Venley

Sentencia N.º RC.000288

Sentencia
N.º RC.000288
Fecha
03/05/2016
Sala
Casación Civil
Expediente
15-706
Ponente
Francisco Velázquez Estévez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp.2015-000706

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

         En el juicio por cumplimiento de contrato de seguros e indemnización de daño moral iniciado ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano JESÚS RAMÓN ROMERO GUILIANY, representado judicialmente por los profesionales del derecho Máximo Febres Siso, Eddy Mández Naranjo, Maritza Parra González, Issisnay Aldana y Edgar Peña Cobos, contra MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS (antes denominada SEGUROS LA SEGURIDAD, C.A.), patrocinada por los abogados en ejercicio de su profesión Jesús Enrique Perera Cabrera, Nellitsa Juancal Rodríguez, Andrés Figueroa Bruce, Rafael Coutinho Coutinho y Noel Rafael Vera Herrera; el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, en fecha 30 de junio de 2015, conociendo la apelación interpuesta por ambas partes contra la decisión proferida por el a quo el 11 de junio de 2014, declaró, entre otros, parcialmente con lugar la demanda y ordenó la indexación de la cantidad condenada a pagar. No hubo condena en costas.

 

         Contra la preindicada sentencia, la parte demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

 

         En fecha 7 de enero de 2016, según Acta de Recomposición de la Sala y según Gaceta Oficial Nro. 40.816 de fecha 23 de diciembre de 2015, se reconstituyó la Sala de Casación Civil, dada la incorporación de los Magistrados titulares Francisco Ramón Velázquez Estévez, Vilma María Fernández González e Yván Darío Bastardo Flores, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente Guillermo Blanco Vázquez, Magistrado Vicepresidente Francisco Ramón Velázquez Estévez, Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba, Magistrada Vilma María Fernández González y Magistrado Yván Darío Bastardo Flores.

 

         Concluida la sustanciación respectiva, le correspondió la ponencia al Magistrado FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo y en consecuencia pasa a decidirlo en los términos que a continuación se expresan:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

 

         Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se delata la infracción del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem por incongruencia mixta.

         Refiere el formalizante:

“…De acuerdo a la doctrina de la Sala de Casación Civil, el vicio de incongruencia por lo general adopta dos modalidades: la incongruencia positiva la cual ocurre cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial.

Igualmente esta Sala ha señalado reiteradamente que el vicio de incongruencia puede presentarse en forma compleja, siendo el caso cuando el juez tergiversa los alegatos planteados por las partes en la demanda o contestación.

De modo que, si el juez se aparta de los hechos alegados, en conducta no exactamente encuadrable en estas reglas, también incurre en incongruencia, Por ejemplo, si el juez tergiversa un argumento de hecho, incluido en la demanda o en la contestación, no resuelve la cuestión, tal como fue planteada y, simultáneamente resuelve algo no pedido -el argumento desnaturalizado-. Este último supuesto puede ser considerado como un cao de incongruencia mixta, porque deja de resolver lo pedido y resuelve algo diferente.

Ahora bien, en el escrito de contestación de la demanda la representación judicial de la parte demandad alegó:

(…Omissis…)

Sin embargo, dichos alegatos no fueron decididos por la juzgadora de la forma en que fueron planteados; por el contrario, la juez de alzada los tergiversó de manera tal que consideró que los apoderados de la parte demandada habían cuestionado la propiedad del vehículo, cuando en realidad lo que revelaban era la impobibilidad (sic) del actor de poder trasladar la propiedad del mismo, a fin de cumplir con lo pactado en la cláusula 6 de las condiciones particulares de la póliza.

En tal sentido, expone la recurrida lo siguiente:

(…Omissis…)

Como puede observarse, los alegatos efectuados por los mandatarios de la accionada en su escrito de contestación de demanda no fueron resueltos por el juzgador de la instancia superior conforme fueron alegados, sino que fueron desnaturalizados, al extremo de ser decidido lo alegado como un argumento atinente a la propiedad del vehículo que nunca se planteó en el proceso, todo lo cual conllevó a la jueza de segundo grado a violar el principio de exhaustividad del fallo, y a infringir el ordinal %° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, quedando el fallo impregnado de incongruencia mixta. Aunado a ello, no decidió conforme a lo alegado en autos, transgrediendo de esta forma el artículo 12 eiusdem…”.

 

Acusa el formalizante que la recurrida está inficionada del vicio de incongruencia mixta; no obstante, de la redacción de la delación, puede colegirse que el defecto que le imputa es el de incongruencia por tergiversación.

