo en fecha 18 de octubre de 2011 que declaró parcialmente con lugar la acción incoada y declaró simuladas las ventas celebradas entre los demandados; 2) Prescrita la acción de simulación de venta incoada.

De esa manera se revocó el fallo apelado. Hubo condena en costas procesales al demandante y co-apelante de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Contra la referida decisión de alzada, la representación judicial del demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

En fecha 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional nombró Magistrados Titulares en la Sala de Casación Civil, quedando constituida de la siguiente forma: Magistrado Presidente Dr. Guillermo Blanco Vásquez; Magistrado Vicepresidente, Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrada Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba; Magistrada Dra. Vilma María Fernández González y Magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

Por razones metodológicas, la Sala altera el orden seguido por el formalizante y pasa a resolver la tercera denuncia por defecto de actividad, como si fuera la primera. Así se establece.

 

RECURSO DE CASACIÓN

POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-III-

Por vía de fundamentación, señala el formalizante lo siguiente:

 

“…De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° eiusdem, por haber incurrido la juez de la recurrida en el vicio de incongruencia negativa del fallo.

Tal infracción se produce cuando la sentenciadora ad quem omitió pronunciarse de manera expresa, positiva y precisa sobre el escrito de observaciones de la parte accionante, a los informes de la parte demandada presentado ante esa alzada, el cual tenía influencia decisiva y determinante en el dispositivo del fallo, ya que de haber sido analizado exhaustivamente por la ad quem, seguro que no habría suplido la defensa de la prescripción de la acción no alegada en la contestación de la demanda y declara con lugar.

En este orden de ideas, en el escrito de observaciones a los informes de la parte demandada, se expresó lo siguiente:

 

…Omissis…

 

No cabe lugar a dudas, que a través del escrito de observaciones, se hizo ver y entender a la ad quem, que en el escrito de contestación a la demanda se alegó como defensa de fondo la caducidad de la acción, y que el lapso establecido en el artículo 1.281 del Código Civil, es de PRESCRIPCIÓN y no de CADUCIDAD, por lo cual se solicitó que se declarara la improcedencia de la defensa de fondo relativa a la caducidad de la acción y adicionalmente, que no era viable que los jurisdicentes conocieran de una prescripción no opuesta en la contestación de la demanda, de conformidad con el artículo 1.956 del Código Civil.

 

Sin embargo, a pesar de la relevancia jurídica de los argumentos esbozados por la representación del demandante en su escrito de observaciones para la resolución de la causa, los mismos fueron ignorados, total y absolutamente por la sentencia hoy recurrida, produciéndose un estado de indefensión, todo ello conforme se evidencia de la parte motiva de dicha decisión la cual a los folios 248-251, pieza 6, expresó lo siguiente:

 

…Omissis…

 

En consecuencia, se desprende meridianamente de las actas procesales, que la sentencia hoy recurrida omitió un debido pronunciamiento sobre los alegatos oportunamente formulados en las observaciones por quien aquí recurre, los cuales eran relevantes y cruciales para resolver la procedencia o improcedencia de la defensa de caducidad opuesta por el demandado, por lo cual no se atuvo a lo alegado y probado en autos, pronunciando un fallo viciado de incongruencia negativa u omisiva, por no contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil.

Así, en sentencia N° RC-000432, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 16/07/15 (sic), se expresó: (…).

 

Como se puede apreciar de la sentencia transcrita parcialmente ut supra, la jurisdicente ad quem estaba obligada a analizar y resolver de forma expresa, positiva y precisa, en el fallo recurrido, los argumentos aducidos en las observaciones de la representación de la parte demandante, por tener influencia decisiva y determinante para la solución de la causa, tal y como ha quedado expuesto.

Por las razones anteriormente expuestas, solicito muy respetuosamente, ciudadanos magistrados (sic), que se declare con lugar la presente delación, y en consecuencia, se revoque el fallo recurrido…”. (Subrayado y negrillas del texto).

 

 

La Sala para decidir, observa:

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delató la infracción de los artículos 12, 15 y 243, ordinal 5°, eiusdem, por adolecer la recurrida del vicio de incongruencia negativa por cuanto omitió pronunciarse sobre los alegatos expuestos en el escrito de observaciones de la parte demandante, a los informes presentados por la parte demandada ante el juzgado de alzada.

Destacó además, que a través del escrito de observaciones, se hizo ver que en la contestación a la demanda se alegó como defensa de fondo la caducidad de la acción y que el lapso establecido en el artículo 1.281 del Código Civil, es de prescripción y no de caducidad, por lo cual solicitó se declarara la improcedencia de esa defensa de fondo.

Finalmente señaló, que a pesar de la relevancia jurídica de sus alegatos expuestos en el escrito de observaciones, los mismos fueron ignorados total y absolutamente por la recurrida, produciéndose un estado de indefensión, pues, tales defensas tienen influencia decisiva y determinante para la solución de la causa.

Ahora bien, la Sala considera necesario señalar que los requisitos formales de la sentencia constituyen materia de orden público, y a tal efecto, se observa la decisión Nº 889, de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 07-285, emanada de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por la ciudadana Carola Meléndez Belisario, que dispuso lo siguiente:

 

“...En relación con la primera denuncia de la solicitante, cabe señalar que es jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional (Vid. entre otras, sentencias núms. 1222/06.07.01, caso: Distribuciones Importaciones Cosbell C.A.; 324/09.03.04, caso: Inversiones La Suprema C.A.; 891/13.05.04, caso: Inmobiliaria Diamante S.A., 2629/18.11.04, caso: Luis Enrique Herrera Gamboa y 409/13.03.07, caso: Mercantil Servicios Financieros, C.A.), que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación, la congruencia, o la determinación objetiva del fallo son de estricto orden público, lo cual es aplicable a cualquier área del derecho y para todos los Tribunales de la República, salvo el caso de las sentencias que declaran inadmisible el control de legalidad y las de revisión constitucional dictadas por la Sala de Casación Social y por esta Sala, respectivamente, en las que, por su particular naturaleza de ser una potestad y no un recurso, tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria. (Subrayado y negrillas de esta Sala).

