Venley

Sentencia N.º RC.000200

Sentencia
N.º RC.000200
Fecha
12/05/2011
Sala
Casación Civil
Expediente
10-469
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2010-000469

 

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

 

En el juicio de partición de comunidad conyugal, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, al cual le fue modificada y suprimida su competencia, pasando a denominarse Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, donde continuó tramitándose el presente caso, incoado por el ciudadano LUÍS JOSÉ GUERRERO CARRERO, representado por la abogada en ejercicio Ronela Ninoska Pérez Guerrero, contra la ciudadana CLAUDIA PATRICIA REYES VILLAMIZAR, patrocinada por el abogado Sergio Javier Guerrero Guerrero y ante esta Sala por la abogada Zoraida Sánchez Reyna; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma circunscripción judicial, en fecha 18 de mayo de 2010, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando la sentencia del a-quo, de fecha 10 (rectius 23) de febrero de 2010, y eximiendo al pago de las costas procesales.

Contra la antes citada sentencia la demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

PUNTO PREVIO.

         En el presente caso, la representación judicial de la parte demandada mediante su escrito de formalización, impugnó de forma previa la sentencia interlocutoria dictada por el juzgado superior en fecha 30 de julio de 2009, mediante la cual confirmó el auto dictado por el juez a quo que negó la admisión de la reconvención propuesta: y, por otra parte, recurrió también en casación contra la decisión de alzada de fecha 18 de mayo de 2010, por lo cual esta Sala pasa conocer, primero de las denuncias formuladas en contra de la sentencia interlocutoria y de no ser procedente ninguna, pasará a conocer de las denuncias interpuestas contra el fallo definitivo. Así se establece.

FORMALIZACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL 30 DE JULIO DE 2009

RECURSO POR DEFECTOS DE ACTIVIDAD

 

-I-

         De conformidad con lo estatuido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de la recurrida de los artículos 15, 206, 208 y 212 eiusdem, en concordancia con los artículos 341 y 777 ibídem, y la infracción del artículo 769 del Código Civil, así como de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por reposición preterida o no decretada.

         Por vía de argumentación la recurrente señala:

“...porque la sentenciadora de Alzada (sic) en virtud de su facultad de revisión de las actuaciones de la Jueza (sic) de Primera (sic) Instancia, (sic) al tener conocimiento total del asunto por motivo de la apelación oída en ambos efectos contra la sentencia interlocutoria apelada dictada por el Aquo (sic) en fecha 6 de abril de 2009, que negó la admisión de la reconvención propuesta, debió en lugar de dictar la recurrida, reponer la causa al estado en que un tribunal de igual jerarquía se pronunciara sobre si la reforma de demanda cumple o no con los requisitos para su legal trámite, lo que atañe al orden público, en violación del derecho de defensa de mi mandante.

Establece el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

Respecto a los requisitos para la tramitación de la demanda establecen los artículos 777 del Código de Procedimiento Civil y 769 del código (sic) Civil lo siguiente: (...)

De acuerdo con las disposiciones transcritas, la Jueza (sic) de Primera (sic) Instancia (sic), debió examinar el libelo de la reforma o nueva demanda presentada por la parte actora, y una vez revisado mediante auto motivado declararla Inadmisible (sic) por cuanto es contraria al orden público, por dos razones, la primera razón, consiste en que dicha reforma no contiene la proporción en que deben dividirse los bienes, por ende no cumple con el requisito especial contenido en el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, norma que corresponde al trámite del procedimiento de partición, y por ello atañe al orden público, y la segunda razón, lo pretendido en el libelo de reforma de demanda, al no estar determinado con precisión, toda vez que la pretensión, consiste en que mi mandante convenga o sea condenada en cincuenta por ciento de los bienes que se señalan en el petitorio, dicho pedimento así expresado en el libelo de reforma de demanda, encuadra en el supuesto hecho de la prohibición contenida en el artículo 769 del Código Civil, normas cuya observancia atañen al orden público, razones por las cuales se infiere que la Jueza (sic) A quo (sic) proveyó de Manera (sic) ilegal sobre el libelo de reforma de demanda presentado, en su lugar debió declararla Inadmisible (sic) por ser contraria al orden público, contrario a ello, la Jueza (sic) de la causa, se limito (sic) a proveer de manera ilegal al expresar en el auto de admisión “se admite la misma”; dándole curso a la demanda de manera ilegal, por tanto infringió la Jueza (sic) A quo (sic), las formas procesales establecida en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil e incurrió en una actuación nula, de acuerdo con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil y no convalidables conforme a lo que prevé el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil, rompiendo así el íter procesal, en perjuicio de mi mandante.

Establece el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

La alzada, oída la Apelación (sic) interpuesta por la representación de mi mandante, en ambos efectos, y con ello, asumió el conocimiento de todo el asunto, en virtud de su facultad de revisión de las actuaciones del Juez (sic) de Primera (sic) Instancia, (sic) al observar el auto mediante el cual se le da curso a la reforma de la demanda, habiéndose hecho oposición a la demanda con fundamento en su Inadmisibilidad (sic) e Improponibilidad (sic) de la misma, y solicitada en el escrito de informes la Inadmisibilidad de la demanda y reposición de la causa, la sentenciadora de la recurrida omite pronunciarse respecto a la inadmisibilidad e improponibilidad de la demanda y además no ordena reponer la causa, al estado en que otro juez de igual categoría, hiciese la revisión del libelo de reforma de demanda, toda vez que el error es imputable a la Jueza (sic) de la causa, por la inobservancia de las normas que contienen los requisitos para la admisibilidad de una demanda de partición, cuya observancia es obligatoria por parte de los jueces, toda vez que corresponden a trámites o reglas esenciales del procedimiento de partición y por ende atañen al orden público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil y los cuales debe tener presente el Juez (sic) al dictar el auto que admite una reforma de demanda para poder ser tramitada por el Procedimiento (sic) especial de partición, pautado en la Ley. (sic)

Al respecto, esta Honorable la (sic) Sala de Casación Civil, ha venido delimitando el área en el campo del orden público, y en tal sentido en fecha 8 de julio de 1999, en el juicio (sic) Antonio Yesares Pérez contra Agropecuaria El Vaneo C.A. (...) En dicha sentencia dejó asentado la sala, (sic) lo siguiente, cito: (...)

Y no debe Juez (sic) alguno dar curso a una demanda como en el caso de marras, con semejante pretensión, en base al principio finalista, por cuanto la Sala Constitucional, dejó sentado lo siguiente sobre la correcta interpretación del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sentencia de vieja data, cito: (...)

Al proceder así, la sentenciadora de la recurrida, se excedió en sus poderes, al convalidar el abuso de poder en que incurrió el Tribunal (sic) Aquo (sic), rompiendo el iter procesal, al permitir el trámite (sic) legal de una demanda que no cumple con los requisitos pautados en la ley para su admisión, mediante (sic) cercenando con ello, menoscabando el derecho a la defensa, en el caso de marras en perjuicio de mi mandante, infringiendo así el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente: (...)

En efecto, al convalidar, El (sic) Tribunal (sic) de Alzada, (sic) la irregularidad en que incurrió el Tribunal (sic) Aquo (sic) al admitir la reforma de demanda en los términos en que lo hizo, y no reponer la causa, a pesar de haberse delatado en el acto de contestación a la demanda y en los informes presentados ante ella, en su lugar dicta la recurrida, se excedió en sus poderes, menoscabando el derecho a la defensa de las partes, en el caso de marras en perjuicio de mi mandante.

En consecuencia, Respetuosamente (sic) solicito que se declare con lugar la presente denuncia y se reponga la causa al estado en que un nuevo Juez (sic) A quo, (sic) dicte auto mediante el cual haga revisión si dicha reforma de demanda cumple o no con los requisitos para su admisibilidad, cuya observancia interesan al orden público, de acuerdo con lo previsto en los (sic) artículos (sic) 7 del Código de Procedimiento Civil, con los demás pronunciamientos a que hubiere lugar.”. (Destacados de la recurrente).

 

         La Sala, para decidir observa:

         Delata la formalizante que el juez de alzada, al tener conocimiento total de las actuaciones de primera instancia, en virtud de la apelación oída en ambos efectos contra la sentencia interlocutoria que negó la admisión de la reconvención propuesta, debió en lugar de dictar la sentencia recurrida, reponer la causa al estado de que otro juez de primera instancia, distinto al que admitió la reforma de la demanda, se pronuncie nuevamente sobre su admisibilidad, declarándola inadmisible, por considerar que dicha reforma viola normas de orden público que prohíben su admisión y trámite.

         Ahora bien, la sentencia recurrida se dictó con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra del auto dictado por el a quo que negó la reconvención ejercida en el presente juicio de partición de comunidad conyugal; en tal sentido, el pronunciamiento del sentenciador debía estar ceñido –como en efecto lo estuvo- a tales parámetros, es decir, su pronunciamiento se debía sujetar única y exclusivamente a determinar la procedencia de la reconvención propuesta por la parte demanda, y no sobre la validez del auto que admitió la reforma de la demanda.

         Por tanto, mal podría el juez de la recurrida pronunciarse sobre la inadmisibilidad de la demanda, puesto que si lo pretendido por la parte demandada era impugnar dicho auto por considerar que la demanda era contraria al orden público -como lo alega en el escrito de formalización-, lo conducente era oponer tal defensa en la oportunidad de dar contestación a la demanda para que posteriormente se resolviera dicho alegato en la oportunidad de dictar sentencia definitiva.

         El anterior argumento es suficiente para desestimar la presente delación, no obstante, esta Sala considera necesario además advertir al recurrente en casación en cuanto a la adecuada técnica para formalizar, pues la denuncia esbozada mezcla indebidamente normas cuya delación debe formularse mediante el correspondiente recurso por defecto de actividad, entre ellas los artículos 15, 206, 208 y 212 del Código de Procedimiento Civil, con normas que deben ser denunciadas mediante el recurso por infracción de ley, como son los artículos 341 y 777 de la misma ley adjetiva y el artículo 769 del Código Civil.

         Esta Sala de Casación Civil, reiteradamente ha censurado este tipo de conductas en la formalización del recurso extraordinario de casación, así pues, en sentencia de fecha 31 de julio de 1997, reiterada el 15 de noviembre de 2000, y nuevamente reiterada en fallos N° RC-373 del 31 de mayo de 2006 y RC-007 del 19 de enero de 2011, expediente N° 2010-330, caso: Gonzalo García Ramírez contra Expresos Los Llanos (EXLLANCA), la Sala, resolviendo un caso similar, sostuvo lo siguiente:

"...La jurisprudencia de la Corte ha sido constante, en el sentido de desechar la formalización que mezcle denuncias por quebrantamientos de forma con denuncias por infracción de ley, o viceversa, pues tal modo de formalizar está reñido con la más elemental de las reglas que deben observarse en la preparación del recurso de casación, cual es, distinguirse entre un tipo de infracción y otro.

En el anterior sentido, se pronunció la Sala en sentencia de fecha 21 de junio de 1989 (caso: Inversiones Hami C.A., contra Inversiones Vivaldi C.A.), la cual ha sido reiterada en diversas oportunidades, donde ratifica su posición respecto a la mezcla de denuncias por defecto de actividad y por infracción de ley, de la manera siguiente:

'En innumerables oportunidades la vigencia del antiguo código, y desde el comienzo de la vigencia del actual código procesal, la Sala ha sido constante en rechazar la Formalización que mezcla o comprende las denuncias por quebrantamiento de forma con las denuncias por infracción de ley. Ha considerado la Sala que tal modo de formalizar es contrario a la técnica que se debe observar en la redacción de la formalización de un recurso de casación y que además constituye una carga impuesta al recurrente que no la puede asumir la Sala'.