En este sentido, observa la Sala que el recurrente aduce concretamente que el sentenciador ad quem “…consideró que los apoderados de la parte demandada habían cuestionado la propiedad del vehículo, cuando en realidad lo que revelaban era la impobibilidad (sic) del actor de poder trasladar la propiedad del mismo, a fin de cumplir con lo pactado en la cláusula 6 de las condiciones particulares de la póliza…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

Respecto al aludido vicio esta Sala ha establecido que “…la incongruencia por tergiversación, tiene lugar, cuando el juez se separa de los hechos aportados por la partes desnaturalizando los alegatos de hecho, planteados en la demanda o en la contestación y decide el asunto, sustentándolo con argumentos que no fueron planteados en el juicio, apartándose de lo que verdaderamente solicitaron los sujetos procesales. (Sentencia Nº 757 de fecha 14 de diciembre de 2009, caso: Mario Alfonso Benítez Rivero, contra Organización Comunitaria de Vivienda Brisas de San Genaro "O.C.V. Brisas de San Genaro)…”.

Aduce el formalizante que el alegato que en su opinión tergiversó el juez de alzada se refiere al cuestionamiento de la propiedad del vehículo siniestrado, siendo que el alegato hecho por ellos era respecto a la imposibilidad del demandante de poder trasladar la propiedad. En este orden de ideas, la Sala se permite copiar lo que al respecto alegó el demandado en su contestación:

“…El primer requisito fue cumplido por este, consignando a nuestra representada una misiva emanada del banco (sic) del Caroní, de fecha 06 de Febrero (sic) de 2006, donde consta que a esa fecha Jesús Romero en virtud del crédito al Consumo N° …. De la camioneta … mantenía un saldo deudor con esa Institución (sic) de Veintisiete (sic) Millones (sic) Cuatrocientos (sic) Treinta (sic) Mil (sic) Bolívares (sic) (Bs. 27.430.000,oo), por la compra del vehículo objeto del seguro, la cual presentamos marcada “C”. certificado de Registro (sic) de vehículos del mismo que anexamos marcado “D”.

Con los señalados instrumentos consignados por el propio asegurado, queda probado que, ni siquiera en el hipotético caso, de haber sido procedente el siniestro, nuestra representada hubiera podido indemnizar al asegurado, como pretende a través del presente juicio, sin que este previamente le hubiera presentado, la constancia de cancelación de la acreencia con el Banco de Caroní, que como igualmente señalamos anteriormente estaba garantizada con una reserva de dominio del vehículo asegurado, pues dicho gravamen, incluso actualmente, le impediría al asegurado, disponer del mismo y en consecuencia cumplir con la obligación señalada en la cláusula 6 del condicionado particular de la póliza, relativo a traspasar los derechos de propiedad del mismo. En el entendido de que de acuerdo a lo acordado por las partes al momento de contratar, señalado en la citada clausula (sic) 6 del condicionado de póliza del condicionado particular, tanto la obligación de nuestra representada de indemnizar en caso de ser procedente el siniestro, como la obligación del asegurado de ceder los derechos deben materializarse en el mismo momento de autenticación del documento respectivo, por tanto serían obligaciones de cumplimiento simultaneo (sic) que el asegurado no hubiera podido cumplir…”. (Destacado de la transcripción).

 

El formalizante demandado señaló en la oportunidad de la contestación de la demanda, que ni aún probándose la procedencia de la reclamación del siniestro su representada hubiese podido indemnizar al asegurado sin que le hubiese presentado previamente la “…constancia de cancelación de la acreencia con el Banco Caroní, que como señalamos anteriormente estaba garantizada con una reserva de dominio del vehículo asegurado…”, pues con tal gravamen le hacía imposible disponer del mismo.

Ello como consecuencia, de lo acordado en la cláusula 6 del condicionado particular de la póliza “…relativo a traspasar los derechos de propiedad del mismo…”, pues, tanto la obligación de la demandada de indemnizar y la del asegurado de ceder los derechos “…deben materializarse en el mismo momento de autenticación del documento respectivo…”, obligaciones que son de cumplimiento simultáneo y que el asegurado no hubiera podido cumplir.

         Así las cosas, esta Sala estima conveniente copiar el contenido pertinente de la recurrida a fin de evidenciar el vicio delatado:

“…No obstante, se debe advertir, que la representación judicial de la parte demandada al momento en que procedió a dar contestación a la demanda, ésta argumentó que el demandante para la fecha de la ocurrencia del siniestro mantenía un saldo deudor con el Banco Caroní, quien fue la institución bancaria que le otorgó el crédito que se encuentra garantizado con una reserva de dominio del vehículo siniestrado (Camioneta), como se evidencia del Certificado (sic) de Registro (sic) de Vehículo (sic) que consignaron a los autos, y cuya prueba es la misma Ut (sic) Supra (sic) analizada y valorada. En tal sentido, cuestionan la propiedad que se atribuye el actor sobre la camioneta objeto del contrato de seguro accionado.

Ahora bien, este concepto de propiedad en sentido amplio, pudiera considerarse como la persona física o jurídica a quien le está atribuida la facultad de usar, gozar y disponer en su investidura de dominio de un bien determinado. Así, dispone el artículo 71 de la comentada Ley de Trasporte Terrestre, aplicable al caso marras para la fecha del siniestro, lo siguiente:

“Se considera propietario o propietaria quien funge en el Registro Nacional de Vehículo y de Conductores y Conductoras como adquirente, aun cuando lo haya adquirido con reserva de dominio”. (Resaltado de este Juzgado Superior Noveno).