 

Por lo cual los vicios de indeterminación orgánica, objetiva y subjetiva, indeterminación de la controversia, incongruencia negativa, positiva, por tergiversación, extrapetita, inmotivación, absolución de la instancia, sentencia condicionada o contradictoria y ultrapetita, constituyen materia de orden público, al violar principios y garantías constitucionales referentes al derecho a la defensa y una tutela judicial efectiva.

En el mismo sentido es de destacar, que la función jurisdiccional es una actividad reglada, y en la sentencia N° 1068 de fecha 19 de mayo de 2006, expediente Nº 06-447, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por el ciudadano José Tineo Nottaro, se dispuso lo siguiente:

 

“...Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:

“...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento”.

Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil...” (Destacados de esta Sala).

 

Por su parte el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, estatuye expresamente lo siguiente:

“Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.”

 

El artículo 243 eiusdem, dispone:

“Toda sentencia debe contener:

1° La indicación del Tribunal que la pronuncia.

2° La indicación de las partes y de sus apoderados.

3° Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.

4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

6° La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.”

 

El artículo 12 ibídem preceptúa:

“Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.”

 

Y finalmente el artículo 15 del señalado código adjetivo civil, expresa:

“Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.”

 

Así las cosas, del estudio y análisis concatenado de los artículos antes transcritos, por ser materia de orden público procesal, el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia es sancionado por la ley con la nulidad de la decisión de que se trate, y que igual consecuencia acarrea, el que el juez haya absuelto la instancia, por resultar la sentencia de tal modo contradictoria que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita, porque otorgue más o cosa distinta a lo pretendido.

 

Ahora bien, la Sala evidencia que ciertamente tal como lo delató el recurrente en casación, la ad quem incurrió en una infracción de orden público en la formación de su fallo, por el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia.

A tal efecto, la Sala procede a transcribir el fallo de alzada, que textualmente estableció lo siguiente:

 

“…MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

…Omissis…

 

Vistas las apelaciones propuestas, considera esta Alzada que debe resolver como PUNTO PREVIO el alegato de prescripción de la acción que en la oportunidad de contestar la demanda, los abogados Jesús Alberto Labrador Suárez y Juan Carlos Márquez Almea actuando en representación de los ciudadanos Freddy Alexander Chacón Delgado y Víctor José Chacón Guerrero, argumentaron de la siguiente manera:

 

…Omissis…

 

DEL FALLO APELADO

 

El tribunal de la causa resolvió que:

 

…Omissis…

 

En el escrito de informes consignado por ante esta Alzada por la parte demandada y apelante, su representación judicial expuso:

 

…Omissis…

 

Ahora bien, en el asunto sub examine, se advierte del escrito libelar que el demandante fundamenta el ejercicio de su acción en jurisprudencia de Casación conforme la cual la acción de simulación prevista en el artículo 1.281 del Código Civil “puede ser ejercida no sólo por los acreedores contra su deudor, sino también por todo aquél que aún sin esa cualidad, tenga interés eventual o futuro en que se declare la existencia del acto simulado”. Cónsona con la demanda incoada, la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial de fecha 26 de noviembre de 2010 en este expediente, dispuso que: “…se tiene que la pretensión contenida en el artículo 1.281 del Código Civil, debe interpretarse de una manera amplia, no estando reservada solo a los acreedores del deudor, sino que la misma puede ser ejercida por todo aquél que tenga interés actual, e incluso eventual o futuro… Por lo tanto, la pretensión de la parte demandante se basa en un interés propio y actual en obtener la simulación de las ventas realizadas en fechas 01 (sic) y 18 de noviembre de 1996,…”.

Así las cosas, considera esta operadora de justicia del conocimiento jerárquico vertical, que habiendo opuesto la parte demandada la aplicación del contenido del artículo 1.281 del Código Civil, a su decir, como caducidad de la acción, en fecha anterior a las sentencias invocadas en esta decisión de cuya interpretación se extrae que para la Casación Civil tal plazo es de prescripción, tiene el deber esta juzgadora por aplicación del principio “iura novit curia” (conforme el cual el juez conoce el derecho y por tanto, en su interpretación y aplicación no está atado a lo alegado por las partes), de determinar en primer término si en el caso bajo estudio operó la indicada prescripción de cinco (5) años. A tales fines, de las actas procesales se desprende:

- En el escrito de demanda, el actor afirmó que en fecha 24 de abril de 2006 la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado (sic) Táchira acusó formalmente al ciudadano VÍCTOR JOSÉ CHACÓN GUERRERO; que una vez enterado de la acusación realizada por la Fiscal del Ministerio Público, procedió a investigar al referido ciudadano en Notarías, Registros Públicos, incluso en la página web del Registro de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello del estado Táchira (folios 1 y 2 de la Pieza 1).

- En el escrito de Acusación Fiscal (folios 25 y 26 de la Pieza 1), se expresa que los hechos que fundamentan la acusación devienen de una serie de elementos obtenidos durante la investigación, entre ellos, la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Táchira, por los ciudadanos RAFAEL HARLEY RAMÍREZ y MARÍA STELLA ALTUVE DE RAMÍREZ.

- En la sentencia penal de fecha 22 de junio de 2009, cuya copia fotostática certificada corre en autos (folios 14 al 45 de la Pieza 5), en el Punto III relativo a los Antecedentes (sic), se señala que “en fecha 22 de marzo del año 2000, se ordena la apertura de la Averiguación N° 309 en virtud de la denuncia presentada por la víctima de autos” (folio 16 Pieza 5).

- Las impresiones de la página web del Registro Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello, que corren a los folios 402 al 407 de la Pieza 2, contentivas de “Consulta de Movimientos por Cédula” del ciudadano CHACON GUERRERO VÍCTOR JOSÉ, desde el 11 de noviembre de 1997 al 20 de marzo de 2007, no indican la fecha de impresión ni presentan certificación alguna de la cual pueda determinarse en que fecha fueron elaboradas las indicadas impresiones.