Considera la Sala importante destacar la anterior doctrina, por cuanto se observa que el presente escrito de formalización adolece de la técnica que se requiere para interponer el recurso extraordinario de casación, a tenor de lo establecido en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de lo cual, incumpliendo la formalización con la técnica reseñada, la Sala desecha por tal incumplimiento, las denuncias de infracción transcritas. Así de decide...".

 

         Por otra parte esta Sala observa, en cuanto a la denuncia de infracción de normas de rango constitucional, el criterio de esta Sala de Casación Civil, contenido entre otras, en sentencia N° 13 de fecha 23 de enero de 2007, que expresa:

 

“…En lo que respecta a las normas constitucionales que delata la formalizante fueron infringidas por la recurrida, esta Sala de Casación Civil, con ponencia del Magistrado quien suscribe la presente decisión, en sentencia Nº 614 de fecha 8 de agosto de 2006, expediente Nº 05-848, señaló:

 

En lo que respecta a la violación de normas constitucionales que aduce el formalizante fueron infringidas por la recurrida, esta Sala en sentencia Nº 219 de fecha 27 de marzo de 2006, expediente Nº 2005-397 indicó:

 

“…Por otra parte, es deber de esta Máxima Jurisdicción aleccionar al formalizante, en el sentido de señalarle que la revisión por violación de normas de rango constitucional no es competencia de esta Sala, por cuanto ello compete a la Sala Constitucional, por lo que solo pueden ser objeto del recurso de casación aquellas normas que resulten directamente infringidas, es decir, las normas de naturaleza infraconstitucional, que resulten violadas de manera directa en el caso concreto.

 

Por las razones antes expuestas esta Sala, se releva de entrar a conocer la supuesta violación de la norma constitucional delatada como quebrantada. Así se decide”.

 

Atendiendo a la doctrina anterior y que de manera pacífica ha venido señalando esta Sala, debe advertirse al formalizante que la denuncia de tales normas debe realizarse a través del correspondiente recurso ante la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, de conformidad con lo previsto en el articulo 266 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que al no ser competencia de esta Sala su conocimiento, debe abstenerse de entrar a conocer de las mismas. Así se declara.

 

De la sentencia ut supra transcrita se evidencia que la formalizante yerra al denunciar normas constitucionales por ante esta Sala de Casación Civil, cuando lo correcto y ratificado en reiteradas sentencias, es que dichas normas deben ser denunciadas por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Así las cosas, esta Sala se abstiene de dilucidar sobre dicha denuncia por no ser competente para conocer de la misma. Así se decide…”

 

         De la sentencia antes transcrita se desprende, que el control y tutela de los derechos constitucionales, en principio, no es materia propia del recurso extraordinario de casación, cuya finalidad es velar por la recta aplicación de la ley y mantener la uniformidad de la jurisprudencia, ya que ante la violación de garantías previstas en nuestra carta magna, el afectado cuenta con otro tipo de acciones destinadas a garantizar ese derecho tutelado por la Constitución.

         Sin embargo, ha venido indicando la Sala, que en los casos en que la violación de la norma de rango legal sea de tal magnitud que implique la infracción del orden constitucional, esta suprema jurisdicción podrá actuar de oficio para restablecer el error cometido, mas no para declarar la infracción de la norma constitucional, que en todo caso sólo podría ser utilizada por el formalizante para colorear o apoyar su denuncia, sin pretender la declaratoria de violación por parte de la Sala, pues –insistimos- el recurso extraordinario de casación es un medio de impugnación dirigido al control de la legalidad de los fallos y no de su constitucionalidad.

         Todo ello en garantía del legítimo derecho que poseen las partes a la defensa y libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos, derecho de petición, debido proceso y la obligación legal de todos los jueces de velar por la integridad de la Carta Magna, garantías estas consagradas en los artículos 49, numeral 1, 26, 51, 257 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concatenación con lo estatuido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

         Ahora bien, visto que la denuncia por quebrantamiento de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se plantea como consecuencia a la supuesta infracción cometida por el juez de la recurrida, la cual se declaró improcedente en esta denuncia, en consecuencia, esta Sala declara también la improcedencia  de dichas normas constitucionales, al depender o ser un apoyo de su denuncia. Así se declara.

         En consideración a lo antes expuesto, la presente denuncia por reposición preterida es desechada. Así se decide.

 

-II-

         De conformidad con lo estatuido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de la recurrida de los artículos 15, 206, 207, 208 y 212 eiusdem, en concordancia con el artículo 361 ibídem, por reposición preterida o no decretada.

         Como fundamento de su denuncia, la recurrente expresa:

“...porque la sentenciadora de Alzada (sic) al tener conocimiento total del asunto por motivo de la apelación oída en ambos efectos contra la sentencia interlocutoria apelada dictada por el Aquo (sic) en fecha 6 de abril de 2009, que negó la admisión de la reconvención propuesta, debió Admitir (sic) la reconvención propuesta, quebrantando con ello formas sustanciales del proceso, que atañen al orden público, en violación del derecho de defensa, al no tramitar la reconvención propuesta.

 

Establece el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil: (...)

 

De acuerdo con la disposición transcrita, que constituye una regla del procedimiento ordinario al cual remite el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, para el trámite de la demanda de Partición, (sic) la Jueza (sic) de Primera Instancia debió, al haberse formulado en el acto de contestación de la demanda, oposición a la partición, admitir la reconvención propuesta, y ordenar continuar el trámite de la demanda por el procedimiento ordinario como lo ordenan los artículos 777, 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil, cuando haya existido oposición como acaeció en el presente caso, razón por la cual al dar lugar al procedimiento ordinario, es congruente la admisión de la reconvención propuesta, por tanto infringió el Tribunal (sic) A quo (sic) la forma procesal establecida en el artículos (sic) 361 del Código de Procedimiento civil (sic), al no admitir la reconvención propuesta e incurrió en actuaciones nulas, de acuerdo a los artículos 206 del Código de Procedimiento Civil, que afectan al orden público, por tanto no convalidable, conforme a lo previsto en el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil, menoscabando con ello el derecho de defensa de mi mandante al negar la tramitación de su defensa alegada de reconvención o mutua petición.

Establece el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

En efecto, al convalidar, El (sic) Tribunal (sic) de Alzada, las irregularidades en que incurrió el tribunal (sic) Aquo (sic) violando los artículo 15, 208 y 361 del Código de Procedimiento Civil, incurre en un exceso de poder, obviando el juicio ordinario, al cual tiene derecho mi representada, agravado ello por el hecho que no consta en el expediente hay (sic) día auto o sentencia con fuerza de definitiva, que haya puesto fin a la fase contradictoria, mutilando así el procedimiento de partición en su fase contradictoria, así como las oportunidades de sustanciación de pruebas y decisión en juicio ordinario, sobre la defensa de mi representada...”. (Destacados de la recurrente).

 

         Para decidir, la Sala observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante considera que es necesaria la reposición de la causa, al estado de que se admita la reconvención propuesta, pues considera que al declararse inamisible se violó el debido proceso y derecho a la defensa de su representada, pues sostiene que en los procedimientos especiales de partición es admisible la reconvención en la oportunidad de formular la oposición respectiva.

         Ahora bien, la reposición preterida, debe ser denunciada bajo el contexto de una denuncia por defecto de actividad, apoyada en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, con infracción del artículo 208 eiusdem. Así lo tiene establecido la doctrina constante y pacífica de este alto tribunal, cuando en fecha 17-03-1999, Exp. Nº. 98-485, sentencia Nº. 418, señaló:

 

“...En efecto, para denunciar la reposición preterida u omitida con base en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, debe denunciarse conjuntamente la violación de los artículos 15 y 208 del Código de Procedimiento Civil, sin lo cual no podrá esta Sala entrar a resolver sobre el planteamiento formulado...”

 

         En el presente caso, nos encontramos ante el trámite de un procedimiento especial de partición judicial, previsto y sancionado en el libro cuarto, parte primera, título V, capítulo II, del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 777 al 788, relativo a los procedimientos especiales contenciosos.

         Por su parte los artículos 777, 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil, disponen expresamente lo siguiente:

 

“Artículo 777.- La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes.

Si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación.”

 

“Artículo 778.- En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor en el décimo día siguiente. El partidor será nombrado por mayoría absoluta de personas y de haberes. Caso de no obtenerse esa mayoría, el Juez convocará nuevamente a los interesados para uno de los cinco días siguientes y en esta ocasión el partidor será nombrado por los asistentes al acto, cualquiera que sea el número de ellos y de haberes, y si ninguno compareciere, el Juez hará el nombramiento.”

 

“Artículo 780.- La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.”

 

         De igual forma el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil señala:

 

“Artículo 366.- El Juez, a solicitud de parte y aun de oficio, declarará inadmisible la reconvención si ésta versare sobre cuestiones para cuyo conocimiento carezca de competencia por la materia, o que deben ventilarse por un procedimiento incompatible con el ordinario.”

 

         Ahora bien, el juicio de partición se tramita por el procedimiento ordinario en su fase alegatoria, apoyado en instrumentos fehacientes que acrediten la existencia de la comunidad, y si de los recaudos presentados ante el juez se desprende la existencia de condóminos no incluidos en la demanda, el juez de oficio ordenará su citación, aunque posteriormente pueden ser citados mediante la intervención de los litisconsortes, en conformidad con lo estatuido en los artículos 370 ordinal 4° y 382 del Código de Procedimiento Civil.

         En la contestación de la demanda, el demandado podrá hacer oposición a la partición, objetando el derecho a la partición, el carácter o cualidad de condómino del demandante o de uno o alguno de los colitigantes demandados, o la cuota o proporción que le corresponde a uno o a otro, según el título que ostenta o según las reglas sucesorales.

         Verificada la oposición, no procederá de momento el nombramiento de partidor, y el juicio seguirá su curso por el procedimiento ordinario, abriéndose la causa a pruebas.

         Si la oposición versare sobre la inclusión o exclusión de algunos bienes en el acervo, tal disputa se dilucidará en cuaderno separado, siguiendo su curso normal la partición de los restantes bienes, fijándose la oportunidad para el nombramiento del partidor.

         Por último, en los procedimientos de partición de comunidad no es posible provocar la apertura del trámite breve de instrucción y sentencia en rebeldía, previsto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, ya que el artículo 778 del mismo código, asigna otros efectos en caso de no haber el demandado presentado oposición; bajo este supuesto, corresponde al tribunal proceder de inmediato a la ejecución de la partición mediante el nombramiento del partidor.

         Sobre el particular, esta Sala en sentencia Nº RC-736 del 27 de julio de 2004, expediente N° 2003-816, reiterada mediante fallo N° RC-301 del 3 de mayo de 2006, expediente N° 2005-674, señaló lo siguiente:

 

“…Al respecto, en sentencia N° 331 de fecha 11 de octubre de 2000, (Victor José Taborda Masroua, Joel Enrique Taborda Masroua y Yanira Carmen Taborda Masroua, contra Isabel Enriqueta Masroua Viuda De Taborda y Yajaira Taborda Masroua), esta Sala estableció lo siguiente:

 

‘... El procedimiento de partición se encuentra regulado en la Ley Adjetiva Civil, ex artículos 777 y siguientes; de su contenido se evidencia que en el juicio de partición pueden presentarse dos situaciones diferentes, a saber: 1) Que en el acto de la contestación de la demanda no se haga oposición, a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo. En este supuesto, no existe controversia y el juez declarará que ha lugar a la partición, en consecuencia ordenará a las partes nombrar el partidor; en estos casos no procede recurso alguno. 2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o algunos de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del juicio ordinario hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal y como lo establece el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partidor, como ya se indicó; contra las decisiones que se produzcan en esta segunda hipótesis, se conceden tanto el recurso subjetivo procesal de apelación como el extraordinario de casación.

