Venley

Sentencia N.º RC.000193

Sentencia
N.º RC.000193
Fecha
17/04/2018
Sala
Casación Civil
Expediente
16-471
Ponente
Guillermo Blanco Vázquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. 2016-000471

 

Magistrado Ponente: GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

En el juicio por nulidad de actas de asamblea de accionistas, incoado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Carora, por la sociedad mercantil CORPORACIÓN CAMPANARIO, C.A., representada judicialmente por los abogados Oscar Giménez Martínez, José Antonio Andara Ojeda y Jorge Luís Fernández Rodríguez; contra la empresa BARÓN EL GRANDE, C.A., y el ciudadano FERNANDO ALBES GONCALVES DO NACIMIENTOS, patrocinados judicialmente por los abogados José Jesús Herrera Orellana, Boris Faderpower, Carmen Esperanza Hernández Viloria y Andrés Eloy Sánchez Álvarez; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 2 de mayo de 2016, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la decisión dictada por el a quo en fecha 16 de noviembre de 2015, y en consecuencia declaró con lugar la demanda y la nulidad absoluta de las asambleas extraordinarias celebradas en fechas 15 de enero, 25 de junio y 1º de noviembre de 2013. Hubo condenatoria al pago de las costas.

Contra la precitada decisión, el accionado actuando por medio de su apoderada judicial Carmen Esperanza Hernández, anunció en fecha 9 de mayo de 2016 recurso de casación, el cual fue admitido por el ya mencionado juzgado por auto de fecha de 7 de junio del mismo año, ordenando a su vez la remisión del expediente a esta Sala de Casación Civil.

En data 21 de junio de 2016, se recibió el expediente en esta Máxima Jurisdicción Civil. El 1 de julio de 2016, fue asignada la ponencia al Magistrado Dr. Guillermo Blanco Vázquez, a través de acto público de asignación de ponencia mediante el método de insaculación.

En fecha 7 de julio de 2016, la parte accionada presentó ante el tribunal superior de cognición, escrito de formalización, el cual fue remitido a esta Sala por auto en fecha 11 del mismo mes y año. No hubo impugnación.

El 21 de octubre de 2016 el Juzgado de Sustanciación de esta Sala de Casación Civil, ordenó practicar la notificación a la sociedad mercantil CORPORACIÓN CAMPANARIO, C.A., a los fines de asegurar el ejercicio de la impugnación a la formalización y los actos subsiguientes en el recurso de casación anunciados en el presente juicio; comisionándose la práctica de la misma al juzgado superior ya mencionado.

En data 7 de marzo de 2017 el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, acordó devolver las notificaciones debidamente cumplidas a esta Sala.

Vencidos los lapsos previstos en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala declaró concluida la sustanciación del recurso de casación en fecha 8 de febrero de 2018, procediendo a emitir su pronunciamiento de mérito, previas las consideraciones siguientes:

DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICA

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, el formalizante denuncia que la recurrida violó las normas contenidas en los artículos 478 y 508 del Código de Procedimiento Civil, por error de interpretación en el contenido y alcance de las normas antes citadas, así como por incurrir en una suposición falsa y violación de una máxima de experiencia, fundamentando su delación de la siguiente manera:

“(…) De la anterior cita se tiene que el fundamento básico de la decisión recurrida para declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y, en consecuencia, con lugar la demanda de nulidad de asamblea, se encuentra en que la Juez (sic) “ad quem" (sic), considera que las convocatorias de las asambleas cuya nulidad se demanda se encuentran viciadas porque no se encuentra (sic) especificada la dirección de la sede de la empresa, lugar donde se efectuaron las asambleas, y que no se demostró que el representante de la empresa demandante conocía el lugar donde se encuentra la sede de la empresa (sic) BARON (sic) EL GRANDE, C.A., siendo este el lugar donde se celebraron las asambleas cuya nulidad se demanda.

Con respecto al fundamento de esta decisión, nos permitimos hacer las siguientes observaciones:

(…Omissis…)

Con fundamento en las anteriores consideraciones, es conveniente tomar en cuenta que conforme se planteó la controversia en (sic) base a los alegatos formulados por ambas partes, se puede determinar claramente que el punto básico en controversia (sic) consiste en determinar si la dirección indicada en los carteles de convocatoria de las asambleas cuya nulidad se demanda, como sede de la empresa "BARÓN EL GRANDE C.A." y lugar donde se celebrarían las asambleas cuya convocatoria se realizaba en dichos carteles, era efectivamente el lugar donde se encuentra la sede de la empresa, y esta dirección era conocida por el ciudadano HUMBERTO AGUSTÍN FERNANDEZ (sic) RODRÍGUEZ, representante de la empresa demandante: CORPORACIÓN CAMPANARIO C.A.

En virtud de lo anterior, en nombre de mi representada, se promovió y evacuó la declaración testifical de los ciudadanos: Iginio Antonio Serrano Pérez, Ramón José Mújica Acosta y Osear (sic) José Meléndez Torres, quienes fueron contestes en declarar que conocían al ciudadano HUMBERTO AGUSTÍN FERNANDEZ (sic) RODRÍGUEZ, que les constaba que el mencionado ciudadano era representante de la accionista de la empresa "BARÓN EL GRANDE C.A." y más aún fueron contestes en declarar que les constaba que el día en que se celebró la primera asamblea cuya nulidad se demanda, el mencionado ciudadano HUMBERTO AGUSTÍN FERNANDEZ RODRÍGUEZ, hizo acto de presencia en la sede de la empresa "BARÓN EL GRANDE C.A." y al ser llamado a entrar a la oficina para que participara en las deliberaciones de la asamblea, dicho ciudadano se negó a entrar y se fue de la sede de la empresa; ante el contenido de las declaraciones de los testigos promovidos y evacuados, la Juez (sic) "a quo" (sic) se abstiene de hacer valoración alguna, limitándose a desechar dichas declaraciones, con base a la siguiente argumentación:

(…Omissis…)

De la norma antes citada se tiene que la Juez (sic) "a quo" (sic) ha incurrido en una errónea interpretación acerca del contenido y alcance de esta norma y las contenidas en el ante citado artículo 508 del mismo Código de Procedimiento Civil; por cuanto, la primera norma, el artículo 478, permite desechar la declaración del testigo que sea "AMIGO INTIMO" y al testigo "QUE TENGA INTERÉS EN LAS RESULTAS DEL JUICIO", y en virtud de esta facultad, el Juez (sic) al momento de valorar la prueba, respetando los parámetros de las reglas de la sana crítica, conforme a lo establecido en el antes mencionado artículo 508, debe expresar las razones en virtud de las cuales el deduce la existencia de la "AMISTAD INTIMA" y/o "EL INTERÉS EN LAS RESULTAS DEL JUICIO".

