Venley

Sentencia N.º RC.000198

Sentencia
N.º RC.000198
Fecha
21/04/2015
Sala
Casación Civil
Expediente
14-481
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2014-000481

 

Magistrado Ponente: Luis Antonio Ortiz Hernández

 

 

En el juicio por nulidad de venta intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano ANTONIO BENITO PONCE, representado judicialmente por los profesionales del derecho Héctor Fernández Vásquez, Daniel Soto Vilera y Luis Enrique Castellano Blanco contra los ciudadanos MARÍA MARCELA GÓMEZ DE LA VEGA y ORLANDO ENRIQUE RODRÍQUEZ PEÑA, representados por la abogada en ejercicio de su profesión Milagros Coromoto Falcón, en su condición de defensora ad litem, siendo que el último está representado por ante esta Sala por el abogado en ejercicio Freddy Alex Zambrano Rincones; el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en reenvío, dictó sentencia en fecha 25 de marzo de 2014, declarando PRIMERO: con lugar  el recurso  de  apelación. SEGUNDO: parcialmente con lugar la demanda de nulidad de venta. TERCERO: ordenó oficiar a la oficina de registro inmobiliario respectivo a los fines de proceder a estampar la nota pertinente declarando nula la venta efectuada. No hubo condenatoria en costas.

Contra la referida sentencia, la parte co-demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

En fecha 11 de febrero de 2015 fue designada la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, y con motivo de ello, esta Sala de Casación Civil quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Magistrado Guillermo Blanco Vásquez, Vice-Presidente: Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, Magistrada Isbelia Pérez Velásquez y Magistrada Marisela Godoy Estaba.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario, y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

Ú N I C A

 

Sostiene el formalizante:

“Con fundamento en lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción en la recurrida de los artículos 15, 206, 208, 211 y 212 del citado Código por reposición preterida, que constituye una causal de quebrantamiento de formas procesales en violación del derecho de defensa.

El vicio que se le imputa al fallo consistió en haber silenciado en su decisión y no haber emitido  Pronunciamiento alguno, con relación al alegato sostenido por mi representado en los informes presentados al ad quem y ratificados al Tribunal de reenvío, en el cual se le solicitó la reposición de la causa al estado de contestación de la demanda, en virtud de que la defensora ad litem designada no cumplió con las obligaciones que le impone la ley para ejercer una cabal defensa de los demandados, dejándolos en estado de absoluta indefensión a todo lo largo del juicio, pues su defensa se redujo a contestar en forma genérica la demanda.

En efecto, la defensora ad litem designada por el Tribunal, no promovió pruebas, ni se opuso a la admisión de las pruebas promovidas por la parte actora, algunas de las cuales eran manifiestamente ilegales y otras absolutamente impertinentes, como fueron las copias simples que presentó de unos expedientes judiciales que nada tenían que ver con la acción de nulidad de venta intentada; así como unas testimoniales que eran francamente inadmisibles, a tenor de lo establecido en el artículo 1387 del Código Civil, conforme lo asentó de oficio el Juez de la recurrida. Tampoco impugnó las copias fotostáticas de actas procesales de expedientes judiciales, ni las instrumentales traídas en fotocopia, emanadas de una Fiscalía del Ministerio Público, a objeto de que la parte presentara copias certificadas de dichas actuaciones, por cuanto no se puede afirmar a priori la autenticidad de unas fotocopias traídas a los autos por la parte actora, sin haber establecido la defensora ad litem, ningún contacto personal con los demandados a quienes representaba. Tampoco se opuso a la admisión de copias simples de anuncios publicados en internet, que el tribunal de la recurrida declaró que, por ser copias de un instrumento privado simple, emanado de un tercero, no podían hacer prueba en juicio, de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. También fue desechada por ser manifiestamente ilegal, la fotocopia de una carta de 28/05/1987, supuestamente suscrita por la ciudadana Jenny Velásquez, haciendo constar que recibió de la parte actora un sobre que contenía la revocatoria del poder otorgado a la codemandada, para ser entregada en manos de esta última. Sobre estas probanzas nada dijo la defensora ad litem en el lapso de oposición a la admisión de las pruebas. Tampoco asistió al acto de declaración de los testigos promovidos por la parte actora, con la finalidad de repreguntarlos. De igual modo, tampoco presentó informes en ninguna de las instancias, ni dio contestación a la formalización del recurso de casación intentado por la parte actora contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior, todo lo cual demuestra un total y absoluto abandono de la defensa que le fue encomendada, quedando mi representado total y absolutamente desasistido a lo largo del juicio, con el agravante que ni siquiera trató de comunicarse con él durante los cinco (5) años que ha tenido de duración el juicio. tanto es así, que ni siquiera se enteró de la sentencia de reenvío pronunciada por el Superior, al punto que hubo necesidad de notificarla por carteles para llevar a su conocimiento la sentencia dictada fuera del lapso por el Juez de reenvío, porque se desconoce la dirección del escritorio jurídico desde donde despacha, a pesar de que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil establece que es obligación de las partes o de sus representantes, indicar al Tribunal en la demanda o en la contestación de la demanda, una dirección exacta donde se puedan efectuar las notificaciones, citaciones o intimaciones.

En el asunto que nos ocupa, en los informes presentados en la Alzada ante el ad quem, y en escrito presentado ante el Juez de reenvío, el apoderado judicial de mi representado, alegó que su mandante se ha visto limitado en el ejercicio del derecho a la defensa, en virtud de que los demandados fueron representados en el proceso por un defensor judicial (Milagros Coromoto Falcón), según auto de fecha 02 de abril de 2009 (folio 83). Dicho defensor señala se limitó a ejercer la representación al contestar la demanda pero en forma genérica. Fuera de esa actuación, no realizó ninguna otra en defensa de sus representados, y muy especialmente en la etapa probatoria. Dice en su escrito más reciente, presentado al Juez de reenvío, que los jueces, al designar a un defensor judicial, deben garantizar que el designado cumpla con sus obligaciones de representante judicial del demandado y ello es la razón de la afirmación de que los demandados se vieron limitados en el ejercicio del derecho de defensa que tiene protección como garantía constitucional, razón por la cual solicitó la reposición de la causa al estado en que el Tribunal lo considere procedente. Es claro, entonces, el alegato planteado por el apoderado judicial de mi representado, quien denunció el estado de indefensión de los codemandados y solicitó en varias oportunidades la reposición de la causa por ese motivo, en el escrito de informes presentado al ad quem, solicitud que ratificó al Juez de reenvío en escrito que cursa a los folios del 413 al 415, de la pieza principal. Dicho alegato que fue totalmente ignorado en la sentencia, puesto que el fallo recurrido, al tratar lo referente a las solicitudes de reposición, no aborda específicamente este punto tratado en los informes, sino que analiza y decide otros alegatos esgrimidos por el apoderado de mi representado en los referidos escritos, pero sobre este alegato en particular, no hace ninguna declaración en la sentencia, lo cual constituye una omisión de pronunciamiento que causa indefensión a la parte, provocando la nulidad del fallo, como en efecto así se solicita formalmente a este Alto tribunal. 