 

Este ha sido el criterio sostenido en forma reiterada por este Máximo Tribunal, así se ha pronunciado la Sala en sentencia de fecha 2 de junio de 1999 en el juicio de Antonio Contreras y otro contra José Fidel Moreno:

 

‘...El juicio de partición está conformado por dos fases o etapas: una, que se tramita por el procedimiento del juicio ordinario y, la otra, que es la partición propiamente dicha.

 

Aun cuando este proceso debe promoverse por los trámites del juicio ordinario, sin embargo, esta vía sólo se abre si hubiere oposición a la partición o se discutiera el carácter o la cuota de los interesados. En el caso de que se contradiga la demanda, el proceso continuará su curso hasta dictarse sentencia definitiva y en el supuesto de que ello no ocurriera comenzarán a practicarse las actuaciones necesarias para el nombramiento del partidor, fase está en la que se ejecutarán las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes.

 

Así lo ha interpretado esta Corte en su reiterada doctrina, entre la que se cita la contenida en el fallo del 2 de octubre de 1997 (Antonio Santos Pérez c/ Claudencia Gelis Camacho), en la que se dejó sentado lo siguiente:

 

‘...En efecto, el procedimiento de partición se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas. Una que se tramita por la vía del juicio ordinario y que sólo se abre si en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a la partición o se discutiere el carácter o la cuota de los interesados; y la otra, que es la partición propiamente dicha, en la que se designa un partidor y se ejecutan las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes del caso...’. (Cursivas de la Sala).

 

El artículo 780 del Código de Procedimiento Civil establece:

 

Artículo 780: ‘La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo condominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.

 

Si hubiere discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor’.

 

Esta disposición adjetiva determina que, en aquellos casos, como el de autos, en el que se discuta el carácter o la cuota de los interesados, deberá sustanciarse el proceso por los trámites del juicio ordinario, hasta dictarse la sentencia definitiva que embarace la partición.

 

Para el Dr. Francisco López Herrera, en su obra ‘Derecho de Sucesiones’:

 

‘...La sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento de partición de herencia, es simplemente preparatoria de ésta: No efectúa división alguna, sino que se limita a decidir si la misma es o no procedente’...”.

 

         Ahora bien, al diferenciar la norma contenida en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, entre oposición y la discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, y estar expresamente establecida en la ley la forma en que se debe plantear el contradictorio en los juicios especiales de partición, queda palmariamente implantada la prohibición de promover cuestiones previas en lugar de contestar la demanda, y de plantear reconvención o mutua petición en dicha contestación, dado que el único procedimiento compatible con la partición es la recíproca solicitud de partición, que definitivamente es una sola, y aunque se pretenda con la reconvención o mutua petición que se incorporen bienes a la partición que no fueron señalados por el demandante, esta no es la vía establecida por la ley, pues como ya se dijo, en la contestación de la demanda el demandado puede ejercer oposición señalando los bienes que se deben incluir o excluir en el acervo, y esto se decidirá en cuaderno separado, siguiendo su curso normal la partición de los restantes bienes, fijándose la oportunidad para el nombramiento del partidor.

         Lo anterior, determina la incompatibilidad de procedimientos que hace inadmisible la oposición de cuestiones previas, reconvención o mutua petición en los juicios de partición, en conformidad con lo estatuido en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, cuando señala que el juez, a solicitud de parte y aún de oficio, declarará inadmisible la reconvención que deba ventilarse por un procedimiento incompatible con el ordinario.

         Dado que en el juicio ordinario, verificada la contestación de la demanda lo que procede es la apertura del lapso probatorio, pero en el juicio especial de partición, lo que procede es la fijación de la oportunidad para el nombramiento del partidor que distribuirá los bienes que no fueron objeto de oposición, y la tramitación en cuadernos separados de los restantes procedimientos que se instauren en los cuales sí hubo oposición o surgió la discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, al objetar el demandado el derecho a la partición, impugnando el carácter o cualidad de condómino del demandante o de uno o alguno de los colitigantes demandados, o la cuota o proporción que le corresponde a uno u otro, según el título que ostenta o según las reglas sucesorales.

         Al efecto, véase entre otros, los fallos de esta Sala de Casación Civil, del 2 de junio de 1999, 31 de julio de 1997, y N° 263 del 2 de octubre de 1997, caso: Antonio Santos Pérez contra Claudencia Gelis Camacho Pérez, expediente N° 1995-858, que en resumen señalaron lo siguiente:

 

“...Sin embargo, en el caso de autos, el a quo admitió inicialmente –e indebidamente- una reconvención propuesta sólo nominalmente por la demandada, abrió el término de pruebas del juicio ordinario y ordenó, también, paralelamente y luego de insistentes peticiones del apoderado actor, seguir el trámite del nombramiento del partidor, emitiendo luego una decisión en la que declaraba con lugar la demanda de partición y sin lugar la reconvención, pero sin indicar qué etapa del proceso pretendía decidir, lo cual resultaba necesario por la especialidad del régimen judicial de la partición...”.

 

Aplicada la precedente doctrina al caso que se examina, observa la Sala que la única variante radica en que, en este asunto, el a-quo declaró sin lugar la demanda e indebidamente con lugar la reconvención, y aun cuando la recurrida solo se pronunció sobre esta última, asimilándola a una oposición...”. (Destacados de la Sala).

 

         En definitiva, si la etapa contradictoria se inicia en los supuestos de una contestación de la demanda, que implique oposición o la discusión sobre el carácter o cuota de los interesados, y que la misma sigue el procedimiento ordinario, mal pueden oponerse cuestiones previas, reconvención o mutua petición, que por su definición son palmariamente sustitutivas de la contestación misma, y violatorias de la naturaleza misma del juicio de partición que, como mecanismo procesal, debe facilitar la disolución de la comunidad y, en consecuencia, tiene las características típicas de los procedimientos especiales, como lo son el carácter sumario y la conversión en juicio ordinario en el supuesto de la oposición, aunado al hecho de la incompatibilidad de procedimientos ya descrita en este fallo. Por lo cual, es inadmisible la oposición de cuestiones previas, reconvención o mutua petición en los juicios de partición. Así se decide.

         En consideración a todos los fundamentos precedentemente expuestos, la presente denuncia por reposición preterida es improcedente. Así se declara.

 

-III-

         De conformidad con lo estatuido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de la recurrida de los artículos 15, 206, 207, 208 y 212 eiusdem, en concordancia con los artículos 601 y 779 ibídem, por reposición preterida o no decretada.

         Por vía de argumentación la recurrente señala:

“...porque la sentenciadora de Alzada (sic) al tener conocimiento total del asunto por motivo de la apelación oída en ambos efectos contra la sentencia interlocutoria apelada dictada por el Aquo (sic) en fecha 6 de abril de 2009, que negó la admisión de la reconvención propuesta, debió ordenar que el Tribunal se pronunciara sobre la medida solicitada, quebrantando con ello formas sustanciales del proceso, que atañen al orden público, en violación del derecho de defensa, al no proveer en tiempo hábil.

Establecen los artículos 601 y 779 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

De acuerdo con las disposiciones transcritas, la Jueza (sic) de Primera (sic) Instancia (sic), debió, al haberse solicitado en el acto de contestación a la demanda, el decreto de una medida, proveer sobre la medida solicitada, en el mismo día, por tanto infringió el Tribunal (sic) A quo (sic) las formas procesales establecidas en los artículos 601 y 779 del Código de Procedimiento civil (sic) e incurrió en actuaciones nulas, de acuerdo a los artículos 206 del Código de Procedimiento Civil, que afectan al orden público, al no proveer en tiempo hábil sobre la medida solicitada, por tanto no convalidables, conforme a lo previsto en el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil, en perjuicio de mi mandante.

Establece el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil: (...)

Al proceder así, la sentenciadora de la recurrida, convalidó el abuso de poder en que incurrió el Tribunal (sic) Aquo (sic) al no proveer en tiempo hábil sobre la medida solicitada en el acto de contestación a la demanda, menoscabando con ello el derecho de defensa de mi representada y el debido proceso, infringiendo así el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente: (...)

En efecto, al convalidar, El (sic) Tribunal (sic) de Alzada (sic), las irregularidades en que incurrió el Tribunal (sic) Aquo (sic) violando los artículos 15, 208, 601 y 779 del Código de Procedimiento Civil, incurre en un exceso de su poder, en perjuicio del derecho de defensa de mi mandante.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, solicito de esta Sala de Casación Civil, declare con lugar la presente denuncia y case el fallo recurrido, ordenando la reposición de la presente causa al estado de que se pronuncie sobre la medida innominada solicitada, alegadas por mi representada, en su escrito de contestación a la demanda...”. (Cursivas del recurrente).

 

         La Sala observa, para decidir lo siguiente:

         De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante considera que el juez de alzada debió ordenar la reposición de la causa al estado de que el juez de primera instancia se pronuncie sobre la medida innominada solicitada en el escrito de contestación a la demanda.

         Ahora bien, dada la naturaleza de la presente delación que permite a la Sala al descenso de las actas del expediente, se observa que, de la lectura del escrito de contestación de la demanda presentado en fecha 23 de marzo de 2009, que corre inserto a los folios 92 al 94 y sus vueltos, de la pieza principal, se desprende que la demandada reconviniente solicitó se decretara medida cautelar innominada mediante la cual se ordene al patrono del demandante reconvenido, no realizar adelanto o pago de prestaciones sociales, por cuanto de renunciar a su trabajo quedaría ilusoria la ejecución del fallo a dictarse, pidiendo seguidamente que sea admitida la reconvención propuesta.

         Observa la Sala, que la medida cautelar innominada fue solicitada como parte de la reconvención propuesta, que fue declarada inadmisible por el tribunal de primera instancia, así como por la alzada, y que esta Sala ya analizó y declaró que acertadamente era inadmisible.

         En este sentido, cabe señalar que las medidas cautelares se dictan en los procesos judiciales pendente litis, es decir, es necesario que exista un proceso judicial en trámite para su existencia, pues de extinguirse el juicio, no tendría sentido seguir con las medidas cautelares, pues éstas dependen de la existencia del juicio principal.

         Por lo cual, reponer la causa al estado de que el juez de primera instancia se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada en el escrito de reconvención que fue declarado inadmisible, constituye claramente una reposición inútil carente de finalidad alguna; lo anterior, aunado al hecho de que si lo que quería la demandada, era incorporar nuevos bienes a la partición que no fueron incorporados por el demandante, la vía judicial prevista en la ley, como ya se dijo en este fallo, es ejercer oposición a la partición propuesta, en cuyo caso el asunto debe dilucidarse en cuaderno separado, en el cual el juez de instancia ordene, a solicitud de parte, la apertura de un cuaderno de medidas y en éste se pronuncie sobre la procedencia o no de la medida cautelar solicitada.

         En consideración a lo antes expuesto, la presente denuncia es improcedente. Así se decide.

 

-IV-

         De conformidad con lo estatuido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de la recurrida de los artículos 15, 206, 207, 208 y 212 eiusdem, en concordancia con los artículos 777, 778 y 780 ibídem, por reposición preterida o no decretada.