- A los folios 492 y 493 de la Pieza 2, corre informe requerido por el Tribunal de la causa al Registro Público de los Muncipios (sic) Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello del estado Táchira, en el cual señala que la página web de ese Registro www.regiscar.net fue creada en el año 2003, y que en dicha página web aparecen las transacciones realizadas por el ciudadano VICTOR JOSÉ CHACÓN GUERRERO desde el año 1997.

De lo expuesto anteriormente, teniendo por norte la verdad, tal y como lo propugna el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, esta sentenciadora arriba a las siguientes conclusiones:

 

- Que el aquí demandante formuló su denuncia penal en el año 2000, y que ese fue el hecho generador de que, posteriormente, el 26 de abril de 2006, se planteara la Acusación Fiscal.

- Que si el demandante planteó su denuncia penal en el año 2000, las máximas de experiencia nos enseñan que desde entonces debió comenzar a investigar las transacciones efectuadas por el ciudadano VÍCTOR JOSÉ CHACÓN GUERRERO, y no esperar que transcurrieran seis (6) años para iniciar tal investigación, supuestamente, a partir de la Acusación Fiscal.

- Que las impresiones de la página web de la Oficina de Registro Público supra indicada, se tienen como fidedignas, pues su valor probatorio se asemeja a las copias o reproducciones fotostáticas, tal y como lo sostiene nuestra Casación Civil (expediente N° 2011-000237, sentencia del 5 de octubre de 2011, con ponencia de la Magistrada Dra. Isbelia Pérez). No obstante, al carecer de una fecha que demuestre su emisión y por contener información a partir del año 1997, no sirven para demostrar la fecha en que tuvo conocimiento el demandante de las operaciones de venta cuya simulación demanda, las cuales fueron registradas en el año 1996.

- Que no aparece demostrada en las actas del expediente la fecha en que tuvo conocimiento el demandante de las operaciones de compraventa cuya simulación demanda, pues la fecha de creación de la página web de la Oficina de Registro en el año 2003, no ofrece certeza que a partir de entonces obtuvo el conocimiento sobre las operaciones de venta demandadas, ya que anteriormente a esa fecha pudo obtener ese conocimiento directamente en la Oficina Registral, y por tanto, no hay plena prueba de la fecha en que tuvo conocimiento RAFAEL HARLEY RAMÍREZ ZAMBRANO de las operaciones de compraventa registradas el 1° y 18 de noviembre de 1996.

Corolario de lo expuesto, por cuanto la parte actora no demostró la fecha en que tuvo conocimiento de las presuntas ventas simuladas, y siendo que las mismas fueron registradas en fechas 1° y 18 de noviembre del año 1996, que es la única fecha cierta que se conoce en virtud del principio de publicidad registral, y que la demanda de simulación fue admitida en fecha 28 de septiembre de 2006, habiendo trascurrido en demasía más de cinco (5) años entre ambas fechas, debe declararse necesariamente en el presente asunto, prescrita la acción de simulación propuesta, como de manera expresa, positiva y precisa se hace de seguidas, lo cual inhibe a esta juzgadora de entrar a analizar la apelación propuesta por la parte demandante y el fondo del asunto debatido, Y ASÍ SE RESUELVE…” (Mayúsculas del fallo).

 

De igual manera, la Sala considera necesario transcribir lo peticionado por los recurrentes en casación en su escrito de observaciones a los informes presentados por los demandados ante el juzgado de alzada, que expresamente señalaron lo siguiente:

 

“…“II DE LA CADUCIDAD. Con respecto a la CADUCIDAD DE LA ACCIÓN los abogados (…)  n su escrito de CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, señalaron lo siguiente:

“...de conformidad con lo previsto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 346 numeral 9 ejusdem, promovemos como defensa de fondo para ser resuelta en la sentencia definitiva la caducidad de la acción intentada por la parte actora contra nuestros mandantes.

En efecto, el artículo 1.281 del Código Civil vigente, prevé en su primer aparte, relativo a la interposición de la acción de simulación ante los tribunales, lo siguiente:

“Esta acción dura cinco años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron noticia del acto simulado”...”

No obstante, el numeral 9° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, señala: (…).

Es decir, que la representación de los demandados ni siquiera fue asertiva en los fundamentos jurídicos de su defensa de caducidad de la acción, pues si bien es cierto que el artículo 346 eiusdem, contempla las distintas cuestiones previas, no obstante, la que trata sobre la caducidad de la acción es el numeral 10°.

Más adelante expresan lo siguiente:

“...Debemos significar que la antes trascrita disposición del Código Civil, establece como momento de inicio del lapso de caducidad para intentar la acción, el momento a partir del cual se tenga noticia del acto simulado, momento o fecha ésta especifica que el demandante en su libelo no indicó o no señaló expresamente, razón por la cual deberá tener dicho Tribunal como momento o fecha de conocimiento de la celebración de los contratos en cuestión, la correspondiente a la fecha de registro de los mismos, esto es, los días 10 de noviembre de 1996 y 18 de noviembre de 1996, ello sobre la base del principio de publicidad que caracteriza el acto registral, lo que a su vez se deduce de la parte motiva de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil No. 2002-000919. de fecha 27 de abril de 2.004, en el caso de Antonia del Carmen Vargas viuda de Bermúdez y otros contra Sady Alberto Bermúdez Rivas y otros, con ponencia del magistrado, doctor Antonio Ramírez Jiménez...” (La negrita y el subrayado son de la parte actora-apelante) (sic).

Ser rechaza categóricamente que se deba tener como momento o fecha de conocimiento de los actos simulados, el correspondiente a la fecha de registro de los mismos, es decir, los días 1° y 18 de noviembre de 1996, pues como se ha insistido rotundamente, EN EL LIBELO DE LA DEMANDA SE EXPRESÓ CLARAMENTE EL MOMENTO EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE LAS VENTAS DEMANDADAS EN SIMULACIÓN (año 2.006), razón por la cual doy por reproducido el comentario que al respecto se hizo en el numeral anterior referente a la defensa sobre la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION.

Además, ninguna norma establece que una vez protocolizado o registrado un documento, deba considerarse que los terceros tienen pleno conocimiento del contenido de los mismos, POR ELLO, ANTE LA AUSENCIA DE UNA NORMA LEGAL QUE ATRIBUYA AL ACTO EFECTOS NOTIFICATIVOS ERGA OMNES, NO ES POSIBLE DECLARAR QUE EL LAPSO DE CINCO AÑOS CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 1.281 DEL CÓDIGO CIVIL, DEBA COMPUTARSE A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO REDACTADO.