Ahora bien, en el presente caso, en ningún momento del contenido de las declaraciones de los testigos se desprende ninguna circunstancia de la cual se desprenda (sic) que los testigos se encuentren afectados por ninguno de esos motivos, razón por la cual es evidente que la Juez (sic) "ad quem" (sic) incurre en una suposición falsa, al considerar demostrada estas circunstancias sin que existan elementos en autos de los cuales se desprenda prueba alguna de ellas; adicionalmente no tiene ningún fundamento desechar la declaración de un testigo por el simple hecho de ser trabajador de la empresa, por cuanto las mismas máximas de la experiencia nos indican que quienes pueden mejor conocer quiénes han ido o conocen el lugar donde se encuentra la sede de una empresa, son los trabajadores de la misma, y en el presente caso, es lógico el apreciar que los trabajadores de la empresa conozcan y hayan visto en la sede de la empresa "BARÓN EL GRANDE C.A.", al ciudadano HUMBERTO AGUSTÍN FERNANDEZ RODRÍGUEZ, y les constara que el mencionado ciudadano era representante de la accionista de la empresa "BARÓN EL GRANDE C.A.

(…Omissis…)

De las anteriores consideraciones se tiene que en el presente caso la Juez (sic) "ad quem" (sic) ha realizado una valoración parcial y sesgada de las pruebas cursantes en autos, para considerar demostrado el alegato de la parte actora de que el ciudadano HUMBERTO AGUSTÍN FERNANDEZ (sic) RODRÍGUEZ, representante de la empresa CORPORACIÓN CAMPANARIO C.A., accionista de la empresa "BARÓN EL GRANDE C.A.", no sabe dónde se encuentra la sede de la empresa donde él es accionista, obviando o eludiendo apreciar y valorar las pruebas traídas a los autos para acreditar que dicho ciudadano si sabe la dirección de la empresa "BARÓN EL GRANDE C.A.", y hasta fue a dicha sede el día en que se celebró la primera asamblea cuya nulidad se demanda, como sucedió con la prueba testifical promovida y evacuada antes mencionada, a lo que cabe agregar que en la mismas pruebas documentales traídas por la parte actora, consta que en las actas levantadas para dejar constancia de que la parte actora adquirió las acciones de su propiedad en la empresa "BARÓN EL GRANDE C.A.", y las celebradas posteriormente aprobando estados financieros de la empresa, a dichas asambleas, celebradas en la sede de la empresa (sic), compareció el ciudadano HUMBERTO AGUSTÍN FERNANDEZ RODRÍGUEZ, representante de la empresa CORPORACIÓN CAMPANARIO C.A.; por lo que no es sostenible el alegato de la parte actora de que no conoce la dirección de la sede de la empresa (sic) señalado en los carteles contentivos de las convocatorias para las asambleas cuya nulidad se demanda en el presente juicio.

Como consecuencia de lo anterior, la interpretación dada por la Juez (sic) a cargo de las funciones del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a las normas contenidas en los artículos 478 y 508 del Código de Procedimiento Civil, no se ajusta a la interpretación que se le ha dado al alcance y sentido de dichas normas, y su aplicación a el caso concreto del presente juicio; por cuanto si se analiza detenidamente los planteamientos contenidos en las declaraciones de los testigos evacuados, se tendrá de manera clara que en el presente caso, la Juez (sic) "ad quem" (sic) ha realizado una valoración parcial y sesgada de las pruebas cursantes en autos, para considerar demostrado del alegato de la parte actora de que el ciudadano HUMBERTO AGUSTÍN FERNANDEZ (sic) RODRÍGUEZ, representante de la empresa CORPORACIÓN CAMPANARIO C.A., accionista de la empresa "BARÓN EL GRANDE C.A.", no sabe dónde se encuentra la sede de la empresa donde él es accionista, obviando o eludiendo apreciar y valorar las pruebas traídas a los autos para acreditar que dicho ciudadano si (sic) sabe la dirección de la empresa "BARÓN EL GRANDE C.A.", y hasta fue a dicha sede el día en que se celebró la primera asamblea cuya nulidad se demanda, como sucedió con la prueba testifical promovida y evacuada antes mencionada, a lo que cabe agregar que en la mismas pruebas documentales traídas por la parte actora, consta que en las actas levantadas para dejar constancia de que la parte actora (sic) adquirió las acciones de su propiedad en la empresa "BARÓN EL GRANDE C.A.", y las celebradas posteriormente aprobando estados financieros de la empresa, a dichas asambleas, celebradas en la sede de la empresa, compareció el ciudadano HUMBERTO AGUSTÍN FERNANDEZ RODRÍGUEZ, representante de la empresa CORPORACIÓN CAMPANARIO C.A.; por lo que no es sostenible el alegato de la parte actora de que no conoce la dirección de la sede de la empresa señalado (sic) en los carteles contentivos de las convocatorias para las asambleas cuya nulidad se demanda en el presente juicio.

Y, por cuanto el razonamiento realizado por la Juez (sic) "ad quem" (sic) es el fundamento básico y único que tomo (sic) en cuenta la Juez (sic) a cargo de las funciones del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Lara para desechar las declaraciones de los testigos evacuados; se tiene de manera directa la trascendencia de dicha errónea interpretación sobre el dispositivo del fallo, por cuanto, si la mencionada juez se hubiera atenido a la interpretación dada por la doctrina a las normas antes mencionadas, otra hubiera sido la decisión tomada…” (Resaltado y mayúsculas del texto transcrito).

 

De la lectura que antecede, se evidencia que el formalizante acusa a la recurrida de infringir las normas contenidas en los artículos 478 y 508 del Código de Procedimiento Civil, por error de interpretación en su contenido y alcance, alegando a su vez, que la decisión igualmente incurre en una suposición falsa y la violación de una máxima de experiencia.

Sostiene el recurrente, que el juzgador de alzada consideró erradamente que las convocatorias de las asambleas cuya nulidad fueron declaradas, se encontraban viciadas por no especificar en ellas la dirección de la sede de la empresa, es decir, el lugar donde se efectuaron las mismas; aun cuando, a criterio del accionado, había quedado demostrado en el proceso que el representante de la empresa demandante conocía el lugar donde se encuentra la sede de la accionada.

En cuanto al error de interpretación de los artículos 478 y 508 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante que la recurrida mal pudo determinar que en las declaraciones de los testigos se podía apreciar que alguno de los deponentes tenía interés directo en las resultas del juicio, sosteniendo que dicha interpretación, condujo al juzgador de alzada a incurrir en una suposición falsa, llevándolo a desechar la declaración de un testigo por el simple hecho de ser trabajador de la empresa demandada.