Como se puede apreciar, la citada Ley (sic) otorga la cualidad de titular del dominio a quien figurase como adquiriente en el Registro (sic) de Vehículo (sic).

(…Omissis

Ahora bien, en aplicación de lo antes expuesto al punto que aquí se estudia, se concluye, que, en virtud de las pruebas analizadas, es el demandante, Jesús Ramón Romero Guliany, el propietario del vehículo siniestrado (Camioneta), y por ende, el beneficiario de la Póliza de Seguro contratada para vehículo terrestre, con diversas coberturas y entre ellas la de casco -pérdida total por incendio, entre otras-, recogido en la Póliza (sic)Nº 3000519512888, y cuya pérdida total por incendio, quedó establecido por las partes contratantes en la suma de 85.015.100,00, (Hoy (sic) día, por efecto de la Ley de Conversión Monetaria es: Bs.F. 85.015,10). Y así se establece.

Asimismo, de acuerdo a lo expuesto respecto al análisis y el informe de experticia elaborado y practicado por el Funcionario (sic): Detective Daniel Patete Guevara, Técnico al Servicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado (sic) Bolívar, adscrito al Área (sic) Física (sic) Identificativa (sic) y Comparativa (sic) de Vehículos (sic) de la Sub-Delegación (sic) de Ciudad (sic) Bolívar, y quien fuera designado como experto en este proceso para practicar experticia al vehículo siniestrado (Camioneta), resulta concluyente para este Juzgadora (sic), que éste (sic) vehículo es el mismo que se describe en la Póliza (sic) Nº. 3000519512888, con vigencia desde el 14/11/205 hasta el 24/11/2006, vale decir, el vehículo de las siguientes características: Marca: FORD; Modelo: F-150; Año: 2006; Color: Plata; Tipo: PICK-UP; Serial de Carrocería: 1FTPW14536KA64569; Placas: 110BAM. Y así se establece…”.

 

         El juez superior determinó que el demandante ciudadano Jesús Ramón Romero era el propietario del vehículo siniestrado y como consecuencia de ello el beneficiario de la póliza.

         Por tanto, el ad quem para poder establecer quién era el beneficiario según la póliza contratada determinó que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 71 de la Ley de Transporte Terrestre era el propietario del vehículo siniestrado, lo cual a juicio de la Sala no resulta el vicio endilgado, pues el demandado en su contestación adujo que el demandante en modo alguno podía ser beneficiario de la indemnización porque mediaba una reserva de dominio a favor del Banco Caroní, siendo que tal circunstancia le impediría al asegurado disponer del vehículo y en consecuencia cumplir con lo pactado en la clausula 6 del condicionado particular de la póliza relativos al traspaso de la propiedad.

         De modo que no surge evidencia del alegato tergiversado, pues el juez estableció -se repite- que el actor debía ser indemnizado pues el mismo era el beneficiario de la póliza por ser el propietario del vehículo, siendo en todo caso irrelevante la reserva de dominio, pues en todo caso, según la cláusula sexta de las condiciones particulares de la póliza de seguro de vehículo terrestre las indemnizaciones por pérdida total se realizarán al beneficiario o asegurado en la proporción que corresponda sus intereses, y al producirse la indemnización el asegurado deberá traspasar los derechos de propiedad a la empresa aseguradora del vehículo asegurado, siendo que tales actos serán en conjunto, materializándose con la autenticación del documento.

         Por tanto, el juez de segundo grado no incurrió en el delatado vicio.

         Como corolario de lo expuesto, se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.

 

 

-II-

 

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción del ordinal 6° del artículo 243 del referido código por indeterminación objetiva.

La denuncia quedó planteada en los términos que se transcriben a continuación:

“…En atención a dicha disposición, corresponde al juez establecer en la sentencia los parámetros temporales y la base de cálculo que servirán a los peritos para calcular la indexación acordada, a los fines de definir y determinar la condena impuesta a la demandada.

En el presente caso, la jueza de la alzada condenó a la demandada a pagar la indexación que fue solicitada por la parte actora en el libelo de la demanda, en los siguientes términos:

“TERCERO. SE ORDENA la corrección monetaria de la cantidad de dinero condenada al pago, mediante experticia complementaria del fallo, que deberá efectuarse desde la fecha en que tuvo lugar el rechazo del reclamo de la indemnización por el siniestro, esto es, desde el día 11/05/2006, hasta la oportunidad en que el fallo que aquí se dicta quede definitivamente firme; en el entendido, que este cálculo comprenderá única y exclusivamente el monto de cobertura de la Póliza (sic) (Bs.F. 85.015,10), a realizar por un solo perito a designar por el a-quo, quien deberá determinar mes a mes de acuerdo a los índices de precios al consumidor publicados por el Banco Central de Venezuela”.