Igualmente la representación de los codemandados VICTOR JOSÉ CHACÓN GUERRERO Y FREDDY ALEXANDER CHACON DELGADO, en su escrito de CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, declararon lo siguiente:

...Omissis...

 

Por su parte, los artículos 1.928 del Código Civil, 13 y 9 de la Ley de Registro Público y del Notariado, señalan:

 

…Omissis…

 

El verdadero e inequívoco sentido, propósito y razón de las normas señaladas, solo corrobora la persistente actitud de la representación de los demandados en tergiversar la realidad, al pretender afirmar:

 

“...razón por la cual deberá tener dicho Tribunal como momento o fecha de conocimiento de la celebración de los contratos en cuestión, la correspondiente a la fecha de registro de los mismos, esto es, los días 1° de noviembre de 1996 y 18 de noviembre de 1996, ello sobre la base del principio de publicidad que caracteriza el acto registral...”

 

En otras palabras la publicidad a la que se refiere algunas de las normas aludidas es la relativa a que toda persona puede obtener o acceder a copias simples o certificadas de documentos registrados o a revisar los libros de los distintos registros y notarias, y no el ambiguo sentido que quieren darle los referidos abogados.

Pero además, la representación de los demandados VICTOR JOSE CHACÓN GUERRERO Y FREDDY ALEXANDER CHACÓN DELGADO en su temerario e infundado ESCRITO DE INFORMES, señala lo siguiente:

 

“…Al no existir plena prueba de cómo y cuándo fue que el demandante conoció efectivamente de las ventas que pretende simuladas, debe aplicarse el principio de publicidad y efectos jurídicos del documento registrado a partir de su inserción en el Registro Público, que están previstos en los artículos 26 y 27 de la Ley de Registro Público y del Notariado; en consecuencia de ello, de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil tiene que decidirse a favor nuestro, esto es, a favor de la parte demandada...” (La negrita y el subrayado son de la parte actora-apelante). (sic).

 

Por su parte, la LEY DE REGISTRO PÚBLICO Y DEL NOTARIADO establece en sus artículos 26 y 27 lo siguiente:

 

…Omissis…

 

Como podrá observar ciudadana Juez, siempre ha sido una estrategia desesperada de los apoderados de los referidos demandados, aducir en sus escritos, temeraria y maliciosamente hechos, argumentos y fundamentos falsos, con el claro fin de tergiversar la verdad verdadera y sorprender la buena fe de los jurisdicentes, como ha ocurrido y se desprende de los propios autos.

 

Al respecto debo indicar a este Tribunal, que la sentencia a la cual hace referencia la representación de la parte demandada, es la N° RC-00350 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 27 de abril de 2.004 y cuyo expediente es el N° 02-919.

 

Hago tal aclaratoria, a fin de que el jurisdicente revise con mucho detenimiento la misma y se cerciore si ese Supremo Tribunal en alguna parte de su sentencia señaló o estableció en ese caso particular, que el día en que se tuvo noticia del acto simulado, era el correspondiente a la fecha de registro del mismo. Por el contrario, esa Sala anulo el fallo del Tribunal Superior correspondiente, sólo por existir correspondiente, sólo por existir contradicción en los motivos, y no bajo los supuestos hechos falsos señalados por los representantes de la parte demandada, DE QUE DE LA MISMA EN SU PARTE MOTIVA SE DEDUCE EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD QUE CARACTERIZA EL ACTO REGISTRAL, PUES ESO ES ABSOLUTAMENTE FALSO.

 

Resulta irónico para el accionante, que la parte demandada pretenda basar sus alegatos en la parte motiva de la sentencia señalada, cuando por el contrario, la misma concluye: (…).

 

…Omissis…

 

Lo antes indicado solo confirma lo insistentemente manifestado ante las distintas instancias, de que la representación de la parte demandada miente de la manera mas descarada alegando hechos y argumentos falsos, como en el presente caso, donde además basa su defensa en una parte motiva INEXISTENTE en la sentencia.

 

…Omissis…

 

En consecuencia, resulta inconcebible, que los representantes de los demandados pretendan sostener su defensa de caducidad de la acción en una sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que en nada apoya la tesis de los mismos, pues la sentencia definitivamente firme concluyó en declarar, CON LUGAR LA ACCION DE SIMULACIÓN INTENTADA POR LOS ACCIONANTES.

Distinto habría sido, si la sentencia mencionada concluyera en que efectivamente había operado la caducidad de la acción de simulación en ese caso particular, pero no fue así.

Además, es importante precisar que el lapso previsto en el artículo 1.281 del Código Civil referente a la simulación, no es un lapso de CADUCIDAD sino de PRESCRIPCIÓN, como fue establecido en sentencia N° RC-OO196 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 11/04/08 (sic), en el caso de PEDRO OTAZUA BARRENA contra JOSE LERIN SANCHO y otros, en donde se expresó lo siguiente:

…Omissis…

 

Es decir, que en congruencia con el fallo antes referido no es viable que los jurisdicentes conozcan de una prescripción no opuesta en la contestación de la demanda, de conformidad con el artículo 1.956 del Código Civil, se expresa:

“Artículo 1.956.- El Juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta.”

Hago tal reflexión, ya que como lo indique al inicio del punto referente a la caducidad, la representación de los demandados promovieron como defensa de fondo para ser resuelta en la sentencia definitiva la caducidad de la acción intentada por la parte actora, con fundamento en el lapso establecido en el artículo 1.281 del Código Civil.

En consecuencia, promover la defensa de la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCION en el escrito de informes, como pretende la representación de los demandados al folio 153, es intempestivo, por haber expirado la oportunidad legal para ello.

…Omissis…

En efecto, siguiendo la citada corriente doctrinaria, que precisa que el lapso establecido en el artículo 1.281 del Código Civil es de PRESCRIPCIÓN Y NO DE CADUCIDAD, es por lo que solicito que se declare la improcedencia de la defensa de fondo propuesta referente a la caducidad de la acción.