En este orden de ideas, considera el formalizante que el error del ad quem, el cual lo condujo a desechar el mencionado testigo bajo los argumentos ya señalados, produjo a su vez la infracción de una máxima de experiencia, ya que debió el juzgador de alzada considerar, que el trabajador de una empresa es una persona idónea para demostrar dentro de un proceso la dirección donde se encuentra la sede de su lugar de trabajo, y en su criterio, además puede dar fe, en cuanto al conocimiento de las personas que laboran en dicha compañía, así como de la directiva de la misma.

Del mismo modo, insiste en que el juzgador de alzada realizó una valoración parcial y sesgada de las pruebas cursantes en autos, como en el caso de la prueba de testigos, la cual, de no haber sido desechada por el ad quem, dejaba sin argumentos a la actora, en cuanto a su desconocimiento de dónde se encontraba la sede de la empresa donde este es accionista, quedando además expuesto de acuerdo con las deposiciones del testigo desechado, que el accionante concurrió a dicha sede el día en que se celebró la primera asamblea cuya nulidad demandó.

Sostiene el recurrente, en cuanto a las pruebas documentales traídas por la accionante al proceso, que la actora había concurrido con anterioridad al lugar donde se encuentra ubicada la empresa demandada, y por ende conocía su dirección, soportando sus dichos en las actas donde consta que el demandante adquirió acciones de la citada compañía, y asistió a asambleas posteriores a los fines de aprobar los estados financieros de la demandada, por lo cual considera, que no es sostenible el alegato de la actora, con relación a que no conocer la dirección física de la empresa, justificándose en que en los carteles de convocatoria no se precisaba la ubicación de la accionada.

Concluye el recurrente argumentando, que de haber interpretado el juzgador de alzada correctamente el contenido y alcance de los artículos 478 y 508 del Código de Procedimiento Civil en su aplicación al caso concreto; no hubiera procedido a desechar las declaraciones de los testigos evacuados; considerando que la denuncia resulta trascendente sobre el dispositivo del fallo, por cuanto, si la mencionada juez se hubiera atenido a la interpretación dada por la doctrina a las normas antes mencionadas, otra hubiera sido la decisión tomada.

Para decidir, la Sala observa:

Verifica esta Sala, que la denuncia central del recurrente se basa en señalar la errónea interpretación por parte de la recurrida, de los artículos 478 y 508 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, insiste en que el error de interpretación del ad quem resulta evidente, toda vez que -a su decir- la recurrida desechó la declaración de uno de los testigos al considerar que estaba impedido de rendir sus deposiciones en juicio por tener un interés directo en sus resultas, ello con ocasión a la relación de dependencia con la empresa accionada en su condición de trabajador de la misma.

Respecto a la denuncia del 478 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación, observa la Sala que la referida norma dispone lo siguiente:

“…No puede tampoco testificar el magistrado (sic) en la causa en que este conociendo; el abogado o apoderado por la parte a quien represente; el vendedor, en las causas de evicción, sobre la cosa vendida; los socios en asuntos que pertenezcan a la compañía. El heredero presunto, el donatario, el que tenga interés, aunque sea indirecto, en las resultas de un pleito, y el amigo íntimo, no pueden testificar a favor de aquellos con quienes le comprenda estas relaciones. El enemigo no puede testificar contra su enemigo…” (Resaltado de la Sala).

 

 

La norma transcrita contiene las causales que deben ser atendidas por los jueces de mérito para desechar la declaración de los testigos que pudieran estar comprendidos dentro de sus premisas, que los convertiría en inhábiles para testificar en juicio.

En ese sentido, lo previsto en el artículo 478 antes indicado, establece como una de las causales de inhabilidad relativa, que el testigo tenga algún interés en las resultas del juicio, con independencia de que este sea directo o indirecto. Bajo tales premisas, el testigo calificado como inhábil se encuentra impedido para declarar en juicio.

En el caso bajo examen, la recurrida estimó la declaración de los testigos promovidos y evacuados por la parte demandada, en los siguientes términos:

“…Promueve la declaración testimonial de los ciudadanos Iginio Agustín Fernández Rodríguez y Oscar José Meléndez Torres, titulares de las cédulas de identidad Nº (sic) 11.697.710 y 13.777.335 respectivamente; de los cuales se evacuaron el primero y el último.

En relación al primero de los nombrados, se debe señalara (sic) que en una de las preguntas manifiesta que es amigo de la parte demandada, que fue quien lo promovió como testigo; esta circunstancia a juicio de quien juzga conduce a que dicha testimonial deba ser desestimada a tenor de lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.

Y con respecto al segundo de los testigos se observa que entre él y su promovente existe una relación de dependencia, ya que es empleado de este último, por lo que podemos inferir su interés indirecto en las resultas del juicio; por lo que conforme a lo establecido en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, dicho testimonio es desestimado…”.

 

Observa esta Sala según lo señalado por la recurrida, con relación al primer testigo que el sentenciador superior desestimó la prueba testimonial interpuesta por la demandada, argumentando que de una de las preguntas realizadas al mismo, manifestó ser amigo íntimo del promovente.

Con relación al segundo testigo, el ad quem señaló, que entre él y el accionado existía una relación de dependencia que hacía inferir al juzgador, el posible interés indirecto en las resultas del juicio.

Ahora bien, la declaración de una persona dentro de un juicio a través de la cual puede dar razón de saber y constarle hechos que los contendores pretenden aclarar, es lo que se conoce como prueba testimonial. En tal sentido, esta persona denominada testigo, debe ser calificada por el juzgador de acuerdo con su capacidad, la cual puede distinguirse en hábil o inhábil, según exista o no en dicha persona, un motivo especial que le reste calidad moral o verosimilitud a sus dichos.

Los impedimentos para testificar son delineados por la doctrina en absolutos y relativos, siendo los primeros, no susceptibles de allanamiento a instancia de parte, por lo que el juez se encuentra impedido por ley de recibirlos, siempre que exista plena prueba de tal circunstancia, pero, en relación a los segundos es permisible la percepción del testimonio.

De manera pues, que el régimen procesal civil en cuanto a las condiciones para ser testigo, aplica los artículos 477, 478, 479 y 480 del Código de Procedimiento Civil, que imperativamente prohíbe testificar en juicio al menor de doce (12) años, quienes se hallen en interdicción por causa de demencia, los que hagan de profesión testificar en juicios, el Magistrado en la causa en que esté conociendo; el abogado o apoderado por la parte a quien represente; el vendedor, en causa de evicción sobre la cosa vendida; los socios en asuntos que pertenezcan a la compañía; el heredero presunto, el donatario, el que tenga interés, aunque sea indirecto, en las resultas de un pleito y el amigo íntimo, a favor de aquellos con quienes les comprenda estas relaciones; el enemigo no puede declarar en contra de su enemigo.