Ciertamente, la jueza de la recurrida ordenó indexar la cantidad condenada (monto de cobertura) desde el día 11 de mayo de 2006 (fecha del rechazo de la indemnización) y no desde el 7 de noviembre de 2006, fecha en que se admitió la demanda, como lo ha establecido de manera reiterada la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Sentencia núm. RC-00023 de fecha 4 de febrero de 2009, en el juicio de Julio César Trujillo Sanoja contra María Elena Sala Salas, al señalar:

(…Omissis…)

Como puede apreciarse del pasaje anteriormente transcrito, es la admisión de la demanda la que marca el punto de partida para el cálculo de la indexación y no otro, por tanto, la jueza de alzada al indicar una fecha distinta a ella a los efectos del inicio del cálculo de indexación, obvió la doctrina inveterada de esa Sala, que establece de forma indubitable, que la fecha a partir de la cual se debe efectuar el cálculo de tal correctivo (indexación), es el momento en que se instaure el juicio con la admisión de la demanda.

En consecuencia, el Juez (sic) ad quem no determinó de forma adecuada y cónsona con el criterio jurisprudencial antes citado, los límites objetivos dentro de los cuales el experto que se designare, pudiera cumplir con lo ordenado en el dispositivo del respectivo fallo, incurriendo en el vicio delatado.

Es de tal gravedad el vicio denunciado en este capítulo, que la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil en múltiples oportunidades ha casado de oficio los fallos viciados de indeterminación objetiva, inter alliss las decisiones de fecha 15 de noviembre de 2000 (caso Desgerminadora Protinal C.A. contra Arrocera Tibisay C.A. y otros) y 8 de marzo de 2002 (caso Abed José Valbuena Bello contra Seguros Nuevo Mundo) por considerar que ello involucra la violación de normas de estricto orden público.

Por las razones expuestas solicito se declare procedente la presente denuncia…”. (Destacado de la cita).

 

De la transcripción que precede, la Sala puede evidenciar que el formalizante lo que pretende acusar es la disconformidad que existe entre lo acordado por el juez superior y la pretensión de ajuste monetario conforme con los parámetros que la jurisprudencia de esta Sala ha establecido en cuanto al cálculo de la indexación judicial, argumentos estos propios de una delación por incongruencia por ultrapetita y no del vicio de indeterminación objetiva tal y como fue planteado, por lo que la presente denuncia será conocida de acuerdo con el mencionado vicio que ocasiona la infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y no al vicio acusado por el recurrente. Así se decide.

Ahora bien, quedó establecido que la recurrente acusa que el ad quem ordenó indexar la cantidad condenada a pagar “monto de la cobertura” desde el día 11 de mayo de 2006 fecha en la que la compañía aseguradora -demandada- rechazó el reconocimiento de la indemnización, y no desde el 7 de noviembre de 2006 fecha de la admisión de la demanda, contrariando así lo dispuesto en la jurisprudencia de esta Sala al respecto.

 

 

 

Para decidir se observa:

A los fines de verificar el vicio acusado por el formalizante esta Sala se permite citar lo pertinente de la parte dispositiva de la recurrida la cual es del tenor siguiente:

“…-V-

DISPOSITIVO

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal (sic) de Alzada (sic), administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley (sic), decide:

(…Omissis…)

TERCERO. SE ORDENA la corrección monetaria de la cantidad de dinero condenada al pago, mediante experticia complementaria del fallo, que deberá efectuarse desde la fecha en que tuvo lugar el rechazo del reclamo de la indemnización por el siniestro, esto es, desde el día 11/05/2006, hasta la oportunidad en que el fallo que aquí se dicta quede definitivamente firme; en el entendido, que este cálculo comprenderá única y exclusivamente el monto de cobertura de la Póliza (sic) (Bs.F.85.015,10), a realizar por un solo perito a designar por el a-quo, quien deberá determinar mes a mes de acuerdo a los índices de precios al consumidor publicados por el Banco Central de Venezuela…”. (Destacado de la transcripción).

 

         Como se aprecia del extracto de la recurrida antes copiado, el juez de segunda instancia acordó la indexación pedida por la parte demandante en el libelo de demanda, utilizando como base para su cálculo “…la fecha en que tuvo lugar el rechazo del reclamo de la indemnización por el siniestro, esto es, desde el día 11/05/2006, hasta la oportunidad en que el fallo que aquí se dicta quede definitivamente firme…”, y que en dicho cálculo debería tomarse como fundamento únicamente el monto relativo a la cobertura de la póliza por bolívares ochenta y cinco mil quince con diez céntimos (Bs. 85.015, 10) para lo cual ordenó la práctica de una experticia complementaria del fallo.