         Como fundamento de su denuncia, la recurrente expresa:

“...porque la sentenciadora de Alzada (sic) al tener conocimiento total del asunto por motivo de la apelación en ambos efectos contra la sentencia interlocutoria apelada dictada por el A quo en fecha 6 de abril de 2009, que negó la admisión de la reconvención propuesta, debió Admitir (sic) la reconvención propuesta y ordenar que el tribunal (sic) se pronunciara sobre la medida solicitada y proseguir el juicio hasta obtener sentencia definitiva que resolviera la oposición hecha en la contestación a la demanda, y disponer en la recurrida anular los autos dictados por el Tribunal (sic) A quo (sic) de fecha 6 de abril de 2009, mediante el cual emplazó a las partes al nombramiento del partidor y el auto de fecha 7 de abril de 2009, en el cual acordó abrir cuaderno separado y en dicho cuaderno separado ordenó la apertura del lapso de pruebas, quebrantando con ello formas sustanciales del proceso, que atañen al orden público, en violación del derecho de defensa, creándose con dicha omisión y sentencia un verdadero caos procesal.

Establecen los artículos 777, 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

De acuerdo con las disposiciones transcritas, la Jueza (sic) de Primera (sic) Instancia, (sic) debió, al haberse formulado en el acto de contestación a la demanda, oposición a la partición, continuar con el procedimiento ordinario hasta que, una vez cumplidos los lapsos procesales, dictar sentencia que dispusiera con lugar o sin lugar la oposición hecha a la demanda, vía consecuencia, con o sin lugar la demanda propuesta con los demás pronunciamientos de ley, por el contrario, dicta auto de fecha 6 de abril de 2009 mediante el cual No (sic) Admite (sic) la reconvención propuesta y horas después de dictar dicha sentencia interlocutoria, o sea en la misma fecha 6 de abril de 2009, dicta auto mediante el cual emplaza a las partes para el nombramiento del partidor y al día siguiente 7 de abril de 2009 dicta otro auto mediante el cual ordena aperturar cuaderno separado y apertura en dicho cuaderno separado un lapso de pruebas, como claramente se desprende de las actas del expediente, por tanto infringió el Tribunal (sic) A quo (sic) las formas procesales establecidas en los artículos 777, 778 y 780 del Código de Procedimiento civil, (sic) e incurrió en actuaciones nulas, de acuerdo a los artículos 206 del Código de Procedimiento Civil, que afectan al orden público, por tanto no convalidables, conforme a lo previsto en el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil, subvirtiendo con ello, el orden procesal.

Establece el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

La alzada, ante la Apelación (sic) hecha por esta representación, contra la sentencia de fecha seis (6) de Abril (sic) de dos mil nueve (2.009), dictada por el tribunal Aquo, (sic) mediante la cual declara que No (sic) Admite (sic) la reconvención propuesta, oída en ambos (sic), asumió el conocimiento de todo el asunto, y en virtud de su facultad de revisión de las actuaciones del Juez (sic) de Primera (sic) Instancia, (sic) al observar que hubo oposición a la demanda, como deja constancia de ello la recurrida, y por ende seguir el juicio de partición mediante procedimiento ordinario, debió corregir las irregularidades en que incurrió el Tribunal (sic) Aquo, (sic) toda vez que al haberse hecho oposición a la demanda de partición en el acto de contestación a la demanda, era imperativo legal continuar con el Juicio (sic) de Partición (sic) mediante el procedimiento ordinario, vía consecuencia, anular los autos de fechas 6 de abril de 2009 mediante el cual el Tribunal (sic) A quo (sic), mediante el cual este mutila el expediente contentivo del Juicio (sic) de Partición, (sic) y pone fin de manera anómala a la fase contradictoria del procedimiento, emplazando a las partes para el nombramiento del partidor y de fecha 7 de abril de 2009 mediante el cual ordena abrir y apertura del procedimiento a pruebas al día siguiente, en cuaderno separado.

Al proceder así, la sentenciadora de la recurrida, al declarar sin lugar la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Tribunal (sic) Aquo, (sic) privó a mi mandante del Juicio (sic) pautado en la ley, para resolver sobre la oposición formulada, fundamentada en la falta de cualidad, inadmisibilidad e improponibilidad de la demanda, alegatos de defensa expuestos en el escrito de contestación a la demanda, y de informes, privando así a mi mandante del procedimiento ordinario para el trámite de las defensas de oposición a la demanda de partición hecha por el apoderado de mi mandante, menoscabando con ello el derecho de defensa de mi representada y el debido proceso, infringiendo así el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente: (...)

En efecto, al convalidar, El (sic) Tribunal (sic) de Alzada, (sic) las irregularidades en que incurrió el Tribunal (sic) Aquo (sic) violando los artículos 15, 208, 777, 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil, incurre en un exceso de su poder, al privar a mi mandante del juicio ordinario, así como las oportunidades de sustanciación de pruebas y decisión en juicio ordinario, sobre las defensas de mi representada, a las cuales tiene derecho mi representada, agravando ello por el hecho que no consta en el expediente hoy día auto o sentencia con fuerza definitiva, que haya puesto fin a la fase contradictoria, mutilando así el procedimiento de partición en su fase contradictoria, sobre las defensas de mi representada.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, solicito de esta Sala de Casación Civil, declare con lugar la presente denuncia y case el fallo recurrido, ordenando la reposición de la presente causa al estado de que se tramite en juicio ordinario la oposición hecha a la demanda con fundamento a la falta de cualidad, Inadmisibilidad (sic) e improponibilidad de la demanda alegadas por mi representada, en su escrito de contestación a la demanda. (Cursivas del recurrente).

 

         Para decidir, la Sala observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante considera que es necesaria la reposición de la causa al estado de que se tramite en juicio ordinario la oposición ejercida contra la partición propuesta, con fundamento en la falta de cualidad, inadmisibilidad e improponibilidad de la demanda alegadas por la parte accionada en su escrito de contestación a la demanda.

         Ahora bien, de la lectura del escrito de contestación de la demanda presentado en fecha 23 de marzo de 2009, que corre inserto a los folios 92 al 94 y sus vueltos, de la pieza principal, se desprende que la demandada presentó una propuesta de conciliación, hizo oposición a la partición del 50% de los bienes señalados por el demandante, por discrepancia en cuanto al señalamiento de éstos, expresando que hay bienes que ya fueron vendidos y otros no fueron señalados, concluyendo en que el tribunal debió declarar la inadmisibilidad de la acción, por falta de cualidad para sostener el juicio, aunque no señala de quién y concluyó señalando la supuesta inexistencia de dos bienes señalados en la demanda como objeto también de la partición.

         Posteriormente en capítulo siguiente, ejerció reconvención y culminó solicitando se decretara una medida cautelar innominada en razón de la mutua petición ejercida.

         Al respecto, la juez de la primera instancia, mediante decisión interlocutoria del 6 de abril de 2009, discriminando los bienes señalados en la reforma de la demanda y lo expuesto en la contestación de ésta, declaró inadmisible la reconvención propuesta, y mediante auto expreso de la misma fecha, indicó que ordenaba la partición de los bienes que no fueron contradichos por la demandada en la contestación de la demanda, ordenando el nombramiento del partidor al décimo día de despacho siguiente.

         De igual forma, en fecha 7 de abril de 2009, la juez de la primera instancia, mediante auto expreso, ordenó la apertura de cuaderno separado para la tramitación del procedimiento ordinario en cuanto a la contradicción de los bienes relativos al dominio común, que fueron objeto de señalamiento en la contestación de la demanda, acordando la apertura del lapso probatorio en dicho cuaderno separado.

         Ahora bien, la demandada, al hacer oposición a la partición, señaló varios bienes y otros no, que fueron señalados en el escrito de reforma del libelo de la demanda, y la juez en base a lo preceptuado en los artículos 777, 778 y 780 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la prosecución del juicio conforme a la ley.

         Observa la Sala, que la juez de primera instancia dio estricto y claro cumplimiento al procedimiento de partición que se encuentra regulado en la ley adjetiva civil, específicamente en sus artículos 777 y siguientes; conforme a los dos supuestos que se pueden presentar con motivo a la contestación de la demanda, que son:

         1) Que en el acto de la contestación de la demanda no se haga oposición a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo. En este supuesto, no existe controversia y el juez declarará ha lugar la partición, en consecuencia ordenará a las partes nombrar el partidor; en estos casos no procede recurso alguno.

         2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o algunos de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal y como lo establece el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partidor.

         Por lo cual en este segundo supuesto, la sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento de partición, es simplemente preparatoria de ésta: No efectúa división alguna, sino que se limita a decidir si la misma es o no procedente. (Cfr. Doctrina del Dr. Francisco López Herrera, en su obra ‘Derecho de Sucesiones’, citada en fallo N° RC-301 del 3 de mayo de 2006, expediente N° 2005-674, de esta Sala).

         En efecto, el procedimiento de partición se desarrolla en dos etapas claramente diferenciadas. Una que se tramita por la vía del juicio ordinario y que sólo se abre si en la oportunidad de contestar la demanda hubiere oposición a la partición o se discutiere el carácter o la cuota de los interesados; y la otra, que es la partición propiamente dicha, en la que se designa un partidor y se ejecutan las diligencias de determinación, valoración y distribución de los bienes del caso.

         Por lo cual, en el presente caso, es infundada la reposición planteada por la parte demandada, y por ende improcedente la presente denuncia, al no existir violación alguna al debido proceso, derecho de defensa de la parte demandada, ni el quebrantamiento de alguna norma sustancial del proceso. Así se decide.

 

-V-

         De conformidad con lo estatuido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de la recurrida de los artículos 15, 206, 208 y 212 eiusdem, en concordancia con el artículo 296 ibídem, por reposición preterida o no decretada.

         Por vía de argumentación la recurrente señala:

“...porque la sentenciadora de Alzada (sic) al tener conocimiento total del asunto por motivo de la apelación oída en ambos efectos contra la sentencia interlocutoria apelada dictada por el Aquo (sic) en fecha 6 de abril de 2009, convalidó la negativa del Tribunal Aquo (sic) a darle plena validez al recurso de apelación interpuesto, oído en ambos efectos, y a la Innovación (sic) que hizo el Tribunal (sic) A quo (sic) en materia del litigio.

Establece el artículo 296 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

De acuerdo con la disposición transcrita, la Jueza de Primera Instancia debió, al oír la apelación en ambos efectos, en contra del auto que Niega (sic) la reconvención propuesta, remitir todos los cuadernos que forman el expediente numero (sic) 7849, nomenclatura usada por el Tribunal (sic) A quo, (sic) e incluir en dicha remisión el cuaderno separado ordenado aperturar mediante auto de fecha 7 de abril de 2009; por el contrario, la Jueza (sic) de la causa mutiló el expediente remitiendo solo al Tribunal de alzada el cuaderno principal e invocó al continuar, con la sustanciación de juicio con respecto a sólo una parte de los bienes, en dicho cuaderno separado –dictando en dicho cuaderno separado sentencia en fecha 3 de diciembre de 2009, confirmada por el Tribunal Tercero Superior en fecha 6 de abril de 2010, que contradictoriamente establece que la comunidad posee sólo un bien y declarado Parcialmente (sic) Con (sic) Lugar (sic) la Oposición (sic) hecha a la partición, contra la cual se anunció casación, admitido este y remitido el asunto, fue recibido por esta Honorable sala (sic) de Casación Civil, en fecha 6 de mayo de 2010, asignándole esta Sala el numero (sic) AA20-C-2010-000261, que por razones de capacidad de postulación, al no otorgársele a tiempo al abogado de mi mandante, la constancia del Colegio de Abogado para actuar ante el tribunal Supremo de Justicia y aunado a la situación económica de mi mandante a la fecha para contratar a otro profesional del derecho, no se pudo formalizar-, y con dicha sustanciación de juicio en cuaderno separado sólo respecto a unos bienes, aparte de subversión del orden procesal innovó el Tribunal (sic) A quo (sic) lo que era materia de litigio, por tanto Infringió (sic) el Tribunal (sic) A quo, (sic) la forma procesal establecida en el artículo 296 del Código de Procedimiento Civil e incurrió en actuaciones nulas, no convalidables, de acuerdo con lo establecido en los artículos 206 y 212 del Código de Procedimiento Civil (sic)

Establece el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (sic)

Al proceder así, la sentenciadora de la recurrida, se excedió al convalidar el relajamiento que se hizo de las formas esenciales del procedimiento a espaldas de mi mandante y privó a mi representada, en el ilegal cuaderno separado aperturado, de ejercer las facultades de promover y evacuar pruebas, y demostrar los alegatos expuestos en escrito de contestación de demanda en el cual se formulo (sic) oposición a la partición, infringiendo así el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente: (...)