Ahora bien, la determinación de si el testigo tiene o no interés directo o indirecto en el juicio es una cuestión de hecho que queda reservada a la soberanía de criterio de los jueces de instancia, debido a que el precepto legal contiene solamente un concepto abstracto y genérico, dentro del cual caben variedad de situaciones que el legislador dejó a la ponderación del funcionario judicial (Sala de Casación Civil, sentencia del 14-11-74, Repertorio Forense, N° 2.969, p. 3).

Al respecto, esta Sala en sentencia N° 110 del 21 de marzo de 2013, expediente N° 12-437, caso: Hotel Kristoff, C.A., contra Anthony Charles Kristoff Hernáez y otros, se estableció que:

“…el interés que un testigo pueda tener en las resultas de un juicio sólo puede ser medido por los jueces que conocen del fondo de la controversia, sin que el modo como ellos ejerzan esa facultad pueda originar alguna denuncia ante esta sede de casación, pues, esa actividad corresponde a la soberanía de los jueces de instancia en cuanto a la apreciación de la prueba testimonial…”. (Resaltado de la Sala).

 

Aunado a lo antes señalado, esta Máxima Instancia Civil en decisión N° 608 de fecha 15 de octubre de 2015, expediente N° 15-013, caso: Hotelera Sol, C.A. contra Mercantil Bank Curacao N.V., estableció lo siguiente:

“…En relación con la inhabilidad relativa del testigo previsto en el mencionado artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, el autor venezolano Arístides Rengel Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, tomo IV, págs. 316 y 317, señala:

‘2) La misma norma que comentamos, contempla varios casos en los cuales no puede testificar a favor de aquellas personas con quienes les comprenden ciertas relaciones: “El heredero presunto, el donatario, el que tenga interés, aunque sea indirecto en las resultas del pleito, y el amigo íntimo, no pueden testificar a favor de aquellos con quienes tienen estas relaciones. El enemigo, no puede testificar contra su enemigo’.

3) A su vez, el Art. 479 establece: “Nadie puede ser testigo en contra ni a favor de sus ascendientes o descendientes o de su cónyuge. El sirviente doméstico no podrá ser testigo ni a favor ni en contra de quien lo tenga a su servicio”.

4) Finalmente, según el Art. 480: “Tampoco pueden ser testigos a favor de las partes que los presenten, los parientes consanguíneos o afines: los primeros hasta el cuarto grado, y los demás hasta el segundo grado, ambos inclusive. Se exceptúan aquellos casos en que se trate de probar parentesco o edad, en los cuales pueden ser testigos los parientes, aun cuando sean ascendientes o descendientes”.

Todas estas inhabilidades, recogen indudablemente una secular tradición, fundada ciertamente en la experiencia de la lamentable debilidad humana, proclive a dejarse llevar por el interés económico, los sentimientos de amistad, de enemistad o por el vínculo familiar, en sus juicios, dejando a un lado los valores éticos y la lucha por la verdad y la justicia...”. (Subrayado de la Sala).

En este mismo orden de ideas, Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, tomo III, pag. 514, señala:

‘Denominamos inhabilidad relativa a los casos que comprende este artículo, por el hecho de que se relaciona con el objeto litigioso o con las partes, al igual que la que existe en el juez o funcionario judicial para conocer la causa (Art. 82). El común denominador de estas inhabilidades para testificar es el interés directo o indirecto, pecuniario o no, que se tenga en el pleito: el abogado o patrocinador del juicio está comprometido con los intereses de su cliente, al cual está relacionado su interés profesional y económico.’.

Ahora bien, esta Sala constata que en el escrito de promoción de pruebas la oferida señaló que el objeto de la prueba era que los testigos declararan sobre el conocimiento que tuvieran sobre la forma como la oferente venía efectuando los pagos de sus obligaciones a la oferida.

Por su parte la oferente se opuso a la admisión de la prueba de testigos alegando que sus deposiciones versarían sobre hechos admitidos. También fundamentaron su oposición afirmando que la testigo Zaida María González García era representante de la oferida, lo cual se evidenciaba en el texto del contrato que consta en instrumento autenticado en la Notaría Pública Trigésima Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 23 de agosto de 2005, anotado bajo el Nº 65, tomo 53, aunado a que -según la oferente- dicha circunstancia es reconocida en el escrito de promoción de pruebas. Igualmente, se oponen a la testimonial del testigo José Ignacio Diez Hernández, pues alega que el mismo también es representante de la oferida, a los efectos del contrato, ya que -según su decir- se evidencia de autos que ambos testigos son agentes de cobranza de la oferida, lo que implicaría su interés en las resultas de esta causa ya que manifestó ser el consultor jurídico de la demandada.

Ahora bien, en el presente caso el juez de la recurrida declaró inadmisible las testimoniales, al igual que el juzgador de la causa, por considerar que los testigos promovidos por la oferida estaban incursos en la causal de inhabilidad relativa consagrada en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, por tener interés directo en lo discutido en la presente causa, ya que los testigos se habían desempeñado como mandatarios de la oferida promovente de la prueba, todo ello a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.684 y 1.685 del Código Civil.

Estima la Sala que tal proceder por parte del juez de alzada es correcto, por cuanto es evidente que se configura una inhabilidad relativa, pues, la condición de los testigos promovidos por la oferida implica un interés directo en las resultas del juicio, por ser mandatarios de la oferida, lo cual significa que están comprometidos con los intereses de su mandante, pues por disposición expresa del artículo 478 eiusdem, no puede testificar el que tenga interés, aunque sea indirecto en las resultas del pleito, por ende, al determinar el ad quem -con las pruebas cursantes en autos- que los testigos promovidos por la oferida son mandatarios de esta, no pueden testificar a favor de la oferida, ya que les une una relación de mandato, por lo tanto se evidencia el interés directo que tendrían los testigos en las resultas del presente juicio, lo cual determina su inhabilidad para testificar.

Por lo demás estima la Sala advertir, que si el recurrente considera que los testigos promovidos por la oferida no estaban incursos en la inhabilidad establecida por el juez de alzada, ha debido interponer otro tipo de denuncia en la cual acuse el error cometido por el ad quem al considerar que los testigos promovidos por la oferida estaban incursos en la causal de inhabilidad relativa consagrada en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, por tener interés directo en lo discutido en la presente causa, ya que los testigos se habían desempeñado como mandatarios de la oferida promovente de la prueba”. (Resaltados de la Sala).