Además, agregó que en dicha experticia debía determinarse mes a mes y de acuerdo con los índices de precios al consumidor publicados por el Banco Central de Venezuela el monto que en definitiva deberá pagar la parte demandada “…por concepto de corrección monetaria…”.

Ante tal escenario, esta Sala se permite invocar un criterio que se ha sostenido en decisión N° 534 de fecha 9 de agosto de 2013, caso: Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX), contra Sural C.A., en el expediente N° 12-710, en la cual siguiendo las directrices trazadas por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en sentencias N° 427 del 14/10/2016 y N° 885 del 11/05/2007, en relación con la ejecutabilidad del fallo y a la concretización de la tutela judicial efectiva debida al favorecido por el pronunciamiento judicial, se estableció:

“…para determinar si se cumple con el requisito de la determinación de la cosa sobre la cual recae la decisión, resulta imprescindible examinar dicho requisito en el marco de los principios constitucionales, particularmente bajo la óptica de los principios a la tutela judicial efectiva y en la omisión de formalidades no esenciales al proceso que propugnan los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que permitirá considerar no sólo (sic) la delación de indeterminación, sino el principio a favor de la ejecución de la sentencia, que ampara a la parte que favorece el fallo.

Efectivamente, la jurisprudencia ha sostenido que tal institución exige ser revisada de una forma ponderada, toda vez que si se tiene una sentencia de fondo que declare por ejemplo con lugar la demanda, resultaría un flaco servicio a la justicia, que los fallos no pudieran ejecutarse, a pesar de tal declaratoria, pues a menos que lo decidido y ordenado trate de algo sumamente puntual e insustituible, el Código de Procedimiento Civil contempla, inclusive en la fase de ejecución de la sentencia de mérito, la posibilidad de que el juez ejecutor adopte las medidas necesarias, en el marco de la cosa juzgada, que conduzcan a la ejecución de ese fallo…”. (Vid. sentencia N° 534, de fecha 09/08/2013, caso: Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX), contra Sural C.A., expediente N° 12-710). (Subrayado de esta Sala).

 

De lo expuesto se extrae la interpretación que ha hecho esta Sala en concordancia con los criterios e interpretaciones   -a su vez- sostenidos por la Sala Constitucional, acorde con los principios constitucionales dispuestos en los artículos 26 y 257, del principio a favor de la ejecución de la sentencia que ampara a quien resulta favorecido por el fallo.

Acorde con ello se establece que el principio a favor de la ejecución del fallo, exige ser revisado de una forma ponderada, por cuanto si se tiene una sentencia de fondo que declare con lugar la demanda -por ejemplo-, resultaría un contrasentido del valor justicia, que la misma no pueda ser ejecutada, no obstante a tal declaratoria, máxime cuando se encuentran bien establecidos y probados los hechos que condujeron a tal decisión, pues a menos que lo decidido y ordenado trate de muy puntual o insustituible, el Código de Procedimiento Civil señala, incluso en la fase de ejecución de la decisión de fondo, la posibilidad de que el juez de la ejecución adopte las medidas necesarias, sin afectar la cosa juzgada, que conduzcan a la ejecución de ese fallo.

Asimismo se hace menester invocar lo señalado por esta Sala entre otras en sentencia N° 150 de fecha 30 de marzo de 2009, expediente N° 2008-476, caso: Maralba Beatriz León, contra Seguros Nuevo Mundo, S.A., en la cual en un caso análogo se dejó sentado lo siguiente:

“…Del dispositivo de la decisión antes transcrita recurrida, se infiere claramente que el Juez de Alzada si acordó la realización de una experticia complementaria del fallo, al expresar que se ordena la indexación o corrección monetaria de la suma condenada a pagar, y al señalar que confirma el fallo recurrido en todas sus partes, que no es más que la sentencia de Primera Instancia, de fecha 4 de agosto de 2005, que expresa, que se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Todo lo cual determina el alcance de la cosa juzgada y permite la ejecución de la sentencia, por lo que casar el fallo recurrido y reponer la causa al estado de que se dicte nueva decisión, generaría una reposición inútil, que atentaría contra los postulados constitucionales previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de lograr una justicia expedita, sin formalismos inútiles e injustificados que entorpezcan o dilaten la tramitación del proceso.

Al respecto también cabe señalar, fallo de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia Nº 885 de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 2006-1479, en el recurso de revisión constitucional incoada por el ciudadano Manuel Farías Goes, de la sentencia pronunciada por esta Sala de Casación Civil, Nº 363 de fecha 30 de mayo de 2006, que es del tenor siguiente:

“...En la hipótesis sub iudice, el solicitante pretende la revisión del acto de juzgamiento que emitió la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia debido a que consideró que se vulneró su derecho a la tutela judicial eficaz que establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto, el referido veredicto contrarió la doctrina que asentó la Sala Constitucional en sentencia N.° 3350, del 3 de diciembre de 2003, “ya que deja de atender los postulados constitucionales básicos referidos a la concepción del Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 ejusdem), en la cual no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades (artículo 257 ejusdem), para decretar la casación de oficio de un fallo por el supuesto incumplimiento de una formalidad que podía haber sido suplida en estado de ejecución de sentencia.”.

Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela preceptúa que:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” (Subrayado de la Sala).

En lo que corresponde al referido derecho, esta Sala, en decisión N.° 708 del 10 de mayo de 2001 (caso Juan Adolfo Guevara), determinó lo siguiente:

“El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.

La conjugación de artículos como el 2, 26 o 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles.

En este orden de ideas, considera esta Sala, que la decisión de un tribunal de última instancia mediante la cual se declare inadmisible una acción, basada en un criterio erróneo del juzgador, concretaría una infracción, en la situación jurídica de quien interpone la acción, del derecho a la tutela judicial efectiva”. (Resaltado de la Sala)

 Respecto al derecho al debido proceso, esta Sala en sentencia N.° 926 del 1º de junio de 2001, dispuso:

“Este derecho fundamental, de contenido amplio, encuentra su consagración en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre el cual esta Sala ha sostenido que debido proceso es aquél que reúne las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. En efecto, en sentencia No. 29 del 15 de febrero de 2000 sostuvo: Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.  Pero la norma constitucional no establece una clase determinada de proceso, sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva” (Resaltado de la Sala).

Esta Sala en sentencia dictada el 4 de noviembre de 2003 (Caso: Unidad Médico Nefrológica La Pastora C.A.) sostuvo que:

“El artículo 257 de la Constitución no sólo se refiere a la naturaleza instrumental simple, uniforme y eficaz que debe observar todo proceso judicial llevado a cabo ante los Tribunales de la República, sino que además establece de manera clara y precisa que el fin primordial de éste, es garantizar a las partes y a todos los interesados en una determinada contención, que la tramitación de la misma y las decisiones que se dicten a los efectos de resolverla no sólo estén fundadas en el Derecho, en atención a lo alegado y probado en autos, sino también en criterios de justicia y razonabilidad que aseguren la tutela efectiva de quien haya demostrado su legítima pretensión en el asunto a resolver. Desde tal perspectiva, el debido proceso, más que un conjunto de formas esenciales para el ejercicio del derecho a la defensa, tal y como se desprende de las disposiciones consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deviene, conforme al citado artículo 257, en derecho sustantivo, regulador de las actuaciones y decisiones de los órganos jurisdiccionales en su misión constitucional de otorgar tutela efectiva a toda persona que vea amenazados o desconocidos sus derechos o intereses, sean éstos individuales o colectivos”.

 Ahora bien, en sentencia N.° 3.350 del 3 de diciembre de 2003, esta Sala estableció, tal como lo refirió el justiciable, que aún cuando no se hayan especificado en la sentencia condenatoria los parámetros para la realización de la experticia complementaria conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, los mismos podrían cumplirse posteriormente, en resguardo de los derechos que están preceptuados en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:

“En orden a los razonamientos anteriores, entiende esta Sala que, incluso en el proceso de ejecución de una decisión sobre la cual ha recaído cosa juzgada, se debe entender que la ley expresamente permite la excepción a la inmutabilidad de la cosa juzgada en casos como el presente, ya que no se trata de la simple omisión de solicitud oportuna de una aclaratoria a la sentencia por alguna de las partes, sino que viene referido a la omisión de un deber procesal del juez vinculado a la propia ejecutabilidad de su sentencia y a la concretización de la tutela judicial efectiva debida ya al favorecido por el pronunciamiento judicial, como lo es la impretermitible determinación en la sentencia condenatoria de los perjuicios probados que deben estimarse y los diversos puntos que deben servir de base a los expertos, deber previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil en concatenación con el artículo 527 del mismo cuerpo legal, y cuyo cumplimiento resulta exigible dentro de un proceso de ejecución de sentencia, siempre y cuando no implique para el órgano jurisdiccional correspondiente el apartarse de los términos en que ha sido proferido el fallo. Así se decide.

Igualmente el artículo 528 del Código de Procedimiento Civil, permite que en la fase de ejecución, se estime el valor de la cosa mueble ordenada por la sentencia, si ésta no pudo ser habida. Este artículo del Código procesal adjetivo civil, conjuntamente con los artículos 529 y 530 del mismo instrumento legal, permiten que el dispositivo del fallo pueda ser reformado parcialmente con miras a la ejecución, lo que en la actualidad es congruente con la garantía de la justicia efectiva a que se refiere el artículo 26 de la Constitución.

Resultaría un flaco servicio a la justicia, que los fallos no pudieran ejecutarse, a pesar que declaren con lugar la demanda, cuando lo establecido en el dispositivo sufre transformaciones o se hace inaprensible. Ante tal iniquidad, a menos que lo decidido y ordenado trate de algo sumamente puntual e insustituible, el Código de Procedimiento Civil contempla en la fase de ejecución de la sentencia, los artículos citados que permiten la sustitución del objeto del dispositivo del fallo.