Por otra, las distintas jurisprudencias alegadas por la parte demandada referentes al principio “IURA NOVIT CURIA”, como pretexto para que sea conocida y resuelta por la Juez ad quem la defensa alegada como caducidad por prescripción, solo desdice que conozcan el propósito y verdadero sentido de dicha institución.

Sobre este particular, solo basta señalar, que la norma establecida en el artículo 1.956 del Código Civil, es muy clara e inequívoca al señalar: “EL JUEZ NO PUEDE SUPLIR DE OFICIO LA PRESCRIPCION NO OPUESTA.”

Por lo tanto, la jurisdicente a quo no estaba obligada en absoluto a emitir un pronunciamiento sobre una prescripción no alegada oportunamente, ni mucho menos podía suponer o presumir que efectivamente había sido opuesta la prescripción de la acción con base en el artículo 1.281 eiusdem y no la caducidad.

En todo caso, en el supuesto negado de que este honorable Tribunal considere que si fue opuesta como defensa la prescripción de la acción en la contestación de la demanda, conforme a los artículos 1.281, 1.346 y 1.977 del Código Civil, debo reiterar que en el libelo de la demanda así como en distintos actos procesales se señaló y probó suficientemente, la oportunidad o momentos en que se tuvo conocimiento de la celebración de las ventas demandadas en simulación y que por ello, no se ha consumado la prescripción de 5 o 10 años opuesta

…Omissis…

SE DESPRENDE DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, ASÍ COMO DE OTROS ESCRITOS PRESENTADOS POR REPRESENTACIÓN DE LOS DEMANDADOS DE AUTOS, QUE FUERON PRECISAMENTE ÉSTOS QUIENES AFIRMARON DE MANERA INSISTENTE ANTE EL TRIBUNAL A QUO QUE DEBÍA TENERSE COMO MOMENTO O FECHA DE CONOCIMIENTO LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS DEMANDADOS EN SIMULACIÓN, LA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE REGISTRO DE LOS MISMOS, ELLO SOBRE LA BASE DEL SUPUESTO PRINCIPIO DE PUBLICIDAD QUE CARACTERIZA EL ACTO REGISTRAL, COMO TAMBIÉN LO SEÑALA LA SENTENCIA TRANSCRITA PARCIALMENTE.

Que, si en criterio de los representantes de los demandados, el actor también siempre estuvo en conocimiento de las operaciones realizadas o lo que es lo mismo, que conocían de su existencia desde la fecha de registro de los contratos, desde luego que a ellos concernía, según las normas sobre la distribución de la carga probatoria, demostrar ese conocimiento efectivo por parte del demandante.

Ahora bien, en estricto apego a la doctrina jurisprudencial citada, si los demandados consideraban que el actor tuvo conocimiento de las operaciones realizadas desde su registro o protocolización, por cuanto las mismas no fueron ocultadas u objeto de reserva alguna, desde luego que era a ellos a quienes correspondía la carga probatoria de tales afirmaciones, por tratarse de nuevos hechos alegados, carga con la cual no cumplieron, dado que no se desprende de las catas procesales el fiel cumplimiento de esta obligación.

Por consiguiente, ante la ausencia de prueba en contrario, a criterio de la parte actora debe considerarse que la noticia o conocimiento de los actos demandados en simulación se tuvo en el año 2006, lo cual para mayor abundamiento, se demostró con, la acusación interpuesta en fecha 24 de abril de 2.006 por la FISCALÍA (…), así como, con la prueba de informes y la prueba tecnológica, promovidas y evacuadas oportunamente.

Adicionalmente, es imposible sostener, como lo indica la representación de los demandados, que se tenía conocimiento de la venta celebrada el día 18/11/96 (sic) desde el momento de su registro o protocolización, pues los demandados (…) siempre han ocupado o vivido en su residencia: (…), lo que determina el indicio- RETENTIO-POSSESIONIS E INERTIA- situación que impedía presumir la realización de la venta demandada en simulación.

Por ello, en conformidad con la jurisprudencia citada ut supra, solicito que se declare la improcedencia de la defensa de fondo relativa a la caducidad de la acción, por cuanto el lapso establecido en el artículo 1.281 del Código Civil, es de PRESCRIPCION y no de CADUCIDAD; aunado al hecho de que, si bien se tuvo noticia o conocimiento de los actos demandados en simulación en el año 2.006, la demanda fue interpuesta en ese mismo año y a la fecha de la citación de los codemandado FREDDY ALEXANDER CHACÓN DELGADO Y VICTOR JOSÉ CHACÓN GUERRERO (25/10/06 [sic] y 28/11/06, [sic] respectivamente), no había transcurrido ni siquiera un (1) año del lapso de 5 ó 10 años de prescripción alegados...”. (Mayúsculas, negrillas y subrayado del texto).

 

Ahora bien, del estudio de lo antes transcrito, se evidencia que el fallo emanado del ad quem recurrida en casación, adolece del vicio de incongruencia negativa, dado que la juez de alzada en una evidente desigualdad ante la ley de las partes en litigio, no atendió ni resolvió sobre los alegatos expuestos por la accionante en su escrito de observaciones a los informes rendidos por los demandados ante esa alzada.

Dichos alegatos que deben ser atendidos, refieren entre otros, al rechazo categórico de los demandantes a que se deba tener como momento o fecha de conocimiento de los actos simulados, el correspondiente a la fecha de registro de los mismos, es decir, los días 1° y 18 de noviembre de 1996; y que “…ninguna norma establece que una vez protocolizado o registrado un documento, deba considerarse que los terceros tienen pleno conocimiento del contenido de los mismos, POR ELLO, ANTE LA AUSENCIA DE UNA NORMA LEGAL QUE ATRIBUYA AL ACTO EFECTOS NOTIFICATIVOS ERGA OMNES, NO ES POSIBLE DECLARAR QUE EL LAPSO DE CINCO AÑOS CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 1.281 DEL CÓDIGO CIVIL, DEBA COMPUTARSE A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO REDACTADO…”

Además alegó el demandante en su escrito de observaciones, que “…Adicionalmente, es imposible sostener, como lo indica la representación de los demandados, que se tenía conocimiento de la venta celebrada el día 18/11/96 (sic) desde el momento de su registro o protocolización, pues los demandados (…) siempre han ocupado o vivido en su residencia: (…), lo que determina el indicio- RETENTIO-POSSESIONIS E INERTIA- situación que impedía presumir la realización de la venta demandada en simulación…”.