 

Se desprende de las recientes jurisprudencias supra transcritas, que no solo la Sala ha establecido que el interés del testigo en juicio sólo puede ser medido por los jueces de instancia dentro de sus consideraciones, facultad esta, que no puede originar denuncia alguna en esta sede casacional ya que la misma deriva de una actividad que corresponde a la soberanía propia de los juzgadores en su proceso de cognición, sino que además, ha dejado establecido que existe una inhabilidad relativa en aquellos casos en donde el testigo sostenga una relación de dependencia con el promovente, lo que conlleva de manifiesto, a que surja un interés en las resultas del juicio, materializándose en el declarante una de las causales de inhabilidad relativa del artículo 478 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, en lo que respecta a la denuncia de infracción del artículo 508 eiusdem, señala el recurrente, que el juzgador de alzada al momento de valorar la prueba debió respetar los parámetros de la sana crítica, expresando las razones en virtud de las cuales estableció sus argumentos para desechar dichas testimoniales.

En tal sentido observa esta Sala, en concordancia con la transcripción pertinente de la recurrida, que el ad quem lejos de lo señalado por el formalizante, dejó claramente expuestos sus argumentos a través de los cuales consideró que los testigos debían ser desechados, siendo que, en el caso del ciudadano Iginio Fernández, el mismo había dejado claramente señalado en sus deposiciones ser amigo de la accionada, razón suficiente para considerarlo incurso en una de las causales taxativas establecidas en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que, en el caso del ciudadano Oscar Meléndez, el juzgador de alzada señaló, que existía una relación laboral de dependencia y un interés en las resultas del juicio, interpretación ésta, que de acuerdo con las jurisprudencias citadas, permitían a la recurrida desechar esta testimonial, ya que en particular en cuanto a la dependencia laboral, estima esta Máxima Jurisdicente que dicha relación de mandato entre el testigo trabajador y la empresa, origina evidentemente un interés en las resultas del proceso que ponen en entre dicho la fiabilidad del deponente, y en consecuencia su condición como testigo.

Con base a las consideraciones que anteceden, esta Sala determina que la recurrida no infringió las normas contenidas en los artículo 478 y 508 del Código de Procedimiento Civil por errónea interpretación. Así se establece.

Ahora bien, resulta necesario advertir que la actividad del juzgador de alzada en el establecimiento o apreciación de la prueba, sólo puede ser denunciada por medio de los alegatos de suposición falsa, violación de máximas de experiencia, infracción de las normas reguladoras del examen de la prueba en general o de la testimonial y las relativas a las condiciones de modo, tiempo y lugar, por lo cual, a menos que se cometa la violación de una norma expresa en el establecimiento o valoración de la prueba, se cometa el vicio de suposición falsa, se incurra en la violación de una máxima de experiencia, o se incurra en la violación de cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la prueba testimonial, no puede ser impugnada en casación la apreciación de la prueba de testigos por parte del juez de alzada, al ser una función potestativa de su competencia.

Señalado lo anterior, precisa necesario esta Sala destacar, que el formalizante denunció el vicio de suposición falsa que a su decir afecta a la recurrida, al considerar que en ningún momento de las declaraciones de los testigos desechadas por el ad quem, se deduzca motivo alguno que afectara su credibilidad, indicando que el juzgador de alzada consideró demostrada dichas circunstancias sin existir elementos en autos que le permitieran descartar al testigo por el simple hecho de ser trabajador de la empresa

En cuanto al vicio de falsa suposición, la Sala en sentencia N° 287 de fecha 2 de mayo de 2016, expediente N° 2015-000718, caso: Gonzalo Oliveros Navarro y otros contra Hirme Romero Velásquez, señaló:

“...Ahora bien, antes de entrar a su resolución, tenemos que esta Sala en jurisprudencia reiterada y pacífica, ha sostenido el criterio según el cual para que una denuncia de suposición falsa prospere, el denunciante debe cumplir ciertos requisitos que han sido establecidos y que pueden evidenciarse de la sentencia N° 397, de fecha 11 de agosto de 2011, expediente N°2011-000233, juicio de Marcia Contreras Fernández y otra, contra Marisela Coromoto León Decan, en la que se ratificó:

‘En relación a la suposición falsa ha sido reiterada jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil, en que la misma tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez estableció falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, cuya inexistencia resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. (…).

En sentencia Nº 845 del 10/12/08, expediente Nº 2008-00008, en el juicio de Martha Virginia Gillés Redondo, contra Jorge Eliécer Peñuela Ortega con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe esta, se ratificó:

La doctrina casacionista reiterada de esta Sala, ha sostenido el criterio según el que el falso supuesto o suposición falsa se produce en los casos en los que el Juez mediante una prueba inexistente, falsa o inexacta afirma o establece un hecho. Es decir, para que se pueda tratar del vicio de suposición falsa, este tiene necesariamente que referirse a un hecho positivo y concreto.

Sobre la suposición falsa esta Sala, entre otras decisiones, en la N° 339 de fecha 30 de julio de 2002, aún vigente, caso Nazareno Enrico D’Ambrosio Rea y otra contra Inversiones Bricalla, S.A., expediente N° 2002-000032, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, ratificó lo siguiente:

En este orden de ideas el falso supuesto o suposición falsa, tiene como premisa el establecimiento por parte del Juez, de un hecho positivo y concreto sin respaldo probatorio en el expediente. Esta es la doctrina tradicional de la Sala mantenida hasta el presente, bien sea por atribuir a un acta o documento del expediente menciones que no contiene, o por haber dado por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen de autos; o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. De tal manera pues, que la figura de suposición falsa, tiene que referirse obligatoriamente a un hecho positivo y concreto, de lo contrario no estamos en presencia del falso supuesto o suposición falsa.

Para la formalización de la denuncia del vicio de suposición falsa, la Sala, en fecha 20-1-99, Exp. Nº 97-177, Sentencia Nº 13, ha elaborado la siguiente doctrina:’

Esta Sala de Casación Civil, establece los siguientes requisitos: a) por cuanto la falsa suposición constituye un vicio de juzgamiento configurativo de un error facti in iudicando de hecho propiamente dicho, se precisa encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 320 ejusdem; b) por cuanto la suposición falsa consiste en dar por demostrado un hecho positivo, particular y concreto sin el apropiado respaldo probatorio, debe indicarse el mimo con el contexto de la denuncia; c) por cuanto existen tres sub-hipótesis de suposición falsa contempladas en el artículo 320 ejusdem, especificar de cuál de dichas sub-hipótesis se trata; d) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa, salvo que se trate de la sub-hipótesis de prueba inexistente; e) la denuncia, como infringidos, por falsa o falta de aplicación, de los preceptos o normas jurídicas que en la recurrida se utilizaron o se dejaron de utilizar, respectivamente, como resultado del hecho particular, positivo y concreto, falsamente supuesto; normas jurídicas que pueden ser tanto de derecho sustantivo como de derecho adjetivo; f) en indisoluble conexión con el requisito expuesto en el literal anterior, está la exigencia de que se explique las razones que demuestren que la suposición falsa cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia…” (Resaltado es del texto transcrito).