Dentro de ese orden de ideas, declarada con lugar una pretensión de condena, donde no se pudo determinar en el texto del fallo la cantidad correspondiente a frutos, intereses o daños, y en consecuencia el sentenciador ordena una experticia complementaria del fallo conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a tales efectos se haría inejecutable la sentencia, si en el texto del fallo -e incumpliendo la letra del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil- no se precisa cuáles son los perjuicios probados a estimarse y los puntos que deben servir de base a los expertos para su cálculo.

El artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, como formalidad que debe contener la sentencia que ordene la experticia complementaria, exige que el fallo indique: 1) señalamiento preciso de los perjuicios probados que deben estimarse; 2) puntos que deben servir de base a los expertos.

Es necesario para la Sala analizar si tales exigencias son o no requisitos esenciales del fallo; pero si se considera que los dispositivos de las sentencias firmes de condena pueden ser variados mediante experticia complementaria, en los casos de los artículos 527, 528, 529 530 del Código de Procedimiento Civil, casos en que los parámetros de las experticias no consten en la sentencia firme, sino en autos posteriores a ella, se debe concluir que siempre que el dispositivo de un fallo sea una condena, si la liquidación de la misma se ejecutare mediante una experticia complementaria, las exigencias del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil podrán cumplirse posteriormente si es que no constan en el fallo, y siempre que con ellas no se desmejore - debido al transcurso del tiempo- la situación del perdidoso con respecto a la fecha de la decisión.

Ello es posible con la vigente Constitución, con fundamento en el artículo 257 que señala que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades, por lo que la Sala estima que los requisitos a que hace mención el artículo 249 citado, deben ser interpretados con laxitud, en atención del derecho a la tutela judicial efectiva, para no perjudicar a quien haya obtenido una sentencia favorable, y éste es el caso de autos, y así se declara”.

El criterio que fue plasmado en la decisión que se transcribió es vinculante, toda vez que se desarrolló en interpretación de normas constitucionales y debió ser tomado en cuenta por la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia al momento de de la expedición de su pronunciamiento.

 En efecto, la decisión cuya revisión se requirió estableció:

“(…), en el caso concreto, el juez de Alzada  condenó el pago del monto que resulte por concepto de daños materiales, daños emergentes causados por la demolición y botes de los escombros, la renta dejada de percibir a título de lucro cesante, mas el cálculo de la indexación judicial, los cuales ordenó calcular mediante experticia complementaria del fallo, sin determinar los parámetros por los que debería seguir dicha experticia.

 El criterio de la Sala en relación a los parámetros que debe establecer el juez al ordenar la práctica de una experticia complementaria del fallo, ha sido establecido reiteradamente, entre otras, en sentencia de fecha 8 de noviembre de 2001 (Caso: Felipe Segundo Montilla Núñez contra Depositaria Miramar, C.A. (DEPOMIRCA) y Otro), y más recientemente en sentencia de fecha 27 de julio de 2004, (Caso: Giovanni Ricupero contra Comercializadora Domingos, C.A. y Otro) ratificadas mediante sentencia del 21 de julio de 2005, caso Yoleida Josefina Urquiola Venegas contra Defensas Del Caribe C.A y otros, Fallo No 481, Expediente No 05-261, en las cuales se dejó sentado lo siguiente:

‘…al no determinar el juzgador ad quem los lineamientos que servirían de base a los expertos para realizar los cálculos inherentes a la experticia complementaria del fallo, lo cual no se desprendió de la motiva ni dispositiva de la sentencia recurrida, por lo que en este caso se evidencia la ausencia absoluta de parámetros para la actuación de los expertos y ello hace indeterminable el objeto de la pretensión…’

Atendiendo a la doctrina que de manera pacífica ha venido sosteniendo la Sala al respecto, y que hoy reitera, procederá en base a las anteriores consideraciones a casar de oficio el fallo recurrido, por la infracción del artículo 243 ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el juez de Alzada condenó al pago de los daños demandados y a la indexación judicial, dejando en manos de los expertos la determinación de los mismos, sin señalar el método que debían seguir estos para el cálculo de la experticia complementaria del fallo. Así se decide”.

 Así, el criterio que fue vertido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia que se sometió a revisión, obvió una interpretación que realizó esta Sala en el marco del principio pro actione, el cual impone la exigencia de la interpretación del derecho a la ejecución de las sentencias en el sentido más favorable a la ejecución, en salvaguarda de una verdadera tutela judicial eficaz y en la omisión de formalidades no esenciales al proceso que preceptúan los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto es contrario a los derechos que anteriormente se refirieron el que se ordene un nuevo pronunciamiento en el cual se establezca el método que deben seguir los expertos para la realización de la experticia complementaria del fallo, toda vez que, es criterio de esta Sala que tal omisión puede suplirse en autos posteriores al fallo cuya ejecución corresponda, siempre que con ello no se desmejore la situación del perdidoso con respecto a la fecha de la decisión; lo contrario sería perjudicar a quien ha obtenido una sentencia favorable. Así se declara.

