Venley

Sentencia N.º RC.000198

Sentencia
N.º RC.000198
Fecha
12/05/2011
Sala
Casación Civil
Expediente
10-190
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. Nº 2010-000190

 

Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

En el juicio por cumplimiento de contrato de promesa bilateral de compraventa, intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por los ciudadanos LUÍS FRANCISCO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y BEATRIZ SUÁREZ DE RODRÍGUEZ, representados judicialmente por los abogados Glorys Bejarano Guerrero y Freddy G. Chacón Silva, contra la ciudadana ROSALBA PEÑA, representada judicialmente por el abogado José M. Sánchez Vargas; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia definitiva el 7 de enero de 2010, mediante la cual declaró: 1) Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por el a quo en fecha 27 de abril de 2009; 2) Con lugar la demanda; 3) Improcedente la demanda de tercería incoada por la ciudadana Rosalba Peña contra la entidad financiera Banfoandes, Banco Universal; 4) Ordenó a la parte accionada otorgar el documento definitivo de venta del inmueble objeto del contrato cuyo cumplimiento se demandó; 5) Ordenó a la parte actora pagar a la parte demandada la cantidad de BsF. 90.000,00, como saldo restante del precio del bien inmueble objeto de la opción a compra; 6) Ordenó a la parte demandada otorgar todos los documentos y solvencias que sean necesarios para la formalización de la compraventa del inmueble constituido por el apartamento N° 3, ubicado en el piso 2 del Edificio Victoria, Pasaje Acueducto, entre carreras 18 y 19, números 18-20, 18-30 y 18-34 del Barrio Obrero, Parroquia Pedro María Morantes, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira; 7) Que en caso de verificarse la negativa de la ciudadana Rosalba Peña en otorgar el documento definitivo de venta del antes identificado inmueble, los codemandantes deberán consignar ante el tribunal de cognición el saldo restante del precio, ascendente a la suma de BsF. 90.000,00, el cual será depositado en una cuenta de ahorros a nombre de la demandada, Rosalba Peña, quien podrá retirar dicha cantidad en cualquier momento. Posteriormente, el tribunal a quo ordenará expedir copia certificada mecanografiada de la sentencia hoy recurrida, a los fines de que la misma les sirva de documento de propiedad del preindicado inmueble, surtiendo los efectos legales correspondientes como título de propiedad; 8) Confirmó la decisión dictada en primera instancia que declaró con lugar la demanda y perimida la tercería intentada por la parte demandada, pero con distinta motivación; y 9) Condenó en costas a la parte demandada apelante, de conformidad con lo pautado en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.  

 

La ciudadana Rosalba Peña, debidamente asistida de abogado, en su carácter de demandada, anunció recurso de casación contra la decisión de alzada, el cual fue admitido por auto de fecha 2 de febrero de 2010, y oportunamente formalizado. Hubo contestación a la formalización.

 

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades legales, pasa esta Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo, en los términos que siguen:

 

RECURSO DE CASACIÓN POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la infracción de los artículos 267, ordinal 1° y 269 eiusdem, en concordancia con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, con base en el quebrantamiento u omisión de formas procesales que regulan el impulso que debe dar la parte actora para la citación de su contraparte.

 

Para fundamentar su denuncia, el formalizante expresa lo que de seguida se transcribe:

 

“...En el presente caso, la demanda fue admitida por el tribunal a quo por auto el día 13 de noviembre de 2007 (f.25) y mediante diligencia de fecha 20 de diciembre de 2007 (f.27), la alguacila de ese juzgado de primer grado informó lo siguiente:

 

...omissis...

 

En el presente asunto existió evidente quebrantamiento u omisión de formas procesales para el impulso por parte de los demandantes a los fines de la práctica de la citación de nuestra poderdante, en total y absoluto detrimento y menoscabo de su derecho a la defensa, a saber:

 

a) No consta en el expediente que el abogado MILCIADES (sic) RODRÍGUEZ PALACIOS fungiera como apoderado de los demandantes por no existir poder o mandato que le fuera conferido para representarlos, quedando circunscrita su actuación como lo fue el haberlos asistido para la interposición del libelo de la demanda, como consta a los folios 1 al 7. Mal podía la alguacila de ese tribunal de primer grado recibirle emolumentos para la elaboración de la compulsa, razón por la que esa diligencia (f.27) carece de todo valor jurídico en virtud de que el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil le impone esa carga es al demandante, razón por la cual transcurrieron 76 días desde el día 13 de noviembre de 2007, fecha en que se admitió la demanda (f. 25) hasta el día 28 de enero de 2008 (f. 30), ambos inclusive, fecha en que la alguacila del tribunal a quo informó que había practicado la citación de la demandada, que es nuestra mandante, el 28 de enero del (sic) 2008, setenta y seis (76) días, es decir, más de los treinta (30) días establecidos por el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin que los demandantes hubieren cumplido con las obligaciones tendientes a la práctica de la citación de la demandada, razón por la cual se verificó la perención de la instancia.

 

b) De igual manera, en el supuesto negado que los emolumentos aportados por el abogado MILCIADES (sic) RODRÍGUEZ PALACIOS a la alguacila del juzgado del primer grado para la práctica de la citación, que aún sin tener cualidad fueran válidos, del mismo modo, desde la fecha de admisión de la demanda, el día 13 de noviembre de 2007 al 20 de diciembre del mismo año, transcurrieron treinta y siete (37) días, es decir, más de los treinta (30) días que le impone el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al demandante para que cumpla con las obligaciones para la práctica de la citación del demandado, verificándose así en la presente causa la perención de la instancia.

 

...omissis...

 

Esta doctrina casacional es aplicable al presente caso por cuanto la demanda interpuesta fue admitida el día 13 de noviembre de 2007 (f. 25) y la sentencia en comento tiene vigencia a partir del día siguiente de su publicación, es decir, el 6 de julio de 2004.

 

Vistos los argumentos exigidos para la procedencia de la perención breve, los cuales se subsumen en la presente delación planteada, a saber:

 

a) La demanda interpuesta fue admitida el día 13 de noviembre de 2007 (f. 25) y en diligencia suscrita por la alguacila del Tribunal a quo de fecha 20 de diciembre de 2007 (f. 27), informó que el abogado MILCIADES (sic) RODRÍGUEZ PALACIOS, sin cualidad alguna en el expediente, le aportó los recursos necesarios para la elaboración de los fotostatos para la compulsa de citación, transcurriendo entre ambas fechas 38 días calendario.

 

b) No consta en el expediente que la parte demandante hubiera aportado a la alguacila los medios o recursos necesarios para la práctica de la citación y, menos aún, no consta en el expediente diligencia alguna suscrita por la alguacila que la parte demandante le proporcionó esos recursos o medios económicos.

 

c) En la diligencia de fecha 29 de enero de 2008 (f. 30), la alguacila informó al Tribunal que el día 28 de ese mes y año citó personalmente a nuestra poderdante, ciudadana ROSALBA PEÑA, que es la demandada, en el Edificio..., inmueble que se encuentra a más de quinientos (500) metros de distancia de la sede del tribunal de primer grado que se encuentra situado..., siendo evidente y plasmario (sic), por ser un hecho notorio, que distan supremamente más de quinientos (500) metros de distancia y, por ende, tenían los demandantes que haber aportado los medios y recursos necesarios para la práctica de la citación, y ésta, es decir, la alguacila, haber dejado constancia en el expediente, lo cual no consta.

 

Por los argumentos señalados y corroborados de las actas procesales, los demandantes no dieron cumplimiento a las obligaciones que les impone el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial y, por tanto, se produjo la perención de la instancia...”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

El formalizante denuncia el quebrantamiento u omisión de formas procesales atinentes al impulso por parte de los demandantes, para lograr la citación de la parte accionada, con la correspondiente infracción de los artículos 267 ordinal 1° y 269 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, al haber transcurrido más de treinta días contados a partir del auto de admisión de la demanda sin que los accionantes cumplieran con la obligación de practicar la citación de la parte demandada, ciudadana Rosalba Peña, razón por la cual considera que en la presente causa se verificó la perención de la instancia.

 

Sobre la perención de la instancia y su correcta interpretación, esta Sala en sentencia  RC-00017 de fecha 30 de enero de 2007, caso: Milaine Carolina Vivas Ocando contra C.A. Unidad de Construcción y Equipos (CAUCE), exp. N° 06-262, dejó establecido el siguiente criterio jurisprudencial, el cual es aplicable al caso de autos por haberse admitido la demanda en fecha 13 de diciembre de 2007:

 

 

“...El recurrente en su delación expone, que se le menoscabó el derecho a la defensa, en virtud de que se declaró la perención breve prevista en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ocasionándole un agravio puesto que el ad quem no mantuvo en el proceso el equilibrio procesal entre la partes.

 

En el presente caso, el juez de alzada declaró la perención breve de la instancia de conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que habían transcurrido más de treinta (30) días después de elaborada la boleta de citación de la demanda, sin que el actor hubiese cumplido con la carga procesal de pagar al alguacil los emolumentos para lograr la citación de la demandada.

 

En este sentido, la doctrina actual de la Sala, en relación a la perención breve, en sentencia Nº 537 del 6 de julio de 2004, caso José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual, expediente Nº 2001-000436, estableció el siguiente criterio:

 

“...A propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos.

 

Ciertamente el legislador patrio en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, recomienda a los jurisdicentes de instancias procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación contemplada en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, ya que –al parecer- no ha sido sometido a la consideración de esta Suprema Jurisdicción en ningún recurso de casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la perención breve de la instancia por incumplimiento de las obligaciones (cargas) que impone la Ley al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma, para dilucidar –contrariamente a lo que ha venido afirmado la casación- esto es, que si es procedente la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1º destinadas al logro de la citación, NO SON SOLAMENTE DE ORDEN ECONÓMICO.

 

El precitado artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial señala:

 

“Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas la parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal, Registros Mercantiles y Notarías Públicas en lugares que disten más de quinientos (500) metros de su recinto.

El Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, respectivamente fijarán, periódicamente, mediante resolución el monto de los gastos de manutención y de hospedaje que habrán de pagar los interesados”.

 

En ese sentido, es imperante profundizar sobre razonamientos valederos tanto para la emergencia arancelaria como para la actual concepción de la gratuidad en la justicia, con mayor fundamento para esta última:

 

Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado.

 

En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que gestaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.

 

Conforme al contenido del artículo 2 de la Ley Arancel Judicial, el arancel se constituía en un ingreso público que tenía por objeto coadyuvar en el logro de la mayor eficiencia del Poder Judicial, permitiendo que dicho tributo fuese proporcional y facilitara el acceso a la justicia de todos los sectores de la población; y como tal ingreso público, quedaba dentro de la clasificación que el legislador ha consignado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional como rentas ordinarias.

