Sentencia N.º RC.000200
- Sentencia
- N.º RC.000200
- Fecha
- 21/04/2015
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 14-689
- Ponente
- Luis Antonio Ortiz Hernández
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2014-000689
Magistrado Ponente: LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
En el juicio por resolución de contrato de venta de derechos y daños y perjuicios iniciado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana ANNA MARÍA BENAIGES MUNNE, representada judicialmente por los abogados Harry James Olivero, Oliveta Claut Sist, Luis Santos Castillo, Alejandra N. Tofano I., Carlos Ramírez González, Inés Margarita James Landa y Harri Ernesto James Landa, contra la sociedad mercantil JOSVENZ C.A., representada por su Presidente ciudadano David Esteban Morril Ayre, y judicialmente por los abogados María del Rosario Condo Samaniego, Alfonso Enrique Navarro Hernández y Rafael E. Jove H.; el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 16 de septiembre de 2014, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte actora contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial y como corolario confirmó la decisión de fecha 31 de julio de 2013 que declaró la perención de la instancia.
Contra la referida sentencia de la alzada, la representación judicial del demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.
El 11 de febrero de 2015 fue designada la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, y con motivo de ello, esta Sala de Casación Civil quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Magistrado Guillermo Blanco Vásquez, Vice-Presidente: Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, Magistrada Isbelia Pérez Velásquez y Magistrada Marisela Godoy Estaba.
Cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:
PUNTO PREVIO
La representación judicial de la parte demandada, solicitó en su escrito de impugnación a la formalización del recurso de casación ejercido por la parte actora, que la Sala declare perecido dicho recurso, por haber sido consignado dicho escrito de manera extemporánea por tardío, de conformidad con lo previsto en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil.
En atención a lo solicitado esta Sala observa:
Se desprende del auto de admisión del recurso de casación, que el lapso de diez (10) días para anunciar el mismo se inició el 22 de septiembre de 2014 y terminó el 3 de octubre de 2014.
De modo que, el lapso de cuarenta (40) días continuos para la formalización del recurso de casación se inició el 4 de octubre de 2014 y finalizó el 12 de noviembre de ese mismo año, por lo que habiendo sido presentado el escrito de formalización el 11 de noviembre de 2014, es decir, un (1) día antes de que venciera dicho lapso, ha de tenerse como tempestivo. Así se decide.
CASACIÓN DE OFICIO
En garantía del legítimo derecho que poseen las partes a la defensa y libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1°, 26 y 51, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en sentencia N° 22 de fecha 24 de febrero del 2000, expediente N° 1999-625, caso: Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra José Milagro Padilla Silva, determinó que conforme a la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la precitada Constitución, referido a que " El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia...", tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando se detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional.
En este sentido, con el fin de aplicar una recta y sana administración de justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del criterio vinculante sentado por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1353 de fecha 13 de agosto de 2008, expediente N° 07-1354, caso: CORPORACIÓN ACROS, C.A., según el cual, la casación de oficio, más que una facultad discrecional, constituye un verdadero imperativo constitucional, porque ...asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)..., esta Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el presente recurso extraordinario de casación, por cuanto el vicio detectado no fue denunciado en casación por el recurrente. De allí que, con fundamento en lo anterior y autorizada por la facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala de Casación Civil hará pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en la infracción de orden público detectada en el caso bajo estudio, y al respecto observa:
El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, impone entre otras cargas procesales, el que los jueces deben decidir de conformidad con lo alegado y probado en autos; que tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio; y que, en sus decisiones el juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad.
Por su parte, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, estatuye que los jueces están obligados a garantizar el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
Al respecto esta Sala ha dicho: El cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, supone la consagración del equilibrio procesal que, con respecto a las partes en litigio, debe ser garantizado por los jueces en el desempeño de su función jurisdiccional y de su facultad decisoria. Por ende, si fuere el caso que con la desigualdad de las partes se evidencia la ruptura del referido equilibrio procesal, obviamente con ello, se violenta el derecho a la defensa de aquellos quienes, en virtud de los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 Constitucionales; acuden ante los órganos jurisdiccionales para obtener de estos un pronunciamiento que resuelva la controversia en la cual, como partes, tienen interés. (Cfr. Fallo N° RC-920 del 12 de diciembre de 2007, Exp. N° 2007-312, y sentencia N° RC-244 del 13 de junio de 2011, Exp. N° 2010-491).