…omissis…

En consecuencia, por ser procedente conforme a las normas de derecho delatadas, se solicita a esta honorable Sala de Casación Civil que case la sentencia recurrida y ordene al Juez Superior que resulte competente, que dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio detectado.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

De la transcripción de la denuncia, se desprende que el formalizante fundamenta su delación en que la recurrida silenció en su decisión y no emitió pronunciamiento alguno, en relación con el alegato sostenido por su representado en los informes presentados al ad quem y ratificados al tribunal de reenvío, en el cual se le solicitó la reposición de la causa al estado de contestación de la demanda, en virtud de que la defensora ad litem designada no cumplió con las obligaciones que le impone la ley para ejercer una cabal defensa de los demandados.

En ese sentido se evidencia que el formalizante acusa a la recurrida de “haber silenciado en su decisión y no haber emitido pronunciamiento alguno, con relación al alegato sostenido por mi representado”, planteamiento éste del vicio formal denominado incongruencia negativa, siendo que lo que pretende es que se reponga la causa al estado de nueva contestación de la demanda, lo que conllevaría en consecuencia a que se anulara todo lo actuado en el juicio, por lo que esta Sala, al observar que la infracción de las normas planteadas pudiera afectar el orden público, pasará a conocer la presente denuncia, bajo el contexto de una reposición no decretada. 

Con base en lo anterior, esta Sala de Casación Civil, ha dejado establecido entre otros fallos, mediante sentencia número 96, de fecha 22 de febrero de 2008, (caso: Banesco Banco Universal C.A, contra Héctor Jesús Pérez Pérez), el siguiente criterio:

“…la Sala en decisión N° 00998, de fecha 12 de diciembre de 2006, Caso: Pablo Pérez Pérez contra Promociones y Construcciones Oriente C.A., reiterada entre otras, en sentencia N° 00587, de fecha 31 de julio de 2007, caso: Chivera Venezuela S.R.L., contra Inversiones Montello C.A. y otra, estableció lo siguiente:

“...en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales.

En este sentido, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone que:

‘...Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.

En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.’

Aunado a lo anterior, cabe destacar, que mientras que en el Código de Procedimiento Civil de 1916 se refería a la reposición preterida, como un vicio disociado del quebrantamiento del derecho de defensa, nuestro actual Código recoge el vicio de reposición no decretada dentro de la causal de quebrantamiento de formas procesales en violación del derecho de defensa.

Ciertamente, una de las innovaciones observadas en la última reforma del Código de Procedimiento Civil, se refiere a este motivo del recurso de casación, pues la indefensión desaparece como motivo autónomo y separado, y es establecido como uno de los presupuestos de procedencia para la reposición de la causa por incumplimiento u omisión de formas procesales.

Queda claro, pues, que cuando se denuncie el quebrantamiento de una forma procesal, el recurrente deberá demostrar como tal infracción (sic) menoscabó o lesionó su derecho de defensa.

Ello es así, porque la reposición no decretada conforma un motivo propio de casación, denunciable de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que ‘Se declarará con lugar el recurso de casación: 1º Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa”.

En consecuencia, es posible que el juez de instancia hubiese incumplido o quebrantado alguna forma procesal sin que por ello proceda la reposición, pues es presupuesto indispensable que el acto no haya alcanzado su finalidad, que sea imputable al juez, que no haya sido consentido o convalidado por las partes, y resulte lesionado el derecho de defensa de alguna de ellas...”.

 

En atención al precedente jurisprudencial transcrito, queda claro que en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad procesal, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales. Por tanto, es indispensable para que proceda la reposición, que además haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad, entre otros extremos.

Lo antes expuesto queda sustentado asimismo en principios constitucionales, como los desarrollados en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que ratifican lo hasta ahora expuesto, al referirse al derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela de los derechos, a la justicia imparcial, equitativa, sin formalismos o reposiciones inútiles. Del mismo modo, el artículo 49 de la referida Carta Magna garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa; y el artículo 257 eiusdem, el cual hace referencia al proceso como el instrumento fundamental para la realización de la justicia.

 

En este mismo orden de ideas, es necesario significar, que en materia de nulidades procesales, de existir un acto írrito en el proceso, en este caso, que la defensora ad litem designada no cumplió con las obligaciones que le impone la ley para ejercer una cabal defensa de los demandados, no debe declararse la nulidad por la nulidad misma. La nulidad y consecuente reposición por quebrantamiento de una forma procesal, debe obedecer a una utilidad y, en este sentido, esta Sala advierte lo siguiente:

En el escrito de informes, presentado oportunamente ante la alzada por el hoy recurrente en casación, sostuvo:

  “De los autos se desprende que fuí representado en el juicio por un Defensor ad litem Abg MILAGROS COROMOTO FALCÓN designado por auto de fecha 02 de Abril de 2009 quien aceptó el cargo por diligencia de fecha 16 de Abril de 2009. Por escrito de fecha 23 de Septiembre de 2009 la Defensora designada procede a dar contestación a la demanda y a tal efecto se limita a señalar el haber resultado infructuosa las gestiones hechas para localizar a sus representados y a tal efecto consigna constancia de Consignación de Telegrama emitido por Ipostel y a todo evento se limita a señalar que niega, rechaza y contradice en todas sus partes, tanto los hechos narrados en el libelo de la demanda, como adecuación de las normas jurídicas invocadas en el mismo como fundamento de la acción ejercida. A ello se limitó la actuación procesal de mi defensora ya que no consta en auto otra intervención de ella en ejercicio de la defensa encomendada. Estando el juicio en etapa de sentencia fui informado  de la existencia del presente juicio donde aparezco como co-demandado razón por la cual me hice parte del proceso tal como consta en auto. A pesar de que la sentencia recurrida me favorece debo señalar que la actuación de la aludida defensora no fue eficiente razón por la cual considero que se ha contravenido de manera flagrante la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y debido proceso y en consecuencia procede la declaratoria de NULIDAD de la sentencia recurrida y la REPOSICIÓN de la causa al estado de que de que el Tribunal de la causa designe defensor ad litem a la otra co-demandada ya que me hice parte del juicio en esta de sentencia tal como antes lo expresé y así lo solicito….”

 

 De la anterior transcripción parcial del escrito de informes presentados por el hoy recurrente en casación, el cual se reprodujo dada la naturaleza de la denuncia, se observa como el mismo señala:

 

a)    Que estando el juicio en etapa de sentencia fue informado de la existencia del presente juicio donde aparece como co-demandado razón por la cual se hizo parte del proceso tal como consta en autos.

b)    Que a pesar de que la sentencia recurrida le favorece,  señala que la actuación de la aludida defensora no fue eficiente.

c)     Que procede la declaratoria de nulidad de la sentencia recurrida y la reposición de la causa al estado de que el tribunal de la causa designe defensor ad litem a la otra co-demandada.

 

Sobre tales consideraciones, estima esta Sala que una casación y reposición bajo este escenario, sería totalmente inútil. En efecto, debe destacarse, que la reposición de la causa no es una sanción que se aplique por cualquier falta del procedimiento; ella es excepcional, en el sentido de que contraría el principio de celeridad procesal, es decir, no se puede acordar una reposición, si no lleva por efecto corregir un vicio que afecte a los litigantes y, sobre todo, que tenga una utilidad.