 

Empero, al lado de esta derogada obligación tributaria (ingreso público, según el art. 2 de la Ley de Arancel Judicial, que era percibido por los institutos bancarios con convenio con la hoy suprimida Oficina Nacional de Arancel Judicial), están las obligaciones PREVISTAS EN LA MISMA LEY DE ARANCEL JUDICIAL QUE NO CONSTITUYEN INGRESO PÚBLICO NI TRIBUTOS NI SON PERCIBIDAS POR LOS INSTITUTOS BANCARIOS en sus oficinas receptoras de fondos nacionales, es decir, obligaciones que no son aranceles judiciales y, por ende, dichas obligaciones que pueden ser o no dinerarias NO SON DESTINADAS A COADYUVAR EL LOGRO DE LA EFICIENCIA DEL PODER JUDICIAL NI A PERMITIR EL ACCESO A LA JUSTICIA (art. 2 de la Ley de Arancel Judicial) NI A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL (art. 42, ord. 4º de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional) las cuales mantienen plena vigencia.

 

Estas obligaciones son las contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, relativas al suministro de vehículo para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo –además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione- los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acto o diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de 500 metros del lugar o recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro.

 

Nadie osaría discutir ni poner en duda que el contenido del artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, constituye una obligación que el demandante debe satisfacer cuando la citación del demandado haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros del lugar o recinto donde el Tribunal tiene su sede, ni nadie podría afirmar que el contenido económico de esta obligación pueda ser calificado de arancel judicial o ingreso público tributario. En efecto, lo que se pague por transporte, hospedaje o manutención del funcionario judicial Alguacil (en caso de citación para la contestación de la demanda) no está destinado a coadyuvar al logro de la eficiencia del Poder Judicial ni para que todos tengan acceso a la justicia ni tampoco era pagado en las instituciones bancarias con las cuales la extinta Oficina Nacional de Arancel Judicial había celebrado convenios para la percepción de los tributos. Los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede el Tribunal, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante –según el caso- ya que se repite, no responde al concepto de ingreso público de carácter tributario, y cuyos montos ingresan al patrimonio del transportista, hotelero o proveedor de estos servicios. No ingresaban al patrimonio nacional que administraba la extinta Oficina Nacional de Arancel. De allí que, tales obligaciones a cargo del demandante para la obtención de la citación, como se indicó, tienen plena vigencia en todos los procedimientos que hoy están exentos de la obligación tributaria (ingreso público) que estaba prevista en la Ley de Arancel Judicial, en razón de la justicia gratuita garantizada por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dentro de las normas presupuestarias del extinto Consejo de la Judicatura no existían partidas destinadas (ni hoy existen en el Presupuesto del Poder Judicial) para satisfacer estos gastos en que necesariamente habrían de incurrir los funcionarios o auxiliares de justicia, cuando hayan de practicar diligencias fuera de la sede el Tribunal, Registro o Notaria, ni existe norma alguna que imponga a estos funcionarios a soportar en su patrimonio tales gastos, habida cuenta que tales diligencias, como se indicó, son del único y exclusivo interés de los peticionantes o demandantes, salvo aquellos que son inherentes al funcionamiento del tribunal, para lo cual si existe una partida poco significante, que se le otorga a los alguaciles para transporte de esas diligencias.

 

Entonces, siendo claro que se trata de obligaciones impuestas por la ley (Ley de Arancel Judicial), tal como lo exige el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no queda duda alguna de que al encontrarse el sitio o lugar donde haya de practicarse la citación a más de 500 metros de la sede del Tribunal, el demandante deberá cumplir con tales cargas u obligaciones, independientemente de la gratuidad contemplada en la constitución, ya que ésta (la gratuidad) hace sólo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario. El Estado está facultado para establecer exenciones o exoneraciones tributarias, pero no para obligar a los particulares (transportistas, hoteleros o prestadores de servicios de manutención, etc.) a soportar la gratuidad de los juicios. De manera, pues, que tales sumas de dinero para pagar transporte, hospedaje o manutención no responden a la definición de ingreso público ni de tributo a que se contrae el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial, ni al de renta ordinaria previsto en el ordinal 4º del artículo 42 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional ni al concepto doctrinario de tasa, lo que por vía de consecuencia, no vulnera la gratuidad de la justicia consagrada en el vigente texto Constitucional.

 

Las razones que avalan la afirmación anterior, radican en lo siguiente: Los pagos que se hagan por transporte, por manutención y por hospedaje se le hacen directamente al funcionario para ser invertidos en el servicio que personas particulares han de recibir o directamente lo hará el interesado, al transportista, al hotelero o restaurant o fonda proveedora de alimentos. No se liquidan planillas como ocurría con el arancel judicial y con toda otra renta, ni se pagan en oficinas receptoras de Fondos Nacionales. En este orden de ideas, y según sean proveídos los conceptos de transporte, manutención y hospedaje por el demandante, interesado en el cumplimiento de la diligencia al funcionario judicial (alguacil en el caso de citación para la contestación de la demanda), nos revelaría una relación de derecho privado entre el que suministra el transporte (el interesado) y el prestador de servicio de transporte, de manutención y de hospedaje, configurándose típico “acto de comercio”, objetivo definido en los ordinales 6 y 9 del artículo 2 del Código de Comercio. Mientras que la relación que existía entre el particular que pagaba o liquidaba el arancel judicial (entendido como ingreso público o tributo, tal como lo definía el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial), y el estado, daba paso a una relación de derecho público. De manera, pues, que existía una marcada y notoria diferencia en la naturaleza jurídica de ambas relaciones, pero que coincidían en que ambas estaban impuestas o previstas por la Ley para el logro de la citación, las cuales debían ser cumplidas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de admisión de la demanda por la parte del demandante interesado, so pena de que operara la perención de la instancia o extinción del proceso. Con lo dicho no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma. NO. Por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las  obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días.

 

No obstante, dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando ésta haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público.

 

Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.... (Mayúsculas, subrayado, negritas y cursivas del transcrito)”.

 

En atención a la doctrina de esta Sala ut supra señalada, y a objeto de verificar si en el presente caso el actor dio cumplimiento a la carga procesal establecida jurisprudencialmente, tales como proveer los emolumentos al alguacil para lograr la citación del demandado, se procede a  examinar en el expediente las siguientes actuaciones procesales:

 

 En fecha 21 de octubre de 2004, el ad quo admite la demanda (folio 48). (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

En fecha 03 (sic) de noviembre de 2004, la secretaria del ad quo certifica las copias del libelo de la demanda y del auto de admisión de la misma para la citación de la demandada. (vuelto del folio 56).

 

En fecha 04 (sic) de noviembre de 2004, se elabora la boleta de citación (folio 48).

 

 En fecha 25 de Noviembre (sic) de 2004, la actora solicitó mediante diligencia que  en vista de que en el libelo de demanda constaba la dirección de la demandada que el alguacil le informase sobre el resultado de las diligencias practicadas para lograr la citación de la parte demandada (folio 49). (Negrillas del texto y subrayado de la Sala).

 

 En fecha 10 de enero de 2005, la actora diligencia y solicita nuevamente al alguacil le informe sobre el resultado de las diligencias practicadas para lograr la citación (vuelto del folio 49).

 

En fecha 09 (sic) de febrero de 2005, la actora diligencia solicitando al alguacil exponga sobre el resultado de las diligencias practicadas para lograr la citación de la parte demandada (folio 50).

 

En fecha 09 (sic) de marzo de 2005, la demandante mediante diligencia solicita nuevamente información sobre la citación de la demandada (folio 51).

 

En fecha 14 de marzo de 2005, el alguacil diligencia señalando que se trasladó en tres oportunidades a la dirección de la parte demandada sin lograr localizarla (folio 57).

 

En fecha 05 (sic) de abril de 2005, la actora mediante diligencia solicita la citación por carteles de la demandada (folio 58).

 

En fecha 07 (sic) de abril de 2005, el  Tribunal mediante auto ordena la citación por carteles de la demandada (folio 59).

 

En fecha 10 de mayo de 2005, la secretaria del Tribunal mediante diligencia deja constancia de la fijación del cartel de citación en la dirección de la demandada (folio 61).

 

En fecha 12 de mayo de 2005, la parte demandada mediante escrito solicita la perención de la instancia de conformidad con el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil (folio 62).

 

En fecha 18 de mayo 2005, el a quo dicta sentencia declarando la perención y extinguida la instancia (folio 70).

 

Ahora bien, de lo anteriormente expuesto la Sala constata que la parte actora presentó en fecha 25 de noviembre de 2004, 10 de enero, 9 de febrero y 9 de marzo todas del año 2005, diligencias mediante la cuales solicita se le informe del resultado de las gestiones practicadas por el alguacil para lograr la citación de la demandada. Asimismo se constata que la parte demandante consignó diligencia en fecha 5 de abril de 2005 en la que solicitó la citación por carteles de la demandada. Por otro lado, se verificó que el alguacil mediante diligencia de fecha 14 de marzo de 2005, informó del traslado a la dirección del demandado en tres (3) oportunidades, siendo infructuosa la citación personal.

 

En tal sentido, lo determinante en el sub iudice a los fines de declarar la perención breve es precisar si esas diligencias eran o no suficientes para dar cumplimiento a la doctrina de la Sala ut supra transcrita.

  

Por ello, la Sala considera que de las diligencias realizadas por la parte actora y reseñadas precedentemente  contrario a lo establecido por el ad quem, se observa que esta sí cumplió con la carga procesal de proveer al alguacil de los emolumentos para la citación de la demandada, muy especialmente de la efectuada en fecha 25 de noviembre de 2004, la cual no fue tomada en cuenta por al juez de alzada  para establecer el lapso de los 30 días previstos en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil.

 

Estas diligencias en su totalidad concatenadas con la diligencia del alguacil de fecha 14 de marzo de 2005, demuestra sin lugar a dudas que la actora cumplió con la carga procesal de proveer los emolumentos al alguacil, porque de lo contrario éste no se hubiese traslado a practicar la citación en las oportunidades que el mismo indica en la diligencia por el suscrita, siendo clara y evidente la intención del actor, hoy recurrente, de cumplir con su carga procesal de impulsar la citación de la demandada. (Subrayado de la Sala).

 

Con referencia al señalamiento de la doctrina de esta Sala en cuanto a la obligación del Alguacil de dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó los emolumentos exigidos en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación, la Sala debe señalar en esta oportunidad, que el silencio del alguacil respecto al cumplimiento de tal obligación, pese a los traslados realizados tendentes a procurar la citación de la parte demandada no puede ocasionar perjuicio a la parte.

 

En tal sentido ante una situación de esta naturaleza se debe interpretar la situación fáctica en beneficio de la parte demandante, que en el presente caso fue diligente, en velar porque se citara al demandado, todo ello en aras de preservar el debido proceso y el derecho a la defensa del actor y en virtud del principio pro actione, todo con la finalidad de tutelar con preferencia el derecho fundamental de acceso a la justicia.

 

En tal sentido, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal ha realizado una interpretación sobre el derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y del principio pro actione, de la que se desprende que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales. Así, en sentencia Nº 97, expediente Nº 03-2290, de fecha 2 de marzo de 2005, caso Banco Industrial de Venezuela C.A., la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dejó establecido lo siguiente: (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

“…En efecto, esta Sala ha señalado que el principio pro actione forma parte del núcleo esencial de los derechos fundamentales a la tutela judicial eficaz y al debido proceso.