Alegatos presentados como defensa en contra de la prescripción de la acción propuesta por la demandada, y que sólo podía ser refutada en la observación de los informes presentados por los demandados, como efectivamente lo hizo. (Cfr. Fallo N° RC-453 del 6-8-2009. Exp. N° 2009-166).-

Ha sentado esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en múltiples fallos, que cuando los jueces no se pronuncian sobre los múltiples puntos objeto de la litis, su conducta acarreará la nulidad del fallo dictado, al producirse el vicio de incongruencia negativa, el cual se traduce en una omisión o falta de pronunciamiento sobre un alegato oportunamente formulado en citrapetita o incongruencia omisiva.

La expresión de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de falta de pronunciamiento, enmarca, los casos de incongruencia negativa consistentes en la falta de solución de aquellos puntos controvertidos, que si bien fueron mencionados o citados por el sentenciador, sin embargo sobre ellos, guarda silencio, al no analizarlos, establecerlos, correlacionarlos, calificarlos, apreciarlos o desecharlos; o el caso de silencio total, en el cual, el sentenciador no sólo no se pronuncia sobre el extremo de hecho controvertido, sino que ni siquiera lo menciona en el texto material de la sentencia.

Es importante destacar lo señalado por el jurista español Jaime Guasp, en su libro titulado Derecho Procesal Civil, Tercera Edición, Tomo Primero, Págs. 516 a 518, que determina la congruencia como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto.

De lo que se colige, que el fallo no debe contener más de lo pedido por las partes oportunamente; en -eat iudex ultrapetita partium-, pues, si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva.

Igualmente se entiende, que el fallo no debe contener menos de lo pedido por las partes en -eat iudex citrapetita partium-, dado que con tal conducta incurría en incongruencia negativa, la que se da cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales.

Es importante señalar, que la incongruencia se verifica fundamentalmente por la falta de decisión o solución de un punto controvertido, como es en el caso de autos, en el cual no se conoce el destino de los alegatos hechos en la oportunidad de presentación de las observaciones a los informes presentados ante la alzada.

Es importante señalar, que la sentenciadora de alzada en ninguna parte de la recurrida, hizo ni la más mínima mención de los alegatos presentados en las observaciones del demandante a los informes presentados por los demandados ante la alzada, no obstante si señaló lo expuesto por los demandantes en su escrito de informes.

Estos puntos del problema judicial quedaron insolutos, no se sabe qué se señaló en las observaciones a los informes de alzada como fundamento de la contradicción, en contra de la alegada prescripción extintiva de la acción propuesta por los demandados, y se hace necesario recurrir a las actas del expediente y en específico al señalado escritos observaciones a los informes del los demandados, para poder verificar y comprender a lo que se contraen y la forma en que se plantearon, violándose así el principio procesal de autosuficiencia del fallo, que informa que debe bastarse por sí sólo, como título ejecutivo y máxima representación de la función jurisdiccional, sin que se haga necesario el recurrir a las actas del expediente para saber a qué se refiere la sentencia.

Se entiende así, pues, que el sentenciador de la recurrida, incumplió con el deber que le impone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual lo obliga expresamente a decidir sobre TODO lo que ha sido alegado y probado en autos; esto significa, que el sentenciador está en la obligación de revisar todos los elementos de hecho que han sido traídos por las partes al proceso, como constitutivos de pretensión o como constitutivos de su contradicción, los cuales a su vez, deben ser confrontados y relacionados con los medios de prueba a los efectos de poder establecerlos como ciertos o desecharlos como falsos.

Cuando el sentenciador no revisa todos los elementos de hecho constitutivos de las observaciones a los informes como fundamento de la contradicción, no está decidiendo conforme a lo alegado y probado en autos, con lo cual viola el contenido del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, el sentenciador de la recurrida, incumplió con el deber que le impone el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, porque la abstención de examinar el escrito de observación de los informes presentados por los demandados ante la alzada, en su verdadero sentido, de forma integral, configura un menoscabo claro al derecho a la defensa, y a la igualdad de condiciones de las partes en el juicio.

Igualmente, viola el contenido del artículo 243 en su ordinal quinto (5º) del Código de Procedimiento Civil, en el cual, el legislador obliga al sentenciador a dictar una decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, de modo, pues, que el sentenciador está en el deber de pronunciarse expresamente sobre TODO lo alegado por las partes en el proceso, sobre todos los elementos de hecho que conformaron la demanda y la contestación, y de forma excepcional en los informes u observaciones, términos estos que circunscriben el problema judicial debatido o thema decidendum.

Al respecto, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su fallo de fecha 19 de mayo de 1993, sentó lo siguiente:

 

“...Se entiende así, que el fallo debe ser expreso en el sentido que no puede tener tácitos ni sobre entendidos, de manera, que no se puede inferir o suponer que el sentenciador de la recurrida, en su conocimiento interior analizó y apreció tal alegato de hecho formulado por nuestra representada, sino que, conforme a este principio procesal, se ha de entender que no fue ni analizado, ni establecido, ni apreciado por el sentenciador, ya que ello no consta materialmente del texto de la recurrida.

El fallo debe ser positivo, esto es, que el sentenciador resuelva sobre la totalidad de todo lo controvertido, que no quede nada sin resolver, lo cual no se verifica en este proceso, ya que, nada más y nada menos que un alegato tan fundamental, fue silenciado por el sentenciador, y finalmente, el fallo debe ser preciso, en el sentido de que su dispositivo no presente dudas, sea claro qué fue lo dispuesto sobre lo controvertido, lo cual no se verifica en el caso de autos cuando el sentenciador deja insoluto uno de los extremos de hecho que conforman la contención...”.