En ese sentido, tal y como se sostuvo en el precedente jurisprudencial antes transcrito “Queda claro, pues, que cuando se denuncie el quebrantamiento de una forma procesal, el recurrente deberá demostrar como tal infracción (sic) menoscabó o lesionó su derecho de defensa”, siendo el caso, que el mismo había resultado ganancioso en la primera instancia y de paso no solicita para sí la designación de un nuevo defensor sino para la otra codemandada.

Los motivos antes expuestos se sustentan en los principios procesales constitucionales contenidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que textualmente dispone: “…El Estado garantizará una justicia (…) sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, esta Sala declara improcedente la presente denuncia. Así se establece.

 

 

RECURSO POR INFRACCION DE LEY

 

-I-

 

Sostiene el formalizante:

 
“De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida de los artículos 170, 1170 y 1707 del Código Civil, del primero por falsa aplicación, y del segundo y tercero, por falta de aplicación.

…omissis…

Se lee al efecto en el fallo recurrido lo siguiente:

…omissis…

“Pues bien, esta conclusión del sentenciador es producto de la falsa aplicación que éste dio al artículo 170 del Código Civil, puesto que, la aludida disposición declara la nulidad de la enajenación de bienes inmuebles pertenecientes a la comunidad conyugal sin el necesario consentimiento del otro cónyuge, situación que no ocurrió en la hipótesis de autos, pues la venta se llevó a efecto con el consentimiento de ambos cónyuges, el de la señora María Marcela Gómez de la Venga (sic) y el de su marido, Antonio Benito Ponce, pues ésta lo prestó a través de su apoderada, la señora María Marcela Gómez de la Vega, pues del documento en referencia se aprecia que ésta actuó en su propio nombre y con el carácter que tenía de apoderada del marido, conforme a un poder general de administración y de disposición que éste le otorgó el 10 de febrero de 2004, conforme consta en el documento autenticado, de fecha 12 de noviembre de 2007 y posteriormente registrado, en fecha 20 de diciembre de 2007, de modo la referida disposición legal fue falsamente aplicada por el sentenciador, por cuanto el supuesto de hecho allí establecido es que el enajenante del bien perteneciente a la comunidad conyugal lo haga sin el necesario consentimiento del otro cónyuge, y en el caso que nos ocupa, consta en el referido instrumento de venta, que la vendedora actuó en su propio nombre y como apoderada general de su marido, con facultades amplias para realizar dicha enajenación, y pido que así se declare.

Se plantea el Juez de la recurrida en su sentencia, que la enajenación del bien se hizo en forma fraudulenta por el enajenante, porque el poder con que actuó había sido revocado el 24 de mayo de 2007, no obstante que la notificación de la revocatoria se llevó a cabo en persona distinta de la apoderada, pero como ella, la apoderada, había intentado una demanda de divorcio contra su marido antes de que se produjera la enajenación, no puede haber duda de la intención de ésta de sustraer el bien de la comunidad conyugal y concluye señalando que la enajenación del inmueble no contó con el consentimiento del otro.

No tomó el sentenciador en consideración que la revocatoria del mandato no produce efectos frente a terceros de buena fe, que ignorando la revocatoria, hayan contratado con el mandatario.

Dispone al efecto el artículo 1707 del Código Civil, lo siguiente: “La revocación del mandato notificada solamente al mandatario, no puede perjudicar a terceros que, ignorando la revocación, han contratado de buena fe con el mandatario, salvo al mandante su recurso contra el mandatario”.

…Omissis…

La consecuencia de la aplicación del referido precepto a la situación de autos, habría llevado al sentenciador a declarar SIN LUGAR la pretensión de nulidad del contrato de venta del inmueble objeto de la demanda, dejando a salvo, desde luego, el derecho del mandante de obrar contra la mandataria, y pido que así se declare.

Tampoco tomó en consideración el sentenciador lo establecido en el artículo 1170 del Código Civil, disposición que, desde luego, resultó igualmente violada por falta de aplicación, y que establece que: “El representado que había limitado o revocado la facultad conferida al representante, no puede oponer este limitación o revocación a los terceros que no hayan tenido conocimiento de ellas al tiempo de la celebración del acto o con trato”.

En efecto, la revocatoria del poder no puede ser opuesta a los terceros, como es el caso de mi mandante, que no hayan tenido conocimiento de ellas, al tiempo de la celebración del contrato. Mal podría declararse nula la venta del inmueble enajenada por uno de los cónyuges actuando corno mandatario del otro, por falta de consentimiento de éste, partiendo del hecho de que el mandato con que actuó la vendedora había sido revocado con anterioridad por el mandante, cuando el tercero no tuvo conocimiento de dicha revocatoria, ni tuvo motivo alguno para sospechar que el aludido poder había sido revocado por el mandante, puesto que en el Registro Subalterno del Municipio El Hatillo, no fue estampada nota marginal alguna en el protocolo correspondiente, dejando constancia de dicha revocatoria, con el agravante de que la revocatoria del poder no fue notificada tampoco en forma personal a la mandataria, conforme se asienta en la sentencia, al punto de que no se le reconoce ninguna eficacia jurídica a la notificación practicada por el mandante a un tercero.

Con fundamento en las razones expuestas, por haber violación de los artículos 170, 1170 y 1707 del Código Civil, el primero por falsa aplicación, y el segundo y el tercero, por falta de aplicación, pido a esta honorable Sala de Casación Civil, que case el fallo recurrido sin reenvío, y declare SIN LUGAR LA DEMANDA INTENTADA, por aplicación de lo establecido en el artículo 322, por cuanto se hace innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo.” (Resaltado de la Sala)

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 170, 1170 y 1707 todos del Código Civil, el primero por falsa aplicación, y los restantes por falta de aplicación.

Al respecto, tenemos que esta Sala ha establecido en relación con la falsa aplicación de una norma, como lo equívoco de la relación entre la ley y el hecho, como lo es por ejemplo, el vicio de declarar legal una relación que no existe entre los hechos demandados y los establecidos en los artículos que el juzgador cita, desnaturalizando el verdadero sentido de la norma, lo cual ocurre cuando se aplica la norma a un hecho no regulado por ella, o cuando se aplica de forma tal que se arriba a consecuencias jurídicas distintas o contrarias a las perseguidas por la ley (Vid. sentencia publicada en fecha 24 de octubre de 2007, caso: José Domingo Herrera Carrasco contra Dexi Raquel Morales Galué, en el expediente N° 2006- 001033)

Asimismo, la doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal, ha establecido en relación con la falta de aplicación de una norma, esta se verifica, cuando el sentenciador deja de aplicar una norma jurídica vigente apropiada al caso. De lo anterior se colige que, la obligación del jurisdicente radica en la adecuación de los hechos alegados y probados en juicio a las normas jurídicas pertinentes, realizando el enlace lógico de una situación particular, con la previsión abstracta predeterminada en la ley. (Vid. sentencia N° 665 de fecha 4 de noviembre de 2014, caso Banco Occidental de Descuento, C.A. Banco Universal contra Responsable de Venezuela, C.A. y otros)

En atención a lo anterior, la Sala estima pertinente transcribir un extracto de la sentencia recurrida, correspondiente a la resolución que se le dio a la causa, a los fines de evidenciar o no lo delatado, en tal sentido el ad quem expresó lo siguiente:

“CAPITULO II

 MOTIVA

 Síntesis de la Controversia:

La presente demanda la plantea el ciudadano Antonio Benito Ponce en contra de los ciudadanos María Marcela Gómez de la Vega y Orlando Enrique Rodríguez Peña por nulidad de venta.