 

Así, se encuentra que la Sala, en decisión Nº 2229 del 20 de septiembre de 2002, estableció lo siguiente:

 

“La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha debido juzgar pro actionae, según los lineamientos de la interpretación de esta Sala acerca del alcance del derecho de acceso a la jurisdicción, y apreciar, como último eslabón de la cadena de conductas lesivas, la omisión en la que habría incurrido la Administración en su respuesta, del 18 de mayo de 2001, al último requerimiento de las Administradas –sin que con ello prejuzgue la Sala acerca de la procedencia de la demanda al respecto- a partir del cual, y hasta la interposición del amparo, no se produjo la caducidad.

 

Así, el criterio que fue vertido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en la sentencia que está sometida a revisión, obvió una interpretación que realizó esta Sala en el marco del principio pro actionae, el cual impone la exigencia de la interpretación de los requisitos de admisibilidad de las demandas en el sentido que más favorezca el derecho de acceso a la jurisdicción que establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con lo cual incurrió en omisión de la aplicación de la norma constitucional en cuestión y así se declara. Por tal razón, se declara que ha lugar a la solicitud de revisión que se examina y analiza y, en consecuencia, se anula el fallo que el mencionado tribunal dictó el 6 de noviembre de 2001, y se ordena que se pronuncie una nueva decisión, en segunda instancia, en el proceso de amparo que se inició con ocasión de la demanda de amparo constitucional que intentaron Pesajes del Puerto C.A. y Transporte Alca C.A.”

 

El alcance del principio pro actione (a favor de la acción) ha sido objeto de un sistemático tratamiento por parte de esta Sala. La conclusión que se puede extraer de las decisiones que han considerado el tema, es que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que “el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia (S.S.C. nº 1.064 del 19.09.00). ” (Negrillas de la Sala).

 

Esta Sala ha señalado que el derecho al debido proceso comprende el acceso a la justicia, al juzgamiento con las debidas garantías y a la ejecución del fallo; al respecto, estableció lo siguiente:

 

“Por otra parte, este Tribunal Superior de Justicia, en sentencia del 8 de agosto de 2000 dictada por la Sala Político-Administrativa, ha precisado que el derecho al debido proceso (artículo 49 de la Constitución de 1999) es un derecho complejo que encierra un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado entre los que figuran el derecho a acceder a la justicia, a ser oído, a la articulación de un proceso debido, de acceso a los recursos legalmente establecidos, a un tribunal competente, independiente e imparcial, a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, a un proceso sin dilaciones indebidas, a la ejecución de las sentencias, entre otros que se vienen configurando en la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental. (sentencia nº 1.614 del 29.08.01)…” (Cursivas del transcrito)

 

Por otro lado, esta Sala estima prudente acotar que los principios constitucionales bajo los cuales se ha consagrado el proceso en el ordenamiento jurídico venezolano tienen por norte garantizar que los derechos del justiciable sean resguardados dentro del marco normativo constitucional, en este sentido el artículo 257 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, expresa:

 

“…El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales…” (Subrayado de la Sala).

 

En idéntico sentido se ha consagrado el proceso en la ley que rige nuestro Máximo Tribunal, así tenemos que el párrafo primero del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece:

 

“…El proceso establecido en la presente Ley, constituye el instrumento fundamental para la realización de la justicia, y se regirá por los principios de simplicidad, eficacia, celeridad, economía, uniformidad, mediación y oralidad. No se sacrificará a la justicia por la omisión de formalidad en lo esencial…”

 

En vista de las consideraciones antes señaladas y de la jurisprudencia antes transcrita, al haberse declarado una perención que no correspondía en derecho, el juez superior violó el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo violó el artículo 15 ejusdem pues al extinguir indebidamente la instancia, cercenó a la demandante su derecho a que se tramitara el juicio y se dictara sentencia con apego al debido proceso...”. (Negrillas y subrayado de este último párrafo de la Sala y demás resaltados del texto).

 Como se puede apreciar en aquella causa en la que se admitió la demanda el 21 de octubre de 2004, la actora solicitó el 25 de noviembre del mismo año, que el alguacil le informase sobre el resultado de las diligencias practicadas para lograr la citación de la parte demandada, es decir, después de vencidos los treinta días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda, contemplados en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

 

No obstante ello, la Sala consideró que la actora había sido diligente al estar pendiente del resultado de las gestiones de citación que hubiese realizado el alguacil del tribunal, todo con base en la correcta interpretación sobre el derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y del principio pro actione, de la que se desprende que todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales.

 

Esa forma de interpretar la figura jurídica de la perención de la instancia, ha sido ratificada y ampliada por esta Sala en su sentencia N° RC-00747 de fecha 11 de diciembre de 2009, caso: J. A. D’Agostino y Asociados s.r.l. contra Antonieta Sbarra de Romano y otros, exp. N°  09-241, doctrina en la cual, sobre la perención de la instancia, dejó sentado lo siguiente: 

 

“...Con relación a la infracción de aquellas normas que regulan la forma de realización de los actos procesales, es importante señalar que el sólo quebrantamiento como tal, no da lugar a la nulidad de la sentencia ni a la reposición del acto procesal viciado, pues en este caso se hace necesario además, verificar la existencia de un perjuicio.

  

La necesidad de la utilidad de la reposición ha sido precisada por esta Sala en decisión N° 00998, de fecha 12 de diciembre de 2006, Caso: Pablo Pérez Pérez contra Promociones y Construcciones Oriente C.A., reiterada entre otras, en sentencia N° 00587, de fecha 31 de julio de 2007, caso: Chivera Venezuela S.R.L., contra Inversiones Montello C.A. y otra, de la siguiente forma:

 

“...en materia  de  reposición  y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios  de economía y  celeridad  que  deben  caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales.

 

En  este  sentido,  el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone que:

 

‘...Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.

En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado…’

 

Aunado a lo anterior, cabe destacar, que mientras que en el Código de Procedimiento Civil de 1916 se refería a la reposición preterida, como un vicio disociado del quebrantamiento del derecho de defensa, nuestro actual Código recoge el vicio de reposición no decretada dentro de la causal de quebrantamiento de formas procesales en violación del derecho de defensa.

 

Ciertamente, una de las innovaciones observadas en la última reforma del Código de Procedimiento Civil, se refiere a este motivo del recurso de casación, pues la indefensión desaparece como motivo autónomo y separado, y es establecido como uno de los presupuestos de procedencia para la reposición de la causa por incumplimiento u omisión de formas procesales.

Queda claro, pues, que cuando se denuncie el quebrantamiento de una forma procesal, el recurrente deberá demostrar como tal infracción (sic)  menoscabó o lesionó su derecho de defensa.

 

Ello es así, porque la reposición no decretada conforma un motivo propio de casación, denunciable de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que ‘Se declarará con lugar el recurso de casación: 1º Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa”.

 

En consecuencia, es posible que el juez de instancia hubiese incumplido o quebrantado alguna forma procesal sin que por ello proceda la reposición, pues es presupuesto indispensable que el acto no haya alcanzado su finalidad, que sea imputable al juez, que no haya sido consentido o convalidado por las partes, y resulte lesionado el derecho de defensa de alguna de ellas...”. (Cursivas de la Sala).

 

De acuerdo al precedente criterio de la Sala, en  materia  de  reposición  y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios  de economía y  celeridad procesal, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales. Por tanto, es indispensable para que proceda la reposición, que además haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad. (Negrillas de la Sala).

 

Por otra parte, la perención de la instancia, es la extinción del proceso que se produce por la inactividad de las partes, por el tiempo previsto en la ley, en el cual no impulsan el proceso, ocasionando su extinción. (Negrillas de la Sala).

 

Así, el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

 

 “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.

También se extingue la instancia:

 

1°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.”

 

En este mismo sentido, en relación a la perención de la instancia, al artículo 269 del mencionado Código establece que:

 

“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”.

 

De la misma manera, esta Sala, en sentencia N° Exeq. 652, de fecha 17 de octubre de 2008, caso: Doroty Louise Yako Moreno contra Bertha Moreno Páez y otro, en relación a la perención de la instancia y a las condiciones exigidas para que no opere la misma, señaló lo siguiente:

 

“…En el juicio de Carmen Ramona Rosales de Rondón contra Siervo de Jesús Camargo Escarpeta, expediente N° 2003-000761, de fecha 31 de agosto de 2004, la Sala reiteró sobre el transcurso del tiempo establecido en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil para la citación del demandado, lo siguiente:

 

 “...En sentencia Nº RC-0172 del 22 de junio de 2001, proferida en el juicio de Raúl Esparza y otra contra Marco Fuglia Morggese y otros, sobre las obligaciones que debe cumplir el demandante para que no se produzca la perención de la instancia, la Sala sostuvo lo siguiente:

 

‘“...En relación con la doctrina contenida en el fallo del 29 de noviembre de 1995 la cual aquí se abandona (sic), la Sala encuentra que la única exigencia de que trata el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, para que no se produzca la perención, es que el actor no cumpla con todas las obligaciones que tiene a su cargo. Por ende, al cumplir al menos con alguna de ellas ya no opera el supuesto de hecho de la norma...

…Omissis…

En resumen, la doctrina de la Sala en la materia, es que para que se produzca la perención de la instancia contemplada en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el actor debe incumplir con todas las obligaciones que la ley le impone para practicar la citación del demandado. Asimismo, que una vez el actor cumpla con alguna de sus obligaciones no tiene ya aplicación la perención breve de que trata el ordinal 1º del artículo 267, pues las actuaciones subsiguientes para la citación del demandado corresponden al tribunal de la causa y no tiene que mediar un lapso de treinta (30) días en el íter procesal, sino que para que se produzca la perención de la instancia tendría que transcurrir un (1) año sin que medie la ejecución de ningún acto de procedimiento por las partes...”.’.

 

…Omissis…

 

De la jurisprudencia transcrita, se evidencia que... el actor debe cumplir con todas las obligaciones que la ley le impone para la práctica de la citación del demandado, tal como lo dispone del artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil...”. (Negritas de la Sala).

 

El precedente jurisprudencial invocado, así como los artículos anteriormente señalados ponen de manifiesto, no sólo la importancia de la perención, prevista como una institución de orden público que puede ser declarada de oficio por los jueces de instancia, sino que además, se evidencia que para que opere la perención breve de la instancia, es necesario que el demandante denote desidia o desinterés total en relación al juicio y respecto de sus obligaciones para llevar a cabo la citación del o de los demandados. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

...omissis...

 

Esta Sala observa que, para que se pueda configurar la perención breve de la instancia, en todo caso, lo importante es que se constate que hubo inactividad por parte del actor, en cuanto a las cargas procesales legales para que se lleve a cabo la correspondiente citación.

 

En este sentido, de una revisión de las actuaciones del expediente, esta Sala constató, que el mismo día en que se admitió la demanda, es decir, el día 14 de agosto de 1995, el actor incorporó en las actuaciones del expediente, específicamente en el folio 25, planilla de pago por concepto del pago de los emolumentos exigidos por la Ley de Arancel Judicial, tal como lo dejó expresado el recurrente, en su escrito de formalización.

  

De manera que, la consignación de la planilla de pago por parte del actor, antes referida, junto a la participación de la demandada en cada una de las actuaciones y etapas del proceso, ponen de manifiesto no sólo la intención de la parte actora de cumplir con las obligaciones relacionadas con la citación del o los demandados, sino que además, determinan que la parte demandada se encontraba a derecho, y su interés en participar y defender sus derechos dentro del juicio, con lo cual queda probado que al haberse efectuado el acto de citación, se evidencia el cumplimiento de su finalidad para lo cual estaba destinado, garantizándose de esta manera el ejercicio pleno del derecho a la defensa de ambas partes durante el juicio.