Asimismo, en decisión de fecha 20 de noviembre de 1996, expediente N° 1996-508, sentencia N° 398, estableció:

 

“Alega la formalización, la infracción por la recurrida del ordinal 5º del artículo 243 y de los artículos 12 y 244 todos del Código de Procedimiento Civil, al haber omitido pronunciamiento sobre los alegatos esgrimidos en la contestación de la demanda.

Para verificar la certeza de lo aseverado por el formalizante, la Sala de la lectura de la decisión recurrida constata que en la misma, efectivamente, si se omitió pronunciamiento sobre las defensas esgrimidas en el escrito de contestación, ya que una vez expuestos los alegatos del libelo y contestación, se analizaran las pruebas por las partes concluyéndose en lo siguiente...”.

“...por lo que la recurrida se limitó a exponer las conclusiones que derivó de los medios probatorios aportados, sin pronunciarse sobre los alegatos y defensas que hiciera la empresa demandada en el escrito de contestación.

En consecuencia, incurre la decisión recurrida en el vicio de incongruencia negativa al contravenir el principio de exhaustividad de la sentencia, que obliga a los jueces a examinar y resolver todos y cada uno de los alegatos que las partes hayan sometido a su consideración.

De acuerdo con la doctrina de esta Sala, existe omisión de pronunciamiento no solo cuando el juez deja de atenerse a la acción deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sino también cuando silencia alegatos de las partes que se vinculan con la regularidad del procedimiento. (Sentencia de fecha 15 de diciembre de 1966).”

 

En relación a la incongruencia negativa, esta Sala en sentencia N° 103 del 27 de abril de 2001, caso Hyundai de Venezuela, C.A. contra Hyundai Motors Company, expediente N° 2000-405, reiterada mediante fallo N° RC-197 del 14 de octubre de 2004, caso Maura Del Carmen Jiménez Barrios, contra Seguros La Seguridad, C.A., señaló lo siguiente:

 

“...Tiene establecido la jurisprudencia de este Máximo Tribunal, que el vicio de incongruencia del fallo se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración (incongruencia positiva), o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial (incongruencia negativa).

Esta última hipótesis conduce a establecer que el Juez tiene la obligación de considerar y decidir sobre todos y cada uno de los alegatos formulados por sus partes, es decir, sobre todo aquello que constituye un alegato o una defensa, regla ésta llamada principio de exhaustividad.

En este sentido, la Ley adjetiva impone al Juez la determinación y posterior análisis de todos los alegatos y defensas esgrimidas en el proceso, los cuales deben necesariamente ser tomados en cuenta para la sentencia que se emita...”.

Y más recientemente, y en especifico, en cuanto a la incongruencia negativa de los alegatos esgrimidos en los informes u observaciones ante el juez de alzada, como fundamento de la apelación, esta Sala, en su fallo N° RC-190 del 1° de abril de 2014, expediente N° 2013-712, caso: Carmen Matilde Hernández Carmona contra Eduardo Ernesto Sierra, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, determinó lo siguiente:

 

“Aunado a lo anterior, esta Sala ha señalado en torno a los alegatos esgrimidos en informes que son de obligatorio pronunciamiento por parte de los jueces de instancia, lo siguiente:

“...El vicio de incongruencia que constituye infracción del artículo 12 y del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello: en principio, en el libelo de demanda, en la contestación o en los informes cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa y otras similares, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia, el sentenciador está en el deber de resolver en forma expresa, positiva y precisa.

En relación con el pronunciamiento de los jueces sobre lo alegado por las partes en el escrito de informes, la Sala de Casación Civil, ha sostenido lo siguiente:

Aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de la exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Por este mandato ha sostenido la Sala que el sentenciador está obligado a revisar todas las peticiones hechas por las partes en los informes, relacionadas con la confesión ficta u otras similares, pues con ello ha querido darle su justa dimensión a tal acto procesal, sin llegar a descalificarlo. En conclusión, cuando en los escritos de informes se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta u otras similares, sí debe el sentenciador pronunciarse sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa.

De conformidad con la jurisprudencia transcrita, alegatos de confesión ficta, reposición de la causa u otras similares esgrimidos en etapa de informes, son de obligatorio pronunciamiento por parte de la los sentenciadores de alzada so pena de incurrir en incongruencia, de lo que se entiende que no todo alegato formulado en informes y silenciado por el sentenciador de segundo grado, es susceptible de viciar su decisión de omisión de pronunciamiento…” (Negrillas de este fallo), (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 5-5-94, reiterada en decisión de fecha 08-02-96 y, posteriormente ratificada en sentencia del 5-2-98. Inversiones Banmara C.A., c/ Inversiones Villa Magna, C.A.).

De las anterior transcripción se evidencia, que el requisito de congruencia ha sido extendido por la Sala a los alegatos formulados en los escritos de informes, siempre que se trate de peticiones y defensas surgidas en el curso del proceso luego de trabada la litis y, por ende, de imposible presentación en el libelo y la contestación, que resulten determinantes en la suerte del juicio, como serían por ejemplo la confesión ficta, cosa juzgada sobrevenida u otras similares. (Al efecto ver sentencia N° 502 del 17 de septiembre de 2009, caso: Ana Yudely Contreras Colmenares c/ Banco de Venezuela, C.A. Banco Universal)

De igual forma en sentencia de esta Sala N° RC-443 del 30 de julio de 2013, expediente N° 2012-602, caso: ARNALDO PÉREZ AMITESAROVE contra PROMOTORA TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA C.A., bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, se dispuso lo siguiente:

“…Por su parte, el vicio de incongruencia negativa, constituye infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-105 del 20/12/2006. Exp. N° 2006-067, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).

Ahora bien, entre los alegatos que se pueden esgrimir ante el juez de alzada en informes, relacionados con los hechos del proceso, los cuales pueden incluso sobrevenir a la contestación de la demanda y que pueden tener influencia determinante en la suerte del proceso, ad exemplum tenemos los siguientes: Los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso.