Señala la parte actora en su escrito de interposición de la acción y su correspondiente reforma:

…• Que la operación de compraventa celebrada entre los ciudadanos María Marcela Gómez De La Vega Peredo y Orlando Enrique Rodríguez Peña, causó daños al demandante y que dicho contrato se encuentra viciado de nulidad, por haber sido ejecutado en ejercicio de un poder revocado con anterioridad, por lo que el consentimiento del cónyuge demandante fue usurpado…

…omissis…

“Así, se puede concluir que para la procedencia de la nulidad de actos fundamentada en el artículo 170 del Código Civil, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que uno de los cónyuges haya cumplido un acto sin el consentimiento necesario del otro;

2. Que dicho acto no haya sido convalidado por el cónyuge no actuante; y

3. Que el tercero contratante tuviere motivos para conocer o saber que estaba negociando un bien para cuya disposición o enajenación se requería el consentimiento de ambos cónyuges y no obstante lo celebró con uno sólo de ellos.

En lo relativo al primer requisito, se puede apreciar que la codemandada María Gómez De La Vega, actuó en la venta que se pretende anular, en su propio nombre y en nombre de su entonces cónyuge, exhibiendo para ello instrumento poder de disposición que la facultaba para ese acto, es de hacer notar que la sentencia recurrida al folio 236, se refiere al instrumento poder como otorgado en “fecha 10 de febrero de 2007”(folio 236); y esta referencia es importante, toda vez que tal y como consta de las actas del proceso, el “poder” fue otorgado en realmente en fecha 10 de febrero de 2004 y posteriormente registrado ante la oficina de registro público en fecha 20 de junio de 2007, de allí que la cita errónea por parte de la recurrida implica analizar que como se aprecia a los folios 139 al 155, corre inserta copia simple de libelo de demanda intentado por la codemandada María M. Gómez de La Vega, contra su entonces cónyuge aquí actor, quien demandó por divorcio, invocando abandono voluntario. Dicha demanda fue intentada según se aprecia del vuelto del folio 155, en fecha 01 de febrero de 2007.

De otra parte, se aprecia que el actor alega haber revocado dicho poder en fecha 24 de mayo de 2007, no obstante el hecho de que la notificación de la revocatoria se llevó a cabo a persona distinta de la apoderada, se debe considerar que si la codemandada Maria M. Gómez de La Vega, demandó en divorcio en fecha 01 de febrero de 2007; y la enajenación efectuada aquí demandada se efectuó en fecha 12 de noviembre de 2007, se puede colegir claramente que la venta se hizo en fraude a los derechos del actor toda vez que si existía demanda de divorcio con fecha anterior intentada por la codemandada, no puede haber duda sobre la intención de sustraer de la comunidad conyugal dicho inmueble. En consecuencia, se concluye que la enajenación de dicho inmueble no contó con el consentimiento necesario del otro. Así se decide.

Respecto al segundo requisito, se aprecia que el acto que se pretende anular, no fue convalidado en ningún momento por el cónyuge no actuante, tanto más cuanto que intenta la presente acción de nulidad lo que implica disconformidad con la operación de venta efectuada, y no consta a los autos actuación alguna que implique que tácita o expresamente se convalidó dicha actuación, siendo que al ser un hecho negativo correspondía a los codemandados demostrar tal convalidación, y al no constar fehacientemente a los autos, debe considerarse que nunca existió tal convalidación. Así se decide.

Respecto al tercer requisito, el cual consiste en que el tercero contratante tuviere motivos para conocer que la celebración de dicha venta requería el consentimiento de ambos cónyuges, y no obstante lo celebró con uno de ellos, se observa que en efecto el codemandado sabe que el inmueble pertenece a la comunidad conyugal, toda vez que para la presentación y otorgamiento del mismo ante la oficina de registro inmobiliario se requirió el poder de representación, así, la jurisprudencia a que alude la recurrida (RC-0472 del 13 de diciembre de 2002), establece que el tercer requisito consiste en “ Que el tercero contratante lo haya sido de buena fe, entendiendo esta figura dentro de los términos ya expresados.” De lo cual se puede apreciar de las actas del expediente la inexistencia de mala fe por parte del codemandado, es decir, si bien se sabía y así quedó demostrado, que el inmueble pertenecía a la comunidad conyugal, la presentación del poder revocado pretendió convalidar la venta efectuada, demostrando así la buena fe del codemandado pero a su vez la conducta fraudulenta de la codemandada María Gómez de La Vega. Así se establece.

En atención a lo antes expuesto, se concluye que en efecto los tres requisitos exigidos para determinar la anulabilidad de la enajenación del inmueble aquí demandada debe proceder en derecho y así se hará constar en la sentencia definitiva. Así se decide.

 

De la anterior transcripción de la parte pertinente de la recurrida, se evidencia la exégesis de la norma contenida en el artículo 170 del nuestro código sustantivo, denunciada por falsa aplicación, la cual el juez de alzada toma en consideración para declarar con lugar la acción, por cuanto los hechos narrados y probados por el actor corresponden con los previstos en la referida norma que fue utilizada para la resolución de la controversia, de lo que se desprende que la norma delatada como infringida era la llamada a resolver el problema de fondo planteado, ya que como la misma recurrida sostuvo “se concluye que en efecto los tres requisitos exigidos para determinar la anulabilidad de la enajenación del inmueble aquí demandada debe proceder en derecho” ya que el mismo pertenecía a la comunidad conyugal, siendo que la norma utilizada es la que prevé en sus supuestos fácticos, los hechos expuestos en el caso en concreto.

Por todo lo anteriormente expuesto se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

-II-

 

Sostiene el formalizante:

“De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 y artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza a la casación a extenderse al fondo de la controversia y a establecimiento y apreciación de los hechos por el Tribunal de la instancia, se denuncia la violación del artículo 170, por error de interpretación, y del artículo 1170 por falta de aplicación.

La primera de las disposiciones legales denunciadas resulta de lo declarado por el Juez en su sentencia sobre la supuesta ausencia de consentimiento por parte del cónyuge no actuante, y que expresa con las siguientes palabras: “...se puede colegir claramente que la venta se hizo en fraude de los derechos del actor, toda vez que si existía una demanda de divorcio con fecha anterior intentada por la codemandada, no puede haber duda sobre la intención de sustraer de la comunidad conyugal dicho inmueble. En consecuencia, se concluye que la enajenación de dicho inmueble no contó con el consentimiento necesario del otro. Así se decide”.