 

En atención a lo anteriormente expuesto, considera esta Sala, que aun cuando se hubiese verificado en el expediente la falta de cancelación de los conceptos inherentes a la obligación del demandante para efectuar la citación, referidos al pago de los gastos de traslado del alguacil, es necesario insistir en que la finalidad del acto se cumplió en virtud de que la citación de los demandados se llevó a cabo debidamente y éstos estuvieron a derecho durante todas las etapas del proceso. En consecuencia, no puede considerarse que se haya configurado la perención breve de la instancia, así como tampoco, que se le haya causado indefensión a alguna de las partes en el presente juicio, por tanto, la presunta infracción delatada por el formalizante, debe ser declarada improcedente. Así se establece...”. (Negrillas y subrayado de este párrafo por la Sala y demás resaltados del texto).

 

 

 

Corresponde a la Sala analizar lo sucedido en el caso de autos, para corroborar la certeza de lo delatado por el formalizante, respecto a que en la presente causa se configuró la perención breve de la instancia y, para ello, considera pertinente citar, algunas de las actuaciones habidas en el presente expediente, a saber:

 

·           29-11-2007: Introducción del libelo de la demanda por resolución de contrato de opción de compraventa (ff.1 al 7).

·           13-12-2007: Auto de admisión de la demanda. El mismo día se libró boleta de citación de la parte demandada (ff. 27 y 28).

·           20-12-2007: Mediante diligencia, la Alguacil del Tribunal de la causa deja constancia de que el día 19 de diciembre de 2007, el abogado que asistió a los demandantes en el momento de introducción de la demanda, Milcíades Rodríguez Palacios, le entregó los recursos económicos necesarios para las copias a los fines de realizar la compulsa de citación de la parte demandada en el expediente N° 19-508, correspondiente a la nomenclatura llevada por el juzgado de primera instancia. (f 29),

·           18-01-2008: Mediante diligencia, la Alguacil del Juzgado a quo informa al tribunal del mérito que se trasladó el día 15 de enero de 2008, al domicilio procesal de la ciudadana Rosalba Peña, dejando constancia de que le fue imposible practicar su citación personal. (f. 30),

·           29-01-2008: La Alguacil del Juzgado a quo diligencia y deja constancia de que en fecha 28 de enero de 2008 citó personalmente a la ciudadana Rosalba Peña, quien firmó el recibo correspondiente. (ff. 31 y 32),

·           01-02-2008: La parte demandante consigna escrito de reforma de la demanda, en el cual pide, entre otras cosas, que se declare el cumplimiento del contrato de opción de compraventa. (ff. 33 al 41).

·           06-02-2008: Auto de admisión de la reforma de la demanda, en el cual le conceden a la demandada, ciudadana Rosalba Peña, un lapso de 20 días de despacho con el fin de que de contestación a la demanda. (f. 42).

·           05-03-2008: La ciudadana Rosalba Peña consigna escrito de contestación a la demanda. (ff. 43 al 47).

·           26-03-2008: Escrito de pruebas de los demandantes. (ff.58 al 61).

·           01-04-2008: Escrito de pruebas de la parte demandada. (ff. 70 al 73).

·           02-04-2008: Autos del Juzgado a quo ordenando se agreguen a los autos los escritos de pruebas de las partes del pleito.  (ff. 79 y 80).

·           11-04-2008: Auto de admisión de pruebas de las partes del pleito. (ff. 81, 82 y 85).

·           17-06-2008: Escrito de informes de la parte accionante. (ff. 110 al 112). La parte demandada no consignó escrito de informes en primera instancia.

·                    19-06-2008: La parte actora solicita cómputo de los días de despacho correspondientes a los lapsos procesales para contestación de la demanda, promoción y evacuación de pruebas e informes. (f. 113).

·                    30-06-2008: El a quo realiza el cómputo solicitado. (f. 114).

·                    25-09-2008: La parte actora pide al a quo verifique el lapso para dictar sentencia y si se encuentra vencido solicita que proceda a dictarla. (f. 115).

·                    04-11-2008: La parte demandante pide se deje sin efecto lo solicitado en fecha 25 de septiembre de 2008, y reitera su solicitud de que se dicte sentencia en la presente causa. (f 115 vlto).

·                    12-01-2009: La parte actora pide al a quo dicte sentencia, previa verificación del vencimiento de los lapsos procesales correspondientes. (f. 116).

·                    29-01-2008: La parte actora de nuevo pide al a quo dicte sentencia, previa verificación del vencimiento de los lapsos procesales correspondientes. (f. 116 vlto.).

·                    27-04-2009: Sentencia definitiva de primera instancia, declarando con lugar la demanda. (ff. 117 al 146).

·                    30-04-2009: La parte actora se dio por notificada de la sentencia de primera instancia. (f. 151).

·                    01-06-2009: Diligencia de la Alguacil del a quo, dejando constancia de haberse trasladado al domicilio procesal de la demandada en dos oportunidades, donde la ubicó pero ésta se negó a firmar la boleta de notificación. (f. 153).

·                    02-06-2009: La parte actora pide al Tribunal de la causa que libre nueva boleta de notificación (f. 153 vlto.). El mismo día la ciudadana Rosalba Peña se da por notificada de la sentencia del a quo (f. 154).

·                    03-06-2009: La demandada, ciudadana Rosalba Peña, interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia (f. 157).

·                    11-06-2009: El a quo oye en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (f. 159).

·                    30-07-2009: Escrito de informes en segunda instancia, consignados por ambas partes del juicio (ff.162 al 178 y 180 al 185).

·                    24-09-2009: La parte demandada consigna escrito de observaciones a los informes de la parte actora (ff. 187 al 191).

·                    28-09-2009: La parte actora consigna escrito de observaciones a los informes de la parte demandada (ff. 193 al 197).

·                    07-01-2010: Sentencia de segunda instancia, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y con lugar la demanda (ff. 200 al 228).

·                    26-01-2010: la parte demandada anuncia recurso de casación contra la decisión de alzada (f. 229).

·                    02-02-2010: Auto de admisión del recurso de casación anunciado por la parte demandada (ff. 231 al 232).

·                    22-03-2010: Escrito de formalización del recurso de casación (ff. 251 al 266).

·                    10-05-2010: Escrito de contestación a la formalización consignado por la parte actora (ff. 273 al 286).

 

Las precedentes actuaciones ponen en evidencia que, si bien es cierto que la parte actora no consignó diligencia mediante la cual dejara constancia de haber cumplido con la obligación de facilitar los medios y recursos al alguacil del tribunal del mérito, a los fines de la práctica de la citación de su contraparte en el juicio, dentro de los treinta días siguientes al auto de admisión de la demanda, no es menos cierto que -de conformidad con la jurisprudencia transcrita en el cuerpo de este fallo- en la presente causa no se configuró la perención de la instancia, pues el acto de citación de la parte demandada fue efectuado debidamente, alcanzando su finalidad, que no era otra que se hiciera parte en el proceso para que pudiera hacer uso de los medios y recursos previstos en la ley para la mejor defensa de sus derechos e intereses,  estando a derecho durante todas las etapas del proceso, como en efecto lo hizo, lo que denota que no hubo menoscabo o lesión de su derecho a la defensa, como desacertadamente se delata en esta oportunidad.

 

En consecuencia, sobre la base de las razones antes expuestas, la Sala desecha por improcedente la denuncia de infracción de los artículos 267 ordinal 1° y  269 del Código de Procedimiento Civil; y 12 de la Ley de Arancel Judicial, pues, para que opere la perención breve de la instancia es necesario que el demandante no sólo incumpla sus obligaciones para llevar a cabo la citación de la parte demandada, sino que además denote o demuestre desidia o desinterés total en relación al juicio de que se trate. Así se declara.

 

II

 

Bajo el amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la infracción del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, por lo que adolece del vicio de incongruencia negativa, con apoyo en la siguiente argumentación:

 

 

“...En el presente caso la recurrida no dio cumplimiento al referido ordinal por cuanto no decidió la defensa opuesta por mi hoy mandante en su escrito de contestación a la demanda originaria con su reforma (f. 41 al 45) al peticionar lo siguiente:

 

TERCERO: CIUDADANO JUEZ, PIDO A LOS OPTANTES COMPRADORES ME PAGUEN LA CANTIDAD DE DINERO ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA (sic) CUARTA DE OPCION (sic) DE COMPRA-VENTA: SU CONTENIDO ES: EN CASO DE QUE POR CAUSA (sic) IMPUTABLES A LA PROPIETARIA NO SE PUDIERA PROTOCOLIZAR EL DOCUMENTO DE COMPRA-VENTA DENTRO EL (sic) PLAZO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO DEBERÁ DEVOLVER LA CANTIDAD RECIVIDA (sic) DE CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.100.000.000,oo), MÁS LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,oo), COMO INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A LOS OPTANTES. SI EL INCUMPLIMIENTO FUERA POR CAUSA (sic) IMPUTABLES A LOS OPTANTES COMPRADORES, ESTOS (sic) SE OBLIGAN A PAGAR A LA PROPIETARIA LA CANTIDAD DE DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,oo). HOY DIEZ MIL BOLÍVARES FUERTES (Bs. 10.000,oo)...

 

Este argumento planteado por mi hoy poderdante en su escrito de contestación a la demanda fue obviado total y absolutamente por la recurrida, cuando era su deber de pronunciarse sobre el mismo, es decir, silenció en su sentencia este argumento, razón por la cual, en consonancia con la reiterada e inveterada jurisprudencia y doctrina de esta (sic) Honorable Sala, la falta de pronunciamiento sobre cualesquiera de las defensas opuestas bien sea por la parte demandante o la demandada vicia la sentencia de incongruencia negativa...”. (Resaltados del texto).

 

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

El formalizante denuncia que la recurrida está inficionada del vicio de incongruencia negativa, por haber omitido pronunciamiento sobre una de las defensas que expuso su representada en la oportunidad de la contestación de la demanda, específicamente lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato objeto de la presente demanda, contentiva de la denominada cláusula penal, con la correspondiente infracción de lo dispuesto en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

 

A los fines de comprobar la certeza o no de los argumentos que sustentan la presente denuncia, la Sala considera pertinente transcribir parcialmente la defensa expuesta por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda, en el que sobre la cláusula cuarta del contrato fundamental de la demanda, expresó lo que de seguida se transcribe:

 

“...CIUDADANO JUEZ, ES ABSOLUTAMENTE FALSO POR QUE (sic) LOS OPTANTES COMPRADORES NO HAN CUMPLIDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA (II) Y MUCHO MENOS CON LA CLÁUSULA CUATRO (IV), DE LA OPCION (sic) DE COMPRA VENTA DE FECHA (7-6-2007), Y CON EL PROCESO Y CUMPLIMIENTO PARA REGISTRAR EL DOCUMENTO DE LA COMPRA-VENTA. POR LO TANTO LOS OPTANTES COMPRADORES BEATRIZ  SUAREZ (sic) DE RODRIGUEZ (sic) Y LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ  (sic) MARTINEZ (sic), casados,..., NUNCA HAN CUMPLIDO CON LO CONVENIDO EN LA OPCION (sic) DE COMPRA-VENTA. Y ASÍ LO PRUEBO EN DOCUMENTO AUTENTICADO ANTE LA NOTARÍA PÚBLICA QUINTA DE SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA, DE FECHA SIETE DE JUNIO DEL (sic) DOS MIL SIETE (7-6-2007), BAJO EL N° 31-A, TOMO 168, TOMO 62 AL 63, de los libros de autenticaciones llevados en esta Notaría...