En efecto al no ordenar la sentenciadora de la recurrida al Tribunal (sic) A quo (sic) la remisión del cuaderno separado omitido y dejado este en el archivo del tribunal A quo, (sic) se menoscabó el derecho de defensa de mi representada en el sentido de aparte que la sentencia recurrida no se atuvo a lo alegado y probado en autos, negársele plena validez a el recurso de apelación interpuesto, oído en ambos efectos.

En consecuencia, Respetuosamente (sic) solicito que se declare con lugar la presente denuncia, reponga la causa al estado en que se encontraba en el Tribunal (sic) superior Primero (sic) el día Primero (sic) de Junio (sic) de 2009, fecha del auto mediante el cual revoco (sic) por contrario imperio auto por el también dictado, y que un nuevo tribunal (sic) Superior (sic) dicte sentencia una vez conste en autos la totalidad de los cuadernos que formaban a dicha fecha el expediente 7849, con los demás pronunciamientos de ley a que haya lugar...”. (Cursivas del recurrente).

 

         La Sala observa, para decidir lo siguiente:

         De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante considera que es necesaria la reposición de la causa al estado en que se encontraba el juicio para el 1 de junio de 2009, fecha en la cual, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, revocó por contrario imperio su auto de fecha 19 de mayo de 2009, al considerar la recurrente, que de conformidad con lo previsto en el artículo 296 del Código de Procedimiento Civil, se debió remitir anexo a dicho cuaderno principal la totalidad del expediente, incluyendo el cuaderno separado que se ordenó aperturar con motivo de la oposición, concluyendo que tal omisión le causó indefensión a su cliente, por el supuesto quebrantamiento de esta forma sustancial del proceso, pues al admitirse la apelación en ambos efectos contra la decisión que declaró inadmisible la reconvención, se debió remitir todo el expediente al juez de alzada.

         Al respecto cabe señalar, como ya se explicó en la denuncia anterior, que el procedimiento de partición regulado en los artículos 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, prevé dos supuestos que se pueden presentar con motivo a la contestación de la demanda, que son:

         1) Que en el acto de la contestación de la demanda no se haga oposición a los términos en que se planteó la partición en el correspondiente libelo, en cuyo caso, no existe controversia y el juez declarará ha lugar la partición y en consecuencia ordenará a las partes nombrar el partidor (en estos casos no procede recurso alguno). Y,

         2) Que los interesados realicen oposición a la partición, la cual puede ser total o parcial, vale decir que recaiga sobre todo o algunos de los bienes comunes, en estos casos el proceso se sustanciará y decidirá siguiendo los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, hasta que se dicte el fallo que embarace la partición, tal y como lo establece el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, y en este estado se emplazará a las partes para que procedan al nombramiento del partidor.

         La norma antes citada expresamente señala:

“La contradicción relativa al dominio común respecto de alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá por los trámites del procedimiento ordinario en cuaderno separado, sin impedir la división de los demás bienes cuyo dominio no sea contradicho y a este último efecto se emplazará a las partes para el nombramiento del partidor.” (Destacado de la Sala).

 

         Véase claramente, como ya se explicó varias veces en este fallo, que el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, establece que dicha oposición será tramitada en cuaderno separado, como se hizo en el presente caso, lo cual determina que sea en forma autónoma a los demás cuadernos del expediente, por lo cual no podía acumularse a éste ningún otro cuaderno del juicio principal, como lo pretende la recurrente.

         Por lo cual, la tramitación del juicio principal y de la incidencia que pueda surgir, se efectuará de forma independiente, autónoma, uno en el cuaderno principal y la otra en el cuaderno separado, y en consecuencia, mal puede la sentencia definitiva del cuaderno principal arropar la resolución de lo discutido en el cuaderno separado, porque así expresamente lo prohíbe la ley.

         En consideración a lo antes expuesto, es improcedente la denuncia por reposición preterida planteada por la parte demandada, al no existir violación alguna al debido proceso, derecho de defensa de la parte demandada, ni quebrantamiento de alguna norma sustancial del proceso. Así se decide.

 

-VI-

         De conformidad con lo estatuido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de la recurrida de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° eiusdem, por incongruencia negativa.

         Como fundamento de su denuncia, la recurrente expresa:

“...En dicho informe, bajo el rótulo Segundo (sic) del escrito, se explayo (sic) ante la alzada, la solicitud de declaratoria de nulidad de conformidad con el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil supra citado, del auto de fecha 6 de abril de 2009, mediante el cual el Tribunal (sic) A quo, (sic) emplaza a las partes al nombramiento del partidor, y creó una caos procesal, toda vez que al dictar dicho auto, originó el relajamiento de las formas esenciales del procedimiento de partición, y mutiló el expediente, cercenando de tajo su fase alegatoria y contradictoria del mismo, y en fecha 7 de abril de 2009, mediante auto ordenó la prosecución de juicio ordinario con respecto a los otros bienes, la razón es que dicho auto en criterio de quien formaliza era la sentencia definitiva, y por hallarse viciado dicho auto por los defectos que indica el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, era nulo, por cuanto específicamente dicho auto carece de los requisitos intrínsecos de una sentencia a que refiere el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuestión esta que atañe al orden público, auto insisto de fecha 6 de abril de 2009, mediante el cual emplazó a las partes para el nombramiento del partidor para el decimo (sic) día siguiente, ello, a pesar de haberse hecho oposición a la demanda de partición, en el escrito de contestación de demanda, como de ello se deja constancia en la recurrida.

Al omitir pronunciamiento sobre dicha solicitud de declaratoria de nulidad del auto de fecha 6 de abril de 2009, que riela en el cuaderno principal, mediante el cual emplaza a las partes para el nombramiento del partidor, no se atuvo la sentenciadora a las defensas opuestas en el escrito de informes, por tanto infringió el referido ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 12 eiusdem que obliga al juez a atenerse a lo alegado y probado en autos.”

 

         Para decidir, la Sala observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante le imputa a la recurrida la comisión del vicio de incongruencia negativa, con la infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, al señalar que el juez de alzada, no se pronunció sobre el alegato esgrimido en su escrito de informes, referente a la nulidad de la sentencia apelada, en conformidad con lo previsto en los artículos 209, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil.

         Al respecto esta Sala, en su sentencia del 4 de abril de 2003, caso Chichi Tours, C.A. contra Seguros La Seguridad, C.A., expediente N° 01-302, sentencia N° 139, señaló lo siguiente:

“...El artículo 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, prevé que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Esta norma es acorde con el artículo 12 eiusdem, el cual dispone, entre otras cosas que el juez debe atenerse a lo alegado en autos.

Ambas normas constituyen una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en el ordenamiento jurídico venezolano, y sujetan la actividad decisoria del juzgador: a) Sólo sobre los hechos alegados en el proceso, sin extender su pronunciamiento a los no controvertidos por las partes; y, b) Sobre todos y cada uno de los alegatos en que quedó trabada la litis, so pena de cometer el vicio de incongruencia positiva o incongruencia negativa, respectivamente.

Este requisito de congruencia está referido a aquellos hechos alegados en la demanda y en la contestación, pues luego de ello no es posible alegar nuevos hechos, por disposición del artículo 364 del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, por vía jurisprudencial la Sala ha extendido esta exigencia respecto de aquellos alegatos formulados en el escrito de informes, que sean de imposible presentación en la demanda y en la contestación, por referirse a cuestiones presentadas luego de verificados dichos actos, siempre que éstos sean determinantes en la suerte de la controversia, y a título de ejemplo ha señalado la confesión ficta, o la cosa juzgada sobrevenida.

Ahora bien, la Sala deja sentado que la falta de pronunciamiento sobre los motivos de nulidad de la sentencia de primera instancia, que fueren alegados en los informes, no determina la existencia del vicio de incongruencia negativa, por las siguientes razones:

De conformidad con lo previsto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Sentenciador Superior revisar la sentencia apelada y decretar la existencia de los vicios previstos en el artículo 244 eiusdem, que las partes hubiesen hecho valer mediante la apelación. Asimismo, establece que la declaratoria del vicio de forma no será motivo de reposición de la causa, sino que el juez de alzada debe resolver el fondo del litigio.

En interpretación y aplicación de esta norma, la Sala ha indicado reiteradamente que si la parte hace valer la nulidad de la sentencia de primera instancia mediante la apelación y el juez de alzada no se pronuncia sobre ello de forma expresa, positiva y precisa, ese defecto de actividad no puede trascender a la casación, porque dicho precepto legal determina que los posibles vicios de la decisión apelada no serán examinados por la casación y de persistir éstos en la sentencia del Tribunal de alzada, se debe denunciar la infracción del correspondiente ordinal del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como vicio formal de la sentencia del superior, y no respecto del examen de la decisión de primera instancia.

En ese sentido, esta Sala se pronunció, entre otras, en sentencia de fecha 29 de julio de 1994, reiterada el 30 de marzo de 2000, Sentencia No. 81 (Caso: Bertha Celina Ramírez y otros c/ Fabio Germán Duque y otra), en la cual dejó sentado:

‘De acuerdo al artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, la nulidad de la sentencia definitiva de la instancia inferior se hace valer mediante la apelación; la declaratoria del vicio de la sentencia por el Tribunal que conozca en grado de la causa, no será motivo de reposición, y éste decidirá el fondo del asunto.

En la legislación derogada, tal declaratoria conducía a la nulidad de la sentencia de primera instancia, y a la consiguiente reposición de la causa, al estado de que el a quo dicte nueva sentencia. Esta decisión era el contenido de una sentencia definitiva formal, inmediatamente recurrible en casación. Al modificar el legislador el sistema, y establecer que la existencia de vicios en la decisión apelada no conduce a la reposición, restringió la posibilidad de nulidad a la existencia de quebrantamiento de formas procesales, cometidos en el íter que conduce a la sentencia; por tanto, carece de trascendencia en el curso del proceso el examen que al respecto realiza el Superior.

Si bien, en nuestra legislación, y en la mayor parte de los ordenamientos procesales, está inmerso en el recurso de apelación el antiguo recurso ordinario de nulidad, el objeto de la sentencia pronunciada en grado de apelación no es la sentencia apelada, sino la controversia, de nuevo sometida a decisión de un juez, por el efecto devolutivo del recurso, y a ello debe referirse la Casación, a menos que el recurso no se interponga contra una sentencia que resuelva el fondo de la apelación, sino contra una decisión de reposición al estado de que se vuelva a practicar alguna actividad procesal, ello dejando a salvo el control de la casación sobre la reposición preterida.