La falsa aplicación de la disposición legal denunciada resulta del propio texto del precepto del artículo 170 del Código Civil, que establece como conditio sine qua non para declarar la nulidad de la venta, que: “quien haya participado en algún acto de disposición con el cónyuge actuante tuviere motivo para conocer que los bienes afectados pertenecían a la sociedad conyugal”, de lo que se sigue que el legislador parte del supuesto, del hecho cierto, que en el acto o contrato se haya ocultado que el bien pertenece a sociedad conyugal, no obstante que el adquirente tuviere motivo para conocer dicha circunstancia, lo que supone la existencia de un fraude cometido por el enajenante en colusión con el adquirente, para perjudicar al tercero, en este caso al cónyuge no actuante. Pero en el caso que nos ocupa, no hubo ningún ocultamiento de la pertenencia del bien a la sociedad conyugal de la enajenante y del cónyuge no actuante, pues claramente se lee en el contrato que la señora MARÍA MARCELA GÓMEZ DE LA VEGA PEREDO, actuó en su propio nombre y en representación de su legítimo cónyuge, ANTONIO BENITO PONCE, según se evidencia del instrumento poder que éste le tenía conferido y el cual fue o originalmente otorgado ante la Notaría Pública Primera del Municipio Baruta del Estado Miranda, el 10/02/2007, y posteriormente protocolizado en la Oficina de Registro Público del Municipio El Hatillo del Estado Miranda, el día 27/06/2007, quedando anotado bajo el N 4, Tomo 5, Protocolo Tercero, documento éste acompañado por el actor junto con el libelo, que cursa en los autos, marcado con la letra “E”

De modo que, conforme se evidencia de los autos, no hubo ningún ocultamiento en el contrato de venta de la pertenencia del bien a la sociedad conyugal, sino que, por el contrario, tal circunstancia fue claramente expuesta por las partes en el documento de venta, de lo que resulta que el consentimiento del cónyuge no actuante fue prestado por el cónyuge enajenante, y que lo hizo en virtud de un poder regularmente otorgado y protocolizado con anterioridad a la venta, sin que haya motivos para inferir, ni sospechar siquiera, que el tercero tuvo conocimiento de que el poder en cuestión había sido revocado por su otorgante.

…omissis…

De modo, pues, que al declarar el sentenciador del fallo recurrido que el codemandado ORLANDO ENRIQUE RODRÍGUEZ PEÑA, no actuó de mala fe, es decir, no se confabuló con la enajenante como se afirma en la demanda- para defraudar al cónyuge no interviniente, mal se puede declarar la nulidad de la venta sin violentar, por errónea interpretación, el artículo 170 del Código Civil, que exige, como se señaló anteriormente, como conditio sine qua non, que: “quien haya participado en algún acto de disposición con el cónyuge actuante tuviere motivo para conocer que los bienes afectados pertenecían a la sociedad conyugal”.

…Omissis…

Ahora bien, en el caso de autos no se probó en forma alguna, ni existe el más ligero indicio en los autos, que permita suponer que el codemandado ORLANDO ENRIQUE RODRÍGUEZ PEÑA, estuviera en conocimiento de la revocatoria del poder otorgado por ANTONIO BENITO PONCE a su cónyuge, MARÍA MARCELA GÓMEZ DE LA VEGA PEREDO, así como tampoco, que el primero hubiese demandado en divorcio a la segunda, y que hubiese solicitado medidas cautelares de protección sobre los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal, todo lo cual reconoció el Juez del fallo recurrido en la sentencia, por lo que mal pudo entonces haber declarado la nulidad de la venta, cuando reconoce que el codemandado ORLANDO ENRIQUE RODRÍGUEZ PEÑA, actuó de buena fe en la negociación.

Hubo, por lo tanto, una errónea interpretación del artículo 170 del Código Civil, por parte del sentenciador de La recurrida, al declarar la nulidad de la venta, porque no obstante que se demostró la buena fe del adquirente, para el sentenciador bastaba simplemente con que éste tuviera conocimiento de que el inmueble pertenecía a la sociedad conyugal para que se cumpliera el tercer requisito de procedencia de la acción, al quedar demostrada la conducta fraudulenta de la codemandada MARÍA MARCELA GÓMEZ DE LA VEGA quien actuó con la presentación de un poder revocado.

Hubo igualmente, violación del artículo 1170 del Código Civil, por falta de aplicación, por cuanto la referida disposición señala: “El representado que había limitado o revocado la facultad conferida al representante, no puede oponer esta limitación o revocación a los terceros que no hayan tenido conocimiento de ellas al tiempo de la celebración del acto o contrato”. No habiéndose demostrado que mi representado, ORLANDO ENRIQUE RODRÍGUEZ PEÑA tuviera conocimiento alguno de la revocatoria del mandato con que actuó la cónyuge de ANTONIO BENITO PONCE, por lo tanto, la revocatoria del poder ignorada por el adquirente, no puede tener efecto alguno en su contra. De allí que si el Juez de la recurrida hubiera aplicado, como era su deber, lo señalado en el expresado artículo, habría declarado que, no obstante constar la revocatoria del poder otorgado a la cónyuge enajenante, ese acto no llegó a conocimiento de del codemandado ORLANDO ENRIQUE RODRÍGUEZ PEÑA, y, por lo tanto, éste, en su condición de tercero, no tenía por qué verse perjudicado en la negociación celebrada de buena fe con la mandataria, resultando, por lo tanto, improcedente la acción de nulidad de la venta del inmueble objeto de la acción, y pido que así se declare.”

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, en esta oportunidad ahora el formalizante denuncia la infracción por errónea interpretación del artículo 170; y que como consecuencia de esa “errónea interpretación” incurrió en la “falta de aplicación” de lo dispuesto en el artículo 1170, ambas del Código Civil.

En ese sentido, la doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal, ha establecido en relación con el vicio de error de interpretación, que el mismo comprende un vicio de infracción de ley, específicamente de las normas tendentes a resolver el mérito del asunto discutido, el cual se produce cuando el juez no le da a la norma su verdadero sentido y alcance y que aun cuando fue correctamente elegida y aplicada para solucionar el conflicto surgido entre las partes, hace derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido. (Vid. sentencia N° 609 de fecha 11 de octubre de 2013, caso: Molinos Hidalgo, C.A. contra Romeo N. Naranja y otra), ratificada  en sentencia N° 665, de fecha 4 de noviembre de 2014, (caso: Banco Occidental de Descuento, C.A. Banco Universal contra Responsable de Venezuela, C.A. y otros).

Asimismo tenemos que esta Sala ha sostenido, que en relación con la falta de aplicación de una norma, ésta se verifica cuando el sentenciador deja de aplicar una norma jurídica vigente apropiada al caso. De lo anterior se colige que la obligación del jurisdicente radica en la adecuación de los hechos alegados y probados en juicio a las normas jurídicas pertinentes, realizando el enlace lógico de una situación particular, con la previsión abstracta predeterminada en la ley, tal y como se sostuvo en la denuncia anterior.

En ese sentido y antes de entrar a su resolución, tenemos que esta Sala de Casación Civil ha establecido mediante reiteradas decisiones, cuál es la técnica que debe cumplir el recurrente, con el fin de que se pueda entender y resolver a cabalidad los planteamientos que sustentan las denuncias contenidas en el escrito de formalización.