 

CIUDADANO JUEZ, MUCHO MENOS LOS OPTANTES COMPRADORES CUMPLIERON CON LA OPCIÓN DE COMPRA-VENTA: SEGÚN DOCUMENTO AUTENTICADO  ANTE LA NOTARÍA PÚBLICA QUINTA DE SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA, DE FECHA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE (28-3-2007), POR UN PERIODO (sic) DE TIEMPO DE NOVENTA DIAS  (sic) CONTINUOS Y TRANSCURRIERON DE LA SIGUIENTE MANERA: MES DE MARZO TRES (3) DÍAS; ABRIL TREINTA (30) DÍAS; MAYO TREINTA Y UN (31) DÍAS; JUNIO VEINTISEIS (sic) (26) DÍAS; PARA UN TOTAL DE NOVENTA DÍAS,...

 

...omissis...

 

CAPÍTULO III

PETITORIO

 

 PRIMERO: CIUDADANO JUEZ, PIDO QUE LOS OPTANTES COMPRADORES ME PAGUEN POR INCUMPLIMIENTO Y LO FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA CLAÚSULA (sic) CUARTA (IV), DE LA OPCIÓN DE COMPRA-VENTA DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2007, MARCADA CON LETRA “A”, SU CONTENIDO ES: EN CASO DE QUE POR CAUSA  IMPUTABLES (sic) A LA PROPIETARIA NO SE PUDIERA PROTOCOLIZAR EL DOCUMENTO DE COMPRA-VENTA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO DEBERÁ DEVOLVER LA CANTIDAD RECIVIDA (sic) DE CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.100.000.000,00), MÁS LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,00), COMO INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A LOS OPTANTES COMPRADORES. SÍ (sic) EL INCUMPLIMIENTO FUERA POR CAUSA IMPUTABLES (sic) A LOS OPTANTES COMPRADORES, ESTOS (sic) SE OBLIGAN A PAGAR A LA PROPIETARIA COMO INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PROPIETARIA  DE (sic) LA CANTIDAD DE DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,00)...”. (Resaltados del texto).

 

Sobre el particular, la Sala observa que en la recurrida se resolvió lo siguiente:

 

“...La parte demandada ciudadana Rosalba Peña, en tiempo hábil para dar contestación de la demanda lo hizo de la siguiente manera: rechazó y contradijo en todas y cada una de sus partes la demanda propuesta, tanto en los hechos como en el derecho, alegando que los optantes compradores no han cumplido con la cláusula segunda y cuarta, y con el cumplimiento del proceso de registrar, no cumplieron con el documento de opción de compra de fecha 28 de marzo de 2007, por un periodo de tiempo de noventa días continuos, el cual consignó, igualmente anexó inscripción en registro de vivienda principal. Pidió que los optantes compradores le paguen por incumplimiento de conformidad con la cláusula cuarta de la opción a compra de fecha 7 de junio de 2007, la cantidad de diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00) que equivalen a diez mil bolívares (Bs. 10.000,00) como indemnización por concepto de daños y perjuicios, que los optantes compradores sean condenados en costas y costos del proceso. Fundamentó la contestación de la demanda en los artículos 1167 y 1264 del Código Civil y en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (f. 41 al 45 y anexos 46 al 54) (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

...omissis...

 

La presente controversia, versa sobre el cumplimiento de contrato demandado por los ciudadanos Luis Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez, alegando haber cumplido con su obligación dentro del lapso establecido en el contrato de opción a compra, es decir, dentro de los noventa (90) días; por su parte la demandada, expuso que la parte demandante no cumplió con su obligación, acogiéndose de la cláusula penal por falta de cumplimiento.

 
En este sentido, establece el artículo 1.159 del Código Civil:

 

“Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley”.

 

Por su parte el artículo 1.167 ejusdem, indica:


“En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.”.


Y el artículo 1.264 ibídem, contempla:


“Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención”.


Las normas que anteceden indican el deber de las partes en cumplir fielmente lo convenido, contemplando las posibles consecuencias por el incumplimiento, siendo totalmente viable exigir el cumplimiento o la ejecución del contrato o por el contrario la resolución del mismo; la parte demandante optó por demandar el cumplimiento de contrato.

...omissis...

Así las cosas es necesario analizar lo pactado en el contrato de opción a compra, evidenciándose que inicialmente fue celebrado contrato de opción a compra entre Luis Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez, por una parte como optantes compradores, y Rosalba Peña, por la otra como optante vendedora, en fecha 28 de marzo de 2007, siendo anulado el mismo por la celebración de un nuevo contrato de opción a compra de fecha 07 de junio de 2007, dicho contrato es el que ha de ser examinado por ser el que se encuentra vigente entre las partes, estableciendo el mismo que la propietaria da en opción a compra a favor de los optantes para adquirir un inmueble de su única y exclusiva propiedad consistente en un apartamento vivienda, distinguido con el número 3, ubicado en el piso 2, del edificio “Victoria” situado en el pasaje acueducto entre carreras 18 y 19, número 18-24, 18-30 y 18-34, del Municipio San Cristóbal, cuestión que no es discutido por las partes, tal virtud, si se corresponde el bien inmueble objeto de litigio; asimismo dejaron expresado que el plazo de duración de la opción de compra era de noventa (90) días continuos contados a partir del 10 de junio de 2007, los cuales vencieron el 08 de septiembre de 2007, comprometiéndose la propietaria a suministrar los documentos y solvencias que sean necesarios para la formalización de la compra venta del apartamento, a tener cancelado el condominio, hasta el mes anterior a la protocolización del documento; que el precio de venta es la cantidad de ciento noventa millones (Bs. 190.000.000,00), dejando expresa constancia que el precio se pagaría de la forma siguiente: la cantidad de cien millones de bolívares, que cancelaron los optantes con cheque de gerencia del banco Banfoandes, número 00020437 de fecha 15 de marzo de 2007 y el dinero restante la cantidad de noventa millones de bolívares (Bs. 90.000.000,00) que equivalen a noventa mil bolívares (Bs. 90.000,00) serían pagados al momento de la protocolización del documento de venta, convenio éste que tampoco fue desvirtuado o contradicho por las partes intervinientes en el presente proceso; en caso de incumplimiento de la propietaria, esta deberá devolver la cantidad recibida como abono más diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00) que equivalen a diez mil bolívares (Bs. 10.000,00) a los optantes; en caso de incumplimiento de los optantes, estos deberán pagar a la propietaria la cantidad de diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00) que equivalen a diez mil bolívares (Bs. 10.000,00) como indemnización por daños y perjuicios; que para la fecha de la venta debe estar libre de todo gravamen y nada deber por concepto de impuestos municipales; los gastos de redacción y protocolización del documento corren por cuenta de los optantes y el pago de impuesto nacional y notificación del seniat (sic) corren por cuenta de la propietaria. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 
Evidenciando, esta sentenciadora que el contrato de opción a compra bajo análisis, cumple con los requisitos esenciales de este tipo de contrato como lo son: la opción que se concedió a los optantes compradores; haber establecido el plazo en que debe ejercitarse la opción; la cosa objeto de compra; y el precio de la cosa. Igualmente pactaron un pago en caso de incumplimiento como daños y perjuicios.

...omissis...

 

Del documento de opción a compra de fecha 07 de junio de 2007, se desprende que la propietaria, debía realizar dentro de los 90 días continuos lo siguiente: suministrar los documentos y solvencias que son necesarios para la formalización de la compra venta, estar solvente con el condominio hasta el mes anterior a la protocolización, que el inmueble estuviera libre de cualquier gravamen, solvente con los impuestos municipales, pago de impuesto nacional y notificación al Seniat, y estas dos (2) últimas obligaciones y la solvencia en el condominio no fue debidamente demostrado su cumplimiento en el íter procesal; no obstante los optantes compradores, parte demandante de autos, tenían en su poder el recibo de pago de impuesto municipales, cédula catastral, croquis de ubicación y certificación de gravámenes, demostrando que su cumplimiento se debió a actuaciones de los compradores, lo cual no fue contradicho por la propietaria vendedora. Y los optantes compradores, debían realizar: correr con los gastos de redacción y protocolización del documento y disponer del dinero restante, cuyo cumplimiento quedó demostrado en las actas procesales que componen el presente expediente, especialmente a través de la inspección judicial promovida y evacuada en el Tribunal a quo el 22 de abril de 2008, en la sede de Banfoandes, sede administrativa, gerencia (sic) de servicios (sic) y créditos (sic) hipotecarios (sic), piso 1, carrera 6 con calle 5, Edificio Banfoandes, San Cristóbal, Estado Táchira, en la que dejaron constancia que el cheque número 00020437, de la cuenta número 0007-00001-19-0000000012 de fecha 15 de marzo de 2007, a nombre de Rosalba Peña, por la cantidad de Bs. 100.000.000,00 que equivalen a Bs. 100.000,00, la persona encargada informó que efectivamente esos son los datos del cheque, pero que sólo la sucursal donde fue cobrada tiene la información de quien lo efectuó; que el crédito fue aprobado el 16 de agosto de 2007, y que el mismo fue aprobado para la compra de un apartamento constituido por un apartamento distinguido con el número 3, piso 2, Edificio Victoria, Pasaje Acueducto, entre carreras 18 y 19, número 18-20, 18-30 y 18-34 de Barrio Obrero, Parroquia Pedro María Morantes, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, que fue dado en garantía con hipoteca en primer grado para la adquisición de vivienda principal.