De igual modo, esta Sala de Casación Civil en su sentencia N° RC-89, de fecha 12 de abril de 2005, Exp. N° 2003-671, dejó establecido que:
...el constituyente de 1999 acorde con las tendencias de otros países consagró el derecho a una justicia, accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente, y estos aspectos integran la definición de la tutela judicial efectiva por parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 8 dispone que el derecho de acceso a los órganos de justicia consiste en ...la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.... Es decir, la tutela judicial efectiva comprende, no sólo el acceso a una vía judicial idónea para la resolución de los conflictos surgidos entre los ciudadanos a través de la aplicación objetiva del derecho mediante una sentencia justa, sino también la garantía de que gozan las partes para ejercer oportunamente los medios recursivos contra las providencias jurisdiccionales, a fin de que puedan ser revisadas en un segundo grado de la jurisdicción.... (Negrillas y subrayado de la Sala).
En tal sentido cabe señalar, que es doctrina de esta Sala, referente a las garantías de orden público, las que:
La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras:
1.- Las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia,
2.- Las materias relativas a la competencia en razón de la cuantía o la materia,
3.- Las materias relativas a la falta absoluta de citación del demandado, y
4.- Las materias relativas a los trámites esenciales del procedimiento (Fallo N° RC-640 del 9-10-2012, Exp. N° 2011-31).
En este orden de ideas también se observa, que esta Sala, atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en la transcripción que, ad exemplum, se vierte a continuación, ha indicado en muchas oportunidades: QUE AUN CUANDO LAS PARTES LITIGANTES MANIFIESTEN SU ACUERDO, NO ES POTESTATIVO A LOS TRIBUNALES SUBVERTIR LAS REGLAS LEGALES CON QUE EL LEGISLADOR HA REVESTIDO LA TRAMITACIÓN DE LOS JUICIOS; PUES SU ESTRICTA OBSERVANCIA ES MATERIA ÍNTIMAMENTE LIGADA AL ORDEN PÚBLICO. (Cfr. Fallo de esta Sala del 24-12-1915, reiterado en memorias de 1916, Pág. 206; en G.F. N° 34, 2 etapa, pág. 151. Sent. 7-12-1961; G.F. N° 84. 2 etapa, pág. 589. Sent. 22-05-1974; G.F. N° 102, 3 etapa, pág. 416. Sent. 15-11-1978; G.F. N° 113, V.I, 3 etapa, pág. 781. Sent. 29-07-1981; G.F. N° 118. V. II. 3 etapa, pág. 1.422. Sent. 14-12-1982, en sentencia del 4-5-1994, en decisión N° RC-848 del 18-12-2008, Exp. N° 2007-163, caso: Antonio Arenas y Juana Ynocencia Rengifo De Arenas, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (), Yumey Coromoto (), y Rosangela Arenas Rengifo (), contra Serviquim C.A., y Seguros Mercantil C.A., y en fallo N° RC-640 del 9-10-12, Exp. N° 2011-31, caso: Ernestina Barrios Mieres (), contra Domingo Carmenaty Álvarez, entre muchos otros).
Ahora bien, en el presente caso el juez de alzada declaró la perención de la instancia por falta de impulso procesal, con fundamento en lo estatuido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, institución de orden público que obliga a esta Sala, por así permitirlo el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, a descender al análisis de las actas procesales que conforman el expediente, de las que pudo constatar:
El 16 de septiembre de 1999, la ciudadana Anna María Benaiges Munne, interpuso demanda por resolución de contrato, contra la sociedad mercantil Josven C.A.
El 30 de septiembre de 1999, el tribunal de la causa admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada para que diera contestación a la misma dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a que constata en autos su citación.
El 5 de octubre de 1999, el abogado Harry James Olivero, co-apoderado judicial de la demandante consignó planilla original correspondiente al pago del arancel judicial. Ese mismo día, el mencionado abogado solicitó copia certificada de todo el expediente a los fines de que dicha copia sea agregada al Cuaderno de Medidas (sic), lo que fue acordado en esa misma oportunidad.
El 18 de noviembre de 1999, se abocó al conocimiento de la causa la juez Ada Uriola González.
El 8 de marzo de 2000, el ciudadano José Ereño, en su carácter de alguacil accidental estampó diligencia en la que dejó constancia de que los días 1° y 3 de marzo de 2000, se trasladó a la urbanización Las Acacias, calle Internacional, edificio N° 13-15, Caracas, con el fin de practicar la citación del ciudadano David Esteban Morril Ayre, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil demandada Josvenz C.A., siendo atendido por la ciudadana Anai Sabel quien le manifestó que el mismo no estaba presente.
El 14 de marzo de 2000, la demandante solicitó la citación por correo certificado con aviso de recibo conforme a lo pautado en el artículo 219 del Código de Procedimiento Civil, lo cual fue acordado mediante auto del 28 de ese mismo mes y año.
El 26 de abril de 2000, la secretaria del tribunal dejó constancia de haber recibido el correo certificado proveniente del Instituto Postal Telegráfico signado bajo el número 045380.
El 1° de junio de 2000, la abogada María del Rosario Condo Samaniego, atribuyéndose el carácter de apoderada judicial de la parte demandada opuso la cuestión previa contenida en el artículo 346, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, por litispendencia.