Dichos alegatos, de acuerdo a jurisprudencia reiterada de esta Sala, deben ser resueltos de forma expresa, positiva y precisa, por parte del juez, mas no, si se alega la falta de pronunciamiento en torno a un alegado de nulidad de la sentencia apelada, dado que los vicios de la sentencia de instancia no trascienden a casación, al ser esta sentencia sustituida por la de alzada; o la falta de pronunciamiento en torno a un alegato inherente a la reposición de la causa, que debe ser formulado como vicio de reposición preterida o no decretada, o mediante la correspondiente denuncia por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, que degeneren en indefensión.

Lo que determina, que en modo alguno puede ser extendido el requisito de congruencia, respecto de los alegatos articulados en los informes u observaciones ante la alzada, a situaciones expresamente previstas como motivos específicos del recurso extraordinario de casación. (Cfr. Fallo N° 555 del 23/11/2011. Exp. N° 2011-265).”

 

De lo que se entiende que no todo alegato formulado en informes u observaciones y silenciado por el sentenciador de segundo grado, es susceptible de viciar su decisión de omisión de pronunciamiento, dado que deben referirse a peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como son los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso. (Cfr. Fallos recientes de esta Sala N° 399, de fecha 3 de julio de 2015, con ponencia del mismo Magistrado que subscribe la presente, y N° 432, de fecha 16 de julio de 2015, entre muchos otros).

En el presente caso, de lo expuesto en las observaciones del demandante a los informes de los demandados ante la alzada, se entiende el señalamiento del demandante relacionado al momento a considerarse para determinar el lapso de prescripción, fecha determinante que incide directamente en el dispositivo dictado por el tribunal superior, dado que este decidió sin tomar en cuenta dichos alegatos, y fijó el lapso de prescripción de la acción tomando en cuenta otra fecha distinta a la señalada por el demandante como fecha de inicio del lapso.

Por lo tanto, se verifica la violación de normas de orden público al incidir directamente en el debido proceso y derecho a la defensa de la parte intimante, por la falta de pronunciamiento con respecto a tales alegaciones esgrimidas en las observaciones a los informes, para decidir en torno a la verificación o no de la prescripción alegada por la parte demandada.

En consecuencia, el fallo recurrido en su dispositivo NO ES EXPRESO, pues no consta que materialmente en el texto del mismo, haya sido tratado aunque sea en forma tangencial los alegatos de las observaciones a los informes antes descritos, y mucho menos en forma expresa; de igual manera y en consecuencia, su dispositivo NO ES POSITIVO, por cuanto, nunca llega a resolver sobre los alegatos expuestos en las observaciones a los informes; y asimismo NO ES PRECISO, por cuanto, no se conoce la suerte de tales argumentos dentro del proceso, no se sabe si fueron apreciados o si fueron desechados por el sentenciador, si este los analizó o no, si los consideró legales, pertinentes o eficaces.

Conforme a la doctrina de esta Sala, es deber del sentenciador, revisar todos los extremos de hecho que han conformado el problema judicial debatido, iniciando esa revisión mediante su correlación con los medios de prueba producidos en autos, para así establecerlos como probados o desecharlos como no probados. Asimismo, posteriormente a su establecimiento como hechos ciertos y probados, debe proceder a su apreciación y valoración, para poder establecerlos como premisas fácticas (de hecho) que concurrirían a la conjugación final del silogismo jurisdiccional que se desarrolla al momento de tomar una decisión.

Esto obliga, a que el sentenciador cumpla con el principio procesal de la exhaustividad, según el cual, el sentenciador se debe pronunciar sobre todo lo alegado por las partes y solo sobre lo alegado por ellas; sobre todos los elementos de hecho que conformaron los términos de la demanda y de la contestación, y excepcionalmente sobre aquellos alegatos de hecho formulados en el escrito de informes u observaciones, cuando por su gravedad obliguen al sentenciador a solucionarlos.

Así, cuando el sentenciador no se pronuncia sobre los alegatos hechos en las observaciones a los informes, antes descritos, es indudablemente violatorio del principio procesal de exhaustividad que rige a las sentencias, con lo cual, se vicia a la misma de incongruencia negativa, al no pronunciarse el juez de la recurrida, expresamente sobre la suerte de dichos alegatos, violando de esta manera el contenido del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil; no conteniendo así una decisión que no tenga tácitos ni sobre entendidos, que resuelva expresamente sobre todos los puntos concretos objeto de la controversia, los cuales serán resueltos realmente, esto es que sea expresa, positiva y precisa. Violando de igual manera los artículos 12 y 15 eiusdem por las razones anteriormente expuestas en este fallo.

La falta de pronunciamiento por parte del juez de alzada, respecto a varios alegatos que pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso esgrimidos en el escrito de observaciones a los informes ante la alzada, siendo omitidos en su totalidad, no cumple con el principio procesal de exhaustividad que rige a las sentencias.

Por las razones anteriores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por haber infringido el ordinal quinto (5º) del articulo 243 eiusdem, que hace que dicha sentencia sea nula, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 del mismo código, y que permite a esta Sala declararlo así, conforme al artículo 210 ibídem, así como por la infracción de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, se casa el fallo recurrido por estar inficionado del vicio de forma de orden público conocido como incongruencia negativa o citrapetita, en referencia a los alegatos esgrimidos en las observaciones a los informes de alzada, relativos a la prescripción de la acción propuesta, que sólo podían ser refutados (como se hizo) en los informes u observaciones, los cuales fueron silenciados en su totalidad por el juez de la recurrida, en una evidente incongruencia omisiva constitucional, en violación de las garantías constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

Por cuanto se ha encontrado procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem. Así se decide.

D E C I S I Ó N

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la parte demandante, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal, en fecha 2 de julio de 2015.

En consecuencia, SE ANULA la sentencia recurrida y se ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva decisión.

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

No hay condenatoria en las costas del recurso, dada la naturaleza del presente fallo.

Publíquese, regístrese y remítase este expediente al juzgado superior antes mencionado, todo de conformidad con lo estatuido en los artículos 322 y 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de dos mil dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

 

___________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

__________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

 

 

Magistrada,

 

 

 

________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

Magistrada,

 

 

 

______________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

 

Magistrado Ponente,

 

 

 

___________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

 

 

Secretario,

 

 

 

_________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

 

Exp. AA20-C-2015-000628

 

Nota: Publicada en su fecha a las (   )

 

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