Desprendiéndose de las pruebas aportadas, que la parte demandante, efectivamente probó haber dado cabal cumplimiento a lo pactado en el contrato de opción a compra de fecha 07 de junio de 2007, debidamente autenticado por ante la Notaria Pública Quinta de San Cristóbal, Estado Táchira, anotado bajo el número 31-A, Tomo 168, Folios 62-63, ya que la parte demandante hizo todo lo necesario para conseguir la aprobación del crédito hipotecario, que tiene fecha de 16 de agosto de 2007, y la disponibilidad del dinero en fecha 25 de agosto de 2007, es decir, dentro de los noventa días; aún cuando la parte demandada, rechazó el cumplimiento de las obligaciones por parte de los optantes, no demostró haber cumplido con su parte en el contrato, además que para la fecha de ser incoada la demanda que activo el órgano jurisdiccional, es decir, para el 27 de noviembre de 2007, la ciudadana Rosalba Peña, no había ejercido ningún tipo de acción legal, encontrándose inactiva, lo que demuestra una conformidad con las circunstancias de hecho, ya que a lo largo del íter procesal en primera instancia, así como en esta alzada no alegó haber hablado con los optantes compradores a fin de aclarar y resolver lo que estaba sucediendo, por el contrario ha mantenido un contínuo (sic) silencio, aún sobre el dinero dado como abono por los ciudadanos Luis Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez, ya que no manifestó su intención de devolverlo en vista del supuesto incumplimiento de los precitados ciudadanos pero si se acogió a la cláusula cuarta del contrato que establece el pago de diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00) que equivalen a diez mil bolívares (Bs. 10.000,00) por parte de la persona que incumpliera el mismo; caso contrario, la parte demandada, propietaria vendedora, no realizó ningún trámite necesario para proveer la documentación necesaria para la futura protocolización, alegando haber inscrito el inmueble como vivienda principal por ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, lo cual no es debatido en el caso de marras, ya que lo expuesto por la parte actora es que el inmueble no se encontraba inscrito en los respectivos registros de catastro del municipio, lo contrario, es la notificación de venta que debe realizar el propietario vendedor ante el Seniat y efectuar el pago de impuesto respectivo, hechos que no fueron, siquiera, mencionados por la demandada Rosalba Peña en su carácter de propietaria vendedora, menos aún, probó su cumplimiento, siendo forzoso a esta alzada determinar que no fueron cumplidas a cabalidad las obligaciones inherentes al contrato de opción a compra ya tantas veces mencionado por parte de la propietaria. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 
Es así como se evidencia, que la propietaria vendedora, demandada de autos no hizo mención alguna del dinero recibido por ella como abono a la opción de compra, pero si se acogió a la cláusula cuarta que contempla la penalización por daños y perjuicios en caso de incumplimiento de los optantes compradores, aún (sic) cuando es ella quien no demostró el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, toda vez que los optantes compradores si demostraron haber agilizado todo lo necesario para la protocolización del respectivo contrato de compra venta, y demostró que el dinero necesario para pagar la diferencia del precio del bien inmueble se encuentra disponible por crédito aprobado por la entidad bancaria Banfoandes, Banco Universal, además los optantes compradores, demostraron a través de los testigos promovidos, evacuados y plenamente valorados por esta alzada que la propietaria concedente no cumplió con notificar al Seniat de la venta, sin lo cual no podía realizarse ningún tramite (sic). Y así se establece. para la protocolización, por lo que es forzoso declarar la presente acción de cumplimiento de contrato con lugar, tal y como se hará en forma expresa en la dispositiva de la presente decisión. Y así se establece. (Negrillas y subrayado de la Sala).

En consecuencia, la demandada Rosalba Peña, deberá otorgar el documento de venta del inmueble en litigio, consistente en un apartamento distinguido con el número 3, piso 2, Edificio Victoria, Pasaje Acueducto, entre carreras 18 y 19, número 18-20, 18-30 y 18-34 de Barrio Obrero, Parroquia Pedro María Morantes, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, por ante la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, a los ciudadanos Luis Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez, parte demandante de autos, asimismo, los accionantes (Luis Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez), en el acto de otorgamiento, deberán pagar a la demandada ciudadana Rosalba Peña, la cantidad de noventa mil bolívares (Bs. 90.000,00) por concepto de saldo restante del precio del inmueble. Así se decide. (Negrillas del texto).

 

 De darse falta de cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente, por parte de la ciudadana Rosalba Peña, la parte demandante ciudadanos Luis Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez, deberán consignar el saldo restante, es decir, noventa mil bolívares (Bs. 90.000,00) ante el tribunal de cognición, quien lo depositara en una cuenta de ahorros a nombre de Rosalba Peña, beneficiaria de dicha cantidad, quien podrá retirarla. Y así se decide. (Negrillas del texto).


En caso de verificarse la negativa de la ciudadana Rosalba Peña, en otorgar el documento definitivo de venta, el tribunal a quo ordenará expedir, copia certificada mecanografiada de la presente sentencia, a los fines de que sirva de documento de propiedad del bien inmueble objeto de compra venta a los ciudadanos Luis Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez, de conformidad con lo establecido en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, a los fines que surta sus efectos legales correspondientes como titulo (sic) de propiedad...”.

 



La transcripción que antecede pone en evidencia que, contrariamente a lo sostenido por el abogado formalizante como apoyo del vicio de incongruencia que le imputa a la recurrida, el ad quem sí se pronunció sobre el pedimento de la demandada relativo a que la parte accionante le pagara la suma de Bs. 10.000.000,00 por concepto de daños y perjuicios, acordado por las partes en litigio en el contrato de opción de compraventa cuyo cumplimiento exigen los demandantes a través de la presente acción, al expresar que aun cuando la propietaria demandada, ciudadana Rosalba Peña, no demostró el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sí se acogió “...a la cláusula cuarta que contempla la penalización por daños y perjuicios en caso de incumplimiento de los optantes compradores, aún (sic) cuando es ella quien no demostró el cumplimiento de sus obligaciones contractuales...”.

 

Lo antes expuesto pone de relieve que lo realmente cuestionado por el abogado formalizante, es lo decidido por el juez sobre la aplicación del contenido de la cláusula cuarta del contrato objeto fundamental de la presente demanda, y no la omisión de pronunciamiento sobre la misma, razón por la cual la Sala forzosamente debe desechar por improcedente la denuncia de infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

RECURSO DE CASACIÓN SOBRE LOS HECHOS

ÚNICA

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia en la recurrida la infracción de los artículos 1.133 y 1.159 del Código Civil, ambos por falta de aplicación, con apoyo en los siguientes argumentos:

 

“...A los folios 14 al 16 del expediente corre inserta copia certificada mecanografiada expedida por la Notaría Pública Quinta..., contentiva del documento de opción a compra, autenticado por ante esa dependencia pública el 7 de junio del año 2007, anotado bajo el N° 31-A, Tomo 168 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría.

 

En las cláusulas primera y cuarta, los contratantes establecieron:

 

PRIMERA: LA PROPIETARIA da en Opción (sic) de compra a favor de los Optantes (sic) para adquirir un inmueble de su única exclusiva (sic) propiedad, un apartamento vivienda,...

 

CUARTA: En caso que por causa imputable a la propietaria no se pudiera protocolizar el documento de compra venta dentro del plazo estipulado en este documento deberá devolver la cantidad recibida de CIEN MILLONES DE BOLÍIVARES (Bs. 100.000.000,00) más la suma de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,00) como indemnización por daños y perjuicios a los optantes. Si el incumplimiento fuera por causa imputable a los optantes, éstos se obligan a pagar a la propietaria como indemnización por daños y perjuicios a la propietaria de (sic) la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,oo). (Negrillas del texto).

 

Conforme a lo establecido en la cláusula primera del contrato, mi representada no dio en venta el inmueble apartamento a los optantes compradores; sino que fue una promesa de venta y, esto es tan cierto, que en la cláusula cuarta los contratantes establecieron que en el caso de incumplimiento la sanción para cualquiera de ellos era pecuniaria, más no existe en el referido contrato cláusula alguna de que en el caso de incumplimiento la sanción daría lugar al cumplimiento como erró la recurrida tanto en su parte motiva como dispositiva de la sentencia.

 

La sentencia recurrida (f. 198 al 226), según lo transcrito, no analizó las referidas cláusulas primera y cuarta del contrato de opción a compra, el cual es ley entre las partes, sino que debido a esa ausencia de análisis del contrato llegó a la conclusión de declarar con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de opción a compra imponiéndole a mi representada una obligación de hacer no prevista en la convención, como lo estableció en sus numerales cuarto, sexto y séptimo del dispositivo de la sentencia (ver f. 225 y 226), que son del siguiente tenor:

 

CUARTO: se ordena a la ciudadana Rosalba Peña, ya identificada, a otorgar el documento definitivo de venta del inmueble por ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio San Cristóbal, sobre el apartamento distinguido con el número 3, piso 2, Edificio Victoria, Pasaje Acueducto, entre carreras 18 y 19, número 18-20, 18-30 y 18-34 de Barrio Obrero, Parroquia Pedro María Morantes, Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, a los ciudadanos Luis Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez, ya identificados.

 

SEXTO: una vez quede firme el presente fallo y la causa se encuentre en estado de cumplimiento voluntario, la ciudadana Rosalba Peña, deberá otorgar los documentos y sovencias (sic) que sean necesarios para la protocolización de la compra venta del apartamento descrito ut supra, de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de opción de compra, de fecha 07 (sic) de junio de 2007, ya descrito.

 

SÉPTIMO: En caso de verificarse la negativa de la ciudadana Rosalba Peña, en otorgar el documento definitivo de venta, los ciudadanos Luis Francisco Rodríguez Martínez Y Beatriz Suárez de Rodríguez, deberán consignar el saldo restante, es decir, noventa mil bolívares [Fuertes] (Bs. 90.000,oo) ante el tribunal de cognición, quien lo depositará en una cuenta de ahorros a nombre de Rosalba Peña, beneficiaria de dicha cantidad, quien podrá retirarla en cualquier momento. Luego el tribunal de la causa ordenará expedir copia certificada mecanografiada de la presente decisión, a los fines que (sic) la misma le sirva, de documento de propiedad del bien inmueble objeto de compra venta a los ciudadanos Luis Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez, de conformidad con lo establecido en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que surta sus efectos legales correspondientes como título de propiedad.

 

...omissis...

 

ESPECIFICACIÓN DE LAS NORMAS QUE LA RECURRIDA DEBIÓ APLICAR Y NO APLICÓ PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA.

 

En la presente denuncia delato la infracción por falta de aplicación de los artículos 1.133 y 1.159 del Código Civil que son las normas aplicables para resolver la controversia.

 

La sentencia recurrida no aplicó el artículo 1.133 del Código Civil, el cual establece la facultad que le confirió el legislador sustantivo a los ciudadanos a los fines de que por medio del concierto de voluntades establezcan un vínculo jurídico para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir una relación jurídica siempre y cuando no esté en contravención a la Ley o a las buenas costumbres.

 

En el contrato de opción a compra, en todo su contexto, contentivo de siete cláusulas las partes hoy demandantes y demandada no establecieron que el no cumplimiento de la opcionante vendedora originara que ésta de forma coactiva por orden del órgano jurisdiccional estuviese obligada a transmitir la propiedad del inmueble apartamento, esto no fue pactado.

 

En cambio, en la cláusula primera del contrato de opción a compra las partes establecieron de forma clara y específica que la opcionante vendedora DABA EN OPCIÓN A COMPRA, MÁS NO EN VENTA, y en la cláusula cuarta del referido contrato ambas partes convinieron que su incumplimiento por cualesquiera de ellas originaría UNA SANCIÓN PECUNIARIA como indemnización por daños y perjuicios. (Negrillas de la Sala).

 

Igualmente el artículo 1.159 del Código Civil, denunciado por falta de aplicación preceptúa que:

 

“Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes...”

 

Esta disposición contempla que al haber facultado el legislador sustantivo a los ciudadanos que constituyan sus propios convenios, siempre dentro del marco legal, éstas (sic) convenciones y/o acuerdos constituyen ley para ellos, que fue lo que sucedió en el presente caso al establecerse que la sanción de incumplimiento originada por cualquiera de ellos daría lugar a una indemnización pecuniaria pero nunca se estableció ni se convino que el no cumplimiento por parte de la opcionante vendedora diera lugar a accionar por vía judicial el cumplimiento del contrato y como consecuencia de ello fuera constreñida a otorgar el documento definitivo de venta como la condenó la sentencia recurrida. (Negrillas de la Sala).