Por no tener en este caso trascendencia para la resolución de la apelación el examen de la sentencia apelada, en cuanto a los vicios que ésta pudiese contener, carecería de propósito útil el examen de esta Corte acerca de la apreciación realizada por el Juez sobre esa sentencia.

Al establecer el legislador que la nulidad de ésta no impediría a la Alzada resolver sobre el fondo, quiso poner punto final al examen de los requisitos de forma de la sentencia apelada, lo cual conduce a que no debe esta Corte examinar la denuncia planteada’.

La Sala, al reiterar el criterio jurisprudencial transcrito, establece que si la parte hace valer la nulidad de la sentencia de primera instancia mediante la apelación, y el juez de alzada no se pronuncia de forma expresa, positiva y precisa sobre los pretendidos vicios de forma, ello no trasciende a casación, pues el sentenciador de alzada tiene el deber de reexaminar la controversia sin cometer los alegados defectos de actividad advertidos en la sentencia de primera instancia, y si en definitiva incurre en los mismos vicios, éstos pueden ser denunciados en casación en cuanto a la forma de la sentencia del superior y no respecto del examen de la decisión apelada...” (Destacado de la Sala).

         Tal como claramente se desprende de la doctrina transcrita, los vicios de que pudiera adolecer la sentencia dictada en la primera instancia no transcienden a esta Suprema Jurisdicción, dado que si el juez superior en su fallo no se pronuncia sobre los alegatos de nulidad expuestos por el apelante, dicha infracción no tendría trascendencia al carecer de propósito útil el examen acerca de la apreciación realizada por el juez de alzada sobre la sentencia sometida a su conocimiento.

         Al establecer el legislador que la nulidad de la sentencia objeto de la apelación no impediría a la alzada resolver sobre el fondo, quiso poner punto final al examen de los requisitos de forma de la sentencia apelada, lo cual conduce a que no debe esta Corte examinar la denuncia planteada, por corresponder claramente a una casación inútil, sin finalidad alguna, al ser sustituido el fallo apelado de la primera instancia por el de alzada, el cual es el que debe ser revisado por esta Sala. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-272 del 31 de mayo de 2005, expediente N° 2005-058, caso: Zoila Rosa, Ananías, Leobaldo y Secundino Mascareño, contra Flor Mascareño y Evelyn Josefina Durán De Carrasco; sentencia N° RC-104 del 28 de febrero de 2008, expediente N° 2007-644, caso: La Asociación Civil Venezuela Nueva Esparta, contra Mohamed Ali Abdul Hadi; decisión N° RC-848 del 10-12-2008, expediente N° 2007-163, caso: Antonio Arenas y Juana Ynocencia Rengifo de Arenas, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle, Yumey Coromoto y Rosangela Arenas Rengifo, contra SERVIQUIM C.A., y Seguros Mercantil C.A.; y fallo de esta Sala N° RC-125 del 4 de mayo de 2010, expediente N° 2009-646, caso: Amelia Mercedes Mijares López, contra Alexis Salazar Sentis y Alída Lourdes Peña Narváez, entre otros).

         De igual forma se observa, que se considera casación inútil, cualquier infracción que, aun siendo procedente no sea capaz de cambiar la decisión de la litis, como ocurre en este caso, que la sentencia apelada de la primera instancia fue sustituida por la de la alzada, y esta última es la que es objeto de revisión por esta Sala y de quedar firme sería la que causaría cosa juzgada, y por ende, no cambiaria en nada la decisión de la litis, pues la sentencia de primera instancia no transciende a ser revisada por esta Sala. Así se establece.

         Tal criterio ha sido sustentado por la extinta Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, en sentencia de 9 de Diciembre de 1.992, que señaló:

 

“...Nuestra Casación ha señalado que: ‘Es Casación Inútil, cualquier infracción que, aún siendo procedente no sea capaz de cambiar la decisión de la litis’.

 

El procesalista patrio, Dr. Humberto Cuenca, ha señalado que:

 

“La Casación Inútil es como una especie de casación en interés de la Ley” La Casación inútil sería una especie de culto irracional a la Ley; la Ley por la Ley misma. Lo cual implicaría incurrir en actitudes superfluas e intrascendentes que atentarían contra los principios procesales que rigen nuestro ordenamiento adjetivo. Así se decide.”

 

(Sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 9 de diciembre de 1992, con ponencia del Magistrado Dr. Rafael J. Alfonzo Guzmán, en el juicio de Francisco Gil Matos, en contra de C.A.D.A.F.E., expediente No. 89-177).

 

         Asimismo, en fallo del 23 de Noviembre de 1.988, la Corte dispuso:

 

“...En este sentido se ha expresado el procesalista Dr. Humberto Cuenca cuando ha dicho:

 

“Como una especie de la casación, en interés de la Ley, ha sido considerada la casación inútil.

 

La casación tiene una función “preferentemente crítica”, pero sólo puede ser declarada procedente por infracciones graves de cierta entidad, nunca por errores superfluos e intrascendentes.

 

Puede ocurrir que la infracción denunciada altere realmente la voluntad legislativa, pero lo haga en ámbito tan reducido, en detalles y cuestiones tan banales que, discrecionalmente, la Sala considere que su declaratoria con lugar no ejercía ningún influjo en el resultado de la controversia ni la falta revista la importancia necesaria como para un pronunciamiento tan grave como es la nulidad de una sentencia en vísperas de cosa juzgada”.

 

“La casación debe perseguir un fin útil y, por tanto, no debe concederse por vicios circunstanciales, accesorios o de mera forma.

 

El caso más frecuente de casación inútil se refiere a los errores de derecho que pueda contener la fundamentación de la sentencia ya que, a pesar de equivocada, la jurisprudencia es pacífica en el sentido de que el error de motivación sólo es casable cuando trasciende sobre el dispositivo del fallo”.

 

“En gran número de resoluciones sobre casación inútil se advierte la atenta observación de la Corte sobre el resultado de la controversia considerando, en general como casación inútil, cualquier infracción que, aun siendo procedente, no sea capaz de cambiar la decisión de la litis’.

 

(Sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 23 de noviembre de 1988, con ponencia del Magistrado Dr. Luis Darío Velandia, en el juicio de Nemtschik Cadenas Ingenieros S.A., en contra de Empresas Generales 3-1-C.R.L.).

 

Lo antes señalado se encuentra actualmente sustentado constitucionalmente en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; el derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela de los derechos, a la justicia imparcial, equitativa, sin formalismos o reposiciones inútiles; así como el debido proceso y el derecho a la defensa; y un proceso como el instrumento fundamental para la realización de la justicia”. (Cfr. Fallo N° RC-848 del 10-12-2008, expediente N° 2007-163, caso: Antonio Arenas y Juana Ynocencia Rengifo De Arenas, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle, Yumey Coromoto y Rosangela Arenas Rengifo, contra SERVIQUIM C.A., y Seguros Mercantil C.A.).

En consideración a lo antes expuesto, esta Sala de Casación Civil declara improcedente la presente denuncia de infracción. Y así se decide.

 

DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICA

Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 769 del Código Civil, por falta de aplicación.

 

Los argumentos de la denuncia, en su totalidad son los siguientes:

“...VII

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

-UNICO-

 

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción del artículo 769 del Código Civil, por falsa aplicación.

 

La Decisión (sic) recurrida expresa:

 

“Así mismo (sic) en su capítulo II se opone a la pretensión de la parte demandante, fundamenta su oposición en el hecho que la partición de bienes no se debe llevar a cabo solamente sobre el cincuenta por ciento (50 %) de los bienes habidos durante el vínculo matrimonial” (fin de la cita)

 

El artículo 769 del Código Civil establece lo siguiente:

 

Artículo 769.- No podrán pedirse la división de aquellas cosas que si, se partieran dejarían de servir para el uso a que están destinadas.

 

Dicha norma legal debió ser aplicada, por cuanto, en el caso de marras ante un confuso petitorio hecho por la parte actora en su libelo de reforma de demanda, que además no contiene la proporción en (sic) debe dividirse los bienes, se debe presumir que se pretende como lo expresa la recurrida la partición de sólo el cincuenta por ciento (50 %) de los bienes expresamente señalados en dicho insisto confuso petitorio contenido en el escrito de reforma de la demanda.

 

Si la Jueza (sic) hubiese aplicado la regla legal en cuestión, hubiera decidido Sin (sic) Lugar (sic) la demanda, por Inadmisible (sic) por ser contraria al orden público, lo cual le era permisible en cualquier estado de la causa, para evitar el desgaste innecesario de las partes, por tanto la infracción fue determinante no sólo en el dispositivo de la sentencia recurrida, sino en la suerte del proceso ilegalmente tramitado.” (Destacados de la recurrente).

 

         La Sala para decidir, observa:

         De la delación antes transcrita se desprende, que el formalizante le endilga a la recurrida la infracción del artículo 769 del Código Civil, por falta de aplicación, en una denuncia escueta y sin fundamentación.

         Ahora bien, es doctrina de esta Sala, que la determinación y diafanidad son necesarias en las luchas judiciales.

         En ese sentido, varias disposiciones regulan la conducta de los encargados de administrar justicia, así como de quienes ocurren a los Tribunales en demanda de ella. No hay fórmulas imperativas, pero sí se requiere claridad y también precisión en lo que se pide o se impugna, y en los fundamentos que apoyan las peticiones.

         A esta disciplina está sujeto con especial rigor el recurso extraordinario de casación, tanto por su naturaleza como por su objeto y consecuencias, pues con él, se persigue anular una decisión para corregir ilegalidades enfrentadas en ella a la ley, con prescindencia del resto de las actas procesales, todo lo cual hace que dicho recurso sea de rígido tecnicismo, porque ocurre con frecuencia que infringida la ley no se acierta en la disposición no aplicada o aplicada mal; no es congruente la razón con la violación denunciada, o no se observa la técnica requerida para fundamentar la denuncia.

En el sub iudice, puede constatar la Sala de la transcripción íntegra realizada de la presente denuncia, que la formalizante denunció de manera ambigua, dado que se limita únicamente a mencionar y señalar el contenido de la norma supuestamente violada por la recurrida; vaga, ya que no desarrolla ni fundamenta la delación planteada, e ininteligible, dado que lo expuesto no permite conocer en qué consiste el vicio denunciado y cuál es su influencia determinante en el dispositivo del fallo.

La fundamentación, como ya lo ha explicado la doctrina de la Sala, es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y trascendencia.

Requiere el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica clara y concreta, y al mismo tiempo a los principios que, primordialmente, la jurisprudencia de este alto tribunal ha venido elaborando.

Al respecto esta Sala, en sentencia N° 346, del 31 de octubre de 2000, caso: Luis Eduardo León Parada contra Ángel Williams Alcalá Linares, expediente N° 00-320, reiterada en fallo N° RC-284 del 19 de julio de 2010, expediente N° 2010-108, caso: Jaime Darío Machado Mendoza y otra, contra David Segundo González Valero, entre otros, determinó lo siguiente:

“...En numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga le corresponde al recurrente, bajo pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido por falta de técnica.

En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 ejusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

Como puede verse, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Así, en primer término y de manera separada –cuestión que no hizo el formalizante- deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 ejusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Asimismo, se impone al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la Ley que se consideran infringidas, o las que realmente son aplicables para resolver la controversia planteada...”.

 

Por ello, la Sala observa que, la denuncia no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, todo lo cual delata la deficiente técnica de formalización empleada, lo que permite reiterar el impedimento para volcar la flexibilidad abanderada por la Sala objeto de determinarlo como un error material. En consecuencia, la denuncia se desestima por falta de técnica. Así se decide.