 

Con base a lo anterior tenemos que el formalizante denuncia la suposición falsa sin cumplir con la técnica requerida por esta sede casacional, puesto que el mismo se limita a señalar que del “contenido de las declaraciones de los testigos, se desprenda que los testigos se encuentren afectados por ningunos de esos motivos, razón por la cual es evidente que la Juez (...) incurre en una suposición falsa, al considerar demostrada esta circunstancias sin que existan elementos en autos de los cuales se desprendan pruebas algunas de ellas; adicionalmente no tiene ningún fundamento desechar la declaración de un testigo por el simple hecho de ser trabajador de la empresa”.

Ahora bien, de acuerdo con la doctrina casacionista reiterada de esta Sala, y supra señalada, la denuncia de falso supuesto o suposición falsa se produce en los casos en los que el Juez mediante una prueba inexistente, falsa o inexacta afirma o establece un hecho. Es decir, para que se pueda tratar del vicio de suposición falsa, este tiene necesariamente que referirse a un hecho positivo y concreto.

El error de hecho al juzgar los hechos o falsa suposición que constituye un vicio de juzgamiento, se precisa encuadrar en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiudesm; señalando cuál es el hecho positivo, concreto y preciso que el juez de alzada estableció sin el debido respaldo probatorio, indicar además, en cuál de los tres casos de suposición falsa pretende encuadrar su denuncia.

En cuanto a los tres casos de falsa suposición, consistentes en el error de percepción cometido por el juez de instancia en torno al material probatorio traído al proceso, tenemos un primer supuesto al atribuirle a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, un segundo supuesto, al dar por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, y un tercer supuesto, por demostrar un hecho cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo; a su vez, el formalizante debe explicar, las razones que demuestran que la suposición falsa cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia.

En el caso bajo estudio, el recurrente en casación delata las presuntas suposiciones falsas sin señalar a que modalidad atribuye la misma, sin expresar el hecho positivo y concreto establecido por la juez superior, y al mismo tiempo sólo se limitó a atacar la conclusión de la sentenciadora acerca de la prueba testimonial presentada por el accionado sin fundamentar que existan elementos en autos por los cuales el juez desechó las declaraciones de un testigo por el simple hecho de ser trabajador de la empresa, y menos aún, como el supuesto vicio delatado, resultó determinante en el dispositivo de la sentencia, motivo suficiente para desechar la presente denuncia por falta de fundamentación. Así se decide.

En este mismo orden de ideas, acusa el recurrente que la decisión de alzada elude apreciar y valorar pruebas traídas al proceso, que podía acreditar que la actora conocía la ubicación física de la empresa accionada, refiriéndose a unas documentales traídas al juicio por la accionante, como son las actas donde se dejó constancia de la adquisición de las acciones por parte de la demandante, y las actas levantas en la sede de la compañía para aprobación de estados financieros, donde se desprende la comparecencia del ciudadano Humberto Agustín Fernández representante de la sociedad mercantil Corporación Campanario C.A., instrumentos estos, que desvirtúan los dichos de la actora, con relación a desconocer la dirección de la empresa donde se celebró las asambleas que fueron declaradas nulas.

De los alegatos expuestos en la denuncia, se precisa que el formalizante en sus argumentaciones y entremezcla de denuncias, asoma la posibilidad de que el juzgador de alzada hubiera dejado de conocer y valorar, unas documentales traídas al proceso, las cuales a su decir, verificaría su aserto, en cuanto a que el actor conocía la sede de la empresa accionada.

Sobre el particular, la Sala precisa oportuno reiterar, que el vicio de silencio de pruebas debe ser delatado conjuntamente con los artículo 313 ordinal 2º, 320 y 509 del Código de Procedimiento Civil, indicando el error de derecho en el que incurrió el juzgador en el establecimiento de los hechos, el cual no hubiera ocurrido, de no haberse silenciado determinada prueba, señalando adicionalmente su influencia en las resultas del proceso, así como la norma aplicable para la correcta valoración de la prueba silenciada; circunstancias estas que no se deducen de la denuncia expuesta por el formalizante en esta sede casacional.

Sin embargo, para la casación por silencio de pruebas, resulta necesario y trascendente establecer, la potencialidad que la presunta prueba silenciada tendría en el proceso, para producir la demolición de la decisión efectuada por el ad quem, visto así, esta Sala acuerda en beneficio del contenido normativo dispuesto en los artículo 26 y 257 de la Carta Política vigente, verificar la trascendencia de las referidas pruebas.

Sobre el vicio de silencio de pruebas, la Sala de Casación Civil ha establecido, mediante sentencia Nº 235, de fecha 4 de mayo de 2009, expediente N° 07-570, caso: Julio Germán Betancourt contra Virginia Portilla y otra, lo siguiente:

“…Es criterio reiterado de esta Sala que el vicio de silencio de pruebas se produce cuando el sentenciador ignora por completo el medio probatorio, o hace mención de él pero no expresa su mérito probatorio, pues el representante del órgano jurisdiccional está en la obligación de valorar todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes con independencia de quien la promovió…”. (Negrillas de la cita).

 

En efecto, siendo la finalidad de los medios de prueba la demostración de las afirmaciones o negaciones de las partes, el juez tiene el deber, no sólo de mencionar o expresar el medio en la motiva del fallo, su deber va más allá, debe ser eficiente, y analizar además, el establecimiento de los hechos pertinentes que dicha prueba vierte a los autos.

Por ello, cuando quien decide no hace mención de los hechos que dio por demostrados mediante una determinada prueba, infringe el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que no contiene otra cosa distinta que una norma que regula el establecimiento de los hechos de obligatorio cumplimiento según lo dispuesto por el legislador.

En atención al precedente jurisprudencial, el vicio de silencio de pruebas se configura cuando el juzgador no toma en cuenta en lo absoluto, algún medio probatorio sometido a su consideración por las partes, o cuando aún haciendo mención sobre éste, no expresa su mérito o valor, no obstante que la ley adjetiva que rige la materia lo constriñe a ofrecer un análisis y pronunciamiento al respecto; el juez omite dar criterio o mención alguna sobre una prueba o se limita al referirla sin dar alguna valoración sobre ésta y, es importante destacar que tal vicio debe ser determinante en el dispositivo del fallo.