Así, mediante sentencia N° 991, de fecha 12 de diciembre de 2006, (caso: Jesús María Vásquez Ocanto, contra José Nicolás Méndez y otra), dictada en el expediente N° 06-303, la cual ratificada  en sentencia N° 665, de fecha 4 de noviembre de 2014, (caso: Banco Occidental de Descuento, C.A. Banco Universal contra Responsable de Venezuela, C.A. y otros) esta Sala dejó establecido, respecto a la necesidad de fundamentar cabalmente el escrito de formalización, lo siguiente:

“...el recurso de casación por su naturaleza, objeto y consecuencias, está sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos, pues únicamente con el cumplimiento de estos requerimientos, pueden corregirse las ilegalidades del fallo, al permitir, entre otras cosas, el cotejo de la decisión con el resto de las actas procesales, tomando en consideración las argumentaciones contenidas en la formalización; por tanto, su fundamentación es requisito indispensable para resolver el recurso de casación. Así, esta Sala de Casación Civil ha dejado establecido en sentencia de fecha 18 de marzo de 1999 (caso: Félix Romero y otros c/ Fundación para del Aseo Urbano y Domiciliario del Área Metropolitana de Caracas), lo siguiente: “...Es indispensable que el formalizante fundamente cada denuncia de infracción en forma clara y precisa, sin incurrir en imputaciones vagas, vinculando el contenido de las normas que se pretenden infringidas con los hechos y circunstancias a que se refiere la infracción, señalando cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en la violación alegada. De tal modo pues, que no basta citar en el escrito de formalización las disposiciones legales presuntamente infringidas, sino que resulta indispensable relacionar las mismas con las denuncias de infracción que se pretende atribuir a la recurrida, pues es principio de técnica en la formalización el que toda denuncia debe ser individualizada con la cita del correspondiente precepto legal infringido y el razonamiento que explica y fundamenta la denuncia...”. Ello, dicho en otras palabras significa, que el escrito de formalización del recurso de casación sin fundamentación, esto es, sin el razonamiento mínimo de las denuncias, hace imposible comprender cuál es el motivo concreto por el cual se solicita la nulidad del fallo, lo que conlleva a la inexistencia de la fundamentación requerida para entrar a conocer la denuncia planteada en el recurso de casación; mucho más cuando además de haberse dejado de señalar correctamente y de forma separada la infracción de los artículos supuestamente infringidos, tampoco se haya indicado su influencia en la suerte de la controversia…

…Omissis…

…no es carga de la Sala completar en qué sentido, o bajo cuál de los supuestos del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, apoya el formalizante su denuncia, ni tampoco es carga de la Sala suponer cual es el objetivo que persigue el formalizante con la denuncia. Lo que evidencia en este caso, la omisión de las reglas que debe cumplir una correcta formalización y, la debida técnica que debe observarse al recurrir en casación, carga impuesta al recurrente que no puede ser suplida por esta Sala…”. (Subrayado de la Sala).

 

La anterior cita se reproduce con ocasión a la mixtura de vicios que acumula el formalizante en la presente denuncia y que por sí solo dejaría sin fundamentos la misma, aun cuando todos pertenecen a las denominadas infracciones de ley, no pueden ser planteados como una suerte de efecto cascada, donde al prosperar uno prosperarían todos los demás, siendo que se obviaría la correcta fundamentación por separado de cada uno de los vicios, como evidentemente ocurrió y, ello tiene sentido, ya que esta Sala de Casación Civil como tribunal de derecho que es, no puede conocer a su antojo los escritos de formalización que son sometidos a su conocimiento, para que a la suerte pudiera prosperar lo que no fue intención del formalizante. Así se establece.

Teniendo entonces los anteriores razonamientos como suficientes para desechar la presente denuncia, la Sala percibe como el recurrente se confunde al plantear su denuncia pretendiendo que la errónea interpretación de una norma –lo que presupone que era la norma llamada a regir el caso- conlleve, como consecuencia, a la falta aplicación de otra, sin embargo, acerca de lo denunciado por el recurrente con respecto a la errónea interpretación del artículo 170 sustantivo, esta Sala a fin de evitar tediosas repeticiones, da por reproducido el extracto de la recurrida citado en la resolución de la denuncia anterior así como su conclusión, con el fin de dejar establecido que la norma en comentario fue debidamente aplicada e interpretada por el juzgador de la recurrida, ya que la misma es la que prevé en su supuestos fácticos, los hechos expuestos en el caso en concreto, por cuanto la nulidad de la venta, como consecuencia del uso indebido de un “poder revocado”, lo fue sobre una operación que recayó sobre un inmueble que pertenece a la comunidad conyugal que se produjo entre las partes contendientes, de allí que se desprenda la correcta hermenéutica que hizo la recurrida al resolver el sub iudice aplicando sus consecuencias jurídicas.

Por todo lo anteriormente expuesto se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la codemandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 25 de marzo de 2014.

Se condena en costas del recurso a la demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.     

Particípese la presente remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de abril de dos mil quince. Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

 

_________________________

GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ

 

 

 

Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

____________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Magistrada,

 

 

 

_______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrada,

 

 

 

______________________

MARISELA GODOY ESTABA

 

 

 

Secretario,

 

 

 

_______________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

Exp. AA20-C-2014-000481.

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (    )

 

 

 

 

Secretario,

 

 

Magistrado GUILLEMO BLANCO VÁSQUEZ, expresa su disentimiento con respecto al fondo de la decisión precedentemente consignada y aprobada por la mayoría de las Magistradas y el Magistrado integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declara “…SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la codemandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 25 de marzo de 2014 …”, en atención al contenido y alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Alto Tribunal. En consecuencia, salva su voto y fundamenta su desacuerdo en los siguientes términos:

 

            La decisión de la cual disiento, declara sin lugar la primera denuncia por defecto de actividad, atinente al quebrantamiento de formas procesales en violación del derecho a la defensa.

 

El fundamento de la referida delación, se centra en el cuestionamiento a la actividad del defensor ad-litem, pues se le considera –poco diligente-.

 

Al respecto, la mayoría sentenciadora de la Sala estima que en el caso planteado sería inútil la reposición que ocasiona la falta de diligencia por parte del referido defensor, por cuanto el codemandado formalizante se hizo parte en el juicio durante el primer grado de conocimiento (no obstante que ello ocurrió en la etapa de dictar sentencia) y que “…él mismo había resultado ganancioso en la primera instancia y de paso no solicita para sí la designación de un nuevo defensor sino para la otra codemandada…”.

 

Sobre el particular, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en sentencia N° 531, de fecha 14 de abril de 2005, en el caso de Jesús Rafael Gil, expediente N° 03-2458, dispuso lo siguiente:

 

“…Señala esta Sala que la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que, su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el Juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado a la que se ha hecho mención.