 

Por ello, si la recurrida hubiese aplicado esos dispositivos previa confrontación con el contrato de opción a compra, habría llegado a la conclusión que tenía que aplicar para resolver la controversia esos dispositivos conjuntamente con las cláusulas contentivas del contrato por cuanto, valga la redundancia, en ninguna de ellas, se estableció que el no cumplimiento por parte de la opcionante vendedora daría lugar a que ésta le transmitiere a los opcionantes compradores la propiedad del inmueble apartamento, esas razones demuestran fehacientemente que la recurrida para haber resuelto la controversia tenía que haberlos aplicado, y su no aplicación originó que se declarara con lugar la demanda cuando debió era haberla declarado sin lugar...”. 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

El formalizante denuncia la infracción por falta de aplicación de los artículos 1.133 y 1.159 del Código Civil, con la correspondiente invocación del artículo 320 eiusdem, con apoyo en que las partes del litigio -mediante el contrato objeto de la presente acción- se obligaron sólo a que los compradores compraran el bien inmueble objeto de la negociación allí prevista, pero no a que la vendedora propietaria se los vendiera, pues, según lo expone en su denuncia, se trata de una opción de compra y no de una opción de compraventa.

 

Para sustentar tan peculiar argumento, el formalizante expone que ambas partes del juicio pactaron que -en caso de incumplimiento de las obligaciones que les correspondían por efecto de dicho contrato- sólo se impondría la sanción pecuniaria establecida en la cláusula cuarta del mencionado documento, ya que contrariamente a la interpretación dada por el sentenciador superior, éstas jamás acordaron o establecieron que el incumplimiento del contrato por parte de la propietaria vendedora diera lugar a “...accionar por vía judicial  el cumplimiento del contrato y como consecuencia de ello fuera constreñida a otorgar el documento definitivo de venta como la condenó la sentencia recurrida...”.

 

Ahora bien, con respecto a los contratos de promesa bilateral de compraventa, la Sala estableció entre otras, en sentencia de fecha 9 de julio de 2009, caso: Ada Preste de Suárez y Santiago Suárez Ferreyro contra Desarrollos 20699, C.A., lo que a continuación se transcribe:

 

“…Los contratos de promesa bilateral de compraventa son contratos preparatorios o preliminares, en el sentido de que sólo producen el efecto de obligar a las partes a celebrar entre sí un futuro contrato.

Éstos deben contener los elementos esenciales del ulterior contrato, de manera que en él debe constar la perfecta y clara voluntad de las partes de prestar en el futuro el consentimiento para la compraventa, sin que ello signifique la consumación del contrato definitivo.

Asimismo, estos contratos son en la actualidad de gran utilidad para los ciudadanos y su uso ha sido muy frecuente para la adquisición de bienes inmuebles, ya que para comprar un inmueble se requiere el cumplimiento de ciertas formalidades previas, como por ejemplo, la solvencia de impuestos municipales, presentación del comprobante de vivienda principal, impuesto sobre inmuebles urbanos, certificación de gravámenes, entre otros, necesarios para la celebración del contrato definitivo; y la utilización de tales contratos ha sido de gran provecho especialmente cuando se solicita un préstamo a un Banco o Institución Financiera para la compra del inmueble.

Dentro de las características de los contratos preparatorios podemos mencionar las siguientes:

- Es un precontrato, ya que prepara la celebración de otro contrato.

- Es autónomo, ya que cada uno de los contratantes tiene el derecho de exigir que el otro se preste a la estipulación del contrato definitivo.

- Es principal, ya que subsiste con independencia del contrato futuro.

- Produce efectos personales, ya que no es traslativo ni constitutivo de derechos reales, sino que por el contrario engendra una obligación de hacer, es decir, prestarse para la celebración de un futuro contrato.

- Pueden ser bilaterales o unilaterales, según se obliguen ambas partes o una sola a celebrar el contrato prometido. (José Mejía Altamirano. Contratos Civiles. Teoría y práctica. p. 195)

De manera que el contrato que se examina, consignado como documento fundamental de la demanda, es un contrato de promesa bilateral de compraventa, cuya naturaleza es la de un contrato preparatorio, pues constituye un acuerdo de voluntades en el cual ambas partes contratantes se comprometen a celebrar el contrato futuro, en este caso el contrato de compraventa propiamente dicho…”. (Negritas de la Sala).

 

Aunado a lo anteriormente expuesto, la Sala ha sido clara y precisa al establecer: “…Los contratos de promesa bilateral de compra-venta no constituyen una venta, ya que son contratos preparatorios o preliminares, que preparan la celebración de otro contrato, y en cuyas cláusulas se identifican las personas intervinientes ya sean naturales o jurídicas, el bien o bienes objetos del mismo, la duración de éste, el precio del o los bienes, la cantidad de dinero que en calidad de arras o como garantía de cumplimiento de las estipulaciones contenidas en ese contrato entrega el opcionado o comprador al opcionante o vendedor y, la denominada “Cláusula Penal” en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato…” (Sentencia de fecha 27 de octubre de 2010, Nº 460, Caso: Towncar, C.A. Almacén contra Sucesión Amleto Antonio Capuzzi Di Prinzio, Expediente: 10-131).

 

No obstante a lo anteriormente expuesto, la Sala observa que los artículos 1.133 y 1.159 del Código Civil, denunciados como infringidos por falta de aplicación, son del siguiente tenor:

 

Artículo 1.133: “El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico”

 

Artículo 1.159: “Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley”.

 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación por infracción de ley, se divide en error de derecho en la resolución de la controversia y en el juzgamiento de los hechos; y este último se subdivide -a su vez- en error de derecho en el establecimiento y apreciación de los hechos y de las pruebas, y los tres casos de suposición falsa.

 

Ahora bien, la Sala advierte que los argumentos que apoyan la presente denuncia apuntan a que lo cuestionado por el formalizante es la interpretación dada por el juez ad quem al contrato fundamental de la demanda, lo que conlleva a la desnaturalización del mismo.

 

Respecto a la desnaturalización de la voluntad contractual, se ha indicado que está constituida por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta, por lo que si la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto del contrato ocurre la desnaturalización del contrato. (Sent. S.C.C de fecha 22-09-09  caso Inversiones Alvamart C.A contra Edoval, C.A. y otra, ratificada en Sentencia de fecha 2 de marzo de 2010, Exp. 2009-000416).

 

En el mismo orden de ideas, la desnaturalización de los contratos es entendida como un vicio enmarcado dentro del primer caso de falso supuesto, por lo que esta Sala en sentencia de fecha 27 de julio de 2004,  caso: Miriam del Carmen Moreno y otros contra Asociación Civil Ávila, señaló:

“...En sentencia de fecha 11 de marzo de 1992, expresó la Sala: 

‘La interpretación de los contratos, de acuerdo a reiterada doctrina de esta Sala, es de la soberanía de los jueces de instancia, y la decisión que al respecto ellos produzcan, sólo será atacable en Casación por denuncia de error en la calificación del contrato, error éste de derecho, o por suposición falsa.’

“Ahora bien, ha admitido esta Corte la casación por desnaturalización de una mención contenida en el contrato, que conduciría a que la cláusula establecida en el mismo, produzca los efectos de una estipulación no celebrada.

El límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el Juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si, por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato.

En aplicación de la doctrina transcrita, la Sala establece que la desviación ideológica cometida por el juez en la interpretación de los contratos, sólo puede ser atacada mediante el primer caso de suposición falsa...” (caso: Carlos Rodríguez Palomo, c/ Inversiones Visil C.A.). (Subrayado de la Sala). 

 

Ahora bien, ante los argumentos que apoyan la presente delación, la Sala considera pertinente transcribir parcialmente el contrato cuyo cumplimiento se pide a través de la presente acción, el cual está consignado al folio 49 del expediente, y es del siguiente tenor:

 

“...PRIMERA: LA PROPIETARIA da en Opción (sic) de compra a favor de los Optantes (sic) para adquirir un inmueble de su única exclusiva (sic) propiedad, un apartamento vivienda, distinguido con el número 3, ubicado en el piso 2, del Edificio “Victoria” situado en el Pasaje Acueducto, entre carreras 18 y 19 N° 18-24, 18-30 y 18-34, en Jurisdicción (sic) del Municipio Pedro María Morantes, antes Distrito ahora Municipio San Cristóbal. El apartamento consta de tres (3) dormitorios, más uno de servicio, salón comedor, tres /(3) baños, cocina y dependencias de servicio. Los linderos y demás especificaciones están determinado (sic) en el documento de condominio registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del antes Distrito San Cristóbal de este Estado Táchira, ahora Municipio San Cristóbal, bajo el N° 17, Tomo 8, Protocolo Primero, Folios 31 al 40, de fecha 29 de julio de 1980 y en el documento de propiedad adquirido mediante documento registrado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, registrado bajo el N° 02, Tomo 008, Protocolo 01, Folio 1/3 (sic), correspondiente al 3 (sic) Trimestre (sic) del presente año. Los OPTANTES, declara (sic) conocer dicho inmueble y esta (sic) conforme con las características y condiciones del mismo.

SEGUNDA: El plazo de duración de esta opción de compra es de noventa (90) días contados a partir del día 10 de junio de 2007. Dentro del mencionado plazo “La propietaria” se compromete a suministrar los documentos y solvencias que son necesarios para la formalización de la compra venta del apartamento descrito, a tener cancelado los recibos por gasto de condominio correspondiente al apartamento hasta el mes anterior al de la protocolización del documento de compra venta del mencionado apartamento.

TERCERO: El precio de venta del indicado inmueble es la cantidad de CIENTO NOVENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 190.000.000,oo) la cual será pagada de la manera siguiente: CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,00), que cancelan los Optantes (sic), en cheque de gerencia del Banco Banfoandes N° 00020437 en la fecha de 15/03/2007 (sic), dicha cantidad forma parte del valor del apartamento objeto de esta opción de compra. El saldo restante de la cantidad de NOVENTA MILLONES (90.000.000,oo), será pago (sic) en el momento de la protocolización del documento de venta, en un plazo de noventa (90) días fecha convenida por ambas partes.

CUARTA: En caso que por causa imputable a la propietaria no se pudiera protocolizar el documento de compra venta dentro del plazo estipulado en este documento deberá devolver la cantidad recibida de CIEN MILLONES DE BOLÍIVARES (Bs. 100.000.000,00) más la suma de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,00) como indemnización por daños y perjuicios a los optantes. Si el incumplimiento fuera por causa imputable a los optantes, éstos se obligan a pagar a la propietaria como indemnización por daños y perjuicios a la propietaria de (sic) la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,oo)…”.

 

 

 

De la transcripción que antecede emana, que los compradores se obligaron a comprar el inmueble, que pagaron más del 50% del precio pactado entre ellos y la propietaria vendedora recibió la suma de Bs. 100.000.000,00, (BsF. 100.000,00) como abono a cuenta del precio que habían fijado las partes por el precitado inmueble, quedando obligada esta última a suministrar los documentos y solvencias necesarias para la formalización de la compraventa del referido inmueble, que no es otra cosa que la protocolización del documento de compraventa. 