Precisado lo anterior, resulta propicio hacer mención a los requisitos que debe cumplir una denuncia que pretenda delatar el vicio de silencio de pruebas. Al respecto, la Sala de Casación Civil mediante sentencia Nº 211, de fecha 21 de marzo de 2006, expediente N° 05-245, caso: Farmacia Atabán s.r.l., contra Caja de Ahorros de los Bomberos Metropolitanos de Caracas, estableció lo siguiente:

“…por constituir un error de juzgamiento, el recurso de casación sólo procede si la infracción es determinante en el dispositivo del fallo, lo que en relación con el silencio de prueba tiene que ver con la importancia de la misma en la suerte de la controversia, pues si el medio probatorio es ineficaz por alguna razón de derecho, la denuncia deberá ser declarada improcedente. (Sentencia de fecha 4 de abril de 2001, caso: Eudocia Rojas c/ Pacca Cumanacoa).

Las hipótesis que en esta situación pueden plantearse son de gran variedad, y deberá ser precisado en la resolución de cada caso, entre los cuales pueden citarse los siguientes:

1) La prueba silenciada se refiere a hechos manifiestamente impertinentes con los discutidos en el proceso.

2) El medio probatorio es ineficaz, pues no fue promovido y evacuado de conformidad con los requisitos exigidos en la ley.

3) La prueba que no fue analizada se refiere a hechos que resultaron establecidos por el juez, con base en otra prueba que por disposición legal tiene mayor eficacia probatoria.

4) La prueba silenciada es manifiestamente ilegal.

5) La ley dispone que el hecho no puede ser establecido con base en la prueba silenciada; por ejemplo, el artículo 1.387 del Código Civil prevé que no es admisible la prueba de testigo para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto excede de dos mil bolívares (Bs. 2.000,oo). O por el contrario, la ley establece que el hecho sólo puede ser demostrado por un determinado medio de prueba, que no es la silenciada; por ejemplo, el artículo 549 del Código de Comercio que establece que el contrato de seguro se prueba por un documento público o privado llamado póliza.

6) Los casos en los cuales se promueve una prueba sin indicar el objeto de la misma, lo cual impide cumplir el mandato del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, y al juez acatar lo previsto en el 398 eiusdem.

 

En los casos mencionados, existe una razón de derecho que impide el examen de la prueba, lo cual pone de manifiesto su ineficacia probatoria y, por ende, que no es decisiva en el dispositivo del fallo…”. (Resaltado de la Sala).

 

De acuerdo con el anterior criterio, se pone de relieve, que para que prospere cualquier denuncia por error de juzgamiento, entre las que se cuentan aquellas dirigidas a delatar el vicio de silencio de pruebas, es estrictamente necesario, que se demuestre, que la infracción cometida por el juez, ha tenido influencia determinante en el dispositivo del fallo, lo cual encuentra justificación, en el propósito de evitar que se produzca una casación inútil, contraria a los postulados previstos en los artículos 26 y 257 de nuestra Carta Magna.

Por otra parte, el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, delatado como infringido, dispone textualmente lo siguiente:

“Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ella.”.

 

Respecto a la citada norma jurídica, la Sala de Casación Civil en decisión Nº 007, de fecha 16 de enero de 2009, en el juicio incoado por César Palenzona Boccardo contra María Alejandra Palenzona Olavarría, reiterando la decisión de fecha 5 de abril de 2001, caso: Eudocia Rojas contra Pacca Cumanacoa, estableció lo siguiente:

“...el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, constituye una obligación para el jurisdicente necesaria para establecer su criterio valorativo de las pruebas incorporadas en el expediente con relación a los hechos. Esta es una de las modalidades previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que permite a la Sala examinar las actas procesales y extenderse al establecimiento y apreciación de los hechos y de las pruebas…”.

 

De acuerdo con la normativa legal citada y los criterios jurisprudenciales previamente transcritos, se observa que tales razonamientos se vinculan estrechamente al principio de exhaustividad, según el cual, el juez tiene la obligación de examinar todas las pruebas incorporadas a los autos y, en este sentido, expresar su criterio y valoración al respecto.

En la presente denuncia el formalizante expone que el sentenciador de alzada incurrió en el vicio de silencio parcial de pruebas, porque dejó de analizar unas documentales traídas al proceso por la actora, específicamente las copias de las actas de asamblea presentadas con el libelo de demanda, constates a los folios 15 al 45 de la pieza 1/1, las cuales, según sus dichos, eran vitales para establecer que aun cuando los carteles de convocatoria publicados en presa para la realización de las asambleas declaradas nulas no especificaban concretamente la dirección donde se efectuaría dichas reuniones, la cual no era otra que la sede física de la empresa “Barón El Grande C.A.”, se podía verificar que la actora conocía la ubicación de la compañía accionada, es decir, el lugar donde se realizaron las asambleas.

En tal sentido, sostiene el recurrente que de haber sido debidamente analizadas por el ad quem, otra sería la conclusión jurídica arrojada por el fallo de alzada, ya que de los mencionados instrumentos se desprende que el acciónate concurrió a la sede de la compañía en otras oportunidades donde se efectuaron asambleas de accionistas, por lo que, la falencia en las convocatoria, no serían trascendentes para justificar la ausencia de la acciónate, dado el conocimiento que la actora poseía en cuanto a la dirección.

Ahora bien, esta Sala de Casación Civil, debe señalar que, como ya se explicó supra, para la procedencia de una denuncia por infracción de ley, es necesario que ésta sea de influencia determinante en el dispositivo del fallo, lo cual no fue indicado por el recurrente, sino que se limitó a decir que “…la Juez (sic) “a quem” (sic) ha realizado una valoración parcial y sesgada de las pruebas cursantes en autos, para considerar demostrado el alegato de la parte actora de que (…), no sabe dónde se encuentra la sede de la empresa donde él es accionista, obviando (…) apreciar y valorar las pruebas traídas a los autos para acreditar que dicho ciudadano si sabe la dirección de la empresa “BARÓN EL GRANDE, C.A.”…”.

Ahora bien, la Sala observa que de las actas de asamblea supuestamente silenciadas, referidas por el formalizante, cursantes a los folios 15 al 45 de la pieza 1/1, efectivamente dan cuenta de la realización de otras asambleas de accionistas donde concurren tanto la actora como el accionado, sin que de ellas se desprenda la dirección exacta de la empresa Barón El Grande C.A., siendo en consecuencia insuficiente y sin respaldo, la afirmación del conocimiento del recurrente en cuanto a la dirección física de la empresa demandada.