Sin embargo en el caso de autos, el abogado designado como defensor del demandado no cumplió con los deberes inherentes a su cargo, puesto que se evidencia del estudio hecho a las actas, que una vez aceptado el cargo y juramentado para el cumplimiento de dicha actividad, su participación en la defensa de los derechos de su representado fue inexistente, ya que el mismo no dio contestación a la demanda interpuesta y ni siquiera impugnó la decisión que le fue adversa a dicho representado; por lo que visto que el defensor ad litem tiene las mismas cargas y obligaciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil con respecto a los apoderados judiciales, esta negligencia demostrada por el abogado Jesús Natera Velásquez, quien juró cumplir bien y fielmente con los deberes impuestos, dejó en desamparo los derechos del entonces demandado.

Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el Juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem.

Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al Juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional -visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar porque dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido…”. (Subrayado propio).

 

Por su parte, la Sala de Casación Civil, en ponencia conjunta, número 196, dictada en fecha 31 de mayo de 2010, en el caso del Banco Industrial de Venezuela contra Inversora Gidi, C.A., Expediente N° : 05-027, estableció:

“…Ahora bien, en el presente caso se observa que el defensor ad-lítem se limitó a enviar una comunicación a la parte demandada con el propósito de que ésta se pusiera en contacto con él para facilitarle “...las pruebas y demás argumentos para ejercer una cabal defensas [sic] e intereses de sus derechos, sin que hasta la presente fecha la empresa me hubiera suministrados [sic] tales documentos, no pudiendo acreditar pago alguno de dinero...”, y -en adición- no compareció a realizar actuación alguna dentro del lapso previsto en la ley para efectuar la acreditación del pago (artículo 662 del Código de Procedimiento Civil) o para oponerse a la ejecución de hipoteca solicitada (artículo 663 del Código de Procedimiento Civil), razón por la cual, con base en los criterios jurisprudenciales establecidos por la Sala Constitucional, ya transcritos en el cuerpo de este fallo, deben tenerse como violados tanto el debido proceso como el derecho a la defensa de la parte demandada. Así se decide…”. (Subrayado propio).

 

Así las cosas, el hecho que el formalizante codemandado se haya hecho parte en el juicio en la etapa procesal de dictar sentencia, cuando precisamente ya le está vedado ejercer defensas y aportar las pruebas que tuviere a bien hacer; que la decisión de la alzada lo desfavorezca aunque alegue como único perjudicado al colitigante, siendo que en definitiva la poca diligencia del defensor judicial perjudica a ambos justiciables, dejándolos en desamparo, son circunstancias que reafirman la utilidad de la casación propuesta, aunado a que el derecho a la defensa quebrantado es un asunto que involucra el orden público procesal; por tanto, me atrevo a afirmar que los jueces de instancia incurrieron en el quebrantamiento delatado, a tenor de lo que por vía jurisprudencial tanto de la Sala Constitucional como de la Sala de Casación Civil se exige sobre la conducta que debe asumir y desplegar el defensor ad litem.

 

            Por las consideraciones precedentemente expuestas, manifiesto mi desacuerdo con la decisión precedentemente consignada, pues en el contexto planteado, vale repetir –el incumplimiento del defensor judicial a los deberes inherentes a su cargo- los jueces de instancia tenían el deber de asegurar la defensa real y efectiva de los accionados, evitando la continuidad del defensor ad litem en la causa, dada la deficiente actuación profesional a favor de su defendido,, lo cual justifica la reposición que ello amerita. Dejo así expresado el fundamento del voto salvado con relación a la sentencia que en esta causa ha tomado la mayoría sentenciadora de la Sala. Fecha ut supra

 

 

Presidente-Disidente,

 

 

 

_________________________

GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ

 

 

 

Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

____________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Magistrada,

 

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrada,

 

 

 

______________________

MARISELA GODOY ESTABA

 

Secretario,

 

 

 

_______________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

Exp. AA20-C-2014-000481.

 

 

 

 

 

Secretario,

 

 

 

 

 

Quien suscribe, Magistrada YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA, expresa su disentimiento con respecto a la decisión precedentemente consignada y aprobada por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declara con lugar el recurso de casación interpuesto contra el fallo emanado del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por las razones que de seguida expreso:

La mayoría sentenciadora, declaró sin lugar el recurso de casación anunciado por la parte codemandada en el juicio de nulidad de venta.

Quien disiente estima que la primera denuncia por infracción de ley ha debido declararse procedente, por las razones que a continuación se esbozan:

         El formalizante delató la infracción del artículos 170 Código Civil por falsa aplicación, señalando que la venta objeto de nulidad se llevó a cabo con el consentimiento de ambos cónyuges, pues del documento en referencia se aprecia que la cónyuge vendedora actuó en su propio nombre y con el carácter que tenía de apoderada del marido, conforme a un poder general de administración y de disposición que éste le otorgó el 10 de febrero de 2004, conforme consta en el documento autenticado de fecha 12 de noviembre de 2007 y posteriormente registrado, en fecha 20 de diciembre de 2007.

Igualmente, acusa la infracción del 1.707 del Código Civil, por falta de aplicación, ya que no tomó en cuenta el sentenciador que la revocatoria del mandato no produce efectos frente a terceros de buena fe, que ignorando la revocatoria, hayan contratado con el mandatario.

Igualmente delató la infracción del artículo 1.170 del Código Civil, disposición que, desde luego, resultó igualmente violada por falta de aplicación, ya que establece que: “El representado que había limitado o revocado la facultad conferida al representante, no puede oponer este limitación o revocación a los terceros que no hayan tenido conocimiento de ellas al tiempo de la celebración del acto o contrato.”

La sentencia recurrida estableció:

“…CAPITULO (sic) II

MOTIVA

Síntesis de la Controversia:

La presente demanda la plantea el ciudadano Antonio Benito Ponce en contra de los ciudadanos María Marcela Gómez de la Vega y Orlando Enrique Rodríguez Peña por nulidad de venta.

Señala la parte actora en su escrito de interposición de la acción y su correspondiente reforma:

...• Que la operación de compraventa celebrada entre los ciudadanos María Marcela Gómez De La Vega Peredo y Orlando Enrique Rodríguez Peña, causó daños al demandante y que dicho contrato se encuentra viciado de nulidad, por haber sido ejecutado en ejercicio de un poder revocado con anterioridad, por lo que el consentimiento del cónyuge demandante fue usurpado...

(...Omissis...)

“Así, se puede concluir que para la procedencia de la nulidad de actos fundamentada en el artículo 170 del Código Civil, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que uno de los cónyuges haya cumplido un acto sin el consentimiento necesario del otro;

2. Que dicho acto no haya sido convalidado por el cónyuge no actuante; y

3. Que el tercero contratante tuviere motivos para conocer o saber que estaba negociando un bien para cuya disposición o enajenación se requería el consentimiento de ambos cónyuges y no obstante lo celebró con uno sólo de ellos.