En fecha 6 de junio de 2000, el abogado Harry James, consignó escrito en el que alegó: i) Que a los autos no se encuentra ningún instrumento poder que acredite la representación de la abogada María del Rosario Condo Samaniego como apoderada de la sociedad mercantil Josvenz C.A., por lo que su escrito debía tenerse como no presentado ii) Que como consecuencia de ello, debía declararse la confesión ficta de la parte demandada de conformidad con lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil y, por último, iii) a todo evento, rechazó y contradijo la cuestión previa opuesta por la sedicente apoderada y finalmente solicitó se declarara sin lugar la cuestión previa opuesta.
El 12 de julio de 2000, el ciudadano David Esteban Morril Ayre, en su carácter de Presidente de la demandada, otorgó poder apud acta a los abogados María del Rosario Condo Samaniego, Alfonso Enrique Navarro Hernández y Rafael E. Jove H.
Mediante diligencia de fecha 19 de octubre de 2000, la representación judicial de la parte demandante expuso lo siguiente: en virtud de que ha transcurrido el lapso previsto establecido en el artículo 521 (sic) del Código de Procedimiento Civil, para que este tribunal dicte Sentencia (sic), solicito respetuosamente tenga a bien, producir dicha Sentencia (sic). Es todo.
El 22 de marzo de 2002, la abogada María del Rosario Samaniego Cono, consignó diligencia señalando el domicilio procesal de su representada.
El 26 de abril de 2002, el co-apoderado judicial de la parte demandante abogado Harry D. James Olivero, insistió en que se dictara sentencia por haber transcurrido el lapso previsto en el artículo 521 (sic) del Código de Procedimiento Civil,
El 18 de abril de 2011, la parte demandante, asistida por el abogado Argenis Agelvis Porras, diligenció reiterando su solicitud de que se dicte sentencia En virtud de que ha transcurrido el lapso previsto en el artículo 521 (sic) del Código de Procedimiento Civil, solicito con el debido acatamiento, se dicte sentencia en la presente causa .
El 26 de abril de 2011 el juzgado a quo se avocó al conocimiento de la causa y ordenó la notificación de las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 90 eiusdem.
El 15 de julio de 2011, la representación judicial de la parte demandante solicitó se dictara sentencia.
El 8 de agosto de 2011, se ordenó la notificación de la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 13 de febrero de 2012, el tribunal en observancia a la resolución de la Sala Plena N° 2011-0062, de fecha 30 de noviembre de 2011, emitió el siguiente pronunciamiento: y por cuanto de la revisión de las actas que conforman el presente asunto se evidenció que el mismo se encuentra en estado de sentencia definitiva, se ordena la remisión inmediata del expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, a los fines de que mediante el sorteo respectivo designe al juzgado itinerante que deberá resolverla presente causa (Negrillas añadida).
El 26 de junio de 2012, el Juzgado Décimo de Municipio Ejecutor de Medidas en función itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenó la notificación de las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 25 de marzo de 2013, el Juzgado Décimo de Municipio Ejecutor de Medidas en función itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, señaló lo siguiente:
se puede evidenciar que la presente causa se encuentra en estado de decidir cuestiones previas, relativa a la litispendencia, opuesta por la representación judicial de la parte demandada, en escrito presentado en fecha 6 de junio de 2000, que corre inserto a los folios 27 y 28. Ahora bien del estudio de la presente causa, se observa que no ha sido decidida la señalada cuestión previa. De manera que tal circunstancia, hace considerar a este Juzgado que no existe materia sobre la cual deba pronunciarse conforme a la resolución antes mencionada ( ). En consecuencia remítase el presente expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (Resaltado añadido).
El 31 de julio de 2013, el juzgado a quo declaró la perención de la instancia por considerar que desde el día 26 de abril de 2002, (oportunidad en la cual se diligenció `peticionando se dictara sentencia), hasta el 18 de abril de 2011, se evidencia de manera incuestionable que la presente causa estuvo paralizada por más de un (01) año, específicamente por nueve (9) años aproximadamente, sin que se hubiese verificado actuación alguna por parte de los intervinientes del juicio.
Contra dicha decisión ejerció recurso de apelación la demandante, el cual fue declarado sin lugar, el 16 de septiembre de 2014, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual confirmó la decisión apelada, en los siguientes términos:
se puede evidenciar inactividad de las partes al proceso contados a partir del último acto ejecutado para impulsar el proceso, el cual recae desde el día 26 de abril de 2002, fecha en la cual la parte actora presentó diligencia en la cual solicitaron se emitiera pronunciamiento respecto a la Cuestión (sic) Previa (sic) opuesta, hasta el día 18 de abril de 2011, fecha en la cual la representación judicial de la parte actora solicitó nuevamente el Pronunciamiento del tribunal respecto a la Cuestión (sic) Previa (sic) por decidir, tiempo este que sobrepasa con creces lo contemplado en el supuesto de hecho del encabezado del artículo 267, pues transcurrieron aproximadamente casi nueve (09) años, razón por lo que este Tribunal, deja expresa constancia que existe una perención anual desde el transcurso de las siguientes fechas, 26 de abril de 2002, hasta el 18 de abril de 2011, en razón de que las partes protagonistas del juicio, tenían la carga de impulsar el proceso, como consecuencia de lo antes acotado, este Tribunal considera que se consumó la perención de la instancia y así es como debe constar.