 

FORMALIZACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL 18 DE MAYO DE 2010.

RECURSO POR DEFECTOS DE ACTIVIDAD

-I-

         De conformidad con lo estatuido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de la recurrida de los artículos 15, 206, 208 y 212 eiusdem, en concordancia con los artículos 777, 778 y 780 ibídem, por reposición preterida o no decretada.

         Por vía de argumentación la recurrente señala:

“...porque el sentenciador de la recurrida, debió reponer la causa al estado en que se dictara sentencia que resolviera la oposición formulada en la contestación de la demanda, con fundamento en la falta de cualidad (carácter) de mi representada, la inadmisibilidad e improponibilidad de la demanda por haberse quebrantado formas sustanciales del proceso en violación del derecho de defensa y debido proceso, convalidando la extralimitación en que incurrió el Tribunal (sic) Aquo (sic) al haber entrado a la fase de ejecución del procedimiento de partición sin constar en autos, sentencia o acto que resolviera la oposición formulada en el escrito de contestación a la demanda, que pusiera fin, a la fase contradictoria o Juicio (sic) ordinario.

Establece el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

Artículo 778.- (...)

Artículo 780.- (...)

De acuerdo con la (sic) disposición (sic) transcrita, (sic) la Jueza (sic) de Primera (sic) Instancia (sic), ante la ausencia de acto decisorio ejecutable, que hubiese puesto fin a la fase contradictoria, debió corregir grotesco error, reponiendo la causa al estado en que se tramitara la oposición formulada, en su lugar prosiguió en el cuaderno principal después de mutilado, con el emplazamiento del partidor, sin sujeción al orden jurídico establecido, incurrió con ello, en una serie de actos nulos consecutivos, no convalidables, de acuerdo con lo establecido en el (sic) artículo (sic) 206 y 212 del Código de Procedimiento Civil.

Establece el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

La alzada, aunque oída la Apelación (sic) interpuesta por esta representación, en ambos efectos, y con ello, asumiendo el conocimiento de todo el asunto, en virtud de su facultad, de revisión de las actuaciones del Juez (sic) de Primera (sic) Instancia, (sic) y poderes Constitucionales (sic) solicitada en informes que le fueron presentados, la reposición de la causa, ante la ausencia de acto decisorio que pusiera fin a la fase contradictoria del procedimiento de partición, debió en vista del grotesco error de la jueza de primera instancia al entrar en la fase de ejecución, insisto sin constar en las actas del cuaderno principal, documento de sentencia con el cual se hubiese puesto fin a la fase alegatoria y contradictoria del Juicio (sic) de Partición, (sic) que cumpliera con los requisitos del artículo 243 del código (sic) de procedimiento (sic) civil, (sic) para su ejecución, reponer la causa, al estado en que se tramitara por el procedimiento ordinario la oposición a la demanda alegada en el escrito de contestación a la demanda, en su lugar se excedió en su poder y convalidó dicha irregularidad, constituyendo, según mi criterio, dicha irregularidad en un error inexcusable, por parte del Juez (sic) Superior. (sic)

Al proceder así, el sentenciador de la recurrida, privó a mi representada de nada más que, del juicio ordinario y Justo (sic), en lo que respecta a los alegatos expuestos como defensa y convalidó el relajamiento de las normas procesales referidas al procedimiento ordinario de partición, infringiendo el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente: (...)

En efecto, al negar la reposición solicitada, por motivo de las irregularidades en que incurrió el Tribunal (sic) Aquo, (sic) y omitir reponer la causa, el Tribunal (sic) de alzada, cercenó de tajo a mi representada su derecho a la defensa, y debido proceso porque la privó insisto nada más y nada menos que, del Juicio (sic) ordinario y de sus trámites esenciales que establecen las normas delatadas como infringidas.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, solicito de esta Sala de Casación Civil, declare con lugar la presente denuncia y case el fallo recurrido, ordenando la reposición de la presente causa al estado de que se tramite en juicio ordinario las defensas de oposición de falta de cualidad, Inadmisibilidad (sic) e improponibilidad de la demanda, alegadas por mi representada, en su escrito de contestación a la demanda interpuesta en su contra.” (Cursivas de la recurrente).

 

         Para decidir, la Sala observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante considera que es necesaria la reposición de la causa, al estado de que se tramite en juicio ordinario la oposición hecha a la demanda con fundamento a la falta de cualidad, inadmisibilidad e improponibilidad de la demanda alegadas por la demandada en su escrito de contestación a la demanda.

         Los alegatos esgrimidos en esta denuncia, se contraen a los mismos que fueron explanados en la denuncia IV de actividad, ejercida contra la sentencia interlocutoria del 30 de julio de 2009, antes analizados en este fallo, por tal motivo, esta Sala, en aras de la defensa de los principios de celeridad y economía procesal, da por reproducidos en el cuerpo de esta denuncia los razonamientos esgrimidos en aquella y en consecuencia, declara la improcedencia de la reposición planteada por la parte demandada, al no existir violación alguna al debido proceso, derecho de defensa de la parte demandada, ni el quebrantamiento de alguna norma sustancial del proceso. Así se decide.

 

-II-

         De conformidad con lo estatuido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de la recurrida de los artículos 15, 206, 208 y 212 eiusdem, en concordancia con el artículo 781 ibídem, por reposición preterida o no decretada.

         Señala la recurrente:

“...porque el sentenciador de Alzada (sic), Juez (sic) Temporal, (sic) debió reponer la causa al estado en que se diera cumplimiento a lo previsto en la norma delatada como infringida, por haberse quebrantado una forma sustancial del proceso en violación del derecho de defensa de mi mandante.

Establece el artículo 781 del código (sic) de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

De acuerdo a la norma procesa (sic) transcrita, el tribunal (sic) A quo (sic), debió corregir el abuso en que incurrió el partidor como auxiliar de justicia al realizar el peritaje cursante a los autos, sin notificar a las partes a fin de que expresaran su opinión a dicho trabajo imprescindible para realizar la partición objetada, incurriendo en actuaciones nulas de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 206 y 212 del Código de Procedimiento Civil.

Establece el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

La alzada aunque el representante de mi mandante, en escrito de informes, solicitó la reposición de la causa al estado en que el particular hiciese la solicitud de autorización al Tribunal (sic) para realizar el trabajo de peritaje, a fin de oír a las partes, niega la misma, razón por la cual infringió el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil.

Al proceder así, el sentenciador de la recurrida, privó a mi mandante de su derecho a la defensa, y debido proceso al no sujetarse a la forma que el legislador estableció para los actos del proceso y oírsele su opinión respecto al Trabajo (sic) imprescindible a realizar el partidor, infringiendo así el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente: (...)

En efecto, al convalidar, El (sic) Tribunal (sic) de Alzada (sic), las irregularidades en que incurrió el Tribunal (sic) Aquo (sic) al omitir, oír la opinión de las partes sobre el trabajo de peritaje para llevar a cabo la partición objetada, menoscabo con ello el derecho a la defensa de mi representada, al no oír su opinión de manera previa respecto a la realización de dicho trabajo de peritaje, excediéndose en su poder al convalidar el abuso en que incurrió el auxiliar de justicia en el procedimiento para la realización del peritaje como trabajo imprescindible, ello, sin haber oído la opinión de mí representada, de manera previa a la realización de dicho trabajo.

En consecuencia, Respetuosamente (sic) solicito que se declare con lugar la presente denuncia y se reponga la causa al estado en que se cumpla con lo establecido en el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, norma delatada como infringida, con los demás pronunciamientos a que hubiere lugar.”

 

         Para decidir, la Sala observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante considera que es necesaria la reposición de la causa al estado de notificar a las partes, a los fines de que expresen su opinión para la realización de la experticia por parte del perito partidor designado en este caso.

         Al respecto, el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, delatado como infringido por el formalizante, textualmente dispone:

“...A solicitud del partidor el Tribunal podrá solicitar de los interesados los títulos y demás documentos que juzgue necesario para cumplir con su misión y realizar a costas de los interesados cuantos trabajos sean imprescindibles para llevar a cabo la partición, como levantamientos topográficos, peritajes y otros semejantes, previa autorización del Juez, oída la opinión de las partes.

El Juez fijará el término en que el partidor nombrado deba desempeñar su encargo, el cual no podrá prorrogarse sino por una vez...”.

 

         De la norma antes transcrita se desprende palmariamente lo siguiente:

         I.- Que a solicitud del partidor, el Tribunal podrá solicitar de los interesados los títulos y demás documentos que juzgue necesario para cumplir con su misión.

         II.- Realizar a costas de los interesados cuantos trabajos sean imprescindibles para llevar a cabo la partición, como levantamientos topográficos, peritajes y otros semejantes, previa autorización del Juez, oída la opinión de las partes.

         Quedando claro, que sólo en caso de que el funcionario designado partidor lo considere necesario, el tribunal podrá solicitar de los interesados los títulos y demás documentos que juzgue necesario para llevar a cabo su tarea, y que éste podrá realizar a costas de los interesados cuantos trabajos sean imprescindibles para efectuar la partición, previa autorización del Juez, oída la opinión de las partes.

         Lo que determina, que la opinión de las partes para la realización de la actividad técnica pericial encomendada al perito partidor, sólo es procedente en cuanto a la discusión destinada a la fijación del monto de los emolumentos necesarios para la evacuación del peritaje, dado que éste será a costas de los interesados, siempre que –se repite- sea a solicitud del partidor.

         Por lo cual, si el funcionario designado partidor, no encuentra necesario solicitar a los interesados los títulos y demás documentos que juzgue necesario para cumplir con su misión, y éste realiza su dictamen pericial con los elementos que constan en actas del expediente y conforme a los procedimientos que la técnica y su conocimiento le imparten, resulta indiscutible afirmar que no será necesaria la opinión de las partes para el cumplimiento de sus funciones, pues éstas sólo son convocadas en caso de discutirse el monto de los gastos –costas- que se pueden generar para la evacuación de la experticia, mas no para discutir el modo, forma o procedimiento a seguir para su elaboración por parte del perito designado como experto.

         De igual forma esta Sala observa, que dicho análisis de la norma es consecuencia del examen concatenado de las disposiciones que informan el procedimiento especial de partición judicial, previsto y sancionado en el libro cuarto, parte primera, título V, capítulo II, del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 777 al 788, relativo a los procedimientos especiales contenciosos, y en especial de lo estatuido en los artículos 785, 786 y 787 del Código de Procedimiento Civil, que disponen lo siguiente:

Artículo 785.- Presentada la partición al Tribunal se procederá a la revisión por los interesados en el término de los diez días siguientes a su presentación. Si éstos no formularen objeción alguna, la partición quedará concluida y así lo declarará el Tribunal.

Si entre los herederos hubiere mejores, entredichos, o inhabilitados, será necesaria la aprobación del Tribunal, previo un detenido examen de la partición.

Artículo 786.- Si los interesados oponen a la partición reparos leves y fundados a juicio del Juez, mandará éste que el partidor haga las rectificaciones convenientes y verificadas, aprobará la operación.

Artículo 787.- Si los reparos son graves emplazará a los interesados y al partidor para una reunión y si en ella se llega a un acuerdo, el Juez aprobará la partición con las rectificaciones convenidas.

Si no se llega a acuerdo, el Juez decidirá sobre los reparos presentados dentro de los diez días siguientes. De la decisión se oirá apelación en ambos efectos.