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional en ejercicio de la facultad que le confieren el ordinal 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordinal 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, anula la sentencia N.° 363 del 30 de mayo de 2006 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la cual deberá pronunciarse acerca del recurso de casación que interpuso la parte demandada en el juicio de indemnización por daños y perjuicios, daño moral, lucro cesante y cobro de alquileres dejados de percibir que interpuso el aquí solicitante, contra la sentencia que dictó el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón el 28 de septiembre de 2005. Así se decide...” (Destacados del fallo transcrito).

Del fallo antes transcrito de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, Nº 885 de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 2006-1479, que ratifica el criterio sostenido por dicha Sala en sentencia N° 3350 de fecha 3 de diciembre de 2003, fechas anteriores a la decisión recurrida (30 de mayo de 2008) y su aclaratoria (27 de junio de 2008), por lo cual aplicable a este caso, bajo los principios de la seguridad jurídica y confianza legítima de las partes, que informan que los nuevos criterios o doctrinas, producto de la evolución jurisprudencial de cada Sala de este Máximo Tribunal, deben ser aplicados siempre hacia el futuro, vale decir, a los asuntos que con posterioridad a la sentencia que establece el nuevo criterio, sean sometidos a su conocimiento, (Véase al efecto fallo Nº 1898 de fecha 1º de diciembre de 2008, Exp. Nº 08-1187. Sala Constitucional), se desprende, que el principio pro actione, impone la exigencia de la interpretación del derecho a la ejecución de las sentencias en el sentido más favorable a la ejecución, en salvaguarda de una verdadera tutela judicial eficaz y en la omisión de formalidades no esenciales al proceso que preceptúan los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto es contrario a los derechos que anteriormente se refirieron el que se ordene un nuevo pronunciamiento en el cual se establezca el método que deben seguir los expertos para la realización de la experticia complementaria del fallo, toda vez, que tal omisión puede suplirse en autos posteriores al fallo cuya ejecución corresponda, siempre que con ello no se desmejore la situación del perdidoso con respecto a la fecha de la decisión; y lo contrario sería perjudicar a quien ha obtenido una sentencia favorable. (Véase al efecto fallo de esta Sala Nº RC-796 de fecha 26 de noviembre de 2008, Exp. Nº 06-261)…”. (Destacado de la transcripción).

 

         Ahora bien, en el caso que nos ocupa evidencia la Sala que tal y como ha sido denunciado, el juez de la recurrida incurrió en un error al establecer como parámetro de partida para el cálculo de la indexación una fecha anterior a la interposición de la demanda, que según la jurisprudencia reiterada de esta Sala debe ser precisamente la presentación del libelo el punto de partida para establecer dicho cálculo.

         En armonía con los criterios jurisprudenciales sostenidos en favor del principio de la ejecución de la sentencia, considera la Sala que casar el fallo, aunque el mismo adolezca del vicio que le es endilgado, por un error que -advertido- puede perfectamente ser corregido, incluso en la fase de ejecución de la sentencia de mérito, imposibilite la prosecución del mismo en aras del principio de la tutela judicial eficaz así como que no debe sacrificarse la justicia por la omisión de formalidades, y en beneficio del principio pro actione el cual impone la exigencia de la interpretación del derecho a la ejecución de las sentencias en el sentido más favorable a la ejecución.

         Por tanto, en aplicación de tales principios que finalmente buscan con su implementación la realización de la justicia con el menor agravio posible, en este caso para la parte que ha resultado gananciosa, esta Sala considera procedente establecer que el cálculo de la indexación acordada a la cual deberán ajustarse los expertos deberá tener como referencia la fecha de la interposición de la demanda, es decir, el 7 de noviembre de 2006. Así se establece.

Por lo demás, no puede la Sala pasar por inadvertido errores como el detectado en el sub iudice, que van en desmedro de la obligación de administrar de justicia en el menor tiempo posible; por lo que se hace necesario advertir a los jueces el cuido que deben observar en la oportunidad de hacer la fijación de tales parámetros, pues ello genera, sin duda, un perjuicio para las partes en cuanto a la firmeza de las decisiones y en consecuencia para la ejecución de las mismas, produciéndose un retardo injustificado que desdice de su labor jurisdiccional.

         En consecuencia se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.

D E C I S I Ó N

 

         Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia dictada en fecha 30 de junio de 2015 por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

         Se imponen las costas a la parte recurrente de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

         Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (3) días del mes de mayo de dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

 

 

____________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

 

Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

 

_____________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

 

__________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

Magistrada,

 

 

 

 

_________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

 

_____________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

Secretario,

 

 

 

__________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

 

Exp.: Nº AA20-C-2015-000706

 

Nota: Publicado en su fechas a las

 

 

 

 

Secretario,

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