 

En relación a tal contrato, la recurrida expresó lo siguiente:

 

“…Evidenciando, esta sentenciadora que el contrato de opción a compra bajo análisis, cumple con los requisitos esenciales de este tipo de contrato como lo son: la opción que se concedió a los optantes compradores; haber establecido el plazo en que debe ejercitarse la opción; la cosa objeto de compra; y el precio de la cosa. Igualmente pactaron un pago en caso de incumplimiento como daños y perjuicios.

Del documento de opción a compra de fecha 07 de junio de 2007, se desprende que la propietaria, debía realizar dentro de los 90 días continuos lo siguiente: suministrar los documentos y solvencias que son necesarios para la formalización de la compra-venta (…) éstas dos últimas obligaciones y la solvencia en el condominio no fue debidamente demostrado su cumplimiento en el íter procesal, no obstante los optantes compradores, parte demandante de autos, tenían en su poder el recibo de pago de impuesto municipales, (…) demostrando que su cumplimiento se debió a actuaciones de los compradores, lo cual no fue contradicho por la propietaria vendedora. Y los optantes compradores debían realizar: correr con los gastos de redacción y protocolización del documento y disponer del dinero restante, cuyo cumplimiento quedo demostrado en las actas procesales que componen el presente expediente (…).

Desprendiéndose de las pruebas aportadas, que la parte demandante, efectivamente probó haber dado cabal cumplimiento a lo pactado en el contrato de opción a compra (…) dentro de los noventa días; aún cuando la parte demandada, rechazó el cumplimiento de las obligaciones por parte de los optantes, no demostró haber cumplido con su parte en el contrato, además que para la fecha de ser incoada la demanda que activó el órgano jurisdiccional, (…) la ciudadana Rosalía Peña, no había ejercido ningún tipo de acción legal, encontrándose inactiva, lo que demuestra una conformidad con las circunstancias de hecho, ya que a lo largo del íter procesal en primera instancia, así como en esta alzada no alegó haber hablado con los optantes compradores (…), por el contrario ha mantenido un continuo silencio, aún sobre el dinero dado como abono, (…) ya que no manifestó su intención de devolverlo en vista del incumplimiento de los precitados ciudadanos, pero si se acogió a la cláusula cuarta del contrato que establece el pago de diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00) (…) caso contrario, la parte demandada, propietaria vendedora, no realizó ningún trámite necesario para proveer la documentación necesaria para la futura protocolización, alegando haber inscrito el inmueble como vivienda principal por ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, lo cual no es debatido en el caso de marras, ya que lo expuesto por la parte actora es que el inmueble no se encontraba inscrito en los respectivos registros de catastro del municipio, lo contrario, es la notificación de venta que debe realizar el propietario vendedor ante el Seniat y efectuar el pago del impuesto respectivo, hechos que no fueron, siquiera, mencionados por la demandada Rosalía Peña en su carácter de propietaria vendedora, menos aún, probó su cumplimiento, siendo forzoso a esta alzada determinar que no fueron cumplidas a cabalidad las obligaciones inherentes al contrato de opción a compra ya tantas veces mencionado por parte de la propietaria.

…omissis…

En consecuencia, la demandada Rosalía Peña, deberá otorgar el documento de venta del inmueble en litigio, (…) a los ciudadanos Luís Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez, parte demandante de autos, asimismo, los accionantes (Luís Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez), en el acto de otorgamiento, deberán pagar a la demandada ciudadana Rosalía Peña, la cantidad de noventa mil bolívares (Bs. 90.000,00) por concepto de saldo restante del precio del inmueble. Así se decide.

De darse falta de cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente, por parte de la ciudadana Rosalía Peña, la parte demandante ciudadanos Luís Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez, deberán consignar el saldo restante, es decir, noventa mil bolívares (Bs. 90.000,00) ante el tribunal de cognición, quien lo depositará en una cuenta de ahorros a nombre de Rosalba Peña, beneficiara de dicha cantidad, quien podrá retirarla. Y así se decide.

En caso de verificarse la negativa de la ciudadana Rosalba Peña, en otorgar el documento definitivo de venta, el tribunal a-quo ordenará expedir, copia certificada mecanografiada de la presente sentencia, a los fines de que sirva de documento de propiedad del bien inmueble objeto de compra venta a los ciudadanos Luís Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez, de conformidad con lo establecido en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, a los fines que surta sus efectos legales correspondientes como título de propiedad…”.

 

De la transcripción parcial de la recurrida se desprende que el sentenciador de alzada ordenó a “…la parte demandante ciudadanos Luís Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez, deberán consignar el saldo restante, es decir, noventa mil bolívares (Bs. 90.000,00) ante el tribunal de cognición, quien lo depositará en una cuenta de ahorros a nombre de Rosalba Peña, beneficiara de dicha cantidad, quien podrá retirarla…”, y en caso de “…verificarse la negativa de la ciudadana Rosalba Peña, en otorgar el documento definitivo de venta, el tribunal a-quo ordenará expedir, copia certificada mecanografiada de la presente sentencia, a los fines de que sirva de documento de propiedad del bien inmueble objeto de compra venta a los ciudadanos Luís Francisco Rodríguez Martínez y Beatriz Suárez de Rodríguez…”.

 

De acuerdo con lo antes expuesto el juzgador: 1) declaró que la decisión se tomará como título de propiedad sobre el bien; y 2) consideró que en caso de que la vendedora se niegue a vender,  la compradora deberá depositar lo que reste del precio pactado en el contrato de opción de compra-venta, para luego el otorgamiento del documento definitivo de venta.

 

En ese análisis conclusivo del juzgador de alzada, se evidencia la infracción de los artículos 1.133 y 1.159 Código Civil, pues está obligando al vendedor a vender y además al hecho de que se le debe otorgar mediante decisión judicial el documento definitivo de venta que equivale al título de propiedad sobre el bien vendido, esto constituye una infracción no sólo a las citadas normas, sino además al principio constitucional del derecho de propiedad, el cual se perfecciona con la protocolización del documento definitivo de venta en el respectivo Registro inmobiliario.

 

En ese sentido y de conformidad con la sentencia Nº 469, Expediente 10-131 comentada supra, y en aplicación al caso de autos, se evidencia que el juez de alzada mediante el contrato de opción de compra-venta, lo interpreta erróneamente como un contrato de venta cuando en realidad lo que equivale es una promesa bilateral de compra-venta, y debido a esa interpretación errada, obliga a la demandada hoy vendedora, mediante esta decisión a vender, y a la actora hoy compradora se le establece la obligación de concluir el pago del precio total mediante el depósito judicial, y una vez cancelado se le otorgará además el derecho de propiedad a la demandante.

 

Además de lo antes expuesto,  el  juez no sólo obliga a vender sino que además hace caso omiso de la cláusula penal establecida por las partes, lo cual se traduce en una infracción del contrato suscrito entre las partes que es ley entre las mismas, pues omite la indemnización por el incumplimiento de la parte que se está negando a vender.

 

En consecuencia, la recurrida incurrió en la infracción de los artículos 1.133 y 1.159 del Código Civil, y del 320 del Código de Procedimiento Civil, específicamente del primer caso de suposición falsa, al hacer caso omiso de las consideraciones y normas legales, razón por la cual la presente denuncia debe declararse procedente: Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la demandada, ciudadana Rosalba Peña, contra la sentencia de fecha 7 de enero de 2010, proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

 

En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al juez superior que resulte competente dictar nueva de-cisión con sujeción a la doctrina establecida en este fallo.

 

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

No ha lugar la condenatoria al pago de las costas procesales del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la Sala de Casación  Civil  del Tribunal   Supremo  de  Justicia,   en  Caracas,   a  los doce (12) días  del mes de mayo de dos mil once. Años: 201° de la  Independencia y 151° de la Federación.  

 

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

_____________________________

  YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Vicepresidenta,

 

_________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado Ponente,

 

 

 

__________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrado,

 

 

 

_______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

 

______________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

 

 

___________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

Exp. AA20-C-2010-000190

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

Secretario,

 

 

 

La Magistrado  ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ disiente del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora, razón por la cual salva su voto de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en el artículo 63 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en las siguientes consideraciones:

 

De conformidad con lo expresado por la mayoría sentenciadora la promesa bilateral de venta no equivale a un contrato de venta, sino a un contrato  previo de opción de compra venta, lo que no comparto.

 

El artículo 1.141 del Código Civil regula lo requisitos generales para la existencia de todo contrato, los cuales son el consentimiento de las partes, el objeto y la causa lícita. Acorde con estos presupuestos, el artículo 1.474 eiusdem dispone que “La venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio”; y respecto del consentimiento, el artículo 1.161 del mismo Código prevé que “En los contratos que tienen por objeto la transmisión de la propiedad u otro derecho, la propiedad o derecho se trasmiten y se adquieren por efecto del consentimiento legítimamente manifestado; y la cosa queda a riesgo y peligro del adquirente, aunque la tradición no se haya verificado”. (Resaltado de la Sala).

 

De conformidad con las normas citadas, el contrato de venta es bilateral, consensual, oneroso y tiene por objeto la transmisión del derecho de propiedad de un bien. Asimismo, siguiendo las enseñanzas de Luis Aguilar Gorrondona, se agrega que las obligaciones del comprador y del vendedor son principales, y pueden ser de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. (Contratos y Garantías. Novena Edición, página 143).

 

Lo expuesto permite determinar que basta el consentimiento manifestado por ambas partes, una de comprar y la otra de vender, así como la especificación del bien cuya propiedad es transferida por medio de esa voluntad expresada, con la debida determinación de su precio y su forma de pago, para que se considere la existencia del contrato de venta, por haber concurrido los extremos exigidos en la ley.

 

Considero que la promesa siempre es unilateral, y esa es la naturaleza propia el contrato de opción de compra o de venta, según el caso, mas cuando ambos consentimientos concurren, en presencia de los demás requisitos previstos en la ley, no puede ser considerado que existe una opción o promesa bilateral de venta, distinta de la venta; por el contrario, en mi opinión ambas son equivalentes y configuran el contrato regulado en el artículo 1.474 del Código Civil.

En aplicación de esas consideraciones al caso concreto, estimo que el contrato que originó el juicio es una venta, como acertadamente concluyó el juzgador de alzada, pues hubo un acuerdo de voluntades entre el vendedor de entregar el inmueble vendido, y el comprador de entregar el precio pactado, y por ende, se verificó la venta por la concurrencia de consentimiento por ellos manifestados en el contrato, con especificación del inmueble cuya propiedad es transferida por la voluntad expresada pro ambas partes, así como el precio y su forma de pago, lo cual consta de la transcripción hecha en esta sentencia del contrato firmado entre las partes (Págs. 57 y 58). 

 

Por los razonamientos precedentemente expuestos, considero que la sentencia recurrida es ajustada a derecho y que el recurso de casación ha debido ser declarado sin lugar. En estos términos queda expresado mi disentimiento de la sentencia aprobada por la mayoría de la Sala. Fecha ut supra.

 

En Caracas, a la fecha de su presentación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 ______________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

 

_________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado Ponente,

 

 

_________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrado,

 

 

_______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

________________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

 

Secretario,

 

 

_____________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

Exp. AA20-C-2010-000190

 

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