 

         De tales preceptos normativos se deprende, que si existe inconformidad con el informe del partidor, las partes podrán, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a su consignación, -si lo hace dentro del lapso fijado, sino después de su notificación-, realizar las observaciones o reparos que crean convenientes, y al respecto el juez dictará decisión, pronunciándose sobre si dichos reparos son leves o graves, con las consecuencias de dicho pronunciamiento, y en caso que no se formulare objeción alguna, la partición quedará concluida y así lo declarará el tribunal.

 

         Ahora bien, como en la presente denuncia la formalizante entendió como supuesto abstracto de la norma, uno que no contempla y en base a ese razonamiento fue que solicitó la reposición de la causa, porque entendió que tenía un derecho de petición que le fue violado durante el proceso y éste no es el supuesto previsto en la norma, es claro concluir en la improcedencia de la presente delación, al no existir el quebrantamiento de una forma sustancial del proceso, como lo señala la formalizante.

 

         En consecuencia, esta Sala desecha la presente denuncia. Así se decide.

 

-III-

         De conformidad con lo estatuido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de la recurrida de los artículos 15, 206, 208 y 212 eiusdem, en concordancia con el artículo 607 ibídem, por reposición preterida o no decretada.

         Por vía de argumentación, la formalizante expresa:

“...porque el sentenciador de Alzada, (sic) Juez (sic) Temporal, (sic) debió reponer la causa al estado en que se ordenara abrir la articulación probatoria que establece la norma delatada como infringida, por haberse quebrantado (sic) forma sustancial del Proceso (sic) en violación del derecho de defensa.

Establece el artículo 607 del código (sic) de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

De acuerdo a la norma procesa (sic) transcrita, debió ante la solicitud contentiva de denuncia por abuso en que incurre el auxiliar de justicia nombrado como partidor, ordenar la apertura de la articulación probatoria en vista de los hechos alegados en la denuncia, que ameritaban de una experticia, contrario a ello, el Tribunal (sic) A quo, (sic) omitió resolver sobre la solicitud de apertura de dicha articulación probatoria y de incidencia conforme al artículo 607 del código (sic) de Procedimiento Civil, e incurrió en una actuación nula de acuerdo con lo establecido en los artículos 206 y 212 del Código de Procedimiento Civil.

Establece el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: (...)

La alzada aunque esta representación, en escrito de informes, solicitó la reposición de la causa al estado en que se aperturara la articulación probatoria e incidencia a hace referencia el artículo delatado como infringido, ello a los fines de dar probanza a los hechos alegados en la denuncia, hace caso omiso a la misma, negando dicha reposición, razón por la cual infringió el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil.

Al Proceder (sic) así, el sentenciador de la recurrida, privó a mi mandante de sus derechos a ejercer sus facultades para dar probanza a los hechos alegados, a una tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa, infringiéndose así el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil (...)

En efecto, al convalidar, El (sic) Tribunal (sic) de Alzada (sic), las irregularidades en que incurrió el Tribunal (sic) Aquo (sic) al omitir resolver sobre la solicitud de apertura de una incidencia, vía consecuencia la apertura de la articulación probatoria, conforme al artículo 607 del código (sic) de Procedimiento Civil, delatado como infringido, con ello menoscabo el derecho a la defensa de mi representada, y al debido proceso, al no poder demostrar mi representada el abuso en que incurrió el auxiliar de justicia en la elaboración de la partición y adjudicación objetada.

En consecuencia, Respetuosamente (sic) solicito que se declare con lugar la presente denuncia y se reponga la causa al estado en que un nuevo Juez (sic) Aquo (sic), orden la apertura de la articulación probatoria que consagra la norma delatada como infringida, con los demás pronunciamientos a que hubiere lugar.

Finalmente pido a esta Honorable Sala de casación Civil del tribunal Supremo de Justicia, de declara (sic) procedente Cualesquiera (sic) una de las denuncias supra señaladas, declare CON LUGAR el presente recurso de casación, con los demás pronunciamientos de Ley (sic) a que hubiere lugar.” (Mayúsculas y cursivas de la formalizante).

 

         De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante considera que es necesaria la reposición de la causa al estado de que se aperture una articulación probatoria, con motivo a la denuncia formulada por la parte demandada ante el juez de primera instancia, en referencia a un supuesto abuso cometido por el perito partidor, que a su forma de ver ameritaba de otra experticia por la forma en que fue elaborada la partición y la adjudicación por ella objetada.

 

         La Sala, para decidir observa:

         Al igual que en la denuncia anterior, la reposición solicitada es improcedente, dado que, luego de presentado el informe por el perito partidor, lo que le queda a las partes, si lo consideran conveniente, es realizar las observaciones o reparos al informe, y al respecto el juez dictará decisión, pronunciándose sobre si dichos reparos son leves o graves, con las consecuencias de dicho pronunciamiento, y en caso que no se formulare objeción alguna, la partición quedará concluida y así lo declarará el tribunal.

 

         Por lo cual, no cabe la apertura de una articulación probatoria, en conformidad con lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para tratar de enervar el dictamen del experto en la partición judicial, luego de que presenta su informe y libra las correspondientes hijuelas de ley, adjudicando a cada uno de los comuneros, la parte que le corresponde en la partición, conforme a lo estatuido en el artículo 1.080 del Código Civil, las cuales deben ser registradas con posterioridad, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.920 ordinal 1º, 1.924 y 1.919 del Código Civil, para que pueda tener efecto contra terceros. Así se decide.

 

         En consideración a lo antes expuesto, se hace improcedente la presente delación así como el presente recurso extraordinario de casación. Así se declara.

 

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada contra fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 30 de julio de 2009, así como, SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada contra fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 18 de mayo de 2010.

 

Por haber resultado infructuosos los recursos formalizados, se condena a la recurrente al pago de las costas derivadas de su interposición.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de mayo de dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Vicepresidenta,

 

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado Ponente,

 

 

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

 

Magistrado,

 

 

 

___________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

_______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

 

 

Secretario,

 

 

________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

 

Exp. AA20-C-2010-0000469.-

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (      )

 

 

 

 

 

Secretario,

 

 

La Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ disiente del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora, razón por la cual salva su voto de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en el artículo 63 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, con fundamento en las siguientes consideraciones:

 

         En el caso concreto fue propuesta una demanda de liquidación y partición de una comunidad conyugal, y para  el momento de presentación del libelo constaba la existencia de niños producto de esa unión conyugal. En estos casos, considero que la competencia por la materia corresponde a un Tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes, por las razones que a continuación se expresan:

 

         En el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se reclama a todos los jueces y juezas de la República, que deben preservar la  integridad  de  la  Constitución.  Esta aplicación tiene consecuencias en las interpretaciones que hacemos de las leyes o como en este caso, en la manera en la cual atribuimos la competencia, pues, indiscutiblemente, excluye toda posibilidad de que nuestras decisiones afecten la integridad de cualquier derecho o principio reconocido en la Constitución o que la competencia sea atribuida sin tomar en cuenta los derechos que tutela la Constitución, de modo que el conocimiento de los asuntos no recaiga en los jueces o juezas, cuya competencia comprende la protección de los derechos reconocidos en ella, que pueden verse afectados por  las  cuestiones  que  se  discuten en el juicio. No constituyen las consideraciones anteriores, una derogatoria de las reglas de la competencia, sino el reconocimiento de que el derecho al juez natural, tiene también criterios de especialidad e idoneidad en una determinada materia, como lo ha declarado, expresamente la Sala Constitucional, en un fallo dictado el 24 de marzo de 2000 (caso Atilio Agelvis Alarcón y otros), que dentro del contenido del derecho se encuentra el ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar.

 

         En el artículo 78 de la Constitución se expresa que a los niños, niñas y adolescentes, el Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, su protección integral para lo cual debe tomarse en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan.

 

         Este principio constitucional del interés superior de los niños, niñas y adolescentes se desarrolla en el artículo 8 de la Ley de Protección del Niño y del Adolescente, de la siguiente forma:

 

“Artículo 8. El Interés Superior del Niño es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute  pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

Se debe apreciar:

Parágrafo Primero.- Para determinar el interés superior del niño en una situación concreta

a) la opinión de los niños y adolescentes;

b) la necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños y adolescentes y sus deberes;

c) la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño o adolescente

d) la necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño o adolescente;

e) la condición específica de los niños y adolescentes como personas en desarrollo.  

Parágrafo Segundo.- En aplicación del

Interés Superior del Niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros…”. (Resaltado del voto salvado). 

 

 

          En consecuencia, siempre que puedan resultar afectados, directa o indirectamente, los derechos o intereses de niños, niñas y/o adolescentes, es nuestra obligación como juez ofrecer garantías de protección a  cualquiera de los derechos que le reconocen la constitución y la Ley, ello en virtud del interés Superior del Niño y del Adolescente especialmente tutelados por nuestra Carta Magna.

 

Uno de los derechos reconocidos a los niños, niñas y/o adolescentes, se encuentra previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su vida integral. Esta obligación se coloca en cabeza de los padres (parágrafo primero del artículo 30), quienes, dentro de sus posibilidades y medios económicos, deben garantizar el disfrute pleno de este derecho. Luego, el patrimonio del cual disponen los padres es, desde esta perspectiva, el medio con el cual cuentan para cumplir con esta obligación, por tanto, es obvio, que en los casos de partición y liquidación de la comunidad patrimonial, sea esta originada en el matrimonio o consecuencia de uniones estables de hecho, no puede afirmarse  de que los derechos de los niños, niñas y/o adolescentes procreados en esa unión, no resulten afectados directa o indirectamente, pues a la madre o padre a quien le corresponda la custodia, puede ver disminuida su capacidad de mantener el nivel de vida adecuado, del cual disfrutaban los niños, niñas y/o adolescentes, al liquidarse la comunidad por tratarse de los únicos recursos de los cuáles disponían (piénsese, por ejemplo, en que dentro de la partición, se acuerde vender el inmueble que servía de asiento al núcleo familiar, de manera que el padre o la madre a quien le corresponda  la custodia, no pueda disponer de un inmueble adecuado para mantener el nivel de vida que venían disfrutando los hijos). En otras palabras, no obstante que las partes en el juicio sean los padres, como consecuencia de la partición y liquidación de la comunidad conyugal, resulta evidente que puede verse afectado el derecho a un nivel adecuado de los hijos de la pareja, cuya relación ha cesado.

 

         Las consideraciones anteriores ponen de relieve, en primer lugar, que el asunto, aún de naturaleza civil, por la existencia de hijos no podía ser considerado, sin tomar en cuenta la preeminencia que los derechos de los niños, niñas y/o adolescentes, tienen sobre los intereses en juego, por mandato expreso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.             

 

En segundo lugar, que por la posibilidad de que pudieran verse afectado el derecho de los hijos a un nivel de vida adecuado, era inevitable declarar competente al Tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes, el cual, desde la perspectiva del derecho constitucional a ser juzgado por el Juez natural, es el llamado a preservar los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes.

 

En consecuencia, la solución del caso concreto no podía limitarse a considerar que la pretensión era de naturaleza civil y que los hijos o hijas de la pareja no son parte en el juicio, sin tomar en cuenta el interés superior protegido de los niños cuya existencia aparece acreditada en el juicio pues, como se ha indicado, lo que se decida en el caso concreto, puede afectar su derecho a un nivel de vida adecuado.

 

         Queda así expresado mi voto salvado.

 

         En Caracas, a la fecha de su presentación.

 

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Vicepresidenta,

 

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado Ponente,

 

 

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

___________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

_______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Secretario,

 

 

________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

 

Exp. AA20-C-2010-0000469.-

 

 

 

 

 

Secretario,

 

 

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