De tal manera, que tal como se evidencia de las actas que conforan (sic) el presente expediente, el mismo permaneció por aproximadamente nueve (09) años en espera de un pronunciamiento por parte del Tribunal (sic) de la Causa (sic) sin que se evidenciara actuación alguna por las partes litigantes, se denota un evidente desinterés de las mismas por continuar el curso procesal del expediente, y es por ello que resulta imperioso para quien decide declarar sin lugar la presente apelación y como consecuencia de ello, perimida la instancia en el presente juicio. Así se decide.
De la transcripción de las actuaciones que anteceden se colige que tanto el tribunal de la causa como el de alzada declararon la perención de la instancia partiendo de una falsa premisa, esto es, que la causa se encontraba en estado de dictar sentencia sobre la cuestión previa (litispendencia) opuesta por la abogada María del Rosario Condo Samaniego, en supuesta representación de la parte demandada, siendo que tal actuación debió haberse tenido como no presentada, en vista de que la mencionada abogada no acreditó el carácter que se atribuyó, de manera que carecía para ese entonces de la representación necesaria para actuar en el juicio (Vid. Sentencia N° 87 del 5 de marzo de 2015, expediente N° 14-388, caso: Ildefonso Martin Salazar contra Inversiones Mata de Coco, C.A.).
Tal yerro determinó la errada percepción, tanto del tribunal de primera instancia como del tribunal de alzada de que la causa se encontraba en estado de resolver la cuestión previa opuesta, siendo que, en realidad el juicio estaba en estado de dictar sentencia definitiva en primera instancia, al tenerse como no presentada la cuestión previa opuesta, no haberse dado contestación a la demanda y haber transcurrido los lapsos de promoción y evacuación de pruebas, así como el término para la presentación de informes.
Al respecto, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, tiene establecido que en estado de sentencia no es viable el decretar la perención de la instancia en tanto que las partes no tienen la carga de cumplir con ningún acto procesal, en consecuencia, no puede imponerse una sanción al incumplimiento de una carga inexistente en el ordenamiento jurídico (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 2673 del 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), es por ello que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece terminantemente que la inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
Aunado a lo anterior, vale la pena acotar que las actuaciones que mencionó el ad quem para sustentar su decisión corresponden a solicitudes de la parte demandante exhortando al tribunal de la causa a que dictara sentencia definitiva de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aunque por error material invocara el artículo 521 eiusdem, es decir, que el pronunciamiento solicitado estaba referido a la sentencia sobre el fondo o mérito de la controversia y no a la cuestión previa supuestamente opuesta.
En consecuencia, dado que la juez de alzada decretó la perención de la instancia, en una causa en donde evidentemente no se había producido, por estar en estado de dictar sentencia definitiva, se declara la infracción de los artículos 12, 15, 208 y del encabezamiento del artículo 267, del Código de Procedimiento Civil, por no haberse decretado en la sentencia recurrida la reposición de la causa al estado de que el juzgado a quo se pronunciara respecto al fondo de la controversia que le había sido sometida a su conocimiento, y por consiguiente, haber cercenado a los litigantes su derecho a que se dictara sentencia definitiva sobre el mérito de la causa. Así se establece.
En razón de todo lo antes expuesto, se casa de oficio el fallo recurrido y se repone la causa al estado de que el tribunal de la causa dicte sentencia definitiva sobre el fondo o mérito de la controversia. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CASA DE OFICIO la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 16 de septiembre del 2014. En consecuencia, ANULA el fallo recurrido y REPONE la causa al estado de que el tribunal de la causa dicte sentencia sobre el fondo o mérito de la controversia.
Dada la naturaleza de la decisión, no hay condenatoria en costas.
Publíquese y regístrese. Remítase el presente expediente al tribunal de la causa, Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese lo conducente al Tribunal Superior de origen, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de abril de dos mil quince. Años: 205° de la Independencia y 156º de la Federación.
Presidente de la Sala,
_________________________
GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ
Vicepresidente-Ponente,
____________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
_________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Magistrada,
_____________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrada,
______________________
MARISELA GODOY ESTABA
Secretario,
_______________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp.: Nº AA20-C-2014-000689.-
Nota: Publicado en su fecha a las ( )
Secretario,
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