En lo relativo al primer requisito, se puede apreciar que la codemandada María Gómez De La Vega, actuó en la venta que se pretende anular, en su propio nombre y en nombre de su entonces cónyuge, exhibiendo para ello instrumento poder de disposición que la facultaba para ese acto, es de hacer notar que la sentencia recurrida al folio 236, se refiere al instrumento poder como otorgado en “fecha 10 de febrero de 2007”(folio 236); y esta referencia es importante, toda vez que tal y como consta de las actas del proceso, el “poder” fue otorgado en (sic) realmente en fecha 10 de febrero de 2004 y posteriormente registrado ante la oficina de registro público en fecha 20 de junio de 2007, de allí que la cita errónea por parte de la recurrida implica analizar que como se aprecia a los folios 139 al 155, corre inserta copia simple de libelo de demanda intentado por la codemandada María M. Gómez de La Vega, contra su entonces cónyuge aquí actor, quien demandó por divorcio, invocando abandono voluntario. Dicha demanda fue intentada según se aprecia del vuelto del folio 155, en fecha 01 de febrero de 2007.

De otra parte, se aprecia que el actor alega haber revocado dicho poder en fecha 24 de mayo de 2007, no obstante el hecho de que la notificación de la revocatoria se llevó a cabo a persona distinta de la apoderada, se debe considerar que si la codemandada Maria (sic) M. Gómez de La Vega, demandó en divorcio en fecha 01 de febrero de 2007; y la enajenación efectuada aquí demandada se efectuó en fecha 12 de noviembre de 2007, se puede colegir claramente que la venta se hizo en fraude a los derechos del actor (toda vez que si existía demanda de divorcio con fecha anterior intentada por la codemandada, no puede haber duda sobre la intención de sustraer de la comunidad conyugal dicho inmueble. En consecuencia, se concluye que la enajenación de dicho inmueble no contó con el consentimiento necesario del otro. Así se decide.

Respecto al segundo requisito, se aprecia que el acto que se pretende anular, no fue convalidado en ningún momento por el cónyuge no actuante, tanto más cuanto que intenta la presente acción de nulidad lo que implica disconformidad con la operación de venta efectuada, y no consta a los autos actuación alguna que implique que tácita o expresamente se convalidó dicha actuación, siendo que al ser un hecho negativo correspondía a los codemandados demostrar tal convalidación, y al no constar fehacientemente a los autos, debe considerarse que nunca existió tal convalidación. Así se decide.

Respecto al tercer requisito, el cual consiste en que el tercero contratante tuviere motivos para conocer que la celebración de dicha venta requería el consentimiento de ambos cónyuges, y no obstante lo celebró con uno de ellos, se observa que en efecto el codemandado sabe que el inmueble pertenece a la comunidad conyugal, toda vez que para la presentación y otorgamiento del mismo ante la oficina de registro inmobiliario se requirió el poder de representación, así, la jurisprudencia a que alude la recurrida (RC-0472 del 13 de diciembre de 2002), establece que el tercer requisito consiste en “ Que el tercero contratante lo haya sido de buena fe, entendiendo esta figura dentro de los términos ya expresados.” De lo cual se puede apreciar de las actas del expediente la inexistencia de mala fe por parte del codemandado, es decir, si bien se sabía y así quedó demostrado, que el inmueble pertenecía a la comunidad conyugal, la presentación del poder revocado pretendió convalidar la venta efectuada, demostrando así la buena fe del codemandado pero a su vez la conducta fraudulenta de la codemandada María Gómez de La Vega. Así se establece.

En atención a lo antes expuesto, se concluye que en efecto los tres requisitos exigidos para determinar la anulabilidad de la enajenación del inmueble aquí demandada debe proceder en derecho y así se hará constar en la sentencia definitiva. Así se decide…”.

 

Ahora bien las normas delatadas como infringidas señalan:

         El artículo 170 del Código Civil:

“…Los actos cumplidos por el cónyuge sin el necesario consentimiento del otro y no convalidados por éste, son anulables cuando quien haya participado en algún acto de disposición con el cónyuge actuante tuviere motivo para conocer que los bienes afectados por dichos actos pertenecían a la comunidad conyugal…”.

 

               El artículo 1.707 del Código Civil:

“…La revocación del mandato notificada solamente al mandatario, no puede perjudicar a terceros que, ignorando la revocación, han contratado de buena fe con el mandatario, salvo al mandante su recurso contra el mandatario…”.

 

 

         El artículo 1.170 del Código Civil:

“…El representado que había limitado o revocado la facultad conferida al representante, no puede oponer este limitación o revocación a los terceros que no hayan tenido conocimiento de ellas al tiempo de la celebración del acto o contrato…”.

 

         Ahora bien, quien disiente observa que el juez de la recurrida incurrió en la infracción del 170 del Código Civil, ya que para dar por válida la concurrencia de los requisitos exigidos por la norma para anular la venta, a pesar de reconocer que la codemandada María Gómez de Vegas actuó en su nombre y el de su cónyuge, exhibiendo para ello instrumento poder que la facultaba para ello, expresó que la sola interposición de la demanda de divorcio era suficiente para determinar la ausencia del consentimiento, puesto que toda vez que si existía demanda de divorcio con fecha anterior intentada por la codemandada, no puede haber duda sobre la intención de sustraer fraudulentamente de la comunidad conyugal dicho inmueble.

         Tal afirmación, por demás inmotivada, la realiza la recurrida sin percatarse de lo alegado por el codemandado Orlando Enrique Rodríguez Peña, respecto a los efectos de la revocatoria del mandato y la validez frente a su persona, quien aduce ser comprador de buena fe, por no tener conocimiento de ella al tiempo de la celebración del acto o contrato.

         Estima quien disiente que el juez de la recurrida consideró inexistente el consentimiento del cónyuge demandante, a pesar de que la cónyuge vendedora codemandada en el juicio actúo actuó en su propio nombre y con el carácter que tenía de apoderada del marido, conforme a un poder general de administración y de disposición que éste le otorgó el 10 de febrero de 2004, tal y como consta en el documento autenticado de fecha 12 de noviembre de 2007 y posteriormente registrado en fecha 20 de diciembre de 2007, sin detenerse a analizar lo alegado por el codemandado Orlando Enrique Rodríguez Peña, respecto a los efectos de la revocatoria del mandato y la validez frente a su persona, quien aduce ser comprador de buena fe, por no tener conocimiento de ella al tiempo de la celebración del acto o contrato.

               Siendo así, para resolver la controversia dejó de aplicar los artículos 1.707 y 1.170 del Código Civil, referidos a la revocatoria del mandato y sus efectos frente a terceros de buena fe que la ignoraban, los cuales eran aplicables a la situación de autos y pueden cambiar la suerte de la controversia.

               Normas estas que al ser aplicadas generarían como consecuencia que el codemandado Orlando Enriwue Rodríguez, hoy formalizante, celebró de buena fe y sin conocimiento de la revocatoria del poder alegada por el actor, la venta cuya nulidad se declaró.

En consecuencia, dejo expresado que disiento del fallo anteriormente consignado por la mayoría sentenciadora.

         En estos términos queda expresado mi voto salvado.

En Caracas, fecha ut-supra.

 

Presidente,

 

 

 

_________________________

GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ

 

 

Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

____________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

Magistrada-Disidente,

 

 

 

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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Magistrada,

 

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrada,

 

 

 

______________________

MARISELA GODOY ESTABA

Secretario,

 

 

 

_______________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

 

Exp. AA20-C-2014-000481.

 

 

 

 

 

Secretario,

 

 

 

 

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