Así las cosas, resulta necesario acotar que la trascendencia de las pruebas vertidas en el expediente tanto las documentales como las deposiciones de testigos, no podía subsanar las falencias de los carteles de notificación de las actas de asamblea anuladas, en cuanto a la obligación de señalar de manera específica la dirección exacta del lugar donde se celebraría los actos de accionistas, insolvencia esta, que se precisa de la simple lectura de los carteles de convocatoria cursante a los autos.

En razón de lo anterior, es preciso señalar que lo alegado por el recurrente en casación, sobre que el análisis, interpretación y valoración de las instrumentales antes señaladas, resultaban imprescindible para demostrar que pese a la insuficiencia de las convocatorias en cuanto a la dirección de la demandada, la actora conocía el lugar exacto donde se realizarían las asambleas que fueron anuladas.

Ahora bien, aun cuando resulta cierto que la recurrida sólo menciona en su decisión las aludidas pruebas, del análisis realizado por esta Máxima Jurisdicente Civil se desprende que, las mismas no poseen la información que pueda validar el alegato del formalizante, por lo cual, mal puede éste intentar solventar la falencia de la convocatoria, a través de una apreciación personal que infiere se desprende de las documentales señaladas.

En este sentido, sí el ad quem incurrió o no en el vicio delatado de silencio parcial de prueba, al no pronunciarse específicamente sobre las tantas veces señaladas documentales, ello no modificaría o influiría de manera determinante en el dispositivo del fallo, razón suficiente para declarar la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.

Por último, manifiesta el recurrente la violación de una máxima de experiencia en virtud de que a su juicio, el juzgador ad quem desechó la declaración del testigo por el simple hecho de ser un trabajador de la empresa demandada, dejando de considerar que las personas que puede conocer mejor la ubicación física de la empresa donde laboran, son sus trabajadores, y que además, el testigo presentado por la accionada, daba fe de haber visto a la actora en la empresa el día en que se celebró una de las asambleas que fueron declaras nulas.

Al respecto, la Sala ha señalado en cuanto a la técnica requerida para denunciar la infracción de una máxima de experiencia, que debe delatarse conjuntamente con la infracción de la norma jurídica expresa de valoración de la prueba que se trate, debiendo argumentarse en que consiste la infracción de la máxima al apreciar la prueba. Así tenemos que en sentencia N° 0241 de fecha 30 de abril de 2002, caso Arturo Pacheco Iglesia, Rosa Casas López de Pacheco, Freddy Oropeza, Marisela Marrero de Oropeza, Lexter Abbruzzese, Gerardo Pino, Horacio Castro y María Isabel Padilla contra Inversiones Pancho Villas, C. A., esta Sala señaló lo siguiente:

“...En lo que respecta a la violación de la máxima de experiencia que el formalizante le cuestiona a la recurrida, se observa que como consecuencia de tal infracción, tan sólo se denunció la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, omitiéndose la indicación de la disposición de derecho que, en consecuencia, habría resultado falsamente aplicada por parte de la recurrida, lo que hace que la presente denuncia deba desecharse por carecer de la técnica necesaria para su formulación.

En efecto, esta Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 13 de abril de 2000, al examinar la técnica requerida para la denuncia de la violación de una máxima de experiencia, sostuvo lo siguiente:

‘...Dada la función unificadora de la legislación y uniformadora de la jurisprudencia de la casación, la denuncia de una máxima de experiencia supone la demostración de que la misma fue empleada por el juzgador en la premisa mayor del silogismo, integrándola a la correspondiente norma jurídica fundamento de la decisión, que es, en definitiva, la norma que resulta infringida.

Por tanto, el formalizante que denuncia la violación de una máxima de experiencia, debe alegar la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, con precisa indicación de la máxima de experiencia infringida, la infracción de la correspondiente norma jurídica y dar cumplimiento a los requisitos que al efecto establece el ordinal 3º del artículo 317 del mismo Código.

(…Omissis…)

Como se ha dicho, en el presente caso el formalizante omitió señalar cuál sería la disposición legal que habría sido falsamente aplicada como consecuencia de la supuesta violación de la máxima de experiencia. Por tanto, el formalizante incumplió la técnica requerida para la denuncia de violación de una máxima de experiencia, por lo que la Sala la desecha sin entrar a su examen…’”. (Resaltados de la Sala).

 

En la denuncia que se examina, el formalizante pretende de esta Sala la validación del testigo presentado en el proceso, el cual fue desechado por el ad quem al considerar que el mismo es un empleado de la empresa, y dada su relación de dependencia con la accionada, podía poseer un interés en las resultas del juicio. Sin embargo, el formalizante considera, que dicha testimonial por ser emanadas de un trabajador de la compañía debió ser valorada por el ad quem conforme a las máximas de experiencia, quedando en consecuencia demostrado, no sólo que la actora conocía la sede de la empresa, sino que adicionalmente, el demandante, se presentó en la compañía el día en que se realizó una de las asambleas anuladas.

Con relación a la argumentación planteada por el recurrente, esta Sala observa que el formalizante no cumplió con la técnica requerida para delatar la violación planteada, toda vez que no señala la infracción de la norma jurídica expresa para la valoración de la prueba, dejando de apoyarse en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, considera necesario esta Sala indicar al recurrente, que en cuanto a los argumentos expuesto por el juzgador de alzada para desechar al referido testigo trabajador, los mismos fueron considerados anteriormente, arribando esta Sala a la conclusión, que la recurrida consideró que el testigo se encontraba inmerso en una de las causales contendidas en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, dada su relación de dependencia con el accionante, lo cual suponía un interés en las resultas del juicio a favor de la empresa demandada, conclusión ésta que resulta además cónsona con la jurisprudencia de esta Máxima Instancia Civil.

En tal sentido, y dadas las falencias técnicas y argumentativas presentes en la denuncia, resulta determinante desestimar la presente denuncia por falta de técnica. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por la representación judicial del accionado, contra la sentencia de fecha 2 de mayo de 2017, dictada en Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara.

Se condena al recurrente al pago de las costas procesales.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Carora. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, ya mencionado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil dieciocho. Años: 207º de la Independencia y 159º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

__________________________________

YVÁN DARIO BASTARDO FLORES

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

__________________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

 

Magistrado Ponente,

 

 

 

_______________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Magistrada,

 

 

_____________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

Magistrada,

 

 

_________________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

La Secretaria Temporal,

 

 

________________________________________

MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA

 

 

Exp. AA20-C-2016-000471

Nota: publicada en su fecha a las

 

La Secretaria Temporal,

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